¿Sirve la declaratoria de “Estado de emergencia” en los distritos limeños de San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho y la provincia de Sullana (Piura), para “hacer frente” a la inseguridad ciudadana?
Han pasado casi un mes, y la salida de los soldados a las calles de estos distritos se ha demostrado absolutamente incapaz de hacer frente al crimen organizado y la delincuencia, que continúan asesinando e imponiendo su accionar en dichas localidades. Prueba de esto es que tanto Lince, cómo el Cercado de Lima, se han incorporado a la lista de distritos declarados en Emergencia.
Entonces, ¿por qué el gobierno toma esta decisión? ¿A quién favorece con dicha medida? ¿Qué implica la declaratoria del estado de emergencia?
Una medida antidemocrática…
Cuando se declara el “Estado de emergencia”, lo que sucede de forma automática es que el gobierno fortalece su capacidad para usar la fuerza al margen de algunas normas que generalmente lo regulan.
Por ejemplo, de inmediato se dejan sin efecto ciertos derechos o garantías individuales que son básicas para el funcionamiento de lo que se considera un régimen democrático. Estos derechos son: la libertad de tránsito, la libertad de reunión, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la seguridad individual, que no es otra cosa que el derecho a no sufrir detención sin motivo justificado.
Este recorte general de derechos, se usa también contra quienes se reúnen para protestar, pues el derecho a la protesta supone la libertad de reunirse y de transitar. Al mismo tiempo, permite detener a cualquier persona sin que haya de por medio una orden judicial. Detenciones que los gobiernos extienden a cualquiera que consideren que es molesto/a para sus intereses, como dirigentes sindicales, sociales o políticos.
Pero además, la medida vende la falsa idea de que sacar a los soldados a las calles, “mantiene el orden” y permite “vivir tranquilos”. Esta idea, que además juega con la cultura autoritaria de nuestro país, es muy peligrosa para los intereses de la clase obrera y el pueblo, ya que de ser llevada hasta sus últimas consecuencias, la única manera de “vivir en paz” sería que una dictadura militar tome control total del país.
…que facilita el abuso y la corrupción
Sin embargo, los problemas no quedan ahí. La declaratoria del Estado de emergencia también permite a las autoridades echar mano de recursos y realizar contrataciones, sin pasar por los mecanismos de fiscalización que la ley establece. Esto facilita al extremo realizar actos de corrupción.
Otro tanto sucede con el abuso del poder que la declaratoria del Estado de emergencia entrega de hecho a las FF.AA. y policiales. La experiencia histórica, y también la reciente, muestran que ahí donde las FF.AA. y policiales quedan libres para actuar, asumiendo el control de las calles, se cometen los más variados abusos, desde actos de corrupción, hasta maltratos, vejaciones y violaciones directas a los derechos humanos.
Discriminación y estigmatización
Finalmente, la medida agrega un elemento discriminador y estigmatizador al declarar distritos de mayoría trabajadora, como son San Juan de Lurigancho (el distrito más poblado del país) y San Martín de Porres (creado en 1950 con el nombre de“Distrito obrero industrial 27 de octubre”) como zonas “tomadas” por el crimen organizado.
Es el mismo estigma de pobreza que pesa sobre los viejos barrios obreros de Lima y otras ciudades del país (El Rímac, La Victoria, Surquillo, etc.), empobrecidos por la desindustrialización a la que fue sometido el país tras la imposición del plan económico neoliberal, en los 90’s.
Boluarte busca fortalecer a las fuerzas represivas
Nadie puede dudar que en un ambiente donde la sensación de inseguridad crece, la presencia de más personas armadas en las calles (soldados y policías) puede generar en principio un sentimiento de alivio.
Sin embargo, la verdad es que sacar a los militares a las calles manifiesta la absoluta incapacidad del gobierno para hacer frente al flagelo de la delincuencia organizada.
Las grandes mafias que asesinan en las calles, son grandes empresas que, producto de la propia descomposición de la economía capitalista, arrastran tras de sí a los sectores más miserables de la sociedad, que terminan convirtiéndose en microcomercializadores cuando no, sicarios de esas grandes empresas.
No es casual que con el crecimiento económico de la primera década del 2000 (2004 – 2013), relacionado al alto precio de los minerales y materias primas, también se desarrollasen innumerables negocios ilícitos (minería ilegal, tala ilegal, pesca ilegal…) que junto al narcotráfico, defienden su existencia a balazos.
La reciente migración venezolana, expulsada por la miseria que vive el pueblo venezolano bajo la dictadura de Maduro, ha incorporado al país masas de personas en concidicones inhumanas de pobreza, dando nuevo impulso a la trata de personas y dotando de nueva “carne de cañón” a diversas bandas criminales.
Es la contradicción perniciosa de la economía capitalista, que concentra en poquísimas manos cantidades crecientes de riqueza, dejando a la enorme mayoría en la pobreza, la que se convierte en motor de la lumpenización de sectores enteros del pueblo trabajador.
Boluarte pretende ganar réditos con la declaratoria del Estado de Emergencia en los distritos mencionados. Quiere lavarle la cara a unas fuerzas armadas y policiales asesinas, que hace 9 meses terminaron con la vida de 49 personas, disparando a mansalva munición de guerra y perdigones.
Quiere que esas mismas fuerzas armadas sean aplaudidas como “héroes” de la supuesta lucha contra el crimen organizado, solo para volver a reprimir, cada vez que sea necesario, como ha declarado el Premier Otárola en una reciente reunión de empresarios mineros.
Por eso mismo, la clase obrera no puede depositar confianza alguna en la acción de las fuerzas armadas y policiales, al servicio de resguardar el orden capitalista, que nos empobrece y, en últimas, arroja a una parte de nuestra pueblo a los brazos de las bandas criminales que dicen combatir.
Un orden que convive con la criminalidad, como lo han demostrado los lazos que tiene la corrupción y el narcotráfico con el propio Estado.
Responder a la criminalidad con trabajo y autodefensa
Desde la clase obrera, la salida al problema del crimen organizado pasa, necesariamente, por garantizar trabajo y condiciones de vida dignas para la enorme mayoría de la población. Esto significa, recuperar nuestros recursos naturales para que la riqueza que se extrae de nuestro suelo y nuestro mar, para poner esas riquezas al servicio de nuestro pueblo. Para esto es necesario nacionalizar las minas, pozos petroleros, las plantaciones y la pesca. Significa garantizar un salario mínimo y pensiones iguales a la canasta básica de consumo. Significa hacer pagar a las grandes empresas, con impuestos a sus ganancias y patrimonios, la salud y educación públicas.
Pero también, significa reconocer el derecho colectivo, de las organizaciones obreras y populares, de hacer frente a la criminalidad de manera armada, creando rondas urbanas para la autodefensa. Organismos territoriales que, subordinados a las asambleas barriales, impongan orden y hagan frente a las bandas criminales. Estas rondas deben estar compuestas por mujeres y hombres elegidos por las asambleas barriales. Su nombramiento debe ser revocable en todo momento por la misma asamblea, y no deben recibir ningún pago adicional por su labor.
Así, como lo muestra el ejemplo de las rondas campesinas, será el mismo pueblo quien logre controlar la acción de las bandas criminales.
El mundo está siendo testigo ahora de otro capítulo de limpieza étnica en la continua Nakba: la catástrofe palestina desde la formación del Estado racista de Israel el 15 de mayo de 1948. En medio de una nueva masacre en Gaza, es asustadora la complicidad descarada ahora de los gobiernos de todo el mundo y la propaganda ideológica llevada a cabo por los medios de comunicación en manos de los grandes capitalistas, igualando al colonizador y opresor Israel con el pueblo palestino oprimido, que vive sometido a la colonización, el apartheid, la limpieza étnica, el genocidio.
Por: Soraya Misleh
Cubierta con la falacia de dos bandos en guerra, la distorsión de la información sería algo así como creer en una conversación “entre la espada y el cuello”. La frase es del marxista palestino Ghasan Kanafani, en una histórica entrevista a Richard Carleton en 1970, en Beirut, cuando le preguntaron sobre la posibilidad de negociaciones con el colonizador. Asesinado dos años después por Israel en la capital libanesa, a la edad de 36 años, su legado es fundamental para entender que, a diferencia de la desinformación que vemos, no se trata de una guerra circunstancial o puntual.
“No es una guerra civil, es un pueblo que se defiende contra un gobierno fascista. No es una guerra civil o conflicto, es un movimiento de liberación que lucha por justicia. […] Es un pueblo discriminado que lucha por sus derechos. Esto es historia”, enfatiza el revolucionario Kanafani, al refutar las engañosas preguntas y argumentos capciosos del periodista.
En la misma entrevista es categórico: “Nuestro pueblo prefiere morir de pie. Nuestro pueblo nunca podrá ser derrotado”. Una marca de la resistencia palestina heroica e histórica que inspira la lucha de los oprimidos y explotados en todo el mundo. Resistencia es existencia, en todos los aspectos de la vida cotidiana y legítima por todos los medios, no es una opción en medio de la continua Nakba.
El comienzo de la tragedia
La población palestina se enfrenta a la violencia del colonizador, en alianza con el imperialismo del momento –antes Gran Bretaña y ahora Estados Unidos, que envía miles de millones de dólares cada año a la industria de la muerte sionista– desde antes de 1948. La Nakba es un proceso inaugurado con el surgimiento del sionismo político moderno a finales del siglo XIX y su proyecto colonial.
Aún bajo el dominio del Imperio Turco-Otomano, Palestina fue elegida como destino de colonización en el 1er Congreso Sionista en Basilea, Suiza, en 1897. La determinación era asegurar una mayoría de judíos en tierras donde, hasta entonces, había una minoría palestina (sólo 6% al final de ese período). Para ello, la idea era promover la “transferencia de población”. Un eufemismo de limpieza étnica, vía oleadas de inmigración de judíos de Europa del Este y Central hacia Palestina que llevarían a cabo el proyecto de conquista de tierras y de trabajo, lo que debería ser exclusivo para ellos.
Los palestinos, por tanto, comenzaron a ser expulsados a principios del siglo XX. Su resistencia contra el mandato británico, que retuvo el territorio como botín entre las potencias aliadas vencedoras de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), y la colonización sionista bajo su bendición marcaron las décadas de 1920 y 1930. Una poderosa revolución tuvo lugar entre 1936 y 1939. Derrotada por las acciones de los enemigos clásicos de la causa palestina revelados por Kanafani en “La revuelta de 1936-1939 en Palestina” (Editora Sundermann) –imperialismo/sionismo, regímenes árabes y burguesía reaccionaria árabe-palestina–, la población palestina quedó absolutamente vulnerable a lo que estaba por venir: la Nakba.
El 29 de noviembre de 1947, la primera sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) recomendó la partición de Palestina en un Estado judío y otro árabe, con Jerusalén bajo administración internacional. Ahí comenzó la larga historia de complicidad brasileña con la colonización sionista. El diplomático brasileño Osvaldo Aranha presidió la sesión y votó a favor de la partición, que delegaba poco más de la mitad de esas tierras al colonizador, obviamente sin consultar a los habitantes nativos palestinos no judíos.
La resolución de partición fue la luz verde esperada por los sionistas, que habían garantizado alrededor de 30% de judíos en esas tierras, tras varias oleadas de inmigración. Doce días después comenzó la limpieza étnica planificada a principios de los años 1940. Lo que selló el trágico destino de los palestinos fue el Plan Dalet, llevado a cabo en seis meses, en 1948. El resultado fue que 800.000 palestinos fueron expulsados y más de 500 aldeas fueron destruidos. Alrededor de 15.000 palestinos fueron masacrados con refinamiento y crueldad. Hay casos documentados de genocidio en decenas de aldeas, que sirvieron de propaganda para la expulsión de palestinos en ciudades y pueblos vecinos, en que la violación de niñas y mujeres fue fundamental. Israel, con la complicidad del mundo, se creaba en 78% del territorio histórico de Palestina. En 1967, ocupó militarmente el 22% restante: Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental. Otros 350.000 palestinos se convirtieron en refugiados y 13.000 fueron asesinados. La sociedad palestina sigue enteramente fragmentada: hay 13 millones, la mitad de ellos bajo ocupación y apartheid (incluso en las zonas ocupadas en 1948, donde hay 65 leyes racistas contra ellos) y la otra mitad en refugio/diáspora, privados del derecho legítimo de retornar a sus tierras.
Los palestinos nunca dejaron de resistir. En 1964 se creó la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), que unos años más tarde sería dirigida por Yasser Arafat. Muchas acciones de guerrilla y directas marcaron el período posterior, en búsca de la liberación nacional y el fin de la colonización sionista. Muchas protestas y masacres marcan la historia reciente de Palestina, como Sabra y Chatila, por los falangistas en el Líbano, con auxilio de Israel y Estados Unidos, en setiembre de 1982, y otras.
En 1987 se desencadenó la poderosa Intifada (levantamiento popular) de “piedras contra tanques” y, para poner fin a este proceso, se iniciaron negociaciones secretas entre la OLP e Israel, bajo la mediación de Estados Unidos.
El resultado final es la firma de los Acuerdos de Oslo, el 13 de setiembre de 1993, una auténtica “paz de cementerios”. La OLP, que en su carta fundacional –reeditada en 1968 para incluir los territorios ocupados un año antes– declaraba el objetivo de liberar toda la Palestina histórica, desde el río hasta el mar, reconocía el Estado de Israel y se rendía a la ya muerta ”solución de dos Estados”: creación de un Estado palestino en sólo 22% del territorio: Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental. Esta es la “solución” que la ONU y los gobiernos de todo el mundo siguen proclamando, injusta desde siempre y absolutamente inviable debido a la continua y agresiva expansión colonial sionista.
La espectacular escena, en la foto frente a la Casa Blanca, del apretón de manos hace 30 años entre Arafat y el entonces primer ministro de Israel Yitzhak Rabin, bajo la intermediación del imperialismo estadounidense en la figura del entonces presidente Bill Clinton, vendida al conjunto mundo como “paz” gradual, marcaba otro capítulo de la continua Nakba. Y, desde Oslo, con la ayuda del capataz que crearon estos acuerdos: la Autoridad Palestina, sin autonomía alguna, con total dependencia económica y cooperación en materia de seguridad con Israel. Cisjordania se dividió inicialmente en las zonas A, B y C (esta última representaba más de 60%, bajo control militar total israelí).
Las organizaciones palestinas en la diáspora fueron cerradas y debilitadas, vaciando el movimiento de solidaridad. Cualquier resistencia que surgiese en territorio ocupado fue reprimida por la AP en las áreas que pasaba a administrar, encarcelada por esta o entregada a Israel para componer su larga lista de presos políticos, incluidos mujeres y niños. No en vano el intelectual palestino Edward Said llamó a Oslo como la sumisión y el servilismo; en sus palabras, el “Tratado de Versalles” de la causa palestina.
El descontento por la continua ocupación desembocaría en una segunda Intifada, tras la provocación del carnicero Ariel Sharon en la mezquita de Al-Aqsa, el 28 de setiembre de 2000. Esto duró hasta 2005. Ese año, Israel decidió expulsar a 8.000 colonos de la franja de Gaza. El escenario para lo que vino después estaba preparado.
En 2006, el partido político de orientación islámica Hamás gana las elecciones legislativas en la Palestina ocupada, pero Israel y Estados Unidos no aceptan el resultado democrático. Se impone un cerco inhumano por parte de la ocupación sionista y se inician a continuación los bombardeos “a cuentagotas” o masivos, como se vio en 2008-2009, 2012, 2014, 2021 y ahora, en 2023. Los palestinos de Gaza fueron protagonistas de la “Gran Marcha del Retorno” en 2018, violentamente reprimida por Israel. Los francotiradores (snipers] dispararon y dejaron 189 muertos, entre ellos 35 niños, profesionales de la salud que intentaban socorrer a los heridos, y periodistas con chalecos de prensa, además de más de 20.000 heridos.
El pretexto es siempre que Israel se defiende como “civilización contra la barbarie”. Nada más falso. Es el agresor, el colonizador, el ocupante.
Sobrevienen asesinatos y violencia brutal. Sólo este año, y antes del 7 de octubre, Israel ya había asesinado a 270 palestinos, entre ellos 65 niños. El campo de refugiados de Jenin fue invadido por las fuerzas de ocupación sionistas varias veces desde principios de 2023 y en los años anteriores, con decenas de palestinos masacrados, estelas de destrucción y una situación dramática en la que los refugiados tienen que abandonar sus hogares y huir una vez más, desplazándose internamente.
Con cientos de ataques a los palestinos en medio de los horribles asentamientos coloniales que no paran de expandirse y usurpar sus tierras, puestos de control (checkpoints), muro de la vergüenza y todo el aparato del apartheid, Gaza ya estaba siendo bombardeada a “cuentagotas”. En la estrecha franja que ocupa 340 kilómetros cuadrados, sus 2,4 millones de habitantes, la inmensa mayoría de los cuales son jóvenes y de familias de refugiadas de la Nakba de 1948, la crisis humanitaria es dramática.
Con una aterradora historia de masacres masivas en los últimos 15 años y de cerco inhumano israelí hace 17 años, Gaza se ha transformado en una auténtica prisión a cielo abierto, donde nada entra ni sale sin el permiso de Israel, la mitad de los niños sufren desnutrición crónica, y la mitad de mujeres, anemia. Según datos de la ONU, 80% depende de la ayuda humanitaria, la pobreza alcanza 81,5% y alrededor de 50% está desempleado; entre los jóvenes, esta tasa salta a 64%. En el inhumano bloqueo, no tienen más de cuatro horas de electricidad al día, 96% de su agua está contaminada, sus áreas agrícolas envenenadas por Israel y las millas de pesca se reducen cada vez más. Un aplastamiento en el que los palestinos son sometidos a morir de hambre, de falta de infraestructuras para atención médica, y de que se les impida salir del territorio para buscar los tratamientos necesarios, o con una bomba sobre sus cabezas.
Haciéndose eco de lo que comúnmente escriben en las paredes y gritan –“Muerte a los árabes”– y amplificando la violencia que han impuesto rutinariamente a los palestinos durante décadas, los colonos sionistas han estado llevando a cabo pogromos en aldeas palestinas como Huwara y Turmus Ayya, en la Cisjordania ocupada, también desde principios de 2023, que reflejan la barbarie de un Estado asentado sobre los cuerpos y cadáveres de niños, mujeres, hombres y ancianos palestinos. En los últimos días, un colono prendió fuego a un niño palestino en Al Khalil (Hebrón), en la Cisjordania ocupada.
Pero ningún palestino fue buscado antes de los últimos acontecimientos frente al horror y la barbarie. La “ceguera” y el silencio cómplices de los gobiernos y los medios de comunicación explicitaban por qué los palestinos le dicen a todo aquel que los visita en tierras ocupadas: “Cuéntele al mundo lo que vio, porque la comunidad internacional nos abandonó”.
Nunca ha habido nadie que haya caracterizado la violencia histórica sionista como el terrorismo de Estado que es. A pesar de las numerosas resoluciones de la ONU condenando los crímenes contra la humanidad, la impunidad ha sido el sello distintivo en relación con Israel. En un documento recopilado entre julio de 2017 y noviembre de 2021, Amnistía Internacional concluye: se trata de un régimen de apartheid en toda Palestina, del río al mar. Human Rights Watch, así como la organización israelí de derechos humanos BT’Selem, entre otras, ya habían afirmado lo mismo en informes extensos y detallados.
El gobierno de Lula
Israel ha tenido una caída de su economía de 60% y enfrenta una crisis política y económica interna, así como una crisis mundial del sionismo. Sin embargo, gobiernos de todo el mundo siguen estrechándoles las manos manchadas de sangre, incluso en acuerdos militares. Brasil no está a contramano de esto: lamentablemente, durante los primeros gobiernos de Lula y Dilma, se convirtió en el quinto mayor importador de tecnología militar israelí. Los gobiernos estaduales siguen esta tendencia. Estas son armas probadas en verdaderos conejillos de Indias humanos a los que Israel convierte a los palestinos todos los días, y que luego sirven para el genocidio de pobres y negros y al exterminio indígena.
Al regresar ahora al gobierno, Lula mantiene la retórica de país “amigo de los palestinos” –que fue interrumpida cuando el genocida Bolsonaro asumió el asiento del Planalto, en su abierta y descarada propaganda ideológica sionista.
Desde entonces, los movimientos sociales y populares piden que se escuche a los palestinos. Estos vienen exigiendo desde 2005, cuando comenzó el movimiento BDS (boicot, desinversión y sanciones) contra Israel, el reconocimiento del apartheid sionista y la ruptura de acuerdos, empezando por un embargo militar inmediato. La referencia es a la campaña internacional de solidaridad que ayudó a poner fin al apartheid en Sudáfrica en la década de 1990. Pero hasta ahora, los oídos están sordos. La tradicional y pragmática diplomacia brasileña ha retomado, desde que Lula asumió su tercer mandato como presidente, la defensa de la “solución de dos Estados”. Ha estado emitiendo notas condenando los ataques de Israel, pero en la perspectiva de que “ambos lados” deben abstenerse de cometer actos de violencia y negociar. Un signo de igualdad entre oprimido y opresor repugnante.
La resistencia palestina, con la juventud a la cabeza, ante tal abandono y sin nada que perder, se organiza desde setiembre de 2022 en lo que llama la “Guarida de los Leones” y vuelve a armarse. Son jóvenes sin perspectivas, los llamados “hijos de Oslo”, que se encaminan hacia el martirio. La represión de las fuerzas de ocupación aumenta al ritmo de la expansión de la colonización. Hoy hay 5.200 presos políticos palestinos, entre ellos 170 niños y 33 mujeres, sometidos a condiciones degradantes y torturas. Su único crimen es resistir.
Ante la sorprendente acción coordinada de Hamás la mañana del 7 de octubre, que impuso una derrota política a Israel al revelar que la cuarta potencia bélica del mundo no es invencible, los medios de comunicación y los gobiernos de todo el mundo, incluido Lula en el Brasil, se apresuraron a condenar lo que ellos llaman ataques terroristas.
A pesar de las diferencias políticas, es necesario refutar esta caracterización. Hamás no es el Estado (contra)Islámico o Al Qaeda, como Israel quiere asociarlo, incluso mediante la difusión de noticias falsas (fake news). En la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU que siguió a los últimos acontecimientos, el embajador de Israel, Gilad Erdan, incluso dijo: «Este es nuestro 11 de setiembre», en referencia a los ataques a las torres gemelas en Estados Unidos, en 2001.
La propaganda ideológica sionista busca disfrazar el terrorismo, que predomina en los medios de comunicación y del que incluso los apresurados analistas de la izquierda se han hecho eco, enmascarada o directamente. La famosa cita de Malcolm X encaja bien aquí: “Si no tienes cuidado, los periódicos te harán odiar a las personas que están siendo oprimidas y amar a las personas que están oprimiendo”.
Creada en 1987, Hamás es una organización que lleva mucho tiempo intentando sentarse a la mesa de negociaciones y ser aceptada como un interlocutor confiable del pueblo palestino. Con este fin, en 2006 incluso cambió su carta fundacional en la que pedía una Palestina islámica y aceptó la “solución de dos Estados” como principio del territorio a ser liberado. Ha buscado dialogar con gobiernos de todo el mundo. Su objetivo es garantizar un Estado palestino democrático burgués como cualquier otro, no socialista, como la LIT y sus partidos defienden, tras la liberación nacional de Palestina, del río al mar.
Además de señalar con el dedo al único responsable –el Estado de Israel, su brutal violencia histórica y representación actual, el primer ministro Benjamin Netanyahu y compañía–, es imprescindible resaltar que se trata de una lucha anticolonial por liberación nacional que tiene al frente una resistencia heroica e histórica que continúa inspirando a los oprimidos y explotados en todo el mundo.
Mientras tanto, los bombardeos a Gaza continúan a todo vapor, bajo declaraciones racistas como la del ministro de Defensa de Israel, Yoav Galant, quien abiertamente dijo que estaba tratando con animales, y que así es como deberían ser tratados los 2,4 millones de palestinos en Gaza. Ya son más de mil muertos, de los cuales 10% son niños. Los palestinos, una vez más, no saben si morirán de hambre o por las bombas. Es urgente, en este momento, comprender lo que Malcom X enseña: “La reacción del oprimido no puede confundirse con la violencia del opresor”. El grito palestino hoy es “¡Basta es basta!”
Lo habitual en Palestina ha estallado una vez más esta semana, cuando soldados de Hamás consiguieron salir de la Franja de Gaza y entrar en muchas ciudades del sur de Israel.
Por James Markin, La Voz de los Trabajadores, EEUU
La invasión terrestre de Hamás formaba parte de una campaña global que Hamás ha bautizado como “Operación Tormenta Al Aqsa”, que también incluía un enorme bombardeo de misiles y una serie de ataques de pirateo informático contra sitios web israelíes. El nombre de la operación alude a las continuas incursiones de Israel en el complejo del Monte del Templo de Jerusalén, que incluye la mezquita de Al Aqsa, considerada uno de los lugares más sagrados del Islam.
Esta operación es la mayor y más audaz ofensiva de una facción palestina desde la década de 1970. Tras romper el muro de Gaza el sábado, las tropas de Hamás y la Yihad Islámica Palestina (YIP) avanzaron, aparentemente sin oposición, por ciudades del sur de Israel como Sderot y Ashkelon.
Los días que siguieron a la invasión fueron los más sangrientos que Israel haya visto en décadas. Además de los cientos de muertos israelíes, las infraestructuras militares del sur del país quedaron destruidas. Vídeos difundidos por Hamás muestran a sus tropas destruyendo tanques israelíes en sus bases y lanzando explosivos a los soldados en los puestos de control desde aviones no tripulados. Los soldados de Hamás consiguieron llevarse a la Franja a un número desconocido de prisioneros tanto militares como civiles.
Esta violencia brutal de Hamás fue un claro resultado del asedio continuado de Gaza desde 2006. Desde que Hamás llegó al poder en la Franja, Israel ha llevado a cabo una campaña sistemática para impedir que los residentes lleven una vida decente o próspera. El bloqueo impedía a los gazatíes salir, mientras Israel bombardeaba infraestructuras e impedía a los palestinos pescar en el mar o explotar su aeropuerto.
Como escribió Karl Marx, describiendo la brutal violencia de los indios contra el dominio británico durante la Revolución de 1857, «Hay algo en la historia humana como la retribución; y es una regla de retribución histórica que su instrumento sea forjado no por el ofendido, sino por el propio ofensor…«. Del mismo modo, Israel ha forjado el arma que es Hamás a través de su guerra continua contra el pueblo de Gaza.
En respuesta a la operación de Hamás, Israel ha declarado la guerra y ha iniciado el proceso de formación de un gobierno de unidad nacional. Mientras los políticos israelíes comenzaban su trabajo en la Knesset, las fuerzas armadas israelíes no perdieron el tiempo y reanudaron su campaña genocida de bombardeos contra Gaza. Muchos expertos de todo el mundo temen actos de violencia aún peores por parte de las fuerzas armadas israelíes contra la población civil de Gaza en los próximos días. La última vez que Hamás tomó prisioneros, provocó una invasión terrestre israelí, y esta semana podría producirse una invasión terrestre mucho mayor.
La guerra también puede extenderse más allá de la Franja de Gaza. El lunes por la mañana, combatientes de PIJ se infiltraron en Galilea desde Líbano, lo que provocó bombardeos de represalia israelíes en todo el sur de Líbano. El grupo armado Hezbolá anunció que tres de sus miembros habían muerto en estos bombardeos israelíes y juró vengarse del régimen sionista lanzando sus propios cohetes. Dado el éxito anterior de Hezbolá contra las FDI en las dos últimas guerras del Líbano, esto representa el potencial de un segundo frente de guerra muy peligroso.
Del mismo modo, Israel ha anunciado un bloqueo de Cisjordania, cerrando los puestos de control entre las ciudades palestinas. En respuesta a la continua violencia, los palestinos de Cisjordania han anunciado una huelga general y grandes protestas han invadido el odiado puesto de control israelí de Qalandia, a las afueras de Ramala. Israel ha intentado dispersar estas protestas con fuego real, lo que ha causado la muerte de tres palestinos, entre ellos un joven de 16 años.
Mientras tanto, Israel ha dejado claros sus objetivos: la destrucción de Hamás como fuerza gobernante y de tantos palestinos como puedan matar en venganza junto con ellos. Aunque en su primera declaración Netanyahu dijo a los civiles de Gaza que su guerra no es contra ellos y les dijo que abandonaran la Franja, Israel ha seguido impidiendo la salida de los mismos, incluso bombardeando el paso fronterizo con Egipto. Esta mañana, el Ministerio de Defensa israelí ha difundido un vídeo en el que el ministro de Defensa, Yoav Gallant, califica a los gazatíes de “animales humanos” y promete cortar el suministro de alimentos, agua y electricidad a la Franja. Está claro lo que se avecina: un derramamiento de sangre a una escala que no se veía desde 1948.
Israel siente que puede matar impunemente porque Estados Unidos y sus países aliados en Europa le han dado luz verde para actuar. Joe Biden ha dejado clara su postura: cree que se debe permitir a Israel tomar represalias contra los palestinos sin límites. Todas las declaraciones procedentes de Washington han dejado claro que apoyan a Israel sin salvedades. Declaraciones similares han hecho potencias dentro de la órbita del imperio estadounidense, incluido el Secretario General de la ONU, que condenó a Hamás pero se negó a pedir el fin de los bombardeos israelíes.
Declaraciones así fueron hechas por políticos de todo el espectro político estadounidense, incluidos aquellos que habían sido respaldados por DSA como Alexandria Ocasio-Cortez y Cori Bush. En los espacios diplomáticos, Estados Unidos ha intervenido en contra de todos los intentos de pedir un alto el fuego, y en su lugar ha presionado para que se hagan declaraciones conjuntas condenando a Hamás y dando luz verde a Israel para que continúe su guerra contra la población civil de Gaza. Además, la Marina estadounidense ha ordenado la entrada en la región del grupo de ataque del portaaviones Gerald Ford. Este es un acto desnudo de agresión imperialista que revela que Estados Unidos no tiene ningún interés en la paz. Toda la fachada de un orden mundial burgués que se preocupa por los derechos humanos y las condiciones humanitarias se ha hecho pedazos mientras los jefes de Estado de EEUU y Europa aúllan por la sangre palestina.
El movimiento obrero internacional debe dejar claro que rechazamos las acciones de nuestros gobiernos para apoyar a Israel en sus interminables matanzas contra los palestinos. Varias grandes manifestaciones de apoyo a Palestina en ciudades occidentales como Nueva York demuestran que miles de personas están en desacuerdo con el sangriento consenso de sus gobiernos con Tel Aviv. Debemos oponernos totalmente a las falsas declaraciones contra la violencia de nuestros gobiernos, que se niegan a condenar igualmente los horribles ataques antihumanos contra Gaza. Debemos dejar claro que nos negamos a participar en cualquier escalada del conflicto y protestamos contra cualquier ayuda de guerra enviada por EEUU para permitir los crímenes de Israel. Debemos movilizarnos en nuestros sindicatos para unirnos al movimiento BDS y boicotear cualquier arma que se envíe a Israel. Debemos mostrar que los trabajadores del mundo se oponen al genocidio planificado de Gaza.
Sin embargo, mientras que la clase obrera internacional debe unirse en solidaridad con Palestina, la verdadera lucha por el futuro del país debe ser resuelta por los palestinos. Mientras los sionistas mantengan su sangriento dominio a través del aparato del Estado de Israel, el derramamiento de sangre y la violencia serán inevitables. El Estado de Israel debe ser desmantelado y sustituido por una Palestina democrática y laica. Aunque la capacidad militar de Hamás es claramente mayor de lo que nadie sospechaba, operaciones como Al Aqsa Typhoon no pueden, en última instancia, vencer al Estado de Israel. Los dirigentes de los grupos palestinos heredados, como Hamás y Fatah, luchan por seguir siendo relevantes, ya que su estrategia ha fracasado durante décadas a la hora de avanzar hacia un futuro habitable para los palestinos.
Lo que hace falta es que la clase obrera palestina se unifique tras una sola bandera en Gaza, Cisjordania, los territorios de 1948 y la diáspora, con el apoyo de la clase obrera árabe e internacional en general. Sólo un frente tan amplio y unificado de la clase obrera es capaz de hacer una revolución que pueda derrocar la colonización sionista y avanzar hacia un futuro socialista en Palestina.
El pueblo palestino esta nuevamente en lucha en defensa de su terriorio y contra la ocupación colonial sionista-israelí apoyada por el imperialismo.
Israel ha ordenado un ataque masivo por aire, tierra y mar contra Gaza, el pequeño territorio en el que ha sido arrinconado el pueblo palestino tras largos años de ocupación, y desde donde mantiene su heroica resistencia, y donde ya se vienen produciendo cientos de víctimas entre los que se cuentan niños y mujeres, por el criminal bombardeo israelí.
En rechazo a esta nueva masacre del pueblo palestino y en muestra de solidaridad con su lucha, la Federación Palestina del Perú convoca a una concentración el miércoles 11 de octubre a las 5.00 p.m. frente a la Cancillería peruana (Jr. Ucayali 363), Lima.
Llamamos a los trabajadore y trabajadoras, y a la juventud, a sumarnos a este acto, haciendo nuestra la lucha del pueblo palestino por recuperar sus territorios históricos y por la construcción de una Palestina unida, libre, democrática, laica y no racista.
La reciente masacre realizada por Israel en el campamento de refugiados palestinos de Jenin, en Cisjordania, ha vuelto a mostrar sin máscaras el carácter usurpador de Israel en Palestina y su esencia violenta y agresiva contra los palestinos. Mostró también que el pueblo palestino no se rinde y resiste heroicamente, en especial los jóvenes[1].
Como vanguardia de esta lucha, cada vez más, la juventud palestina avanza en su conciencia política de la esencia del conflicto y en sus métodos de lucha. Así lo comprueba un extenso reportaje de la BBC[2].
Entre los diversos temas tratados por este artículo, queremos referirnos especialmente a su rechazo a la supuesta solución de los “dos estados” que se dividirían el territorio de Palestina: uno judío (Israel) y otro palestino. Fue la concepción con que la ONU creó Israel, en 1948, legalizando la usurpación de la mayoría del territorio palestino, y hoy continúa siendo defendida por muchos dirigentes internacionales, parte importante de la izquierda mundial y por la ANP (Autoridad Nacional Palestina) y su principal corriente política (Al Fatah). Sobre esta supuesta “solución”, la BBC nos informa:
“Dirigentes internacionales pasaron décadas defendiendo la coexistencia pacífica de dos estados: uno israelí y otro palestino. Pero datos obtenidos por la BBC muestran que esta idea tiene cada vez menos adeptos, principalmente entre los jóvenes palestinos, que también parecen no creer en sus propios líderes. Esos datos exclusivos indican que la juventud palestina está rechazando cada vez más la idea de una solución de dos Estados para el conflicto”. Janna Tamimi, de 17 años, mostro “desdén” cuando le preguntaron sobre esto: «La solución de los dos Estados es un cliché pensado por Occidente que no considera la situación real».
Desde hace décadas, la corriente morenista y la LIT-CI vienen debatiendo que los “dos estados” no representan ninguna solución contra los sectores de la izquierda mundial y las propias organizaciones palestinas que las defienden.
Entre otros muchos artículos, mencionamos uno de Alejandro Iturbe publicado en la revista Marxismo Vivo, en 2011, recientemente reproducido en esta página[3]. El texto referido a los dos estados es el siguiente:
“A pesar de su carácter restringido, después de tantos años de sufrimientos y de no contar con su propio país, esta propuesta es vista, incluso por sectores del propio pueblo palestino, si bien no como la “solución ideal y más justa”, al menos, como un paso adelante al que el gobierno israelí se opone, un punto de apoyo para seguir avanzando.
En este sentido, no es más que la continuidad de la resolución de la ONU de 1947. Volvería a sancionar y legalizar internacionalmente el robo y la usurpación que significó la creación de Israel, incluso si se adoptase sobre la base de las fronteras previas a la guerra de 1967. Al mismo tiempo, el pueblo palestino quedaría definitivamente dividido en tres sectores, mucho más débiles.
El primero de ellos, el millón y medio de palestinos que viven dentro de Israel, serán condenados cada vez más a soportar aislados los ataques de los gobiernos israelíes que quieren borrar su memoria y su historia (por ejemplo, la prohibición de recordar la Nakba); irles quitando la nacionalidad israelí a quienes no juren fidelidad a Israel y el sionismo; y, finalmente, como es el plan de Lieberman, expulsarlos directamente o dejarlos en condiciones insostenibles como a los que viven en Jerusalén oriental.
Los tres millones y medio de Gaza y Cisjordania, habitantes del futuro mini-Estado “independiente”, deberán vivir en un país fragmentado, sin ninguna viabilidad de autonomía económica e, incluso, si se cumplen los compromisos que está aceptando Abbas, sin fuerzas armadas y con sus fronteras patrulladas por tropas de la OTAN. En otras palabras, un poco más que la actual ANP, igualmente cercados por Israel y su bota militar, sólo que formalmente más “independiente”.
Finalmente, los cinco millones que viven fuera de Palestina verán definitivamente liquidado su derecho de retorno. Ése es el contenido de hecho de la creación de los de los “dos estados”: al aceptar esta resolución, se acepta que las tierras robadas y usurpadas de las que fueron expulsados sean definitiva y legalmente israelíes. Y el mini-Estado palestino no ofrecerá ninguna posibilidad objetiva (ni económica ni de tierra) de que se radiquen allí.
Con su política, las direcciones de Al-Fatah y Hamas expresan básicamente los intereses de los sectores burgueses de Cisjordania y Gaza, para quienes la creación del mini-Estado palestino podría traer algún beneficio. Pero lo hacen a costa de sacrificar a los otros dos sectores. Esencialmente a los exiliados que, como vimos, perderían cualquier posibilidad de retornar.
Y esto se refleja en las movilizaciones recientes, donde la vanguardia pasó a ser la juventud palestina que vive en Siria, Líbano o Jordania, y también la de países más alejados. Para ellos, como expresó Soraya Misleh (una periodista brasileña de origen palestino) en una entrevista publicada en la revista Correo Internacional No 5, el derecho de retorno es innegociable, y el eje movilizador es: ¡Vamos a volver a nuestra tierra![1]
Esto abre profundas contradicciones con las direcciones de Al-Fatah y Hamas y, como ya señalamos, a partir de las movilizaciones, la posibilidad de construir una nueva dirección palestina que sea alternativa a los viejos dirigentes y organizaciones, responsables de tantos años de derrotas y frustraciones. Por eso, Abbas y Al-Fatah comenzaron a intentar una reubicación. Firmaron el “acuerdo de reconciliación” con Hamas y presentaron ante la ONU, contra la opinión de Israel y el imperialismo, el pedido de reconocimiento del Estado palestino. La jugada comienza a darles resultado, por lo menos en Cisjordania: miles de palestinos festejaron en las calles este pedido y, a su vuelta, Abbas fue recibido con gran entusiasmo. Es decir, para seguir siendo agente de Israel y el imperialismo, con cierto peso popular, y no ser barrido por la movilización, Abbas necesitó hacer una jugada táctica que lo enfrenta en el terreno diplomático.
Sin embargo, incluso con todas las limitaciones que tiene la reivindicación que hace Abbas, hoy el imperialismo norteamericano e Israel no están en condiciones de otorgarla y se oponen tajantemente a ella. Que dicha votación se realice en la ONU sería una derrota política para ellos. Por eso, sin cambiar ni un milímetro nuestra posición sobre los “dos estados” ni sobre el carácter de la ONU, defendemos el derecho democrático del pueblo palestino de exigir esa votación en la Asamblea General de la ONU, y vamos a apoyar toda movilización de ese pueblo por esa exigencia.
La única solución verdadera: la construcción de una Palestina única, laica, democrática y no racista, y la destrucción de Israel. Frente a la propuesta de los “dos estados”, nosotros reivindicamos que la única solución verdadera a la “cuestión palestina” es la que estaba formulada en el programa fundacional de la OLP: la construcción de una Palestina única, laica, democrática y no racista.
Una Palestina sin muros ni campos de concentración, a la que puedan retornar los millones de refugiados expulsados de su tierra, y recuperen sus plenos derechos los millones que permanecieron y hoy son oprimidos. Un país en el puedan permanecer todos los judíos que estén dispuestos a convivir en paz y con igualdad. Una propuesta que fue abandonada por la OLP pero que es reivindicada por miles de jóvenes activistas palestinos en todo el mundo, y que estuvo presente en las recientes movilizaciones en memoria de la Nakba.
Pero esta propuesta no puede ser llevada adelante, y no habrá paz en Palestina, hasta que no se derrote definitivamente y se destruya el Estado de Israel. Es decir, hasta que el cáncer imperialista que corroe la región no sea extirpado de modo total y definitivo. Llamamos a los trabajadores y al pueblo judíos a sumarse a esta lucha contra el estado racista y gendarme de Israel.
Sin embargo, debemos ser conscientes de que, por el carácter de la población judía israelí que hemos analizado, lo más probable es que sólo una pequeña minoría acepte esta propuesta, mientras la gran mayoría de ellos, incluida la vieja base sionista askenazi, seguramente defenderá con uñas y dientes “su Estado” y sus privilegios y, por lo tanto, deberemos luchar contra ellos hasta el final.
La destrucción de Israel y la construcción de una nueva Palestina es una tarea histórica, equivalente a la destrucción del Estado nazi alemán o el Estado del apartheid sudafricano. Es una tarea difícil que puede demandar muchos años.
Pero la revolución árabe y la movilización del pueblo palestino, sumadas a la derrota de las tropas sionistas en el Líbano y a la crisis del Estado y de la sociedad sionistas, plantean como posible y presente una lucha política y militar unificada de masas del pueblo palestino y del conjunto de las masas árabes que permita la victoria”.
[1] Este texto es la parte final del artículo “La ‘cuestión palestina’, punto central de la revolución árabe” publicado en la revista Marxismo Vivo Nueva Época No 2, en 2011. Fue escrito luego de una gran movilización de jóvenes palestinos en el exilio hacia Israel que “penetraron” las fronteras de Israel y lograron ingresar a su territorio. Actualmente, como cuenta Soraya Misleh en un artículo reciente, la vanguardia de la resistencia palestina ha pasado a ser jóvenes palestinos de Cisjordania, en los focos que ella denomina “guaridas de leones”.
Pronunciamiento de la Liga Interenacional de los Trabajadores, LIT-CI.
Este sábado 7 de octubre por la mañana, el pueblo palestino lideró un nuevo capítulo en su valiente resistencia. El partido político Hamás lanzó una sorprendente acción coordinada, titulada “Tempestad de Al-Aqsa”, en los alrededores de la franja de Gaza.
En una ofensiva de la resistencia por aire y tierra que tuvo en primera línea una juventud cuyo lema es “¡Basta es basta!”, se infiltró en asentamientos sionistas y abatió a decenas de militares de las fuerzas de ocupación –hay informes de 70 muertos y alrededor de 500 heridos–, recuperando decenas de tierras que son suyas, de las que sus abuelos fueron expulsados violentamente. Estos asentamientos están construidos sobre los cuerpos y cadáveres de las aldeas palestinas en la Nakba (catástrofe con la formación del racista Estado de Israel el 15 de mayo de 1948 mediante limpieza étnica planificada).
Como parte de este hecho heroico, los palestinos lanzaron 5.000 misiles desde Gaza. En tierra, desfilaban sobre un tanque israelí que tomaron y capturaron a militares sionistas, que están en su poder y podrían ser canjeados por presos políticos palestinos (hoy 5.200, entre ellos 33 mujeres y 170 niños). También rompieron parte de la valla que conforma el asesino bloqueo sionista de Gaza, que dura ya 16 años y aprisiona a 2,4 millones de palestinos.
Los colonos con pasaportes extranjeros huían a través de aeropuertos y desiertos, y el primer ministro de Israel, el criminal Benjamin Netanyahu, declaró: “Estamos en guerra”. En apenas unas horas de bombardeos sionistas, en el típico castigo colectivo a Gaza, más de 200 palestinos han muerto, entre ellos mujeres, ancianos y niños. Otro bombardeo masivo en la estrecha franja.
Pero el pueblo palestino tiene como tradición transformar la sangre derramada en levadura para su heroica resistencia. No es una elección, es una lucha justa, ejemplar y valiente por liberación nacional, que ya dura más de 75 años.
Obviamente, la masacre sionista que se repite en Gaza cuenta con el apoyo del imperialismo estadounidense, la complicidad de las Naciones Unidas (ONU) y los gobiernos de todo el mundo, que rápidamente condenaron la resistencia palestina –una vez más, tildándola falsamente de terrorista–.
El pueblo palestino, en su lucha internacionalista por excelencia, se resiente con razón al observar “dos pesos y dos medidas”, por ejemplo, en relación con su lucha contra la colonización sionista y la guerra promovida por el asesino Putin en Ucrania. Estamos con la resistencia de ambos pueblos que luchan por la liberación nacional: el ucraniano y el palestino.
Estos mismos gobiernos guardan silencio ante la contínua Nakba, que sólo en 2023 ha matado a más de 250 palestinos. Todos los días un palestino es asesinado, lo que no ha merecido una línea de sus diplomacias o, como mucho, se habla de “ambos lados” –ignorando que se trata de un agresor y colonizador (Israel) y un pueblo bajo colonización, ocupación y apartheid (el palestino). Esta diplomacia hipócrita atiende a los gobiernos en sus negocios con el apartheid sionista, incluida la importación de tecnologías militares.
Este es el caso del Brasil, cuyas armas son las mismas que se utilizan en el genocidio de pobres, indígenas y negros en las periferias. Son gobiernos como el de Lula, que dicen ser “amigos de los palestinos”, mientras equiparan descaradamente opresor y oprimido, y ahora no tardaron en hacer coro a la condena mundial a la resistencia palestina. Exigen la reanudación de los acuerdos de “paz de los cementerios”, en su cómodo y providencial mantenimiento de complicidad con el apartheid. Mientras tanto, en países como el Líbano, los árabes salieron en manifestaciones de apoyo incondicional a la resistencia palestina. Estamos de este lado.
Un día antes de la acción de la heroica resistencia palestina, que demostró la fragilidad de la cuarta potencia bélica del mundo (Israel), una vez más en el año, las fuerzas de ocupación mataron a cuatro palestinos, cerca de Nablus, en la Cisjordania ocupada, en las aldeas de Shufa y Huwara. Esta última se ha enfrentado a una ola de pogromos desde inicios de 2023, con una violenta invasión de colonos que incendian casas y vehículos palestinos. Por quinto día consecutivo, en medio de una festividad religiosa judía, otros sionistas irrumpieron en la mezquita de Al-Aqsa. La judaización de la Ciudad Vieja de Jerusalén continúa a todo vapor.
Toda esta violencia brutal del colonizador sionista ha llevado a la juventud, llamada “hijos de Oslo”, incluso a la resistencia armada. Son llamados “hijos de Oslo” porque nacieron bajo el signo de los desastrosos Acuerdos de Oslo, firmados hace 30 años entre la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) e Israel, bajo intermediación del imperialismo estadounidense –y nunca tuvieron un único día de paz en sus vidas, sufriendo también a manos del administrador de la ocupación, la Autoridad Palestina, en su cooperación en materia de seguridad con Israel.
La acción coordinada de Hamás, con su mensaje al mundo “¡Basta es basta!”, tiene lugar en este contexto. El pueblo palestino sigue a las puertas de una Intifada (levantamiento popular). Es fundamental que los pueblos árabes oprimidos en los países vecinos se sumen a este movimiento contra sus tiranos que han normalizado las relaciones con el Estado racista de Israel e impiden la liberación nacional del pueblo palestino.
Desde la LIT-CI y sus partidos en todo el mundo declaramos nuestro apoyo incondicional a la heroica e histórica resistencia palestina. Llamamos a todos los oprimidos y explotados a solidarizarse con la lucha del pueblo palestino, realizando manifestaciones y, sobre todo, sumándose a la campaña central de BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones) contra Israel. En este sentido, exigimos que los gobiernos de todo el mundo reconozcan el régimen de apartheid sionista y rompan inmediatamente todos los acuerdos con el Estado colonial y asesino de Israel, en especial promoviendo un embargo militar.
¡Palestina libre del río al mar! ¡Viva la heroica resistencia del pueblo palestino!
El PST expresa su solidaridad y apoyo incondicional a la lucha popular desatada contra el hambre y el desastroso gobierno de Pedro Castillo. En casi todo el país se producen revueltas populares con bloqueos de carreteras, y en algunos lugares saqueos y ataques a entidades que simbolizan el abuso estatal y privado.
La explosión popular ocurre en el marco de la huelga y paro convocado por diversos gremios de transportistas, incluyendo a mototaxistas, taxistas e informales, y comprende a organizaciones de pequeños agricultores y sobre todo al pueblo pobre que espontáneamente se suma a la protesta por una razón: el hambre. Los precios de los combustibles y de los alimentos básicos se han duplicado y nadie con un salario precario o sin trabajo puede soportarlos.
La respuesta del gobierno ante esta protesta legítima ha sido de la más vil. Castillo señaló a los manifestantes como “pagados” por la derecha y en esa línea desbocó sobre ellos una represión brutal, que en el caso de Huancayo causó la pérdida de la vista de dos jóvenes y la muerte de cuatro. Y, ahora, decreta toque de queda en Lima y Callao, con lo que enciende más los ánimos.
Es cierto que la patronal, y sobre todo sus sectores de derecha, no le dejan respirar al gobierno desde el primer día. Pero atribuirles a ellos el desborde popular no solo es un despropósito que sobreestima su verdadera fuerza, sino lleva a no entender el sufrimiento y desesperación que el pueblo vive por las alzas y el desinterés mostrado por el gobierno.
Al contrario, ahora la derecha está alarmada por el levante popular y aplaude las medidas represivas que dicta el gobierno. Pretende que se controle la situación y ponga a salvo la propiedad de los ricos, para luego volver a la carga con su plan de vacancia. De ellos no esperamos otra cosa. Quien hace el trabajo sucio es Castillo quien ha venido concediendo a sus enemigos desde el primer día, y ahora, en lugar de atender las demandas y reencontrarse con el pueblo que lo colocó en Palacio, capitula a sus acosadores y lanza la Policía Nacional y las FFAA contra el pueblo.
La explosión social no solo expresa inmenso descontento sino frustración con el gobierno. La elección de Castillo era la esperanza del pueblo pobre para recuperar lo que perdió en la pandemia producto no solo del virus sino de las políticas patronales aplicadas desde el gobierno. Pero Castillo no hizo nada: no cumplió con ninguna promesa, no atendió ninguna demanda y contribuyó a empeorar la situación. En las fábricas donde arden los problemas, el gobierno no hace nada. Y no hizo nada ante el alza brutal de los alimentos y combustibles; y ahora bajo presión popular dicta medidas tibias que no resuelven el problema.
El gobierno de Castillo no solo muestra el fracaso absoluto de la “izquierda” de JP y Perú Libre y su incapacidad total para llevar a cabo un programa de cambios desde el Estado. Más aun, ha demostrado que no es posible hacer esos cambios en acuerdo o conciliación con la burguesía como pregonan, aun estos días.
Ante esta situación lo que necesitamos es apoyar, fortalecer y extender la lucha que se ha iniciado. Unir a ella de manera decidida al conjunto de la clase obrera en la jornada del 7 de abril. Nuestras banderas son:
Congelamiento de precios de los combustibles, gas y alimentos.
Aumento general de salarios y pensiones al nivel de la canasta básica familiar.
Apoyo al campesinado pobre con fertilizantes, ayuda técnica y compra de sus productos a precios justos.
Reposición de despedidos, anulación de los ceses colectivos, administración obrera de las fábricas cerradas, fin de la intermediación laboral y del CAS en el Estado.
Atención efectiva a la pandemia, a la educación pública y a la demanda de agua y servicios básicos, con financiamiento.
Hay recursos. Y si faltan, deben ser tomados de las grandes corporaciones, en la línea de las comunidades campesinas que reclaman lo que es suyo a las empresas mineras. Pagamos con muchas vidas y más pobreza la política gubernamental de salvar los negocios primero durante la pandemia. Ahora no más. Que la crisis y las alzas atribuidas a efectos internacionales, la paguen los grandes capitalistas y ricos.
La frustración obrera y popular contra el gobierno Castillo puesto de manifiesto en las calles, nos debe llevar a tomar en nuestras propias manos el gobierno de nuestros destinos. En los bloqueos y en los paros, en el campo y en las fábricas necesitamos poner en pie comités de lucha, hoy por las reivindicaciones planteadas y mañana para enfrentar las pretensiones de la derecha de recuperar el poder. Solo desde dichos organismos, ante el fracaso y derrumbe del gobierno de Castillo, debemos gestar una alternativa de verdadero gobierno obrero y popular. Y para llevar a cabo esta tarea, desde el PST llamamos a poner en pie un verdadero partido revolucionario, de obreras y obreros.
El día 05 de Enero de 2021, con bombas lacrimógenas y perdigones fueron dispersados los docentes que llegaron hasta el frontis del Gobierno Regional de Loreto para exigir sus pagos del mes de Diciembre 2021.
La protestase dio ante la falta de pago a 7 mil profesores de la provincia de Maynas, quienes hasta ahora no cobran sus sueldos quienes fueron duramente reprimidos por las fuerzas policiales.
Maestros protestando al frontis del Gobierno Regional de Loreto
“El señor Gobernador hasta ahora no ha cumplido y mentira tras mentira que el 27, que el 29, que el 30 y llegamos al 04 y no hay nuestro sueldo”, declaró el profesor Eleazar Gómez.
El Profesor Eleazar Gómez lamentó que el Gobernador Regional Elisbán Ochoa se cierre al diálogo y no promueva mesas de diálogo con los dirigentes. Además, advirtió que la falta de pagos podría perjudicar el retorno gradual a las aulas.
Producto de la represión dos docentes terminaron con golpes y heridas en la rodilla, que fueron provocados por los perdigones lanzados por la PNP.
Los profesores indicaron que denunciaron el hecho ante el Ministerio Público, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, además pidieron la destitución de la directora regional de Educación, Linda Angulo.
EL CAMINO ES LA LUCHA: Desde la Regional Iquitos del PST apostamos a que la lucha del magisterio se mantenga contra el abuso de las autoridades y se unifique con la del pueblo trabajador para exigir no sólo soluciones a las demandas magisteriales, sino también a los problemas cotidianos de los trabajadores y trabajadoras.
Llamamos a fortalecer la organización de las bases del magisterio, a través de asambleas y que se incluyan a los padres de familia para potenciar las movilizaciones en favor de una mejor educación y mejor trato a los trabajadores de este sector.
Tras la culminación de las investigaciones preliminares sobre las movilizaciones de noviembre del 2020, hace algunas semanas, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, envió una denuncia constitucional a la presidenta del Congreso contra los ex altos funcionarios (Manuel Merino, Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez) por los delitos de homicidio, lesiones graves y leves a título de dolo eventual. Mientras la juventud sigue expectante al avance del proceso.
Sigue impune la tragedia
Aquel episodio trágico donde murieron 2 jóvenes, Inti Sotelo y Bryan Pintado, asesinados de varios disparos de proyectiles con armas de fuego según los certificados de la necropsia, aún forma parte de los cientos de casos como el del Baguazo que todavía siguen esperando justicia debido a la dura represión que los gobiernos de estas dos últimas décadas han aplicado con el apoyo de las leyes y el estado. Siendo esta impunidad junto a la corrupción la pólvora que incendiaron las manifestaciones del año pasado donde la juventud fue la vanguardia. Ya ha transcurrido un año aproximadamente y no hay ninguna sanción ejemplar para los principales responsables de los asesinatos y de la represión. Lo peor de todo es que el ex presidente Merino continuó, después de las masivas movilizaciones de noviembre del año pasado, con su cargo de congresista como si nada hubiese sucedido.
Las limitaciones de la denuncia
Dicha denuncia aclara que aquella acusación solo es por haber permitido que continuara la dura represión policial contra los manifestantes sin tomar ninguna medida contra el uso desproporcionado de la fuerza policial pese a que tenía la suficiente información sobre el desarrollo de las marchas y así evitar la tragedia. Es decir, no se le denuncia por haber liderado la represión bajo la intención de querer aplastar la lucha, a pesar de que se sabe muy bien que es el presidente quien preside todo el sistema policial y por tanto tiene la última palabra, sino simplemente por no haber tomado las “precauciones” y “moderaciones” correspondientes. Esto es importante tenerlo claro porque esta denuncia no intenta poner en cuestión el poder que tienen las autoridades hoy para reprimir las luchas, solo pretende cuestionar y sancionar su “exceso”. Puesto que de llegarse a sancionar a los principales responsables por ordenar la represión, se cuestionaría todo el aparato represor actual y se abrirían más juicios contra los cientos de abusos hacia los DD.HH que se han cometido a muchos luchadores durante varios años. Un hecho que no les convendría indudablemente y por la que tendríamos que pelear en las calles sin duda alguna para tener una real justicia.
Luchar en las calles por justicia
Desde que asumió Sagasti, muchos partidos y grupos de izquierda abandonaron la lucha de la juventud que se estaba dando en las calles por justicia, lamentablemente su política apuntó a desmovilizar y “estabilizar” el país con los mismos que apoyaron en los primeros días al expresidente Merino. De esta forma, esto ayudó a que hasta el día de hoy siga impune la tragedia y sigan vigente leyes represivas como la Ley Nº 31012 o la Ley N° 29166 la cual faculta por ejemplo a las FF.AA. el uso de armas en el “control del orden interno”. Ni el actual presidente Pedro Castillo con sus más de 2 meses de gobierno las ha tocado convirtiéndose ahora también en cómplice de este orden legal y de esta impunidad. Por ello, frente a esto, necesitamos en primer lugar, a partir de nuestras organizaciones gremiales, promover y organizar independientemente las jornadas de luchas por sanción ejemplar para Merino, Ántero Flores, los jefes policiales y los demás autores principales de aquella tragedia, en la cual la juventud forme parte de la dirección de la mano de las organizaciones obreras y populares. Y en segundo lugar, discutir en nuestros espacios gremiales el tipo de estado que necesitamos a fin de que ya no se vuelva repetir aquella tragedia.
NACIONAL Modelo económico es obstáculo absoluto a la solución de las demandas obreras y populares A pesar de los compromisos asumidos por el presidente Castillo ante el empresariado nacional, los inversionistas extranjeros y la banca mundial por la continuidad del modelo económico, su gobierno atravesaba problemas de gobernabilidad no solo por los ataques de la ultraderecha, sino también por contradicciones internas que han tenido como salida el cambio de gabinete, pero conservando el mismo rumbo de conservación del modelo económico.
Pedro Castillo recibió en la campaña electoral duros ataques de las fuerzas patronales por considerarlo una amenaza al modelo económico neoliberal y el orden constitucional fujimorista. Pero lo ataques fueron más lejos todavía, pues lo estigmatizaron como la opción del terrorismo senderista, estigmatizando de pasada las ideas comunistas y socialistas en general, aun cuando no tengan que ver con el terrorismo; lo cual es un atropello a las libertades democráticas elementales como la libertad de pensamiento que es el derecho de todo individuo a no ser perseguido, sancionado o molestado por sus pensamientos, opiniones o creencias.
Es sabido que el fujimorismo y los sectores ultraderechistas del Congreso nunca aceptarán los resultados del 11 de junio; incluso han impuesto arbitrariamente una comisión investigadora del proceso electoral con la que pretenden “oficializar” una absurda versión de fraude del que no pudieron mostrar una sola prueba.
Lo que predomina, sin embargo, son los sectores patronales que respaldaron la investidura del gabinete en aras de la aplicación del modelo económico, y este respaldo ha mostrado un límite en el tema de Vladimir Cerrón y el “ala dura” de Perú Libre de los ministros cuestionados, especialmente el ex ministro Maraví cuestionado por tener un pasado vinculado a Sendero Luminoso, o a organizaciones proscritas por tener vínculos con este, como el Movadef y el Conare, a pesar de que este último tenía un carácter sindical. Por eso cerraron filas contra el gobierno presionando con la censura.
El cambio de gabinete, ahora presidido por la ex presidente del Congreso Mirtha Vásquez, ha sido la respuesta de Castillo a fin de conservar ese respaldo a su gobernabilidad.
Un obstáculo absoluto a la solución de las demandas sociales Pero algo que coloca al gobierno definitivamente rumbo al desgaste es el haberse sometido, con el anterior y el actual gabinete, a la continuidad del modelo económico de las grandes corporaciones y dejar de lado las medidas anunciadas en la campaña como las nacionalizaciones, el aumento significativo de la tributación de las grandes empresas y hasta la constituyente, pues en esas condiciones no será posible cumplir con el cambio ofrecido en campaña y de brindar las soluciones que demandan los sectores populares.
Por ejemplo, cómo podrían fortalecerse el sistema sanitario frente a una tercera ola de la pandemia si se mantiene el mismo presupuesto austero de las últimas décadas, que se agota con subsidios insignificantes y no permite cambiar la ruinosa situación de hospitales ni implementar el nivel primario de salud a nivel nacional.
Por otro lado, la recuperación del gas y la “soberanía” sobre los recursos naturales dependerán de la negociación “en buenos términos” con el consorcio Camisea; quedó claro que nacionalizar Camisea no está en la agenda del gobierno. La llamada segunda reforma agraria quedará también supeditada a los escasos recursos públicos, y la restitución de derechos y derogación de los decretos antilaborales, dependerá del acuerdo que se logre con los empresarios, que son la prioridad del modelo económico.
Los problemas nacionales no han desaparecido y exigen solución urgente En la actualidad, mientras la economía se recupera para algunos pocos, millones de trabajadores todavía no pueden recuperar a sus trabajos o sobreviven en condiciones de indigencia en la informalidad y el subempleo, con salarios por debajo del nivel de subsistencia, a lo que se suma la exorbitante alza de los precios de productos de primera necesidad.
El movimiento sindical sigue lidiando con patronales prepotentes que sabotean la negociación colectiva, y las empresas más grandes imponen pliegos multianuales en tiempos de alta inflación de los productos de primera necesidad.
Las banderas de lucha de los sindicatos del sector público y los CAS, también se ven postergados por las restricciones que el propio gobierno ha ratificado en el proyecto de ley de presupuesto.
En este contexto las organizaciones obreras y populares enfrentan la necesidad, ineludible y urgente, de organizar y centralizar sus demandas en una lucha independiente, y también la de forjar una verdadera alternativa de poder frente a las pretensiones reaccionarias del fujimorismo y la ultraderecha, y por un plan alternativo obrero y popular frente al modelo económico de las grandes corporaciones.
