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El pueblo marcha contra el crimen… el gobierno y el Congreso

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El crimen organizado se masifica y se desboca en atentados contra la población más pobre y necesitada de los distritos populares, que ahora protesta con un paro que paraliza Lima y Callao.

El paro del transporte anunciado para los días 10, 11 y 12 de octubre, paralizó Lima en su primer día, haciendo que la ciudad viva un verdadero caos en los distritos más populares: ausencia casi total de movilidad, cierre de mercados y pequeños negocios, marchas y fuerte presencia policial y militar.

Muchos no fueron a trabajar y no hubo clases presenciales, y las zonas de densidad comercial, como el emporio de Gamarra, en el distrito de La Victoria, o “Mesa Redonda”, en el centro histórico de la ciudad, hasta la zona residencial y empresarial del distrito de San Isidro, lucieron casi vacías. Un hecho inusual para una ciudad de 11,5 millones de habitantes.

Esto suele ocurrir en los paros nacionales verdaderos (no como la finta que ahora convoca la Confederación General de Trabajadores del Perú – CGTP). Solo que ahora los que realizan el paro no son los sindicatos, sino la masa de trabajadores precarizados e informales que habitan los distritos populares que rodean el centro de la ciudad.  

Por esto mismo, esta paralización resultó más fuerte y combativa que la organizada por las grandes empresas de transporte, el pasado 3 de octubre. Empresas que esta vez se echaron atrás, en acuerdo con el gobierno o ante las amenazas de las bandas criminales. Los que protestan ahora, dicen: “Prefiero perder mi día de sustento, en defensa de mi vida”.

El paro anterior no logró resultado alguno. Al contrario, el crimen se vengó contraatacando. El gobierno y el Congreso, ensimismados y con prepotencia, no derogaron la Ley 32108 (“Ley del crimen organizado”), hija de los peores corruptos del régimen, que al limitar la aplicación de sanciones al crimen organizado, en realidad lo incentiva.

En su lugar, a clásico estilo gorila, declararon el estado de emergencia en 14 distritos de Lima y el Callao, colocaron al ejército en las calles y lanzaron una propuesta de Ley de “terrorismo urbano”, que buscaba impunidad policial y mayor represión… Es decir, solo han recortado derechos y libertades que afectan a todos dejándonos vulnerables ante las mismas fuerzas llamadas a traer seguridad.

Ante esta pantomima, el crimen organizado contraatacó para mostrar que son ellos los que mandan y no las autoridades. Buses quemados, nuevos muertos y más amenazas.

Por ello la nueva protesta esta vez viene de más abajo: de los microbuseros y mototaxistas, de los vendedores ambulantes, de todos los que a diario salen a buscarse el sustento diario. Y salieron con más indignación por las respuestas del gobierno y del Congreso, a los que también ven con odio. Son esos sectores los que se movilizaron en forma masiva desde los conos hacia el centro, donde se encuentra la sede el Congreso solo para encontrar a la policía.

La represión, que es inepta para combatir al crimen, aquí mostró una vez su eficacia para reprimir la protesta. En lugar de hacer frente a los criminales, reprimen a los que luchan contra ellos. Y peor, ante las demandas de fondo, el gobierno y el Congreso mantienen el mismo discurso prepotente; lo que enciende más la bronca.

Desde donde se lo mire, esta lucha es justa. Como en la rebelión del 2022-2023, los que hoy se rebelan contra el régimen son los más pobres, esta vez de Lima. Son pobres por culpa del régimen corrupto y su política económica que solo favorece a los ricos y corruptos. Y que ahora, como parte de esa misma política o de su propia ineptitud y desinterés, no solo permiten sino alientan el crecimiento de la criminalidad, de la común y profesional, dejando a su suerte a la población más necesitada.

Si no hay solución inmediata y efectiva la gente no va a bajar los brazos. La criminalidad tampoco, provocando más hechos de sangre. Y nuevas protestas.

Ante esto, la tarea es apoyar esta lucha y hacer nuestras sus banderas, no solo para la solución de las demandas sino para que se vayan el Gobierno y el Congreso, responsables de esta situación de y muchos males que afectan al pueblo todo, como los despidos masivos y ceses colectivos en la industria.

Es una lucha justa que la clase trabajadora debe apoyar y hacer suya. No es casual que ante ella la CGTP y las organizaciones de “izquierda” electorera no digan nada. En lugar de sumarse a la protesta y construir una sola con las urgentes demandas obreras, se hacen la vista gorda cuidando su plan de canalizar todo hacia la salida de las elecciones del 2026.

La central ha convocado a una jornada el jueves 17, por aumento del salario mínimo y otras demandas. Es una oportunidad para hacerse presentes en ella con todas las bases, con las banderas más combativas de la clase obrera y de los sectores populares en lucha.

Algunos comentarios alrededor del documental sobre la vida de Ricardo Napurí

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septiembre 5, 2024

Por Alejandro Iturbe

El 29 de agosto pasado se estrenó, en el cine Gaumont de la ciudad de Buenos Aires, el documental “Tiempo largo y jodido. ¿Qué querés que te diga?” hecho por el cineasta Hugo Lescano sobre la base de dos largas entrevistas realizadas por el periodista Carlos Rodríguez, en 2019 y 2021, al militante y dirigente revolucionario peruano-argentino Ricardo Napurí. El documental fue realizado con el apoyo financiero y técnico del INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina)[1]. El INCAA es una institución oficial. Los gobiernos peronistas/kirchneristas le dieron mucho impulso y ahora está siendo atacado (casi desmantelado) por el gobierno de Javier Milei.

Con 99 años, Napurí se mantiene plenamente lúcido y con la capacidad de referirse claramente a los hechos históricos en los que participó o de los que fue testigo, cómo estos fueron incidiendo en su pensamiento político y sobre figuras destacadas de esos acontecimientos con las que tuvo contacto personal en Perú, Argentina y otros países latinoamericanos. Entre ellos, el peruano Luis de la Puente Uceda, el argentino Silvio Frondizi, el Che Guevara y Fidel Castro, el chileno Salvador Allende, el venezolano Hugo Chávez.

De esa forma, va hilvanando de modo muy ameno, sus más de setenta años de acción política, iniciada en 1948 cuando era un joven teniente de aviación militar en el Perú y se negó a bombardear un barco lleno de civiles que participaban de un levantamiento contra el gobierno peruano. Fue castigado por ello y obligado a exiliarse en Argentina. La entrevista se inicia con ese recuerdo y llega hasta el momento actual. En ese marco, reivindica la revolución cubana como el gran proceso revolucionario de la segunda mitad del siglo XX y también a Fidel Castro, el Che Guevara, y al movimiento que encabezaban.

Aunque no utiliza estos términos en el documental, Napurí se presenta a sí mismo como un “trotskista crítico” en el campo de la “revolución permanente” formulada por Trotsky. Es decir que, en su valoración de procesos y dirigentes, no se guía por el “dogmatismo” sino por los hechos y acciones concretas.

En este sentido, el documental transmite la idea de que el proceso esencial del siglo actual ha sido el chavismo venezolano y su propuesta de Socialismo del Siglo XXI. Incluso Napurí refiere el encuentro en el que Chávez se dijo “trotskista” frente a Putin, a quien caracterizó como “estalinista”, señalando que esa era la diferencia entre ellos. El documental muestra las imágenes de la visita que realizó a Venezuela para ver y apoyar a Chávez, y su participación en el programa televisivo “Aló presidente”. Es con esta visión que analiza brevemente lo que pasaba en aquel país al momento de las entrevistas.

Napurí es parte de numerosos dirigentes y organizaciones provenientes del trotskismo que siguieron este camino de apoyo al chavismo (e incluso la integración a este movimiento). En numerosos escritos hemos debatido con estas caracterizaciones y posiciones que consideramos profundamente equivocadas[2]. Mucho más equivocado es seguir reivindicando al chavismo en este documental que se estrena en el momento en que el régimen político que ahora encabeza Nicolás Maduro muestra su más feo rostro: una dictadura capitalista al servicio de la “burguesía bolivariana” contra los trabajadores y el pueblo venezolano[3].

Hasta aquí estamos en el terreno de la evolución del pensamiento político de Napurí, de las conclusiones que ha sacado de los hechos de la realidad, y de las propuestas que se derivan de ello. Aunque no las compartamos, podemos entender ese proceso.

No obstante, la cuestión central es que el documental tiene grandes omisiones sobre el trotskismo internacional, latinoamericano, peruano, y especialmente argentino, que marcaron muchos años de su vida militante (y de los dirigentes que incidieron en él).

Napurí parte de reivindicar al argentino Silvio Frondizi como el que lo gana para el trotskismo y lo forma en esa concepción, a finales de la década de 1950 e inicios de los ’60, cuando Napurí ingresa al grupo Praxis que dirigía el propio Frondizi. Con justicia, se reivindica su discípulo.

Ahí, aparece la primera omisión. En 1964, Praxis se divide en dos sectores. Una de ellas, encabezada por Silvio Frondizi se aproxima a la propuesta castro-guevarista de formar una organización guerrillera en Argentina, impulsada por Roberto Santucho. Mantiene esta propuesta hasta el momento en que es asesinado en 1974 por la Triple A (hecho que es mostrado en el documental).

El otro sector, encabezado por Jorge Altamira, fundaría la organización Política Obrera, reivindicándose “trotskista ortodoxa”. Poco después, este sector ingresa al CORCI (Comité de Organización por la Reconstrucción de la Cuarta Internacional), organización internacional dirigida por el trotskista francés Pierre Lambert (corriente conocida como lambertismo).

Napurí adhiere a esta posición y, como militante del lambertismo, vuelve al Perú y participa en la fundación del Partido Obrero Marxista-Revolucionario (POM-R), en 1970. Como dirigente de este partido luego forma parte del FOCEP (Frente Obrero Campesino Estudiantil Peruano), en 1977, y es electo senador. Es interesante destacar que, desde la década de 1950, ya existía una organización trotskista en el Perú (el POR), impulsada desde Argentina por Nahuel Moreno. Luego del ingreso del gran dirigente campesino Hugo Blanco tomaría el nombre de FIR.

Esa experiencia de Napurí como militante y dirigente del lambertismo es completamente omitida en el documental. También es completamente omitida su ruptura con el lambertismo y su participación como fundador de la LIT, en 1982 junto con la Fracción Bolchevique (organización internacional dirigida por Nahuel Moreno)[4].

A partir de ese momento, siempre defendió públicamente que, en el Perú, “su partido” era el PST (sección peruana de la LIT). Lo más importante es que, poco después, se radica de modo definitivo en Argentina y es electo miembro del CEI (Comité Ejecutivo Internacional), la máxima dirección de la LIT. Incluso es uno de los oradores del acto público realizado luego de la muerte de Nahuel Moreno (enero de 1987) al que despide con muchísimo afecto y respeto, considerándolo como referente. Continuó como dirigente de la LIT varios años más. El documental ni siquiera se refiere a este período de militancia de Napurí, cuando la LIT-CI llegó a ser la organización trotskista más fuerte del mundo y el MAS el partido de izquierda más grande de Argentina.

Fue en esos años, cuando tuve la posibilidad de conocerlo personalmente y tener varias charlas con él ya que, como redactor de la página internacional de Solidaridad Socialista, (periódico semanal del MAS), consultaba mis artículos con él para que, como miembro del CEI de la LIT, me diera sus opiniones e hiciera sus observaciones. Napurí era muy respetuoso y amable en el trato con los cuadros más jóvenes del morenismo. En este sentido, guardo un muy buen recuerdo de él como dirigente y como ser humano.

Posteriormente, en el marco de la crisis vivida por la LIT-CI en la década de 1990 y su división, Napurí (al igual que otros dirigentes) se alejó de la LIT-CI y del morenismo e inició una deriva que concluye con sus visiones y posiciones actuales. No es el objetivo de este artículo hacer el debate con esas posiciones.

Pero no podemos dejar de criticar este documental por omitir esas experiencias políticas que signaron muchos años de su vida militante de Napurí. Tal vez, eso fue el resultado de una “tijera” utilizada por el director, que podó esas partes de las entrevistas. En un libro publicado hace algunos años con su biografía, Napurí llega a conclusiones políticas parecidas a las que expone en el documental, pero incluye capítulos dedicados a esas experiencias que el documental omite[5].

En todo caso, Napurí avaló en los hechos el resultado final: antes del documental, se reprodujo en la sala del Gaumont un mensaje grabado por él en el que se lamentaba no poder asistir por su edad, pero no hace allí ninguna crítica o referencia a estas omisiones.

Aquí cabe hacer un comentario de otro documental realizado con financiamiento del INCAA sobre la figura de Nahuel Moreno y la corriente fundada por él. Nos referimos a “El trotskismo bárbaro”, del director Marcel Gonnet, estrenado en 2015, también en el Gaumont[6]. El director reunió entrevistas realizadas a varios dirigentes que militaron en diversas épocas en la corriente y organizaciones dirigidas por Moreno en Argentina y en Perú, pero que en algún momento se alejaron, rompieron con él, y le hacían duras críticas. En ese documental, Moreno que, además de la LIT, fundó y orientó organizaciones trotskistas en muchos países, es presentado como un burócrata autoritario que cerraba todo debate interno y “liquidaba” a quienes lo criticaban. Una verdadera falsificación de cómo actuaba en la realidad como dirigente.

En este documental, Napurí no realiza ninguna crítica a Moreno, la LIT-CI y el morenismo. Pero (a diferencia de lo que expone en su libro) no dice una palabra de su integración, en 1982, a la LIT-CI, su papel dirigente en ella por más de una década y la gran influencia que tuvo Moreno sobre él en esa época. En otras palabras, Moreno, la LIT-CI y el morenismo son completamente ignorados, como si no hubieran existido en la vida de Napurí ni en la vida política del trotskismo en el siglo XX.

Respetamos su figura porque mantiene, con casi 100 años y más de 70 de actividad política, su llamado a la lucha revolucionaria de las masas y a la militancia por la revolución socialista. Él tiene todo el derecho de haber cambiado sus visiones y posiciones sobre cómo lograr esta revolución e incluso de reivindicar a Hugo Chávez, como una expresión de esta lucha (aunque consideremos que se equivoca en esa posición).

Lo que lamentamos es que haya prestado su figura y su voz para avalar un documental en el que, de modo intencional, se “borra” completamente el papel de Moreno y la LIT-CI en la historia política del trotskismo latinoamericano y, en particular, del argentino.

[1] “Muchas generaciones han luchado por un mundo mejor” | ANCCOM (uba.ar)

[2] Los debates sobre Venezuela – Liga Internacional de los Trabajadores (litci.org)

[3] https://litci.org/es/los-debates-sobre-venezuela/

[4] https://litci.org/es/nahuel-moreno-una-sola-corriente-trotskista-ortodoxa/

[5] Pensar América Latina. Crónicas autobiográficas de un militante revolucionario. Presentación Revista Herramienta

[6] https://play.cine.ar/INCAA/produccion/7775

La lucha de los obreros de Celima contra los despidos

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El miércoles 7 de agosto los trabajadores de la fábrica Celima fueron sorprendidos cuando la empresa les notificó que 216 de ellos eran despedidos como parte de un plan de reestructuración. Un mes después, su organización sindical anuncia una nueva marcha, esta vez a las oficinas de la empresa, reiterando su determinación de luchar hasta ser repuestos, aun cuando esta se perfila larga y difícil.

Ese día miércoles 7 que quedó indeleble en sus memorias, se inició con una invitación de la empresa a una reunión con toda la Junta Directiva de la organización sindical. No era para conversar con ellos sobre el pliego de reclamos que hace un año espera solución, sino era para comunicarles que estaban despedidos. Le siguieron otras reuniones casi en simultáneo en las tres plantas que tiene la empresa, a las que fueron convocadas los 216 trabajadores para comunicarles lo mismo, entregarles una carta justificatoria e invitarlos a acogerse a una renuncia “voluntaria”.

Además de la dirección del sindicato en pleno, la lista incluía a un centenar de sindicalizados, entre ellos a reconocidos activistas del movimiento obrero peruano con más de 20 años de trayectoria de lucha, y a trabajadores con lesiones de trabajo que se encontraban con descanso médico, todos con ubicaciones especializadas y permanentes en distintas áreas de la fábrica.  “Nos han escogido –dice Jack Reyes, uno de la lista y referente clasistas del sindicato–, como parte de un plan de ajuste patronal que busca defender sus ganancias”.

Como el verdugo que debe seguir protocolos antes de ejecutar a su víctima, estas reuniones en realidad solo eran parte de un procedimiento formal e hipócrita como es todo el sistema jurídico burgués que “resguarda” los derechos, para proceder al despido crudo y simple.

La calle en el Perú

Fue brutal. En cualquier parte del mundo un obrero y su familia dependen de su trabajo para vivir aun con penurias. Pero en Perú, con 80% de informalidad o subempleo, desocupación en ascenso e inseguridad y criminalidad desbordadas, la calle equivale a estar condenado al sálvense quien pueda o la muerte lenta; más tratándose de trabajadores que promedian los 45-50 años, con 20 o más en la empresa y con hijos en la adolescencia y en la Universidad; es decir con una vida ya hecha que el despido ahora desmorona.

Fue brutal también porque los tomó de sorpresa. Celima es una conocida corporación empresarial que se ha expandido y lidera el mercado desde hace varias décadas, donde sus trabajadores sentían alguna seguridad y futuro. Ahora, muchos de ellos en la calle no tendrán dinero ni para pagar el recibo de luz.

El grupo Celima-Trébol

Celima es parte de una corporación dedicada a la fabricación y comercialización de revestimientos cerámicos o acabados de construcción. Cuenta con tres grandes plantas de producción, una red de megatiendas y otras fábricas de insumos y de sanitarios, con los que lidera el mercado nacional y exporta a diversos mercados. Fue fundada hace más de 40 años por Augusto Belmont Cassinelli que, junto a su clan familiar, comparte la propiedad del grupo. Y es gestionada por Enfoca, una financista especializada en comprar empresas en quiebra para revenderlas luego de reflotarlas, y que en su página web se presenta como especializada en “mejorar los negocios”, eslogan que los obreros de la corporación pueden dar fe de lo que esto significa en sus propios pellejos.

Su despegue se produjo en los últimos 20 años junto al despegue económico del país motorizado por un modelo liberal que promueve la ganancia capitalista sobre los intereses nacionales y la propia fuerza de trabajo. Creció hasta llegar a construir una moderna mega planta en las afueras de Lima que afirmó su posicionamiento. En el mismo periodo apareció una nueva fábrica de cerámicos de capitales mexicanos, Cerámica San Lorenzo, que apenas llegó a hacerle sombra captando el 18% del mercado. No obstante, la rentabilidad de Celima se ha sustentada no en su cualificación tecnológica ni organizativa sino en políticas de despotismo y precariedad laboral que permiten las leyes y protegen los gobiernos nacionales, en la misma línea de cómo sucedía hace un siglo, cuando los empresarios mineros usaban arrieros para transportar mineral porque resultaban más baratos que traerlo por vía férrea. 

En la última década la economía nacional se resintió cayendo a niveles mínimos, y el último año incluso ingreso a su primera recesión en 30 años, lo que trajo cierre de empresas, reestructuraciones de otras y una ola de despidos que alcanzó a Celima. Pero el impacto más importante que ha sentido la empresa ha sido la reciente aparición en el mercado nacional de una nueva competencia. ¡Y qué competencias! Se instalaron en el país dos megafábricas chinas que han empezado a desplazarla, y hasta amenazan con dejarla fuera de juego en algún momento.

Las multinacionales chinas

Como si desesperadamente faltaran cerámicos en el Perú el último año se instaron dos megafábricas de cerámicos de origen chino: Portalatino, a 100 km de Lima, y Tengda, en Ica, a 300 km de Lima; cada una de ellas con inversiones que promedian los 70 millones de dólares, ocupando áreas superiores a las 30 ha. y con capacidades de producción que fácilmente alcanzan al de Celima. Por ejemplo, solo Portalatino muestra una capacidad de producción de 36 millones de m2 por año frente a Celima cuya capacidad llega en la actualidad a 43 millones. Estamos hablando de empresas que recién se instalan, que crean y desarrollan tecnología y que vienen no solo a copar el mercado nacional sino desde aquí buscan cubrir el mercado de esta parte del mundo. El plan de China es instalar fábricas en esta región para aprovechar el megapuerto de Chancay para cubrir el mercado latinoamericano, por ejemplo, fabricando autos eléctricos.

La guerra recién se ha iniciado este año y sus consecuencias ya se dejan sentir. Portalatino, operando con mil obreros ya atiende el mercado nacional y de países vecinos con precios más baratos que los de Celima, en tanto Tengda, que había anunciado su inicio de operaciones en noviembre del año pasado, aún no lo hace porque se ha enredado en varias denuncias, una de ellas por haber realizado su construcción sin los permisos de ley y otra por corrupción, vínculados con Nicanor Boluarte, hermano de la presidente, que es procesado por vender favores a particulares. Pero el solo inicio de Portalatino ya produjo la paralización casi completa de Cerámica San Lorenzo, cuya mayoría de trabajadores fueron sometidos a suspensión perfecta de labores, y en Celima, donde algo más de un 10% de ellos ha sido colocados en cese colectivo.

¿Qué va a pasar después?

Nadie lo puede saber, lo cierto es que en cualquier caso se vive una nueva realidad, que estará marcada por la creciente presencia de los nuevos cerámicos de las fábricas chinas que irán desplazando a los de Celima y San Lorenzo. Por ahora lo que estas alegan es la aplicación de “reajustes”, pero tratándose de empresas con capitales y tecnologías más rezagadas su horizonte será de ajustes permanente buscando nivelarse con la capacidad productiva de las empresas chinas. No olvidemos que la finalidad del capital es obtener la ganancia media a más, y que esta la logran los que lideran en tecnología –en la que aventajan los chinos– y en el costo de la mano de obra –en el que también aventajan porque emplean mano de obra más barata que Celima y San Lorenzo donde los trabajadores acumularon algunos derechos en años de luchas.

Esta guerra de blancos recién se ha iniciado, pero como Jalisco, ellos nunca pierden sino solamente los trabajadores. En últimas, la opción de los capitalistas siempre es llevar su capital a otras áreas de inversión. La ventaja de Celima no solo es su posicionamiento de marca sino también su control de una red de distribución y de megatiendas a nivel nacional, ventaja que la coloca como candidata a pasar de principal productor a principal distribuidor de cerámicos; papel a la que el modelo de libre mercado tiende a relegar a los burgueses nacionales.

Los trabajadores

Esta es la magnitud de la problemática que enfrentan los trabajadores de Celima y San Lorenzo; en realidad, no es solo un problema de ellos sino de toda la clase trabajadora y que ahora incluye a los obreros de las nuevas fábricas chinas mencionadas. Los trabajadores enfrentan ataques brutales en el marco de las facultades que les da la ley a las empresas para enfrentar casos de crisis y reestructuración. Son procesos largos en los que deben sustentar sus pedidos, pero donde por lo general las decisiones de la autoridad se definen por criterios políticos. Las empresas saben de esta cuestión, pero lo hace y va a seguir cada una de las etapas de dichos procesos sabiendo que al final tienen incluso la vía judicial, dentro de una estrategia dirigida a alargar el proceso para cansar a los trabajadores que, sin recursos económicos, son tentados a vender sus renuncias. Así, por lo general, lo que sucede es que al final los trabajadores pueden ganar pero solo regresará la minoría que pudo resistir; esto es, puede haber un triunfo legal pero una derrota en el terreno de la imposición de los objetivos de la empresa, situación que viene configurando la ofensiva patronal que en los últimos años se viene cebando con los derechos de los trabajadores. Es posible revertir esta situación, por supuesto que sí. De eso se trata la batalla de los compañeros de Celima que han iniciado una dura lucha, una de cuyas manifestaciones se llevará a cabo el jueves 5 de octubre en la oficina de la empresa, al cumplirse el primer mes de los ceses. Una batalla que también representa un llamado a la lucha a toda la clase trabajadora peruana para frenar los despidos y derrotar al gobierno reaccionario de Boluarte.

Una discusión clave frente a la ola de despidos: ¿Confiar en la «justicia» o en la movilización?

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El reciente proceso de cese colectivo en Celima hace parte de una larga lista de cierres, ceses e imposiciones de “suspensiones perfectas de labores”, que desde hace 5 años se ciernen sobre la clase obrera, particularmente la industrial, en el país.

Por Víctor Montes

Siendo, la derrota de los ceses colectivos, una lucha vital para el conjunto de la clase obrera, nos encontramos en un momento dominado por la confusión y falta de movilización, como consecuencia de la política que las organizaciones reformistas, como el Partido Comunista – Unidad, Patria Roja o sus acólitos del ML-19, entre otro, han venido impulsando.

Resulta crucial, entonces, poner en cuestión dicha política y abrir una discusión con el conjunto de la vanguardia obrera sobre el camino a seguir para derrotar los ceses, pero más, para imponer soluciones a la crisis económica y política que asfixia al país.

¿Qué está en cuestión con los ceses?

En primer lugar, el proceso de ceses colectivos, despidos y cierres que se viene desarrollando en el país, hace parte de la profundización de la desindustrialización y desnacionalización de la economía peruana.

Si ya desde la década de 1990 se impuso, bajo las botas de la dictadura fujimorista, un modelo de acumulación en el que el país volvía a exportador materias primas, particularmente minerales, llevando a la quiebra y desaparición a una importante porción de la limitada industria nacional que existía desde la década de 1950, hoy nos encontramos en una nueva “vuelta de tuerca” en favor de ese mismo modelo.

Sin embargo, para los patrones esto no es problema en tanto puedan mantener sus negocios contratando obreros en peores condiciones laborales y salariales, acceder a ser socios menores o ejecutivos de las empresas que vienen a reemplazar sus viejos negocios. O, incluso, si logran pasar al rubro comercial.

En cambio, para los obreros y obreras el cierre de la fábrica es una tragedia. No porque sientan “amor” a la fábrica. Los obreros y obreras odian la explotación. Y en ese sentido, aunque no sean del todo conscientes, buscan mil y una formas de sacarle la vuelta al trabajo. Pero otra cosa es quedarse sin sustento, para ellos, ellas y sus familias.

El cierre de la fábrica, o el cese colectivo, es un salto a la nada, que los lanza a la informalidad y a un mayor grado de explotación y miseria.

Por eso, la lucha contra los despidos, ceses colectivos y cierres de fábrica, hace parte de la lucha de toda la clase obrera y el pueblo pobre contra la dominación imperialista y capitalista, que privilegia sus ganancias por sobre la vida de las personas y el desarrollo del país.

¿Qué papel juega el reformismo en la lucha contra los ceses?

Como todos los reformistas a lo largo de la historia, el Partido Comunista, Patria Roja y un largo etcétera, falsean la realidad y los conceptos con los que se comprende la misma, para así desarmar a la clase obrera en su lucha y mantenerla atada a sus propios intereses electorales.

Así, hablan de “unidad”, pero dividen las luchas de los sindicatos, llevando por separado sus casos al terreno legal, para no hablar de la separación que imponen con la lucha popular en el interior del país, por la que ni siquiera se pronuncian.

Exigen la “caída del ministro de trabajo”, para callar sobre la necesidad de echar abajo al gobierno de Boluarte y al Congreso, que son los actuales garantes de la explotación capitalista e imperialista en el país. Garantes que, ya lo han demostrado, se han impuesto a sangre y fuego y restringido los espacios democráticos en el país.

Llaman “amigos” y “aliados” a congresistas y organizaciones que están completamente adaptadas a la legalidad patronal, que nunca se han manifestado siquiera por el fin de la explotación, pero que para los reformistas son claves pues les abren la posibilidad de pactar alianzas electorales.

Pero fundamentalmente, llaman “lucha” a las demandas judiciales, que es su única estrategia real de acción frente a los despidos. Con esta orientación, sacan a la clase de las calles y las acciones directas de lucha. Con esto, facilitan el debilitamiento de la lucha, que se prolonga en el tiempo y demanda gastos. Dos factores que la empresa tiene y no los trabajadores.

Justamente por eso, para quienes tenemos una comprensión marxista y de clase, está claro que la justicia de los patrones, donde todo se compra y se vende, no es el terreno en el que se desarrolla la lucha obrera en forma natural.

La legalidad burguesa, patronal, si bien ha tenido que reconocer a lo largo de la historia las conquistas que la clase trabajadora ha arrancado a su dominación en base a sus luchas, parte del reconocimiento de los derechos de los patrones por sobre cualquier otro, comenzando por su derecho a la propiedad privada, capitalistas, sobre los medios de producción (fábricas, minas, etc.) y por eso mismo, a la explotación.

Imponiendo esta ilusión en la legalidad burguesa, mantienen la acción de la clase obrera bajo control, atrapada en el mito de que el problema de los ceses se resolverá con una “buena defensa legal”, mientras la vida arrastra a los obreros a buscar nuevos trabajos y a abandonar la lucha directa, en las calles, facilitando así la materialización de los despidos y, la continuidad del gobierno que lo que menos quiere, es que se abra un frente de conflictos en la clase obrera industrial.

¿Cuál es el camino para acabar con los ceses colectivos?

La lucha contra los despidos tiene, por tanto, un conjunto de aristas que la convierten en un aglutinador de la indignación obrera y popular.

Por un lado, enfrenta la desesperación de la patronal por garantizar sus ganancias a costa de la vida de los obreros, obreras y sus familias.

De fondo, se enfrenta al avance en la subordinación de la economía nacional a las grandes transnacionales imperialistas que desindustrializan el país para ganar más.

Como pieza en el juego de la correlación de fuerzas entre la clase obrera y los patrones, abre la posibilidad de revertir las condiciones desfavorables que el gobierno de Dina Boluarte, de la mano con el Congreso, ha creado a partir de la feroz represión con la que se impusieron y la defección de los autodenominados sectores “democráticos” a continuar luchando.

Y en el de la organización obrera, plantea la necesidad de superar a la dirigencia reformista, encabezada por el PC, que ha adormecido a los trabajadores y trabajadoras y desmoralizado a los luchadores del sur y a la propia clase obrera.

Pero para que la lucha contra los ceses logre convertirse en un factor central de la lucha de clases, que haga frente de manera efectiva todos estos aspectos de la situación del país, es imprescindible “tejer fino”.

En primer lugar, es clave llamar a la más amplia unidad de acción contra los ceses y despidos, impulsando reuniones, asambleas y la coordinación de los sectores afectados, estén o no sindicalizados, y llamando a las organizaciones del pueblo a ser parte de la misma lucha.

En esto, las dirigencias tienen su propia responsabilidad. Aunque suene contradictorio, es imprescindible exigir a la CGTP, la CUT, la FETRIMAP y demás federaciones del ámbito sindical, que son las responsables concretas de las organizaciones obreras a nivel nacional, que se pongan al frente y concreten una acción de lucha unitaria, que debería ser un gran paro combativo, que junto a la exigencia de la caída de los ceses, y la reposición de los despedidos y despedidas, sume a sus banderas las necesidades del pueblo pobre.

Ahí donde se pueda, y lo exija la realidad, los obreros y obreras organizadas tendrían que tomar las fábricas para impedir su cierre y los despidos, poniendo a funcionar las máquinas bajo su propio control, tal como vienen funcionando más de 400 empresas en Argentina desde la crisis de 2001.

Y por último, hay que reivindicar, como salida de fondo, la nacionalización de las empresas que despidan a sus trabajadores, o que cierren sus plantas. Solo así, se puede garantizar que todos los obreros y obreras mantengan sus trabajos. La fábrica entonces debe pasar a funcionar bajo control de sus trabajadores, del comité de fábrica, que debe organizar la continuidad de la producción, mientras el Estado garantiza la compra de materias primas, el pago de la energía, etc.

Necesitamos una dirección para esta lucha

Será solo en ese terreno, el de la lucha directa, el de la acción masiva del pueblo trabajador en las calles, en el que se podrá definir el destino de los ceses.

Esto exige organizar de forma independiente y políticamente a los sectores más combativos, para construir una dirección que de forma consecuente, combativa y clasista, se ponga a la cabeza de la pelea por la reposición inmediata de todos los despedidos y despedidas, la prohibición de los ceses, de la “suspensión perfecta de labores”, y demás mecanismos con que la patronal ataca el derecho elemental al trabajo.

Solo así, pondremos coto a la ola de ceses y despidos. Y abriremos, al mismo tiempo, el camino a la lucha por el poder y el socialismo.

Esta es la tarea a la que se aboca el Partido Socialista de los Trabajadores, que sin ninguna confianza en la legalidad patronal, levanta las banderas de la lucha directa de la clase obrera por sus derechos y más sentidas necesidades.

La clase obrera ante el desafío de responder los despidos

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Escribe: Manuel Fernández

En Celima arrancamos el año con el aviso que los almacenes de productos terminados se encontraban en sobrestock, pese a las paradas de planta que se habían sucedido el año anterior. No demoró mucho para que la patronal decidiera paralizar algunas líneas de producción en la sede de SMP y luego convocar a los trabajadores de esas líneas para comunicarles que “ya no hay trabajo”, chantajeándolos a aceptar un acuerdo de retiro voluntario bajo la amenaza de ser despidos.
La información cayó como bomba entre los trabajadores afectados, la mayoría sindicalizados, y creó un ambiente de derrota entre ellos. La noticia rápidamente corrió por toda la planta.
Sin embargo, también surgió una rápida respuesta desde el sector de trabajadores con más experiencia y largos años de lucha. Ellos promovieron reuniones en puerta de fábrica para discutir la problemática, y tomar conciencia de la necesidad de defender los puestos de trabajo y se pusieron en pie de lucha. Lograron también empujar a la dirección sindical a convocar una asamblea general, en la que también lograron que se resuelva romper la negociación colectiva en trato directo y preparar la huelga como respuesta a la amenaza de despidos.
La siguiente asamblea no ratificó este acuerdo porque la directiva se preparó para revertir el acuerdo anterior. Para ella se trataba, y se trata, de priorizar la continuidad del diálogo con la empresa con la esperanza de alcanzar una solución al Pliego de Reclamos, a expensas de dejar que corra los planes de despido de la empresa. ¿De qué valen los supuestos aumentos si un gran sector de trabajadores no podrá gozar de ellos? Aún peor: ¿si la patronal está aplicando un plan de despidos masivos, no es absurdo esperar que te ofrecerá aumentos satisfactorios?
En todo caso, por encima de cualquier pretensión reivindicativa, no hay nada más importante y sagrado que defender los puestos de trabajo cuando estos son amenazados.
Como era de prever, el problema se agravó. Ahora circula la información que la sede de SJL cerrará sus operaciones este año dejando a 250 trabajadores en la calle. Esto sucede mientras la directiva sigue “dialogando” con la patronal, no solo sin lograr ninguna solución al Pliego sino atándose las manos para no hacer nada.
En la planta de SMP donde se anularon líneas de producción, gracias a la firme respuesta de la base logramos que todos los trabajadores afectados fueran reubicados, en la misma planta o en otras sedes. Se trata de seguir este camino.
Los despidos y amenazas están a la orden del día en otros centros laborales. Las patronales defienden sus tasas de ganancias haciendo pagar a los trabajadores las consecuencias de la “crisis”, y donde pueden los echan masivamente a la calle, en otros disfrazan los despidos con invitaciones al retiro, no sin antes desplegar una política de hostigamiento para que acepten este final. Debemos definir que ante esto hay que salir a luchar.

El problema de la normalidad de los despidos
Muchos compañeros, presos de la presión patronal y la ausencia de una respuesta de sus dirigentes, terminan aceptando los despidos y renuncias “voluntarias”. Dicha política es la que se impone desde la CGTP y la FETRIMAP, que enfocan el problema como un tema solo legal, creando expectativas en las resoluciones de las autoridades del Ministerio de Trabajo y, en últimas, del Poder judicial, que demoran años, en lugar de la lucha.
La lucha legal no es un aspecto que se deba subestimar. Pero sin organizar la respuesta unida de los trabajadores en defensa de su derecho al trabajo, no hay lucha legal que valga. Los despidos o los cierres de fábricas (y plantas) por temas económicos u otros pretextos pueden cubrirse de falsa “legalidad”. Pero ante ellos lo que siempre debe primar es la defensa del derecho al trabajo, para obligar al patrón a respetarlo.
La patronal defiende sus ganancias echando trabajadores. Los trabajadores debemos defender nuestro derecho al trabajo, que es un derecho humano porque garantiza el mínimo sustento de nuestras familias. Y este derecho no se regala sino se defiende.
Por ello, ante la arremetida de la patronal de Celima hay que luchar, haciendo honor a nuestra trayectoria y como ejemplo para toda la clase trabajadora.

Un llamado a la rebelión obrera y popular

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Los ataques del gobierno y el Congreso que no tienen fin y agravan la crisis nacional y la penuria que sufren las mayorías obreras y populares, causan también el regreso de las luchas. Las mayores de ellas se anuncian para el mes de julio.
En medio de infinidad de despropósitos como la que pretende impunidad para todos los criminales y corruptos y entornillar en el poder a los sectores reaccionarios, el gobierno y el Congreso ya impusieron nefastas normas antipopulares, como el DL 1620 que favorece la privatización de los servicios de agua y el alza de sus precios, y la Ley 31973 que amenaza con una mayor deforestación de la amazonia en beneficio de las multinacionales extractivistas.
Como si esto fuera poco, ante la crisis de su modelo de economía neoliberal, sumiso al capital y a los mercados extranjeros y que solo está trayendo nuevos millones de pobres, cierres de fábricas y más desocupación, ahora intentan una corrida hacia adelante forzando la salida de proyectos mineros que tienen el masivo rechazo de la población, como son los de Tía María y Conga.
Todo esto, no obstante, ya es respondido por diversos sectores que salen a la lucha en todo el país, desde los comuneros de Apurímac y Cajamarca, los pobladores del valle del Tambo, la población que se moviliza en defensa del agua y las organizaciones obreras que enfrentan los despidos, incluso enfrentando la feroz represión de Boluarte.
Pero el descontento es mayor y se extiende a todos los estratos sociales, mostrando a un gobierno y Congreso absolutamente aislados, y que coloca nuevamente en agenda la salida de adelanto de elecciones.
Ante esto la dirigencia de la CGTP, después de haber traicionado la gran rebelión del sur y luego de haber convivido con el nefasto régimen de Boluarte, ahora se ve en la necesidad de convocar a un Paro Nacional para el 19 de julio, en realidad una jornada de lucha, porque la Central no quiere ni garantiza ninguna paralización efectiva de labores, buscando apuntalar esa salida política.
Esta política, en el mejor de los casos, podrá lograr ese objetivo parcial, pero no las demandas democráticas revolucionarias planteadas en las luchas del sur y que apuntan a la derrota del régimen en su conjunto y a la convocatoria a elecciones a una Asamblea Constituyente para que resuelva la nacionalización de la gran minería y los recursos naturales, la independencia nacional y las demandas de educación, salud y vivienda.
Ahora se suma la demanda de juicio y castigo para Dina Boluarte y todos los responsables de las masacres perpetradas en ese periodo. En el peor de los casos, solo alcanzará para negociar una salida ordenada del régimen con vistas a la convocatoria a elecciones del 2026, para la que se alistan todos, incluido los que hoy fungen de luchadores.
Desde otros sectores regionales y en especial del aguerrido sur peruano, se convoca una nueva marcha hacia Lima, para protagonizar nuevas jornadas de lucha los días 28 y 29 de julio.
Ante esto, los trabajadores estamos llamados a realizar asambleas y discutir esta problemática. Hay que disponernos a participar de manera organizada y con todas nuestras fuerzas en las jornadas convocadas para el 19, 28 y 29 de julio. Hacerlo con la conciencia de que necesitamos recuperar fuerzas, poner en pie a un nuevo activismo y recuperar la unidad obrera en la acción. Y, discutiendo la necesidad de una nueva rebelión, en la forma de una huelga general que lleve a la derrota definitiva del régimen y a conquistar las banderas democráticas revolucionarias del sur, en la vía de una verdadera salida de fondo para los problemas nacionales y los de la clase trabajadora.
Una gran tarea para la cual necesitaremos también poner en pie un nuevo instrumento político, una verdadera dirección revolucionaria con los mejores luchadores y luchadoras, que garantice llevar a cabo dichas tareas, y en la que el PST se coloca en la primera línea.

Impulsemos un paro nacional desde las bases

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Para unir la lucha obrera y popular, defender los derechos ganados y arrancar las soluciones que se necesitan

El 13 de agosto se realizó la primera movilización obrera contra el recién instalado gobierno de Keiko Fujimori y, para ser la primera, fue una buena respuesta a la información de que el gobierno planea recortar los derechos laborales. Sin embargo, después de la marcha no hubo nada más. Es evidente que los dirigentes de la central usaron la movilización para su propósito de “dialogar” con el gobierno, tal como lo declaró el presidente de la CGTP, Luis Villanueva, en el discurso que pronunció allí mismo.

Estos mismos días se han producido dos grandes paralizaciones en Pucallpa e Iquitos, contra el alza de los precios de los combustibles. En ambas regiones las dirigencias materializaron la respuesta por presión de las bases: en el primer caso, levantaron el paro apenas el gobierno anunció un limitado y temporal subsidio a los combustibles, y, en el segundo, la dirigencia quiso suspender el paro del segundo día, lo que fue evitado por las bases.

La conclusión es clara: las bases muestran disposición de pelear, pero la dirigencia de la CGTP no, en nombre del “diálogo” con el gobierno. Con esto contribuye JP, cuyos congresistas buscan llevar las “soluciones” al diálogo con esas autoridades, por la vía del Parlamento.

Estas posturas constituyen un freno: ¿Vamos a “dialogar” cuando se pretende la eliminación de los derechos laborales? ¿Cuándo la población, enardecida por el alza de los precios de los combustibles, está peleando? ¿Cuándo los paros y huelgas brotan por todos lados, como el de los transportistas ante la ola criminal que no para?

En lugar de pedir “diálogo” y de frenar las luchas y el enorme descontento que hierve en los sectores populares, la central y las direcciones deberían unir las luchas y las demandas, pero no lo hacen por la misma razón por la que nunca lo han hecho: porque apuestan a la “gobernabilidad”, ahora de Keiko Fujimori.

Además, en el caso de los derechos laborales que se pretenderían suprimir, ¿vamos a esperar a que nos golpeen primero, o a que salga la primera ley o norma recortando alguno de ellos para reaccionar? ¿O acaso no vemos que ya nos están atacando?

Para congraciarse con los trabajadores mientras esconde el hacha, en su discurso del 28 de julio la presidenta lanzó como gran anuncio el aumento del salario mínimo, y días después el ministro de Trabajo desinfló la promesa llevándolo al “diálogo” con los empresarios –precisamente como pidieron los dirigentes–, lo que es una burla a los trabajadores. ¿Vamos a dejar esto impune?

El gobierno, por ahora, no ataca de golpe y busca avanzar con mediaciones. El ministro de Economía, Elmer Cuba, ha dicho que se demandará ante el Tribunal Constitucional la inconstitucionalidad de cuatro leyes, entre ellas la que aumenta las pensiones de los maestros cesados y otra que reconoce el pago de CTS y gratificaciones a los trabajadores CAS del Estado; del mismo modo, quieren reducir las funciones de la SUNAFIL. ¿Debemos esperar a que consuman estos abusos?

También en estos días ya sentimos los efectos de El Niño, causando sus primeros estragos en el norte y sur sobre la población más pobre, que empeorarán en los siguientes meses, y ante los cuales el gobierno viene mostrando total negligencia, ofreciendo de todo. ¿Vamos a esperar que crezca la catástrofe para reaccionar, o hay que exigir un plan inmediato que involucre todos los recursos del Estado y los privados para asistir a la población?

Para mayor agravante, parece que los dirigentes ni siquiera reparan tampoco en el clima antilaboral que reina en las fábricas, clima que viene de atrás, pero que ahora eleva su temperatura con el entusiasmo patronal por el gobierno de Fujimori: nuevo cese colectivo en Fibras Industriales, que se suma al de Industrias del Envase; Celima cerró otra planta y ha dejado la sensación de otro cese colectivo; en múltiples fábricas se enfrentan conflictos por pliegos de reclamos que no tienen solución, en algunos casos incluso por años; en el sector textil siguen los despidos bajo la modalidad del vil régimen de contratos de exportación…

No esperemos que la resistencia obrera de las bases siga dispersa y que, por vías tramposas, se comiencen a recortar derechos ganados, o, peor, esperar sentados a que vengan los grandes ataques. Hay que actuar ahora.

Hay que hacerlo uniendo las luchas, como hacen algunas regiones que coordinan entre ellas para extender la paralización contra el alza de los combustibles. Unirlas a nivel de la clase obrera, empezando por llevar solidaridad a los que están en lucha. Pero, sobre todo, hacerlo a nivel nacional, uniendo las demandas (que se cumpla el aumento del salario mínimo ofrecido, que se ponga fin a los ceses colectivos, que se subsidien y congelen los precios de los combustibles y fertilizantes, etc.) y con una medida como el Paro Nacional Unitario.

Pero esto solo se podrá hacer, tal como hacen las bases cuando rebasan a sus direcciones, derrotando la orientación conciliadora de la dirigencia de la CGTP, llevando dicha discusión a las asambleas de base, de las federaciones y regiones, hasta que se convierta en un clamor nacional.

Es en este mismo proceso que debemos empezar a poner en pie una nueva dirección clasista, para estar a la altura de los grandes desafíos que nos plantea la grave crisis que vive el país.

Entre la inoperancia y la profundización del modelo neoliberal

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Cumplidos los primeros 30 días de gobierno de Keyko Fujimori las expectativas iniciales de ciertos sectores de la población se van diluyendo, puesto que esta gestión se va pareciendo más y más a la de Dina Boluarte. Los homicidios han aumentado en lugar de disminuir, alcanzando los 134 homicidios solo en las primeras tres semanas de gobierno, sin que a la fecha se conozcan medidas especiales más allá de la habitual declaración de estado de emergencia y movilización de tropa para reforzar la vigilancia policial.

Una muestra de la incapacidad del gobierno frente al avance de la criminalidad es la salida que dio para evitar la huelga de los transportistas y dejar de lado sus demandas de frenar las extorsiones y los asesinatos. Simplemente transó con los empresarios del transporte una reducción de las multas acumuladas a un diez por ciento de su importe, una medida que expresa la renuncia a combatir el crimen y que parece estar pensada en reducir los ataques de extorsionadores financiando el pago de cupos.

¿Privatización de las acciones contra el Niño?

La misma actitud de esquivar los problemas se observa frente a las víctimas de sismos y lluvias; es más, la esencia de la gestión fujimorista afloró espontáneamente en las palabras del ministro de Economía, quien declaró: “Tampoco exageremos por un poco de agua en las rodillas”.

El gobierno permanece indiferente ante el drama de las familias que lo pierden todo con solo tener “el agua en las rodillas”, y que por ese motivo enfrentan la expansión acelerada de epidemias como el dengue. En realidad, el gobierno se resiste a concebir cualquier solución que represente un gran gasto público, pues eso demandaría tomar medidas de recaudación tributaria que puedan afectar a los empresarios, su principal soporte.

Por eso la Confiep, siempre buscando el lucro privado, “exigió” al Gobierno emitir un decreto de urgencia para implementar el mecanismo de Servicios por Impuestos frente al Niño. Es decir, no será el Estado sino los empresarios quienes determinarán qué localidades afectades, qué poblaciones y qué obras se priorizarán, además de qué tipos de obras y a qué costos.

El papel de la presidenta se reduce a declaraciones de una falsa empatía y videos de TikTok, o a atender a los operadores de oscuros intereses en la privacidad de un spa, una acción que supera las operaciones de Dina, aunque sin la misma repercusión en los medios masivos.

Primeras reacciones sociales rompen la “tregua”

De manera similar, el gobierno pretendía que la población absorba sin protestar la escasez y alza de los combustibles, pero el conflicto estalló en Ucayali, uno de sus bastiones electorales, golpeó fuerte y se extendió a Loreto, Arequipa y Tacna, y solo así el gobierno aflojó un plan de subsidios –una palabra normalmente prohibida entre neoliberales–, pero que no termina de convencer a los transportistas.

Prioridades: el imperio y los intereses empresariales

En lo que hace a su propia iniciativa, las primeras acciones el gobierno han evidenciado como jerarquías el invalidar las medidas que el propio fujimorismo tuvo que aprobar en el Congreso anterior por presión de las luchas, particularmente aquellas leyes que otorgaron algún beneficio laboral o social, como el aumento de las pensiones de los jubilados. En cambio el gobierno mantiene intacta la ley pro patronal Chlimper 2.0.

Por otro lado, favorece al poder económico y los planes de Estados Unidos. Ha colocado al Perú dentro del llamado “Escudo de las Américas” de Donald Trump, el tirano yanqui odiado por su propio pueblo, que persigue y expulsa latinos asentados en Estados Unidos, e impone a su capricho ataques económicos y militares a países latinoamericanos como Venezuela a la que mantiene atrapada como una colonia.

Ahora el Perú está amarrado con un gobierno que ha provocado las más sangrientas ofensivas en Medio Oriente y colocado al mundo al borde del abismo. La economía nacional sufre el impacto de los precios de los combustibles, y su raquítico presupuesto fue duramente golpeado con el pago de 3,500 millones de dólares por unos aviones de guerra, ante la insistente matonería del fujimorista Fernando Rospigliosi y el embajador norteamericano.

Profundización del modelo en las facultades para legislar

El reciente 28 de agosto el gobierno remitió al Congreso el Proyecto de Ley que delega al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias para legislar en materia de seguridad ciudadana, fortalecimiento de micro y pequeñas empresas, promoción del empleo, desarrollo productivo, régimen tributario, simplificación administrativa y otras materias. 

No es la primera vez que un gobierno solicita facultades para legislar; sin embargo, lo que revelaron las primeras declaraciones es que el fujimorismo pretende profundizar el modelo neoliberal en contra de los intereses nacionales, populares y de los trabajadores.

En la materia de “promoción del empleo” asoman las peores amenazas con nombres de “flexibilización”; “empleabilidad” juvenil; “formación para el trabajo”; fortalecer la Sunafil “sin desnaturalizar la potestad fiscalizadora del Estado”; “bonos de desempeño sin carácter remunerativo para el sector privado”, etc.

Asimismo, al estilo del primer fujimorismo, un nuevo plan de “estímulo” para las renuncias “voluntarias” de empleados públicos.

En simplificación administrativa está la pretendida “eliminación de barreras burocráticas”, donde muchas de esas “barreras” son medidas de control sobre la rapacidad capitalista de los empresarios.

La hora de la “oposición” en el Congreso

Esos propósitos, sin embargo, no tienen de antemano el camino libre para implementarse. Por eso el fujimorismo se debate entre apretar el acelerador de su carácter autoritario y el de reforzar su maquinaria “negociadora”, aquella que le valió sus principales conquistas en el anterior Congreso, la aprobación de leyes estratégicas para su plan, con el apoyo de Perú Libre, los acuñistas y los lunistas, entre otros.

Esa maquinaria sigue activa y tuvo un nuevo éxito con la elección de la mesa directiva del Senado. Para el fujimorismo vale todo para conseguir sus objetivos estratégicos, comprar tránsfugas, transar con bancadas enteras a cambio de favores menores, etcétera, como debe saberlo Vladimir Cerrón, el socio más destacado del fujimorismo.

En setiembre la Cámara de Diputados debatirá y someterá a votación las facultades. El fujimorismo no tiene control directo sobre esta cámara, pero en la oposición e incluso en las bancadas “de izquierda” no existe rechazo al neoliberalismo, ni siquiera convicción en un sistema democrático de separación de poderes. Por ejemplo, algunos diputados propusieron rechazar de plano el pedido de facultades pero no han tenido consenso ni siquiera en las bancadas de la izquierda.

Queda ver lo que aprobará la Cámara de Diputados, qué materias aceptará y qué restricciones pondrá. El fujimorismo hará su trabajo, otros operadores del poder económico harán lo propio. Pero lo que sí es seguro es que existe una amenaza contra los intereses nacionales y populares, y la oposición no es ninguna garantía de bloqueo.

Como tampoco hay control parlamentario para las medidas que el gobierno ya viene implementando sin necesidad de facultades extraordinarias para legislar. Ni siquiera los pedidos de interpelación de ministros cuentan con el consenso mínimo.

El movimiento obrero y popular tiene una tarea de primera prioridad de enfrentar urgentemente esta política en defensa de los derechos laborales y populares así como de los intereses nacionales, imponiendo con la lucha social un plan alternativo.

El “desastre” del Estado es el desastre de la burguesía en el poder

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Escribe Freddy Salazar

En su discurso de investidura, Keiko Fujimori dijo que recibía un Estado en verdadero “desastre”, ocultando que ella tiene principal responsabilidad al haber “gobernado” desde el Congreso al menos en los últimos tres años. El “desastre” del Estado es indiscutible; se expresa en el abandono de la salud, la educación, la seguridad y también en su extrema corrupción. Pero viene de atrás y ahora salta a la vista de todos, colocando en el centro del debate la búsqueda de salidas.

Es común creer que el Estado es independiente y responde al interés “general”; pero no es así. La sociedad está dividida en clases sociales y en ella dominan siempre los grandes propietarios; en esta época son los capitalistas. Esta clase establece su dominio a través del Estado para asegurar la explotación de la clase trabajadora y, a la vez, protegerse de ella. Ese dominio puede adoptar formas dictatoriales, como fue el régimen de Fujimori, o formas democráticas, como la “democracia” instaurada tras la caída de la dictadura en el año 2000 y que se mantiene hasta hoy. Dictatorial o democrático, el Estado sigue siendo burgués y sirve a sus fines.

La clase dominante, de tanto en tanto, cambia sus modelos económicos; esto es, la manera de explotar para enriquecerse. En los años 90, con Fujimori, recurrió a formas dictatoriales para derrotar la resistencia del movimiento de masas, liquidar sus conquistas y realizar una radical transformación neoliberal del país. Años después, esa dictadura fue derrotada por inmensas movilizaciones, y la burguesía se vio forzada a servirse de sus agentes democráticos para restablecer la “democracia”. De este modo alimentó la ilusión de que en ella todos viviríamos mejor y más felices, cuando lo cierto es que el nuevo régimen, a cambio de concesiones democráticas y elecciones, mantuvo el dominio capitalista y la explotación y el saqueo propios del modelo neoliberal. Eso es lo que perdura hasta hoy.

¿Qué significa el modelo neoliberal? Promover una economía abierta para maximizar los beneficios capitalistas: pocas regulaciones, pocos controles y total “libertad” de trabajo (es decir, trabajo barato). Como la riqueza solo la genera el trabajo, el fomento de la concentración de riqueza propio del modelo neoliberal solo puede traer más pobreza en el polo opuesto. Y, lo que es peor, al ser sumiso al imperialismo, hace que la mayor parte de las ganancias se acumule en el extranjero, perpetuando el atraso del país.

Así, junto a altas tasas de crecimiento económico, se mantienen altas tasas de desocupación y subocupación (50 %); junto a la riqueza extrema en un polo, la pobreza en el otro (30 %), y una economía altamente informal (75 %).

Por ejemplo, un crecimiento del 3 % como el actual apenas alcanza para dar empleo precario a una fracción de los 400 mil jóvenes que cada año ingresan al mercado laboral. El modelo solo funciona para la burguesía, y ni siquiera para toda ella, porque la tendencia a la concentración del capital y la aparición de oligopolios llevan a la ruina a algunos capitalistas

El problema central es el dominio capitalista

La clase dominante, de tanto en tanto, cambia sus modelos económicos; esto es, la manera de explotar para enriquecerse. En los años 90, con Fujimori, recurrió a formas dictatoriales para derrotar la resistencia del movimiento de masas, liquidar sus conquistas y realizar una radical transformación neoliberal del país. Años después, esa dictadura fue derrotada por inmensas movilizaciones, y la burguesía se vio forzada a servirse de sus agentes democráticos –los viejos y nuevos partidos– para restablecer la “democracia”, alimentando la ilusión de que en ella todos viviríamos mejor y más felices, cuando lo cierto es que el nuevo régimen, a cambio de concesiones democráticas y elecciones, mantuvo el dominio capitalista y la explotación y el saqueo propios del modelo neoliberal. Eso es lo que perdura hasta hoy.

¿Qué significa el modelo neoliberal? Promover una economía abierta para maximizar los beneficios capitalistas: pocas regulaciones, pocos controles y total “libertad” de trabajo (es decir, trabajo barato). Como la riqueza solo la genera el trabajo, el fomento de la concentración de riqueza propio del modelo neoliberal solo puede traer más pobreza en el polo opuesto. Y, lo que es peor, al ser sumiso al imperialismo, hace que la mayor parte de las ganancias se acumule en el extranjero, perpetuando el atraso del país.

Así, junto a altas tasas de crecimiento económico, se mantienen altas tasas de desocupación y subocupación (50 %); junto a la riqueza extrema en un polo, la pobreza en el otro (30 %), y una economía altamente informal (75 %). Un crecimiento del 3 % como el actual apenas alcanza para dar empleo precario a una fracción de los 400 mil jóvenes que cada año ingresan al mercado laboral. El modelo solo funciona para la burguesía, y ni siquiera para toda ella, porque la tendencia a la concentración del capital y la aparición de oligopolios llevan a la ruina a algunos capitalistas.

El salto en las luchas y la respuesta autoritaria

Esta realidad económica y social es la que aviva las luchas, los levantamientos y las crisis sociales que nos sacuden. Y es la que desestabiliza al Estado y al régimen “democrático”.

La crisis dio un salto en 2013, con el descubrimiento de la megacorrupción de Lava Jato, que llevó a prisión a varios expresidentes, líderes políticos y empresarios, y produjo fuertes fracturas en la institucionalidad burguesa. Años después se agravó con el despegue de la minería ilegal y luego del crimen organizado; dos nuevos actores que hicieron crecer la corrupción, que hoy ocupa posiciones sólidas dentro de las instituciones del Estado. Esta situación de descomposición fue desnudada con la llegada del COVID-19, que evidenció la absoluta incapacidad del Estado y del régimen, que no fue capaz de evitar una inmensa cantidad de víctimas y la ruina total de la economía obrera y popular.

Fue precisamente este golpe el que inició una nueva etapa de la crisis. Impulsadas a salir a las calles, las masas provocaron la caída de gobiernos, y luego tuvo su derivada electoral en 2021 con la elección de Pedro Castillo, un candidato precario pero visto como el más “radical”. Castillo ingresó al gobierno y al Estado para administrarlos, no para cambiarlos; no era una amenaza real para la burguesía, aunque sí un factor de caos. La amenaza real era y seguía siendo la masa movilizada por sus reivindicaciones. Para frenarla, derrotarla y restablecer su “orden”, la burguesía necesitaba recurrir a un golpe de corte reaccionario. Eso es lo que precisamente hicieron, y lo consumaron utilizando a un títere como Boluarte. Con ese golpe, luego desencadenarían la sangrienta represión de las protestas del sur y de las marchas a Lima, infligiendo un importante retroceso al proceso de luchas.

Pero, además, con el golpe persiguen otro objetivo de fondo: acentuar el carácter autoritario (y corrupto) del régimen para garantizar su permanencia.

Así, establecieron un sistema donde ya no gobiernan partidos sino organizaciones mafiosas y arribistas; los líderes y expresidentes acusados de corrupción son amnistiados o exculpados de manera conveniente; los miembros del poder pueden protegerse de investigaciones con las leyes procrimen; las instituciones carecen de independencia real y son manejadas por un solo sector político; los militares y policías tienen licencia para matar a quienes protestan; el Senado concentra poder desvirtuando el sistema parlamentario, y en el Congreso se toman acuerdos canjeando beneficios.

Como parte de este sistema, no es casualidad que el único partido que en 25 años de “democracia” quedó en pie haya sido el fujimorismo. El fujimorismo fue protegido por la burguesía, que le entregó recursos y cuadros, y sobre todo construyó con sus medios una nueva narrativa que presenta el genocidio de los años 90 como un mal menor para acabar con el “terrorismo” y vistió los cambios neoliberales de Fujimori como su mejor obra. Así se crearon las condiciones para que ese sector se posicionara desde el Congreso durante 25 años como reaseguro de los intereses burgueses, hasta retornar al poder en 2026.

Las elecciones mismas fueron una muestra clara de la decadencia total del sistema: alta abstención, alto voto nulo y en blanco, y dos minorías que no alcanzan ni el 10 % del padrón pasan a segunda vuelta, donde el ganador debe definirse entre dos candidatos con altos niveles de rechazo.

Que el “triunfo” haya sido de Fujimori no hace sino revelar la gravedad de la crisis por partida doble: del lado obrero, con una dirección reformista precaria, improvisada y capituladora, que ya acumula sucesivas frustraciones para el movimiento de masas; y del lado burgués, que, ante su grave crisis, debe recurrir al fujimorismo, el más detestado de sus recursos. El estrecho margen de la victoria de Fujimori solo mostró que la peor variante –hasta entonces ella– pasó a ser encabezada por la “izquierda” reformista de JP. A este resultado no se le puede llamar triunfo, y menos aún una salida a la crisis que se arrastra.

Conclusión

Todo esto reafirma la necesidad de echar abajo esta democracia burguesa y su Estado. Retomar el camino del levantamiento del heroico sur andino por una Asamblea Constituyente libre y soberana, sumándole la lucha por la expropiación de los grandes capitalistas y la ruptura de las cadenas que nos atan al imperialismo, en la perspectiva de organizar una economía socialista y un verdadero sistema democrático basado en un gobierno de las organizaciones obreras y populares.

Derrotar la amenaza de Keiko y los patrones

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Por Víctor Montes

La convocatoria del pasado 13 de agosto, realizada por la dirigencia de la CGTP, se ubica en el camino correcto ante la amenaza del gobierno de Keiko Fujimori de iniciar una serie de ataques contra el pueblo pobre y trabajador, por medio de las facultades para legislar que planea solicitar al Congreso.

Así lo percibió la vanguardia sindicalizada de la clase obrera, que respondió al llamado de la Confederación, realizando una importante movilización por las calles del centro de Lima y otras ciudades del país.

Sin embargo, durante la movilización, el actual presidente de la CGTP, Luis Villanueva, afirmó que la acción de lucha era una “…movilización de alerta…”, y que el Ejecutivo encabezado por Keiko Fujimori “…estaba avisado…”, que no debía atentar contra los derechos laborales.

Lo que no dijo el dirigente de la principal central sindical del país es que los ataques contra los derechos laborales ya comenzaron en las fábricas, minas y demás centros de trabajo de todo el país. Ceses colectivos, pliegos de reclamo sin resolver, huelgas declaradas improcedentes por la autoridad de trabajo… hacen parte del endurecimiento de la patronal que no espera a que el gobierno legalice sus acciones para proceder.

Incluso sin tener las facultades para legislar, el gobierno viene buscando los mecanismos para echar abajo derechos conquistados con la lucha de la clase trabajadora. Por ejemplo, el ministro de economía, Elmer Cuba anunció que el Ejecutivo evalúa o respalda acciones legales ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la ley que otorga pensiones de S/ 3,500 a las maestras y maestros jubilados del Estado.

En ese marco, ¿es posible pensar que el gobierno, que recién comienza, va a detener su plan de ataques, que va de la mano con las exigencias que la CONFIEP y demás gremios patronales, gracias a la “advertencia” que tan generosamente realiza el señor Villanueva?

La respuesta es no. Al momento en que cerramos esta edición de Bandera Socialista, el premier Galarreta anunció que presentaría la solicitud de facultades al pleno de la cámara de diputados.

Una política conciliadora y subordinada a las elecciones

Entonces… ¿Ha servido de algo la movilización del pasado 13 de agosto?  Como hemos dicho en un inicio, la convocatoria de la CGTP se encuentra (o se encontraba) en el camino correcto. No hay otra forma de responder a este gobierno, heredero de la dictadura de los 90 y guardián declarado y celoso del modelo neoliberal, que organizando la movilización obrera y popular. Tampoco existe otro camino para pararle la mano a la patronal y sus abusos.

El problema se plantea en otro terreno. A saber, ¿Cuál es la finalidad de la movilización? Si la respuesta es “advertir” al gobierno, entonces quiere decir que para la dirigencia de la CGTP, controlada por el Partido Comunista, es posible “contener” al gobierno de Keiko Fujimori, o “encauzarlo” hacia una mesa de negociación donde, el mayor logro de la Central sería minimizar los ataques a los intereses y derechos de la clase trabajadora y el pueblo.

De ahí que, de forma vergonzante, en lugar de rechazar de plano toda la solicitud de facultades, la CGTP exige al Congreso “…reducir y delimitar estrictamente las facultades legislativas presentadas por el Ejecutivo…”. Pedido que hace juego con la política de la “izquierda parlamentaria”, que fuera de discursos y repartijas, se enfoca ahora en las elecciones regionales y municipales, que es la verdadera estrategia del Partido Comunista, que mantiene su alianza electoral con Ahora Nación.

Así, una vez más, esa mal llamada izquierda ha definido sacrificar la lucha directa contra el gobierno, esta vez encabezado por Keiko Fujimori, para subordinarse al calendario electoral, como furgón de cola de López Chau.

Como si no estuviera más que demostrado que el parlamento, las municipalidades y gobierno regionales solo han sido mecanismos de corrupción y degeneración de innumerables dirigentes que se han terminado adaptando a ese “establo”, y adoptando sus intereses.

Una postura de clase

Para la clase trabajadora, y el pueblo pobre del país, ninguno de los caminos descritos, afirma la defensa consecuente de sus derechos, y mucho menos abre la posibilidad de pasar adelante en la solución de nuestros más sentidos problemas.

Si como dijimos, la convocatoria del 13 se encontraba en el camino correcto, lo que corresponde es continuar con ese camino, discutir, acordar e impulsar un plan de lucha nacional que mantenga a la base obrera y popular movilizada contra los ataques de la patronal, el gobierno y su plan de imponer nuevos retrocesos en los derechos laborales y avanzar en la entrega del país.

Solo de esa forma la movilización puede escalar y convertirse en una inmensa acción de lucha nacional, un paro obrero y popular combativo, que además de imponer la derrota de las facultades, ponga a la orden del día la lucha por una salida de fondo de nuestros problemas. Problemas que este gobierno, que se ha propuesto profundizar el modelo económico, es incapaz de solucionar.

Esto plantea la urgencia de postular y construir una dirección que se ponga al frente de esta tarea que, a todas luces, la dirigencia de la CGTP y la “izquierda” parlamentaria, ha decidido abandonar.

PUCALLPA: Cinco días de huelga indefinida que remecieron la amazonía

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Entre el 10 y el 15 de agosto, una huelga general hizo arder Pucallpa, en la primera protesta que enfrenta al recién asumido gobierno de Keiko Fujimori, logrando arrancarle una victoria parcial importante que abre el camino para nuevas luchas y victorias de los trabajadores y pueblos peruanos.

La huelga se realizó en rechazo al aumento del precio de los combustibles, uniendo a todos los gremios de transporte de la zona y a los pobladores, que son los que más sufren sus consecuencias. También incluyó otras demandas: culminación de la construcción del hospital de Campo Verde, paralizada desde hace varios años; renuncia del rector y los vicerrectores de la Universidad Nacional de Ucayali (UNU), denunciados por corrupción y responsables de la pérdida de clases que amenaza con provocar la pérdida del ciclo de estudios; no al alza del precio de los fertilizantes, que, junto a la crisis climática, agrava la crisis en el agro; mantenimiento de las carreteras; y plan de obras de alcantarillado y agua potable.

La huelga se desencadenó con fuertes movilizaciones y bloqueos, sobre todo de los centros poblados de la periferia de la ciudad, organizados alrededor de piquetes de huelga. La principal carretera, Federico Basadre, que une a la ciudad con Aguaytía, fue bloqueada, del mismo modo que los distritos de Campo Verde, Neshuya, Von Humboldt, Irazola y Aguaytía, a partir del kilómetro 6. En la capital, los motocarristas (que son un promedio de 10 mil) organizaron inmensas caravanas y obligaron al cierre de los mercados, bodegas y distribuidoras de combustible, que atendían solo en determinadas horas.

La lucha no empezó el 10 de agosto, sino que se vino acumulando desde febrero hasta junio por el mismo problema del alza de los combustibles. Desde entonces los arroceros de Campo Verde también protestan. Los estudiantes universitarios, a través del Comité de Lucha Estudiantil, también estaban en lucha exigiendo la renuncia de las autoridades. La huelga fue impulsada por estos sectores.

La crisis de combustible en la región se agravaba aún más debido a que Petroperú solo puede almacenar 35 mil galones de combustible, lo que no abastece la demanda de la región.

El gobierno, que esperaba una luna de miel, sobre todo de los sectores que lo apoyaron, recibió con sorpresa el conflicto y lo primero que se le ocurrió fue pedir una tregua. De plano, fue rechazado. La población que votó por Fujimori lo hizo con la esperanza que atendiera sus demandas, y tuvo que ceder. El gobierno ofreció un subsidio de entre 15 % y 20 % al combustible diésel, solo por tres meses de carácter temporal, para transportistas de carga y transportistas interprovinciales, extensivo a los motocarristas y operadores de transporte fluvial de toda la Amazonía, previo empadronamiento. Y para resolver el problema de abastecimiento, el gobierno acordó con la transnacional Aguaytía Energy el préstamo de un tanque de 20 mil galones para poder cubrir el déficit de la demanda local.

Direcciones gremiales inconsecuentes

La asamblea del FREDEU, en medio de una disputa burocrática entre dirigentes, primero había aprobado impulsar un paro de un día, que luego, bajo presión de los transportistas de carga pesada, se convirtió en una huelga indefinida. “Estamos cansados de medidas que no llaman la atención del gobierno…”, “queremos una huelga hasta lograr la atención de la presidenta Keiko”, eran el clamor de muchos asambleístas.

Fue precisamente la asociación de transportistas de carga pesada e interprovincial la que aceptó la mediación de la Cámara de Comercio local, el presidente de la Región y los congresistas de Fuerza Popular para negociar y acordar con el gobierno el tema del subsidio limitado, y fue la que decidió arbitrariamente levantar la huelga sin consultar a las demás bases.

De este modo, el levantamiento de la huelga motivó el descontento de las bases y exigían continuar. En Campo Verde, la reacción de los pobladores ocasionó la detención de 13 personas, entre ellos tres menores, que fueron liberados dos días después, mientras otros 6 quedaron en prisión preventiva de nueve meses.

Así se impuso una tregua de tres meses al gobierno, ordenada por Eler Romaina, presidente del FREDEU.

Conclusiones

  1. La lucha arrancó con un triunfo parcial, aunque se pudo ir por más si no fuera por la traición de los dirigentes del FREDEU. Debemos preparar la vuelta a la lucha por el congelamiento de precios y subsidios del combustible, toda vez que el conflicto en Medio Oriente continúa y no tiene visos de solución; y por las reivindicaciones de los estudiantes de la UNU, los arroceros de Campo Verde y por la inmediata libertad de todos los detenidos.
  2. Las mesas de negociación y diálogo, a espaldas de las bases y sus legítimas demandas, son trampas de las autoridades que los dirigentes usan para traicionar las aspiraciones de las bases.
  3. Ante la traición de las dirigencias, construir una nueva dirección de lucha con auténticos representantes elegidos en asambleas de cada base, y que sean revocables.

UNU: Continúa la crisis y sin salida a la vista

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Más de 80 días de lucha estudiantil y la Universidad Nacional de Ucayali (UNU) continúa sumida en una profunda crisis institucional. El desgobierno, la incapacidad de sus autoridades y las denuncias de corrupción mantienen a la universidad paralizada y enfrentada a una disputa de poder encabezada por el rector Braul Gomero y sus vicerrectores.

La crisis se agravó los días 6 y 7 de julio, cuando la protesta estudiantil fue reprimida violentamente por la Policía, dejando aproximadamente 50 estudiantes heridos y varios detenidos. Posteriormente, en la Defensoría del Pueblo, el rector anunció su renuncia, pero condicionada a la salida simultánea de sus vicerrectores. Para los estudiantes, esta condición fue una maniobra destinada a ganar tiempo y prolongar su permanencia en el cargo.

Durante los días de huelga regional de Ucayali, el vicerrector de Investigación presentó su renuncia irrevocable. Sin embargo, el Consejo Universitario la rechazó y el funcionario continúa en el cargo, evidenciando así el nivel de deterioro institucional que atraviesa la universidad.

Luego, con la presencia de congresistas de “oposición” de JP, que participaron en una asamblea estudiantil, estos se comprometieron a presentar un proyecto de ley para resolver la crisis. Sin embargo hasta ahora, la comunidad universitaria desconoce su contenido y no ha sido informada sobre sus alcances. Los estudiantes cuestionan que se pretenda resolver la crisis mediante acuerdos políticos a sus espaldas.

La última asamblea de estudiantes, que contó con la participación de padres de familia, ratificó continuar la lucha contra la corrupción y por la renuncia de las autoridades cuestionadas.

Para los estudiantes, ahora el Comité Electoral Universitario – CEU debe garantizar la elección democrática del gobierno universitario y la participación efectiva de toda la comunidad universitaria. Para ese fin postularán una lista alternativa de luchadores frente a la lista impulsada por las autoridades corruptas.

LORETO: Luego de un exitoso paro de 48 horas, ahora anuncia un paro de72 horas para los días 16, 17 y 18 de setiembre

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El malestar se extiende por Iquitos y otras localidades de la región, mientras crece el reclamo por la falta de respuestas del gobierno de Keiko Fujimori.

Loreto vive una creciente ola de protestas contra el gobierno de Keiko Fujimori. El paro de 48 horas, iniciado en Iquitos, tuvo en su segundo día una mayor contundencia que el primero y se extendió a localidades como San Lorenzo y Nauta, en medio de un creciente malestar por el alza del combustible, los constantes apagones y el abandono de la educación pública.

Para el profesor puneño Renato Achata, entrevistado desde la Amazonía, la protesta expresa la frustración de una población que hace apenas un mes respaldó mayoritariamente a Fujimori con la expectativa de que su gobierno trajera cambios y orden.

“Un mes después lo que se denota es un gobierno que no tiene un rumbo claro y para el cual la Amazonía no existe”, sostuvo. El incremento del precio del combustible constituye uno de los principales detonantes. En Iquitos, donde gran parte de los productos debe llegar desde otras regiones, el encarecimiento de los combustibles repercute directamente sobre el costo de vida.

A ello se suma el malestar generado por los anuncios relacionados con los derechos de los maestros, entre ellos la posibilidad de retirar la CTS y afectar las expectativas de una pensión digna. Las promesas de eventuales aumentos salariales para el próximo año y de incrementar los montos de Pensión 65 no han logrado contener la indignación.

Una tragedia que encendió la protesta

El conflicto se agravó tras el accidente ocurrido en una institución educativa, donde un estudiante murió y otro resultó herido cuando intentaban retirar una estructura de concreto.

Según Achata, la infraestructura había sido entregada apenas 21 días antes y había sido inaugurada públicamente por el gobierno regional. Sin embargo, en la parte posterior del colegio permanecía un tanque de agua elevado que, de acuerdo con el expediente técnico, debía ser demolido porque ocupaba el espacio destinado a una cancha deportiva.

En lugar de observar la obra o exigir al constructor que corrigiera la deficiencia antes de recibirla, el director habría alentado a los estudiantes a retirar la estructura. Los alumnos, sin experiencia ni condiciones técnicas para realizar ese trabajo, terminaron provocando el derrumbe que causó la tragedia.

La indignación aumentó cuando las autoridades optaron por detener al director y al profesor responsable de la actividad. “La gente se pregunta por el constructor, el supervisor y el gobernador regional que inauguró la obra sabiendo que tenía observaciones”, explicó Achata.

El caso adquiere mayor gravedad porque, según lo señalado en la entrevista, la obra presentaba 28 observaciones.

Colegios abandonados y obras cuestionadas

La tragedia puso nuevamente en evidencia la crítica situación de la infraestructura educativa en Loreto. Durante una reunión con una congresista, directores de colegios denunciaron que existen pabellones inhabilitados desde hace cinco años, locales históricos deteriorados y solicitudes de atención que permanecen sin respuesta durante años.

Para Achata, la precariedad de la educación y la corrupción están estrechamente vinculadas. La tragedia del colegio habría terminado convirtiéndose así en el detonante de un malestar acumulado durante años.

Pero el descontento no se limita a la educación. Los apagones eléctricos y el encarecimiento del combustible han golpeado a una población que considera que la región amazónica permanece abandonada por el Estado.

Rechazo a levantar el paro

La tensión también alcanzó a la dirigencia del movimiento. Después de que algunos dirigentes informaran que habían acordado levantar el paro tras reunirse con un senador fujimorista, la decisión fue rechazada por la asamblea. El malestar aumentó porque, en lugar de enviar ministros para atender directamente las demandas, el Ejecutivo envió a una funcionaria de menor rango. Para los manifestantes, esto no garantiza respuestas concretas frente al problema del combustible ni a los apagones.

El combustible, un problema regional

El conflicto tiene además una particular paradoja: Loreto es una de las principales zonas productoras de petróleo del país, pero las comunidades ubicadas cerca de los pozos continúan careciendo de servicios básicos esenciales.

“El petróleo se saca de Loreto, pero mientras los pozos operan con tecnología, las comunidades indígenas adyacentes viven sin servicios básicos”, señaló Achata.

La protesta, por ello, trasciende el reclamo coyuntural por el precio de los combustibles. Expresa un cuestionamiento más amplio al abandono de la Amazonía y a las condiciones en que viven sus poblaciones.

Lo ocurrido en Loreto se suma a las recientes movilizaciones registradas en Ucayali y otras regiones. Para Achata, estos acontecimientos muestran que existe un creciente malestar social frente al nuevo gobierno y que la protesta amazónica podría ser el inicio de nuevas jornadas de movilización.

¡Unidad de acción y plan de lucha para derrotar las amenazas del gobierno y los ataques patronales!

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Por Manuel Fernández, dirigente obrero del PST

La llegada de Keiko Fujimori al gobierno representa el eslabón más reciente en la cadena de regímenes que declaran su absoluta sumisión a los intereses del imperialismo estadounidense y de las grandes corporaciones transnacionales. Mientras saquean nuestros recursos mineros, energéticos y agrarios mediante los TLC, actúan como capataces encargados de abaratar la mano de obra para garantizar las ganancias empresariales.

Siguiendo esa ruta, este gobierno opera en función de una agenda redactada por la CONFIEP y la SNI, cuyo objetivo es asegurar el modelo económico al servicio de la patronal, profundizando los niveles de explotación. Por ello, mientras el Ejecutivo busca ganar tiempo para estabilizarse, tarde o temprano aplicará recortes a nuestros derechos laborales.

El gobierno ha revelado su intento de borrar los derechos laborales en un borrador de proyecto de ley difundido por la prensa, donde pide facultades para legislar por decreto. A esto se suma la declaración del ministro Juan Sheput, quien anunció la necesidad de que la SUNAFIL no aplique más multas a las empresas para no cargarlas de costos. Si se le quita la capacidad disuasiva y la facultad de multar, ¿cómo se sancionará a las empresas infractoras?

La euforia empresarial ante el gobierno fujimorista se traduce en una embestida contra la libertad sindical, el congelamiento salarial y los atropellos en los puestos de trabajo. No es para menos: la patronal siente que este es su gobierno y que es hora de imponer su voluntad. Los pliegos sin resolver por pura desidia empresarial (Sindicato Ripley, Sindicato Clorox y Grupo Forte, entre otros) se han vuelto el pan de cada día. Otros gremios son empujados a la huelga indefinida, como los sindicatos de Ingredion Perú y Europlas. Y los intentos de despido masivo utilizando la figura del cese colectivo se multiplicarán, al igual que el reciente cierre de planta ejecutado por Celima, que deja en la absoluta incertidumbre a cientos de familias obreras.

Organicemos la resistencia obrera y popular

Mientras en el papel y en las mesas institucionales se diluyen los reclamos de un salario digno, en las calles el conflicto ya explotó. Frente a la amenaza patronal, la respuesta obrera ha comenzado a hacerse sentir. La jornada de protesta del pasado 13 de agosto, convocada por la CGTP, demostró la enorme fuerza y la disposición a combatir de nuestra clase. Centenares de obreros de las principales fábricas salieron a las calles para golpear como un solo puño contra las políticas de este gobierno. Sin embargo, sabemos muy bien que con una sola jornada no se frena a una patronal, y por eso debemos seguir la movilización.

Esta es la tarea principal que recae en las actuales dirigencias, como la CGTP y la FETRIMAP: organizar la convocatoria inmediata a un Encuentro Nacional de Delegados de Base y Organizaciones Populares con mandato directo de los trabajadores, que prepare un plan unificado hacia un verdadero PARO NACIONAL CÍVICO POPULAR para derrotar el plan antiobrero del gobierno.

No podemos esperar de brazos cruzados mientras las direcciones sindicales apuntan al terreno del diálogo estéril. ¡Necesitamos poner en pie nuestras asambleas de base! En cada fábrica, obra y centro de trabajo debemos organizar comités de lucha para discutir el alcance de estos ataques sistemáticos y estructurar la resistencia desde abajo. La reciente experiencia de las luchas regionales de Ucayali e Iquitos demuestra que, cuando la clase trabajadora paraliza la producción y sale con decisión a las calles, el gobierno se ve forzado a replegarse. Pero estas acciones aisladas deben unificarse.

Es momento de superar la dispersión, unificar las huelgas y preparar en las calles las acciones de lucha para frenar las intenciones de la patronal, derrotar al gobierno fujimorista y poner en pie una dirección clasista a la altura de los desafíos actuales.

La lucha continúa en Industrias del Envase

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A cerca de cinco meses del cese colectivo patronal que afectó a 44 trabajadores, entre ellos madres que son el único soporte de sus familias, la lucha obrera continúa firme, reclamando la reposición inmediata.

Junto al seguimiento del proceso, que ahora se encuentra en la Dirección General de Trabajo del MINTRA, donde esperan su pronunciamiento ratificando el rechazo a la solicitud patronal, el sindicato mantiene su protesta en las calles. El 13 de agosto se realizó un firme plantón en el frontis de la empresa y al cierre de esta edición se preparaba otro para el 31 del mismo mes frente al Ministerio de Trabajo. Y así piensan continuar hasta derrotar este abuso, cuyo único propósito es destruir la organización sindical y su firme defensa de los derechos de los trabajadores.

Los trabajadores también exigen la solución de su pliego de reclamos, que no es atendido desde hace más de un año y que ahora se ha juntado con el de este año. El ofrecimiento de centavos en la “negociación” solo desnuda la actitud antilaboral de la empresa, que, para perseguir sus fines, busca sembrar la confusión difundiendo por abajo la idea de que ofrecen un buen arreglo y que son los dirigentes quienes no quieren. El cese colectivo como medida antisindical de las patronales ahora se ha extendido a Fibra Industriales, donde la empresa ha dejado en la calle a un grupo de trabajadores. ¡Paremos ya este abuso patronal, uniendo la lucha obrera para exigir la derogatoria de la norma que permite los ceses colectivos!

¿Habrá salida al problema de la seguridad?

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Por Víctor Montes

105 homicidios se han registrado hasta el 20 de agosto, es decir, en los primeros 23 días de gobierno de Keiko Fujimori. La cifra muestra que nada ha cambiado con la llegada del fujimorismo al gobierno.

Y no podía ser de otra forma, pues las causas estructurales del incremento del crimen organizado (la desigualdad y la pobreza, la falta de trabajo y salarios que cubran las necesidades de la población, la informalidad extrema, la corrupción y mercantilización de todas las relaciones sociales) no han sido ni van a ser tocadas por un gobierno que tiene por tarea principal profundizar esos mismos rasgos por medio de la aplicación del modelo económico neoliberal.

Keiko Fujimori y Luis Galarreta, su primer ministro, han ofrecido que las Fuerzas Armadas “se involucren” en la labor de seguridad. Sin embargo, la experiencia de los “estados de emergencia”, en los que las FF.AA. fueron llamadas a participar del cuidado de la seguridad interna, prueban que no es una solución al problema.

Nadie duda que, por momentos, la presencia de la tropa en las calles puede generar sensación de seguridad. Sin embargo, los datos hablan solos. Solo en 2024, durante el Gobierno de Dina Boluarte, se promulgaron 71 resoluciones de este tipo, la mayor cantidad en lo que va del siglo. Pese a eso, la inseguridad no menguó. En el mismo año se registraron cerca de 2 mil casos de homicidios dolosos a nivel nacional, según los reportes oficiales y de registros de muertes violentas, solo para marcar un nuevo récord en 2025 con 2218 homicidios… y ninguno de los soldados apostados en paraderos o esquinas ha hecho la diferencia.

Una política de impunidad y represión

En su lugar, y bajo el pretexto de la lucha contra el crimen organizado, lo que prepara el gobierno, es un endurecimiento de las condiciones de impunidad y la represión en el país.

El plan, que comenzó a aplicarse con las leyes que declararon “inimputables” por delitos de lesa humanidad a los militares y policías violadores de los derechos humanos durante 1980 y 2000, y que continuó trasladando la investigación, juicio y supuesto castigo de los crímenes que cometen policías y efectivos de las FF.AA. al fuero militar, es decir, para que se “juzguen” entre ellos mismos.

Y ahora pretende dar un salto implementando nuevos sistemas de detección de identidad por medio del uso de un sistema de videovigilancia con inteligencia artificial que, aunque no lo digan, no se limitará a identificar y perseguir delincuentes, sino también dirigentes y activistas obreros y populares que resulten molestos al gobierno.

¿Cómo podemos cambiar esta realidad?

Por eso, ante la ola criminal, el pueblo trabajador solo puede confiar en sí mismo.

Frente a una policía corrupta e ineficiente, que solo sabe “crecerse” cuando enfrenta a quienes luchan, los trabajadores y el pueblo debemos oponer la conformación de rondas urbanas que tomen en sus manos la seguridad de nuestros barrios y centros de trabajo, tomando para sí los recursos que eran de la policía, incluidas sus armas.

Dicha organización, deberá responder únicamente a las asambleas territoriales a las que se deben, donde todos los miembros de la ronda, hombres y mujeres, podrán ser elegidos y revocados en cualquier momento por la misma asamblea de la comunidad, que juzgará si lo actuado por los miembros de la ronda, ha sido correcto.

Será así, y no fortalecimiento a instituciones incapaces y corruptas, cómo la policía, que avanzaremos en el enfrentamiento a la criminalidad. Y habrá que arrancar con nuestra movilización contra el plan del gobierno, y por un plan de seguridad obrero y popular, el derecho a ejecutar esta tarea.

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