El crimen organizado se masifica y se desboca en atentados contra la población más pobre y necesitada de los distritos populares, que ahora protesta con un paro que paraliza Lima y Callao.
El paro del transporte anunciado para los días 10, 11 y 12 de octubre, paralizó Lima en su primer día, haciendo que la ciudad viva un verdadero caos en los distritos más populares: ausencia casi total de movilidad, cierre de mercados y pequeños negocios, marchas y fuerte presencia policial y militar.
Muchos no fueron a trabajar y no hubo clases presenciales, y las zonas de densidad comercial, como el emporio de Gamarra, en el distrito de La Victoria, o “Mesa Redonda”, en el centro histórico de la ciudad, hasta la zona residencial y empresarial del distrito de San Isidro, lucieron casi vacías. Un hecho inusual para una ciudad de 11,5 millones de habitantes.
Esto suele ocurrir en los paros nacionales verdaderos (no como la finta que ahora convoca la Confederación General de Trabajadores del Perú – CGTP). Solo que ahora los que realizan el paro no son los sindicatos, sino la masa de trabajadores precarizados e informales que habitan los distritos populares que rodean el centro de la ciudad.
Por esto mismo, esta paralización resultó más fuerte y combativa que la organizada por las grandes empresas de transporte, el pasado 3 de octubre. Empresas que esta vez se echaron atrás, en acuerdo con el gobierno o ante las amenazas de las bandas criminales. Los que protestan ahora, dicen: “Prefiero perder mi día de sustento, en defensa de mi vida”.
El paro anterior no logró resultado alguno. Al contrario, el crimen se vengó contraatacando. El gobierno y el Congreso, ensimismados y con prepotencia, no derogaron la Ley 32108 (“Ley del crimen organizado”), hija de los peores corruptos del régimen, que al limitar la aplicación de sanciones al crimen organizado, en realidad lo incentiva.
En su lugar, a clásico estilo gorila, declararon el estado de emergencia en 14 distritos de Lima y el Callao, colocaron al ejército en las calles y lanzaron una propuesta de Ley de “terrorismo urbano”, que buscaba impunidad policial y mayor represión… Es decir, solo han recortado derechos y libertades que afectan a todos dejándonos vulnerables ante las mismas fuerzas llamadas a traer seguridad.
Ante esta pantomima, el crimen organizado contraatacó para mostrar que son ellos los que mandan y no las autoridades. Buses quemados, nuevos muertos y más amenazas.
Por ello la nueva protesta esta vez viene de más abajo: de los microbuseros y mototaxistas, de los vendedores ambulantes, de todos los que a diario salen a buscarse el sustento diario. Y salieron con más indignación por las respuestas del gobierno y del Congreso, a los que también ven con odio. Son esos sectores los que se movilizaron en forma masiva desde los conos hacia el centro, donde se encuentra la sede el Congreso solo para encontrar a la policía.
La represión, que es inepta para combatir al crimen, aquí mostró una vez su eficacia para reprimir la protesta. En lugar de hacer frente a los criminales, reprimen a los que luchan contra ellos. Y peor, ante las demandas de fondo, el gobierno y el Congreso mantienen el mismo discurso prepotente; lo que enciende más la bronca.
Desde donde se lo mire, esta lucha es justa. Como en la rebelión del 2022-2023, los que hoy se rebelan contra el régimen son los más pobres, esta vez de Lima. Son pobres por culpa del régimen corrupto y su política económica que solo favorece a los ricos y corruptos. Y que ahora, como parte de esa misma política o de su propia ineptitud y desinterés, no solo permiten sino alientan el crecimiento de la criminalidad, de la común y profesional, dejando a su suerte a la población más necesitada.
Si no hay solución inmediata y efectiva la gente no va a bajar los brazos. La criminalidad tampoco, provocando más hechos de sangre. Y nuevas protestas.
Ante esto, la tarea es apoyar esta lucha y hacer nuestras sus banderas, no solo para la solución de las demandas sino para que se vayan el Gobierno y el Congreso, responsables de esta situación de y muchos males que afectan al pueblo todo, como los despidos masivos y ceses colectivos en la industria.
Es una lucha justa que la clase trabajadora debe apoyar y hacer suya. No es casual que ante ella la CGTP y las organizaciones de “izquierda” electorera no digan nada. En lugar de sumarse a la protesta y construir una sola con las urgentes demandas obreras, se hacen la vista gorda cuidando su plan de canalizar todo hacia la salida de las elecciones del 2026.
La central ha convocado a una jornada el jueves 17, por aumento del salario mínimo y otras demandas. Es una oportunidad para hacerse presentes en ella con todas las bases, con las banderas más combativas de la clase obrera y de los sectores populares en lucha.
El 29 de agosto pasado se estrenó, en el cine Gaumont de la ciudad de Buenos Aires, el documental “Tiempo largo y jodido. ¿Qué querés que te diga?” hecho por el cineasta Hugo Lescano sobre la base de dos largas entrevistas realizadas por el periodista Carlos Rodríguez, en 2019 y 2021, al militante y dirigente revolucionario peruano-argentino Ricardo Napurí. El documental fue realizado con el apoyo financiero y técnico del INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina)[1]. El INCAA es una institución oficial. Los gobiernos peronistas/kirchneristas le dieron mucho impulso y ahora está siendo atacado (casi desmantelado) por el gobierno de Javier Milei.
Con 99 años, Napurí se mantiene plenamente lúcido y con la capacidad de referirse claramente a los hechos históricos en los que participó o de los que fue testigo, cómo estos fueron incidiendo en su pensamiento político y sobre figuras destacadas de esos acontecimientos con las que tuvo contacto personal en Perú, Argentina y otros países latinoamericanos. Entre ellos, el peruano Luis de la Puente Uceda, el argentino Silvio Frondizi, el Che Guevara y Fidel Castro, el chileno Salvador Allende, el venezolano Hugo Chávez.
De esa forma, va hilvanando de modo muy ameno, sus más de setenta años de acción política, iniciada en 1948 cuando era un joven teniente de aviación militar en el Perú y se negó a bombardear un barco lleno de civiles que participaban de un levantamiento contra el gobierno peruano. Fue castigado por ello y obligado a exiliarse en Argentina. La entrevista se inicia con ese recuerdo y llega hasta el momento actual. En ese marco, reivindica la revolución cubana como el gran proceso revolucionario de la segunda mitad del siglo XX y también a Fidel Castro, el Che Guevara, y al movimiento que encabezaban.
Aunque no utiliza estos términos en el documental, Napurí se presenta a sí mismo como un “trotskista crítico” en el campo de la “revolución permanente” formulada por Trotsky. Es decir que, en su valoración de procesos y dirigentes, no se guía por el “dogmatismo” sino por los hechos y acciones concretas.
En este sentido, el documental transmite la idea de que el proceso esencial del siglo actual ha sido el chavismo venezolano y su propuesta de Socialismo del Siglo XXI. Incluso Napurí refiere el encuentro en el que Chávez se dijo “trotskista” frente a Putin, a quien caracterizó como “estalinista”, señalando que esa era la diferencia entre ellos. El documental muestra las imágenes de la visita que realizó a Venezuela para ver y apoyar a Chávez, y su participación en el programa televisivo “Aló presidente”. Es con esta visión que analiza brevemente lo que pasaba en aquel país al momento de las entrevistas.
Napurí es parte de numerosos dirigentes y organizaciones provenientes del trotskismo que siguieron este camino de apoyo al chavismo (e incluso la integración a este movimiento). En numerosos escritos hemos debatido con estas caracterizaciones y posiciones que consideramos profundamente equivocadas[2]. Mucho más equivocado es seguir reivindicando al chavismo en este documental que se estrena en el momento en que el régimen político que ahora encabeza Nicolás Maduro muestra su más feo rostro: una dictadura capitalista al servicio de la “burguesía bolivariana” contra los trabajadores y el pueblo venezolano[3].
Hasta aquí estamos en el terreno de la evolución del pensamiento político de Napurí, de las conclusiones que ha sacado de los hechos de la realidad, y de las propuestas que se derivan de ello. Aunque no las compartamos, podemos entender ese proceso.
No obstante, la cuestión central es que el documental tiene grandes omisiones sobre el trotskismo internacional, latinoamericano, peruano, y especialmente argentino, que marcaron muchos años de su vida militante (y de los dirigentes que incidieron en él).
Napurí parte de reivindicar al argentino Silvio Frondizi como el que lo gana para el trotskismo y lo forma en esa concepción, a finales de la década de 1950 e inicios de los ’60, cuando Napurí ingresa al grupo Praxis que dirigía el propio Frondizi. Con justicia, se reivindica su discípulo.
Ahí, aparece la primera omisión. En 1964, Praxis se divide en dos sectores. Una de ellas, encabezada por Silvio Frondizi se aproxima a la propuesta castro-guevarista de formar una organización guerrillera en Argentina, impulsada por Roberto Santucho. Mantiene esta propuesta hasta el momento en que es asesinado en 1974 por la Triple A (hecho que es mostrado en el documental).
El otro sector, encabezado por Jorge Altamira, fundaría la organización Política Obrera, reivindicándose “trotskista ortodoxa”. Poco después, este sector ingresa al CORCI (Comité de Organización por la Reconstrucción de la Cuarta Internacional), organización internacional dirigida por el trotskista francés Pierre Lambert (corriente conocida como lambertismo).
Napurí adhiere a esta posición y, como militante del lambertismo, vuelve al Perú y participa en la fundación del Partido Obrero Marxista-Revolucionario (POM-R), en 1970. Como dirigente de este partido luego forma parte del FOCEP (Frente Obrero Campesino Estudiantil Peruano), en 1977, y es electo senador. Es interesante destacar que, desde la década de 1950, ya existía una organización trotskista en el Perú (el POR), impulsada desde Argentina por Nahuel Moreno. Luego del ingreso del gran dirigente campesino Hugo Blanco tomaría el nombre de FIR.
Esa experiencia de Napurí como militante y dirigente del lambertismo es completamente omitida en el documental. También es completamente omitida su ruptura con el lambertismo y su participación como fundador de la LIT, en 1982 junto con la Fracción Bolchevique (organización internacional dirigida por Nahuel Moreno)[4].
A partir de ese momento, siempre defendió públicamente que, en el Perú, “su partido” era el PST (sección peruana de la LIT). Lo más importante es que, poco después, se radica de modo definitivo en Argentina y es electo miembro del CEI (Comité Ejecutivo Internacional), la máxima dirección de la LIT. Incluso es uno de los oradores del acto público realizado luego de la muerte de Nahuel Moreno (enero de 1987) al que despide con muchísimo afecto y respeto, considerándolo como referente. Continuó como dirigente de la LIT varios años más. El documental ni siquiera se refiere a este período de militancia de Napurí, cuando la LIT-CI llegó a ser la organización trotskista más fuerte del mundo y el MAS el partido de izquierda más grande de Argentina.
Fue en esos años, cuando tuve la posibilidad de conocerlo personalmente y tener varias charlas con él ya que, como redactor de la página internacional de Solidaridad Socialista, (periódico semanal del MAS), consultaba mis artículos con él para que, como miembro del CEI de la LIT, me diera sus opiniones e hiciera sus observaciones. Napurí era muy respetuoso y amable en el trato con los cuadros más jóvenes del morenismo. En este sentido, guardo un muy buen recuerdo de él como dirigente y como ser humano.
Posteriormente, en el marco de la crisis vivida por la LIT-CI en la década de 1990 y su división, Napurí (al igual que otros dirigentes) se alejó de la LIT-CI y del morenismo e inició una deriva que concluye con sus visiones y posiciones actuales. No es el objetivo de este artículo hacer el debate con esas posiciones.
Pero no podemos dejar de criticar este documental por omitir esas experiencias políticas que signaron muchos años de su vida militante de Napurí. Tal vez, eso fue el resultado de una “tijera” utilizada por el director, que podó esas partes de las entrevistas. En un libro publicado hace algunos años con su biografía, Napurí llega a conclusiones políticas parecidas a las que expone en el documental, pero incluye capítulos dedicados a esas experiencias que el documental omite[5].
En todo caso, Napurí avaló en los hechos el resultado final: antes del documental, se reprodujo en la sala del Gaumont un mensaje grabado por él en el que se lamentaba no poder asistir por su edad, pero no hace allí ninguna crítica o referencia a estas omisiones.
Aquí cabe hacer un comentario de otro documental realizado con financiamiento del INCAA sobre la figura de Nahuel Moreno y la corriente fundada por él. Nos referimos a “El trotskismo bárbaro”, del director Marcel Gonnet, estrenado en 2015, también en el Gaumont[6]. El director reunió entrevistas realizadas a varios dirigentes que militaron en diversas épocas en la corriente y organizaciones dirigidas por Moreno en Argentina y en Perú, pero que en algún momento se alejaron, rompieron con él, y le hacían duras críticas. En ese documental, Moreno que, además de la LIT, fundó y orientó organizaciones trotskistas en muchos países, es presentado como un burócrata autoritario que cerraba todo debate interno y “liquidaba” a quienes lo criticaban. Una verdadera falsificación de cómo actuaba en la realidad como dirigente.
En este documental, Napurí no realiza ninguna crítica a Moreno, la LIT-CI y el morenismo. Pero (a diferencia de lo que expone en su libro) no dice una palabra de su integración, en 1982, a la LIT-CI, su papel dirigente en ella por más de una década y la gran influencia que tuvo Moreno sobre él en esa época. En otras palabras, Moreno, la LIT-CI y el morenismo son completamente ignorados, como si no hubieran existido en la vida de Napurí ni en la vida política del trotskismo en el siglo XX.
Respetamos su figura porque mantiene, con casi 100 años y más de 70 de actividad política, su llamado a la lucha revolucionaria de las masas y a la militancia por la revolución socialista. Él tiene todo el derecho de haber cambiado sus visiones y posiciones sobre cómo lograr esta revolución e incluso de reivindicar a Hugo Chávez, como una expresión de esta lucha (aunque consideremos que se equivoca en esa posición).
Lo que lamentamos es que haya prestado su figura y su voz para avalar un documental en el que, de modo intencional, se “borra” completamente el papel de Moreno y la LIT-CI en la historia política del trotskismo latinoamericano y, en particular, del argentino.
[1] “Muchas generaciones han luchado por un mundo mejor” | ANCCOM (uba.ar)
[2] Los debates sobre Venezuela – Liga Internacional de los Trabajadores (litci.org)
El miércoles 7 de agosto los trabajadores de la fábrica Celima fueron sorprendidos cuando la empresa les notificó que 216 de ellos eran despedidos como parte de un plan de reestructuración. Un mes después, su organización sindical anuncia una nueva marcha, esta vez a las oficinas de la empresa, reiterando su determinación de luchar hasta ser repuestos, aun cuando esta se perfila larga y difícil.
Ese día miércoles 7 que quedó indeleble en sus memorias, se inició con una invitación de la empresa a una reunión con toda la Junta Directiva de la organización sindical. No era para conversar con ellos sobre el pliego de reclamos que hace un año espera solución, sino era para comunicarles que estaban despedidos. Le siguieron otras reuniones casi en simultáneo en las tres plantas que tiene la empresa, a las que fueron convocadas los 216 trabajadores para comunicarles lo mismo, entregarles una carta justificatoria e invitarlos a acogerse a una renuncia “voluntaria”.
Además de la dirección del sindicato en pleno, la lista incluía a un centenar de sindicalizados, entre ellos a reconocidos activistas del movimiento obrero peruano con más de 20 años de trayectoria de lucha, y a trabajadores con lesiones de trabajo que se encontraban con descanso médico, todos con ubicaciones especializadas y permanentes en distintas áreas de la fábrica. “Nos han escogido –dice Jack Reyes, uno de la lista y referente clasistas del sindicato–, como parte de un plan de ajuste patronal que busca defender sus ganancias”.
Como el verdugo que debe seguir protocolos antes de ejecutar a su víctima, estas reuniones en realidad solo eran parte de un procedimiento formal e hipócrita como es todo el sistema jurídico burgués que “resguarda” los derechos, para proceder al despido crudo y simple.
La calle en el Perú
Fue brutal. En cualquier parte del mundo un obrero y su familia dependen de su trabajo para vivir aun con penurias. Pero en Perú, con 80% de informalidad o subempleo, desocupación en ascenso e inseguridad y criminalidad desbordadas, la calle equivale a estar condenado al sálvense quien pueda o la muerte lenta; más tratándose de trabajadores que promedian los 45-50 años, con 20 o más en la empresa y con hijos en la adolescencia y en la Universidad; es decir con una vida ya hecha que el despido ahora desmorona.
Fue brutal también porque los tomó de sorpresa. Celima es una conocida corporación empresarial que se ha expandido y lidera el mercado desde hace varias décadas, donde sus trabajadores sentían alguna seguridad y futuro. Ahora, muchos de ellos en la calle no tendrán dinero ni para pagar el recibo de luz.
El grupo Celima-Trébol
Celima es parte de una corporación dedicada a la fabricación y comercialización de revestimientos cerámicos o acabados de construcción. Cuenta con tres grandes plantas de producción, una red de megatiendas y otras fábricas de insumos y de sanitarios, con los que lidera el mercado nacional y exporta a diversos mercados. Fue fundada hace más de 40 años por Augusto Belmont Cassinelli que, junto a su clan familiar, comparte la propiedad del grupo. Y es gestionada por Enfoca, una financista especializada en comprar empresas en quiebra para revenderlas luego de reflotarlas, y que en su página web se presenta como especializada en “mejorar los negocios”, eslogan que los obreros de la corporación pueden dar fe de lo que esto significa en sus propios pellejos.
Su despegue se produjo en los últimos 20 años junto al despegue económico del país motorizado por un modelo liberal que promueve la ganancia capitalista sobre los intereses nacionales y la propia fuerza de trabajo. Creció hasta llegar a construir una moderna mega planta en las afueras de Lima que afirmó su posicionamiento. En el mismo periodo apareció una nueva fábrica de cerámicos de capitales mexicanos, Cerámica San Lorenzo, que apenas llegó a hacerle sombra captando el 18% del mercado. No obstante, la rentabilidad de Celima se ha sustentada no en su cualificación tecnológica ni organizativa sino en políticas de despotismo y precariedad laboral que permiten las leyes y protegen los gobiernos nacionales, en la misma línea de cómo sucedía hace un siglo, cuando los empresarios mineros usaban arrieros para transportar mineral porque resultaban más baratos que traerlo por vía férrea.
En la última década la economía nacional se resintió cayendo a niveles mínimos, y el último año incluso ingreso a su primera recesión en 30 años, lo que trajo cierre de empresas, reestructuraciones de otras y una ola de despidos que alcanzó a Celima. Pero el impacto más importante que ha sentido la empresa ha sido la reciente aparición en el mercado nacional de una nueva competencia. ¡Y qué competencias! Se instalaron en el país dos megafábricas chinas que han empezado a desplazarla, y hasta amenazan con dejarla fuera de juego en algún momento.
Las multinacionales chinas
Como si desesperadamente faltaran cerámicos en el Perú el último año se instaron dos megafábricas de cerámicos de origen chino: Portalatino, a 100 km de Lima, y Tengda, en Ica, a 300 km de Lima; cada una de ellas con inversiones que promedian los 70 millones de dólares, ocupando áreas superiores a las 30 ha. y con capacidades de producción que fácilmente alcanzan al de Celima. Por ejemplo, solo Portalatino muestra una capacidad de producción de 36 millones de m2 por año frente a Celima cuya capacidad llega en la actualidad a 43 millones. Estamos hablando de empresas que recién se instalan, que crean y desarrollan tecnología y que vienen no solo a copar el mercado nacional sino desde aquí buscan cubrir el mercado de esta parte del mundo. El plan de China es instalar fábricas en esta región para aprovechar el megapuerto de Chancay para cubrir el mercado latinoamericano, por ejemplo, fabricando autos eléctricos.
La guerra recién se ha iniciado este año y sus consecuencias ya se dejan sentir. Portalatino, operando con mil obreros ya atiende el mercado nacional y de países vecinos con precios más baratos que los de Celima, en tanto Tengda, que había anunciado su inicio de operaciones en noviembre del año pasado, aún no lo hace porque se ha enredado en varias denuncias, una de ellas por haber realizado su construcción sin los permisos de ley y otra por corrupción, vínculados con Nicanor Boluarte, hermano de la presidente, que es procesado por vender favores a particulares. Pero el solo inicio de Portalatino ya produjo la paralización casi completa de Cerámica San Lorenzo, cuya mayoría de trabajadores fueron sometidos a suspensión perfecta de labores, y en Celima, donde algo más de un 10% de ellos ha sido colocados en cese colectivo.
¿Qué va a pasar después?
Nadie lo puede saber, lo cierto es que en cualquier caso se vive una nueva realidad, que estará marcada por la creciente presencia de los nuevos cerámicos de las fábricas chinas que irán desplazando a los de Celima y San Lorenzo. Por ahora lo que estas alegan es la aplicación de “reajustes”, pero tratándose de empresas con capitales y tecnologías más rezagadas su horizonte será de ajustes permanente buscando nivelarse con la capacidad productiva de las empresas chinas. No olvidemos que la finalidad del capital es obtener la ganancia media a más, y que esta la logran los que lideran en tecnología –en la que aventajan los chinos– y en el costo de la mano de obra –en el que también aventajan porque emplean mano de obra más barata que Celima y San Lorenzo donde los trabajadores acumularon algunos derechos en años de luchas.
Esta guerra de blancos recién se ha iniciado, pero como Jalisco, ellos nunca pierden sino solamente los trabajadores. En últimas, la opción de los capitalistas siempre es llevar su capital a otras áreas de inversión. La ventaja de Celima no solo es su posicionamiento de marca sino también su control de una red de distribución y de megatiendas a nivel nacional, ventaja que la coloca como candidata a pasar de principal productor a principal distribuidor de cerámicos; papel a la que el modelo de libre mercado tiende a relegar a los burgueses nacionales.
Los trabajadores
Esta es la magnitud de la problemática que enfrentan los trabajadores de Celima y San Lorenzo; en realidad, no es solo un problema de ellos sino de toda la clase trabajadora y que ahora incluye a los obreros de las nuevas fábricas chinas mencionadas. Los trabajadores enfrentan ataques brutales en el marco de las facultades que les da la ley a las empresas para enfrentar casos de crisis y reestructuración. Son procesos largos en los que deben sustentar sus pedidos, pero donde por lo general las decisiones de la autoridad se definen por criterios políticos. Las empresas saben de esta cuestión, pero lo hace y va a seguir cada una de las etapas de dichos procesos sabiendo que al final tienen incluso la vía judicial, dentro de una estrategia dirigida a alargar el proceso para cansar a los trabajadores que, sin recursos económicos, son tentados a vender sus renuncias. Así, por lo general, lo que sucede es que al final los trabajadores pueden ganar pero solo regresará la minoría que pudo resistir; esto es, puede haber un triunfo legal pero una derrota en el terreno de la imposición de los objetivos de la empresa, situación que viene configurando la ofensiva patronal que en los últimos años se viene cebando con los derechos de los trabajadores. Es posible revertir esta situación, por supuesto que sí. De eso se trata la batalla de los compañeros de Celima que han iniciado una dura lucha, una de cuyas manifestaciones se llevará a cabo el jueves 5 de octubre en la oficina de la empresa, al cumplirse el primer mes de los ceses. Una batalla que también representa un llamado a la lucha a toda la clase trabajadora peruana para frenar los despidos y derrotar al gobierno reaccionario de Boluarte.
El reciente proceso de cese colectivo en Celima hace parte de una larga lista de cierres, ceses e imposiciones de “suspensiones perfectas de labores”, que desde hace 5 años se ciernen sobre la clase obrera, particularmente la industrial, en el país.
Por Víctor Montes
Siendo, la derrota de los ceses colectivos, una lucha vital para el conjunto de la clase obrera, nos encontramos en un momento dominado por la confusión y falta de movilización, como consecuencia de la política que las organizaciones reformistas, como el Partido Comunista – Unidad, Patria Roja o sus acólitos del ML-19, entre otro, han venido impulsando.
Resulta crucial, entonces, poner en cuestión dicha política y abrir una discusión con el conjunto de la vanguardia obrera sobre el camino a seguir para derrotar los ceses, pero más, para imponer soluciones a la crisis económica y política que asfixia al país.
¿Qué está en cuestión con los ceses?
En primer lugar, el proceso de ceses colectivos, despidos y cierres que se viene desarrollando en el país, hace parte de la profundización de la desindustrialización y desnacionalización de la economía peruana.
Si ya desde la década de 1990 se impuso, bajo las botas de la dictadura fujimorista, un modelo de acumulación en el que el país volvía a exportador materias primas, particularmente minerales, llevando a la quiebra y desaparición a una importante porción de la limitada industria nacional que existía desde la década de 1950, hoy nos encontramos en una nueva “vuelta de tuerca” en favor de ese mismo modelo.
Sin embargo, para los patrones esto no es problema en tanto puedan mantener sus negocios contratando obreros en peores condiciones laborales y salariales, acceder a ser socios menores o ejecutivos de las empresas que vienen a reemplazar sus viejos negocios. O, incluso, si logran pasar al rubro comercial.
En cambio, para los obreros y obreras el cierre de la fábrica es una tragedia. No porque sientan “amor” a la fábrica. Los obreros y obreras odian la explotación. Y en ese sentido, aunque no sean del todo conscientes, buscan mil y una formas de sacarle la vuelta al trabajo. Pero otra cosa es quedarse sin sustento, para ellos, ellas y sus familias.
El cierre de la fábrica, o el cese colectivo, es un salto a la nada, que los lanza a la informalidad y a un mayor grado de explotación y miseria.
Por eso, la lucha contra los despidos, ceses colectivos y cierres de fábrica, hace parte de la lucha de toda la clase obrera y el pueblo pobre contra la dominación imperialista y capitalista, que privilegia sus ganancias por sobre la vida de las personas y el desarrollo del país.
¿Qué papel juega el reformismo en la lucha contra los ceses?
Como todos los reformistas a lo largo de la historia, el Partido Comunista, Patria Roja y un largo etcétera, falsean la realidad y los conceptos con los que se comprende la misma, para así desarmar a la clase obrera en su lucha y mantenerla atada a sus propios intereses electorales.
Así, hablan de “unidad”, pero dividen las luchas de los sindicatos, llevando por separado sus casos al terreno legal, para no hablar de la separación que imponen con la lucha popular en el interior del país, por la que ni siquiera se pronuncian.
Exigen la “caída del ministro de trabajo”, para callar sobre la necesidad de echar abajo al gobierno de Boluarte y al Congreso, que son los actuales garantes de la explotación capitalista e imperialista en el país. Garantes que, ya lo han demostrado, se han impuesto a sangre y fuego y restringido los espacios democráticos en el país.
Llaman “amigos” y “aliados” a congresistas y organizaciones que están completamente adaptadas a la legalidad patronal, que nunca se han manifestado siquiera por el fin de la explotación, pero que para los reformistas son claves pues les abren la posibilidad de pactar alianzas electorales.
Pero fundamentalmente, llaman “lucha” a las demandas judiciales, que es su única estrategia real de acción frente a los despidos. Con esta orientación, sacan a la clase de las calles y las acciones directas de lucha. Con esto, facilitan el debilitamiento de la lucha, que se prolonga en el tiempo y demanda gastos. Dos factores que la empresa tiene y no los trabajadores.
Justamente por eso, para quienes tenemos una comprensión marxista y de clase, está claro que la justicia de los patrones, donde todo se compra y se vende, no es el terreno en el que se desarrolla la lucha obrera en forma natural.
La legalidad burguesa, patronal, si bien ha tenido que reconocer a lo largo de la historia las conquistas que la clase trabajadora ha arrancado a su dominación en base a sus luchas, parte del reconocimiento de los derechos de los patrones por sobre cualquier otro, comenzando por su derecho a la propiedad privada, capitalistas, sobre los medios de producción (fábricas, minas, etc.) y por eso mismo, a la explotación.
Imponiendo esta ilusión en la legalidad burguesa, mantienen la acción de la clase obrera bajo control, atrapada en el mito de que el problema de los ceses se resolverá con una “buena defensa legal”, mientras la vida arrastra a los obreros a buscar nuevos trabajos y a abandonar la lucha directa, en las calles, facilitando así la materialización de los despidos y, la continuidad del gobierno que lo que menos quiere, es que se abra un frente de conflictos en la clase obrera industrial.
¿Cuál es el camino para acabar con los ceses colectivos?
La lucha contra los despidos tiene, por tanto, un conjunto de aristas que la convierten en un aglutinador de la indignación obrera y popular.
Por un lado, enfrenta la desesperación de la patronal por garantizar sus ganancias a costa de la vida de los obreros, obreras y sus familias.
De fondo, se enfrenta al avance en la subordinación de la economía nacional a las grandes transnacionales imperialistas que desindustrializan el país para ganar más.
Como pieza en el juego de la correlación de fuerzas entre la clase obrera y los patrones, abre la posibilidad de revertir las condiciones desfavorables que el gobierno de Dina Boluarte, de la mano con el Congreso, ha creado a partir de la feroz represión con la que se impusieron y la defección de los autodenominados sectores “democráticos” a continuar luchando.
Y en el de la organización obrera, plantea la necesidad de superar a la dirigencia reformista, encabezada por el PC, que ha adormecido a los trabajadores y trabajadoras y desmoralizado a los luchadores del sur y a la propia clase obrera.
Pero para que la lucha contra los ceses logre convertirse en un factor central de la lucha de clases, que haga frente de manera efectiva todos estos aspectos de la situación del país, es imprescindible “tejer fino”.
En primer lugar, es clave llamar a la más amplia unidad de acción contra los ceses y despidos, impulsando reuniones, asambleas y la coordinación de los sectores afectados, estén o no sindicalizados, y llamando a las organizaciones del pueblo a ser parte de la misma lucha.
En esto, las dirigencias tienen su propia responsabilidad. Aunque suene contradictorio, es imprescindible exigir a la CGTP, la CUT, la FETRIMAP y demás federaciones del ámbito sindical, que son las responsables concretas de las organizaciones obreras a nivel nacional, que se pongan al frente y concreten una acción de lucha unitaria, que debería ser un gran paro combativo, que junto a la exigencia de la caída de los ceses, y la reposición de los despedidos y despedidas, sume a sus banderas las necesidades del pueblo pobre.
Ahí donde se pueda, y lo exija la realidad, los obreros y obreras organizadas tendrían que tomar las fábricas para impedir su cierre y los despidos, poniendo a funcionar las máquinas bajo su propio control, tal como vienen funcionando más de 400 empresas en Argentina desde la crisis de 2001.
Y por último, hay que reivindicar, como salida de fondo, la nacionalización de las empresas que despidan a sus trabajadores, o que cierren sus plantas. Solo así, se puede garantizar que todos los obreros y obreras mantengan sus trabajos. La fábrica entonces debe pasar a funcionar bajo control de sus trabajadores, del comité de fábrica, que debe organizar la continuidad de la producción, mientras el Estado garantiza la compra de materias primas, el pago de la energía, etc.
Necesitamos una dirección para esta lucha
Será solo en ese terreno, el de la lucha directa, el de la acción masiva del pueblo trabajador en las calles, en el que se podrá definir el destino de los ceses.
Esto exige organizar de forma independiente y políticamente a los sectores más combativos, para construir una dirección que de forma consecuente, combativa y clasista, se ponga a la cabeza de la pelea por la reposición inmediata de todos los despedidos y despedidas, la prohibición de los ceses, de la “suspensión perfecta de labores”, y demás mecanismos con que la patronal ataca el derecho elemental al trabajo.
Solo así, pondremos coto a la ola de ceses y despidos. Y abriremos, al mismo tiempo, el camino a la lucha por el poder y el socialismo.
Esta es la tarea a la que se aboca el Partido Socialista de los Trabajadores, que sin ninguna confianza en la legalidad patronal, levanta las banderas de la lucha directa de la clase obrera por sus derechos y más sentidas necesidades.
En Celima arrancamos el año con el aviso que los almacenes de productos terminados se encontraban en sobrestock, pese a las paradas de planta que se habían sucedido el año anterior. No demoró mucho para que la patronal decidiera paralizar algunas líneas de producción en la sede de SMP y luego convocar a los trabajadores de esas líneas para comunicarles que “ya no hay trabajo”, chantajeándolos a aceptar un acuerdo de retiro voluntario bajo la amenaza de ser despidos. La información cayó como bomba entre los trabajadores afectados, la mayoría sindicalizados, y creó un ambiente de derrota entre ellos. La noticia rápidamente corrió por toda la planta. Sin embargo, también surgió una rápida respuesta desde el sector de trabajadores con más experiencia y largos años de lucha. Ellos promovieron reuniones en puerta de fábrica para discutir la problemática, y tomar conciencia de la necesidad de defender los puestos de trabajo y se pusieron en pie de lucha. Lograron también empujar a la dirección sindical a convocar una asamblea general, en la que también lograron que se resuelva romper la negociación colectiva en trato directo y preparar la huelga como respuesta a la amenaza de despidos. La siguiente asamblea no ratificó este acuerdo porque la directiva se preparó para revertir el acuerdo anterior. Para ella se trataba, y se trata, de priorizar la continuidad del diálogo con la empresa con la esperanza de alcanzar una solución al Pliego de Reclamos, a expensas de dejar que corra los planes de despido de la empresa. ¿De qué valen los supuestos aumentos si un gran sector de trabajadores no podrá gozar de ellos? Aún peor: ¿si la patronal está aplicando un plan de despidos masivos, no es absurdo esperar que te ofrecerá aumentos satisfactorios? En todo caso, por encima de cualquier pretensión reivindicativa, no hay nada más importante y sagrado que defender los puestos de trabajo cuando estos son amenazados. Como era de prever, el problema se agravó. Ahora circula la información que la sede de SJL cerrará sus operaciones este año dejando a 250 trabajadores en la calle. Esto sucede mientras la directiva sigue “dialogando” con la patronal, no solo sin lograr ninguna solución al Pliego sino atándose las manos para no hacer nada. En la planta de SMP donde se anularon líneas de producción, gracias a la firme respuesta de la base logramos que todos los trabajadores afectados fueran reubicados, en la misma planta o en otras sedes. Se trata de seguir este camino. Los despidos y amenazas están a la orden del día en otros centros laborales. Las patronales defienden sus tasas de ganancias haciendo pagar a los trabajadores las consecuencias de la “crisis”, y donde pueden los echan masivamente a la calle, en otros disfrazan los despidos con invitaciones al retiro, no sin antes desplegar una política de hostigamiento para que acepten este final. Debemos definir que ante esto hay que salir a luchar.
El problema de la normalidad de los despidos Muchos compañeros, presos de la presión patronal y la ausencia de una respuesta de sus dirigentes, terminan aceptando los despidos y renuncias “voluntarias”. Dicha política es la que se impone desde la CGTP y la FETRIMAP, que enfocan el problema como un tema solo legal, creando expectativas en las resoluciones de las autoridades del Ministerio de Trabajo y, en últimas, del Poder judicial, que demoran años, en lugar de la lucha. La lucha legal no es un aspecto que se deba subestimar. Pero sin organizar la respuesta unida de los trabajadores en defensa de su derecho al trabajo, no hay lucha legal que valga. Los despidos o los cierres de fábricas (y plantas) por temas económicos u otros pretextos pueden cubrirse de falsa “legalidad”. Pero ante ellos lo que siempre debe primar es la defensa del derecho al trabajo, para obligar al patrón a respetarlo. La patronal defiende sus ganancias echando trabajadores. Los trabajadores debemos defender nuestro derecho al trabajo, que es un derecho humano porque garantiza el mínimo sustento de nuestras familias. Y este derecho no se regala sino se defiende. Por ello, ante la arremetida de la patronal de Celima hay que luchar, haciendo honor a nuestra trayectoria y como ejemplo para toda la clase trabajadora.
Los ataques del gobierno y el Congreso que no tienen fin y agravan la crisis nacional y la penuria que sufren las mayorías obreras y populares, causan también el regreso de las luchas. Las mayores de ellas se anuncian para el mes de julio. En medio de infinidad de despropósitos como la que pretende impunidad para todos los criminales y corruptos y entornillar en el poder a los sectores reaccionarios, el gobierno y el Congreso ya impusieron nefastas normas antipopulares, como el DL 1620 que favorece la privatización de los servicios de agua y el alza de sus precios, y la Ley 31973 que amenaza con una mayor deforestación de la amazonia en beneficio de las multinacionales extractivistas. Como si esto fuera poco, ante la crisis de su modelo de economía neoliberal, sumiso al capital y a los mercados extranjeros y que solo está trayendo nuevos millones de pobres, cierres de fábricas y más desocupación, ahora intentan una corrida hacia adelante forzando la salida de proyectos mineros que tienen el masivo rechazo de la población, como son los de Tía María y Conga. Todo esto, no obstante, ya es respondido por diversos sectores que salen a la lucha en todo el país, desde los comuneros de Apurímac y Cajamarca, los pobladores del valle del Tambo, la población que se moviliza en defensa del agua y las organizaciones obreras que enfrentan los despidos, incluso enfrentando la feroz represión de Boluarte. Pero el descontento es mayor y se extiende a todos los estratos sociales, mostrando a un gobierno y Congreso absolutamente aislados, y que coloca nuevamente en agenda la salida de adelanto de elecciones. Ante esto la dirigencia de la CGTP, después de haber traicionado la gran rebelión del sur y luego de haber convivido con el nefasto régimen de Boluarte, ahora se ve en la necesidad de convocar a un Paro Nacional para el 19 de julio, en realidad una jornada de lucha, porque la Central no quiere ni garantiza ninguna paralización efectiva de labores, buscando apuntalar esa salida política. Esta política, en el mejor de los casos, podrá lograr ese objetivo parcial, pero no las demandas democráticas revolucionarias planteadas en las luchas del sur y que apuntan a la derrota del régimen en su conjunto y a la convocatoria a elecciones a una Asamblea Constituyente para que resuelva la nacionalización de la gran minería y los recursos naturales, la independencia nacional y las demandas de educación, salud y vivienda. Ahora se suma la demanda de juicio y castigo para Dina Boluarte y todos los responsables de las masacres perpetradas en ese periodo. En el peor de los casos, solo alcanzará para negociar una salida ordenada del régimen con vistas a la convocatoria a elecciones del 2026, para la que se alistan todos, incluido los que hoy fungen de luchadores. Desde otros sectores regionales y en especial del aguerrido sur peruano, se convoca una nueva marcha hacia Lima, para protagonizar nuevas jornadas de lucha los días 28 y 29 de julio. Ante esto, los trabajadores estamos llamados a realizar asambleas y discutir esta problemática. Hay que disponernos a participar de manera organizada y con todas nuestras fuerzas en las jornadas convocadas para el 19, 28 y 29 de julio. Hacerlo con la conciencia de que necesitamos recuperar fuerzas, poner en pie a un nuevo activismo y recuperar la unidad obrera en la acción. Y, discutiendo la necesidad de una nueva rebelión, en la forma de una huelga general que lleve a la derrota definitiva del régimen y a conquistar las banderas democráticas revolucionarias del sur, en la vía de una verdadera salida de fondo para los problemas nacionales y los de la clase trabajadora. Una gran tarea para la cual necesitaremos también poner en pie un nuevo instrumento político, una verdadera dirección revolucionaria con los mejores luchadores y luchadoras, que garantice llevar a cabo dichas tareas, y en la que el PST se coloca en la primera línea.
La elección de Keiko Fujimori como nuevo gobierno nos plantea una nueva realidad llena de desafíos, amenazas y tareas. A nivel de la vanguardia muy pocos dudan de su carácter entreguista, propatronal y autoritario, pero no ocurre lo mismo en la base obrera y popular que votó por ella como el “mal menor” después de decepcionarse de la actuación de la llamada “izquierda” y de perder confianza en la lucha por culpa de las direcciones burocráticas. Por eso, ahora que iniciamos este nuevo y difícil momento, debemos reflexionar seriamente sobre lo que hay que hacer.
Como en toda lucha, lo primero que necesitamos es identificar con claridad a nuestro enemigo central y las amenazas que representa. El fujimorismo encarna los intereses del gran capital y, por ello, su esencia es antiobrera. Si en los años noventa derrotó a la clase trabajadora con una combinación de medidas antilaborales y represivas, esta vez buscará el mismo objetivo, adecuando su política a las necesidades actuales de los empresarios que buscan reactivar sus negocios y ganancias.
Ante ese plan, es evidente que los trabajadores necesitamos contraponerle otro para resistir y, en perspectiva, derrotar al gobierno de Fujimori. Por esto debemos empezar por hacer conciencia en las bases de que, en la hora actual, nuestro enemigo es el Gobierno y que hay que prepararnos para luchar contra él hasta derrotarlo, porque, si no lo hacemos, será él quien nos derrote.
Esta verdad no es una cuestión menor. En los últimos años, las dirigencias han circunscrito toda lucha a un conflicto aislado con cada patronal y ceñido a su marco “legal”, pero nunca contra el gobierno central, que es quien establece las políticas laborales. Por ejemplo, han dejado que cada sindicato enfrente por separado los ceses colectivos, cuando debían haber unido la lucha contra el Gobierno por la derogatoria de dicha ley. Por eso es indispensable explicar esta tarea a las bases.
Lo otro es cómo nos preparamos. No vamos a esperar a que Fujimori nos ataque primero para alistarnos. Es más, desde ahora los empresarios, alentados por la confianza y el respaldo que les otorga “su” gobierno, redoblarán sus ataques y el propio Ministerio endurecerá sus posiciones “interpretando” las leyes a su favor, por ejemplo, declarando “improcedentes” las huelgas.
Y para prepararnos hay que empezar por pasar revista a nuestras filas. Muchos sindicatos han desaparecido y los que siguen en pie están debilitados, con menos afiliados y menor confianza en sus propias fuerzas. La situación es aún peor en las federaciones y en la propia central como consecuencia de su manejo burocrático y conciliador.
Con estas convicciones debemos ponernos a trabajar para poner en pie y fortalecer los sindicatos de base mediante asambleas que pongan en práctica la democracia obrera, la unidad de clase y elijan al frente de ellos a los mejores y más decididos compañeros. Hay que formar coordinadoras locales y regionales para unir y centralizar las luchas. Hay que recuperar los organismos sindicales matrices (FETRIMAP y CGTP) para ponerlos al servicio de sus bases. Y, en el desarrollo de cada lucha, recuperar nuestros métodos históricos de combate: los piquetes de huelga, la solidaridad de clase, el paro nacional, la huelga general, la ocupación de fábricas y la autodefensa.
Nada de lo anterior avanzará por sí solo. Al mismo tiempo debemos poner en pie una nueva dirección que se coloque al frente de estas tareas. Una nueva dirección que comprenda que hemos retrocedido por culpa de las direcciones políticas de una “izquierda” electoralista y de dirigentes burocráticos que han sustituido la movilización por la conciliación y la confianza en las instituciones del régimen.
El problema de dirección que enfrentamos es grave. Ahora, por ejemplo, JP ha emergido como la principal fuerza de “izquierda” y pretende encabezar la oposición al gobierno junto a Ahora Nación. Pero quiere hacerlo no poniéndose al frente de las luchas, sino en nombre de la “defensa de la democracia”. Es decir, junto a otras formaciones burguesas que comparten la misma perspectiva, su mirada son las próximas elecciones. De ese modo colocan un nuevo obstáculo para el desarrollo de una verdadera oposición de clase, sembrando confusión sobre nuestra lucha contra el gobierno, el régimen y la patronal, y desviándonos de la necesidad de construir una salida propia de la clase trabajadora y el pueblo pobre.
Esa nueva dirección de clase y de combate no surgirá de los viejos aparatos ni de acuerdos por arriba. Deberá nacer de los nuevos luchadores y luchadoras que emerjan en este periodo, aprendiendo las lecciones de las derrotas sufridas y recuperando nuestras mejores tradiciones. Esta tarea es la que nos proponemos apoyar e impulsar desde el PST.
La elección de Keiko Fujimori, heredera del ex dictador y resistida por la mayoría obrera y popular por largos años, es un hecho que necesita una explicación, así como lo que significa en el actual contexto, las amenazas que trae y las tareas que se deducen de ellas para los trabajadores y su vanguardia. Aquí presentamos el punto de vista del PST, para aportar a la reflexión y el debate.
1. Neoliberalismo y recolonización en la era Trump
Lo primero y ante todo: el retorno del fujimorismo al poder representa una reafirmación clara de las relaciones de sujeción del país al imperialismo estadounidense, ahora en el marco de su plan de recolonización. En la era Trump, este plan consiste en profundizar el control financiero y económico sobre Latinoamérica, apoderarse de sus recursos naturales estratégicos (litio, cobre, minerales raros), su infraestructura y sistema de defensa, y desplazar la presencia china en la región. Su intervención ya se manifiesta en una serie de hechos, como la intromisión descarada de su embajador, Bernie Navarro, en los asuntos internos del país y en las propias elecciones.
El régimen peruano está diseñado para esta sujeción. Aun si gobernara Roberto Sánchez, el alineamiento sería un hecho. La única diferencia es que, con Keiko Fujimori, la colaboración será abierta y explícita, al estilo Milei. La consecuencia estratégica para el Perú será la profundización de su subordinación y dependencia de los EE.UU.
2. El origen de la crisis es el modelo económico vigente
Los capitalistas aseguran que esto traerá más inversión y comercio, lo que generará empleo. La realidad es que habrá más saqueo y expoliación, como ha ocurrido con la forzada compra de aviones por más de 3.400 millones de dólares en un momento en que se alega crisis en las finanzas públicas.
Además, el regreso de la mirada de EE.UU. hacia el subcontinente se debe a que atraviesa una grave crisis y tiene sed de ganancias. El actual modelo de libre mercado fue implantado por Alberto Fujimori en 1990, quien entregó el país al imperialismo y lo volvió a su condición de exportador primario. Este modelo funcionó al impulso de los 20 años dorados de la globalización hasta que se agotó, instalando la crisis en el corazón del imperio. Esa crisis tiene efectos globales, como la actual guerra en Medio Oriente –que eleva los precios de los combustibles y fertilizantes– y el plan recolonizador que se aplica sobre Latinoamérica. Sin embargo, la ilusión se mantiene por el alza de los precios de los minerales, principal producto de exportación peruano.
Todo esto llevará a un mayor saqueo del país, ahora de la mano de la heredera de Fujimori. Se entregarán más recursos naturales y se promoverán más proyectos mineros; y, con el pretexto de la “defensa nacional”, se afirmará el dominio imperial incrementando su presencia militar.
Más de treinta años de aplicación de este modelo ya demostraron que solo rentabiliza al gran capital, en especial a la gran minería, que acumula sus ganancias en sus países de origen mientras mantiene a las grandes mayorías sumidas en la pobreza y sin servicios básicos. Además, al insertar al país en el mundo sin educación ni infraestructura, no desarrolla fuerzas productivas para competir con la inversión extranjera, que llega solo para aprovechar las riquezas naturales y la mano de obra barata. Ya estamos mal bajo ese imperio, y estaremos peor con la profundización de su dominio.
3. Engaño y traición de los partidos burgueses… y reformistas
Durante más de veinte años, las mayorías lucharon contra dicho modelo, pero todos los partidos que accedieron al poder ofreciendo “cambios” las traicionaron. En 2001, Toledo, el “cholo sagrado”, solo aceleró el modelo mientras se dedicaba a robar y a embriagarse. En 2006, Alan García, que ofreció un “cambio responsable”, aplicó más ataques neoliberales con la política del “perro del hortelano” y dejó el “Baguazo” con 33 muertos, entre ellos indígenas que luchaban contra las explotaciones petroleras. En 2011, el «nacionalista» Ollanta Humala, elegido por su oferta de la Gran Transformación, la abandonó el primer día para abanderar el modelo, y en esa línea intentó imponer con fuerte represión el proyecto minero de Conga y, más adelante, la Ley Pulpín, que ofrecía empleo juvenil sin derechos. En 2021, cuando la pandemia –con medio millón de muertos– radicalizó las demandas de la población, se eligió a Pedro Castillo, que también fue un fraude de ineptitud, promesas incumplidas y sombras de corrupción.
Y pese a que estamos peor, el tema de la dependencia económica no fue central en estas elecciones. Una situación excepcional –fragmentación de candidatos y crisis de representación– permitió al castillismo ingresar a la segunda vuelta con un pequeño margen de votos. En esa fase, su candidato Roberto Sánchez, solo para favorecerse del voto de las clases medias acomodadas, abandonó sus tibias propuestas de reforma económica para abrazar como un todo el modelo neoliberal que encarnaba Keiko Fujimori, validando así su continuidad bajo la nueva administración.
4. No nos engañemos: el fracaso de la «democracia» es producto directo del fracaso del modelo económico
Por último, el retorno del fujimorismo 25 años después simboliza el fracaso de la “democracia”, que había ofrecido libertades, igualdad y mejoras económicas. La izquierda reformista fue la que más mintió: ofrecieron reformar el conjunto del sistema haciéndolo más “humano”. Lo cierto es que ni unos ni otros cumplieron nada, y lo que tenemos es una falsa “democracia” y un sistema económico que nos destruye y empobrece más mientras se enriquecen los grandes capitalistas.
Así, el descontento y las luchas contra todos esos partidos acabaron con ellos y descompusieron el régimen. En esa lucha, el fujimorismo apareció como el último bastión de la burguesía para defender su continuidad. Esto hizo que todos sus detractores “democráticos” utilizaran el legítimo “antifujimorismo” de las masas para encauzarlas electoralmente, empaquetando mejor sus planes de continuidad del modelo neoliberal, es decir, seguir haciendo fujimorismo en el terreno económico. Así hicieron elegir a PPK y con ese discurso también apoyaron a Castillo. Esta vez quisieron repetir la fórmula apoyando a Sánchez, pero fracasaron.
Ahora, con las enseñanzas que nos dejan las lecciones, es preciso enfatizar: es falso que el Perú estuviera atrapado en un conflicto entre dictadura y democracia. Estamos bajo la misma “democracia”, con unos que matan más que otros, que se recrea bajo el sello de cada gobierno, solo que cada vez más decadente y descompuesta por el creciente descontento social.
La “democracia” en 2000 surgió con promesas de verdaderas libertades e igualdad. Con el tiempo, reveló su engaño, porque cada autoridad elegida burlaba la voluntad popular mientras reprimía con saña toda protesta, y devenía más corrupta, incluso con autoridades de “izquierda”. Esta “democracia” demostró que solo era y es una formalidad o instrumento de dominación de la clase capitalista en el poder. Por ese engaño, todos los partidos que ejercieron el poder desaparecieron repudiados por las mayorías.
La crisis crónica de los “partidos” –o su práctica inexistencia– llevó a la crisis crónica del Estado. Esta crisis es grave porque lo paraliza para cumplir sus funciones mínimas, como protegernos ante la creciente criminalidad, crisis como la pandemia y ahora el fenómeno de El Niño. Pero la burguesía hace creer que dicha crisis no es consecuencia de su falsa democracia ni de la aplicación de su modelo económico, sino culpa del “caos” y la ineptitud de la izquierda reformista, y hace creer que se necesita volver a la “estabilidad y orden” para que regrese el crecimiento, que es lo que ofrece el fujimorismo.
El retorno del fujimorismo veinticinco años después es una afrenta a nuestras conquistas y nuestra memoria. Es un trago amargo, en especial para la vanguardia obrera, después de tantos años de lucha. Pero esto también es responsabilidad de esa misma “izquierda” que, con su desastrosa actuación de estos años, le abrió el camino.
Y esa misma “izquierda” no es capaz de aprender. Después de este estruendoso fracaso, ahora Sánchez y López-Chau se declaran la “oposición democrática” al fujimorismo. Así intentan mantenernos en el mismo círculo de unidad y alianza con la burguesía “democrática”, cuando la experiencia de estos 25 años nos muestra que tenemos que luchar para que la clase obrera y el pueblo se desembaracen de esa falsedad y encaminen su lucha contra el plan burgués de sometimiento al imperialismo y su falsa democracia, y por la conquista de un gobierno propio.
5. ¿Cómo llegamos a esta situación? La traición de las direcciones
¿Cómo podemos explicarnos este nuevo escenario que ha traído el retorno del fujimorismo? ¿Qué ocurrió en el último periodo?
Entre 2020 y 2021 sufrimos una pandemia atroz que desnudó –como en la película Titanic– cómo los ricos se salvan primero junto a sus negocios mientras dejan morir a los que estamos en la “tercera clase”. Esto colmó el descontento que venía de atrás y se expresó en las elecciones de 2021, donde los sectores más pobres giraron del apoyo a la izquierda institucional (Verónika Mendoza) hacia la “izquierda radical” provinciana de Pedro Castillo, buscando soluciones reales a sus demandas. Pero el gobierno de Castillo, precario, improvisado y de naturaleza conciliadora, incumplió sus promesas y naufragó, cayendo quince meses después de haber asumido. Su caída produjo el despertar de los más pobres y explotados del sur andino, que se sublevaron entre 2022 y 2023 reclamando Asamblea Constituyente y cierre del Congreso. Pero el régimen, con Dina Boluarte, en nombre de “salvar la democracia”, ahogó en sangre la protesta, contando con la complicidad de las principales direcciones, entre ellas la de la CGTP.
Si ese alzamiento triunfaba y al menos conquistaba nuevas elecciones, se habría ahondado la crisis del régimen y de su plan económico, y se habría empoderado a la clase obrera al frente de un gran movimiento por una salida propia del pueblo trabajador; pero fue derrotado, y con ello la reacción se afirmó en el poder. El nuevo gobierno fue resistido durante tres años, esta vez por transportistas y la juventud que se alzaron reclamando la caída de Dina Boluarte; pero otra vez esas mismas direcciones les dieron la espalda, apostando a la salida electoral.
Y cuando llegamos a las elecciones, la dirigencia de la CGTP decide participar en ellas, pero no para denunciar su falsedad y centrarse en las luchas, sino para apuntalarla desde una posición electorera y colaboracionista, tras la candidatura de López-Chau. Esta candidatura sufrió un fracaso rotundo, pues recibió un portazo de sus propias bases, que no eligieron a ninguno de sus candidatos pese a que se presentaban como “dirigentes” de la CGTP. Como ya vimos, lo mismo hizo el resto de la “izquierda”.
Entonces, llegamos a esta situación por responsabilidad de la dirigencia de la CGTP y los partidos de “izquierda”, que en todo este periodo traicionaron las grandes luchas, solo para salvar la “gobernabilidad” de la burguesía, y apostando todo a las elecciones.
6. Lo que mostraron las elecciones
Todo lo anterior solo trajo pérdida de confianza en esa “izquierda” y búsqueda de salidas en las diversas ofertas de la burguesía, entre ellas el fujimorismo.
Un estudio previo a estas elecciones muestra un giro a la derecha en las preferencias políticas de la población desde el fracaso del gobierno de Castillo (Cómo –no– pronosticar las elecciones, El Comercio, 19.04.2026).
2021
2026
Izquierda
11.6%
5.5%
Derecha
17.2%
15.4%
Centro
5.8%
6.3%
En estas elecciones, el ascenso de la derecha abarcaba desde Fujimori y López Aliaga hasta variantes de centroderecha, tanto que incluso se esperaba una segunda vuelta entre dos candidatos de ese sector. Como ya apuntamos, la “izquierda” reformista con JP y Sánchez pasó apenas a la segunda vuelta por un estrecho margen de votos. En el proceso de segunda vuelta se produjeron los alineamientos que, esta vez, terminaron favoreciendo a Fujimori.
¿Qué nos muestra la votación de segunda vuelta? Primero, en la principal plaza electoral nacional, Lima y Callao, Fujimori obtuvo el 64% de la votación; en las zonas residenciales de clase alta votaron por ella el 80%, y en las zonas más obreras, pobres y mucho más pobladas (Independencia, Comas, San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador, los barrios del Callao, etc.), votaron por ella en un promedio del 62%.
A nivel nacional, como en 2021, la mayoría de provincias votaron por Sánchez, pero Fujimori se afirmó y avanzó en sus plazas tradicionales de la costa norte y sur, y ganó más votos en las regiones llamadas de “izquierda”: Cajamarca +6%, Junín +3%, Huánuco +3.6%, Pasco +4.6%, Cusco +5%, entre otros. Fue este incremento del voto por Fujimori en el interior –y no del exterior, donde incluso esta vez votaron menos– lo que terminó dándole el diferencial que le permitió ganar.
Esto se explica por otro hecho: mientras la mayoría de los “partidos” son cascarones improvisados, como la misma “izquierda” que representa Sánchez, el fujimorismo es el único partido burgués organizado a nivel nacional que durante más de veinte años pudo resistir la oposición de las mayorías mientras construía lazos con distintas organizaciones, todo, por supuesto, con el apoyo de la burguesía. Y por esto era el único partido burgués preparado para disputar una elección, hasta que las condiciones giraron a su favor, permitiéndole ganar.
Estos son los datos gruesos. El otro factor fue el desarrollo de la misma campaña, en un contexto de dos candidatos minoritarios y con altas resistencias. En ella, Sánchez optó por irse hacia el centro, llegando a aliarse hasta con sectores derechistas (Forsyth, Salvador del Solar), para lo cual incluso abrazó plenamente el modelo neoliberal, con la finalidad de aparecer como la alternativa “democrática”. Por su lado, Fujimori también hizo lo mismo, adoptando un mensaje conciliador, pero lo hizo centrando su discurso en torno a problemas claves como “seguridad” y “orden”, junto con infinidad de promesas. En realidad, los dos obtuvieron buenos resultados y la elección se definió por pocos miles de votos. Lo que al final decidió las elecciones fueron entonces las tendencias descritas.
Viendo los resultados, miembros de la burocracia culpan a sus propios compañeros de base por no haberlos apoyado. Algunos de estos llegan a decir: “Si hubiéramos hecho campaña, esto no habría pasado”. Lo cierto es que, aunque hubieran “hecho campaña”, es probable que el resultado no hubiera cambiado. Los resultados no dependen de “hacer más campaña”, sino de tendencias ya configuradas por la experiencia de las mayorías. Y la experiencia reciente que tenemos es el papel funesto de la “izquierda” reformista y la traición de la dirigencia de la CGTP, que por sí solos explican cómo amplios sectores pobres y explotados siguen siendo cautivos del engaño y ofrecimientos de la burguesía y ahora del fujimorismo. Solo estos hechos nos pueden explicar el retorno del sector burgués más resistido por las masas durante 25 años.
7. El nuevo gobierno
Sin embargo, el retorno al poder del fujimorismo se produce en una situación precaria. Tiene la mitad del país –antipopular– en contra y un gran sector –sobre todo la clase trabajadora organizada– presto a luchar. Si empieza a atacar desde el primer día, habrá respuesta. Bolivia vivió un estallido social pidiendo la renuncia del gobierno apenas electo, porque se inició con feroces ataques. A diferencia de Bolivia, donde la burguesía se hunde en una grave crisis económica, aquí la burguesía tiene margen para estabilizar primero a su nuevo gobierno antes de iniciar sus ataques.
En lo inmediato, esa burguesía necesita “paz social y orden institucional” para mejorar sus ganancias. Si en medio de la inestabilidad y el caos del Estado la economía crece 3%, con “paz social” –tranquilizando al sur de alguna forma– y “orden” institucional –asegurado por la consistencia del gobierno y su mayoría congresal de derecha–, ellos ven que pueden crecer 4% o algo más. Incluso el fenómeno de El Niño, que se viene fuerte, podría tener un impacto económico mitigado y, al contrario, hasta puede ser usado a favor del gobierno. El único ajuste de fondo que necesita la burguesía es contener el gasto fiscal, lo que sí traerá recortes en áreas como salud y educación, y afectará a los trabajadores del Estado.
De otra parte, también tiene planteado encaminar nuevos proyectos mineros, energéticos y de infraestructura, reduciendo la “tramitología” y las regulaciones; y no hablemos de Petroperú, cuya privatización hace rato colocaron en agenda. Y por ahora no necesita aprobar nuevas reformas, porque las que están vigentes le sobran y bastan, como la laboral, en la que las nuevas autoridades solo endurecerán su aplicación para favorecer los ataques patronales. En todo esto piensan que les puede ir “bien”, lo que es falso. No consideran que la principal amenaza viene del entorno internacional, que el efecto Trump no significa “beneficios” sino más saqueo y crisis, como la de los combustibles y fertilizantes, o como una caída en los precios de los minerales, que ya empezó a ocurrir.
Otro frente complicado, y quizá el más grave, es el del combate a la criminalidad, porque es la expectativa de un importante sector popular que votó por ella. Su resolución demanda un cambio estructural, que solo puede ser realizado por un gobierno de los trabajadores. La otra vía es la dictatorial, y en esa el fujimorismo sí tiene antecedentes, lo que podría llevarnos de un recorte de las libertades, la violación de los DD.HH. y la afectación de las luchas, hasta la posibilidad de un cambio de régimen hacia uno de verdad dictatorial.
Por todo esto, se puede decir que volveríamos al escenario anterior de una recuperación parcial de la gobernabilidad burguesa y de su plan económico, en un entorno donde los problemas estructurales, al seguir irresueltos y aparecer nuevos problemas, van a continuar las luchas creando nuevos escenarios y desafíos para los trabajadores.
8. Conclusión: nuestra tarea es resistir, organizarnos y construir una dirección de clase
Todo lo anterior significa que ingresamos a un nuevo momento de conflictividad de clase, enfrentando nuevos y viejos problemas y, sobre todo, a un gobierno más duro.
El principal problema que enfrentamos es la fragmentación de la organización obrera y popular y el retroceso en la conciencia producido por el rol desempeñado por las direcciones. Y, al mismo tiempo, la aparición de nuevos obstáculos políticos (JP, Ahora Nación), falsos liderazgos (Sánchez, López-Chau), y otros llamados “democráticos” que frenarán e impedirán el desarrollo independiente del movimiento de masas.
Por ello, así como necesitamos construir la unidad para la lucha y poner en pie nuevos organismos autónomos e independientes desde las bases, y desarrollar la lucha misma junto, necesitamos poner en pie una nueva dirección de clase, de verdad independiente y revolucionaria, capaz de colocarse al frente de esas tareas.
Una nueva dirección con un programa revolucionario de verdadera liberación nacional y social; y que, en lugar de vivir para las elecciones, viva para la movilización y la organización independiente de las masas, hasta lograr la conquista de un Gobierno de los Trabajadores, que es la única salida estratégica que tenemos y por la que vale la pena luchar.
Al escribir este artículo ya era evidente que la segunda vuelta electoral le favorecía a Keiko Fujimori. Los resultados, muy ajustados, con apenas 0.2% de diferencia en unos 20 millones de votos emitidos, reflejan una alta polarización del voto donde cada parte votó en contra de lo que vieron como la peor versión del adversario. En la votación dentro del territorio nacional predominó el voto anti Keiko, y son los votos de los peruanos en el exterior, donde no faltaron las sospechas de manipulación de las actas, los que terminaron inclinando la balanza a favor del fujimorismo, el peor escenario esperado por la mayoría de la población nacional.
Los resultados presidenciales se complementan con la elección de las cámaras de diputados y de senadores, donde el fujimorismo cuenta con 41 de 130 diputados y 22 de 60 senadores, y donde solo seis agrupaciones cuentan con representación en el Congreso. Al tener, con escaños propios, más de un tercio del senado, el fujimorismo está en condiciones de bloquear cualquier intento de vacancia y eso le brinda durabilidad durante el quinquenio, a diferencia de la volatilidad que caracterizó a los ocho gobiernos que le precedieron en los últimos diez años, en medio de una profunda crisis política.
Sin embargo, la relativa estabilidad que tendrá el gobierno fujimorista por su peso en el senado no será por sí misma garantía de ausencia de crisis política, pues el descontento social no desaparecerá por arte de magia y junto con eso hay una potencialmente fuerte oposición en Diputados, con capacidad de censurar ministros o destituir altas autoridades si así lo quisiese.
El gobierno que se viene
Ese es uno de los principales problemas que tratará de enfrentar el nuevo gobierno, y seguramente aplicará su “experiencia” en promover el transfuguismo como en la época de la dictadura de Fujimori padre, y en la actualidad por la hija en el Congreso. También en promover las componendas y transacciones, económicas o políticas, para lograr la colaboración de bancadas enteras como ocurrió con la bancada de la “extremista” familia Cerrón.
No son pocos los que albergan la ilusión de que el fujimorismo reflexione sobre la monstruosidad de su política autoritaria y haga un gobierno democrático y de conciliación, que retroceda en el copamiento de las instituciones del Estado, en las leyes “pro crimen”, en las leyes de amnistía o impunidad de militares y policías culpables de asesinatos y violaciones a los derechos humanos, y que retroceda también en su propósito de restablecer la “justicia militar” para militares o policías hasta por delitos comunes, como los de Colcabamba y Manchay, o incluso en el blindaje a Dina Boluarte por los asesinatos de 2022 y 2023.
Posiblemente el mensaje de unidad nacional se dé, pero más como parte de una propaganda vacía o juego político para ganar algo de legitimidad y no convertirse, repentinamente, desde el mismo 28 de julio, en Dina Boluarte II.
Los hechos mencionados más arriba no describen a un gobierno que haga centro en la democracia sino a uno que se siente bajo amenaza y que se ha preparado para la confrontación, uno que espera que será repudiado y enfrentado por amplios sectores populares en todo el país, no solo por demandas de justicia que se les ha privado, y las demandas democráticas que se les ha negado, sino también por las condiciones económicas que golpean a importantes sectores sociales, producto de las desigualdades que genera el plan económico, como también de la acción de las extorsiones y el sicariato, y de nuevos desastres climáticos sin mitigación.
Keiko Fujimori brindará a cambio otras ilusiones, a juzgar por sus anuncios de la campaña electoral. Ya es sabido que ella cree que puede compensar los atropellos a los derechos democráticos con una larga lista de obras y otras promesas. Pero estas promesas, de muy dudosa realización, serán la zanahoria que camufle al garrote con el que tratarán de reprimir la movilización popular.
En el nefasto club de Donald Trump
Como otros gobiernos derechistas de la región, una de las prioridades del gobierno fujimorista será profundizar la política entreguista ante la estrategia hemisférica del gobierno norteamericano, con efectos fatales para el país. Un adelanto de esa política ya se ha visto en el descarado pago de 3,500 millones de dólares por la compra de aviones de guerra de fabricación estadounidense, sacrificando recursos de programas sociales como Beca 18 y recursos para prevención ante desastres.
Gracias al fujimorismo el Perú pasará a formar parte del “Escudo de las Américas”, el club de entreguistas formado por Donald Trump con gobiernos afines de Latinoamérica, asumiendo la complicidad en la política intervencionista contra la soberanía de los pueblos del continente, y los ataques genocidas como los que descarga el imperialismo en el medio oriente, junto con el gobierno sionista de Israel.
Sabemos que esa complicidad se traducirá en un costo para las masas trabajadoras, en la forma de imposición de compras como la de los aviones, o de inflación, o de expoliación de la riqueza nacional, y una mayor presencia militar en el país.
Los desafíos de las organizaciones obreras y populares
Las amenazas que plantea el gobierno fujimorista a las masas trabajadoras son evidentes. Frente a eso se hace necesario avanzar en la forja de la organización y la unidad, fortalecer la coordinación y la solidaridad de clase, como parte de una estrategia que incluya resolver los problemas de dirección general y política.
Escribe Manuel Fernández, dirigente obrero del PST
¡Defendamos el empleo con nuestra lucha en las calles!
La ofensiva patronal en Industrias del Envase
El pasado 14 de abril de 2026, la empresa Industrias del Envase S.A. –gigante manufacturero con más de medio siglo de existencia fundado por la corporación Backus en el Callao– desató una violenta ofensiva contra sus trabajadores. Amparándose en la legislación neoliberal que los gobiernos de turno dejan intacta, la patronal activó en simultáneo un “procedimiento de terminación colectiva de contratos por causas tecnológicas y estructurales” y la “suspensión perfecta de labores”. Esta maniobra inhumana dejó de inmediato en la calle, y sin un solo centavo de salario, a más de 44 familias obreras.
La frialdad de las cifras desnuda el carácter selectivo y persecutorio de la medida: el 80% de los despedido pertenece al sindicato. Esta purga incluye directamente a 4 dirigentes de la junta directiva, a miembros clave de la Comisión Negociadora, a integrantes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, y a destacados exdirigentes.
La patronal no tuvo reparos en arrastrar a este limbo a obreros con enfermedades ocupacionales, restricciones médicas y secuelas de accidentes laborales. El ensañamiento llegó al extremo de echar a una madre lactante con una bebé de 8 meses y a otra que es el único sustento de un niño con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Previamente, la empresa operó de forma siniestra trasladando a trabajadores sindicalizados hacia las áreas que planeaba declarar “en crisis”, construyendo un escenario artificial para justificar el cese colectivo.
El cese colectivo: el arma patronal para quebrar la organización sindical
Al igual que en los casos de Papelera Atlas, Papelera Nacional, Cogorno, Hialpesa, BSH y Celima, nos enfrentamos a una práctica sistemática de la patronal para recuperar sus tasas de ganancia descargando la crisis sobre la espalda trabajadora. El objetivo es evidente: desmantelar los sindicatos y reemplazar mano de obra con derechos por personal precarizado, sumiso y sin organización.
La empresa ejecuta este golpe quirúrgico en un momento clave: en plena negociación de dos pliegos de reclamos acumulados. Los dirigentes y afiliados puestos en la mira son los mismos que promovieron con firmeza la huelga como solución a sus demandas. Por si fuera poco, para consumar el descabezamiento sindical, la patronal envió cartas de preaviso de despido a 14 trabajadores bajo imputaciones forzadas de “faltas graves”, mientras los convoca individualmente para chantajearlos a firmar “mutuos disensos”.
Este libreto de terror es idéntico al aplicado contra el Sindicato de Celima (Sintracelima). Tras lograr que la Autoridad de Trabajo desestimara un primer proceso contra 216 obreros, la empresa apeló e inició un segundo cese contra 119 trabajadores. Usando un trámite burocrático engorroso diseñado para ganar por cansancio, manteniendo sin salario a los trabajadores por más de 330 días, demostrando que este laberinto legal, es la trampa perfecta para quebrar las luchas.
Por ello el gran peligro para los trabajadores de Industrias del Envase y el conjunto de la clase obrera radica en encasillar los problemas laborales en un enfoque estrictamente legalista. Las leyes vigentes (como el Decreto Legislativo 728) y las instituciones del Estado –el Ministerio de Trabajo (MT) o el Poder Judicial (PJ)– no son neutrales; están hechas a la medida de la patronal y del modelo neoliberal. Esto se agrava hoy, cuando las instituciones estatales celebran a una nueva patrona salida de las urnas.
Confiar ciegamente en que las autoridades impartirán “justicia” de manera espontánea solo desarman a los trabajadores y prepara el terreno para la frustración. Lamentablemente, este derrotero de pasividad es promovido por los partidos reformistas y por las altas direcciones de la Fetrimap y la CGTP.
La experiencia de los trabajadores del sindicato de CELIMA demuestra que solo debemos confiar en nuestra propia organización y la solidaridad obrera. Ningún derecho ha caído del cielo. Solo la movilización y la lucha unificada de la clase obrera por la derrota de los despidos garantiza la defensa real del empleo.
Solidaridad de clase y plan de lucha para derrotar los despidos
La agresión en Industrias del Envase ocurre en paralelo a una ola de despidos en otros sectores (Cifarma, Medifarma, etc.) y ante una abierta intransigencia empresarial. Frente a esto, se gestan importantes protestas, pero la acción heroica de un sindicato aislado no basta. Necesitamos organizar la unidad combativa de toda la clase trabajadora para romper el aislamiento.
No podemos aceptar la fatalidad de las leyes patronales. Debemos levantar un programa y una salida obrera independiente que plantee de inmediato: La derogatoria de las normas de Cese Colectivo y Suspensión Perfecta de labores heredadas de la dictadura fujimorista, la defensa irrestricta de la negociación colectiva, el derecho a la huelga y las libertades sindicales.
Y Ante despidos y cierres fraudulentos de plantas, la ocupación, administración y control obrero de las fábricas, siguiendo el ejemplo de la clase obrera argentina que recuperó más de 400 empresas bajo gestión propia.
A pesar del chantaje, la moral sigue firme: la valiente afiliación de 5 nuevos obreros en pleno conflicto demuestra que la mejor respuesta al miedo es la organización. Rodeemos de solidaridad efectiva y material a las familias en lucha, y organicemos nuestra resistencia para derrotar estos despidos y los ataques que vendrán del nuevo gobierno patronal.
El pueblo y la clase trabajadora de Venezuela atraviesan una tragedia de proporciones devastadoras. Un doble terremoto, de magnitud similar al que sacudió Pisco en 2007, ha golpeado duramente al país, afectando sobre todo a La Guaira y a zonas de Caracas. Edificios enteros –incluidos hospitales y escuelas– se han derrumbado, y la infraestructura ha quedado gravemente dañada, dejando a amplios sectores sin agua, electricidad ni comunicaciones. Las cifras oficiales preliminares hablan de 2.295 muertos, 11.276 heridos y 50.000 desaparecidos, aunque las pérdidas humanas y materiales son aún incalculables. Una semana después del desastre, los equipos de rescate siguen buscando supervivientes entre los escombros.
Como ocurre en toda catástrofe natural, los más golpeados son siempre los trabajadores y los pobres. En Venezuela, donde la crisis política y económica –agravada por el colapso del chavismo y la reciente recolonización imperialista– ha sumido a más del 60 % de la población en la pobreza, y las viviendas precarias han sido las primeras en ceder o sufrir daños irreparables. Son estos mismos sectores los que más padecen la ausencia de asistencia estatal: el Gobierno, paralizado por la corrupción y la ineptitud, no garantiza los servicios básicos ni la ayuda necesaria. Podría recurrir a los recursos acumulados en las grandes empresas capitalistas, pero no lo hace, en defensa de la propiedad privada, mientras estas mismas empresas ya se frotan las manos ante los jugosos negocios que dejará la “reconstrucción”. A ello se suma la sumisión al imperialismo estadounidense, que se ha apropiado de las principales rentas petroleras del país.
Como sucede siempre, también es en la catástrofe que se ve quienes son los que de verdad ayudan. La población autoorganizada ha improvisado brigadas de rescate, ha acopiado víveres y medicinas, y ha tejido redes solidarias que salvan vidas, asisten a los heridos y llevan solidaridad. Mientras tanto, el Gobierno no solo no moviliza recursos, sino que entorpece estas iniciativas populares con controles militares y burocráticos.
Los fenómenos naturales son inevitables; el sufrimiento añadido por la falta de respuesta oportuna no lo es. Esta catástrofe se agrava por el colapso de un Estado venezolano desmantelado por el capitalismo y recolonizado por el imperialismo. Así como la ciudadanía ha tomado en sus manos la asistencia a sus hermanos y hermanas, también está llamada a tomar en sus manos su propio destino, para liberarse del mal mayor que nos oprime bajo la dominación capitalista.
Hacemos un llamado urgente a la solidaridad internacional con el pueblo venezolano.
Desde el 26 de mayo se desarrolla una grave crisis de gobernabilidad en la Universidad Nacional de Ucayali – UNU. El rector Braul Gomero promovió una “autotoma” para encubrir las denuncias de corrupción que recae sobre él, nepotismo e incapacidad para manejar la administración de la universidad. Al mismo tiempo, el rector está a la espera que el Congreso modifique el artículo de la Ley Universitaria que prohíbe la reelección, para postular nuevamente. Frente a esta realidad un grupo de estudiantes, docentes y trabajadores se organizaron y libran una dura lucha contra la corrupción y las pretensiones reeleccionistas del rector. Entrevistamos al compañero Hitoshi Tang Aliaga, miembro del Comité de lucha y dirigente del Comité por la reorganización de la federación de estudiantes, FEUNU.
¿Cuándo se produjo la autotoma impulsada por el rector, con qué objetivo y quiénes la respaldaron?
La autotoma ocurrió el 26 de mayo y fue promovida por el rector con el propósito de convocar elecciones para renovar la Asamblea Universitaria y el Consejo Universitario, donde no contaba con mayoría. El objetivo de fondo era asegurar una eventual reelección si el Congreso aprueba la modificación de la Ley Universitaria (Ley 30220) que permita la reelección de las autoridades universitarias.
La autotoma contó con el respaldo de dirigentes estudiantiles, ex autoridades, docentes, trabajadores administrativos y personal de seguridad. Tras conocerse la confesión de Álvaro Ríos –dirigente estudiantil–, sobre la planificación de la toma, un grupo reducido de estudiantes que permanecía resguardando el campus universitario fue agredido por personas vinculadas a seguridad, estudiantes y matones presuntos barristas.
¿Cómo se descubrió la autotoma?
Todo salió a la luz luego cuando el entonces dirigente estudiantil Álvaro Ríos confesara, en una reunión privada, que la toma había sido coordinada desde el rectorado. Esa revelación permitió conocer cómo se organizó la operación.
¿Cómo opera la red de personal que respalda al rector?
El rector mantiene influencia sobre la federación estudiantil, sectores administrativos, sindicatos de docentes y trabajadores, así como algunos decanos. El rector afronta investigaciones fiscales y mantiene cercanía política con Fuerza Popular y sectores del aprismo, los cuales tienen influencia en la universidad.
¿Cuál sería la estrategia del rector?
La estrategia consiste en prolongar la crisis institucional hasta desgastar a estudiantes y trabajadores, normalizar las actividades académicas y esperar la aprobación de la ley que permitiría la reelección de rectores.
¿Cómo captan el respaldo de algunos estudiantes?
Determinados dirigentes estudiantiles son favorecidos con beneficios académicos, viajes, apoyo económico u otras facilidades. Y aplica prácticas similares que alcanzan a docentes y trabajadores mediante nombramientos de familiares (nepotismo) y protección a personas vinculadas al grupo que controla la universidad.
¿Cómo reaccionaron docentes y trabajadores?
Mientras un sector de trabajadores respalda al rector, otro decidió apoyar nuestra protesta estudiantil. Ahora, pese al cansancio y las amenazas, los estudiantes mantuvimos la vigilia y logramos fortalecer el respaldo de una parte de la comunidad universitaria al explicar públicamente las razones de la protesta. También tenemos el respaldo de la población, a través del Frente de Defensa, Fredeu, aunque no alcanza la magnitud esperada debido a la desinformación y a medios que, según sostiene, responden a intereses del rectorado.
¿Cómo surge la organización que usted representa?
El Comité por la Reconstrucción de la federación de estudiantes nació como respuesta a la crisis institucional y a la división entre grupos vinculados al rector y a los vicerrectores. En cambio, nuestros integrantes actúan sin intereses personales y buscan enfrentar la corrupción dentro de la universidad.
¿Qué tipo de federación buscan construir?
El objetivo es recuperar una federación representativa de todas las facultades, con legitimidad, autonomía y con total independencia de las autoridades, dedicada a defender los derechos estudiantiles y formar nuevos dirigentes con valores, principios y compromiso en la lucha contra la corrupción.
El 1 de junio los estudiantes cantuteños lograron que el rector electo y sus vicerrectores le reconozcan su derecho y acceso a la residencia universitaria y mediante un Acta firmada, ambas partes acordaron levantar la toma de la ciudad universitaria.
Un día antes, el domingo 31 de mayo, permitieron el ingreso del nuevo rector y sus autoridades a la ciudad universitaria para que verifiquen que los bienes y pabellones de la universidad fueron protegidos durante la toma. El “tour” contó con la presencia de la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía de Asuntos Sociales. Los mismos que también estuvieron como observadores en la mesa de negociaciones.
Otras demandas que firmó el rector fueron: el aumento de más raciones para el comedor de estudiantes y el compromiso de mejorar la calidad de los alimentos; la ampliación de rutas, y nuevas unidades para el transporte de los estudiantes.
La toma fue organizada por el Centro Federado de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Cefecsh. Luego, mediante asambleas en el Huarango se organizó a los estudiantes de otras facultades y acordaron las medidas de lucha para la recuperación de la residencia universitaria, reivindicación muy sentida por el estamento estudiantil. La gran mayoría de estudiantes provienen de las regiones del interior del país y de los distritos periféricos de Lima.
También favoreció la coyuntura política de segunda vuelta electoral pues el gobierno buscó que ésta se desarrolle en un clima de tranquilidad social, y por las luchas de San Marcos y la PUC, que fortaleció la toma en La Cantuta.
Pero la lección más importante para el triunfo del activismo estudiantil fue la lucha unitaria con los docentes y administrativos. Se realizaron dos asambleas triestamentales junto con el apoyo de los padres de familia, los que abonaron para fortalecer la toma y presionar a las autoridades para que resuelvan las demandas.
Ahora la tarea es fortalecer el gremio estudiantil impulsando la reconstrucción democrática de la federación de estudiantes, FEUNE, y la conformación de los centros federados en las demás facultades.
Hoy se ganó una batalla pero queda preparar las futuras batallas.
Los resultados de la segunda vuelta, que dan virtualmente la victoria a Keiko Fujimori, requieren ser entendidos por la clase obrera consciente desde múltiples ángulos, pero principalmente, en su relación con la lucha de clases.
En ese sentido, el retorno del fujimorismo es producto de 26 años de frustraciones de las ilusiones que sembró un sector de la burguesía y la izquierda reformista en la democracia pactada tras la caída del dictador Alberto Fujimori.
En concreto, la democracia no resolvió los grandes problemas del país. No posibilitó la integración nacional y la mejora del conjunto de los pueblos que hacen parte del mismo. Y todo lo contrario, reprimió a quienes salieron a luchar por sus justas reivindicaciones, profundizó el saqueo y permitió el abuso de la patronal.
Y es que no podía resolver ninguno de estos problemas. Esa democracia solo puede defender los intereses de la clase capitalista del país, cuyo plan es someterse absolutamente a las órdenes del imperialismo a cambio de una porción de las ganancias obtenidas por sus negocios.
Este sometimiento se expresa nítidamente en la continuidad del plan económico neoliberal, que impuso La dictadura al amparo de las botas de los militares, y que no ha sido tocado durante 25 años de falsa democracia.
Continuidad de la discriminación y marginación
Es justo por eso que tampoco podía integrar a los pueblos del interior al disfrute de las ganancias obtenidas bajo el modelo, pues éste significa saqueo y súper explotación.
Así, una y otra vez, sea bajo gobiernos «de izquierda» o «de derecha», los pueblos tuvieron que enfrentar el intento de imponerles proyectos mineros y la venta de sus territorios sin respetar sus voluntades.
En ese marco, y con el pasar del tiempo, junto al saqueo de las grandes empresas ha proliferado la economía informal e ilegal, hija legítima del mismo modelo, ha iniciado un proceso de degradación de las relaciones económicas y sociales cuya máxima expresión es el crecimiento y desborde de la criminalidad en diversos puntos del país. Criminalidad que se hace carne fundamentalmente sobre los sectores pobres y trabajadores.
Los esfuerzos de la burguesía
A lo largo de estos 25 años La burguesía ha intentado en distintos momentos tomar control de la situación. Tuvieron una primera victoria con Alan García. Sin embargo la lucha popular, que tuvo sus máximos esfuerzos en Moquegua el 2008 y en el baguazo el 2009, impidieron que el plan de profundización del saqueo pase adelante.
Otro tanto intentaron con PPK. Pero el estallido del escándalo lava jato y el destape de diversos hechos de corrupción (cuellos blancos), abrieron un proceso de inestabilización crónica y casi terminal de los cimientos del régimen pactado tras la caída de fujimori. Inició así el ciclo de cambios presidenciales que han continuado hasta la actualidad.
Ciclo que se agudizó con la llegada de desarrollo de la pandemia de covid19.
En ese contexto la reacción levantó cabeza e intentó imponer un gobierno a su medida, el de Manuel Merino. Pero una acción de masas con carácter democrático llevó a la caída casi inmediata del gobierno, profundizando la crisis del régimen, abriendo camino a la victoria de la huelga de los trabajadores y trabajadoras agrícolas, y colocando en el gobierno a Pedro Castillo como subproducto de ese proceso.
En ese marco la patronal definió utilizar todos sus medios para cerrar esa coyuntura de crisis y aprovechó la torpe acción del 7 de diciembre por parte de Pedro Castillo para pasar a la contraofensiva.
Así, con una sangrienta represión, y la traición de las dirigencias nacionales que impusieron la división de la lucha contra Boluarte cuando era posible echarla abajo, el gobierno impuso la primera derrota importante al movimiento de masas en el terreno de la lucha de clases, ganando un sector de los sectores medios urbanos y de los sectores populares de las principales ciudades, a ubicarse contra lo que la patronal motejó de «proyectos comunistas», cuando no directamente de terroristas.
El 2026
Así llegamos a esta elección en donde la fragmentación de las candidaturas volvió a expresar la crisis del régimen, pero en un marco en donde la frustración de las ilusiones democráticas, más la derrota del 2022-2023, allanó el camino para que las candidaturas hacia la derecha ganen un peso que no habían tenido en las elecciones previas. Y la máxima representante de ese sector era y es sin duda Keiko Fujimori y el fujimorismo.
Superar la falsa democracia
Por eso afirmamos que este resultado, si bien expresa en primer lugar la continuidad de la crisis del régimen, lo hace sobre la base de la derrota infringida en el interior durante 2022-2023, y de la desmoralización de la clase trabajadora y el pueblo tras la experiencia con Castillo. Hecho que ha llevado a algunos sectores populares a buscar alternativas electorales más acordes al modelo económico neoliberal.
De ahí que la principal conclusión que debe sacar la vanguardia consciente de la clase obrera, respecto de las razones por las cuales Keiko Fujimori ha ganado estás elecciones, es que necesitamos retomar la lucha organizada y unitaria, contra los ataques que se librarán desde ahora mismo, y en ese camino, construir una dirección capaz de llevar la lucha más allá de esta falsa democracia, que es incapaz de dar solución a los problemas más sentidos y urgentes del pueblo trabajador.
Las elecciones recientes volvieron a poner sobre la mesa una realidad que los partidos del régimen autoritario, los grandes medios de comunicación y las grandes empresas intentan ocultar: la profunda bronca acumulada en las regiones del sur del país sigue viva. La rebelión popular que estalló tras la destitución y encarcelamiento de Pedro Castillo a finales de 2022 y comienzos de 2023 continúa presente en la memoria colectiva de miles de trabajadores, campesinos, jóvenes y pobladores que protagonizaron una de las movilizaciones más importantes de las últimas décadas.
El descontento del sur permanece vivo
Aquella gran rebelión fue respondida con una brutal represión estatal. El gobierno de Dina Boluarte, respaldado por el Congreso, las Fuerzas Armadas y los sectores empresariales, desató una ofensiva que dejó decenas de muertos y centenares de heridos, principalmente en las regiones del sur. Las masacres de Juliaca, Ayacucho y otras localidades quedaron grabadas como una muestra del verdadero carácter de un régimen dispuesto a defender sus privilegios y los de los grandes capitalistas mediante la violencia cuando las masas irrumpen en la escena política.
La votación obtenida por Roberto Sánchez en diversas regiones del sur, impulsada también por el respaldo político de Castillo, puede interpretarse como una expresión parcial y distorsionada de ese descontento social que permanece abierto. No se trata simplemente de una adhesión electoral, sino de una manifestación de rechazo a quienes gobernaron y reprimieron al pueblo. Muchos sectores buscaron utilizar las urnas para expresar una bronca que no encontró una salida organizada y consecuente en las calles. Ya que dicha energía social enorme fue desviada hacia los canales de una democracia profundamente desprestigiada y corrompida, en lugar de orientarse hacia la movilización independiente para derrotar al régimen responsable de las masacres.
La traición de las direcciones políticas
Esa desviación no fue casual. Las direcciones de la CGTP, junto a diversos partidos y organizaciones de la izquierda reformista, jugaron un papel fundamental en contener y desactivar la movilización. Mientras miles exigían la caída del gobierno, justicia para los asesinados y una transformación de fondo de la situación política, estas direcciones apostaron por la negociación, la espera institucional y posteriormente por la salida electoral. Incluso sectores que hoy ocupan escaños en el Congreso terminaron adaptándose a las reglas del mismo régimen que había ordenado la represión, contribuyendo a sembrar expectativas en una institucionalidad completamente desacreditada ante amplios sectores populares.
Continúan la precariedad social y el endurecimiento del régimen
El resultado es que las causas que dieron origen a la rebelión siguen presentes. La pobreza, la desigualdad regional, el abandono histórico de las provincias, la corrupción estructural del Estado y el desprecio de las élites limeñas hacia las mayorías populares continúan intactos. A ello se suma el avance de tendencias cada vez más autoritarias. Un ejemplo reciente es la aprobación de la nueva ley que fortalece la impunidad de policías y militares, permitiendo que hechos ocurridos durante “el ejercicio de sus funciones” puedan ser juzgados por el fuero militar o policial. Una medida que busca blindar a los responsables de la represión pasada y preparar las condiciones para futuras acciones contra la protesta social.
Por eso, la lucha del sur sigue siendo una tarea pendiente. Sigue pendiente la justicia para los asesinados, el castigo a todos los responsables políticos y materiales de las masacres, y sigue pendiente también la derrota de un régimen que se mantiene gracias a acuerdos entre el gobierno, el Congreso, las Fuerzas Armadas y los grupos empresariales. Ninguna de estas tareas podrá resolverse confiando en las mismas instituciones que garantizaron la impunidad durante estos años.
Desde el Partido Socialista de los Trabajadores sostenemos que la principal orientación continúa siendo la organización independiente de los trabajadores, la juventud, las comunidades campesinas y los sectores populares para enfrentar a este régimen en crisis. Lo planteamos durante todo el proceso electoral, mientras gran parte de la izquierda reformista optaba por callar sobre la necesidad de luchar contra el régimen y se limitaba a prometer «mejores condiciones de vida», como si ello fuera posible dentro de un marco cada vez más autoritario, sostenido por un sistema de explotación capitalista y un modelo económico que profundiza la desigualdad. La experiencia de estos años demuestra que las demandas populares no encontrarán una solución real en las instituciones de este régimen. La tarea sigue siendo construir una alternativa de lucha, organización y movilización capaz de retomar las banderas que quedaron pendientes en las jornadas heroicas del sur y llevarlas hasta el final.
Las mujeres nos encontramos nuevamente en el ojo de la tormenta. Resulta que la congresista ultraconservadora Milagros Jáuregui, Alejandro Muñante y la bancada de Renovación arremeten otra vez contra las mujeres al presentar el proyecto de ley 10342 que elimina el feminicidio del Código Penal y lo reemplaza por «asesinato de pareja», al proponer el término “como un concepto ideológico que diferencia el valor de la vida entre hombres y mujeres”. Esta medida que menosprecia la condición de las mujeres, en especial de las trabajadoras y más pobres, solo lleva a vulnerar los derechos ganados en años de lucha, cuando ya que antes de su implementación había muchos casos que quedaban impunes ante la complicidad de la propia administración de justicia.
Cifras que hablan por sí solas
De acuerdo con los reportes del INEI (2020-2025), las principales causas de feminicidio son por celos (37%), antecedentes de violencia familiar (24,6 %) y la negativa a retomar la relación (8,6%); todos estos datos discriminatorios dejarían de ser considerados feminicidio para pasar a ser homicidio simple o calificado, entregando al agresor un salvoconducto para atentar contra la vida, ya que se debería demostrar si fueron parejas o esposos.
Casos conmovedores
El caso de Evy Agreda (2018): su agresor, un excompañero de trabajo, Carlos Hualpa, la acosaba constantemente, trataba de tener una relación sentimental con ella, pero su propuesta fue rechazada. Ante esta negativa, Carlos la roció con combustible y le prendió fuego dentro de un bus frente a la mirada de otros pasajeros.
El feminicidio de Solsiret Rodríguez (2016): sus agresores Kevin Villanueva Castillo (cuñado), la pareja de Kevin, Brian Villanueva (ex pareja) y su madre; y el de Sheyla Condor (2024), su asesino un policía en servicio, Darwin Marx Condori Antezana, tampoco era su enamorado. De los tres casos presentados, ninguna de ellas mantenía una relación sentimental con su agresor.
De legitimarse la norma, las mujeres asesinadas por desconocidos quedarían fuera de toda protección; además, quienes hoy cumplen condena por feminicidio podrían beneficiarse de la reforma y salir en libertad. Además, criminaliza a la víctima y no al victimario; la impunidad se incrementa; la ley pro-crímen encaja perfecto en estos hechos y queda demostrado su carácter reaccionario y conservador de sus creadores.
Una salida desde las bases
Hasta instituciones como el Colegio de Abogados de Lima se pronunciaron al respecto, manifestando que la eliminación del feminicidio constituye un retroceso inaceptable en la protección de los derechos de las mujeres.
Este gesto se debería extender a otras instituciones y centrales sindicales como la CGTP, el SUTEP, las mismas organizaciones feministas y los partidos de izquierda. Unificar el descontento e implementar una gran movilización obrera popular que elimine esta ley pro-crímen, porque los derechos se conquistan en las calles y no en el Congreso.
Estos derechos serán justos y equitativos solo bajo el gobierno de los trabajadores.
