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El pueblo marcha contra el crimen… el gobierno y el Congreso

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El crimen organizado se masifica y se desboca en atentados contra la población más pobre y necesitada de los distritos populares, que ahora protesta con un paro que paraliza Lima y Callao.

El paro del transporte anunciado para los días 10, 11 y 12 de octubre, paralizó Lima en su primer día, haciendo que la ciudad viva un verdadero caos en los distritos más populares: ausencia casi total de movilidad, cierre de mercados y pequeños negocios, marchas y fuerte presencia policial y militar.

Muchos no fueron a trabajar y no hubo clases presenciales, y las zonas de densidad comercial, como el emporio de Gamarra, en el distrito de La Victoria, o “Mesa Redonda”, en el centro histórico de la ciudad, hasta la zona residencial y empresarial del distrito de San Isidro, lucieron casi vacías. Un hecho inusual para una ciudad de 11,5 millones de habitantes.

Esto suele ocurrir en los paros nacionales verdaderos (no como la finta que ahora convoca la Confederación General de Trabajadores del Perú – CGTP). Solo que ahora los que realizan el paro no son los sindicatos, sino la masa de trabajadores precarizados e informales que habitan los distritos populares que rodean el centro de la ciudad.  

Por esto mismo, esta paralización resultó más fuerte y combativa que la organizada por las grandes empresas de transporte, el pasado 3 de octubre. Empresas que esta vez se echaron atrás, en acuerdo con el gobierno o ante las amenazas de las bandas criminales. Los que protestan ahora, dicen: “Prefiero perder mi día de sustento, en defensa de mi vida”.

El paro anterior no logró resultado alguno. Al contrario, el crimen se vengó contraatacando. El gobierno y el Congreso, ensimismados y con prepotencia, no derogaron la Ley 32108 (“Ley del crimen organizado”), hija de los peores corruptos del régimen, que al limitar la aplicación de sanciones al crimen organizado, en realidad lo incentiva.

En su lugar, a clásico estilo gorila, declararon el estado de emergencia en 14 distritos de Lima y el Callao, colocaron al ejército en las calles y lanzaron una propuesta de Ley de “terrorismo urbano”, que buscaba impunidad policial y mayor represión… Es decir, solo han recortado derechos y libertades que afectan a todos dejándonos vulnerables ante las mismas fuerzas llamadas a traer seguridad.

Ante esta pantomima, el crimen organizado contraatacó para mostrar que son ellos los que mandan y no las autoridades. Buses quemados, nuevos muertos y más amenazas.

Por ello la nueva protesta esta vez viene de más abajo: de los microbuseros y mototaxistas, de los vendedores ambulantes, de todos los que a diario salen a buscarse el sustento diario. Y salieron con más indignación por las respuestas del gobierno y del Congreso, a los que también ven con odio. Son esos sectores los que se movilizaron en forma masiva desde los conos hacia el centro, donde se encuentra la sede el Congreso solo para encontrar a la policía.

La represión, que es inepta para combatir al crimen, aquí mostró una vez su eficacia para reprimir la protesta. En lugar de hacer frente a los criminales, reprimen a los que luchan contra ellos. Y peor, ante las demandas de fondo, el gobierno y el Congreso mantienen el mismo discurso prepotente; lo que enciende más la bronca.

Desde donde se lo mire, esta lucha es justa. Como en la rebelión del 2022-2023, los que hoy se rebelan contra el régimen son los más pobres, esta vez de Lima. Son pobres por culpa del régimen corrupto y su política económica que solo favorece a los ricos y corruptos. Y que ahora, como parte de esa misma política o de su propia ineptitud y desinterés, no solo permiten sino alientan el crecimiento de la criminalidad, de la común y profesional, dejando a su suerte a la población más necesitada.

Si no hay solución inmediata y efectiva la gente no va a bajar los brazos. La criminalidad tampoco, provocando más hechos de sangre. Y nuevas protestas.

Ante esto, la tarea es apoyar esta lucha y hacer nuestras sus banderas, no solo para la solución de las demandas sino para que se vayan el Gobierno y el Congreso, responsables de esta situación de y muchos males que afectan al pueblo todo, como los despidos masivos y ceses colectivos en la industria.

Es una lucha justa que la clase trabajadora debe apoyar y hacer suya. No es casual que ante ella la CGTP y las organizaciones de “izquierda” electorera no digan nada. En lugar de sumarse a la protesta y construir una sola con las urgentes demandas obreras, se hacen la vista gorda cuidando su plan de canalizar todo hacia la salida de las elecciones del 2026.

La central ha convocado a una jornada el jueves 17, por aumento del salario mínimo y otras demandas. Es una oportunidad para hacerse presentes en ella con todas las bases, con las banderas más combativas de la clase obrera y de los sectores populares en lucha.

Algunos comentarios alrededor del documental sobre la vida de Ricardo Napurí

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septiembre 5, 2024

Por Alejandro Iturbe

El 29 de agosto pasado se estrenó, en el cine Gaumont de la ciudad de Buenos Aires, el documental “Tiempo largo y jodido. ¿Qué querés que te diga?” hecho por el cineasta Hugo Lescano sobre la base de dos largas entrevistas realizadas por el periodista Carlos Rodríguez, en 2019 y 2021, al militante y dirigente revolucionario peruano-argentino Ricardo Napurí. El documental fue realizado con el apoyo financiero y técnico del INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina)[1]. El INCAA es una institución oficial. Los gobiernos peronistas/kirchneristas le dieron mucho impulso y ahora está siendo atacado (casi desmantelado) por el gobierno de Javier Milei.

Con 99 años, Napurí se mantiene plenamente lúcido y con la capacidad de referirse claramente a los hechos históricos en los que participó o de los que fue testigo, cómo estos fueron incidiendo en su pensamiento político y sobre figuras destacadas de esos acontecimientos con las que tuvo contacto personal en Perú, Argentina y otros países latinoamericanos. Entre ellos, el peruano Luis de la Puente Uceda, el argentino Silvio Frondizi, el Che Guevara y Fidel Castro, el chileno Salvador Allende, el venezolano Hugo Chávez.

De esa forma, va hilvanando de modo muy ameno, sus más de setenta años de acción política, iniciada en 1948 cuando era un joven teniente de aviación militar en el Perú y se negó a bombardear un barco lleno de civiles que participaban de un levantamiento contra el gobierno peruano. Fue castigado por ello y obligado a exiliarse en Argentina. La entrevista se inicia con ese recuerdo y llega hasta el momento actual. En ese marco, reivindica la revolución cubana como el gran proceso revolucionario de la segunda mitad del siglo XX y también a Fidel Castro, el Che Guevara, y al movimiento que encabezaban.

Aunque no utiliza estos términos en el documental, Napurí se presenta a sí mismo como un “trotskista crítico” en el campo de la “revolución permanente” formulada por Trotsky. Es decir que, en su valoración de procesos y dirigentes, no se guía por el “dogmatismo” sino por los hechos y acciones concretas.

En este sentido, el documental transmite la idea de que el proceso esencial del siglo actual ha sido el chavismo venezolano y su propuesta de Socialismo del Siglo XXI. Incluso Napurí refiere el encuentro en el que Chávez se dijo “trotskista” frente a Putin, a quien caracterizó como “estalinista”, señalando que esa era la diferencia entre ellos. El documental muestra las imágenes de la visita que realizó a Venezuela para ver y apoyar a Chávez, y su participación en el programa televisivo “Aló presidente”. Es con esta visión que analiza brevemente lo que pasaba en aquel país al momento de las entrevistas.

Napurí es parte de numerosos dirigentes y organizaciones provenientes del trotskismo que siguieron este camino de apoyo al chavismo (e incluso la integración a este movimiento). En numerosos escritos hemos debatido con estas caracterizaciones y posiciones que consideramos profundamente equivocadas[2]. Mucho más equivocado es seguir reivindicando al chavismo en este documental que se estrena en el momento en que el régimen político que ahora encabeza Nicolás Maduro muestra su más feo rostro: una dictadura capitalista al servicio de la “burguesía bolivariana” contra los trabajadores y el pueblo venezolano[3].

Hasta aquí estamos en el terreno de la evolución del pensamiento político de Napurí, de las conclusiones que ha sacado de los hechos de la realidad, y de las propuestas que se derivan de ello. Aunque no las compartamos, podemos entender ese proceso.

No obstante, la cuestión central es que el documental tiene grandes omisiones sobre el trotskismo internacional, latinoamericano, peruano, y especialmente argentino, que marcaron muchos años de su vida militante (y de los dirigentes que incidieron en él).

Napurí parte de reivindicar al argentino Silvio Frondizi como el que lo gana para el trotskismo y lo forma en esa concepción, a finales de la década de 1950 e inicios de los ’60, cuando Napurí ingresa al grupo Praxis que dirigía el propio Frondizi. Con justicia, se reivindica su discípulo.

Ahí, aparece la primera omisión. En 1964, Praxis se divide en dos sectores. Una de ellas, encabezada por Silvio Frondizi se aproxima a la propuesta castro-guevarista de formar una organización guerrillera en Argentina, impulsada por Roberto Santucho. Mantiene esta propuesta hasta el momento en que es asesinado en 1974 por la Triple A (hecho que es mostrado en el documental).

El otro sector, encabezado por Jorge Altamira, fundaría la organización Política Obrera, reivindicándose “trotskista ortodoxa”. Poco después, este sector ingresa al CORCI (Comité de Organización por la Reconstrucción de la Cuarta Internacional), organización internacional dirigida por el trotskista francés Pierre Lambert (corriente conocida como lambertismo).

Napurí adhiere a esta posición y, como militante del lambertismo, vuelve al Perú y participa en la fundación del Partido Obrero Marxista-Revolucionario (POM-R), en 1970. Como dirigente de este partido luego forma parte del FOCEP (Frente Obrero Campesino Estudiantil Peruano), en 1977, y es electo senador. Es interesante destacar que, desde la década de 1950, ya existía una organización trotskista en el Perú (el POR), impulsada desde Argentina por Nahuel Moreno. Luego del ingreso del gran dirigente campesino Hugo Blanco tomaría el nombre de FIR.

Esa experiencia de Napurí como militante y dirigente del lambertismo es completamente omitida en el documental. También es completamente omitida su ruptura con el lambertismo y su participación como fundador de la LIT, en 1982 junto con la Fracción Bolchevique (organización internacional dirigida por Nahuel Moreno)[4].

A partir de ese momento, siempre defendió públicamente que, en el Perú, “su partido” era el PST (sección peruana de la LIT). Lo más importante es que, poco después, se radica de modo definitivo en Argentina y es electo miembro del CEI (Comité Ejecutivo Internacional), la máxima dirección de la LIT. Incluso es uno de los oradores del acto público realizado luego de la muerte de Nahuel Moreno (enero de 1987) al que despide con muchísimo afecto y respeto, considerándolo como referente. Continuó como dirigente de la LIT varios años más. El documental ni siquiera se refiere a este período de militancia de Napurí, cuando la LIT-CI llegó a ser la organización trotskista más fuerte del mundo y el MAS el partido de izquierda más grande de Argentina.

Fue en esos años, cuando tuve la posibilidad de conocerlo personalmente y tener varias charlas con él ya que, como redactor de la página internacional de Solidaridad Socialista, (periódico semanal del MAS), consultaba mis artículos con él para que, como miembro del CEI de la LIT, me diera sus opiniones e hiciera sus observaciones. Napurí era muy respetuoso y amable en el trato con los cuadros más jóvenes del morenismo. En este sentido, guardo un muy buen recuerdo de él como dirigente y como ser humano.

Posteriormente, en el marco de la crisis vivida por la LIT-CI en la década de 1990 y su división, Napurí (al igual que otros dirigentes) se alejó de la LIT-CI y del morenismo e inició una deriva que concluye con sus visiones y posiciones actuales. No es el objetivo de este artículo hacer el debate con esas posiciones.

Pero no podemos dejar de criticar este documental por omitir esas experiencias políticas que signaron muchos años de su vida militante de Napurí. Tal vez, eso fue el resultado de una “tijera” utilizada por el director, que podó esas partes de las entrevistas. En un libro publicado hace algunos años con su biografía, Napurí llega a conclusiones políticas parecidas a las que expone en el documental, pero incluye capítulos dedicados a esas experiencias que el documental omite[5].

En todo caso, Napurí avaló en los hechos el resultado final: antes del documental, se reprodujo en la sala del Gaumont un mensaje grabado por él en el que se lamentaba no poder asistir por su edad, pero no hace allí ninguna crítica o referencia a estas omisiones.

Aquí cabe hacer un comentario de otro documental realizado con financiamiento del INCAA sobre la figura de Nahuel Moreno y la corriente fundada por él. Nos referimos a “El trotskismo bárbaro”, del director Marcel Gonnet, estrenado en 2015, también en el Gaumont[6]. El director reunió entrevistas realizadas a varios dirigentes que militaron en diversas épocas en la corriente y organizaciones dirigidas por Moreno en Argentina y en Perú, pero que en algún momento se alejaron, rompieron con él, y le hacían duras críticas. En ese documental, Moreno que, además de la LIT, fundó y orientó organizaciones trotskistas en muchos países, es presentado como un burócrata autoritario que cerraba todo debate interno y “liquidaba” a quienes lo criticaban. Una verdadera falsificación de cómo actuaba en la realidad como dirigente.

En este documental, Napurí no realiza ninguna crítica a Moreno, la LIT-CI y el morenismo. Pero (a diferencia de lo que expone en su libro) no dice una palabra de su integración, en 1982, a la LIT-CI, su papel dirigente en ella por más de una década y la gran influencia que tuvo Moreno sobre él en esa época. En otras palabras, Moreno, la LIT-CI y el morenismo son completamente ignorados, como si no hubieran existido en la vida de Napurí ni en la vida política del trotskismo en el siglo XX.

Respetamos su figura porque mantiene, con casi 100 años y más de 70 de actividad política, su llamado a la lucha revolucionaria de las masas y a la militancia por la revolución socialista. Él tiene todo el derecho de haber cambiado sus visiones y posiciones sobre cómo lograr esta revolución e incluso de reivindicar a Hugo Chávez, como una expresión de esta lucha (aunque consideremos que se equivoca en esa posición).

Lo que lamentamos es que haya prestado su figura y su voz para avalar un documental en el que, de modo intencional, se “borra” completamente el papel de Moreno y la LIT-CI en la historia política del trotskismo latinoamericano y, en particular, del argentino.

[1] “Muchas generaciones han luchado por un mundo mejor” | ANCCOM (uba.ar)

[2] Los debates sobre Venezuela – Liga Internacional de los Trabajadores (litci.org)

[3] https://litci.org/es/los-debates-sobre-venezuela/

[4] https://litci.org/es/nahuel-moreno-una-sola-corriente-trotskista-ortodoxa/

[5] Pensar América Latina. Crónicas autobiográficas de un militante revolucionario. Presentación Revista Herramienta

[6] https://play.cine.ar/INCAA/produccion/7775

La lucha de los obreros de Celima contra los despidos

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El miércoles 7 de agosto los trabajadores de la fábrica Celima fueron sorprendidos cuando la empresa les notificó que 216 de ellos eran despedidos como parte de un plan de reestructuración. Un mes después, su organización sindical anuncia una nueva marcha, esta vez a las oficinas de la empresa, reiterando su determinación de luchar hasta ser repuestos, aun cuando esta se perfila larga y difícil.

Ese día miércoles 7 que quedó indeleble en sus memorias, se inició con una invitación de la empresa a una reunión con toda la Junta Directiva de la organización sindical. No era para conversar con ellos sobre el pliego de reclamos que hace un año espera solución, sino era para comunicarles que estaban despedidos. Le siguieron otras reuniones casi en simultáneo en las tres plantas que tiene la empresa, a las que fueron convocadas los 216 trabajadores para comunicarles lo mismo, entregarles una carta justificatoria e invitarlos a acogerse a una renuncia “voluntaria”.

Además de la dirección del sindicato en pleno, la lista incluía a un centenar de sindicalizados, entre ellos a reconocidos activistas del movimiento obrero peruano con más de 20 años de trayectoria de lucha, y a trabajadores con lesiones de trabajo que se encontraban con descanso médico, todos con ubicaciones especializadas y permanentes en distintas áreas de la fábrica.  “Nos han escogido –dice Jack Reyes, uno de la lista y referente clasistas del sindicato–, como parte de un plan de ajuste patronal que busca defender sus ganancias”.

Como el verdugo que debe seguir protocolos antes de ejecutar a su víctima, estas reuniones en realidad solo eran parte de un procedimiento formal e hipócrita como es todo el sistema jurídico burgués que “resguarda” los derechos, para proceder al despido crudo y simple.

La calle en el Perú

Fue brutal. En cualquier parte del mundo un obrero y su familia dependen de su trabajo para vivir aun con penurias. Pero en Perú, con 80% de informalidad o subempleo, desocupación en ascenso e inseguridad y criminalidad desbordadas, la calle equivale a estar condenado al sálvense quien pueda o la muerte lenta; más tratándose de trabajadores que promedian los 45-50 años, con 20 o más en la empresa y con hijos en la adolescencia y en la Universidad; es decir con una vida ya hecha que el despido ahora desmorona.

Fue brutal también porque los tomó de sorpresa. Celima es una conocida corporación empresarial que se ha expandido y lidera el mercado desde hace varias décadas, donde sus trabajadores sentían alguna seguridad y futuro. Ahora, muchos de ellos en la calle no tendrán dinero ni para pagar el recibo de luz.

El grupo Celima-Trébol

Celima es parte de una corporación dedicada a la fabricación y comercialización de revestimientos cerámicos o acabados de construcción. Cuenta con tres grandes plantas de producción, una red de megatiendas y otras fábricas de insumos y de sanitarios, con los que lidera el mercado nacional y exporta a diversos mercados. Fue fundada hace más de 40 años por Augusto Belmont Cassinelli que, junto a su clan familiar, comparte la propiedad del grupo. Y es gestionada por Enfoca, una financista especializada en comprar empresas en quiebra para revenderlas luego de reflotarlas, y que en su página web se presenta como especializada en “mejorar los negocios”, eslogan que los obreros de la corporación pueden dar fe de lo que esto significa en sus propios pellejos.

Su despegue se produjo en los últimos 20 años junto al despegue económico del país motorizado por un modelo liberal que promueve la ganancia capitalista sobre los intereses nacionales y la propia fuerza de trabajo. Creció hasta llegar a construir una moderna mega planta en las afueras de Lima que afirmó su posicionamiento. En el mismo periodo apareció una nueva fábrica de cerámicos de capitales mexicanos, Cerámica San Lorenzo, que apenas llegó a hacerle sombra captando el 18% del mercado. No obstante, la rentabilidad de Celima se ha sustentada no en su cualificación tecnológica ni organizativa sino en políticas de despotismo y precariedad laboral que permiten las leyes y protegen los gobiernos nacionales, en la misma línea de cómo sucedía hace un siglo, cuando los empresarios mineros usaban arrieros para transportar mineral porque resultaban más baratos que traerlo por vía férrea. 

En la última década la economía nacional se resintió cayendo a niveles mínimos, y el último año incluso ingreso a su primera recesión en 30 años, lo que trajo cierre de empresas, reestructuraciones de otras y una ola de despidos que alcanzó a Celima. Pero el impacto más importante que ha sentido la empresa ha sido la reciente aparición en el mercado nacional de una nueva competencia. ¡Y qué competencias! Se instalaron en el país dos megafábricas chinas que han empezado a desplazarla, y hasta amenazan con dejarla fuera de juego en algún momento.

Las multinacionales chinas

Como si desesperadamente faltaran cerámicos en el Perú el último año se instaron dos megafábricas de cerámicos de origen chino: Portalatino, a 100 km de Lima, y Tengda, en Ica, a 300 km de Lima; cada una de ellas con inversiones que promedian los 70 millones de dólares, ocupando áreas superiores a las 30 ha. y con capacidades de producción que fácilmente alcanzan al de Celima. Por ejemplo, solo Portalatino muestra una capacidad de producción de 36 millones de m2 por año frente a Celima cuya capacidad llega en la actualidad a 43 millones. Estamos hablando de empresas que recién se instalan, que crean y desarrollan tecnología y que vienen no solo a copar el mercado nacional sino desde aquí buscan cubrir el mercado de esta parte del mundo. El plan de China es instalar fábricas en esta región para aprovechar el megapuerto de Chancay para cubrir el mercado latinoamericano, por ejemplo, fabricando autos eléctricos.

La guerra recién se ha iniciado este año y sus consecuencias ya se dejan sentir. Portalatino, operando con mil obreros ya atiende el mercado nacional y de países vecinos con precios más baratos que los de Celima, en tanto Tengda, que había anunciado su inicio de operaciones en noviembre del año pasado, aún no lo hace porque se ha enredado en varias denuncias, una de ellas por haber realizado su construcción sin los permisos de ley y otra por corrupción, vínculados con Nicanor Boluarte, hermano de la presidente, que es procesado por vender favores a particulares. Pero el solo inicio de Portalatino ya produjo la paralización casi completa de Cerámica San Lorenzo, cuya mayoría de trabajadores fueron sometidos a suspensión perfecta de labores, y en Celima, donde algo más de un 10% de ellos ha sido colocados en cese colectivo.

¿Qué va a pasar después?

Nadie lo puede saber, lo cierto es que en cualquier caso se vive una nueva realidad, que estará marcada por la creciente presencia de los nuevos cerámicos de las fábricas chinas que irán desplazando a los de Celima y San Lorenzo. Por ahora lo que estas alegan es la aplicación de “reajustes”, pero tratándose de empresas con capitales y tecnologías más rezagadas su horizonte será de ajustes permanente buscando nivelarse con la capacidad productiva de las empresas chinas. No olvidemos que la finalidad del capital es obtener la ganancia media a más, y que esta la logran los que lideran en tecnología –en la que aventajan los chinos– y en el costo de la mano de obra –en el que también aventajan porque emplean mano de obra más barata que Celima y San Lorenzo donde los trabajadores acumularon algunos derechos en años de luchas.

Esta guerra de blancos recién se ha iniciado, pero como Jalisco, ellos nunca pierden sino solamente los trabajadores. En últimas, la opción de los capitalistas siempre es llevar su capital a otras áreas de inversión. La ventaja de Celima no solo es su posicionamiento de marca sino también su control de una red de distribución y de megatiendas a nivel nacional, ventaja que la coloca como candidata a pasar de principal productor a principal distribuidor de cerámicos; papel a la que el modelo de libre mercado tiende a relegar a los burgueses nacionales.

Los trabajadores

Esta es la magnitud de la problemática que enfrentan los trabajadores de Celima y San Lorenzo; en realidad, no es solo un problema de ellos sino de toda la clase trabajadora y que ahora incluye a los obreros de las nuevas fábricas chinas mencionadas. Los trabajadores enfrentan ataques brutales en el marco de las facultades que les da la ley a las empresas para enfrentar casos de crisis y reestructuración. Son procesos largos en los que deben sustentar sus pedidos, pero donde por lo general las decisiones de la autoridad se definen por criterios políticos. Las empresas saben de esta cuestión, pero lo hace y va a seguir cada una de las etapas de dichos procesos sabiendo que al final tienen incluso la vía judicial, dentro de una estrategia dirigida a alargar el proceso para cansar a los trabajadores que, sin recursos económicos, son tentados a vender sus renuncias. Así, por lo general, lo que sucede es que al final los trabajadores pueden ganar pero solo regresará la minoría que pudo resistir; esto es, puede haber un triunfo legal pero una derrota en el terreno de la imposición de los objetivos de la empresa, situación que viene configurando la ofensiva patronal que en los últimos años se viene cebando con los derechos de los trabajadores. Es posible revertir esta situación, por supuesto que sí. De eso se trata la batalla de los compañeros de Celima que han iniciado una dura lucha, una de cuyas manifestaciones se llevará a cabo el jueves 5 de octubre en la oficina de la empresa, al cumplirse el primer mes de los ceses. Una batalla que también representa un llamado a la lucha a toda la clase trabajadora peruana para frenar los despidos y derrotar al gobierno reaccionario de Boluarte.

Una discusión clave frente a la ola de despidos: ¿Confiar en la «justicia» o en la movilización?

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El reciente proceso de cese colectivo en Celima hace parte de una larga lista de cierres, ceses e imposiciones de “suspensiones perfectas de labores”, que desde hace 5 años se ciernen sobre la clase obrera, particularmente la industrial, en el país.

Por Víctor Montes

Siendo, la derrota de los ceses colectivos, una lucha vital para el conjunto de la clase obrera, nos encontramos en un momento dominado por la confusión y falta de movilización, como consecuencia de la política que las organizaciones reformistas, como el Partido Comunista – Unidad, Patria Roja o sus acólitos del ML-19, entre otro, han venido impulsando.

Resulta crucial, entonces, poner en cuestión dicha política y abrir una discusión con el conjunto de la vanguardia obrera sobre el camino a seguir para derrotar los ceses, pero más, para imponer soluciones a la crisis económica y política que asfixia al país.

¿Qué está en cuestión con los ceses?

En primer lugar, el proceso de ceses colectivos, despidos y cierres que se viene desarrollando en el país, hace parte de la profundización de la desindustrialización y desnacionalización de la economía peruana.

Si ya desde la década de 1990 se impuso, bajo las botas de la dictadura fujimorista, un modelo de acumulación en el que el país volvía a exportador materias primas, particularmente minerales, llevando a la quiebra y desaparición a una importante porción de la limitada industria nacional que existía desde la década de 1950, hoy nos encontramos en una nueva “vuelta de tuerca” en favor de ese mismo modelo.

Sin embargo, para los patrones esto no es problema en tanto puedan mantener sus negocios contratando obreros en peores condiciones laborales y salariales, acceder a ser socios menores o ejecutivos de las empresas que vienen a reemplazar sus viejos negocios. O, incluso, si logran pasar al rubro comercial.

En cambio, para los obreros y obreras el cierre de la fábrica es una tragedia. No porque sientan “amor” a la fábrica. Los obreros y obreras odian la explotación. Y en ese sentido, aunque no sean del todo conscientes, buscan mil y una formas de sacarle la vuelta al trabajo. Pero otra cosa es quedarse sin sustento, para ellos, ellas y sus familias.

El cierre de la fábrica, o el cese colectivo, es un salto a la nada, que los lanza a la informalidad y a un mayor grado de explotación y miseria.

Por eso, la lucha contra los despidos, ceses colectivos y cierres de fábrica, hace parte de la lucha de toda la clase obrera y el pueblo pobre contra la dominación imperialista y capitalista, que privilegia sus ganancias por sobre la vida de las personas y el desarrollo del país.

¿Qué papel juega el reformismo en la lucha contra los ceses?

Como todos los reformistas a lo largo de la historia, el Partido Comunista, Patria Roja y un largo etcétera, falsean la realidad y los conceptos con los que se comprende la misma, para así desarmar a la clase obrera en su lucha y mantenerla atada a sus propios intereses electorales.

Así, hablan de “unidad”, pero dividen las luchas de los sindicatos, llevando por separado sus casos al terreno legal, para no hablar de la separación que imponen con la lucha popular en el interior del país, por la que ni siquiera se pronuncian.

Exigen la “caída del ministro de trabajo”, para callar sobre la necesidad de echar abajo al gobierno de Boluarte y al Congreso, que son los actuales garantes de la explotación capitalista e imperialista en el país. Garantes que, ya lo han demostrado, se han impuesto a sangre y fuego y restringido los espacios democráticos en el país.

Llaman “amigos” y “aliados” a congresistas y organizaciones que están completamente adaptadas a la legalidad patronal, que nunca se han manifestado siquiera por el fin de la explotación, pero que para los reformistas son claves pues les abren la posibilidad de pactar alianzas electorales.

Pero fundamentalmente, llaman “lucha” a las demandas judiciales, que es su única estrategia real de acción frente a los despidos. Con esta orientación, sacan a la clase de las calles y las acciones directas de lucha. Con esto, facilitan el debilitamiento de la lucha, que se prolonga en el tiempo y demanda gastos. Dos factores que la empresa tiene y no los trabajadores.

Justamente por eso, para quienes tenemos una comprensión marxista y de clase, está claro que la justicia de los patrones, donde todo se compra y se vende, no es el terreno en el que se desarrolla la lucha obrera en forma natural.

La legalidad burguesa, patronal, si bien ha tenido que reconocer a lo largo de la historia las conquistas que la clase trabajadora ha arrancado a su dominación en base a sus luchas, parte del reconocimiento de los derechos de los patrones por sobre cualquier otro, comenzando por su derecho a la propiedad privada, capitalistas, sobre los medios de producción (fábricas, minas, etc.) y por eso mismo, a la explotación.

Imponiendo esta ilusión en la legalidad burguesa, mantienen la acción de la clase obrera bajo control, atrapada en el mito de que el problema de los ceses se resolverá con una “buena defensa legal”, mientras la vida arrastra a los obreros a buscar nuevos trabajos y a abandonar la lucha directa, en las calles, facilitando así la materialización de los despidos y, la continuidad del gobierno que lo que menos quiere, es que se abra un frente de conflictos en la clase obrera industrial.

¿Cuál es el camino para acabar con los ceses colectivos?

La lucha contra los despidos tiene, por tanto, un conjunto de aristas que la convierten en un aglutinador de la indignación obrera y popular.

Por un lado, enfrenta la desesperación de la patronal por garantizar sus ganancias a costa de la vida de los obreros, obreras y sus familias.

De fondo, se enfrenta al avance en la subordinación de la economía nacional a las grandes transnacionales imperialistas que desindustrializan el país para ganar más.

Como pieza en el juego de la correlación de fuerzas entre la clase obrera y los patrones, abre la posibilidad de revertir las condiciones desfavorables que el gobierno de Dina Boluarte, de la mano con el Congreso, ha creado a partir de la feroz represión con la que se impusieron y la defección de los autodenominados sectores “democráticos” a continuar luchando.

Y en el de la organización obrera, plantea la necesidad de superar a la dirigencia reformista, encabezada por el PC, que ha adormecido a los trabajadores y trabajadoras y desmoralizado a los luchadores del sur y a la propia clase obrera.

Pero para que la lucha contra los ceses logre convertirse en un factor central de la lucha de clases, que haga frente de manera efectiva todos estos aspectos de la situación del país, es imprescindible “tejer fino”.

En primer lugar, es clave llamar a la más amplia unidad de acción contra los ceses y despidos, impulsando reuniones, asambleas y la coordinación de los sectores afectados, estén o no sindicalizados, y llamando a las organizaciones del pueblo a ser parte de la misma lucha.

En esto, las dirigencias tienen su propia responsabilidad. Aunque suene contradictorio, es imprescindible exigir a la CGTP, la CUT, la FETRIMAP y demás federaciones del ámbito sindical, que son las responsables concretas de las organizaciones obreras a nivel nacional, que se pongan al frente y concreten una acción de lucha unitaria, que debería ser un gran paro combativo, que junto a la exigencia de la caída de los ceses, y la reposición de los despedidos y despedidas, sume a sus banderas las necesidades del pueblo pobre.

Ahí donde se pueda, y lo exija la realidad, los obreros y obreras organizadas tendrían que tomar las fábricas para impedir su cierre y los despidos, poniendo a funcionar las máquinas bajo su propio control, tal como vienen funcionando más de 400 empresas en Argentina desde la crisis de 2001.

Y por último, hay que reivindicar, como salida de fondo, la nacionalización de las empresas que despidan a sus trabajadores, o que cierren sus plantas. Solo así, se puede garantizar que todos los obreros y obreras mantengan sus trabajos. La fábrica entonces debe pasar a funcionar bajo control de sus trabajadores, del comité de fábrica, que debe organizar la continuidad de la producción, mientras el Estado garantiza la compra de materias primas, el pago de la energía, etc.

Necesitamos una dirección para esta lucha

Será solo en ese terreno, el de la lucha directa, el de la acción masiva del pueblo trabajador en las calles, en el que se podrá definir el destino de los ceses.

Esto exige organizar de forma independiente y políticamente a los sectores más combativos, para construir una dirección que de forma consecuente, combativa y clasista, se ponga a la cabeza de la pelea por la reposición inmediata de todos los despedidos y despedidas, la prohibición de los ceses, de la “suspensión perfecta de labores”, y demás mecanismos con que la patronal ataca el derecho elemental al trabajo.

Solo así, pondremos coto a la ola de ceses y despidos. Y abriremos, al mismo tiempo, el camino a la lucha por el poder y el socialismo.

Esta es la tarea a la que se aboca el Partido Socialista de los Trabajadores, que sin ninguna confianza en la legalidad patronal, levanta las banderas de la lucha directa de la clase obrera por sus derechos y más sentidas necesidades.

La clase obrera ante el desafío de responder los despidos

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Escribe: Manuel Fernández

En Celima arrancamos el año con el aviso que los almacenes de productos terminados se encontraban en sobrestock, pese a las paradas de planta que se habían sucedido el año anterior. No demoró mucho para que la patronal decidiera paralizar algunas líneas de producción en la sede de SMP y luego convocar a los trabajadores de esas líneas para comunicarles que “ya no hay trabajo”, chantajeándolos a aceptar un acuerdo de retiro voluntario bajo la amenaza de ser despidos.
La información cayó como bomba entre los trabajadores afectados, la mayoría sindicalizados, y creó un ambiente de derrota entre ellos. La noticia rápidamente corrió por toda la planta.
Sin embargo, también surgió una rápida respuesta desde el sector de trabajadores con más experiencia y largos años de lucha. Ellos promovieron reuniones en puerta de fábrica para discutir la problemática, y tomar conciencia de la necesidad de defender los puestos de trabajo y se pusieron en pie de lucha. Lograron también empujar a la dirección sindical a convocar una asamblea general, en la que también lograron que se resuelva romper la negociación colectiva en trato directo y preparar la huelga como respuesta a la amenaza de despidos.
La siguiente asamblea no ratificó este acuerdo porque la directiva se preparó para revertir el acuerdo anterior. Para ella se trataba, y se trata, de priorizar la continuidad del diálogo con la empresa con la esperanza de alcanzar una solución al Pliego de Reclamos, a expensas de dejar que corra los planes de despido de la empresa. ¿De qué valen los supuestos aumentos si un gran sector de trabajadores no podrá gozar de ellos? Aún peor: ¿si la patronal está aplicando un plan de despidos masivos, no es absurdo esperar que te ofrecerá aumentos satisfactorios?
En todo caso, por encima de cualquier pretensión reivindicativa, no hay nada más importante y sagrado que defender los puestos de trabajo cuando estos son amenazados.
Como era de prever, el problema se agravó. Ahora circula la información que la sede de SJL cerrará sus operaciones este año dejando a 250 trabajadores en la calle. Esto sucede mientras la directiva sigue “dialogando” con la patronal, no solo sin lograr ninguna solución al Pliego sino atándose las manos para no hacer nada.
En la planta de SMP donde se anularon líneas de producción, gracias a la firme respuesta de la base logramos que todos los trabajadores afectados fueran reubicados, en la misma planta o en otras sedes. Se trata de seguir este camino.
Los despidos y amenazas están a la orden del día en otros centros laborales. Las patronales defienden sus tasas de ganancias haciendo pagar a los trabajadores las consecuencias de la “crisis”, y donde pueden los echan masivamente a la calle, en otros disfrazan los despidos con invitaciones al retiro, no sin antes desplegar una política de hostigamiento para que acepten este final. Debemos definir que ante esto hay que salir a luchar.

El problema de la normalidad de los despidos
Muchos compañeros, presos de la presión patronal y la ausencia de una respuesta de sus dirigentes, terminan aceptando los despidos y renuncias “voluntarias”. Dicha política es la que se impone desde la CGTP y la FETRIMAP, que enfocan el problema como un tema solo legal, creando expectativas en las resoluciones de las autoridades del Ministerio de Trabajo y, en últimas, del Poder judicial, que demoran años, en lugar de la lucha.
La lucha legal no es un aspecto que se deba subestimar. Pero sin organizar la respuesta unida de los trabajadores en defensa de su derecho al trabajo, no hay lucha legal que valga. Los despidos o los cierres de fábricas (y plantas) por temas económicos u otros pretextos pueden cubrirse de falsa “legalidad”. Pero ante ellos lo que siempre debe primar es la defensa del derecho al trabajo, para obligar al patrón a respetarlo.
La patronal defiende sus ganancias echando trabajadores. Los trabajadores debemos defender nuestro derecho al trabajo, que es un derecho humano porque garantiza el mínimo sustento de nuestras familias. Y este derecho no se regala sino se defiende.
Por ello, ante la arremetida de la patronal de Celima hay que luchar, haciendo honor a nuestra trayectoria y como ejemplo para toda la clase trabajadora.

Un llamado a la rebelión obrera y popular

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Los ataques del gobierno y el Congreso que no tienen fin y agravan la crisis nacional y la penuria que sufren las mayorías obreras y populares, causan también el regreso de las luchas. Las mayores de ellas se anuncian para el mes de julio.
En medio de infinidad de despropósitos como la que pretende impunidad para todos los criminales y corruptos y entornillar en el poder a los sectores reaccionarios, el gobierno y el Congreso ya impusieron nefastas normas antipopulares, como el DL 1620 que favorece la privatización de los servicios de agua y el alza de sus precios, y la Ley 31973 que amenaza con una mayor deforestación de la amazonia en beneficio de las multinacionales extractivistas.
Como si esto fuera poco, ante la crisis de su modelo de economía neoliberal, sumiso al capital y a los mercados extranjeros y que solo está trayendo nuevos millones de pobres, cierres de fábricas y más desocupación, ahora intentan una corrida hacia adelante forzando la salida de proyectos mineros que tienen el masivo rechazo de la población, como son los de Tía María y Conga.
Todo esto, no obstante, ya es respondido por diversos sectores que salen a la lucha en todo el país, desde los comuneros de Apurímac y Cajamarca, los pobladores del valle del Tambo, la población que se moviliza en defensa del agua y las organizaciones obreras que enfrentan los despidos, incluso enfrentando la feroz represión de Boluarte.
Pero el descontento es mayor y se extiende a todos los estratos sociales, mostrando a un gobierno y Congreso absolutamente aislados, y que coloca nuevamente en agenda la salida de adelanto de elecciones.
Ante esto la dirigencia de la CGTP, después de haber traicionado la gran rebelión del sur y luego de haber convivido con el nefasto régimen de Boluarte, ahora se ve en la necesidad de convocar a un Paro Nacional para el 19 de julio, en realidad una jornada de lucha, porque la Central no quiere ni garantiza ninguna paralización efectiva de labores, buscando apuntalar esa salida política.
Esta política, en el mejor de los casos, podrá lograr ese objetivo parcial, pero no las demandas democráticas revolucionarias planteadas en las luchas del sur y que apuntan a la derrota del régimen en su conjunto y a la convocatoria a elecciones a una Asamblea Constituyente para que resuelva la nacionalización de la gran minería y los recursos naturales, la independencia nacional y las demandas de educación, salud y vivienda.
Ahora se suma la demanda de juicio y castigo para Dina Boluarte y todos los responsables de las masacres perpetradas en ese periodo. En el peor de los casos, solo alcanzará para negociar una salida ordenada del régimen con vistas a la convocatoria a elecciones del 2026, para la que se alistan todos, incluido los que hoy fungen de luchadores.
Desde otros sectores regionales y en especial del aguerrido sur peruano, se convoca una nueva marcha hacia Lima, para protagonizar nuevas jornadas de lucha los días 28 y 29 de julio.
Ante esto, los trabajadores estamos llamados a realizar asambleas y discutir esta problemática. Hay que disponernos a participar de manera organizada y con todas nuestras fuerzas en las jornadas convocadas para el 19, 28 y 29 de julio. Hacerlo con la conciencia de que necesitamos recuperar fuerzas, poner en pie a un nuevo activismo y recuperar la unidad obrera en la acción. Y, discutiendo la necesidad de una nueva rebelión, en la forma de una huelga general que lleve a la derrota definitiva del régimen y a conquistar las banderas democráticas revolucionarias del sur, en la vía de una verdadera salida de fondo para los problemas nacionales y los de la clase trabajadora.
Una gran tarea para la cual necesitaremos también poner en pie un nuevo instrumento político, una verdadera dirección revolucionaria con los mejores luchadores y luchadoras, que garantice llevar a cabo dichas tareas, y en la que el PST se coloca en la primera línea.

Unir el descontento para archivar el proyecto de 10342

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Escribe: Rosita Bancho

Las mujeres nos encontramos nuevamente en el ojo de la tormenta. Resulta que la congresista ultraconservadora Milagros Jáuregui, Alejandro Muñante y la bancada de Renovación arremeten otra vez contra las mujeres al presentar el proyecto de ley 10342 que elimina el feminicidio del Código Penal y lo reemplaza por «asesinato de pareja», al proponer el término “como un concepto ideológico que diferencia el valor de la vida entre hombres y mujeres”. Esta medida que menosprecia la condición de las mujeres, en especial de las trabajadoras y más pobres, solo lleva a vulnerar los derechos ganados en años de lucha, cuando ya que antes de su implementación había muchos casos que quedaban impunes ante la complicidad de la propia administración de justicia.

Cifras que hablan por sí solas

De acuerdo con los reportes del INEI (2020-2025), las principales causas de feminicidio son por celos (37%), antecedentes de violencia familiar (24,6 %) y la negativa a retomar la relación (8,6%); todos estos datos discriminatorios dejarían de ser considerados feminicidio para pasar a ser homicidio simple o calificado, entregando al agresor un salvoconducto para atentar contra la vida, ya que se debería demostrar si fueron parejas o esposos.

Casos conmovedores

El caso de Evy Agreda (2018): su agresor, un excompañero de trabajo, Carlos Hualpa, la acosaba constantemente, trataba de tener una relación sentimental con ella, pero su propuesta fue rechazada. Ante esta negativa, Carlos la roció con combustible y le prendió fuego dentro de un bus frente a la mirada de otros pasajeros.

El feminicidio de Solsiret Rodríguez (2016): sus agresores Kevin Villanueva Castillo (cuñado), la pareja de Kevin, Brian Villanueva (ex pareja) y su madre; y el de Sheyla Condor (2024), su asesino un policía en servicio, Darwin Marx Condori Antezana, tampoco era su enamorado. De los tres casos presentados, ninguna de ellas mantenía una relación sentimental con su agresor.

De legitimarse la norma, las mujeres asesinadas por desconocidos quedarían fuera de toda protección; además, quienes hoy cumplen condena por feminicidio podrían beneficiarse de la reforma y salir en libertad. Además, criminaliza a la víctima y no al victimario; la impunidad se incrementa; la ley pro-crímen encaja perfecto en estos hechos y queda demostrado su carácter reaccionario y conservador de sus creadores.

Una salida desde las bases

Hasta instituciones como el Colegio de Abogados de Lima se pronunciaron al respecto, manifestando que la eliminación del feminicidio constituye un retroceso inaceptable en la protección de los derechos de las mujeres.

Este gesto se debería extender a otras instituciones y centrales sindicales como la CGTP, el SUTEP, las mismas organizaciones feministas y los partidos de izquierda. Unificar el descontento e implementar una gran movilización obrera popular que elimine esta ley pro-crímen, porque los derechos se conquistan en las calles y no en el Congreso.

Estos derechos serán justos y equitativos solo bajo el gobierno de los trabajadores.

BOLIVIA: VIVA LA HUELGA GENERAL ¡ABAJO RODRIGO PAZ! ¡FUERA LAS MANOS DEL IMPERIALISMO!

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Por Freddy Salazar

La clase obrera y el pueblo boliviano llevan adelante una huelga general contra el gobierno de Rodrigo Paz, a quien exigen su renuncia inmediata.

La Central Obrera Boliviana (COB), la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), las cooperativas mineras, el sindicato de profesores y diversas organizaciones indígenas, estudiantiles y vecinales –es decir, la casi totalidad de la clase trabajadora del país– se declararon en huelga indefinida, bloquearon carreteras y marchan hacia La Paz con el objetivo de derrocar al Ejecutivo.

Los manifestantes reclaman la caída del mandatario porque, desde que asumió hace seis meses, impulsa paquetazos contra el pueblo trabajador al estilo de Javier Milei en Argentina o del “Fujishock” de 1992 en Perú, medida que nos dejó sin trabajo y sumió al pueblo en el hambre. El gobierno de Rodrigo Paz, de perfil claramente derechista, responde a los intereses de la gran burguesía vinculada al agronegocio. Llegó al poder en medio de una profunda crisis económica heredada del fracaso del gobierno del MAS de Evo Morales, que terminó internamente dividido, enfrentado y debilitado por la corrupción tras 20 años en el poder.

Apenas asumió, Paz restableció las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y se alineó con Donald Trump. Suscribió acuerdos que entregan los recursos naturales del país, como el litio, y permiten el regreso de la DEA (Agencia Antidrogas estadounidense), que es una fachada para proteger a los cárteles de la droga y justificar la presencia militar norteamericana en la región. También reanudó las relaciones con Israel, rotas hace dos años por la masacre en Gaza, evidenciando su alineamiento con las potencias que promueven y sostienen la guerra en Medio Oriente.

En materia económica, el nuevo gobierno, liberó los precios de los combustibles, lo que provocó un alza generalizada que golpea a las mayorías. Además, impulsa una ola de despidos y ataques contra los derechos laborales. Recientemente promulgó la Ley 1720, que coloca en el mercado las pequeñas propiedades de tierra –base de la economía de subsistencia del pueblo boliviano, similar a la de las zonas altoandinas de Perú–, permitiendo que sean hipotecadas, vendidas o adquiridas por grandes terratenientes.

Esta ofensiva ha venido siendo respondida desde el primer día. La COB ya había protagonizado una gran huelga general en diciembre, que logró la anulación del decreto que aumentaba los precios de los combustibles. En distintos sectores se mantienen luchas contra los despidos y los ajustes. Hace un mes, en rechazo a la Ley 1720, campesinos e indígenas se levantaron, bloquearon las principales vías del país y marcharon cientos de kilómetros a través de montañas hasta llegar a La Paz, lo que obligó al gobierno a subrogar dicha ley. En ese contexto, la central obrera y las otras organizaciones en lucha declararon la huelga general con la demanda explícita de salida del gobierno, anunciando que no negociarán con él.

En estos días, las protestas se concentran en La Paz y El Alto. Decenas de miles de manifestantes se enfrentan a la policía e intentan tomar el centro de la ciudad, donde se encuentra la sede del gobierno. La respuesta del gobierno es criminal: gases lacrimógenos, bombas y disparos ya han dejado muertos, heridos y detenidos. El Ejecutivo amenaza con decretar el estado de sitio y poner la represión en manos de las Fuerzas Armadas. Lo que aterra a las autoridades y a la burguesía es la determinación de los huelguistas. Con piedras, armas caseras y dinamita –aportada por los mineros– se enfrentan a las fuerzas represivas. En 1952, la clase obrera boliviana derrotó al ejército mediante una revolución protagonizada por milicias obreras que usaron la dinamita como arma fundamental. Esa experiencia sigue viva en la memoria colectiva.

Los aliados de Rodrigo Paz ya salen en su defensa. Donald Trump llamó a respaldar al gobierno y condenó la lucha popular. Javier Milei envió armas bajo la fachada de “ayuda humanitaria”. En el plano interno, los grupos de poder exigen una intervención internacional para “salvaguardar la democracia”.

Estos días son cruciales para el futuro inmediato de Bolivia: o el gobierno, con el apoyo de Trump y sus aliados, aplasta el movimiento en un baño de sangre, o el levantamiento popular lo derroca y conquista una victoria histórica.

Los obreros y los pueblos del mundo debemos expresar nuestra solidaridad activa con la lucha de la clase trabajadora boliviana bajo la exigencia: ¡Fuera Rodrigo Paz! ¡Fuera las manos de Trump de Bolivia!

En nuestro país, llamamos a discutir esta situación en cada fábrica y en cada lugar de trabajo, porque este ejemplo de lucha obrera es una muestra de lo que necesitamos hacer aquí también para enfrentar los múltiples ataques patronales, y para reconocernos en su vívida experiencia que no es muy distante a la que enfrentamos nosotros.

Y desde ahí, desde las fábricas, organizar plantones y movilizaciones hacia las embajadas de Bolivia y de EE.UU.

Al mismo tiempo, creemos que, al final, todo el problema se concentra en quién debe gobernar Bolivia. Ahora, después del fracaso del MAS y después del fracaso de la falsa “democracia” en cuyo nombre se pretende matar de hambre al pueblo trabajador, la única opción que queda es la lucha por un gobierno de esas mismas organizaciones que hoy se encuentran al frente de la lucha, en especial de la histórica Central Obrera Boliviana.

Qué está en juego en la segunda vuelta, y después

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El conteo oficial de la ONPE finalmente llegó al 100% y el Jurado Nacional de Elecciones proclamó los resultados de la primera elección presidencial 2026, quedando para la segunda vuelta del próximo 7 de junio los candidatos Keyko Fujimori y Roberto Sánchez. El resultado incluye un senado y una cámara de diputados en los que el empresariado más privilegiado tendrá mayoría, y el fujimorismo (su principal operador de momento) la primera minoría. Esto, más que entusiasmo o expectativas por la segunda vuelta, motiva una gran alerta para las organizaciones obreras, populares y estudiantiles, y la población nacional en general, y la necesidad de una preparación organizacional para el periodo que se viene.

El resultado de la primera vuelta muestra similitudes con el proceso del 2021, sobre todo la escasa votación o representatividad de los primeros lugares: Fujimori con el 14.3% de los votos emitidos (sube a 17.2% si se consideran solo los votos válidos) y Roberto Sánchez, con casi 9.99% de los emitidos (o 12% de los votos válidos).

El voto como expresión de protesta

La situación de fondo también es similar. En abril de 2021 ya había transcurrido un año de la pandemia del coronavirus con las fatales experiencias sobre todo de la mayoría de la población sin empleo formal, sin posibilidades de guardar cuarentena, y las familias de contagiados enfrentadas a las inclementes leyes del mercado neoliberal de la salud.

Ya no estamos en pandemia, pero una publicación reciente del INEI nos hizo recordar la situación en que vive la población nacional. Con el actual modelo neoliberal, a pesar del extraordinario crecimiento que ha experimentado la economía nacional en los últimos años, en el Perú hay 2.3 millones de personas pobres más que lo registrado antes de la pandemia, llegando en total a 8.8 millones de personas. La pregunta es obvia ¿Qué está pasando con la enorme riqueza que se está creando en el país?, ¿quiénes se la están quedando? Y obviamente, también, todos voltean al lado los empresarios más privilegiados, y a sus operadores en el gobierno y el Congreso.

Ni siquiera quieren tributar. Veinte compañías mineras mantienen a la fecha deudas tributarias, según la Sunat, por más de S/ 7,900 millones. Y eso que el Perú tiene uno de los ratios más bajos de presión tributaria en América Latina y el Caribe, según el BID.

En esta situación se hace más grave el impacto de verdaderas lacras como la corrupción desde el gobierno, el crimen organizado que golpea con extorsiones y sicariato, los ataques a la economía de los trabajadores. Y más graves los dramas que se padecen en la salud y la educación públicas y los efectos de fenómenos climáticos sin las medidas de prevención y mitigación por parte del Estado.

Candidaturas sin representatividad

Nuevamente, las candidaturas no representan directamente los intereses de las mayorías ni se han construido con la participación de estas, y entonces el descontento social se ha manifestado como ha podido, castigando candidaturas o contraponiendo unas contra otras, pero no por claridad de un proyecto al que hayan sido ganadas.

Una primera manifestación es que la mayoría de los partidos que ejercieron el control del actual Congreso han desaparecido del mapa a nivel de gobierno nacional, Avanza, País, Podemos, Somos Perú, Acción Popular e incluso Perú Libre que fue parte de la comparsa.

El fujimorismo cuenta con un amplio rechazo nacional, pero sobrevive porque explota el aparato político forjado desde la dictadura, su respaldo empresarial, el clientelismo y los pactos que logra por el ejercicio del poder del Estado, así como el control que ha obtenido copando instituciones claves, y sobre todo la crisis política que se manifiesta en la inexistencia de alternativas.

López Aliaga pretendió ilusamente ser una alternativa desde su bastión en Lima y con un proyecto abiertamente ultraderechista y racista, pero no desplazó a Fujimori en el electorado de derecha ni le alcanzó para asegurar el segundo lugar. La inusitada votación obtenida por candidatos como Ricardo Belmont y Carlos Álvarez es también manifestación del descontento de sectores de la población con el sistema político que hoy gobierna.

El voto de la “izquierda”

Esta vez tampoco ha habido una conexión de los procesos de luchas sociales con el proceso electoral, Los diferentes gremios y organizaciones sindicales, estudiantiles y populares no fueron convocados a construir una alternativa que recoja las plataformas de lucha, su vanguardia, la jerarquía de los problemas nacionales y la visión de país para el proyecto de gobierno a postular.

Muy al margen se crearon hasta tres listas de “izquierda” con dirigentes populares y sindicales a título personal, y también ha habido políticos de “izquierda” en candidaturas abiertamente de derecha como Podemos y Somos Perú.

Dos candidaturas formadas de esa manera, Juntos por el Perú y Ahora Nación, y una tercera más de centro derecha la de Jorge Nieto, captaron votaciones suficientes para colocar senadores y diputados (25 de 60 senadores en la cámara decisiva). Nada que esperar de su papel, no solo porque aún sumados son minoría, sino que además ninguna de esas opciones propone combatir el modelo neoliberal ni desafiar el poder económico empresarial, sino más bien preservar las actuales reglas de juego, complementando con medidas reformistas muy tangenciales.

La trayectoria de las cabezas, ahora senadores electos, es cada vez más hacia la derecha como se ha visto en el discurso de López Chau y más aún Nieto. La trayectoria de Roberto Sánchez no es muy diferente, visto su paso por la cartera de Comercio Exterior y Turismo en el gobierno de Castillo.

Juntos por el Perú, terminó siendo la herramienta del voto protesta para un importante sector de la población, especialmente del sur. Ayudó en eso el apoyo expreso de Pedro Castillo, quien había conseguido colocar en las listas congresales a familiares, gente de su confianza y algunos dirigentes de las movilizaciones de sur.

La segunda vuelta

Ahora Roberto Sánchez entra a disputar la segunda vuelta con Fujimori. Pero hasta la fecha, faltando pocos días para el 7 de junio, el movimiento obrero y popular no está noticiado de la visión del candidato de lo que está en juego ni de su estrategia política; como tampoco de parte de las organizaciones sindicales y populares que pedirán el voto por Roberto Sánchez. No hay ninguna referencia a las amenazas que se ciernen sobre los trabajadores y el pueblo, cual sea el resultado de la segunda vuelta, sea con Fujimori en el gobierno y el Congreso, o sea con Fujimori y sus aliados solo en el Congreso; ni tampoco a la estrategia fundamental para combatirlas, una que no puede adolecer de un plan de lucha nacional.

Entonces, el candidato espera una participación solo en las urnas, captando pasivamente, y sin compromisos asumidos, el voto popular en sus distintos sectores: el voto del sur, el voto de la clase trabajadora, el voto del estudiantado y de los movimientos populares, así como también el voto anti-Keyko que existe en sectores “democráticos” y de clase media que no cuestionan el modelo económico.

Entre las primeras figuras presentadas por Sánchez como parte de su equipo técnico están Pedro Francke y Manuel Rodríguez Cuadros, fue ministros de Castillo, así como el exfiscal José Domingo Pérez, lo cual muestra la línea conciliadora que predomina en la campaña de Sánchez.

Con esa “estrategia” no solo no se asegurará la derrota de Keyko Fujimori, sino desarma a las masas trabajadoras ante los efectos de una crisis política que se extenderá indefinidamente. Y en un eventual triunfo de Sánchez

Nuevamente las masas harán su experiencia del voto bajo la regla acostumbrada del “mal menor”. Pero la tarea fundamental seguirá siendo la de forjar la organización por un plan de lucha nacional que ponga en agenta no solo las demandas obreras y populares sino también el proyecto de gobierno obrero y popular.

La gran tarea es retomar el camino de la lucha y afirmar nuestra independencia de clase

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En medio de una profunda crisis del régimen político, que no cierra desde 2017, y que tiene cada vez más síntomas de una descomposición avanzada, el próximo 7 de junio volveremos a las urnas. Y esta vez solo habrá dos candidaturas: la de Keiko Fujimori y la de Roberto Sánchez.

La elección es, de por sí, un elemento más de esa crisis que no cierra. Las dos candidaturas ya mencionadas, pasan a la segunda vuelta con el 10,5% y el 7,3% de los votos emitidos respectivamente. Lo que pone de manifiesto un hecho rotundo: Tras las elecciones, la crisis continúa y se profundizará, por lo que tendrá que definirse en el terreno de la lucha directa entre las clases, y no en el de las urnas.

Esa es la conclusión fundamental a la que debemos llegar desde la clase trabajadora y el pueblo pobre.

Así como hoy en Bolivia, el pueblo trabajador ha salido a enfrentar combativamente al gobierno conservador y reaccionario de Paz Pereira, paralizando el país, movilizándose hacia La Paz, y ejerciendo su derecho a la autodefensa contra la feroz represión desatada por el gobierno boliviano, será en las calles que tendremos que defender y conquistar también, gane quien gane esta segunda vuelta, nuestro derecho a una vida mejor.

Esto no quiere decir que Sánchez y Fujimori sean “lo mismo”.

Las clases adineradas, e incluso un sector de la clase media que ya en la segunda vuelta anterior se pasó al lado del fujimorismo, son conscientes de que Keiko Fujimori es su candidata. Por eso tienen definido su voto, y harán campaña por ella desde sus medios de comunicación y por medio de las redes sociales, movilizando millones en recursos para este propósito.

No cabe duda, Keiko es su candidata pues es heredera directa del dictador Fujimori, que de la mano de Vladimiro Montesinos y la represión ejercida por las fuerzas armadas y policiales, impuso un retroceso colosal a los derechos laborales y sociales conquistados, abriendo la puerta de cientos de miles de despidos y cierres de fábricas en todo el país, e implantando finalmente el modelo económico neoliberal que nos somete completamente al imperialismo, y del cual solo se benefician las grandes empresas.

También existen sectores pobres que se inclinan por la heredera del exdictador. Lo hacen con la esperanza de que, frente a la crisis generalizada, el caos y la criminalidad, ella imponga “orden”. Y ante el abandono estatal, al menos reparta dádivas.

Para esos sectores, los métodos represivos, el abuso de poder y las políticas que le llenan los bolsillos a los ricos que defiende Keiko Fujimori, no son más importantes. No ven el problema de clase: votan por su verdugo.

El problema es que del otro lado, del de la clase obrera, trabajadora, y del pueblo pobre, no existe una candidatura alternativa, propia, que exprese genuinamente sus intereses y luchas.

Roberto Sánchez, no es ese candidato. No concita el entusiasmo mayoritario de la clase obrera, pues no ha sido dirigente de ninguna lucha. Tampoco levanta la necesidad de aplicar un plan radical de transformaciones económicas, políticas y sociales. Por el contrario, día a día intenta mostrarse más “decente” para ganarse la confianza de los patrones. Y mucho menos, es portavoz de las luchas que actualmente se están librando desde las organizaciones de los trabajadores y el pueblo.

Quiénes nos llaman a votar por él, son sectores de “izquierda” y cúpulas sindicales como la CGTP que, soñando algunos con un cargo público, nos aseguran que defenderá los derechos laborales, etc. Pero eso es mentira. No resolverán nada, como no lo hizo Pedro Castillo, que asumió el poder en mejores condiciones. Lo mismo sucedió con Ollanta Humala y tantos otros que llegaron a Palacio cargados de promesas.

No vivimos épocas de bonanza, sino de crisis. Una crisis mundial a la que el Imperio responde con más ataques a los pueblos (Venezuela, Cuba), más ataques a los trabajadores (en los propios EE.UU.) y guerras que profundizan la crisis. Ante este escenario, cualquier gobernante elegido estará obligado a cumplir la agenda patronal de ajustes contra los trabajadores. Y es que ellos llegan al “gobierno”, pero no tienen el poder real, que sigue en manos de los grandes grupos capitalistas.

Frente a esto, direcciones como la cúpula de la CGTP hacen exactamente lo contrario de lo que los trabajadores necesitan. No fortalecen las organizaciones, las debilitan; no unen las luchas, las dispersan. En lugar de desarrollar la conciencia de clase y la confianza en las fuerzas propias, depositan ilusiones en tal o cual candidato, practican la confianza en las instituciones burguesas, concilian con los empresarios y dejan pasar los ataques contra los trabajadores. En pocas palabras, confunden y desarman a la clase trabajadora frente a sus enemigos.

Ante esto tenemos la inmensa tarea de desarrollar nuestras organizaciones, movilización y lucha con una nueva dirección verdaderamente clasista y combativa. A nivel nacional, enfrentamos el desafío de preparar una salida ante la bancarrota a la que nos conduce la burguesía. Esto implica unir a oprimidos y explotados en torno a sus reivindicaciones, y pasa por la lucha por una Asamblea Constituyente Soberana y un gobierno de las organizaciones obreras y populares como única salida real.

Siendo esa la enorme tarea que la clase trabajadora tiene por delante, y a la cual nos entregamos por completo desde el Partido Socialista de los Trabajadores (PST).

Pero también somos conscientes que la vanguardia obrera siente necesaria, y se ha propuesto, “cerrar el paso” a Keiko Fujimori, para lo cual tiene como única herramienta votar por Sánchez.

Repetiremos, porque hay que decir las cosas por su nombre. Nosotros no depositamos ninguna confianza ni levantamos expectativa alguna en Roberto Sánchez, un personaje ajeno a la clase obrera y a las organizaciones populares que hoy aspira a administrar esta democracia corrupta y mentirosa al servicio de los patrones.

Sin embargo, consideramos legítimo acompañar a la vanguardia obrera y popular en el voto por él –sin darle ningún apoyo– porque expresa su repudio a la dictadura, a su heredera y las penurias que vivimos día a día por el modelo económico neoliberal que impuso a sangre y fuego, y que la democracia corrupta no ha podido ni puede desmontar, porque sirve a los mismos patrones que se beneficiaron del gobierno de Fujimori. Y vamos a decir, al día siguiente de la elección, que tenemos que prepararnos para resistir y, apenas podamos, avanzar en nuestra lucha, que es lo único que realmente determinará nuestro futuro y puede cambiar nuestras vidas, como nos muestra el hermano pueblo trabajador boliviano.

Elecciones cuestionadas con signos de farsa

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Por Freddy Salazar

Las elecciones generales del 12 de abril dieron la vuelta al mundo con escenas de caos y desorganización, revelando la profunda crisis que afecta al país y que, al parecer, supera todos los récords.

A media mañana de ese día se registraban largas colas en varios centros de votación debido a una considerable demora en la instalación de las mesas de sufragio y en la no instalación de otras, lo que obligó a los organismos electorales a ampliar el horario de votación y luego extenderlo al día siguiente, en un hecho sin precedentes. En medio de este caos, el flash electoral de boca de urna anunciaba resultados completamente “inesperados” por muchos: Keiko Fujimori en primer lugar y, en un distante segundo puesto, aparecían en disputa Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular). Inesperado porque el primero no figuraba en ninguna encuesta y el segundo se consideraba seguro en la segunda vuelta.

Así se inició una verdadera crisis que llegó a poner en cuestión todo el proceso y casi lo echa abajo. Una crisis “por arriba”, en el entorno de la cúpula de poder y sus instituciones, que las masas observaron como un pataleo o una riña más de los que siempre le roban hasta los votos. Fue provocada por López Aliaga que, con el apoyo de un importante sector mediático y empresarial y de su base electoral –conformada por la alta clase media de Lima–, desató una “guerra” con denuncias de todo tipo dirigidas, centralmente a desconocer centenares de actas provenientes de las localidades más pobres y alejadas, que no le eran favorables. El gallinero se ordenaría con un pronunciamiento de la Sociedad de Minería y la Asociación de Bancos –quienes realmente manejan el poder en el Perú–, a través de su gremio, la CONFIEP, se pronunciaron a favor de la continuidad del proceso electoral, señalando que había habido “fallas” graves, pero no así “fraude”.

Así se dispuso que el proceso electoral continúe, magullado, cuestionado y manchado, con la proclamación oficial de los ganadores de la primera vuelta (Fujimori 17% y Sánchez 12%) y el inicio de la segunda vuelta, cuando faltaban 20 días para la realización del nuevo acto electoral.

Fraude no pero sí farsa

Pese a las numerosas fallas en que incurrió el proceso, todos los observadores coinciden en que no hubo “fraude” entendido como una maquinación para distorsionar de manera deliberada la votación del 12 de abril, y que anularla era absolutamente ilegal, tanto como instalar la ley de la selva en el país. Para los grupos de poder, al menos para la Sociedad de Minería, el resultado no representaba el “fin del mundo” pues ven bien posicionada y con ventaja a Keiko Fujimori, su primera y mejor opción, mientras Roberto Sánchez luce débil y sostenido en una imagen impostada de Pedro Castillo.

Además, la mafia gobernante ya le había puesto candados al sistema: cambió normas, copó instituciones y estableció un superpoder parlamentario con el Senado, la única cámara que puede aprobar leyes, nombrar funcionarios claves y vacar al presidente. Dicha cámara, con la votación del 12 de abril, quedó bajo control de Fuerza Popular y Renovación Popular, el bloque más reaccionario, que en alianza con otros partidos de derecha puede controlar cómodamente el poder en los siguientes años, incluso si Roberto Sánchez resultara ganador en el segundo turno.

Pero el intento de López Aliaga y el sector empresarial que lo respalda no es una pataleta ni nada accidental: es lo que hacen siempre los empresarios –vulnerar derechos y normas– cada vez que defienden sus ganancias, y con más razón ahora que ganaron posiciones. Ese mismo talante se expresó hace pocos días en la fábrica Cifarma, donde la empresa ordenó el despido de 18 trabajadores por el simple hecho de acatar una huelga del sindicato.

El resultado

El resultado del 12 de abril reveló la fragilidad del sistema montado en los últimos años para mantener el control del poder por los grandes grupos empresariales del país. Recordemos que el 7 de diciembre de 2022 se consumó un golpe de Estado parlamentario contra Pedro Castillo, que instaló un periodo de reacción política que se inauguró ahogando en sangre las grandes protestas que se desataron en respuesta, y tras él se estableció en el Congreso un pacto mafioso que aprobó cambios constitucionales que reestructuraron el Estado haciéndolo más autoritario y tomó el control de instituciones claves. De paso lavó las caras de Fujimori padre y de su hija, decretó la amnistía de los genocidas de la ex dictadura, etc.; todo para defender la continuidad del modelo de libre mercado.

Así pretendieron allanarse el camino para las elecciones de este año. En ella esperaban una fiesta en familia: una segunda vuelta entre López Aliaga y Keiko Fujimori, o de uno de ellos con otro de centroderecha. Pero la fiesta se quemó, como hemos visto.

Desde su visión clasista y racista la burguesía cree que, así como su poder reside en su dinero, así también puede “resolver” los conflictos de clase con palos, leyes y su perorata monocorde. El caso de Aliaga lo pinta de cuerpo entero. Después de ser empoderado por los medios en años de campaña, empezó a caer en las últimas semanas de campaña, sobre todo después que “visitó” las poblaciones del sur andino que al rechazar su presencia les gritó “¡gente de mierda!”. Esto disparó el rencor de esas regiones hacia él y las élites de Lima, y se volcaron a apoyar al candidato de Pedro Castillo que simboliza su reivindicación.

Pero hay más. Lo único que el Estado hizo estos años fue profundizar esas políticas y ataques, como la cruenta represión que causó más de 50 muertos. Estos sectores se levantaron demandando lo más democrático que ofrece una sociedad que se dice organizada en los principios “democráticos” burgueses: Asamblea Constituyente, y por ello no solo fueron acusados de “subversivos”, sino que entre ellos cambiaron la Constitución para atornillarse en el poder. Asimismo, justificaron la vacancia de Pedro Castillo en nombre de la lucha contra la corrupción, pero nunca brotó tanta corrupción como en los últimos tres años en el centro y en todos los niveles del poder del Estado.

Así fue como casi un chispazo destapó la olla, y la población pobre y necesitada del campo andino, una vez más, utilizó su voto para castigar lo que de verdad es una infamia para el país: el régimen reaccionario que nos gobierna.

Para la burguesía y las clases medias el proceso electoral solo era un simple juego de estrategias. Cuando vieron el “peligro” del ascenso de la candidatura de López Chau –apenas un autoproclamado “socialdemócrata”–, lo “terruquearon” hasta bajarlo. Para los “moderados” que buscaban evitar un final de Keiko con López Aliaga, se trataba de un “voto responsable o “estratégico”, es decir de no desperdiciar el voto en candidatos sin opción y a concentrarlos en una opción de centroderecha. Todo esto lo único que hizo fue jugar a favor de Sánchez, que en silencio fue ganando el apoyo de la región andina hasta colocarse en la segunda vuelta.

La “democracia burguesa” devenida en caricatura bajo el trasfondo de la crisis del modelo neoliberal

La primera vuelta trajo otras perlas, “absurdas” y tortuosas para la conciencia “democrática” de las clases medias, que se jalan los pelos mientras culpan a unos y otros.

Para empezar, el 26% del padrón electoral no fue a votar. En segundo lugar, Keiko Fujimori no “ganó” la primera vuelta, sino que “ganaron” el voto nulo y el blanco, que obtuvieron el 25%. En tercer lugar, los dos candidatos que pasan a segunda vuelta apenas representan una cuarta parte del total de votos “validos”. A esto se agrega que la cifra repartidora para la elección de los congresistas se calcula descontando a todos los que no pasaron la valla electoral –que suman otro 25%–, lo que infla la representación de los que sí lograron pasarla.

¿Qué representación puede tener el Congreso y la Presidencia elegidos en estas condiciones? Muy poca.

Por otra parte, desde diversos sectores se sostiene que la verdadera raíz del problema es la proliferación de candidatos, que esta vez llegaron a 36. En realidad, esta no es la causa sino el producto de un sistema descompuesto. Los “requisitos” para registrar una candidatura son onerosos y exige grandes recursos económicos, lo que es un verdadero filtro dirigido a impedir el registro de organizaciones verdaderamente obreras, y al mismo tiempo para facilitar el ingreso de las mafias que tienen “plata como cancha”.

Cuando alguien expresa nostalgia por los partidos de antaño –incluso los de izquierda–, que se basaban en programas y militantes que movilizaban masas, no ven que lo que ocurre es producto del modelo neoliberal que nos gobierna. Este modelo fomenta la concentración del poder económico y político en manos de una oligarquía capitalista que no acepta ningún tipo de cuestionamiento al modelo neoliberal. Por eso fabrican o compran partidos, sujetan a los que buscan salirse del librero (con ofertas “nacionalistas”, de “izquierda” e incluso a los que llama “caviares”), y conviven con todo tipo de partidos mafiosos. Por esto mismo también, cuando no funcionan las reglas “democráticas” que ellos mismos establecen, las pisotean y hasta hacen golpes.

Así se ha montado la presente “democracia”, que no es otra cosa que una formalidad o caricatura, útil para el ejercicio y control del poder por un grupo económico poderoso sobre las mayorías explotadas y oprimidas, como las del campo que sigue viviendo como en siglos pasados.

El fondo de la crisis

En realidad, las elecciones nos muestran una crisis más de fondo del régimen y del mismo sistema.

La “democracia” fue diseñada por la burguesía para garantizar su dominio de clase y la explotación de la clase obrera. Pero la falsa “democracia” tal como la conocemos en este siglo XXI es hija directa del neoliberalismo más brutal aplicado en el subcontinente. Mantuvo cierto equilibrio cuando la bonanza neoliberal de los de arriba chorreaba sobre la población, pero dejó de hacerlo cuando la crisis se instaló en el país desde la pandemia del COVID-19, cuando, para salvar los grandes negocios, se arruinó la economía popular, se empujó al desempleo a millones y se dejó morir a medio millón de peruanos pobres. Desde entonces, las masas salieron a escena a pelear por sus reivindicaciones y desestabilizaron todo.

Ahora, como el modelo neoliberal ya no “chorrea” los conflictos de clase se agravan. Seis años después de la terrible pandemia el Perú no superó los niveles de pobreza que dejó. Todo esto se agrava con la expansión del crimen organizado que asesina y extorsiona a pequeños negocios en las localidades más pobres, y ahora más con la crisis global y las guerras que impulsa el Imperialismo (Ucrania, Palestina, Libia, Irán), trayendo más encarecimiento de las subsistencias.

En este escenario la burguesía maquina salidas más autoritarias y represivas que le permitan asegurar su “orden” y “estabilidad” y para ajustar más el plan neoliberal con nuevas privatizaciones (ahora de Petroperú), autorización de nuevos proyectos mineros y nuevas reformas laborales como la Ley Pulpín.

En un primer momento lo intentaron con Dina Boluarte, y fue resistido. Luego aparecieron nuevos actores sociales como los transportistas, la generación Z y las poblaciones afectadas por el crecimiento de la inseguridad. El régimen fue golpeado y pudo caer en distintos momentos, pero fue evitado por la traición de la dirección de la CGTP que desmovilizó a la clase obrera. Ahora se intenta legitimar en estas elecciones un nuevo gobierno que continúe y retome ese mismo plan. 

Las direcciones traidoras

La clase obrera es la más poderosa fuerza social que produce este sistema y es llamada a luchar en alianza con la población empobrecida por los cambios que necesitamos. Pero está bajo el control de una dirección que colaboró con todos los gobiernos, en especial en los cruciales años recientes; lo mismo ha hecho su brazo parlamentario. Ante la salida autoritaria que impuso la burguesía, los pueblos andinos se sublevaron con la demanda de una Asamblea Constituyente Soberana, y la clase obrera debió hacer suya esta lucha y esta demanda con la huelga general. Pero la dirección de la CGTP la separó y aisló de esa gran lucha contribuyendo a que sea derrotada.

Esta dirección también ha colaborado con el montaje de la farsa electoral en curso, manteniendo desmovilizada y adormecida a la clase trabajadora y aislando sus luchas, y avalando esta “democracia” apoyando candidaturas de conciliación, primero subiéndose al carro de López Chau y ahora al de Roberto Sánchez.

Todo esto no ha hecho más que profundizar la desorganización y dispersión de la clase obrera, debilitándola en sus luchas cotidianas y dejando ganar posiciones a nuestros enemigos de clase. Esto se refleja en las elecciones donde vemos el crecimiento de las fuerzas reaccionarias que captan el voto de las zonas obreras y más pobres del país.

Nuestro posicionamiento

En la primera vuelta, el PST se posicionó con la definición de que “los trabajadores no tenemos alternativa”, y llamamos al voto nulo como una forma de defender la independencia política de los trabajadores.

En esta segunda vuelta podemos decir junto a lo más avanzado de la vanguardia obrera, que identificamos claramente a nuestro enemigo, a la que encarna la herencia del ex dictador Fujimori que ejecutó el ajuste más grande de nuestra historia, infligió una inmensa derrota a los trabajadores en los años 90 y realizó genocidio, esterilizaciones forzadas, etc., y luego su heredera, que ha mostrado casi lo mismo estos años.

Por ello votamos por Roberto Sánchez solo para acompañar a los activistas que consideran como decisiva esta experiencia de la segunda vuelta electoral; no es en ninguna forma un llamado a crear confianza o expectativas en lo que Sánchez haría desde el gobierno; por el contrario, estamos seguros de que no es ninguna garantía de un combate frontal contra el plan neoliberal, y que no dará siquiera tibias medidas como un impuesto a los ricos o medidas como la supresión de los ceses colectivos.

Lo hacemos reafirmando la necesidad de retomar la movilización y lucha unida como única manera de defendernos y de cambiar nuestras vidas. La clase obrera y el pueblo bolivianos, con el levantamiento que protagonizan estos días, muestran que la historia la escriben los pueblos luchando en las calles.

Derrotemos los despidos en Cifarma

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Una ola de despidos enciende las alarmas por la vulneración del derecho a huelga en el sector manufacturero. La Secretaria de Defensa, Edith Rivera, denunció que la empresa CIFARMA despidió a 18 trabajadores tras iniciar una huelga declarada legal por el MTPE. Una arremetida patronal que intenta marcar un nuevo precedente contra la clase obrera.

Por Manuel Fernández, dirigente obrero del PST

Un legítimo reclamo laboral se ha transformado en una verdadera masacre sindical a vista y paciencia del Ministerio de Trabajo. Trabajadores del sindicato de la empresa farmacéutica y manufacturera CIFARMA realizaron un plantón de protesta junto a los sindicatos de la FETRIMAP – CGTP este jueves 14 del presente, para denunciar los despidos abusivos de casi 18 operarios, como represalia tras el inicio de una huelga indefinida declarada procedente por la Autoridad de Trabajo.

Edith Rivera Galindo, Secretaria de Defensa del Sindicato de CIFARMA, detalló que la paralización de labores cumplió rigurosamente con los plazos y requisitos que exige la norma: “La huelga fue comunicada con la debida anticipación a la empresa y el propio Ministerio de Trabajo nos dio la razón mediante una resolución que la declaraba procedente. Pese a tener el respaldo legal, la respuesta de la empresa fue pisotear nuestros derechos e imponer despidos por doquier”, puntualizó la compañera.

La industria farmacéutica es un sector altamente rentable, con producción de medicamentes de primera necesidad, en el caso de CIFARMA atendiendo a clientes como Bayer. Sin embargo, desde el saque la actitud patronal ha sido abiertamente antisindical y mezquina. Ni siquiera acude al llamado de la Autoridad de Trabajo, y viene utilizando la maniobra de calificar a todo su personal como puestos indispensables para luego amenazarlos y despedirlos ante cualquier inicio de paralización que los trabajadores acaten como medida de protesta.

“Lamentablemente, la empresa ha buscado cualquier mecanismo para pisotear nuestros derechos. Primero nos notifican calificándonos como ‘personal indispensable’ para intentar frenar la protesta y obligarnos a entrar a planta quebrando nuestra medida de fuerza, cuando nuestros puestos no cumplen con ese criterio técnico. Al no ceder, nos enviaron cartas de pre-despido y, finalmente, las cartas de despido definitivo”, explicó la compañera Rivera Galindo.

La Mujer Madre trabajadora también lucha

El sindicato está compuesto mayoritariamente por mujeres, muchas de ellas en condiciones de alta vulnerabilidad. Son ellas quienes están al frente en cada convocatoria de lucha que se realiza. Y lamentablemente también en su mayoría han sido ellas las que enfrentan estos despidos en pleno desarrollo de su legítimo derecho a huelga. Un doble golpe para estas madres que no solo son explotadas por el patrón en la fábrica, sino que además siguen cargando con las labores domésticas del hogar.

“Más de la mitad de los despedidos somos madres de familia y el único sustento de nuestros hogares; somos padre y madre a la vez. También han echado a adultos mayores y a compañeros con enfermedades ocupacionales que se enfermaron trabajando en las líneas de producción de esta misma empresa”, manifestó Rivera con indignación. “Es indignante que mientras las instituciones del Estado y las Corporaciones saturan las redes y la televisión con propagandas festivas por el Día de la Madre, en la realidad días antes de esta celebración nacional, a nosotras nos echan a la calle, sin el pan para nuestros hijos por el solo hecho de defender nuestros derechos laborales”.

La lucha de CIFARMA es la lucha de toda la clase obrera

El caso de los despidos en CIFARMA no es un hecho aislado. Es la misma política que enfrentan los trabajadores del Sindicato de DINET, ya con más de 15 días en huelga indefinida, sin que exista visos de solución y también del cese colectivo implementado por la patronal de Industrias del Envase en el Callao.

Una nueva arremetida patronal al calor de este proceso electoral amañado donde la clase empresarial, gane quien gane ya juega sus fichas para imponer nuevamente sus intereses. Por ello una respuesta aislada en donde cada sindicato resuelve su problemática es inviable.

Necesitamos unificar las luchas

Urge una respuesta del movimiento obrero organizado. No podemos dejar a su suerte estas luchas. Las respuestas en el terreno legal deben realizarse, pero no son la salida al problema. Una orientación legalista como el arbitraje o que los despidos se encarguen al poder judicial significaría una derrota y un retroceso en nuestras conquistas, puesto que la patronal aplicará la misma fórmula en otras luchas.

Por el contrario, debemos unificar estas luchas y organizar la movilización de los trabajadores, La FETRIMAP debe convocar a sus bases a discutir la problemática actual y discutir un plan de lucha que permita derrotar los despidos y estas maniobras patronales que quedan impunes ante vista y paciencia de la Autoridad de trabajo. Es una respuesta que debemos organizar ahora y no para después de 28 de julio.

Ese plan debe desembocar en una huelga del sector obrero industrial en Lima, que señale el camino que debe tomar la clase trabajadora peruana para defender y conseguir solución a nuestra problemática.

Ese es el reto que tenemos y en eso coinciden los trabajadores del sindicato de CIFARMA que al cierre de esta edición se mantienen firmes en su lucha: “Somos un sindicato chico, pero fuerte en convicciones. Hemos decidido continuar con esta pelea hasta las últimas consecuencias, porque sabemos perfectamente que sin lucha no hay victorias, llamamos a nuestros hermanos sindicatos a solidarizarnos con nuestra lucha”, concluyó la compañera Ediht Rivera.

UNE-LA CANTUTA: Impulsar la Solidaridad activa con los estudiantes

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Desde el martes 19 de mayo, los estudiantes de la Universidad Nacional de Educación «Enrique Guzmán y Valle» – La Cantuta tomaron las puertas a la ciudad universitaria en Chosica mientras que otros grupos de estudiantes recuperaron los ambientes donde antes funcionaba la residencia universitaria.

Su principal demanda estudiantil es exigir la restitución inmediata de la residencia estudiantil, apropiada por las autoridades y ocupada por docentes que viven en ella ¡más de 20 años!

Otras demandas son incrementar el presupuesto para el comedor y transporte. En la toma hubo una violenta agresión contra los estudiantes por parte de los matones que se presentan como “miembros seguridad”.

Vale recordar que hace más de treinta años que los estudiantes se quedaron sin residencia porque fue destruida por la intervención militar en el año 1992. Incluso el grupo Colina, brazo armado paramilitar, secuestraron, torturaron y ejecutaron extrajudicialmente a nueve estudiantes y un docente bajo el pretexto de que eran “terroristas”. Desde entonces ninguna autoridad de la UNE se propuso resolver el problema de vivienda para los estudiantes, una necesidad muy sentida por los estudiantes de provincias, de los cuales muchos de ellos tienen recursos económicos muy precarios.

Asamblea triestamental y plan de la lucha

Una semana después de la toma, la Asamblea Triestamental acordó defender la universidad pública, el cese de procesos administrativos disciplinarios contra los estudiantes movilizados, el reconocimiento de la residencia estudiantil recuperada y la reactivación inmediata de la residencia universitaria, el mejoramiento integral del servicio de alimentación universitaria, la ampliación y mejora del transporte universitario, la devolución y libre utilización de sede para los gremios universitarios y auditorios, entre otras demandas. Un triunfo de los estudiantes abriría las puertas para el triunfo de los demás estamentos.

La justa lucha de los estudiantes requiere del claro pronunciamiento y solidaridad de las demás universidades y de las organizaciones sindicales, principalmente de la central mariateguista, la CGTP, y de las organizaciones sociales y barriales.

Hoy más que nunca los estudiantes cantuteños necesitan de nuestra solidaridad.

¡Viva la lucha de los estudiantes de UNE – La Cantuta!

SAN MARCOS: Protestan en rechazo al proyecto de reelección universitaria

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Las luchas universitarias sacuden a la capital. En San Marcos y la UNE-La Cantuta, los estudiantes tomaron la ciudad universitaria. En San Marcos denuncian a la actual rectora Jerí de pretender reelegirse, para tal fin coordina con la mafia del Congreso un proyecto ley que la beneficia. En la UNE reclaman la restitución de la residencia universitaria, destruida desde hace más de treinta años bajo la dictadura de Fujimori. La Pontificia Universidad Católica – PUC fue sacudida con una rebelión contra el rector que había elevado la pensión más baja a mil soles más. La pensión más baja involucra a la mayoría de estudiantes. Todas estas luchas estudiantiles chocan contra la política de ajuste del gobierno-Congreso… y pueden triunfar, a condición de que sus direcciones estudiantiles impulsen la más amplia unidad y acciones de masas con toda la comunidad universitaria y la hacen extensiva a otras universidades.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos es escenario de una importante lucha estudiantil desde el pasado 12 de mayo. Un sector del alumnado ha tomado la ciudad universitaria en rechazo a las elecciones virtuales, al incremento de la valla electoral y al proyecto de ley que permitiría la reelección de rectores, vicerrectores y decanos. Los estudiantes denunciaron que la iniciativa favorecería directamente a la actual rectora Jerí al abrir la posibilidad de su permanencia en el cargo.

Congreso busca aprobar la “Ley Jerí”

El debate creció luego de que el pasado 7 de mayo la rectora acudiera al Congreso bajo el argumento de participar en actividades por el aniversario de San Marcos. El verdadero objetivo habría sido coordinar una propuesta legislativa destinada a garantizar la continuidad de las actuales autoridades universitarias. El proyecto incluso evitó el trámite regular y fue llevado directamente a la Junta de Portavoces, dejando de lado el debate correspondiente en la Comisión de Educación.

Para la comunidad universitaria, esta maniobra evidencia la estrecha relación entre las autoridades universitarias y el actual régimen político. Las críticas apuntan a que la iniciativa busca consolidar estructuras burocráticas y redes de poder que administran importantes presupuestos públicos, mientras persisten graves problemas dentro de la universidad. A ello se suma el rechazo al papel que desempeñó la gestión de Jerí durante las protestas nacionales de 2023 contra Dina Boluarte, cuando autorizó el ingreso policial al campus de San Marcos generó fuertes cuestionamientos por parte de organizaciones estudiantiles y de derechos humanos.

Alto a la privatización

El conflicto también reabrió el debate sobre la situación de la universidad pública y los efectos de la actual Ley Universitaria 30220. Los estudiantes denuncian que, lejos de resolver los problemas estructurales, las reformas recientes han profundizado la precarización de servicios, las deficiencias en infraestructura, las dificultades económicas y el avance de criterios empresariales dentro de las casas de estudio. Mientras las autoridades disputan cargos y cuotas de poder, miles de estudiantes continúan enfrentando limitaciones para acceder a una educación pública de calidad.

En ese contexto, desde el PST, venimos planteando la necesidad de articular la lucha de San Marcos con los conflictos que atraviesan otras universidades del país. Señalamos que los ataques contra la educación pública forman parte de una crisis política más amplia marcada por la corrupción, el autoritarismo y la política neoliberal del régimen político actual.

Por ello, proponemos impulsar asambleas de base entre estudiantes, docentes y trabajadores, a la vez que impulsemos coordinaciones interuniversitarias para acordar acciones unitarias y, al mismo tiempo, el llamado a las organizaciones sindicales y populares, con el objetivo de enfrentar de manera conjunta las políticas que afectan a las universidades públicas y al conjunto de los trabajadores.

¿Otra vez Fujimori?

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Por Víctor Montes

¿Cómo se explica que, 26 años después de la caída del dictador Alberto Fujimori, su hija Keiko vuelva a encontrarse en una segunda vuelta, y tenga opciones reales para ser presidenta?

Para algunos sectores intelectuales y de “clase media” que se consideran “democráticos”, la culpa es de las personas que denominan como “pobre de derecha”. Con gran indignación, estos sectores que se perciben como éticamente superiores, achacan el voto por Keiko a la “ignorancia” y a su poco valor personal (no es raro leer o escuchar a estos sectores afirmar que quienes votan por keiko tienen “cabeza de táper”, haciendo alusión a que entregarían su voto a cambio de alguna dádiva barata).

Sin embargo, la realidad no se ajusta al esquema de estos sectores, supuestamente “progresistas y democráticos”, que al sostener este tipo de conclusiones solo evidencian el desprecio absoluto que sienten por el pueblo pobre de nuestro país.

Entonces, si no es esa la explicación ¿Qué es lo que hay tras la cuarta segunda vuelta a la que ha accedido Keiko Fujimori desde 2011?

El fraude de la “democracia”

Es verdad que hoy la popularidad de Keiko hoy, es mucho menor a la que mostró en sus primeras apariciones, donde obtuvo en primera vuelta aproximadamente el 19% (2011) y el 35% (2016) de los votos emitidos, mientras hoy detenta el 10,5%.

Sin embargo, esto no niega el hecho de que se encuentre ante la posibilidad real de ganar estas elecciones.

De lo que se trata es de entender por qué a pesar de ser heredera y reivindicar una dictadura asesina y corrupta como la de su padre, que atacó y acabó con derechos laborales y sociales, y que entregó las riquezas del país a las transnacionales, sectores populares, e incluso obreros, siguen votando por Keiko Fujimori y el fujimorismo.

La principal razón detrás de esta situación ha sido que la llamada “democracia” (en realidad, la democracia patronal), que sobrevino a la caída de la dictadura, se detuvo en su obra justamente ahí donde la lucha comenzaba a desmontar las herencias más profundas de la dictadura: el modelo económico, la constitución, la corrupción y la impunidad.

Y no podía ser de otra forma, pues el modelo económico impuesto por la dictadura, estuvo siempre al servicio de las grandes empresas, quienes apoyaron al dictador Fujimori mientras les fue útil y controló, bajo un régimen policiaco y asesino, la lucha popular.

La tan glorificada “democracia”, mantuvo el modelo económico neoliberal y la constitución de la dictadura, la de 1993, bajo las cuales el país se transformó en una economía completamente sometida al capital extranjero, vendedora de cobre, oro y productos agroindustriales.

Todas actividades que impactan en el ambiente y siembran miseria afectando la calidad de vida de las poblaciones aledañas. Y que con el tiempo ha sido el caldo de cultivo perfecto para la proliferación de organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal, incrementando la violencia y la inseguridad.

Un modelo económico que, además, ha desarrollado la corrupción a niveles exorbitantes, como evidenciaron los 22 millones de dólares que cobró Toledo por sus servicios para Odebrecht.

Represión a luchadores y mano blanda a criminales

En ese marco de continuidad del modelo económico y sus penurias, que además nos condenaron a vivir un verdadero genocidio durante la pandemia de Covid19, esa llamada democracia ha mostrado en estos años que, así como se muestra dura y es asesina contra quienes luchan, es una coladera ante la emergencia del crimen organizado, el sicariato y la extorsión.

Basta con recordar los más de 220 luchadores y luchadoras asesinados por agentes policiales y de las Fuerzas Armadas entre 2001 y 2025 para saber que la democracia mata, y al mismo tiempo ver la absoluta ineptitud de la policía y las Fuerzas Armadas, durante los estados de emergencia, para acabar con la criminalidad, para darse cuenta contra quién apunta los fusiles esta “democracia”.

Ante esta realidad, para un sector del pueblo pobre, Keiko Fujimori aparece como una alternativa de “orden” y “estabilidad económica”, aunque sea, en el peor de los casos, de una economía que solo permite sobrevivir en la informalidad. Y este sector no se va a convencer de lo contrario por discursos moralistas o de genialidades ilustradas.

Por eso, para acabar con el fujimorismo y con Keiko Fujimori, no bastará votar por su oponente de turno. Solo la organización y movilización consciente de la clase obrera y el pueblo pobre puede resolver los problemas de fondo que aquejan a nuestro país, y a partir de ahí, deshacerse de las expectativas que pueda levantar la heredera de la dictadura en los sectores populares que aún la consideran una posibilidad.

El rostro de Juntos por el Perú y su proyecto político

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Tras el pase de “Juntos por el Perú” (JP) a la segunda vuelta, se vuelve necesario analizar qué representa realmente esta organización y cuál es el programa político que defiende. En medio de una coyuntura marcada por la crisis del régimen, el descrédito de los partidos tradicionales y una enorme confusión política, distintos sectores intentan presentar a JP como una alternativa de cambio profundo para el país. Sin embargo, detrás de ese discurso “progresista” y popular, es importante precisar cuál es su composición social, cuál ha sido su actuación política en los últimos años y cuáles son los verdaderos límites de su proyecto.

¿Quién conforma JP?

Desde sus orígenes, “Juntos por el Perú”, surgido en el 2017 alrededor del Partido Humanista, ha estado ligado fundamentalmente a sectores de clase media profesional, cuadros técnicos, pequeños empresarios y sectores vinculados a economías regionales y rurales. Es decir, no nació como una organización construida desde la independencia política de la clase trabajadora, sino como un proyecto orientado a reformar y administrar el capitalismo peruano dándole un rostro más “social” o “democrático”.

En esta elección, además, JP incorporó la figura de Pedro Castillo, intentando capitalizar nuevamente el respaldo popular que este recibió en el 2021, especialmente entre las regiones del sur andino, el magisterio y amplios sectores empobrecidos que vieron en su candidatura una expresión de rechazo a las élites tradicionales. Sin embargo, la base social que apoyó a Castillo en aquel momento ya no se mantiene intacta. Una parte importante de ese respaldo fue absorbida por otras candidaturas y otra terminó profundamente decepcionada luego de la experiencia del gobierno castillista y de la incapacidad de ese proyecto para responder a las demandas populares.

¿Cuál ha sido su rol entre 2021 y 2026?

Durante el proceso de vacancia contra Pedro Castillo, gran parte de la llamada “izquierda parlamentaria” terminó subordinándose a las reglas y mecanismos de esta institucionalidad burguesa. Entre quienes votaron a favor o se abstuvieron estuvo Roberto Sánchez, dirigente ligado a JP. Esto reflejó el verdadero límite político de estas organizaciones: pese a su retórica crítica, terminan actuando dentro de los márgenes del mismo régimen que dicen cuestionar.

En ese sentido, aunque JP no forme parte directa del llamado “pacto mafioso” que controla el Congreso y amplios sectores del Estado, su papel terminó siendo funcional a la estabilidad del régimen. Mientras miles de personas en el sur del país se movilizaban contra el gobierno de Dina Boluarte, enfrentando la represión, los asesinatos y la militarización, JP priorizó la política parlamentaria y las negociaciones institucionales antes que impulsar una verdadera estrategia de movilización nacional para derrotar al gobierno.

Incluso después de las masacres perpetradas por el régimen, cuando decenas de manifestantes fueron asesinados por las fuerzas represivas del Estado, JP no llamó a desarrollar una lucha consecuente para tirar abajo al gobierno y al régimen responsable de esa represión. Por el contrario, contribuyó a sembrar expectativas en salidas institucionales, apostando a que desde el propio Congreso o mediante acuerdos políticos pudiera resolverse la crisis. Esto terminó favoreciendo el desgaste y desmovilización del enorme proceso de lucha que protagonizaron las regiones del sur.

El programa de JP

El programa de JP expresa claramente el carácter social y político de esta organización. Se trata de un proyecto capitalista reformista, con ciertos matices nacionalistas, que busca fortalecer a determinados sectores empresariales nacionales y renegociar algunas condiciones dentro del modelo económico vigente, pero sin romper realmente con él.

Por eso, aunque critique algunos “excesos” del neoliberalismo, en ningún momento plantea acabar con las bases estructurales de la explotación capitalista en el Perú. No propone eliminar mecanismos centrales de precarización laboral como las services, la subcontratación, los ceses colectivos o los regímenes laborales especiales que niegan derechos a millones de trabajadores. Su propuesta se limita, en el mejor de los casos, a regular ciertos “abusos” para hacer el sistema más “equilibrado” o “justo”, sin cuestionar que la superexplotación laboral es precisamente uno de los pilares sobre los que se sostiene la acumulación capitalista en el país.

Tampoco plantea enfrentar seriamente a los monopolios y oligopolios que controlan sectores estratégicos de la economía. Sus críticas apuntan más bien a los “excesos” o a la “competencia desleal”, como si el problema fuera únicamente la mala regulación y no la propia concentración capitalista que inevitablemente produce este sistema.

Una de las mayores contradicciones de su programa aparece en su relación con el imperialismo. Aunque cuestiona ciertos niveles de dependencia y subordinación económica, no propone romper con los tratados de libre comercio ni con el dominio de las grandes transnacionales sobre los recursos naturales y sectores estratégicos del país. Su perspectiva se reduce a intentar “negociar mejores condiciones” con las potencias y el capital extranjero, bajo la ilusión de que es posible alcanzar relaciones “más justas” con el imperialismo.

Sin embargo, la realidad mundial demuestra lo contrario. Las grandes potencias actúan en función de sus intereses económicos y geopolíticos, interviniendo militarmente, saqueando recursos y subordinando economías enteras cuando sus intereses están en juego. Pretender humanizar o democratizar esa relación sin romper con la dependencia estructural termina siendo una utopía reformista.

Algo similar ocurre con sus planteamientos sobre el medio ambiente. Aunque el programa habla de sostenibilidad, “democracia” y dignidad humana, evita impulsar medidas realmente anticapitalistas frente a la crisis climática. Hoy resulta imposible defender seriamente el medio ambiente sin enfrentar el modelo extractivista impuesto por las grandes corporaciones y el imperialismo. Para ello sería necesario romper con los TLC, recuperar el control de los recursos naturales bajo control social y planificar democráticamente su explotación en función de las necesidades de la población y no de las ganancias privadas.

Por todo esto, aunque JP critique parcialmente el neoliberalismo y se presente como una opción de cambio, su trayectoria y su programa muestran que no representa una alternativa verdaderamente distinta al sistema actual. La experiencia reciente de gobiernos como el de Ollanta Humala o el propio Pedro Castillo demuestra cómo proyectos de este tipo terminan administrando el mismo modelo que prometían transformar.

En ese sentido, Roberto Sánchez ni siquiera necesita una “hoja de ruta” como ocurrió con Humala para tranquilizar a los grandes grupos económicos. Su propio programa y actuación política ya dejan claro que no pretende poner en cuestión las bases fundamentales del modelo capitalista, sino únicamente administrarlo con ciertos matices.

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