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El pueblo marcha contra el crimen… el gobierno y el Congreso

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El crimen organizado se masifica y se desboca en atentados contra la población más pobre y necesitada de los distritos populares, que ahora protesta con un paro que paraliza Lima y Callao.

El paro del transporte anunciado para los días 10, 11 y 12 de octubre, paralizó Lima en su primer día, haciendo que la ciudad viva un verdadero caos en los distritos más populares: ausencia casi total de movilidad, cierre de mercados y pequeños negocios, marchas y fuerte presencia policial y militar.

Muchos no fueron a trabajar y no hubo clases presenciales, y las zonas de densidad comercial, como el emporio de Gamarra, en el distrito de La Victoria, o “Mesa Redonda”, en el centro histórico de la ciudad, hasta la zona residencial y empresarial del distrito de San Isidro, lucieron casi vacías. Un hecho inusual para una ciudad de 11,5 millones de habitantes.

Esto suele ocurrir en los paros nacionales verdaderos (no como la finta que ahora convoca la Confederación General de Trabajadores del Perú – CGTP). Solo que ahora los que realizan el paro no son los sindicatos, sino la masa de trabajadores precarizados e informales que habitan los distritos populares que rodean el centro de la ciudad.  

Por esto mismo, esta paralización resultó más fuerte y combativa que la organizada por las grandes empresas de transporte, el pasado 3 de octubre. Empresas que esta vez se echaron atrás, en acuerdo con el gobierno o ante las amenazas de las bandas criminales. Los que protestan ahora, dicen: “Prefiero perder mi día de sustento, en defensa de mi vida”.

El paro anterior no logró resultado alguno. Al contrario, el crimen se vengó contraatacando. El gobierno y el Congreso, ensimismados y con prepotencia, no derogaron la Ley 32108 (“Ley del crimen organizado”), hija de los peores corruptos del régimen, que al limitar la aplicación de sanciones al crimen organizado, en realidad lo incentiva.

En su lugar, a clásico estilo gorila, declararon el estado de emergencia en 14 distritos de Lima y el Callao, colocaron al ejército en las calles y lanzaron una propuesta de Ley de “terrorismo urbano”, que buscaba impunidad policial y mayor represión… Es decir, solo han recortado derechos y libertades que afectan a todos dejándonos vulnerables ante las mismas fuerzas llamadas a traer seguridad.

Ante esta pantomima, el crimen organizado contraatacó para mostrar que son ellos los que mandan y no las autoridades. Buses quemados, nuevos muertos y más amenazas.

Por ello la nueva protesta esta vez viene de más abajo: de los microbuseros y mototaxistas, de los vendedores ambulantes, de todos los que a diario salen a buscarse el sustento diario. Y salieron con más indignación por las respuestas del gobierno y del Congreso, a los que también ven con odio. Son esos sectores los que se movilizaron en forma masiva desde los conos hacia el centro, donde se encuentra la sede el Congreso solo para encontrar a la policía.

La represión, que es inepta para combatir al crimen, aquí mostró una vez su eficacia para reprimir la protesta. En lugar de hacer frente a los criminales, reprimen a los que luchan contra ellos. Y peor, ante las demandas de fondo, el gobierno y el Congreso mantienen el mismo discurso prepotente; lo que enciende más la bronca.

Desde donde se lo mire, esta lucha es justa. Como en la rebelión del 2022-2023, los que hoy se rebelan contra el régimen son los más pobres, esta vez de Lima. Son pobres por culpa del régimen corrupto y su política económica que solo favorece a los ricos y corruptos. Y que ahora, como parte de esa misma política o de su propia ineptitud y desinterés, no solo permiten sino alientan el crecimiento de la criminalidad, de la común y profesional, dejando a su suerte a la población más necesitada.

Si no hay solución inmediata y efectiva la gente no va a bajar los brazos. La criminalidad tampoco, provocando más hechos de sangre. Y nuevas protestas.

Ante esto, la tarea es apoyar esta lucha y hacer nuestras sus banderas, no solo para la solución de las demandas sino para que se vayan el Gobierno y el Congreso, responsables de esta situación de y muchos males que afectan al pueblo todo, como los despidos masivos y ceses colectivos en la industria.

Es una lucha justa que la clase trabajadora debe apoyar y hacer suya. No es casual que ante ella la CGTP y las organizaciones de “izquierda” electorera no digan nada. En lugar de sumarse a la protesta y construir una sola con las urgentes demandas obreras, se hacen la vista gorda cuidando su plan de canalizar todo hacia la salida de las elecciones del 2026.

La central ha convocado a una jornada el jueves 17, por aumento del salario mínimo y otras demandas. Es una oportunidad para hacerse presentes en ella con todas las bases, con las banderas más combativas de la clase obrera y de los sectores populares en lucha.

Algunos comentarios alrededor del documental sobre la vida de Ricardo Napurí

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septiembre 5, 2024

Por Alejandro Iturbe

El 29 de agosto pasado se estrenó, en el cine Gaumont de la ciudad de Buenos Aires, el documental “Tiempo largo y jodido. ¿Qué querés que te diga?” hecho por el cineasta Hugo Lescano sobre la base de dos largas entrevistas realizadas por el periodista Carlos Rodríguez, en 2019 y 2021, al militante y dirigente revolucionario peruano-argentino Ricardo Napurí. El documental fue realizado con el apoyo financiero y técnico del INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina)[1]. El INCAA es una institución oficial. Los gobiernos peronistas/kirchneristas le dieron mucho impulso y ahora está siendo atacado (casi desmantelado) por el gobierno de Javier Milei.

Con 99 años, Napurí se mantiene plenamente lúcido y con la capacidad de referirse claramente a los hechos históricos en los que participó o de los que fue testigo, cómo estos fueron incidiendo en su pensamiento político y sobre figuras destacadas de esos acontecimientos con las que tuvo contacto personal en Perú, Argentina y otros países latinoamericanos. Entre ellos, el peruano Luis de la Puente Uceda, el argentino Silvio Frondizi, el Che Guevara y Fidel Castro, el chileno Salvador Allende, el venezolano Hugo Chávez.

De esa forma, va hilvanando de modo muy ameno, sus más de setenta años de acción política, iniciada en 1948 cuando era un joven teniente de aviación militar en el Perú y se negó a bombardear un barco lleno de civiles que participaban de un levantamiento contra el gobierno peruano. Fue castigado por ello y obligado a exiliarse en Argentina. La entrevista se inicia con ese recuerdo y llega hasta el momento actual. En ese marco, reivindica la revolución cubana como el gran proceso revolucionario de la segunda mitad del siglo XX y también a Fidel Castro, el Che Guevara, y al movimiento que encabezaban.

Aunque no utiliza estos términos en el documental, Napurí se presenta a sí mismo como un “trotskista crítico” en el campo de la “revolución permanente” formulada por Trotsky. Es decir que, en su valoración de procesos y dirigentes, no se guía por el “dogmatismo” sino por los hechos y acciones concretas.

En este sentido, el documental transmite la idea de que el proceso esencial del siglo actual ha sido el chavismo venezolano y su propuesta de Socialismo del Siglo XXI. Incluso Napurí refiere el encuentro en el que Chávez se dijo “trotskista” frente a Putin, a quien caracterizó como “estalinista”, señalando que esa era la diferencia entre ellos. El documental muestra las imágenes de la visita que realizó a Venezuela para ver y apoyar a Chávez, y su participación en el programa televisivo “Aló presidente”. Es con esta visión que analiza brevemente lo que pasaba en aquel país al momento de las entrevistas.

Napurí es parte de numerosos dirigentes y organizaciones provenientes del trotskismo que siguieron este camino de apoyo al chavismo (e incluso la integración a este movimiento). En numerosos escritos hemos debatido con estas caracterizaciones y posiciones que consideramos profundamente equivocadas[2]. Mucho más equivocado es seguir reivindicando al chavismo en este documental que se estrena en el momento en que el régimen político que ahora encabeza Nicolás Maduro muestra su más feo rostro: una dictadura capitalista al servicio de la “burguesía bolivariana” contra los trabajadores y el pueblo venezolano[3].

Hasta aquí estamos en el terreno de la evolución del pensamiento político de Napurí, de las conclusiones que ha sacado de los hechos de la realidad, y de las propuestas que se derivan de ello. Aunque no las compartamos, podemos entender ese proceso.

No obstante, la cuestión central es que el documental tiene grandes omisiones sobre el trotskismo internacional, latinoamericano, peruano, y especialmente argentino, que marcaron muchos años de su vida militante (y de los dirigentes que incidieron en él).

Napurí parte de reivindicar al argentino Silvio Frondizi como el que lo gana para el trotskismo y lo forma en esa concepción, a finales de la década de 1950 e inicios de los ’60, cuando Napurí ingresa al grupo Praxis que dirigía el propio Frondizi. Con justicia, se reivindica su discípulo.

Ahí, aparece la primera omisión. En 1964, Praxis se divide en dos sectores. Una de ellas, encabezada por Silvio Frondizi se aproxima a la propuesta castro-guevarista de formar una organización guerrillera en Argentina, impulsada por Roberto Santucho. Mantiene esta propuesta hasta el momento en que es asesinado en 1974 por la Triple A (hecho que es mostrado en el documental).

El otro sector, encabezado por Jorge Altamira, fundaría la organización Política Obrera, reivindicándose “trotskista ortodoxa”. Poco después, este sector ingresa al CORCI (Comité de Organización por la Reconstrucción de la Cuarta Internacional), organización internacional dirigida por el trotskista francés Pierre Lambert (corriente conocida como lambertismo).

Napurí adhiere a esta posición y, como militante del lambertismo, vuelve al Perú y participa en la fundación del Partido Obrero Marxista-Revolucionario (POM-R), en 1970. Como dirigente de este partido luego forma parte del FOCEP (Frente Obrero Campesino Estudiantil Peruano), en 1977, y es electo senador. Es interesante destacar que, desde la década de 1950, ya existía una organización trotskista en el Perú (el POR), impulsada desde Argentina por Nahuel Moreno. Luego del ingreso del gran dirigente campesino Hugo Blanco tomaría el nombre de FIR.

Esa experiencia de Napurí como militante y dirigente del lambertismo es completamente omitida en el documental. También es completamente omitida su ruptura con el lambertismo y su participación como fundador de la LIT, en 1982 junto con la Fracción Bolchevique (organización internacional dirigida por Nahuel Moreno)[4].

A partir de ese momento, siempre defendió públicamente que, en el Perú, “su partido” era el PST (sección peruana de la LIT). Lo más importante es que, poco después, se radica de modo definitivo en Argentina y es electo miembro del CEI (Comité Ejecutivo Internacional), la máxima dirección de la LIT. Incluso es uno de los oradores del acto público realizado luego de la muerte de Nahuel Moreno (enero de 1987) al que despide con muchísimo afecto y respeto, considerándolo como referente. Continuó como dirigente de la LIT varios años más. El documental ni siquiera se refiere a este período de militancia de Napurí, cuando la LIT-CI llegó a ser la organización trotskista más fuerte del mundo y el MAS el partido de izquierda más grande de Argentina.

Fue en esos años, cuando tuve la posibilidad de conocerlo personalmente y tener varias charlas con él ya que, como redactor de la página internacional de Solidaridad Socialista, (periódico semanal del MAS), consultaba mis artículos con él para que, como miembro del CEI de la LIT, me diera sus opiniones e hiciera sus observaciones. Napurí era muy respetuoso y amable en el trato con los cuadros más jóvenes del morenismo. En este sentido, guardo un muy buen recuerdo de él como dirigente y como ser humano.

Posteriormente, en el marco de la crisis vivida por la LIT-CI en la década de 1990 y su división, Napurí (al igual que otros dirigentes) se alejó de la LIT-CI y del morenismo e inició una deriva que concluye con sus visiones y posiciones actuales. No es el objetivo de este artículo hacer el debate con esas posiciones.

Pero no podemos dejar de criticar este documental por omitir esas experiencias políticas que signaron muchos años de su vida militante de Napurí. Tal vez, eso fue el resultado de una “tijera” utilizada por el director, que podó esas partes de las entrevistas. En un libro publicado hace algunos años con su biografía, Napurí llega a conclusiones políticas parecidas a las que expone en el documental, pero incluye capítulos dedicados a esas experiencias que el documental omite[5].

En todo caso, Napurí avaló en los hechos el resultado final: antes del documental, se reprodujo en la sala del Gaumont un mensaje grabado por él en el que se lamentaba no poder asistir por su edad, pero no hace allí ninguna crítica o referencia a estas omisiones.

Aquí cabe hacer un comentario de otro documental realizado con financiamiento del INCAA sobre la figura de Nahuel Moreno y la corriente fundada por él. Nos referimos a “El trotskismo bárbaro”, del director Marcel Gonnet, estrenado en 2015, también en el Gaumont[6]. El director reunió entrevistas realizadas a varios dirigentes que militaron en diversas épocas en la corriente y organizaciones dirigidas por Moreno en Argentina y en Perú, pero que en algún momento se alejaron, rompieron con él, y le hacían duras críticas. En ese documental, Moreno que, además de la LIT, fundó y orientó organizaciones trotskistas en muchos países, es presentado como un burócrata autoritario que cerraba todo debate interno y “liquidaba” a quienes lo criticaban. Una verdadera falsificación de cómo actuaba en la realidad como dirigente.

En este documental, Napurí no realiza ninguna crítica a Moreno, la LIT-CI y el morenismo. Pero (a diferencia de lo que expone en su libro) no dice una palabra de su integración, en 1982, a la LIT-CI, su papel dirigente en ella por más de una década y la gran influencia que tuvo Moreno sobre él en esa época. En otras palabras, Moreno, la LIT-CI y el morenismo son completamente ignorados, como si no hubieran existido en la vida de Napurí ni en la vida política del trotskismo en el siglo XX.

Respetamos su figura porque mantiene, con casi 100 años y más de 70 de actividad política, su llamado a la lucha revolucionaria de las masas y a la militancia por la revolución socialista. Él tiene todo el derecho de haber cambiado sus visiones y posiciones sobre cómo lograr esta revolución e incluso de reivindicar a Hugo Chávez, como una expresión de esta lucha (aunque consideremos que se equivoca en esa posición).

Lo que lamentamos es que haya prestado su figura y su voz para avalar un documental en el que, de modo intencional, se “borra” completamente el papel de Moreno y la LIT-CI en la historia política del trotskismo latinoamericano y, en particular, del argentino.

[1] “Muchas generaciones han luchado por un mundo mejor” | ANCCOM (uba.ar)

[2] Los debates sobre Venezuela – Liga Internacional de los Trabajadores (litci.org)

[3] https://litci.org/es/los-debates-sobre-venezuela/

[4] https://litci.org/es/nahuel-moreno-una-sola-corriente-trotskista-ortodoxa/

[5] Pensar América Latina. Crónicas autobiográficas de un militante revolucionario. Presentación Revista Herramienta

[6] https://play.cine.ar/INCAA/produccion/7775

La lucha de los obreros de Celima contra los despidos

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El miércoles 7 de agosto los trabajadores de la fábrica Celima fueron sorprendidos cuando la empresa les notificó que 216 de ellos eran despedidos como parte de un plan de reestructuración. Un mes después, su organización sindical anuncia una nueva marcha, esta vez a las oficinas de la empresa, reiterando su determinación de luchar hasta ser repuestos, aun cuando esta se perfila larga y difícil.

Ese día miércoles 7 que quedó indeleble en sus memorias, se inició con una invitación de la empresa a una reunión con toda la Junta Directiva de la organización sindical. No era para conversar con ellos sobre el pliego de reclamos que hace un año espera solución, sino era para comunicarles que estaban despedidos. Le siguieron otras reuniones casi en simultáneo en las tres plantas que tiene la empresa, a las que fueron convocadas los 216 trabajadores para comunicarles lo mismo, entregarles una carta justificatoria e invitarlos a acogerse a una renuncia “voluntaria”.

Además de la dirección del sindicato en pleno, la lista incluía a un centenar de sindicalizados, entre ellos a reconocidos activistas del movimiento obrero peruano con más de 20 años de trayectoria de lucha, y a trabajadores con lesiones de trabajo que se encontraban con descanso médico, todos con ubicaciones especializadas y permanentes en distintas áreas de la fábrica.  “Nos han escogido –dice Jack Reyes, uno de la lista y referente clasistas del sindicato–, como parte de un plan de ajuste patronal que busca defender sus ganancias”.

Como el verdugo que debe seguir protocolos antes de ejecutar a su víctima, estas reuniones en realidad solo eran parte de un procedimiento formal e hipócrita como es todo el sistema jurídico burgués que “resguarda” los derechos, para proceder al despido crudo y simple.

La calle en el Perú

Fue brutal. En cualquier parte del mundo un obrero y su familia dependen de su trabajo para vivir aun con penurias. Pero en Perú, con 80% de informalidad o subempleo, desocupación en ascenso e inseguridad y criminalidad desbordadas, la calle equivale a estar condenado al sálvense quien pueda o la muerte lenta; más tratándose de trabajadores que promedian los 45-50 años, con 20 o más en la empresa y con hijos en la adolescencia y en la Universidad; es decir con una vida ya hecha que el despido ahora desmorona.

Fue brutal también porque los tomó de sorpresa. Celima es una conocida corporación empresarial que se ha expandido y lidera el mercado desde hace varias décadas, donde sus trabajadores sentían alguna seguridad y futuro. Ahora, muchos de ellos en la calle no tendrán dinero ni para pagar el recibo de luz.

El grupo Celima-Trébol

Celima es parte de una corporación dedicada a la fabricación y comercialización de revestimientos cerámicos o acabados de construcción. Cuenta con tres grandes plantas de producción, una red de megatiendas y otras fábricas de insumos y de sanitarios, con los que lidera el mercado nacional y exporta a diversos mercados. Fue fundada hace más de 40 años por Augusto Belmont Cassinelli que, junto a su clan familiar, comparte la propiedad del grupo. Y es gestionada por Enfoca, una financista especializada en comprar empresas en quiebra para revenderlas luego de reflotarlas, y que en su página web se presenta como especializada en “mejorar los negocios”, eslogan que los obreros de la corporación pueden dar fe de lo que esto significa en sus propios pellejos.

Su despegue se produjo en los últimos 20 años junto al despegue económico del país motorizado por un modelo liberal que promueve la ganancia capitalista sobre los intereses nacionales y la propia fuerza de trabajo. Creció hasta llegar a construir una moderna mega planta en las afueras de Lima que afirmó su posicionamiento. En el mismo periodo apareció una nueva fábrica de cerámicos de capitales mexicanos, Cerámica San Lorenzo, que apenas llegó a hacerle sombra captando el 18% del mercado. No obstante, la rentabilidad de Celima se ha sustentada no en su cualificación tecnológica ni organizativa sino en políticas de despotismo y precariedad laboral que permiten las leyes y protegen los gobiernos nacionales, en la misma línea de cómo sucedía hace un siglo, cuando los empresarios mineros usaban arrieros para transportar mineral porque resultaban más baratos que traerlo por vía férrea. 

En la última década la economía nacional se resintió cayendo a niveles mínimos, y el último año incluso ingreso a su primera recesión en 30 años, lo que trajo cierre de empresas, reestructuraciones de otras y una ola de despidos que alcanzó a Celima. Pero el impacto más importante que ha sentido la empresa ha sido la reciente aparición en el mercado nacional de una nueva competencia. ¡Y qué competencias! Se instalaron en el país dos megafábricas chinas que han empezado a desplazarla, y hasta amenazan con dejarla fuera de juego en algún momento.

Las multinacionales chinas

Como si desesperadamente faltaran cerámicos en el Perú el último año se instaron dos megafábricas de cerámicos de origen chino: Portalatino, a 100 km de Lima, y Tengda, en Ica, a 300 km de Lima; cada una de ellas con inversiones que promedian los 70 millones de dólares, ocupando áreas superiores a las 30 ha. y con capacidades de producción que fácilmente alcanzan al de Celima. Por ejemplo, solo Portalatino muestra una capacidad de producción de 36 millones de m2 por año frente a Celima cuya capacidad llega en la actualidad a 43 millones. Estamos hablando de empresas que recién se instalan, que crean y desarrollan tecnología y que vienen no solo a copar el mercado nacional sino desde aquí buscan cubrir el mercado de esta parte del mundo. El plan de China es instalar fábricas en esta región para aprovechar el megapuerto de Chancay para cubrir el mercado latinoamericano, por ejemplo, fabricando autos eléctricos.

La guerra recién se ha iniciado este año y sus consecuencias ya se dejan sentir. Portalatino, operando con mil obreros ya atiende el mercado nacional y de países vecinos con precios más baratos que los de Celima, en tanto Tengda, que había anunciado su inicio de operaciones en noviembre del año pasado, aún no lo hace porque se ha enredado en varias denuncias, una de ellas por haber realizado su construcción sin los permisos de ley y otra por corrupción, vínculados con Nicanor Boluarte, hermano de la presidente, que es procesado por vender favores a particulares. Pero el solo inicio de Portalatino ya produjo la paralización casi completa de Cerámica San Lorenzo, cuya mayoría de trabajadores fueron sometidos a suspensión perfecta de labores, y en Celima, donde algo más de un 10% de ellos ha sido colocados en cese colectivo.

¿Qué va a pasar después?

Nadie lo puede saber, lo cierto es que en cualquier caso se vive una nueva realidad, que estará marcada por la creciente presencia de los nuevos cerámicos de las fábricas chinas que irán desplazando a los de Celima y San Lorenzo. Por ahora lo que estas alegan es la aplicación de “reajustes”, pero tratándose de empresas con capitales y tecnologías más rezagadas su horizonte será de ajustes permanente buscando nivelarse con la capacidad productiva de las empresas chinas. No olvidemos que la finalidad del capital es obtener la ganancia media a más, y que esta la logran los que lideran en tecnología –en la que aventajan los chinos– y en el costo de la mano de obra –en el que también aventajan porque emplean mano de obra más barata que Celima y San Lorenzo donde los trabajadores acumularon algunos derechos en años de luchas.

Esta guerra de blancos recién se ha iniciado, pero como Jalisco, ellos nunca pierden sino solamente los trabajadores. En últimas, la opción de los capitalistas siempre es llevar su capital a otras áreas de inversión. La ventaja de Celima no solo es su posicionamiento de marca sino también su control de una red de distribución y de megatiendas a nivel nacional, ventaja que la coloca como candidata a pasar de principal productor a principal distribuidor de cerámicos; papel a la que el modelo de libre mercado tiende a relegar a los burgueses nacionales.

Los trabajadores

Esta es la magnitud de la problemática que enfrentan los trabajadores de Celima y San Lorenzo; en realidad, no es solo un problema de ellos sino de toda la clase trabajadora y que ahora incluye a los obreros de las nuevas fábricas chinas mencionadas. Los trabajadores enfrentan ataques brutales en el marco de las facultades que les da la ley a las empresas para enfrentar casos de crisis y reestructuración. Son procesos largos en los que deben sustentar sus pedidos, pero donde por lo general las decisiones de la autoridad se definen por criterios políticos. Las empresas saben de esta cuestión, pero lo hace y va a seguir cada una de las etapas de dichos procesos sabiendo que al final tienen incluso la vía judicial, dentro de una estrategia dirigida a alargar el proceso para cansar a los trabajadores que, sin recursos económicos, son tentados a vender sus renuncias. Así, por lo general, lo que sucede es que al final los trabajadores pueden ganar pero solo regresará la minoría que pudo resistir; esto es, puede haber un triunfo legal pero una derrota en el terreno de la imposición de los objetivos de la empresa, situación que viene configurando la ofensiva patronal que en los últimos años se viene cebando con los derechos de los trabajadores. Es posible revertir esta situación, por supuesto que sí. De eso se trata la batalla de los compañeros de Celima que han iniciado una dura lucha, una de cuyas manifestaciones se llevará a cabo el jueves 5 de octubre en la oficina de la empresa, al cumplirse el primer mes de los ceses. Una batalla que también representa un llamado a la lucha a toda la clase trabajadora peruana para frenar los despidos y derrotar al gobierno reaccionario de Boluarte.

Una discusión clave frente a la ola de despidos: ¿Confiar en la «justicia» o en la movilización?

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El reciente proceso de cese colectivo en Celima hace parte de una larga lista de cierres, ceses e imposiciones de “suspensiones perfectas de labores”, que desde hace 5 años se ciernen sobre la clase obrera, particularmente la industrial, en el país.

Por Víctor Montes

Siendo, la derrota de los ceses colectivos, una lucha vital para el conjunto de la clase obrera, nos encontramos en un momento dominado por la confusión y falta de movilización, como consecuencia de la política que las organizaciones reformistas, como el Partido Comunista – Unidad, Patria Roja o sus acólitos del ML-19, entre otro, han venido impulsando.

Resulta crucial, entonces, poner en cuestión dicha política y abrir una discusión con el conjunto de la vanguardia obrera sobre el camino a seguir para derrotar los ceses, pero más, para imponer soluciones a la crisis económica y política que asfixia al país.

¿Qué está en cuestión con los ceses?

En primer lugar, el proceso de ceses colectivos, despidos y cierres que se viene desarrollando en el país, hace parte de la profundización de la desindustrialización y desnacionalización de la economía peruana.

Si ya desde la década de 1990 se impuso, bajo las botas de la dictadura fujimorista, un modelo de acumulación en el que el país volvía a exportador materias primas, particularmente minerales, llevando a la quiebra y desaparición a una importante porción de la limitada industria nacional que existía desde la década de 1950, hoy nos encontramos en una nueva “vuelta de tuerca” en favor de ese mismo modelo.

Sin embargo, para los patrones esto no es problema en tanto puedan mantener sus negocios contratando obreros en peores condiciones laborales y salariales, acceder a ser socios menores o ejecutivos de las empresas que vienen a reemplazar sus viejos negocios. O, incluso, si logran pasar al rubro comercial.

En cambio, para los obreros y obreras el cierre de la fábrica es una tragedia. No porque sientan “amor” a la fábrica. Los obreros y obreras odian la explotación. Y en ese sentido, aunque no sean del todo conscientes, buscan mil y una formas de sacarle la vuelta al trabajo. Pero otra cosa es quedarse sin sustento, para ellos, ellas y sus familias.

El cierre de la fábrica, o el cese colectivo, es un salto a la nada, que los lanza a la informalidad y a un mayor grado de explotación y miseria.

Por eso, la lucha contra los despidos, ceses colectivos y cierres de fábrica, hace parte de la lucha de toda la clase obrera y el pueblo pobre contra la dominación imperialista y capitalista, que privilegia sus ganancias por sobre la vida de las personas y el desarrollo del país.

¿Qué papel juega el reformismo en la lucha contra los ceses?

Como todos los reformistas a lo largo de la historia, el Partido Comunista, Patria Roja y un largo etcétera, falsean la realidad y los conceptos con los que se comprende la misma, para así desarmar a la clase obrera en su lucha y mantenerla atada a sus propios intereses electorales.

Así, hablan de “unidad”, pero dividen las luchas de los sindicatos, llevando por separado sus casos al terreno legal, para no hablar de la separación que imponen con la lucha popular en el interior del país, por la que ni siquiera se pronuncian.

Exigen la “caída del ministro de trabajo”, para callar sobre la necesidad de echar abajo al gobierno de Boluarte y al Congreso, que son los actuales garantes de la explotación capitalista e imperialista en el país. Garantes que, ya lo han demostrado, se han impuesto a sangre y fuego y restringido los espacios democráticos en el país.

Llaman “amigos” y “aliados” a congresistas y organizaciones que están completamente adaptadas a la legalidad patronal, que nunca se han manifestado siquiera por el fin de la explotación, pero que para los reformistas son claves pues les abren la posibilidad de pactar alianzas electorales.

Pero fundamentalmente, llaman “lucha” a las demandas judiciales, que es su única estrategia real de acción frente a los despidos. Con esta orientación, sacan a la clase de las calles y las acciones directas de lucha. Con esto, facilitan el debilitamiento de la lucha, que se prolonga en el tiempo y demanda gastos. Dos factores que la empresa tiene y no los trabajadores.

Justamente por eso, para quienes tenemos una comprensión marxista y de clase, está claro que la justicia de los patrones, donde todo se compra y se vende, no es el terreno en el que se desarrolla la lucha obrera en forma natural.

La legalidad burguesa, patronal, si bien ha tenido que reconocer a lo largo de la historia las conquistas que la clase trabajadora ha arrancado a su dominación en base a sus luchas, parte del reconocimiento de los derechos de los patrones por sobre cualquier otro, comenzando por su derecho a la propiedad privada, capitalistas, sobre los medios de producción (fábricas, minas, etc.) y por eso mismo, a la explotación.

Imponiendo esta ilusión en la legalidad burguesa, mantienen la acción de la clase obrera bajo control, atrapada en el mito de que el problema de los ceses se resolverá con una “buena defensa legal”, mientras la vida arrastra a los obreros a buscar nuevos trabajos y a abandonar la lucha directa, en las calles, facilitando así la materialización de los despidos y, la continuidad del gobierno que lo que menos quiere, es que se abra un frente de conflictos en la clase obrera industrial.

¿Cuál es el camino para acabar con los ceses colectivos?

La lucha contra los despidos tiene, por tanto, un conjunto de aristas que la convierten en un aglutinador de la indignación obrera y popular.

Por un lado, enfrenta la desesperación de la patronal por garantizar sus ganancias a costa de la vida de los obreros, obreras y sus familias.

De fondo, se enfrenta al avance en la subordinación de la economía nacional a las grandes transnacionales imperialistas que desindustrializan el país para ganar más.

Como pieza en el juego de la correlación de fuerzas entre la clase obrera y los patrones, abre la posibilidad de revertir las condiciones desfavorables que el gobierno de Dina Boluarte, de la mano con el Congreso, ha creado a partir de la feroz represión con la que se impusieron y la defección de los autodenominados sectores “democráticos” a continuar luchando.

Y en el de la organización obrera, plantea la necesidad de superar a la dirigencia reformista, encabezada por el PC, que ha adormecido a los trabajadores y trabajadoras y desmoralizado a los luchadores del sur y a la propia clase obrera.

Pero para que la lucha contra los ceses logre convertirse en un factor central de la lucha de clases, que haga frente de manera efectiva todos estos aspectos de la situación del país, es imprescindible “tejer fino”.

En primer lugar, es clave llamar a la más amplia unidad de acción contra los ceses y despidos, impulsando reuniones, asambleas y la coordinación de los sectores afectados, estén o no sindicalizados, y llamando a las organizaciones del pueblo a ser parte de la misma lucha.

En esto, las dirigencias tienen su propia responsabilidad. Aunque suene contradictorio, es imprescindible exigir a la CGTP, la CUT, la FETRIMAP y demás federaciones del ámbito sindical, que son las responsables concretas de las organizaciones obreras a nivel nacional, que se pongan al frente y concreten una acción de lucha unitaria, que debería ser un gran paro combativo, que junto a la exigencia de la caída de los ceses, y la reposición de los despedidos y despedidas, sume a sus banderas las necesidades del pueblo pobre.

Ahí donde se pueda, y lo exija la realidad, los obreros y obreras organizadas tendrían que tomar las fábricas para impedir su cierre y los despidos, poniendo a funcionar las máquinas bajo su propio control, tal como vienen funcionando más de 400 empresas en Argentina desde la crisis de 2001.

Y por último, hay que reivindicar, como salida de fondo, la nacionalización de las empresas que despidan a sus trabajadores, o que cierren sus plantas. Solo así, se puede garantizar que todos los obreros y obreras mantengan sus trabajos. La fábrica entonces debe pasar a funcionar bajo control de sus trabajadores, del comité de fábrica, que debe organizar la continuidad de la producción, mientras el Estado garantiza la compra de materias primas, el pago de la energía, etc.

Necesitamos una dirección para esta lucha

Será solo en ese terreno, el de la lucha directa, el de la acción masiva del pueblo trabajador en las calles, en el que se podrá definir el destino de los ceses.

Esto exige organizar de forma independiente y políticamente a los sectores más combativos, para construir una dirección que de forma consecuente, combativa y clasista, se ponga a la cabeza de la pelea por la reposición inmediata de todos los despedidos y despedidas, la prohibición de los ceses, de la “suspensión perfecta de labores”, y demás mecanismos con que la patronal ataca el derecho elemental al trabajo.

Solo así, pondremos coto a la ola de ceses y despidos. Y abriremos, al mismo tiempo, el camino a la lucha por el poder y el socialismo.

Esta es la tarea a la que se aboca el Partido Socialista de los Trabajadores, que sin ninguna confianza en la legalidad patronal, levanta las banderas de la lucha directa de la clase obrera por sus derechos y más sentidas necesidades.

La clase obrera ante el desafío de responder los despidos

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Escribe: Manuel Fernández

En Celima arrancamos el año con el aviso que los almacenes de productos terminados se encontraban en sobrestock, pese a las paradas de planta que se habían sucedido el año anterior. No demoró mucho para que la patronal decidiera paralizar algunas líneas de producción en la sede de SMP y luego convocar a los trabajadores de esas líneas para comunicarles que “ya no hay trabajo”, chantajeándolos a aceptar un acuerdo de retiro voluntario bajo la amenaza de ser despidos.
La información cayó como bomba entre los trabajadores afectados, la mayoría sindicalizados, y creó un ambiente de derrota entre ellos. La noticia rápidamente corrió por toda la planta.
Sin embargo, también surgió una rápida respuesta desde el sector de trabajadores con más experiencia y largos años de lucha. Ellos promovieron reuniones en puerta de fábrica para discutir la problemática, y tomar conciencia de la necesidad de defender los puestos de trabajo y se pusieron en pie de lucha. Lograron también empujar a la dirección sindical a convocar una asamblea general, en la que también lograron que se resuelva romper la negociación colectiva en trato directo y preparar la huelga como respuesta a la amenaza de despidos.
La siguiente asamblea no ratificó este acuerdo porque la directiva se preparó para revertir el acuerdo anterior. Para ella se trataba, y se trata, de priorizar la continuidad del diálogo con la empresa con la esperanza de alcanzar una solución al Pliego de Reclamos, a expensas de dejar que corra los planes de despido de la empresa. ¿De qué valen los supuestos aumentos si un gran sector de trabajadores no podrá gozar de ellos? Aún peor: ¿si la patronal está aplicando un plan de despidos masivos, no es absurdo esperar que te ofrecerá aumentos satisfactorios?
En todo caso, por encima de cualquier pretensión reivindicativa, no hay nada más importante y sagrado que defender los puestos de trabajo cuando estos son amenazados.
Como era de prever, el problema se agravó. Ahora circula la información que la sede de SJL cerrará sus operaciones este año dejando a 250 trabajadores en la calle. Esto sucede mientras la directiva sigue “dialogando” con la patronal, no solo sin lograr ninguna solución al Pliego sino atándose las manos para no hacer nada.
En la planta de SMP donde se anularon líneas de producción, gracias a la firme respuesta de la base logramos que todos los trabajadores afectados fueran reubicados, en la misma planta o en otras sedes. Se trata de seguir este camino.
Los despidos y amenazas están a la orden del día en otros centros laborales. Las patronales defienden sus tasas de ganancias haciendo pagar a los trabajadores las consecuencias de la “crisis”, y donde pueden los echan masivamente a la calle, en otros disfrazan los despidos con invitaciones al retiro, no sin antes desplegar una política de hostigamiento para que acepten este final. Debemos definir que ante esto hay que salir a luchar.

El problema de la normalidad de los despidos
Muchos compañeros, presos de la presión patronal y la ausencia de una respuesta de sus dirigentes, terminan aceptando los despidos y renuncias “voluntarias”. Dicha política es la que se impone desde la CGTP y la FETRIMAP, que enfocan el problema como un tema solo legal, creando expectativas en las resoluciones de las autoridades del Ministerio de Trabajo y, en últimas, del Poder judicial, que demoran años, en lugar de la lucha.
La lucha legal no es un aspecto que se deba subestimar. Pero sin organizar la respuesta unida de los trabajadores en defensa de su derecho al trabajo, no hay lucha legal que valga. Los despidos o los cierres de fábricas (y plantas) por temas económicos u otros pretextos pueden cubrirse de falsa “legalidad”. Pero ante ellos lo que siempre debe primar es la defensa del derecho al trabajo, para obligar al patrón a respetarlo.
La patronal defiende sus ganancias echando trabajadores. Los trabajadores debemos defender nuestro derecho al trabajo, que es un derecho humano porque garantiza el mínimo sustento de nuestras familias. Y este derecho no se regala sino se defiende.
Por ello, ante la arremetida de la patronal de Celima hay que luchar, haciendo honor a nuestra trayectoria y como ejemplo para toda la clase trabajadora.

Un llamado a la rebelión obrera y popular

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Los ataques del gobierno y el Congreso que no tienen fin y agravan la crisis nacional y la penuria que sufren las mayorías obreras y populares, causan también el regreso de las luchas. Las mayores de ellas se anuncian para el mes de julio.
En medio de infinidad de despropósitos como la que pretende impunidad para todos los criminales y corruptos y entornillar en el poder a los sectores reaccionarios, el gobierno y el Congreso ya impusieron nefastas normas antipopulares, como el DL 1620 que favorece la privatización de los servicios de agua y el alza de sus precios, y la Ley 31973 que amenaza con una mayor deforestación de la amazonia en beneficio de las multinacionales extractivistas.
Como si esto fuera poco, ante la crisis de su modelo de economía neoliberal, sumiso al capital y a los mercados extranjeros y que solo está trayendo nuevos millones de pobres, cierres de fábricas y más desocupación, ahora intentan una corrida hacia adelante forzando la salida de proyectos mineros que tienen el masivo rechazo de la población, como son los de Tía María y Conga.
Todo esto, no obstante, ya es respondido por diversos sectores que salen a la lucha en todo el país, desde los comuneros de Apurímac y Cajamarca, los pobladores del valle del Tambo, la población que se moviliza en defensa del agua y las organizaciones obreras que enfrentan los despidos, incluso enfrentando la feroz represión de Boluarte.
Pero el descontento es mayor y se extiende a todos los estratos sociales, mostrando a un gobierno y Congreso absolutamente aislados, y que coloca nuevamente en agenda la salida de adelanto de elecciones.
Ante esto la dirigencia de la CGTP, después de haber traicionado la gran rebelión del sur y luego de haber convivido con el nefasto régimen de Boluarte, ahora se ve en la necesidad de convocar a un Paro Nacional para el 19 de julio, en realidad una jornada de lucha, porque la Central no quiere ni garantiza ninguna paralización efectiva de labores, buscando apuntalar esa salida política.
Esta política, en el mejor de los casos, podrá lograr ese objetivo parcial, pero no las demandas democráticas revolucionarias planteadas en las luchas del sur y que apuntan a la derrota del régimen en su conjunto y a la convocatoria a elecciones a una Asamblea Constituyente para que resuelva la nacionalización de la gran minería y los recursos naturales, la independencia nacional y las demandas de educación, salud y vivienda.
Ahora se suma la demanda de juicio y castigo para Dina Boluarte y todos los responsables de las masacres perpetradas en ese periodo. En el peor de los casos, solo alcanzará para negociar una salida ordenada del régimen con vistas a la convocatoria a elecciones del 2026, para la que se alistan todos, incluido los que hoy fungen de luchadores.
Desde otros sectores regionales y en especial del aguerrido sur peruano, se convoca una nueva marcha hacia Lima, para protagonizar nuevas jornadas de lucha los días 28 y 29 de julio.
Ante esto, los trabajadores estamos llamados a realizar asambleas y discutir esta problemática. Hay que disponernos a participar de manera organizada y con todas nuestras fuerzas en las jornadas convocadas para el 19, 28 y 29 de julio. Hacerlo con la conciencia de que necesitamos recuperar fuerzas, poner en pie a un nuevo activismo y recuperar la unidad obrera en la acción. Y, discutiendo la necesidad de una nueva rebelión, en la forma de una huelga general que lleve a la derrota definitiva del régimen y a conquistar las banderas democráticas revolucionarias del sur, en la vía de una verdadera salida de fondo para los problemas nacionales y los de la clase trabajadora.
Una gran tarea para la cual necesitaremos también poner en pie un nuevo instrumento político, una verdadera dirección revolucionaria con los mejores luchadores y luchadoras, que garantice llevar a cabo dichas tareas, y en la que el PST se coloca en la primera línea.

Palestina no está en venta

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Para el magnate de extrema derecha que llegó a la presidencia, Donald Trump, todo es un mostrador de negocios y su propiedad, como representante del imperialismo estadounidense. Así, ha intentado chantajear a gobiernos, Estados, estudiantes y trabajadores. Los palestinos, que jamás renunciarán a su derecho de autodeterminación, ya lo han advertido: Palestina no está en venta.

Por Soraya Misleh

Este es el grito que resonó el 4 de febrero en las calles de Washington durante las protestas que exigían el arresto del criminal, subordinado de Trump, Benjamin Netanyahu, y denunciaban el apretón de manos manchado con sangre palestina.

La descarada propuesta de Trump de que Estados Unidos tome el control de Gaza, junto con el genocida primer ministro israelí Netanyahu, es parte de estas negociaciones, después de 15 meses de genocidio en Gaza, para la normalización, sobre todo con Arabia Saudita, y un deseo de consolidar un negocio familiar largamente acariciado: transformar a Gaza, en las propias palabras de Trump, en una riviera, con resorts y emprendimientos inmobiliarios para dar la bienvenida a multimillonarios en sus vacaciones de verano. Entregar a su yerno, el sionista Jared Kushner, este “negocio con China” –en la expresión popular utilizada para referirse a algo extremadamente rentable y ventajoso-.

Trump y Netanyahu reunidos en la Casa Blanca.

Trump justificó hipócritamente su espuria propuesta afirmando que Gaza estaba destruida e inhabitable, que sería un lugar de mala suerte para el pueblo palestino, de muerte, de bombas. Y que lo mejor para el pueblo palestino sería tener otro lugar permanente fuera de allí donde establecerse.

El tono cínico era el de un padre preocupado por sus hijos que no pueden tomar decisiones por sí mismos, al lado del principal responsable del asesinato, en solamente los últimos 15 meses, de más de 60.000 palestinos en Gaza, la mayoría de ellos mujeres y niños, y que tenía en su rostro una sonrisa tan cínica y abyecta como la de Trump, la sonrisa de alguien que confía en su patrón y se siente cómodo al lado de su jefe.

Ridículamente, después de que Estados Unidos suministrara miles de millones de dólares, toneladas de armas y bombas para el genocidio en la estrecha franja –y aumentara la apuesta para avanzar aún más en la limpieza étnica que ya estaba en curso en Cisjordania, como se vio después del alto el fuego en Gaza–, Trump culpa a la mala suerte de Gaza. Y dice que a los dos millones de palestinos les encantaría irse de ahí, ignorando las imágenes históricas del retorno de los desplazados en la franja del sur para el norte, cantando y superando el dolor. Ignorando las escenas de palestinos limpiando los escombros de sus hogares, improvisando la supervivencia, garantizando la reconstrucción con la misma firme promesa de que no olvidarán ni perdonarán a los criminales contra todo su pueblo.

La deshumanización y el racismo del colonizador se expresan en la bizarra escena Trump/Netanyahu, transmitida sin vergüenza al mundo. Obviamente, en la foto reciente, el pueblo palestino ha estado ausente de las decisiones sobre su presente y su futuro, como incapaz de tomar su destino en sus propias manos. Este ha sido el caso de la continua Nakba, la catástrofe palestina cuya piedra angular es la formación del Estado genocida de Israel en 1948. La ideología orientalista impregna cada gesto y acción del imperialismo estadounidense y su enclave militar, Israel, cuyos métodos fascistas exponen su verdadero rostro al mundo.

El pueblo palestino, como siempre lo han considerado los dirigentes sionistas en su proyecto colonial y lo han registrado en sus diarios desde sus inicios (finales del siglo XIX-principios del XX), debe ser despreciado o eliminado, colonizado para su propio bien. Esta es la retórica que Trump expresó en su discurso del 4 de febrero, al lado de Netanyahu.

Gaza no tiene mala suerte, es la tierra de héroes y heroínas, la tierra de Palestina. El pueblo palestino resiste. E inmediatamente dio la respuesta: sólo podemos dejar Gaza para regresar a las tierras que nos fueron robadas en 1948, es decir, para retornar a nuestros pueblos y ciudades de donde fuimos expulsados ​​violentamente en la Palestina histórica, que el mundo llama hoy “Israel”. El ochenta por ciento de los palestinos en Gaza son refugiados.

La propuesta, tan indecente, ha provocado una ola de condena internacional, incluso por parte de Estados históricamente cómplices de la continua Nakba. Trump no tuvo reparos en intentar humillar a los regímenes árabes tutelados por el imperialismo, como Egipto y Jordania, para hacer válida su propuesta: nos deben mucho, lo aceptarán. El rechazo vino de todos, incluida Arabia Saudita, una vez más en la mesa de Trump y su proyecto de capitanear la reanudación de la normalización con Israel.

Saben que la lucha por la liberación de Palestina es la causa madre de todos los pueblos árabes oprimidos y explotados. Y que apoyar la limpieza étnica de dos millones de palestinos crearía inestabilidad, con una alta probabilidad de revueltas y revoluciones. Trump arrojó sus palabras al viento en la lógica del mostrador de negocios.

Este proyecto no es nuevo. Durante su primer mandato incluso consideró enviar palestinos al Congo o a otro país africano. No llegó a nada, aunque sí logró avances en el intento de enterrar la causa palestina en sus infames Acuerdos de Abraham, es decir, la normalización de las relaciones de Israel con los regímenes árabes.

La acción coordinada de la resistencia palestina en octubre de 2023 interrumpió este proyecto. Fue una consecuencia de la continua Nakba, con una colonización cada vez más profunda y una limpieza étnica lejos de los ojos del mundo, mientras sus líderes seguían estrechando manos sionistas manchadas de sangre palestina sin sentirse culpables. A estas alturas, todo el mundo sabe que el próximo gran éxito sería Arabia Saudita. Trump, en su tablero de “Monopoly” [banco inmobiliario], está ávido por mudarse a la casa de donde el imperialismo se vio obligado a detenerse.

Inspirada en la firmeza y persistencia del resistente pueblo palestino (sumud en árabe), cabe a la solidaridad internacional fortalecer la movilización para impedir los planes de Trump en favor de la paz de los cementerios y la prosperidad (como negocio lucrativo para sus multimillonarios y títeres).

Para él, el mensaje de la niña palestina Maria Hammoun, sobreviviente del genocidio en Gaza, poniéndolo en su lugar: “Si le pido salir de su casa y de su tierra, y viva en China o Egipto, ¿aceptaría? Lo siento mucho por mi risa, pero la verdad es que no estaría de acuerdo. Entonces, si usted se niega, ¿cómo espera que yo acepte ser forzada a salir de mi hogar y de mi tierra? ¿No son ustedes el país de la libertad alrededor del mundo? ¿De qué libertad habla cuando quiere restringirnos en nuestra natal y en la diáspora? Un consejo para el presidente del mundo: usted controla el mundo entero excepto Gaza, porque Gaza es el mundo”.

¡Palestina no está y nunca estuvo en venta! Como lo transmitieron de generación en generación nuestros padres y abuelos expulsados ​​en 1948: nuestra tierra y nuestra libertad no tienen precio. En palabras del poeta palestino Rafeef Ziadeh, los palestinos enseñan vida, señor.

Traducción: Natalia Estrada.

¡Exijamos a la Fetrimap y CGTP un Plan de lucha hacia un Paro Nacional, YA!

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La FETRIMAP y su dirigente Gilmer Ibañez se han ganado el reconocimiento de numerosas bases sindicales por su lucha en defensa de los derechos laborales en las instancias del Ministerio de Trabajo. Como federación, además, es la única que con regularidad moviliza a sus bases detrás de diferentes reclamos.

Esta actividad, que trajo resultados positivos a algunas bases en sus primeros momentos de organización y lucha, ahora se agota ante el endurecimiento empresarial en todos los terrenos. Por esto vemos que los ceses colectivos se extienden como una mancha negra sobre la clase trabajadora, los pliegos de reclamos no tienen solución aun con huelgas largas, y, de manera general, el empleo formal se reduce más convirtiendo al país en una nación de informales y los salarios pierden más su valor, al mismo tiempo que los derechos laborales sufren deterioro y retroceso.

Las empresas pretextan problemas, pero la realidad de fondo es que desatan su ataque general sobre la clase trabajadora aprovechando la coyuntura reaccionaria iniciada con el gobierno de Dina Boluarte, que en alianza con el Congreso favorece de lleno todas las políticas empresariales. En el mismo Ministerio de Trabajo, por ejemplo, ha sido colocado Daniel Maurate, un personaje ligado a los grandes estudios patronales que declara improcedente las huelgas y da la espalda a los numerosos reclamos sindicales. Algunas veces cuesta entender que los empresarios, cuanto más ganan buscan ganar más.

En esta situación, las luchas sindicales que siempre son duras ahora chocan con una pared y no encuentran solución, y son llevadas al desgaste o a la derrota. Así vemos la lucha de Celima que ya cumple seis meses enfrentando ahora un segundo cese colectivo, y de varios sindicatos en huelga con algunos que ya llevan más de 100 días sin que logren que los empresarios se sienten ni a conversar.

Ante esto la FETRIMAP y la CGTP se han visto obligadas a convocar algunas movilizaciones. Pero ya no son suficientes porque no traen ningún resultado. Y es posible que todo siga igual si no cambia esta orientación de movilizaciones parciales. Ya no se trata de enfrentar inequidades de esta entidad ni abusos empresariales aislados, sino se trata de enfrentar la política del gobierno y de la misma CONFIEP, como hacen otros sectores sociales del país, y que requieren acciones más contundentes.

Por ejemplo, la FETRIMAP y la CGTP reclaman a la autoridad que ante los ceses colectivos “acote” la medida, pero no dice qué significa esto. Y ante la prolongación de las huelgas le piden que aplique la ley interviniendo como árbitro para resolver el conflicto, como hizo el año 2022 ante el sindicato Costeño cuando llegó a los 100 días de huelga. Esto es, ofrecen “humo”, no verdaderas salidas o soluciones para los que luchan.

Ante los ceses colectivos la verdadera salida es la derogatoria de la norma que los facultan, junto a la suspensión perfecta, porque no hay forma de proteger el trabajo ante los abusos empresariales. Ante los reclamos salariales, se trata de demandar un aumento general de acuerdo al costo de vida lo que de manera automática elevará el piso salarial. Y se trata de hacer respetar el derecho irrestricto a huelga, a la negociación colectiva y a la libertad sindical vulneradas por los empresarios usando las mismas prerrogativas que le ofrecen las leyes.

En buena cuenta, se trata de una lucha por la derrota de la política patronal y por la derrota del mismo gobierno que lo protege. Así y solo así se podría abrir un nuevo escenario que favorezca a los reclamos y a las luchas de los trabajadores. Así se lograría que las huelgas sean resueltas y que se ponga fin al cese colectivo en Celima y en otras fábricas.

Y esto solo se pueda hacer uniendo y sacando a la lucha al conjunto de la clase trabajadora.

Esto significa que la CGTP y la FETRIMAP, como centrales representativas, plasmen un plan de lucha unificado y, dentro de ella, promuevan un verdadero Paro Nacional, con una plataforma que una las reivindicaciones obreras y populares. Pero sus dirigentes no lo hacen ni quieren hacerlo porque su eje es conciliar con los empresarios, e incluso con el mismo gobierno.

Por esta razón estas medidas deben ser reclamadas por las bases e impuestas por ellas, sobre todo por las que están en conflicto, que deben empezar a pronunciarse y a coordinar sus acciones poniendo en práctica la lucha unitaria. Hay que hacerlo porque es lo único que puede y debe garantizar que ganen y que se evite más desgastes y derrotas.

Así también estaremos abriendo la vía para volver a la lucha nacional con los sectores populares, contra la criminalidad, por libertad de los que están presos, por juicio y castigo a los responsables de la masacre de la rebelión del 2022-2023, y por fuera el gobierno de Boluarte y de su Congreso corrupto.

Gobierno y Congreso corruptos encienden indignación obrera y popular

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La crema y nata del poder político y la corrupción en el Perú, que tiene cuentas pendientes por los asesinatos, leyes a favor de las organizaciones criminales empezando por las suyas propias, y hasta la red de prostitución que han montado para aprobar dichas leyes, asumen que la población puede pasar por alto todo eso pegándose a figuras igualmente despreciables como Javier Milei o Donald Trump.

La presidenta Boluarte y altos cargos en el gobierno y el Congreso, exhiben su admiración al reaccionario Donald Trump que inicio su segundo mandato. López Aliaga incluso se ausentó de Lima agravando su desastrosa gestión, para asistir a la toma de mando; él, junto a Javier Milei, el verdugo del pueblo argentino en uno de los más salvajes ajustes de la economía, aplaudieron los anuncios del presidente yanqui, incluyendo las masivas y denigrantes expulsiones de inmigrantes latinos.

El fanatismo de dichas autoridades es un acto de traición a los intereses de la comunidad latinoamericana y del Perú, para cuyos países Trump también anunció medidas de endurecimiento en las relaciones comerciales, amenaza de usurpación del Canal de Panamá, entre otros anuncios despóticos.

Neoliberalismo, vieja fábrica de sobre explotación y pobreza

Los partidos actualmente en el poder en el Perú, el fujimorismo, el acuñismo, el porkysmo y sus aliados ocasionales, amparados en la red de impunidad que han tejido en las principales instituciones del Estado, no hacen más que disputar un papel servil de las ambiciones imperialistas de la era Trump en la región, extendiendo un plan económico que en el Perú es un viejo conocido.

En este país prácticamente todo se liberalizó y privatizó, hasta la educación y la salud. La inversión extranjera tiene carta libre para explotar y lucrar con las riquezas nacionales, especialmente mineras, y la libertad de empresa y de enriquecimiento desmedido ha acelerado especialmente ante tragedias o situaciones como una pandemia.

Además, el rol del Estado se ha reducido tanto que es un Estado incapaz de responder ante cualquier emergencia nacional, climática o sanitaria, o incluso ante el actual crecimiento de la ola criminal de extorsiones y sicariato. En fin, a pesar de varias décadas de «bonanza» neoliberal, la mayoría de la población debe buscar una fuente de ingresos en la economía informal o ilegal en condiciones de mayor sobreexplotación, y muchas veces no alcanza ni eso, cayendo en la pobreza o padeciendo a su suerte las embestidas de desastres naturales o crisis sanitarias.

El repudio popular a las consecuencias de ese plan se expresó de múltiples maneras, lamentablemente siempre fueron desviadas detrás gobiernos que abandonaron sus promesas de campaña electoral. Las últimas grandes manifestaciones del rechazo popular se dieron en las elecciones de 2021 y en la rebelión del sur de 2022-2023, esta última salvajemente reprimida con decenas de asesinatos y muchos heridos graves por orden directa de Dina Boluarte y su gobierno, y con el blindaje del Congreso.

Neoliberalismo se adapta a todo

El tiempo ha puesto en claro el objetivo de Boluarte, el fujimorismo y la ultraderecha al atornillarse a cualquier costo en el poder. A los males conocidos se sumó una profunda descomposición graficada en leyes que favorecen al crimen organizado, especialmente a los partidos u organizaciones criminales que controlan el Congreso, y más “libertad” a la voracidad de las grandes empresas. Hicieron de todo para sostener ese modelo corrupto, incluso montar en el Congreso una red de prostitución, extorsiones y sicariato que ha quedado al descubierto.

Esa red no solo muestra al Congreso literalmente como un palacio-burdel con proxenetas y meretrices en planilla, sino que también saca a luz la ruptura de la legalidad en la forma como se toman las decisiones en el Legislativo, donde el servicio sexual es utilizado como un medio de cambio más para comprar votos de congresistas, equivalente a la compra en contante de la época de la dictadura fujimorista.

Leyes al gusto de diversos grupos de interés, fueron votadas sin debate y al caballazo. Por ejemplo, la ley que modifica la Ley Forestal a favor de grupos empresariales; las leyes que otorgan impunidad para los corruptos, o que hacen inviable la investigación de crímenes o casos de corrupción de altos funcionarios; favorecimiento a organizaciones criminales de la minería ilegal; mientras que para sectores de la clase trabajadora se dictan leyes draconianas, como la destitución automática de maestros pisoteando derechos reconocidos en la Constitución, y hasta atentan contra el uso del derecho a la huelga y la protesta.

Si la democracia imperara realmente en este mal llamado régimen democrático, el escandaloso destape habría motivado que dichas leyes se anulen ipso facto, previa destitución y encarcelamiento de los responsables.

Todo tiene un límite

Los grupos en el poder, así como la patronal que se enriquece con el plan neoliberal, son los responsables de la actual situación de descomposición, así como del avance impune y sin freno de las extorsiones y el sicariato; como también de tragedias ecológicas sin respuesta eficaz como el derrame de petróleo de Petroperú en Piura, a tres años del derrame de Repsol en La Pampilla, que sigue pendiente de resolución.

Agravando esta situación, las empresas que acumularon jugosas ganancias en las últimas décadas y hoy vuelcan sus ganancias a la adquisición de otros negocios en el país y en el extranjero, vienen aplicando despidos o ceses colectivos dejando en la calle a los trabajadores que crearon esa riqueza. En el marco del gobierno de los corruptos, la patronal actúa de manera abusiva y con impunidad.

Asimismo, el fujimorismo exhibe su influencia en el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, los cuales han puesto en bandeja uno de los puntos clave del plan fujimorista, que es el regreso a fojas cero del juicio por lavado de activos que se le sigue a Keyko Fujimori; mientras dicta la excarcelación de criminales de la época de la dictadura fujimorista como en el caso de Nicolás de Bari Hermoza.

La derrota del gobierno y el Congreso sigue siendo la prioridad

Frente a esta situación crece la indignación y las muestras de rechazo incorporando nuevos conflictos. Las paralizaciones de transportistas contra las extorsiones y el sicariato que siguen recrudeciendo apuntan a reactivarse; las protestas de pescadores y poblaciones afectadas por los derrames de petróleo en Piura, e incluso el ocurrido hace tres años en Ventanilla que sigue sin solución; además, diversos gremios magisteriales vienen protestando contra la ley inconstitucional que impone la destitución automática de profesores; y los pueblos del sur reactivan sus protestas contra el gobierno por la impunidad de los asesinatos manifestantes de hace dos años. A ello se suma la lucha de sindicatos obreros que exigen en las calles reposición y anulación de los abusivos ceses colectivos dictados arbitrariamente por la patronal.

En la medida que estas luchas puedan vencer su aislamiento y dispersión, la soberbia de los grupos en el poder podría tener sus días contados. El avance de la organización de los trabajadores y el pueblo, y la coordinación y centralización de las luchas dispersas, es una necesidad urgente pues la situación demanda soluciones que no pueden esperar. La dinámica de los actuales conflictos viene cuestionando seriamente la política conciliadora de la izquierda reformista y las centrales, reclamando una política de movilización. La incorporación de otros sectores en lucha plantea la posibilidad de retomar la gesta de la rebelión del sur, con nuevos actores en Lima y en varios lugares del país, sumando a las sentidas demandas sociales alternativas obreras y populares al plan neoliberal y a su podrida democracia, incluso defendiendo la demanda popular por una asamblea constituyente.

La lucha del sur: dos años de impunidad e injusticia

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Por Miguel Reyes

Se conmemoró el 2do aniversario de la masacre del gobierno de Dina en Juliaca y en toda la región sur, y con esto el recuerdo de la lucha histórica y política más importante de las últimas décadas. Una heroica batalla que necesita nuevamente ser discutida y evaluada para sacar las mejores lecciones y retomar la movilización por las justas banderas que levantó esa rebelión.

El recuerdo de las víctimas se mantiene  

Al cumplirse dos años de los trágicos sucesos entre diciembre de 2022 y enero de 2023 que dejaron decenas de muertos, incluidos dos menores de edad, se celebraron en Puno y en otras regiones del sur. Durante estas jornadas, sobrevivientes, deudos, activistas y ciudadanos se unieron en emotivos plantones, misas, vigilias y marchas para exigir justicia y recordar a las víctimas.

El episodio trágico de los más de 60 asesinados por disparos con armas de fuego según los certificados de la necropsia, cumple dos años de impunidad, formando parte de las decenas de casos, como el de Inti y Bryan que aún esperan justicia, a causa de la durísima represión que los gobiernos de turno de las dos últimas décadas han aplicado con el apoyo de las leyes y del régimen “democrático” que tanto defiende el empresariado.

El Estado no garantiza justicia

Pasaron dos años y aún continúan lentamente las investigaciones por el delito de homicidio y lesiones en las protestas del sur. Y los altos mandos, incluyendo al gobierno, siguen, como era de esperarse, intentando lavarse las manos y acusándose mutuamente.

La declaración de hace algunos días del general del Ejército peruano es una prueba de ello: “Desde ahí nace la orden (de Dina Boluarte), y la orden tiene que ser bien emitida para que llegue hasta el último soldado, que es el nivel táctico, y se pueda cumplir la misión…” Así como la de Dina en una entrevista: “Los ministros ni la presidenta tenemos comando para decidir sobre los protocolos que las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional tienen”. No obstante, todos ellos son responsables, puesto que se sabe muy bien que, según la misma Constitución, quien dirige el sistema de defensa es el presidente, y quien aplica y monitorea directamente los conflictos internos son los altos mandos militares y policiales.

Hay aún mucha incertidumbre por parte de los familiares y amigos, que saben que dicha denuncia e investigación al final podría ser archivada o, en el mejor de los casos, tardar años para una sentencia paupérrima, sabiendo aún más que en las dos últimas décadas no se ha condenado a ningún presidente por ese tipo de delitos, como el que se le imputa a Dina Boluarte. Además, por la gran corrupción en todo el sistema judicial, que ahora está a punto de archivar la denuncia contra Keiko y también la prisión preventiva contra Cerrón.

Las demandas del sur siguen vigentes

La gran lucha del sur que fue aplastada por la represión del gobierno corrupto de Dina levantó banderas que están más que vigentes. El cambio del actual régimen político podrido por medio de una Asamblea Constituyente que recupere los recursos naturales del país y saque a las actuales autoridades de sus cargos fue una de sus demandas más importantes, puesto que expresaba el sentimiento general de rechazo que aún se mantiene tanto al Congreso como al Gobierno, instituciones a los que solamente les preocupa sus propios intereses y la economía de los medianos y grandes empresarios, formales e informales. De ahí que dicha situación la estén aprovechando muy bien empresarios como Belmont para atacar y despedir obreros del sindicato Celima.

Aquella rebelión tenía dicho trasfondo y no simplemente una simpatía hacia Castillo que, a pesar de que no había hecho casi nada para cumplir las promesas con las que salió ganador en las elecciones del 2021, tenía cierto respaldo y simbolizaba la esperanza por un cambio para los millones de pobres, especialmente de las zonas altoandinas. Es por eso que necesitamos recuperar nuevamente la confianza y la organización para pelear contra un Gobierno que defiende los intereses empresariales y a corruptos, y que es sostenido por un Congreso de la misma calaña. Unir esa lucha con los que hoy luchan en las calles por la reposición de sus empleos, la solución a sus pliegos de reclamo y una mejor calidad de vida es una tarea impostergable.

Construir una salida obrera frente a la criminalidad

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Por Víctor Montes

¿Qué hay tras la ola de violencia criminal que ya deja 106 asesinatos en los primeros 20 días de este 2025, y 50 ataques con explosivos en ese mismo periodo? ¿Qué podemos hacer los trabajadores y el pueblo, ante la evidente incapacidad del gobierno para hacer frente a esta problemática?

El llamado “crimen organizado” no es otra cosa que un conjunto de grandes negocios, que han venido creciendo con el pasar de los años.

Esos negocios, ilegales y sumamente rentables, requieren del control de extensiones del territorio nacional para explotar, extraer y exportar su mercancía o, en el caso de la extorsión, imponer su voluntad.

De ahí que desarrollen sus propias fuerzas armadas, contratando sicarios y realizando atentados, cuando no, disputando bala a bala el control del territorio a otras bandas o al Estado.

Un Estado en plena fusión

Pero para que esta guerra por el control del país se desarrolle, también una parte de las autoridades deben adaptarse al poder el crimen. Por un lado, oficiales de la policía y las FF.AA. deben “mirar a otro lado” o directamente entrar al negocio, protegiendo las zonas de producción o transporte.

Por otro, comisarios, jueces, fiscales, regidores, alcaldes, congresistas, ministros y presidentes… todos se encuentran al alcance del dinero que estas bandas criminales manejan para proteger sus intereses. No debe sorprendernos, por eso, que un representante directo de la minería ilegal, como Eduardo Salhuana, sea presidente del Congreso de la República. O que diversas bancadas en el Congreso hayan contribuido a debilitar la ya ineficaz legislación que existe sobre este tema, reformando la Ley de crimen organizado en beneficio de las bandas criminales.

De ahí que el Estado se muestre completamente incapaz de encarar esta problemática.

Nadando en el lodo

En este marco, mientras la gran patronal convive con los negocios ilegales, en tanto estos no se metan con sus negocios, los sectores más pobres de la población, esos que el modelo económico neoliberal mantiene al margen, sin trabajo fijo, y condenado a la mera supervivencia, toma el camino de convertirse en agente a sueldo del crimen organizado y así encontrar una fuente de ingresos, a veces por encima del promedio, al costo de poner en riesgo su vida, o acabar con la de otros.

Es la combinación de enormes negocios ilegales, protegidos en los hechos por un Estado corrupto y al servicio de las ganancias capitalistas, lo que empuja a la población más pobre a esta salida desesperada. Y por eso el Estado se muestra absolutamente incapaz de hacer frente a este flagelo, no importa cuántos “estados de emergencia” declare.

¿Cuál es la salida?

La respuesta que un sector de trabajadores informales, ligados al transporte y al comercio, comenzó a dar en 2024, al convocar a acciones de lucha, movilizaciones y paros, es una experiencia que abre una perspectiva a la lucha contra el crimen. Sin embargo, ante la falta de un programa claro, esa misma movilización corre el riesgo de caer en manos de aventureros autoritarios que intenten ganar el gobierno levantando propuestas como la “pena de muerte” o “deportación” de criminales.

Medidas que buscan fortalecer al aparato represivo del Estado, que solo ha demostrado ser capaz de asesinar a quienes protestan, mientras el fracasan una y otra vez con la declaratoria de estado de emergencia.

La salida se encuentra en el terreno de la organización y movilización del pueblo pobre y trabajador, contra la entrega del país a los grandes empresarios, “legales” o “ilegales”, para garantizar trabajo y salarios dignos para todas las personas, y por otro lado, contra el accionar del crimen organizado, conformando rondas urbanas o comités de autodefensa en barrios y centros de trabajo, que tomen en sus manos la labor de la policía, que se ha demostrado absolutamente incapaz frente al ascenso de la criminalidad.

Esas rondas o comités, deberán utilizar las armas de la policía y las FF.AA. para, en forma colectiva, tomar en sus manos la defensa de la vida del pueblo pobre y trabajador.

Para esto, la clase trabajadora no tiene otro camino que su movilización unificada. El paro anunciado por un sector de transportistas muestra un camino que solo podrá ser aprovechado y es la clase obrera, con sus organizaciones de combate, la que se pone al frente, levantando una salida para este flagelo.

Ante este problema, como en todo lo demás, los trabajadores y trabajadoras, así como el pueblo pobre del campo y la ciudad, no podemos confiar más que en nuestras fuerzas y movilización.

Enfrentando un abusivo cese colectivo

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Escribe Manuel Fernández, dirigente obrero del PST

Desde el 6 de agosto del 2024 los trabajadores de Celima enfrentamos el nefasto Cese Colectivo aplicado por la patronal.

En un primer tramo y luego de tres meses, la Autoridad de Trabajo desestimó el proceso contra 216 trabajadores y ordenó la reposición inmediata y el pago de los salarios devengados. Pero la empresa se mantuvo firme en su abuso: no solo incumplió la resolución e inició una demanda contenciosa contra ella, sino procedió a presentar un segundo cese colectivo, esta vez contra 119 trabajadores. En este nuevo cese incluye a los mismos de la primera lista, restando a los que en el camino renunciaron; es decir, 86% de sindicalizados, la directiva y a todos los luchadores reconocidos.

Este nuevo proceso ya fue admitido y a la fecha se encuentra en trámite. Un trámite burocrático y engorroso diseñado solo para ganar por cansancio a los trabajadores y que puede extenderse hasta más de un año.

El primer resultado fue fruto, en realidad, de la lucha constante que emprendimos como Sindicato desplegando movilizaciones y plantones que nos hizo ganar la simpatía y apoyo solidario de importantes sectores obreros y que obligo a las centrales a interesarse por nuestra lucha.

Ahora esta lucha continúa, superando los 180 días sin salario, sin trabajo y en las calles, y con una sola determinación: derrotar el plan patronal que con el pretexto de un “exceso de personal” busca destruir nuestra organización sindical, que es uno de los referentes combativos de la clase obrera peruana.

Una norma hecha a medida de los intereses patronales

Los ceses colectivos son desde hace años una amenaza permanente contra los trabajadores. Papelera Atlas, Papelera Nacional, Hialpesa, BSH, Cogorno; y estos días San Lorenzo, Celima, Ransa y DP World, en promedio más de un centenar de sindicatos hemos pasado y pasamos por esta medida.

Con esta arma las patronales vienen reduciendo y hasta desapareciendo sindicatos, reemplazando mano de obra con derechos ganados por mano de obra sin derechos ni sindicatos; todo con el objetivo de infligir una derrota al conjunto de la clase obrera. Ante esto nuestra base le ha salido al frente, lo resiste con todas sus energías en el terreno legal y en las calles, y llama a la clase obrera a unirnos para enterrar esta norma abusiva y a defender nuestro derecho al trabajo y por mejoras salariales.

A su vez, en el momento actual una ola de huelgas obreras también enfrenta el mismo plan de ataques patronales que se resiste a resolver los pliegos de reclamos. En las empresas Cartonplas, Holcim-Agregados Calcáreos, Insumex y Forte los obreros llevan en promedio más de 60 días en huelga sin que se atienda la solución a sus pliegos de reclamos.

Unidad obrera para romper el ataque patronal

Todo esto nos muestra que, para ganar, no basta la acción heroica de los sindicatos aislados. Para derrotar el cese colectivo en Celima y alcanzar las soluciones efectivas a los pliegos de los sindicatos en huelga, necesitamos unirnos como clase trabajadora, en especial los que estamos luchando, para organizar acciones centralizadas, preparar un Plan de Lucha y un Paro Nacional.

Esta responsabilidad recae principalmente en nuestras direcciones de la Fetrimap y la CGTP. Pero ellas están enfocadas en gestionar trámites ante la Autoridad de Trabajo antes que cumplir su principal misión que es unificar y organizar la lucha.

No se trata de enfrentar a algunos malos empresarios que incumplen la ley, o acotar tal o cual norma cuanto todas ellas se supeditan al interés patronal.  Se trata de que levantemos una salida obrera en defensa de nuestros derechos, esto es luchar por la derogatoria de los ceses colectivos y de la suspensión perfecta, y de hacer cumplir los derechos a la negociación colectiva, el derecho irrestricto a huelga y a las libertades sindicales.

Es hora de ponernos de pie todos para luchar hasta derrotar los ataques patronales.

Celima: 180 días de lucha ejemplar

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La clase obrera tiene en la lucha de los obreros de Celima que enfrentan un brutal cese colectivo un ejemplo del camino a seguir para enfrentar y derrotar los ataques patronales: luchar unidos, firmes y con las banderas justas.

Hace seis meses se aplicó el cese colectivo en Celima y el sindicato no ha dejado de luchar ni un minuto. Contra la orientación de los asesores y las propias dirigencias de la FETRIMAP y CGTP que dicen “vayan a buscarse un trabajo” mientras “resolvemos el problema” con escritos y gestiones, con una dirección combativa el sindicato ha priorizado la lucha en la calle.

No es nada fácil porque no hay salarios y se debe sostener familias mientras se lucha, y se debe mover a la misma base que continúa trabajando bajo temor y presión de la empresa, realizando asambleas y puerta de fábrica para mantener unidos a los trabajadores. Y, para peor, se lucha en las peores condiciones: el aislamiento nacional por el repliegue de las luchas y el crecimiento de los ataques patronales, ambos alentados por la modorra burocrática de las direcciones.

Así, han realizado numerosos plantones y movilizaciones, dos de ellas en el centro financiero de San Isidro y una en las mismas fiestas de navidad con un acto que contó con la participación solidaria de diversas organizaciones. Su mismo llamado a enviar solidaridad económica ha sido acogido por múltiples organizaciones, personalidades y activistas que han aportado y aportan recursos que han permitido hasta ahora sostener la lucha.

Estas acciones no solo son acompañadas de canticos combativos, sino en ellas también se comparte mucha solidaridad en torno a modestas meriendas; se cuenta con la compañía de hijos, esposas y familiares llevando carteles, y son animados por un compañero disfrazado de Tigre que realiza parodias y alegra a los participantes. 

Su lucha trasciende en el exterior desde donde siguen llegando múltiples pronunciamientos de solidaridad, y hasta se realizan actos y plantones en diversas embajadas peruanas.

Con la inspiración de esta lucha no es casual que se libren huelgas heroicas en varias bases, y que se cree un ambiente que obliga a la FETRIMAP y CGTP a realizar al menos algunas movilizaciones centralizadas de solidaridad con su lucha.  

Todo esto es así por una sola razón: por su dirección, constituida por una vanguardia de dirigentes curtidos en la lucha con una trayectoria de más de 20 años, y que tienen una comprensión de clase: saben que esto no se resuelve en el Ministerio sino en las calles, y saben que los derechos se defienden luchando cueste lo que cueste de manera unida y organizada. Y lo hacen dándose una política justa para que la lucha gane: llamando a la unidad de la clase obrera para derrotar los ataques patronales y los ceses colectivos.

Los compañeros luchan para ganar. Pero al mismo tiempo saben que, por la coyuntura favorable a la patronal, el resultado depende de que se desencadene la acción unida de la clase trabajadora y por ello insisten en este llamado y en la exigencia a la FETRIMAP y CGTP para que unifiquen la lucha con un plan de lucha y un paro nacional.

De este modo, su acción tiene un efecto educador sobre el activismo obrero. Y al esforzarse para superar las acciones dispersas y aisladas y dirigir las fuerzas unidas de los trabajadores contra la patronal y el gobierno con un programa que recoja los verdaderos problemas obreros (como la derogatoria de las normas de cese colectivo y de suspensión perfecta), ofrece un camino que no solo garantice el triunfo de su lucha y el de las bases en conflicto, sino que contribuya a un cambio de la misma coyuntura para hacerla favorable a los que pelean.

De aquí la necesidad de apoyar su pelea y de hacer más grande la solidaridad con su lucha. Su victoria no solo será un triunfo de toda la clase obrera peruana señalándole claramente que el camino es el de la lucha, decidida y unida, y fortalecerá a su núcleo de vanguardia con nuevos miembros y referentes para avanzar en la construcción de la nueva dirección revolucionaria que necesitamos para ir por más.

¿Es posible “salvar” esta “democracia”?

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Por Víctor Montes

Pocas veces se puede ver con tanta claridad que el Congreso es una cueva de delincuentes. Ya no bastan los “mocha sueldos”, “come pollos”, etcétera. Ahora sabemos que incluso montan redes de prostitución al interior del parlamento para asegurar votos a cambio de favores sexuales. Y para que nadie se entere, asesinan a las personas implicadas, al igual que las bandas de extorsionadores que pululan por el país.

No es extraño, entonces, que el 88% de la población, según un reciente estudio de Ipsos, manifieste su rechazo.

¿A qué se debe esta situación? ¿Cómo nos afecta a los trabajadores, trabajadoras y al pueblo pobre? ¿Existe alguna posible salida?

Una “democracia colonial”

A diferencia de lo que dicen los medios de comunicación patronales, y también muchos de los medios “alternativos” que se precian de “democráticos” y “progresistas”, el basurero en el que se ha convertido el Congreso no tiene que ver, fundamentalmente, con las cualidades o el grado de instrucción de las personas que postulan al Congreso. Sino esencialmente, con el carácter prácticamente colonial de la economía del país controlada por el capital extranjero, bajo la continuidad del modelo económico neoliberal.

Un modelo y una “democracia” que actúan contra los grandes intereses populares e incluso, verdaderamente nacionales, entendiendo a la nación como la inmensa mayoría del pueblo pobre y trabajador.

Por eso, esa “democracia”, elección tras elección, solo ha podido burlar las expectativas de cambio de las clases populares, y ha perpetuado la entrega de las riquezas del país. Ha reforzado la impunidad patronal para explotar a la clase trabajadora. Ha reprimido y asesinado a quienes protestan. Y por supuesto, ha blindado a los asesinos del pueblo, tanto policías como militares y políticos.

Todo se compra y se vende

Pero los servicios prestados por esa “democracia” no son gratuitos. El Estado es un enorme botín, con recursos y acceso a dinero para quienes lo administran. Para tener una idea, sumando todos los ingresos que por ley se les asigna, el sueldo parlamentario ha ascendido, en 2024, a 26 mil 17 soles por mes… ¡23 veces el actual (y miserable) sueldo mínimo! No es extraño que el mayor anhelo de los congresistas sea la reelección.

Y junto al sueldo oficial, se encuentra la corrupción, que no es otra cosa que la venta del poder a las grandes empresas, como Odebrecht o las mineras. Pero también a los grandes negocios informales e ilegales (la minería, tala o pesca ilegal, o al narcotráfico), así como a los mercaderes de la educación superior, como los Acuña, los Luna y etc.

Desde Perú Libre, hasta Renovación Popular. Desde Alianza Para el Progreso, hasta el “Bloque magisterial”. Desde Acción Popular, hasta Podemos Perú y Avanza País… con Fuerza Popular, por supuesto, a la cabeza. En total, son 13 las bancadas en las que está dividido el actual Congreso, cada una buscando asegurar sus intereses, y cada cual más servil que la otra a los diversos sectores empresariales que succionan la riqueza del país y pagan sus servicios.

De ahí que la degeneración y descomposición parlamentaria, que tiene su correlato en la podredumbre del gobierno y su Consejo de ministros, y en el avance del autoritarismo, sea el producto legítimo y natural del dominio capitalista del país.

¿Es posible salvar la “democracia”?

Entendida así, desde una perspectiva obrera, la democracia colonial y patronal, que fortalece su cara autoritaria para asesinar impunemente a los que luchan, ni merece, ni puede ser salvada.

Y sin embargo, a eso se reduce toda la preocupación de las organizaciones que se dicen “de izquierda” en el país. Desde Nuevo Perú, hasta el Partido Comunista y Patria Roja, pasando por los más diversos grupos estudiantiles y ONG´s, así como por sus representantes más conocidas, Sigrid Bazán, Indira Huilca, etc. Todos proponen “recuperar la democracia”… lo que para esos grupos significa ganar las elecciones.

Lo que no reconocen esos mismos partidos, organizaciones y personalidades, es que fueron ellos los responsables de la desilusión de las masas con esa “democracia”.

¿Por qué afirmamos esto? Primero, porque esas organizaciones y partidos renunciaron a hacer realidad, en 2001, la caída completa de la constitución de 1993. Aceptaron su continuidad y con ella, la del modelo económico neoliberal que nos ha convertido en un país miserable, como puso en evidencia la pandemia, y dominado casi colonialmente por el capital extranjero.

En segundo lugar, porque una y otra vez han levantado expectativas falsas en diversos candidatos y candidatas que, cuando ganaron, terminaron abandonando sus ofrecimientos de campaña para pasarse a la defensa del modelo económico neoliberal, y a la extensión de las redes de corrupción dentro del Estado.

Y tercero, porque ellos mismos han actuado igual a los partidos patronales tradicionales: robaron y se corrompieron. Dando herramientas a los partidos patronales reaccionarios a golpear a los sectores que votaron por ellos.

La salida está en la lucha por el poder obrero y popular

Si en algo tienen razón, esas organizaciones que se dicen “de izquierda”, es que tras la desazón con la democracia, se levanta el peligro del advenimiento de un régimen autoritario, tal como sucedió en los 90 con Fujimori.

Y sí, el fracaso de la democracia y de sus auspiciadores “de izquierda” desmoraliza a las masas, comenzando por las “clases medias”, los profesionales y pequeños empresarios que comienzan a exigir, tras su frustración, “mano dura”. Con mayor razón si el país se sumergido en una espiral de violencia criminal.

Por eso resulta urgente que se levante una alternativa obrera y popular. ¡No hay posibilidad de “salvar” o “recuperar” esta democracia colonial, asesina, corrupta y patronal!

Es, por el contrario, preciso echarla abajo, como plantearon los compañeros del sur durante su levantamiento, entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, para construir un nuevo Estado y una democracia obrera, campesina y popular que realmente represente los intereses del pueblo peruano. Esta aspiración, que se manifestó en la consigna de Asamblea Constituyente, es completamente justa y necesaria, y sigue representando hoy, ese anhelo de cambio profundo y radical.

Sin embargo, esa lucha que fue ahogada en sangre, y traicionada por las dirigencias nacionales “de izquierda”, requiere que el poder pase a manos de las organizaciones de lucha de los trabajadores y el pueblo para que sus más sentidas demandas, incluida la Asamblea Constituyente, se hagan realidad, delineando un Estado bajo el control del pueblo, donde todo representante sea elegido y revocado en forma directa, y donde ninguno perciba un sueldo mayor al de un maestro o maestra de escuela, entre otras medidas que garanticen el verdadero control de los trabajadores, trabajadoras y el pueblo pobre, sobre el Estado y el país.

Las banderas de nuestra lucha

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Cuando el sábado 16 de noviembre, la familia de Sheyla Condor encontraba por propia mano el cuerpo de su hija, descuartizada dentro de una maleta, en el departamento del suboficial de la PNP Darwin Condori, el país volvió a mirar con absoluta nitidez, todos los elementos que componen la barbarie de la violencia machista.

Una historia repetida

En esencia, el feminicidio de Sheyla Cóndor no es distinto a otros casos. Sheyla era una mujer joven (tenía 26 años). Asesinada por un hombre que, siendo policía, se supone representaba la ley. Una persona que debería cuidar a otras, pero que utilizaba su poder para dañar.

Esto mismo le sucede a miles de mujeres violadas, golpeadas, insultadas y otras, asesinadas, por sus parejas o exparejas, incluso familiares directos (padres, tíos, primos…) … aquellas personas que supuestamente las aman o las han amado, son sus principales victimarios.

Por su parte, las instituciones del Estado, con su inacción y prejuicios machistas, abonan a la violencia. Con Sheyla, la policía falló, por espíritu de cuerpo y por prejuicio, al negarse en dos ocasiones, una en Santa Anita y la otra en Comas, a atender la denuncia de desaparición que presentaron la madre y el padre de Sheyla.

Pero también la justicia falló. Pues teniendo denuncias por violación, el suboficial PNP Darwin Condori seguía en su puesto en la comisaría de Santa Luzmila. Libre para continuar abusando de las mujeres, y finalmente asesinando a Sheyla Condor.

No debe extrañar, pues, que en este contexto, una gran parte de las mujeres que sufren violencia, o se encuentran en peligro de ser asesinadas por sus parejas, exparejas, etc., no acudan a la policía a denunciar, y prefieran callar, o buscar las salidas que tengan al alcance.

Violencia creciente

Y es que, con 170 feminicidios registrados (13% más que en 2023) y 7097 notas de alerta de mujeres desaparecidas (un incremento de casi 37% respecto del año anterior), el 2024 se ha convertido en el año más violento contra las mujeres en lo que va del siglo, tomando en cuenta, además, que en el país el feminicidio se sanciona como tal, solo desde 2013.

FEMINICIDIOS ENTRE 2013 – 2024
20131312019148
2014932020137
2015842021141
20161072022147
20171312023146
20181502024170

Estado (patronal) feminicida

Puede parecer contradictorio, pero es bajo el gobierno de la primera mujer en ejercer la presidencia, que nuestras vidas han estado más amenazadas. Esto, en medio del incremento de la violencia criminal (que necesariamente incluye la trata de personas, una enorme mayoría de ellas, mujeres obligadas a prostituirse), y la más absoluta incapacidad del Estado para hacer frente a esta problemática.

En el presupuesto 2023 y 2024, el gobierno ha destinado en promedio el 0,30% del mismo para la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Ese es el mayor indicador de cuánta importancia le están dando al problema, que la OMS define como pandemia.

Y no podía ser de otra forma, si hasta en el Congreso de la República se compran votos con favores sexuales, convirtiendo a mujeres en piezas de pago por decisiones políticas. Y cuando corren el riesgo de ser descubiertos, las asesinan a balazos, en plena calle, tal como ocurrió con Andrea Vidal, ex trabajadora del Congreso implicada en el caso de la red de prostitución creada por el Jefe de la oficina legal y constitucional del Congreso, Jorge Torres.

Para acabar con la violencia hay que luchar

Y es que la opresión de la mujer, de la cual la violencia machista y el feminicidio son su expresión más brutal, es funcional al dominio capitalista, razón por la cual los gobiernos son incapaces de darle solución.

A diferencia de lo que proponen las feministas burguesas, con sus ONG’s y sus partidos reformistas, no será ganando elecciones y proyectos de ley, que lograremos poner fin a la violencia machista y la desigualdad de la mujer.

Sí, debemos exigir más presupuesto para las acciones contra la violencia hacia las mujeres y muchas cosas más. Pero el único camino que muestra la historia que ha logrado imponer las demandas de quienes sufren opresión y explotación es el de la movilización masiva. Y en esa movilización contra la violencia machista, los feminicidios, las violaciones y un largo etc., nos encontraremos en unidad de acción con todas las mujeres.

Ese camino que abrió la gran marcha “Ni una menos”. Sin embargo, ese movimiento fue cooptado rápidamente por las instituciones del Estado, con el silencio cómplice de las ONG’s feministas. Y fue convertido por las marcas comerciales y demás herramientas del capital, para limar su filo combativo, en un paseo más.

Por eso, dentro de esa lucha, las mujeres trabajadoras y pobres debemos organizarnos y levantar, además de las banderas ya planteadas, la lucha contra la brecha salarial (menor pago al realizar los mismos trabajos que los hombres), que en el Perú es de 27% y es usada por los patrones para empujar a la baja los salarios, y somete a las mujeres trabajadoras a la miseria. Y contra los despidos masivos, que nos afectan a nosotras, a nuestras hermanas, madres o amigas, pues las mujeres somos las primeras en ser echadas a la calle cuando las empresas deciden despedir.

Lo mismo en la lucha contra el hambre, que se cierne sobre nuestras familias, desde los comedores populares y las organizaciones barriales. Y por supuesto, por la remuneración del trabajo del hogar, que en la actualidad equivale aproximadamente al 20% del PBI, realizado mayoritariamente por mujeres sin recibir nada a cambio, más que opresión.

Todas estas demandas, deben llevarnos a la movilización, y en ella, a encontrarnos con nuestros compañeros, hermanos, padres, tíos y primos, trabajadores y pobres como nosotros, para enfrentar al gobierno asesino y al Congreso corrupto, sin depositar ninguna confianza en la policía y la justicia machistas, para conquistar en las calles nuestro derecho a una vida digna, sin violencia ni feminicidios, donde podamos ser, como dijo Rosa Luxemburgo, revolucionaria y socialista polaca, económicamente iguales, humanamente diferentes, y completamente libres.

LEY 32242: Organizar la lucha unitaria desde las bases para derogarla

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El 11 de enero el diario El Peruano publicó la Ley 32242, que establece la destitución automática de directores, profesores, auxiliares y personal administrativo de los centros educativos, tantos públicos como privados. Y tal destitución de oficio será “sin proceso administrativo y con impedimento de ingreso o reingreso a la Carrera Pública Magisterial…” (ítem 49.6)

Esta ley, que modifica el Art. 49 de la Ley de Reforma Magisterio, fue aprobada por el Congreso el pasado 2 de diciembre de 2024 y enviada al Ejecutivo para su revisión. Sin embargo, no realizó ninguna observación, lo cual no sorprende, ya que no es la primera vez que este Ejecutivo permite la promulgación de leyes impulsadas desde el Congreso.

Cabe recordar que la figura de destitución (Art. 49) ya existía en la Ley de Reforma Magisterial desde 2015, durante el gobierno de Humala. 

Lo novedoso es la modificación del Artículo 49 (ítem 49.6), que establece la destitución automática sin que medie una investigación previa, un proceso administrativo o la posibilidad de ejercer el derecho a la defensa por parte del acusado.

Causales igualadas

En la lógica del abuso de poder, la norma iguala o coloca en una misma jerarquía las figuras de, por ejemplo, el “no presentarse a la evaluación de desempeño docente sin justificación” (a) con el “condenado por delito doloso” (b), o el “condenado por delito contra la libertad sexual…” con el “delito de apología del terrorismo, o delito de terrorismo” (c), o “concurrir al centro de trabajo en estado de ebriedad o bajo los efectos de alguna droga” (g). O peor aún, señalar faltas como “Inducir a los alumnos a participar en marchas de carácter político” (h-ítem 49.2) para destituir. No son lo mismo. Es un absurdo equiparar a todas en un mismo plano.

Solo basta mencionar que en el 2015 los jóvenes de todas las edades (escolares, universitarios y trabajadores) se movilizaron para derrotar la ley pulpín. En el 2020 la presencia de la juventud en las calles fue determinante para lograr la renuncia de Manuel Merino a la presidencia del Perú. En ambos casos ningún maestro tuvo que “inducir” a los jóvenes para que luchen por sus derechos.

Por cierto, hoy existen distintas formas de organización independiente de adolescentes y jóvenes por fuera de los colegios. La norma punitiva insiste en culpar a los maestros por la manifestación de los jóvenes en las calles. Por ello lo tipifica como causal de despido inmediato, lo cual también es una aberración.

Quién califica la inocencia o culpabilidad

Ahora, basta con ser señalado por un funcionario, un padre de familia o incluso un denunciante anónimo para ser destituido de inmediato, sin que se requieran pruebas ni se permita ejercer el derecho a la defensa para demostrar la inocencia. 

Es más, la destitución será ejecutada por el funcionario de la UGEL, la DRE y/o el Minedu, según corresponda (ítem 49.5).

Destruir la organización sindical y eliminar a su vanguardia

Con esta ley reaccionaria, el gobierno y su aliado, el Congreso —ampliamente cuestionado por corrupción—, dan un paso más en su ofensiva contra los trabajadores. Esta vez, descargan su ira sobre el magisterio, buscando destruir su organización sindical y deshacerse de su vanguardia combativa, expulsándolos del sistema educativo de manera definitiva y sin posibilidad de reingreso.

Qué hacer

Se percibe un creciente malestar en las bases y un lento pero progresivo debate en contra de esta ley reaccionaria. 

Es necesario fortalecer este proceso, impulsando la discusión en cada colegio sobre los alcances y peligros de esta norma. Asimismo, se debe preparar una respuesta organizada, basada en la movilización unitaria del magisterio, con el objetivo de derrotar la ley 32242 y lograr su derogación, antes de que se dé a conocer su reglamento.

Corresponde a las direcciones del SUTEP y la FENATE estar a la altura de las circunstancias y responder a las necesidades de las bases, liderando esta lucha con firmeza y unidad.