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El pueblo marcha contra el crimen… el gobierno y el Congreso

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El crimen organizado se masifica y se desboca en atentados contra la población más pobre y necesitada de los distritos populares, que ahora protesta con un paro que paraliza Lima y Callao.

El paro del transporte anunciado para los días 10, 11 y 12 de octubre, paralizó Lima en su primer día, haciendo que la ciudad viva un verdadero caos en los distritos más populares: ausencia casi total de movilidad, cierre de mercados y pequeños negocios, marchas y fuerte presencia policial y militar.

Muchos no fueron a trabajar y no hubo clases presenciales, y las zonas de densidad comercial, como el emporio de Gamarra, en el distrito de La Victoria, o “Mesa Redonda”, en el centro histórico de la ciudad, hasta la zona residencial y empresarial del distrito de San Isidro, lucieron casi vacías. Un hecho inusual para una ciudad de 11,5 millones de habitantes.

Esto suele ocurrir en los paros nacionales verdaderos (no como la finta que ahora convoca la Confederación General de Trabajadores del Perú – CGTP). Solo que ahora los que realizan el paro no son los sindicatos, sino la masa de trabajadores precarizados e informales que habitan los distritos populares que rodean el centro de la ciudad.  

Por esto mismo, esta paralización resultó más fuerte y combativa que la organizada por las grandes empresas de transporte, el pasado 3 de octubre. Empresas que esta vez se echaron atrás, en acuerdo con el gobierno o ante las amenazas de las bandas criminales. Los que protestan ahora, dicen: “Prefiero perder mi día de sustento, en defensa de mi vida”.

El paro anterior no logró resultado alguno. Al contrario, el crimen se vengó contraatacando. El gobierno y el Congreso, ensimismados y con prepotencia, no derogaron la Ley 32108 (“Ley del crimen organizado”), hija de los peores corruptos del régimen, que al limitar la aplicación de sanciones al crimen organizado, en realidad lo incentiva.

En su lugar, a clásico estilo gorila, declararon el estado de emergencia en 14 distritos de Lima y el Callao, colocaron al ejército en las calles y lanzaron una propuesta de Ley de “terrorismo urbano”, que buscaba impunidad policial y mayor represión… Es decir, solo han recortado derechos y libertades que afectan a todos dejándonos vulnerables ante las mismas fuerzas llamadas a traer seguridad.

Ante esta pantomima, el crimen organizado contraatacó para mostrar que son ellos los que mandan y no las autoridades. Buses quemados, nuevos muertos y más amenazas.

Por ello la nueva protesta esta vez viene de más abajo: de los microbuseros y mototaxistas, de los vendedores ambulantes, de todos los que a diario salen a buscarse el sustento diario. Y salieron con más indignación por las respuestas del gobierno y del Congreso, a los que también ven con odio. Son esos sectores los que se movilizaron en forma masiva desde los conos hacia el centro, donde se encuentra la sede el Congreso solo para encontrar a la policía.

La represión, que es inepta para combatir al crimen, aquí mostró una vez su eficacia para reprimir la protesta. En lugar de hacer frente a los criminales, reprimen a los que luchan contra ellos. Y peor, ante las demandas de fondo, el gobierno y el Congreso mantienen el mismo discurso prepotente; lo que enciende más la bronca.

Desde donde se lo mire, esta lucha es justa. Como en la rebelión del 2022-2023, los que hoy se rebelan contra el régimen son los más pobres, esta vez de Lima. Son pobres por culpa del régimen corrupto y su política económica que solo favorece a los ricos y corruptos. Y que ahora, como parte de esa misma política o de su propia ineptitud y desinterés, no solo permiten sino alientan el crecimiento de la criminalidad, de la común y profesional, dejando a su suerte a la población más necesitada.

Si no hay solución inmediata y efectiva la gente no va a bajar los brazos. La criminalidad tampoco, provocando más hechos de sangre. Y nuevas protestas.

Ante esto, la tarea es apoyar esta lucha y hacer nuestras sus banderas, no solo para la solución de las demandas sino para que se vayan el Gobierno y el Congreso, responsables de esta situación de y muchos males que afectan al pueblo todo, como los despidos masivos y ceses colectivos en la industria.

Es una lucha justa que la clase trabajadora debe apoyar y hacer suya. No es casual que ante ella la CGTP y las organizaciones de “izquierda” electorera no digan nada. En lugar de sumarse a la protesta y construir una sola con las urgentes demandas obreras, se hacen la vista gorda cuidando su plan de canalizar todo hacia la salida de las elecciones del 2026.

La central ha convocado a una jornada el jueves 17, por aumento del salario mínimo y otras demandas. Es una oportunidad para hacerse presentes en ella con todas las bases, con las banderas más combativas de la clase obrera y de los sectores populares en lucha.

Algunos comentarios alrededor del documental sobre la vida de Ricardo Napurí

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septiembre 5, 2024

Por Alejandro Iturbe

El 29 de agosto pasado se estrenó, en el cine Gaumont de la ciudad de Buenos Aires, el documental “Tiempo largo y jodido. ¿Qué querés que te diga?” hecho por el cineasta Hugo Lescano sobre la base de dos largas entrevistas realizadas por el periodista Carlos Rodríguez, en 2019 y 2021, al militante y dirigente revolucionario peruano-argentino Ricardo Napurí. El documental fue realizado con el apoyo financiero y técnico del INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina)[1]. El INCAA es una institución oficial. Los gobiernos peronistas/kirchneristas le dieron mucho impulso y ahora está siendo atacado (casi desmantelado) por el gobierno de Javier Milei.

Con 99 años, Napurí se mantiene plenamente lúcido y con la capacidad de referirse claramente a los hechos históricos en los que participó o de los que fue testigo, cómo estos fueron incidiendo en su pensamiento político y sobre figuras destacadas de esos acontecimientos con las que tuvo contacto personal en Perú, Argentina y otros países latinoamericanos. Entre ellos, el peruano Luis de la Puente Uceda, el argentino Silvio Frondizi, el Che Guevara y Fidel Castro, el chileno Salvador Allende, el venezolano Hugo Chávez.

De esa forma, va hilvanando de modo muy ameno, sus más de setenta años de acción política, iniciada en 1948 cuando era un joven teniente de aviación militar en el Perú y se negó a bombardear un barco lleno de civiles que participaban de un levantamiento contra el gobierno peruano. Fue castigado por ello y obligado a exiliarse en Argentina. La entrevista se inicia con ese recuerdo y llega hasta el momento actual. En ese marco, reivindica la revolución cubana como el gran proceso revolucionario de la segunda mitad del siglo XX y también a Fidel Castro, el Che Guevara, y al movimiento que encabezaban.

Aunque no utiliza estos términos en el documental, Napurí se presenta a sí mismo como un “trotskista crítico” en el campo de la “revolución permanente” formulada por Trotsky. Es decir que, en su valoración de procesos y dirigentes, no se guía por el “dogmatismo” sino por los hechos y acciones concretas.

En este sentido, el documental transmite la idea de que el proceso esencial del siglo actual ha sido el chavismo venezolano y su propuesta de Socialismo del Siglo XXI. Incluso Napurí refiere el encuentro en el que Chávez se dijo “trotskista” frente a Putin, a quien caracterizó como “estalinista”, señalando que esa era la diferencia entre ellos. El documental muestra las imágenes de la visita que realizó a Venezuela para ver y apoyar a Chávez, y su participación en el programa televisivo “Aló presidente”. Es con esta visión que analiza brevemente lo que pasaba en aquel país al momento de las entrevistas.

Napurí es parte de numerosos dirigentes y organizaciones provenientes del trotskismo que siguieron este camino de apoyo al chavismo (e incluso la integración a este movimiento). En numerosos escritos hemos debatido con estas caracterizaciones y posiciones que consideramos profundamente equivocadas[2]. Mucho más equivocado es seguir reivindicando al chavismo en este documental que se estrena en el momento en que el régimen político que ahora encabeza Nicolás Maduro muestra su más feo rostro: una dictadura capitalista al servicio de la “burguesía bolivariana” contra los trabajadores y el pueblo venezolano[3].

Hasta aquí estamos en el terreno de la evolución del pensamiento político de Napurí, de las conclusiones que ha sacado de los hechos de la realidad, y de las propuestas que se derivan de ello. Aunque no las compartamos, podemos entender ese proceso.

No obstante, la cuestión central es que el documental tiene grandes omisiones sobre el trotskismo internacional, latinoamericano, peruano, y especialmente argentino, que marcaron muchos años de su vida militante (y de los dirigentes que incidieron en él).

Napurí parte de reivindicar al argentino Silvio Frondizi como el que lo gana para el trotskismo y lo forma en esa concepción, a finales de la década de 1950 e inicios de los ’60, cuando Napurí ingresa al grupo Praxis que dirigía el propio Frondizi. Con justicia, se reivindica su discípulo.

Ahí, aparece la primera omisión. En 1964, Praxis se divide en dos sectores. Una de ellas, encabezada por Silvio Frondizi se aproxima a la propuesta castro-guevarista de formar una organización guerrillera en Argentina, impulsada por Roberto Santucho. Mantiene esta propuesta hasta el momento en que es asesinado en 1974 por la Triple A (hecho que es mostrado en el documental).

El otro sector, encabezado por Jorge Altamira, fundaría la organización Política Obrera, reivindicándose “trotskista ortodoxa”. Poco después, este sector ingresa al CORCI (Comité de Organización por la Reconstrucción de la Cuarta Internacional), organización internacional dirigida por el trotskista francés Pierre Lambert (corriente conocida como lambertismo).

Napurí adhiere a esta posición y, como militante del lambertismo, vuelve al Perú y participa en la fundación del Partido Obrero Marxista-Revolucionario (POM-R), en 1970. Como dirigente de este partido luego forma parte del FOCEP (Frente Obrero Campesino Estudiantil Peruano), en 1977, y es electo senador. Es interesante destacar que, desde la década de 1950, ya existía una organización trotskista en el Perú (el POR), impulsada desde Argentina por Nahuel Moreno. Luego del ingreso del gran dirigente campesino Hugo Blanco tomaría el nombre de FIR.

Esa experiencia de Napurí como militante y dirigente del lambertismo es completamente omitida en el documental. También es completamente omitida su ruptura con el lambertismo y su participación como fundador de la LIT, en 1982 junto con la Fracción Bolchevique (organización internacional dirigida por Nahuel Moreno)[4].

A partir de ese momento, siempre defendió públicamente que, en el Perú, “su partido” era el PST (sección peruana de la LIT). Lo más importante es que, poco después, se radica de modo definitivo en Argentina y es electo miembro del CEI (Comité Ejecutivo Internacional), la máxima dirección de la LIT. Incluso es uno de los oradores del acto público realizado luego de la muerte de Nahuel Moreno (enero de 1987) al que despide con muchísimo afecto y respeto, considerándolo como referente. Continuó como dirigente de la LIT varios años más. El documental ni siquiera se refiere a este período de militancia de Napurí, cuando la LIT-CI llegó a ser la organización trotskista más fuerte del mundo y el MAS el partido de izquierda más grande de Argentina.

Fue en esos años, cuando tuve la posibilidad de conocerlo personalmente y tener varias charlas con él ya que, como redactor de la página internacional de Solidaridad Socialista, (periódico semanal del MAS), consultaba mis artículos con él para que, como miembro del CEI de la LIT, me diera sus opiniones e hiciera sus observaciones. Napurí era muy respetuoso y amable en el trato con los cuadros más jóvenes del morenismo. En este sentido, guardo un muy buen recuerdo de él como dirigente y como ser humano.

Posteriormente, en el marco de la crisis vivida por la LIT-CI en la década de 1990 y su división, Napurí (al igual que otros dirigentes) se alejó de la LIT-CI y del morenismo e inició una deriva que concluye con sus visiones y posiciones actuales. No es el objetivo de este artículo hacer el debate con esas posiciones.

Pero no podemos dejar de criticar este documental por omitir esas experiencias políticas que signaron muchos años de su vida militante de Napurí. Tal vez, eso fue el resultado de una “tijera” utilizada por el director, que podó esas partes de las entrevistas. En un libro publicado hace algunos años con su biografía, Napurí llega a conclusiones políticas parecidas a las que expone en el documental, pero incluye capítulos dedicados a esas experiencias que el documental omite[5].

En todo caso, Napurí avaló en los hechos el resultado final: antes del documental, se reprodujo en la sala del Gaumont un mensaje grabado por él en el que se lamentaba no poder asistir por su edad, pero no hace allí ninguna crítica o referencia a estas omisiones.

Aquí cabe hacer un comentario de otro documental realizado con financiamiento del INCAA sobre la figura de Nahuel Moreno y la corriente fundada por él. Nos referimos a “El trotskismo bárbaro”, del director Marcel Gonnet, estrenado en 2015, también en el Gaumont[6]. El director reunió entrevistas realizadas a varios dirigentes que militaron en diversas épocas en la corriente y organizaciones dirigidas por Moreno en Argentina y en Perú, pero que en algún momento se alejaron, rompieron con él, y le hacían duras críticas. En ese documental, Moreno que, además de la LIT, fundó y orientó organizaciones trotskistas en muchos países, es presentado como un burócrata autoritario que cerraba todo debate interno y “liquidaba” a quienes lo criticaban. Una verdadera falsificación de cómo actuaba en la realidad como dirigente.

En este documental, Napurí no realiza ninguna crítica a Moreno, la LIT-CI y el morenismo. Pero (a diferencia de lo que expone en su libro) no dice una palabra de su integración, en 1982, a la LIT-CI, su papel dirigente en ella por más de una década y la gran influencia que tuvo Moreno sobre él en esa época. En otras palabras, Moreno, la LIT-CI y el morenismo son completamente ignorados, como si no hubieran existido en la vida de Napurí ni en la vida política del trotskismo en el siglo XX.

Respetamos su figura porque mantiene, con casi 100 años y más de 70 de actividad política, su llamado a la lucha revolucionaria de las masas y a la militancia por la revolución socialista. Él tiene todo el derecho de haber cambiado sus visiones y posiciones sobre cómo lograr esta revolución e incluso de reivindicar a Hugo Chávez, como una expresión de esta lucha (aunque consideremos que se equivoca en esa posición).

Lo que lamentamos es que haya prestado su figura y su voz para avalar un documental en el que, de modo intencional, se “borra” completamente el papel de Moreno y la LIT-CI en la historia política del trotskismo latinoamericano y, en particular, del argentino.

[1] “Muchas generaciones han luchado por un mundo mejor” | ANCCOM (uba.ar)

[2] Los debates sobre Venezuela – Liga Internacional de los Trabajadores (litci.org)

[3] https://litci.org/es/los-debates-sobre-venezuela/

[4] https://litci.org/es/nahuel-moreno-una-sola-corriente-trotskista-ortodoxa/

[5] Pensar América Latina. Crónicas autobiográficas de un militante revolucionario. Presentación Revista Herramienta

[6] https://play.cine.ar/INCAA/produccion/7775

La lucha de los obreros de Celima contra los despidos

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El miércoles 7 de agosto los trabajadores de la fábrica Celima fueron sorprendidos cuando la empresa les notificó que 216 de ellos eran despedidos como parte de un plan de reestructuración. Un mes después, su organización sindical anuncia una nueva marcha, esta vez a las oficinas de la empresa, reiterando su determinación de luchar hasta ser repuestos, aun cuando esta se perfila larga y difícil.

Ese día miércoles 7 que quedó indeleble en sus memorias, se inició con una invitación de la empresa a una reunión con toda la Junta Directiva de la organización sindical. No era para conversar con ellos sobre el pliego de reclamos que hace un año espera solución, sino era para comunicarles que estaban despedidos. Le siguieron otras reuniones casi en simultáneo en las tres plantas que tiene la empresa, a las que fueron convocadas los 216 trabajadores para comunicarles lo mismo, entregarles una carta justificatoria e invitarlos a acogerse a una renuncia “voluntaria”.

Además de la dirección del sindicato en pleno, la lista incluía a un centenar de sindicalizados, entre ellos a reconocidos activistas del movimiento obrero peruano con más de 20 años de trayectoria de lucha, y a trabajadores con lesiones de trabajo que se encontraban con descanso médico, todos con ubicaciones especializadas y permanentes en distintas áreas de la fábrica.  “Nos han escogido –dice Jack Reyes, uno de la lista y referente clasistas del sindicato–, como parte de un plan de ajuste patronal que busca defender sus ganancias”.

Como el verdugo que debe seguir protocolos antes de ejecutar a su víctima, estas reuniones en realidad solo eran parte de un procedimiento formal e hipócrita como es todo el sistema jurídico burgués que “resguarda” los derechos, para proceder al despido crudo y simple.

La calle en el Perú

Fue brutal. En cualquier parte del mundo un obrero y su familia dependen de su trabajo para vivir aun con penurias. Pero en Perú, con 80% de informalidad o subempleo, desocupación en ascenso e inseguridad y criminalidad desbordadas, la calle equivale a estar condenado al sálvense quien pueda o la muerte lenta; más tratándose de trabajadores que promedian los 45-50 años, con 20 o más en la empresa y con hijos en la adolescencia y en la Universidad; es decir con una vida ya hecha que el despido ahora desmorona.

Fue brutal también porque los tomó de sorpresa. Celima es una conocida corporación empresarial que se ha expandido y lidera el mercado desde hace varias décadas, donde sus trabajadores sentían alguna seguridad y futuro. Ahora, muchos de ellos en la calle no tendrán dinero ni para pagar el recibo de luz.

El grupo Celima-Trébol

Celima es parte de una corporación dedicada a la fabricación y comercialización de revestimientos cerámicos o acabados de construcción. Cuenta con tres grandes plantas de producción, una red de megatiendas y otras fábricas de insumos y de sanitarios, con los que lidera el mercado nacional y exporta a diversos mercados. Fue fundada hace más de 40 años por Augusto Belmont Cassinelli que, junto a su clan familiar, comparte la propiedad del grupo. Y es gestionada por Enfoca, una financista especializada en comprar empresas en quiebra para revenderlas luego de reflotarlas, y que en su página web se presenta como especializada en “mejorar los negocios”, eslogan que los obreros de la corporación pueden dar fe de lo que esto significa en sus propios pellejos.

Su despegue se produjo en los últimos 20 años junto al despegue económico del país motorizado por un modelo liberal que promueve la ganancia capitalista sobre los intereses nacionales y la propia fuerza de trabajo. Creció hasta llegar a construir una moderna mega planta en las afueras de Lima que afirmó su posicionamiento. En el mismo periodo apareció una nueva fábrica de cerámicos de capitales mexicanos, Cerámica San Lorenzo, que apenas llegó a hacerle sombra captando el 18% del mercado. No obstante, la rentabilidad de Celima se ha sustentada no en su cualificación tecnológica ni organizativa sino en políticas de despotismo y precariedad laboral que permiten las leyes y protegen los gobiernos nacionales, en la misma línea de cómo sucedía hace un siglo, cuando los empresarios mineros usaban arrieros para transportar mineral porque resultaban más baratos que traerlo por vía férrea. 

En la última década la economía nacional se resintió cayendo a niveles mínimos, y el último año incluso ingreso a su primera recesión en 30 años, lo que trajo cierre de empresas, reestructuraciones de otras y una ola de despidos que alcanzó a Celima. Pero el impacto más importante que ha sentido la empresa ha sido la reciente aparición en el mercado nacional de una nueva competencia. ¡Y qué competencias! Se instalaron en el país dos megafábricas chinas que han empezado a desplazarla, y hasta amenazan con dejarla fuera de juego en algún momento.

Las multinacionales chinas

Como si desesperadamente faltaran cerámicos en el Perú el último año se instaron dos megafábricas de cerámicos de origen chino: Portalatino, a 100 km de Lima, y Tengda, en Ica, a 300 km de Lima; cada una de ellas con inversiones que promedian los 70 millones de dólares, ocupando áreas superiores a las 30 ha. y con capacidades de producción que fácilmente alcanzan al de Celima. Por ejemplo, solo Portalatino muestra una capacidad de producción de 36 millones de m2 por año frente a Celima cuya capacidad llega en la actualidad a 43 millones. Estamos hablando de empresas que recién se instalan, que crean y desarrollan tecnología y que vienen no solo a copar el mercado nacional sino desde aquí buscan cubrir el mercado de esta parte del mundo. El plan de China es instalar fábricas en esta región para aprovechar el megapuerto de Chancay para cubrir el mercado latinoamericano, por ejemplo, fabricando autos eléctricos.

La guerra recién se ha iniciado este año y sus consecuencias ya se dejan sentir. Portalatino, operando con mil obreros ya atiende el mercado nacional y de países vecinos con precios más baratos que los de Celima, en tanto Tengda, que había anunciado su inicio de operaciones en noviembre del año pasado, aún no lo hace porque se ha enredado en varias denuncias, una de ellas por haber realizado su construcción sin los permisos de ley y otra por corrupción, vínculados con Nicanor Boluarte, hermano de la presidente, que es procesado por vender favores a particulares. Pero el solo inicio de Portalatino ya produjo la paralización casi completa de Cerámica San Lorenzo, cuya mayoría de trabajadores fueron sometidos a suspensión perfecta de labores, y en Celima, donde algo más de un 10% de ellos ha sido colocados en cese colectivo.

¿Qué va a pasar después?

Nadie lo puede saber, lo cierto es que en cualquier caso se vive una nueva realidad, que estará marcada por la creciente presencia de los nuevos cerámicos de las fábricas chinas que irán desplazando a los de Celima y San Lorenzo. Por ahora lo que estas alegan es la aplicación de “reajustes”, pero tratándose de empresas con capitales y tecnologías más rezagadas su horizonte será de ajustes permanente buscando nivelarse con la capacidad productiva de las empresas chinas. No olvidemos que la finalidad del capital es obtener la ganancia media a más, y que esta la logran los que lideran en tecnología –en la que aventajan los chinos– y en el costo de la mano de obra –en el que también aventajan porque emplean mano de obra más barata que Celima y San Lorenzo donde los trabajadores acumularon algunos derechos en años de luchas.

Esta guerra de blancos recién se ha iniciado, pero como Jalisco, ellos nunca pierden sino solamente los trabajadores. En últimas, la opción de los capitalistas siempre es llevar su capital a otras áreas de inversión. La ventaja de Celima no solo es su posicionamiento de marca sino también su control de una red de distribución y de megatiendas a nivel nacional, ventaja que la coloca como candidata a pasar de principal productor a principal distribuidor de cerámicos; papel a la que el modelo de libre mercado tiende a relegar a los burgueses nacionales.

Los trabajadores

Esta es la magnitud de la problemática que enfrentan los trabajadores de Celima y San Lorenzo; en realidad, no es solo un problema de ellos sino de toda la clase trabajadora y que ahora incluye a los obreros de las nuevas fábricas chinas mencionadas. Los trabajadores enfrentan ataques brutales en el marco de las facultades que les da la ley a las empresas para enfrentar casos de crisis y reestructuración. Son procesos largos en los que deben sustentar sus pedidos, pero donde por lo general las decisiones de la autoridad se definen por criterios políticos. Las empresas saben de esta cuestión, pero lo hace y va a seguir cada una de las etapas de dichos procesos sabiendo que al final tienen incluso la vía judicial, dentro de una estrategia dirigida a alargar el proceso para cansar a los trabajadores que, sin recursos económicos, son tentados a vender sus renuncias. Así, por lo general, lo que sucede es que al final los trabajadores pueden ganar pero solo regresará la minoría que pudo resistir; esto es, puede haber un triunfo legal pero una derrota en el terreno de la imposición de los objetivos de la empresa, situación que viene configurando la ofensiva patronal que en los últimos años se viene cebando con los derechos de los trabajadores. Es posible revertir esta situación, por supuesto que sí. De eso se trata la batalla de los compañeros de Celima que han iniciado una dura lucha, una de cuyas manifestaciones se llevará a cabo el jueves 5 de octubre en la oficina de la empresa, al cumplirse el primer mes de los ceses. Una batalla que también representa un llamado a la lucha a toda la clase trabajadora peruana para frenar los despidos y derrotar al gobierno reaccionario de Boluarte.

Una discusión clave frente a la ola de despidos: ¿Confiar en la «justicia» o en la movilización?

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El reciente proceso de cese colectivo en Celima hace parte de una larga lista de cierres, ceses e imposiciones de “suspensiones perfectas de labores”, que desde hace 5 años se ciernen sobre la clase obrera, particularmente la industrial, en el país.

Por Víctor Montes

Siendo, la derrota de los ceses colectivos, una lucha vital para el conjunto de la clase obrera, nos encontramos en un momento dominado por la confusión y falta de movilización, como consecuencia de la política que las organizaciones reformistas, como el Partido Comunista – Unidad, Patria Roja o sus acólitos del ML-19, entre otro, han venido impulsando.

Resulta crucial, entonces, poner en cuestión dicha política y abrir una discusión con el conjunto de la vanguardia obrera sobre el camino a seguir para derrotar los ceses, pero más, para imponer soluciones a la crisis económica y política que asfixia al país.

¿Qué está en cuestión con los ceses?

En primer lugar, el proceso de ceses colectivos, despidos y cierres que se viene desarrollando en el país, hace parte de la profundización de la desindustrialización y desnacionalización de la economía peruana.

Si ya desde la década de 1990 se impuso, bajo las botas de la dictadura fujimorista, un modelo de acumulación en el que el país volvía a exportador materias primas, particularmente minerales, llevando a la quiebra y desaparición a una importante porción de la limitada industria nacional que existía desde la década de 1950, hoy nos encontramos en una nueva “vuelta de tuerca” en favor de ese mismo modelo.

Sin embargo, para los patrones esto no es problema en tanto puedan mantener sus negocios contratando obreros en peores condiciones laborales y salariales, acceder a ser socios menores o ejecutivos de las empresas que vienen a reemplazar sus viejos negocios. O, incluso, si logran pasar al rubro comercial.

En cambio, para los obreros y obreras el cierre de la fábrica es una tragedia. No porque sientan “amor” a la fábrica. Los obreros y obreras odian la explotación. Y en ese sentido, aunque no sean del todo conscientes, buscan mil y una formas de sacarle la vuelta al trabajo. Pero otra cosa es quedarse sin sustento, para ellos, ellas y sus familias.

El cierre de la fábrica, o el cese colectivo, es un salto a la nada, que los lanza a la informalidad y a un mayor grado de explotación y miseria.

Por eso, la lucha contra los despidos, ceses colectivos y cierres de fábrica, hace parte de la lucha de toda la clase obrera y el pueblo pobre contra la dominación imperialista y capitalista, que privilegia sus ganancias por sobre la vida de las personas y el desarrollo del país.

¿Qué papel juega el reformismo en la lucha contra los ceses?

Como todos los reformistas a lo largo de la historia, el Partido Comunista, Patria Roja y un largo etcétera, falsean la realidad y los conceptos con los que se comprende la misma, para así desarmar a la clase obrera en su lucha y mantenerla atada a sus propios intereses electorales.

Así, hablan de “unidad”, pero dividen las luchas de los sindicatos, llevando por separado sus casos al terreno legal, para no hablar de la separación que imponen con la lucha popular en el interior del país, por la que ni siquiera se pronuncian.

Exigen la “caída del ministro de trabajo”, para callar sobre la necesidad de echar abajo al gobierno de Boluarte y al Congreso, que son los actuales garantes de la explotación capitalista e imperialista en el país. Garantes que, ya lo han demostrado, se han impuesto a sangre y fuego y restringido los espacios democráticos en el país.

Llaman “amigos” y “aliados” a congresistas y organizaciones que están completamente adaptadas a la legalidad patronal, que nunca se han manifestado siquiera por el fin de la explotación, pero que para los reformistas son claves pues les abren la posibilidad de pactar alianzas electorales.

Pero fundamentalmente, llaman “lucha” a las demandas judiciales, que es su única estrategia real de acción frente a los despidos. Con esta orientación, sacan a la clase de las calles y las acciones directas de lucha. Con esto, facilitan el debilitamiento de la lucha, que se prolonga en el tiempo y demanda gastos. Dos factores que la empresa tiene y no los trabajadores.

Justamente por eso, para quienes tenemos una comprensión marxista y de clase, está claro que la justicia de los patrones, donde todo se compra y se vende, no es el terreno en el que se desarrolla la lucha obrera en forma natural.

La legalidad burguesa, patronal, si bien ha tenido que reconocer a lo largo de la historia las conquistas que la clase trabajadora ha arrancado a su dominación en base a sus luchas, parte del reconocimiento de los derechos de los patrones por sobre cualquier otro, comenzando por su derecho a la propiedad privada, capitalistas, sobre los medios de producción (fábricas, minas, etc.) y por eso mismo, a la explotación.

Imponiendo esta ilusión en la legalidad burguesa, mantienen la acción de la clase obrera bajo control, atrapada en el mito de que el problema de los ceses se resolverá con una “buena defensa legal”, mientras la vida arrastra a los obreros a buscar nuevos trabajos y a abandonar la lucha directa, en las calles, facilitando así la materialización de los despidos y, la continuidad del gobierno que lo que menos quiere, es que se abra un frente de conflictos en la clase obrera industrial.

¿Cuál es el camino para acabar con los ceses colectivos?

La lucha contra los despidos tiene, por tanto, un conjunto de aristas que la convierten en un aglutinador de la indignación obrera y popular.

Por un lado, enfrenta la desesperación de la patronal por garantizar sus ganancias a costa de la vida de los obreros, obreras y sus familias.

De fondo, se enfrenta al avance en la subordinación de la economía nacional a las grandes transnacionales imperialistas que desindustrializan el país para ganar más.

Como pieza en el juego de la correlación de fuerzas entre la clase obrera y los patrones, abre la posibilidad de revertir las condiciones desfavorables que el gobierno de Dina Boluarte, de la mano con el Congreso, ha creado a partir de la feroz represión con la que se impusieron y la defección de los autodenominados sectores “democráticos” a continuar luchando.

Y en el de la organización obrera, plantea la necesidad de superar a la dirigencia reformista, encabezada por el PC, que ha adormecido a los trabajadores y trabajadoras y desmoralizado a los luchadores del sur y a la propia clase obrera.

Pero para que la lucha contra los ceses logre convertirse en un factor central de la lucha de clases, que haga frente de manera efectiva todos estos aspectos de la situación del país, es imprescindible “tejer fino”.

En primer lugar, es clave llamar a la más amplia unidad de acción contra los ceses y despidos, impulsando reuniones, asambleas y la coordinación de los sectores afectados, estén o no sindicalizados, y llamando a las organizaciones del pueblo a ser parte de la misma lucha.

En esto, las dirigencias tienen su propia responsabilidad. Aunque suene contradictorio, es imprescindible exigir a la CGTP, la CUT, la FETRIMAP y demás federaciones del ámbito sindical, que son las responsables concretas de las organizaciones obreras a nivel nacional, que se pongan al frente y concreten una acción de lucha unitaria, que debería ser un gran paro combativo, que junto a la exigencia de la caída de los ceses, y la reposición de los despedidos y despedidas, sume a sus banderas las necesidades del pueblo pobre.

Ahí donde se pueda, y lo exija la realidad, los obreros y obreras organizadas tendrían que tomar las fábricas para impedir su cierre y los despidos, poniendo a funcionar las máquinas bajo su propio control, tal como vienen funcionando más de 400 empresas en Argentina desde la crisis de 2001.

Y por último, hay que reivindicar, como salida de fondo, la nacionalización de las empresas que despidan a sus trabajadores, o que cierren sus plantas. Solo así, se puede garantizar que todos los obreros y obreras mantengan sus trabajos. La fábrica entonces debe pasar a funcionar bajo control de sus trabajadores, del comité de fábrica, que debe organizar la continuidad de la producción, mientras el Estado garantiza la compra de materias primas, el pago de la energía, etc.

Necesitamos una dirección para esta lucha

Será solo en ese terreno, el de la lucha directa, el de la acción masiva del pueblo trabajador en las calles, en el que se podrá definir el destino de los ceses.

Esto exige organizar de forma independiente y políticamente a los sectores más combativos, para construir una dirección que de forma consecuente, combativa y clasista, se ponga a la cabeza de la pelea por la reposición inmediata de todos los despedidos y despedidas, la prohibición de los ceses, de la “suspensión perfecta de labores”, y demás mecanismos con que la patronal ataca el derecho elemental al trabajo.

Solo así, pondremos coto a la ola de ceses y despidos. Y abriremos, al mismo tiempo, el camino a la lucha por el poder y el socialismo.

Esta es la tarea a la que se aboca el Partido Socialista de los Trabajadores, que sin ninguna confianza en la legalidad patronal, levanta las banderas de la lucha directa de la clase obrera por sus derechos y más sentidas necesidades.

La clase obrera ante el desafío de responder los despidos

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Escribe: Manuel Fernández

En Celima arrancamos el año con el aviso que los almacenes de productos terminados se encontraban en sobrestock, pese a las paradas de planta que se habían sucedido el año anterior. No demoró mucho para que la patronal decidiera paralizar algunas líneas de producción en la sede de SMP y luego convocar a los trabajadores de esas líneas para comunicarles que “ya no hay trabajo”, chantajeándolos a aceptar un acuerdo de retiro voluntario bajo la amenaza de ser despidos.
La información cayó como bomba entre los trabajadores afectados, la mayoría sindicalizados, y creó un ambiente de derrota entre ellos. La noticia rápidamente corrió por toda la planta.
Sin embargo, también surgió una rápida respuesta desde el sector de trabajadores con más experiencia y largos años de lucha. Ellos promovieron reuniones en puerta de fábrica para discutir la problemática, y tomar conciencia de la necesidad de defender los puestos de trabajo y se pusieron en pie de lucha. Lograron también empujar a la dirección sindical a convocar una asamblea general, en la que también lograron que se resuelva romper la negociación colectiva en trato directo y preparar la huelga como respuesta a la amenaza de despidos.
La siguiente asamblea no ratificó este acuerdo porque la directiva se preparó para revertir el acuerdo anterior. Para ella se trataba, y se trata, de priorizar la continuidad del diálogo con la empresa con la esperanza de alcanzar una solución al Pliego de Reclamos, a expensas de dejar que corra los planes de despido de la empresa. ¿De qué valen los supuestos aumentos si un gran sector de trabajadores no podrá gozar de ellos? Aún peor: ¿si la patronal está aplicando un plan de despidos masivos, no es absurdo esperar que te ofrecerá aumentos satisfactorios?
En todo caso, por encima de cualquier pretensión reivindicativa, no hay nada más importante y sagrado que defender los puestos de trabajo cuando estos son amenazados.
Como era de prever, el problema se agravó. Ahora circula la información que la sede de SJL cerrará sus operaciones este año dejando a 250 trabajadores en la calle. Esto sucede mientras la directiva sigue “dialogando” con la patronal, no solo sin lograr ninguna solución al Pliego sino atándose las manos para no hacer nada.
En la planta de SMP donde se anularon líneas de producción, gracias a la firme respuesta de la base logramos que todos los trabajadores afectados fueran reubicados, en la misma planta o en otras sedes. Se trata de seguir este camino.
Los despidos y amenazas están a la orden del día en otros centros laborales. Las patronales defienden sus tasas de ganancias haciendo pagar a los trabajadores las consecuencias de la “crisis”, y donde pueden los echan masivamente a la calle, en otros disfrazan los despidos con invitaciones al retiro, no sin antes desplegar una política de hostigamiento para que acepten este final. Debemos definir que ante esto hay que salir a luchar.

El problema de la normalidad de los despidos
Muchos compañeros, presos de la presión patronal y la ausencia de una respuesta de sus dirigentes, terminan aceptando los despidos y renuncias “voluntarias”. Dicha política es la que se impone desde la CGTP y la FETRIMAP, que enfocan el problema como un tema solo legal, creando expectativas en las resoluciones de las autoridades del Ministerio de Trabajo y, en últimas, del Poder judicial, que demoran años, en lugar de la lucha.
La lucha legal no es un aspecto que se deba subestimar. Pero sin organizar la respuesta unida de los trabajadores en defensa de su derecho al trabajo, no hay lucha legal que valga. Los despidos o los cierres de fábricas (y plantas) por temas económicos u otros pretextos pueden cubrirse de falsa “legalidad”. Pero ante ellos lo que siempre debe primar es la defensa del derecho al trabajo, para obligar al patrón a respetarlo.
La patronal defiende sus ganancias echando trabajadores. Los trabajadores debemos defender nuestro derecho al trabajo, que es un derecho humano porque garantiza el mínimo sustento de nuestras familias. Y este derecho no se regala sino se defiende.
Por ello, ante la arremetida de la patronal de Celima hay que luchar, haciendo honor a nuestra trayectoria y como ejemplo para toda la clase trabajadora.

Un llamado a la rebelión obrera y popular

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Los ataques del gobierno y el Congreso que no tienen fin y agravan la crisis nacional y la penuria que sufren las mayorías obreras y populares, causan también el regreso de las luchas. Las mayores de ellas se anuncian para el mes de julio.
En medio de infinidad de despropósitos como la que pretende impunidad para todos los criminales y corruptos y entornillar en el poder a los sectores reaccionarios, el gobierno y el Congreso ya impusieron nefastas normas antipopulares, como el DL 1620 que favorece la privatización de los servicios de agua y el alza de sus precios, y la Ley 31973 que amenaza con una mayor deforestación de la amazonia en beneficio de las multinacionales extractivistas.
Como si esto fuera poco, ante la crisis de su modelo de economía neoliberal, sumiso al capital y a los mercados extranjeros y que solo está trayendo nuevos millones de pobres, cierres de fábricas y más desocupación, ahora intentan una corrida hacia adelante forzando la salida de proyectos mineros que tienen el masivo rechazo de la población, como son los de Tía María y Conga.
Todo esto, no obstante, ya es respondido por diversos sectores que salen a la lucha en todo el país, desde los comuneros de Apurímac y Cajamarca, los pobladores del valle del Tambo, la población que se moviliza en defensa del agua y las organizaciones obreras que enfrentan los despidos, incluso enfrentando la feroz represión de Boluarte.
Pero el descontento es mayor y se extiende a todos los estratos sociales, mostrando a un gobierno y Congreso absolutamente aislados, y que coloca nuevamente en agenda la salida de adelanto de elecciones.
Ante esto la dirigencia de la CGTP, después de haber traicionado la gran rebelión del sur y luego de haber convivido con el nefasto régimen de Boluarte, ahora se ve en la necesidad de convocar a un Paro Nacional para el 19 de julio, en realidad una jornada de lucha, porque la Central no quiere ni garantiza ninguna paralización efectiva de labores, buscando apuntalar esa salida política.
Esta política, en el mejor de los casos, podrá lograr ese objetivo parcial, pero no las demandas democráticas revolucionarias planteadas en las luchas del sur y que apuntan a la derrota del régimen en su conjunto y a la convocatoria a elecciones a una Asamblea Constituyente para que resuelva la nacionalización de la gran minería y los recursos naturales, la independencia nacional y las demandas de educación, salud y vivienda.
Ahora se suma la demanda de juicio y castigo para Dina Boluarte y todos los responsables de las masacres perpetradas en ese periodo. En el peor de los casos, solo alcanzará para negociar una salida ordenada del régimen con vistas a la convocatoria a elecciones del 2026, para la que se alistan todos, incluido los que hoy fungen de luchadores.
Desde otros sectores regionales y en especial del aguerrido sur peruano, se convoca una nueva marcha hacia Lima, para protagonizar nuevas jornadas de lucha los días 28 y 29 de julio.
Ante esto, los trabajadores estamos llamados a realizar asambleas y discutir esta problemática. Hay que disponernos a participar de manera organizada y con todas nuestras fuerzas en las jornadas convocadas para el 19, 28 y 29 de julio. Hacerlo con la conciencia de que necesitamos recuperar fuerzas, poner en pie a un nuevo activismo y recuperar la unidad obrera en la acción. Y, discutiendo la necesidad de una nueva rebelión, en la forma de una huelga general que lleve a la derrota definitiva del régimen y a conquistar las banderas democráticas revolucionarias del sur, en la vía de una verdadera salida de fondo para los problemas nacionales y los de la clase trabajadora.
Una gran tarea para la cual necesitaremos también poner en pie un nuevo instrumento político, una verdadera dirección revolucionaria con los mejores luchadores y luchadoras, que garantice llevar a cabo dichas tareas, y en la que el PST se coloca en la primera línea.

Enseñanzas que dejan a los trabajadores la primera vuelta de las elecciones. La necesidad de retomar la movilización

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El fantasma que la burguesía quiso borrar con la vacancia de Pedro Castillo en 2022, la cruenta represión de las protestas que se sucedieron contra esa vacancia, la condena a siete años del ex presidente y toda la maquinación que hizo esa misma burguesía para evitar a otro como él en estas elecciones y así asegurarse la elección de uno de los suyos: todo resultó un fiasco. El “fantasma” regresó –con sombrero incluido– en la figura de Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú (JP).

Fue una verdadera sorpresa. Por un pequeño margen de votos Sánchez aparece en la segunda vuelta empujado por el voto masivo de las regiones andinas, para posiblemente competir con Keiko Fujimori (Fuerza Popular), heredera de la dictadura, que por cuarta vez busca ser la “opción salvadora” de la burguesía.

Con este resultado, se volvieron a activar todas las alarmas en las élites empresariales y la alta clase media, y con ellas aparecieron las tretas para burlar la voluntad popular con el manido cuento del “fraude electoral”.

Rafael López Aliaga (Renovación Popular), el gran perdedor de estas elecciones y una de las figuras de la reacción capitalista, amenaza a las autoridades electorales y llama a una “rebelión popular” pidiendo la nulidad de las elecciones. Su osadía no es poca cosa: tiene el apoyo de gremios empresariales, de las clases altas de Lima y de la gran prensa, con los que ya puso contra la pared a la ONPE, el JNE, a la JNJ y a la Fiscalía, a las principales instituciones que estos días parecen actuar como sus peones.

En un país marcado por la informalidad, la corrupción y la crisis institucional crónica, la crisis electoral ha dejado su huella en estas elecciones con una serie de irregularidades, fallas y negligencias graves. Esto no debería sorprender a nadie: en la pandemia fallecieron más de 200 mil peruanos por la falta de un balón de oxígeno que el Estado no era capaz de proveer. 

En realidad, estamos ante el fracaso de todo lo planeado, casi al detalle, por la burguesía en tres años de ataque reaccionario. Esperaban una fiesta electoral entre ellos, una final entre López Aliaga y Keiko Fujimori, o en el peor de los casos entre uno de ellos con otro cercano. Pero, en medio de una extrema proliferación de candidatos (36), de organizaciones en general montadas para la ocasión, la votación se dispersó y el pase a la segunda vuelta, por lo menos para definir a quién acompañe a Keiko Fujimori, no se definió de manera clara, quedando López Aliaga en la disputa.

El caso de López Aliaga es de una inmensa frustración. Después de ser empoderado por los grandes medios en años de campaña, en los últimos meses empezó a caer, sobre todo después de “visitar” las poblaciones del sur andino donde la gente le mostró su rechazo por su permanente señalamiento de “terroristas” cuando salió –y salen– a luchar. En su cólera de raigambre gamonal, él les respondió con otros insultos: les dijo “¡gente de mierda!” Es indudable que esto empujó el voto en estas regiones en favor del candidato ubicado en el otro extremo, al que pretendía reencarnar a Castillo.

En estas horas, la presión pasa por el conteo de votos de las numerosas actas observadas. Esto no es nada normal. Miles de ellas corresponden a decenas de miles de votos andinos que el mismo López Aliaga exige que se anulen. Esto, inaceptable para muchos desde todo punto de vista, lleva a una puja que se extenderá (de acuerdo a versiones oficiales) hasta el 15 de mayo. Otro hecho que muestra la crisis en curso: los resultados electorales se sabrán más de un mes después de la votación.

En realidad, la mejor opción que tiene la burguesía es tragarse el sapo y aceptar una segunda vuelta de Fujimori vs. Sánchez, y afinar en la segunda fase electoral sus armas para imponer a la heredera de la dictadura. Si se desplaza a Sánchez y se impone al prepotente López Aliaga, se destapará el verdadero fraude y la crisis se agravará.

No sería extraño. Una fuerte tendencia reaccionaria mueve a un importante sector del empresariado y de las clases acomodadas. Ellos ya han configurado la presente elección, que no tiene nada de democrática y sí mucho de farsa. La proliferación de candidatos y de “partidos” que los sostienen es propia de la descomposición del sistema; al mismo tiempo, se elevan las vallas para impedir la legalidad de otros partidos verdaderamente de los trabajadores. La Constitución ha sido modificada en más del 60% por un Congreso manejado por una mafia, después de ahogar la protesta popular que pedía elecciones para una Asamblea Constituyente libre y democrática. Entre los cambios que se impusieron están la bicameralidad y la reelección (que habían sido ampliamente rechazadas en una consulta popular), y se concentró todo tipo de poderes en un supremo y reducido “Senado”.

Además, como siempre, la burguesía ve las cosas desde su propia burbuja y no esperaba esa respuesta sólida de la región andina. A lo más, vieron el peligro en Alfonso López Chau (Ahora Nación) –un autoproclamado “socialdemócrata” que había empezado a subir en las primeras encuestas–, y lo “terruquearon” hasta bajarlo. Por otro lado, los sectores más “ilustrados” que trataban de evitar un final de polarización, abogaban por un “voto estratégico” para hacer que un candidato “moderado” o “mal menor” pasara a la segunda vuelta para competir con Keiko Fujimori o con López Aliaga, que estaban adelante en las encuestas, y le abrieron camino a Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras) y Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), entre otros. Todo esto jugó a favor de Sánchez, que inició un crecimiento en las últimas semanas y horas, sobre todo en la región andina, colocándose a duras penas en el segundo lugar, reproduciendo un escenario parecido al del 2021.

Elecciones en medio de una crisis de fondo

Las elecciones muestran toda la gran crisis que atraviesa el país. Una crisis que en el fondo es del régimen y del mismo sistema.

Entre los “opinólogos” se intentan todo tipo de explicaciones, desde el exceso de candidatos y la fragmentación hasta la falta de un “voto consciente”, echándoles la culpa a los electores. En realidad, cada elección es una crisis y cada vez se cae más bajo. Viendo este escenario, un periodista argentino comentó: “cuando nos sintamos deprimidos por lo que sucede en nuestro país, solo hay que mirar lo que ocurre en Perú”.

El sistema “democrático” fue diseñado por la burguesía para garantizar su dominio de clase y la explotación de la clase obrera. Pero la “democracia” peruana del Siglo XXI es, además, hija directa del neoliberalismo más brutal aplicado en el subcontinente, donde las reglas del funcionamiento de la economía ya están dictadas. Por ello, no hay partidos con programas distintos y predominan verdaderos vientres de alquiler que defienden negocios e intereses privados, incluidos los de la economía ilegal, permitiendo que florezca la corrupción, y son descartables. En cada elección se celebra el descarte de un grupo de partidos corruptos, mientras se vota y elige a otros nuevos de su misma naturaleza.

Esta “democracia” degradada mantenía cierto equilibrio cuando la bonanza neoliberal chorreaba sobre la población. Pero dejó de hacerlo cuando la crisis se instaló en el país desde la pandemia del Covid-19, cuando, para salvar los grandes negocios, se arruinó la economía popular, se empujó al desempleo a millones y se dejó morir a casi medio millón de peruanos pobres. Desde entonces las masas salieron a pelear por sus reivindicaciones e inestabilizaron todo. Cayeron gobiernos, se produjeron golpes y todo terminó por socavar la “institucionalidad democrática” instalando una crisis crónica, donde las crisis electorales y sus resultados son productos de ella.

El modelo neoliberal ya no “chorrea” hacia abajo sin que se cuestione su continuidad. Seis años después Perú es casi el único país que no ha superado lo que dejó la pandemia sobre la clase trabajadora y los pobres. Su situación se ha agravado por la creciente expansión del crimen organizado que asesina y extorsiona a transportistas y pequeños negocios en las localidades más pobres. Además, hay que considerar que en 2008 estalló una crisis en el corazón del imperialismo de la que no ha salido hasta ahora, y que alimenta una crisis global con guerras (como en Ucrania, que lleva cuatro años; la de Medio Oriente, Gaza y Cisjordania en la Palestina ocupada, Líbano e Irán en estos días), todo lo cual agrava la crisis nacional al encarecer los combustibles y las subsistencias y hacer más depredador al imperialismo y a los capitalistas.

Ante este “desorden” y el descontento que recorre todo el país, la burguesía maquina salidas autoritarias y represivas. Salidas que le permitan restablecer su “orden” y “estabilidad” para que fluyan los capitales con enorme sed de ganancia, y para ajustar más el plan neoliberal y lograr la privatización de Petroperú, la autorización de nuevas concesiones mineras, una nueva contrarreforma laboral, entre otras medidas.

Con este fin dieron un primer paso con el golpe contra Castillo. Para ello se apoyaron en la traición de Dina Boluarte, su vicepresidenta, y en el colaboracionismo de un gran sector de la izquierda acomodada en el Parlamento, para frenar las protestas con una sangrienta represión. Luego cambiaron la propia Constitución y las leyes y coparon las instituciones claves para asegurarse el control del poder, incluso con estas elecciones.

Sin embargo, todo esto fue resistido con sucesivas luchas, y aparecieron nuevos actores como los transportistas, la generación Z y poblaciones afectadas por el crecimiento de la inseguridad. Y el régimen se descompuso, tanto más cuanto mostraba corrupción e ineptitud. Para “lavarse la cara”, el régimen vacó a Boluarte y en su lugar colocó al congresista José Jerí (Somos Perú), otro corrupto de su misma especie que llegó a durar poco más de 100 días, para terminar de colocar en su reemplazo a otro congresista como “presidente encargado”, José Balcázar (Perú Libre), más repudiado aún, a pocas semanas de las elecciones.

Este régimen pudo caer. Pero se sostuvo gracias a la colaboración de las direcciones del movimiento obrero que la mantuvieron aislada de las luchas populares.

La clase obrera es la más poderosa fuerza social que produce este sistema y es la llamada a derrotarlo apoyada en la gran población empobrecida y luchadora. Pero está bajo el control de una dirección –entre ellas la que controla la CGTP–, que ha colaborado con la “gobernabilidad” reaccionaria de los últimos años –tanto como lo ha hecho la bancada de “izquierda” del Congreso. Ella también ha colaborado con el montaje de la farsa electoral en curso, manteniendo desmovilizada y adormecida a la clase obrera y aislando sus luchas. Esta situación ha hecho que la clase obrera como tal no tenga alternativas de independencia de clase en estas elecciones, y que su voto se haya dispersado entre varias candidaturas. Ni siquiera apoyó masivamente a los candidatos de esa burocracia que quisieron canalizar el voto obrero hacia el académico López Chau, en cuyas listas había inscrito a varios candidatos, miembros del Partido Comunista Peruano.

Ante la salida autoritaria que promueve la burguesía, la clase obrera está llamada a poner en pie su propia alternativa de clase junto al pueblo pobre. Ya vemos que las elecciones no representan una salida y que todo va para peor. Y más aún, ante una amenaza autoritaria lo que queda es que sus organizaciones de clase luchen por una salida en el camino del poder obrero y popular, bajo una dirección verdaderamente proletaria y revolucionaria. No hay otra.

Es el rol traidor de estas direcciones el que está permitiendo a la burguesía y a sus sectores más reaccionarios ganar espacio para aplicar sus propias salidas. Eso se ve en los resultados electorales. En Lima y una extensa franja de la costa y la selva, donde predominan las actividades económicas más modernas y que cuentan con alta concentración obrera, las preferencias electorales se inclinan hacia las opciones más conservadoras. El plan electoral burgués solo ha sido puesto en cuestión por el vuelco del sector andino a la candidatura de Roberto Sánchez; el sector andino para quien no existe ningún plan de gobierno ante la crisis que la sacude, que no aparece en ninguna encuesta y cuando vota, sus votos son ninguneados. Ese mismo sector, que encumbró a Pedro Castillo en 2021 y que salió a luchar contra su vacancia, ahora se vuelve a expresar votando de manera casi unida por Sánchez, reivindicando con este voto su lucha y a sus víctimas, y expresando su profundo odio a las clases adineradas que lo desprecian, oprimen y explotan.

Sin embargo, sería un error ver el presente proceso como un símil del ocurrido en 2021. El resultado preliminar de la actual elección resulta más un susto injustificado que lo que aconteció entonces. En aquella elección Pedro Castillo tuvo un resultado cerca del 19% y ahora Roberto Sánchez ha recibido 12%, más o menos un tercio menos de votos. Por su lado, Keiko Fujimori, la antípoda de todas las candidaturas, obtuvo 12% en las pasadas elecciones y en las presentes subió a un poco más de 17%.

Además, Castillo, habiendo sido un líder de una larga y exitosa huelga magisterial, apareció, adicionalmente, como hombre de campo, y se hizo de un electorado con un discurso radical (nacionalizaciones incluidas) que canalizó el profundo descontento dejado por la pandemia. Sánchez, en cambio, no tiene seguidores que mostrar; es un arribista que empezó su carrera apropiándose del registro electoral de la organización que ahora encabeza, que pertenecía a Yehude Simons, y que en la “vacancia” de Castillo no solo se abstuvo, sino que renunció a su cargo de ministro tratando de lavarse las manos; y en su labor parlamentaria ya demostró que era uno más del montón que el pueblo repudia. Sánchez ha logrado ese resultado solo por el apoyo de Castillo. El personaje muestra su verdadero rostro cuando, apenas mencionadas sus posibilidades de pasar a la segunda ronda, se apresuró a llamar a una alianza de gobierno con Jorge Nieto y Marisol Pérez Tello, ambos de derecha moderada.

Pero también el mismo Castillo ha devenido solo en un símbolo del movimiento popular, más que de lucha o de cambio. En sus dieciocho meses de gobierno no hizo nada contra los grupos de poder ni en favor de los más pobres que lo encumbraron, y su vacancia fue provocada por él mismo. Por ello, el voto a favor de su candidato es más un voto de rechazo a los candidatos del régimen y del sistema.

El resultado de todo esto es que no se ve por ningún lado un fortalecimiento de la izquierda institucional, como pareciera. Toda ella está a la deriva. El gran protagonista de las elecciones del 2021 prácticamente ha desaparecido, junto a otros agrupamientos. Y el “éxito” de JP y Sánchez es netamente un fenómeno electoral.

Nuestro posicionamiento

En el cuadro descrito, el PST se pronunció por el voto nulo, básicamente con la definición de que “los trabajadores no tenemos alternativas”. Ya lo hemos señalado: la clase obrera es el sector social más importante que con su trabajo genera una inmensa riqueza y, contradictoriamente y pese a que da diversas peleas, no se desarrolla de manera independiente debido a la extrema debilidad de su vanguardia y al control que sobre ella ejerce la burocracia.

El voto nulo o la actuación fuera del escenario electoral no es lo mejor, pero no tenemos mejor opción para defender la independencia política de los trabajadores. El PST no tiene posibilidades de ingresar a la competencia electoral debido a las fuertes restricciones para participar en ella. Si pudiéramos participar, lo haríamos para educar a la clase obrera en un programa revolucionario y una alternativa de gobierno de sus organizaciones. Y no podemos ir a la cola de cualquier otra lista de “izquierda” porque no compartimos su programa de conciliación de clase, que los lleva a aspirar –y a dejar la vida– por una curul.

¿A dónde vamos y qué tarea tenemos?

Vamos a una segunda vuelta que, con cualquiera que sea el que pase, será de continuidad de la crisis. Si es Keiko vs. López Aliaga, será una elección ilegítima que solo conseguirá apoyo en las grandes ciudades, mientras que es posible que el descontento del resto del país, y en especial de las regiones andinas, se exprese con el voto nulo. Si es una elección entre Keiko vs. Sánchez, será similar a la anterior, en una suerte de elección entre el “antikeikísmo y anticomunismo” o de “derecha e izquierda”, según las perspectivas de cada sector.

En cualquier caso, los escenarios inmediatos y futuros son de continuidad de la crisis, en todos los niveles. Por ello lo central es retomar las luchas unificadas. En estos días la lucha contra el fraude que quiere imponer la burguesía y su farsa de democracia, planteando la necesidad de retomar en forma unitaria la movilización obrera y popular con la demanda de Asamblea Constituyente libre y soberana. Y junto a esta demanda, la lucha por el congelamiento de precios de los combustibles y productos esenciales, cuyas alzas golpean y golpearán más a nuestras familias por la guerra de Trump y Netanyahu, y por aumento general de sueldos y salarios y pensiones. ¡Basta de silencios y parálisis de la central! ¡Es la hora de luchar en forma unida!

En el marco de esa tarea central de fortalecer la unidad y luchar de las organizaciones obreras y populares, debemos dar pasos firmes en la construcción de un verdadero partido revolucionario para luchar por la salida de fondo que se necesita ante la gravedad de la crisis actual: la conquista de un Gobierno de los Trabajadores.

La lucha por el agua en la costa peruana

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Por Carmen Mendoza

Las comunidades campesinas agrícolas de Piura mantienen heroicamente, como pueden, su producción agrícola; cuando no padecen la pérdida total de sus cultivos. Observan sus tierras agrícolas sedientas, suplicando por agua, mientras las tierras privadas de las grandes agroindustriales se desarrollan verdes y saludables. La agroindustrial Agroaurora, perteneciente al grupo Gloria, construyó un dique sobre el río Chira, privando de este recurso a las familias agricultoras de la comunidad campesina de Miramar-Vichayal. Las comunidades intentaron retirar el dique en varias oportunidades y Agroaurora vuelve a construirlo haciendo caso omiso a resoluciones administrativas y una sentencia judicial que ordena retirarlo.

Este abuso del que son víctimas las comunidades campesinas se agrava por la crisis hídrica y hay la necesidad de recurrir a los acuíferos para la obtención del recurso hídrico. Construir un pozo tiene un precio de hasta 150 mil dólares y solo las grandes agroindustriales están en condiciones de dotarse con ese tipo de infraestructura para apoderarse del agua subterránea. Las comunidades campesinas no pueden competir con esto y se ven obligadas a aceptar la propuesta del Estado para la construcción de pozos que los beneficiaría en la obtención de aguas del subsuelo. Es más, las comunidades siguen, hoy, esperando que se concrete el ofrecimiento. Mientras esto sucede, las comunidades campesinas se mueven cuesta arriba privadas del agua y las grandes agroindustriales y agroexportadoras se llenan los bolsillos matando de sed a las tierras de las familias agricultoras de Piura.

Las comunidades alpaqueras de Huancavelica en la cuenca de la laguna de Choclococha, Orcococha y Ccaracocha ven a sus animales, cada vez, con menos forraje o de menor calidad y con una fuente de agua que se reduce imparable, llegando muchas veces a abandonar sus tierras porque así no pueden sobrevivir. Son víctimas del trasvase de las aguas, hacia Ica, que garantizan el negocio de la agroexportación en esta parte de la costa peruana. Desde la mitad del siglo pasado se desvían las aguas de las montañas hacia la costa. El Estado y el sector privado ofrecieron diferentes formas de compensación por el uso del recurso hídrico de esta cuenca y por los efectos que el trasvase, claramente, generaría en la actividad alpaquera de la zona; más de 70 años después, las familias y comunidades alpaqueras siguen viendo cómo el agua de sus montañas enriquece los bolsillos de las agroexportadoras en Ica y cómo sus animales y familias padecen ante la indiferencia estatal y patronal.

Son las cuatro de la mañana y en el Álamo, en Ica, se concentran las personas que buscan obtener un día de trabajo en las diferentes agroexportadoras de la zona. No es un secreto que las condiciones laborales en la agroindustria de Ica se caracterizan por precariedad elevada, salarios paupérrimos, jornadas que superan las ocho horas, informalidad descontrolada, ausencia de seguridad en el trabajo, contratación temporal cuando ésta existe, aguantar el sol abrasador costero junto a la radiación solar, ausencia de infraestructura sanitaria en el campo, presencia de intermediarios (services) que timan, engañan, estafan, acosan a la masa obrera agroindustrial.

Esta agroindustria se beneficia injustamente con el agua proveniente de las montañas andinas, con la explotación y maltrato de la clase trabajadora agrícola, ahora, además, con la nueva “Ley Chlimper 2.0” (Ley N 32434) que reduce el impuesto a la renta de las agroexportadoras a 15% hasta el 2035, otorga deducciones por compras a pequeños productores y establece beneficios de depreciación para inversiones en infraestructura agrícola. Negocio redondo: usa agua sin compensar a las comunidades afectadas por el uso del recurso, explota como quiere la mano de obra local y el Estado le premia con facilidades tributarias. Según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, solo en 2023 las agroexportaciones de Ica superaron los 1.080 millones de dólares, con la uva de mesa como estrella, seguida por la palta y el arándano. De acuerdo con la ANA, la región cultiva más de 100 mil hectáreas, en su mayoría orientadas a la exportación.

La crisis hídrica no es una novedad en la costa peruana, la padecen todas las ciudades sin excepción. Para poner como ejemplo a la capital, Lima, indicaremos las formas y cantidades de consumo del agua en los diferentes distritos. Teniendo un consumo de agua en litros per cápita/día por distritos de la siguiente manera: San isidro 441, Miraflores 395, La Molina 258, Cieneguilla 40, Pachacamac 36 y Lurigancho Chosica 15. Mientras que San Isidro tiene a disposición abundante agua, en Lurigancho Chosica la población tiene poca agua y con suerte para cocinar. El agua que baja a la costa (Ica) desde las montañas y lagunas de Huancavelica no beneficia a la población que enfrenta constantemente falta del recurso en sus viviendas.

En Ica, el 2023, solo el 13% de los hogares contaba con servicio continuo las 24 horas. El principal beneficiado, no solo de las aguas superficiales sino también de las subterráneas, es la agroindustria. El pueblo de Ica, en la práctica, se ve privado del agua para que la agroindustria llene los bolsillos de esta burguesía. La realidad no es muy distinta en todos los centros urbanos de la costa peruana, algunos tienen más agua a su disposición y para lo que deseen, mientras otros quedan privados de esta, padeciendo el implacable calor costero y precarizando sus condiciones de vida.

El Estado de espaldas a la realidad de los pueblos oprimidos

El Estado en Piura no puede (o no quiere) hacer respetar a las comunidades campesinas. Agroaurora (Gloria) se burla de los agricultores y hace lo que quiere. No obedece sentencias ni resoluciones, desprecia a la población local y los destina al padecimiento crónico y sin acceso al recurso hídrico; el grupo Gloria se enriquece a costa del sufrimiento de la población campesina en Piura.

En las alturas de Huancavelica todo quedó en ofrecimiento. Por lo menos tres generaciones viven bajo el engaño del Estado y el aprovechamiento de la burguesía agroexportadora. En 2023 el Congreso aprobó la ley de canon hídrico, inspirada en las demandas de comunidades de Huancavelica, pero hasta hoy no se aplica: carece de reglamento y enfrenta trabas que la Autoridad Nacional del Agua no ha resuelto. La clase trabajadora de Ica con su esfuerzo y sacrificio llena los bolsillos de la burguesía agroexportadora sin ver mejorar sus condiciones de existencia, mientras que el Estado brinda a esta burguesía todos los beneficios posibles.

En los centros urbanos de la costa son los sectores populares los que son privados del agua y pocos distritos acomodados cuentan con agua en la cantidad y en el momento que deseen. La Autoridad Nacional del Agua (ANA) que se supone es la institución estatal encargada de regular el uso, aprovechamiento y destino del agua en todo el país es un fantoche que en esencia garantiza, con su halo institucional, impunidad a la burguesía agroexportadora en contra de las poblaciones campesinas agrícolas. Las sanciones se extienden durante años y el Estado tiene pocas herramientas reales para hacerlas cumplir. Hoy, las multas leves o graves van de S/. 10,700 a S/. 26,750 (entre 2 a 5 UIT). Solo las muy graves pueden alcanzar montos mayores, de hasta S/. 53 millones (10,000 UIT), cifras que recién podrían incomodar a una empresa con amplio respaldo financiero. Pero el Estado sigue actuando con total ineptitud, inoperatividad, falta de personal, corrupción generalizada, clientelismo, ausencia de una data seria y optima sobre el recurso, y desinterés crónico por la buena administración del recurso hídrico.

El gobierno está reestructurando la ANA, pero recortando controles, flexibilizando normas y debilitando la fiscalización, justo cuando más se necesita. La ANA cuenta con 59 fiscalizadores para supervisar más de 460 mil permisos en todo el país. Se vive una total ignorancia en el tema del agua. Salta a la vista que el problema no solo es el agua, sino también, la propiedad de la tierra, pues el Estado permite el neolatifundio en claro detrimento de las condiciones de vida de las mayorías poblacionales en la costa peruana. El modelo agrícola actual, basado en monocultivos de exportación como espárragos, paltas, arándanos y uvas, demanda grandes volúmenes de agua para riego. Mientras tanto, muchas comunidades rurales y altoandinas ven como descienden los niveles de acuíferos, se secan sus lagunas y ríos, y no tienen garantizado el acceso al agua para sus cultivos, su ganado e incluso para el uso básico en el hogar.

Organizar la lucha

Frente a la angurria de la patronal agroindustrial y la complicidad del Estado con ella, le queda a la población campesina, alpaquera, obrera agroindustrial y de los sectores populares organizarse y tomar el toro por las astas para garantizar su parte del pastel como corresponde y de forma retroactiva, condicionar el uso del recurso a la garantía de condiciones laborales justas para la mano obrera agroindustrial, garantizar igual dotación de agua en todos los distritos y zonas urbanas de la costa en cantidad y tiempo de suministro.

En otras palabras, es el pueblo y la clase obrera agroindustrial organizada la que debe ser parte de la administración y colocar el recurso hídrico a disposición en toda la costa peruana. Es irreversible, nos quedaremos sin glaciares en unas décadas más; la crisis actual del agua es solo una pincelada de la crisis que se viene, es momento que el pueblo organizado tome control del agua y priorice el uso del agua para cultivos que atiendan las necesidades humanas y no las del capital.

¡La clase trabajadora y el pueblo no tienen candidatos/as!

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¡Nada bueno sacaremos de las urnas! ¡Ninguna confianza en las elecciones!

06/04/2026

A pocos días para las elecciones generales una pregunta se hace fundamental: ¿Qué posición debemos asumir los trabajadores y trabajadoras del país, el pueblo pobre y oprimido del campo y la ciudad?

Como es costumbre, las distintas candidaturas, 35 en total, nos han bombardeado con ofrecimientos de todo tipo que tienen el propósito de hacernos recordar sus rostros, sus símbolos… Y nada más.

Y aunque en los debates se han dado “golpes” de todo calibre, y en las redes sociales repiten algunas frases ingeniosas para “atacar” a sus oponentes, todas las candidaturas comparten un acuerdo fundamental: se someten a esta democracia corrupta, fraudulenta, neoliberal y patronal. La misma que nos condena a la explotación, al saqueo de nuestros recursos y a la creciente inseguridad –518 personas fueron asesinadas en tan solo tres meses por la extorsión y sicariato.

Régimen corrupto con el que se enriquecen los altos funcionarios del Estado, cobrando coimas millonarias y recibiendo ‘regalos’, mientras el trabajo informal ronda al 75% de la clase trabajadora, y más de 7 millones de personas cobran menos del sueldo mínimo cada mes.

Todas las candidaturas se han convertido, así, en instrumentos de esa misma democracia tramposa, en busca de que el pueblo pobre y trabajador renuncie a pelear directamente por la solución a sus demandas, y deposite sus esperanzas en las urnas, como quien firma un ‘cheque en blanco’.

Una elección de crisis

Sin embargo, la realidad es más compleja. A seis días de las elecciones generales, lo único claro es que quienes pasen a la segunda vuelta no obtendrán más, cada uno/a, del 15% del electorado, tal como ocurrió en 2021.

Esto vuelve a poner en evidencia la profunda crisis en la que se encuentra el régimen pactado tras la caída de la dictadura de Fujimori.

Un régimen infectado por el entreguismo, la corrupción y, ahora también, por la minería ilegal y sus allegados.

Esta realidad tiene su contraparte en la poca emoción que hasta el momento han concitado estas elecciones. Si bien es verdad que una parte del electorado ha esperado los debates, y que otra definirá su voto en la misma cola de sus centros de votación, existe la sensación extendida de que a pesar de que se vote por cualquiera nada va a cambiar.

Es un aprendizaje que el pueblo trabajador y pobre ha tenido desde la caída de la dictadura: Sin importar su origen, partido o promesas, todos los gobernantes han burlado sus ofrecimientos electorales y han defendido los intereses de las mineras, petroleras y las grandes empresas.

Incluso aquellos que se identificaban de “izquierda” (o “de abajo”, como Humala), han sido títeres de los intereses patronales, respetado la Constitución de la dictadura y el modelo económico neoliberal.

Como corolario, se han vendido directamente a las grandes empresas y sus negocios, como destapó el escándalo de corrupción ligado a Odebrecht.

En ese marco, la profundización del modelo económico neoliberal ha posibilitando la aparición y desarrollo de una patronal informal e ilegal que cada vez más tiene presencia en el Estado, convirtiendo sus instituciones en cajas de resonancia de verdaderas mafias delincuenciales que lucran con actividades ilegales, y drenan una parte del botín estatal.

La ‘izquierda’ en el mismo juego

Quiénes se reclaman de izquierda en estas elecciones han decidido entrar en el mismo juego. Ni Roberto Sánchez, ni Ronald Atencio, y mucho menos Alfonso López Chau –que se dice “de centro”– han hecho más que repetir el libreto de los múltiples ofrecimientos de campaña.

Es cierto que algunos de esos ofrecimientos tienen un tono más ‘radical’. Pero todos ellos se lanzan en desmedro de la movilización inmediata de la clase obrera y el pueblo para conquistarlos por su acción directa.

Tampoco se han atrevido a utilizar la tribuna de las elecciones para denunciar al gobierno de Balcázar, que acaba de liberar de responsabilidad penal a las FF.AA. y policiales que maten personas durante los estados de emergencia, y ni llamar a luchar contra él. Son herramientas al servicio del adormecimiento de las luchas.

¿Y las candidaturas de dirigentes obreros y populares?

¿Pasa lo mismo con los candidatos y candidatas que vienen de la clase trabajadora o el pueblo?

En las elecciones pasadas, candidatas como la ex dirigenta sindical Isabel Cortez, buscaron el voto obrero, siendo parte de un partido de la izquierda reformista. En estas elecciones algunos dirigentes obreros y populares han aceptado ser parte de las listas de algunos partidos patronales o de “centro izquierda”.

Por supuesto, tienen todo el derecho de hacerlo, pero lo que viene mostrando la realidad es que, en lugar de ponerse al servicio de las luchas en curso, se han sumado al coro de ofrecimientos que los candidatos patronales realizan en busca del voto.

La clase obrera y el pueblo pobre también tiene el derecho de acompañar esas experiencias. En un sentido, expresa un paso adelante en su conciencia al buscar que representantes de nuestra propia clase sean los que lleguen al Congreso. Sin embargo, hay que dejar claro que ninguna candidatura individual puede cambiar el carácter patronal de las instituciones de esta democracia corrupta. Y que, en el mejor de los casos, la realidad nos ha enseñado que las buenas intenciones caen en el saco roto del parlamentarismo, del cuál difícilmente querrán salir.

No debe parecernos extraño, por lo tanto, que la misma Isabel Cortez, conocida como “Chabelita”, haya terminado adaptándose a la vida parlamentaria, y ahora busca seguir siendo parte del Congreso de la mano del partido del ultrarreaccionario José Luna.

No hay salida con ‘mano dura’

Claramente la situación de alza de la criminalidad organizada ocupa un lugar central en la preocupación del pueblo pobre y trabajador.

No por casualidad ha sido el motivo de las principales luchas que se han librado en el país en los últimos dos años.

De ahí que diversas candidaturas han intentado construir un perfil electoral en torno a la idea de la mano dura contra la inseguridad y el crimen, proponiendo ‘pena de muerte’, nuevas cárceles y sacar al Estado del pacto de San José… Intentando emular al dictador salvadoreño Bukele.

Ninguna de estas medidas, sin embargo, pueden poner fin a la barbarie de la criminalidad, como tampoco lo han logrado los sucesivos estados de emergencia decretados bajo ese pretexto.

El ascenso de los diversos grupos criminales se ha producido de la mano del saqueo de nuestros recursos, así como del retroceso del Estado, ambos pilares del modelo económico neoliberal.

Modelo que, además, al condenar al pueblo a la pobreza, dota de carne de cañón a las bandas criminales para construir sus ejércitos de lúmpenes.

Por eso no habrá salida al problema de la criminalidad sin echar abajo las leyes pro crimen y toda la institucionalidad del Estado corrupto: El poder judicial, la policía, las FF.AA., las autoridades regionales y/o municipales, entre otros… Todas, instituciones infiltradas por el crimen organizado, para reemplazarlas por organizaciones del pueblo organizado, quiem tiene derecho a defenderse formando rondas urbanas, campesinas y barriales armadas que expresen la conciencia y movilización.

Los sectores medios en su laberinto

Por su lado, los sectores medios han entrado de lleno en la disputa electoral. Creyéndose superiores moral e intelectualmente, buscan candidatos y candidatas ‘preparadas’, que satisfagan con discursos técnicos sus ansias de una democracia eficiente y barata.

Por eso se encuentran fragmentados, apoyando desde candidaturas abiertamente reaccionarias, en las que destilan su desprecio por las masas populares y lo que para las clases medias es expresión de su ignorancia: la demanda de cambios profundos y radicales. Hasta candidatos ‘progresistas’ que juran que no tocarán un pelo del modelo neoliberal. Cada quien, detrás de la opción que se le aparezca como más ‘decente’, ‘culta’ o ‘técnicamente preparada’.

Al final, estos sectores medios sostén y base electoral de las distintas candidaturas patronales al reproducir la crisis en la que nos encontramos, son incapaces de dar una salida a los problemas del país desde su fantasía tecnocrática. Ese es el triste destino de los que se sienten ser la ‘reserva moral’ del país.

Frente a la trampa electoral, volver al método de lucha de las regiones del Sur

Aunque parezca contradictorio, este contexto abre una posibilidad para los trabajadores y el pueblo pobre vuelvan a la lucha directa, pasada la borrachera electoral, pues ningún sector está verdaderamente comprometido con quien salga elegido/a. Así, las masas tendrán las manos libres para organizarse y pelear, siempre que sus direcciones sindicales y políticas se dispongan también a hacerlo.

Por todo esto, desde el Partido Socialista de los Trabajadores – PST, afirmamos que la clase trabajadora, el pueblo pobre y oprimido no tienen candidatos o candidatas con independencia de clase que los representen en estas elecciones ni tampoco un programa obrero y popular que necesita el país para salir de la crisis. Por esta razón votaremos viciado/nulo este 12 de abril.

Votaremos viciado/nulo en señal de protesta ante esta democracia podrida, sometida a los designios del imperialismo estadounidense, que solamente beneficia a las transnacionales, las grandes empresas y a la patronal corrupta y criminal.

Votamos viciado/nulo contra candidaturas que han renunciado a organizar la lucha y ganar las calles contra el saqueo de nuestros recursos, contra la criminalidad, contra la violación de los derechos laborales y por la solución de las demandas más sentidas del pueblo trabajador.

Votamos viciado/nulo contra quienes dicen ser representantes de los intereses obreros y populares para luego lucrar con sus curules, mientras abandonan su movilización.

Votamos viciado/nulo contra un sistema que avala la opresión y la violencia contra las mujeres, sean de nacionalidades originarias, de diversidades sexuales y contra la juventud.

Votamos viciado/nulo contra la miseria a la que nos condena el modelo capitalismo neoliberal y que ningún gobierno se ha atrevido a cuestionar, así como no lo cuestionan las candidaturas que hoy se presentan.

Votamos viciado/nulo para llamar a la clase obrera y el pueblo a confiar únicamente en su organización y fuerzas movilizadas, tal como hizo el Sur durante el levantamiento de diciembre de 2023 a marzo de 2024, cuando puso en cuestión la continuidad de esta democracia asesina, mentirosa, corrupta y patronal. Los trabajadores, trabajadoras, estudiantes, mujeres pobres, campesinos/as solo podemos confiar en nuestra organización y movilización.

Y, finalmente, votamos viciado/nulo para llamar a que nos preparemos para enfrentar la ofensiva del próximo gobierno patronal que, salga quien salga, descargará sobre nuestros hombros los ajustes que demandan la Confiep, Asban, Adex, SNI, SNMPE alineados con lo que viene imponiendo el imperialismo yanqui sobre los pueblos de todo el mundo.

¡Voto viciado/nulo por la acción política independiente y combativa del pueblo pobre y trabajador!

Discusiones sobre la guerra: Los factores fundamentales

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Por Víctor Montes

Este material es la primera parte de una serie de artículos del compañero Víctor Montes, que serán publicados bajo el rótulo «Discusiones sobre la guerra». Expresan la comprensión a la que el compañero ha arribado frente al fenómeno de la guerra imperialista contra Irán y la dinámica de la lucha de clases a su alrededor. Desde el PST lo consideramos un aporte al debate y uno de los puntos de partida para la construcción de una comprensión común que nos lleve a actuar desde una postura marxista revolucionaria en el momento actual.

La guerra desatada por el imperialismo yanqui y su perro guardián, el estado sionista de Israel, contra Irán, es hoy sin duda el centro de la lucha de clases en el mundo. Y por eso mismo, su desenlace impactará en todo el globo, marcando por un periodo la dinámica en la que se desarrollará el enfrentamiento entre revolución y contrarrevolución.

Los hechos muestran, a la fecha, que Trump y compañía se han metido en un pantano del que no podrán salir bien librados. La reciente amenaza de una incursión con tropas terrestres en Irán, muestran desesperación y, de concretarse, solo puede incrementar las crisis interna en los Estados Unidos y, como hipótesis, crear una movilización mundial análoga a lo sucedido en 2003 previo a la invasión que G. W. Bush lanzó sobre Irak.

Al momento de publicarse este artículo, acaba de producirse una nueva acción multitudinaria en los Estados Unidos bajo el lema «No kings» (No reyes), contra Trump, a los que se han sumado exigencias concretas contra la guerra en Irán, además de las que exigen el fin de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement – ICE en inglés), y de los ataques a la salud pública por parte de su gobierno.

En cualquier caso, la dinámica de la guerra, al día de hoy, no es la que el imperialismo esperaba, y desde ya constituye una victoria de la resistencia iraní. De esto se desprende la importancia que tiene para las revolucionarias y revolucionarios el estudio y discusión de su carácter, sus posibles dinámicas, así como sacar las lecciones que permitan orientar la lucha del proletariado y los pueblos contra el imperialismo.

El imperialismo estadounidense ‘golpea la mesa’

Un primer aspecto clave para comprender la guerra como fenómeno de la lucha de clases, es entender de dónde viene el imperialismo yanqui y qué fuerzas le han llevado a lanzarse a la guerra.

El ataque estadounidense a Irán responde a múltiples factores. Sin embargo, los fundamentales son la necesidad de controlar recursos naturales estratégicos, entre ellos el petróleo, y la necesidad de revertir la correlación de fuerzas que se estableció tras sus derrotas en Irak y Afganistán.

Ambos factores son clave para salir de la “curva decreciente” de la economía capitalista que se abrió con la crisis mundial en 2007-2008, que fue producto, justamente, de la derrota del proyecto bonapartista de George W. Bush sobre esta misma región.

El imperialismo es conciente que para salir de esta curva, e iniciar una nueva onda ascendente para sus ganancias, requiere imponer nuevos niveles de explotación a los pueblos del mundo, controlar directamente las materias primas, desarrollar nuevas tecnologías y derrotar la resistencia que las masas ofrecen. Esa es, justamente, la ofensiva en la que nos encontramos.

Petróleo e inestabilidad

Entendido así, resulta sencillo comprender la importancia del Golfo Pérsico y, en él, de Irán. En esta región del globo se concentra la mitad de las reservas petroleras del mundo, e importantes yacimientos de gas natural, cruciales para la cadena de suministro energético global.

Por eso el imperialismo yanqui ha invertido dinero y armas para mantenerlo bajo control. No es casual que Estados Unidos mantenga al menos ocho bases militares, principales y permanentes, que suman entre 40,000 y 50,000 efectivos, se reparten entre Baréin, Catar, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos, estados subordinados a Washington, bajo el Comando Central (CENTCOM). Esto sin hablar del enclave colonial-militar de Israel, su principal puesto militar en la región.

Sin embargo, desde 1979, justo cuando el imperialismo iniciaba el proceso de domesticación de los gobiernos árabes del norte del África y el llamado “cercano y medio oriente”, la región se vio sacudida por la revolución iraní, que conquistó para sí, más allá de su desfiguración por la casta de los ayatolás, la independencia del país respecto del imperialismo.

Desde entonces, Estados Unidos ha intentado obligar al régimen iraní a ceder ante sus presiones y así tomar control pleno de la región. Por eso, desde el mismo año 79, Estados Unidos ha impuesto sanciones económicas contra Irán, castigando a quienes inviertan en su petróleo y limitando su sistema financiero. 

También es conocido el apoyo yanqui a la guerra desatada por Sadam Hussein contra Irán en 1980, con ayuda económica, entrenamiento y tecnología de doble uso hasta que la guerra terminó en 1988.

Sin embargo, hasta hoy, nada de esto ha dado los resultados esperados para el imperialismo. Irán sigue siendo políticamente independiente y extiende sus brazos hacia el mundo árabe, poniendo en cuestión, de forma relativa, la estabilidad de los pactos semicoloniales que los Estados Unidos han impuesto a sus vecinos.

Los lazos iraníes

El pueblo iraní no hace parte del pueblo árabe. Sin embargo, en forma absolutamente mayoritaria, comparte con éste el hacer parte del mundo islámico, particularmente, de su rama chií.

Y desde la década del 80 en adelante, mientras organizaciones y gobiernos ligados al nacionalismo árabe (panarabismo) iban abandonando sus banderas y cedían a las presiones del imperialismo yanqui, e iban reconociendo la ocupación del territorio palestino por parte del estado nazi-saionista de Israel, organizaciones político-militares chiíes, en relación con la casta sacerdotal de los ayatolás iraníes, fueron ganando espacio a partir de sus acciones de resistencia a la ocupación sionista. Ese fue el caso, entre otros, de Hezbollah y Hamas. También,  más recientemente, de los Hutíes en Yemen.

Estas organizaciones ganaron importante espacio en la vanguardia de sus países, ampliando, de paso, el radio de acción política del régimen iraní, y desestabilizando el plan imperialista.

Vista así, la existencia de ese Irán independiente, y con importante influencia en la región, es imposible de aceptar para el imperialismo.

El régimen iraní

No es el propósito del artículo, pero es imprescindible aclarar, que la independencia política que ganó Irán en el 79 fue producto de la revolución, y no de la casta chií de los ayatolás, que gobierna en forma dictatorial y reprime salvajemente al pueblo iraní.

Esta casta representa los intereses de la burguesía iraní, y como tal, mantiene negociaciones con el imperialismo, cediendo incluso en ciertos aspectos, como cuando aceptó la intervención (“supervisión”) de su programa nuclear. Y al mismo tiempo, reprime a tiros las movilizaciones que exigen libertades dentro del país. 

De ahí que cualquier análisis y posicionamiento sobre la guerra, no pueda basarse en idealizar al régimen dictatorial, ni en atribuirle un supuesto antiimperialismo consecuente, sino en partir del hecho de que la guerra desatada es una agresión imperialista artera, con propósitos muy lejanos a la libertad del pueblo iraní, que será el único que podrá liberarse a sí mismo de la dictadura de los ayatolás.

Las derrotas en Irak y Afganistán

El otro elemento que debilitó el control imperialista fueron las derrotas en Irak y Afganistán. En ambos casos, la resistencia armada contra la ocupación les obligó a prolongar su presencia y, por lo tanto, los daños sufridos por las tropas de ocupación, lo que se traduce concretamente en soldados muertos, llevando la crisis al interior de la sociedad estadounidense.

Esto ha puesto un límite a las posibilidades reales del imperialismo yanqui de sostener acciones militares sobre otros países. No hablemos de bombardeos esporádicos, como los que Obama realizó sobre Líbano y luego en Siria. Sino de acciones con despliegue de tropas terrestres para tomar control directamente de los territorios de los países agredidos.

Y ese es el límite, hasta ahora infranqueable, para una acción de esa magnitud y características sobre Irán.

Por otro lado, la situación de los regímenes construidos en forma ficticia por los yankees, tanto en Irak como en Afganistán, de permanente crisis, pone en evidencia desde el plano político el fracaso de esas guerras. En Afganistán, finalmente, se ha llegado al absurdo de que Estados Unidos tenga que reconocer que el poder volvió a manos de los mismos talibanes a los que en 2001 declararon la guerra.

La lucha del pueblo árabe

En el contexto descrito, de control del imperialismo estadounidense en la región gracias a la colaboración sumisa de los gobiernos de los países árabes, dos procesos adicionales agregan inestabilidad a dicho proyecto.

De un lado, el estallido, hacia 2011, acicateada por la crisis económica mundial y por el debilitamiento del control imperialista a raíz de las derrotas en Irak y Afganistán, de la llamada “Primavera Árabe”.

Ésta significó la caída de un conjunto de gobiernos dictatoriales, sumisos al imperialismo, a manos de las masas árabes. Los nuevos gobiernos que surgieron de este proceso de revoluciones, no son antiimperialistas. Sin embargo, son en un sentido más frágiles que los anteriores, y por tanto arriesgan en alguna medida el férreo control que el imperialismo yanqui requiere imponer en la región.

La resistencia palestina

De otro lado, con décedas de historia, la permanente y heroica resistencia del pueblo árabe-palestino, que es una herida abierta en el corazón del mundo árabe y también en el mundo musulmán. Lo que en contrapartida afecta directamente la estabilidad y existencia de su gendarme, el estado nazi-sionista de Israel.

Esta última, volvió a golpear fuerte el proyecto de control imperialista en la región, desde el inicio de la segunda Intifada, allá por el año 2000, que obligaría a la retirada unilateral de las tropas sionistas de la franja de Gaza en 2005. 

En 2006, se expresó en forma distorsionada cuando, por primera vez en la historia, la organización laica Al Fatah, del líder histórico de la resistencia palestina, Yasser Arafat, fue derrotada por Hamas en las elecciones. Victoria que no fue respetada por Al Fatah, responsable de haber entregado la lucha del pueblo palestino en los Acuerdos de Oslo.

Ese mismo año, Israel se retiraba derrotada de su incursión en el Líbano. Derrota infringida por las milicias chiíes de Hezbollah y reconocida por el propio gobierno sionista, que en 2008 concluyó en 2008, en un informe oficial, que la operación fue un fracaso y que se habían lazado a «una larga guerra, que terminó sin una clara victoria militar«. 

Este resultado fue un duro golpe para al enclave imperialista-sionista. No es necesaria una derrota aplastante para que la sociedad israelí, compuesta por colonos militarizados, criados bajo la lógica del sionismo, que combina la idea del “derecho divino” con la de un pueblo cercado por enemigos, entre en zozobra. Justamente por su carácter de enclave militar, su superioridad bélica conforma uno de los pilares de su existencia, y cada derrota, introduce elementos de crisis.

Por eso mismo la heroica acción de la resistencia palestina del 7 de octubre de 2023, era un golpe que no podían dejar pasar. Pero su ofensiva genocida sobre Gaza ha sido resistida nuevamente por el incansable pueblo palestino, lo que ha incorporado nuevos elementos de inestabilidad en la región.

En primer lugar, pues es evidente que a pesar del genocidio, el ente sionista no ha logrado acabar con Hamas. En segundo lugar, porque las masas árabes y musulmanas reavivan su odio por el ocupante sionista, y se movilizan por millones en solidaridad con el pueblo gazatí. Y por último, porque el genocidio ha desencadenado una ola de solidaridad mundial con la causa palestina que ha puesto al estado sionista de Israel en el momento de mayor repudio y aislamiento mundial. Situación que debilita aún más la estabilidad del control imperialista yanqui en la región.

Un golpe de timón

Este marco de inestabilidad en el control imperialista, debido a distintos episodios de la lucha de clases, es el factor clave para entender la necesidad de la ofensiva militar de Trump y Netanyahu en la región, así como los límites que muestra hasta este momento. 

Ambos, el imperialismo yanqui y el enclave sionista, hacen parte de un mismo proyecto de control regional al servicio del primero, en busca de salir de la crisis de dominación en la que ha entrado a partir de sus derrotar en irak y Afganistán, y del posterior estallido de la crisis económica mundial que prolonga su dinámica de fondo hasta la actualidad.

Es una nueva ofensiva contra los pueblos del mundo, pero que, como todo, se definirá en el terreno de la lucha de clases, y hasta el momento, el imperialismo tiene rostro de no poder ganarlo sin aumentar su propia crisis.

La guerra imperialista contra Irán y la situación mundial

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Por Federico Romero

Estamos ante una guerra imperialista contra Irán con expansión en la región, con amenazas múltiples y con enormes repercusiones para el mundo, sobre todo para las masas trabajadoras. Aunque la guerra no tiene visos de solución por el momento, ya muestra hechos contundentes y algunas tendencias que permiten entender lo que está ocurriendo y lo que implica para los revolucionarios.

Por qué se produce esta guerra

Lo primero que hay que preguntarnos es por qué se produce este ataque o esta nueva guerra imperialista. La versión más corta es que Israel, en su plan de construcción del Gran Israel, tiene como principal amenaza u obstáculo al Estado iraní, y que estaría arrastrando a EE. UU. para lograr su objetivo de acabar con él, buscando derrumbar al régimen y colocar uno servil en su reemplazo, o empujar al país a una guerra civil interna dadas las múltiples contradicciones que lo atraviesan. Si solo fuera así, estaríamos ante más de lo mismo: una conflictividad más provocada por el Estado sionista tras sus planes expansionistas. Lo cierto es que el imperialismo no se va a involucrar en una guerra de las dimensiones que estamos viendo y con todo lo que está implicando solo por apoyar a su socio israelí. Además, Israel actúa como un enclave militar y de acuerdo con los intereses de EE. UU., aun cuando su dinámica sea propia. ¿Cuáles son esos intereses centrales que se están poniendo en juego en esta guerra?

El primer hecho del cual debemos partir es la crisis actual del imperialismo y, como consecuencia de ella, la del mismo orden mundial surgido después de la caída de la ex URSS, y lo que intenta para salir de ella. El fenómeno que atraviesa los principales hechos que acontecen en la actualidad es el crack financiero del 2008, que inició una larga etapa de crisis capitalista global y que mostró el agotamiento del modelo de globalización liberal capitaneado por EE. UU. Lo que hay desde entonces es una lucha del imperialismo por salir de esa crisis, y al no producirse una salida que restablezca el equilibrio capitalista con un nuevo ciclo de expansión, no se hace más que recrearla con nuevas crisis, guerras, ataques recolonizadores y ataques a los trabajadores del mundo. En este contexto se ubica la guerra actual, como parte de un plan contrarrevolucionario imperialista para salir de su crisis orgánica.

La presente guerra es continuación y expansión de la guerra genocida contra el pueblo palestino. Hablamos de la región más rica en petróleo y gas controlada por EE. UU. y que es sostén de su sistema financiero basado en los petrodólares (todo el petróleo se comercializa únicamente con el dólar, lo que le da el respaldo que necesita como medio de cambio internacional). Por ello tampoco es casual que el socio más inmediato del imperialismo, Europa Occidental, se alinee con EE. UU. en esta guerra donde además es fuente principal de abastecimiento de petróleo y gas.

Al fenómeno económico señalado se suma el fenómeno político-social, que es la respuesta de los pueblos que defienden su independencia y soberanía (Ucrania, Palestina y ahora Irán), y del movimiento de masas a los ataques imperialistas y de sus socios, que agrava la inestabilidad en el mundo y que el imperialismo también busca controlar. Un fenómeno derivado de la caída del principal socio del imperialismo, el estalinismo, en los procesos que llevaron al derrumbe de la ex URSS, y que era su principal garante para mantener cierto statu quo global desde la postguerra. De aquí se deriva el carácter de la etapa de la lucha de clases en la que nos encontramos, de crisis, guerras, contrarrevoluciones y revoluciones.

En este contexto, ¿cómo aparece o se manifiesta la conflictividad con China y Rusia? Desde el punto de vista de algunos sectores, la crisis actual y las mismas guerras y todos los fenómenos mundiales de la lucha de clases se explicarían por la conflictividad EE. UU. vs. China-Rusia, que estarían en una disputa por el reparo del mundo. De aquí se deduce, viendo incluso la magnitud del actual conflicto, que estaríamos camino o al borde de la III Guerra Mundial, lo que no es cierto.

La crisis del orden mundial se expresa en un fenómeno contradictorio: mientras por un lado se produce un declive de la hegemonía de EE. UU., por el otro surge la emergencia de otras potencias y semipotencias. El más importante es el gigante chino, que crece y se expande desafiando el dominio estadounidense en varias áreas del mundo, en especial Latinoamérica, y junto con él emergen otros que se agrupan en los BRICS (Brasil, Rusia, India), cada cual con ambiciones propias que incluso abren guerras regionales, como la de Rusia contra Ucrania. Esto provoca cierta conflictividad y nadie lo discute, pero no del grado de una conflictividad global que inestabilice al mundo y que nos esté llevando a una III Guerra Mundial.

Por ejemplo, en el caso del ataque a Venezuela, donde EE. UU. realizó un gigantesco despliegue militar, secuestró a Maduro y puso de rodillas al régimen chavista, China y Rusia no hicieron nada y solo se limitaron a declaraciones diplomáticas, pese a sus compromisos y enormes intereses en dicho país (n especial de China con importantes inversiones en dicho país). En la guerra contra Irán sucede lo mismo: Rusia expresó su solidaridad con Irán y se dice que le suministra información satelital a Teherán, pero al mismo tiempo negocia con Trump para ayudar a resolver la crisis energética; y China, también con enormes intereses en la región especialmente su dependencia d gas y petróleo de la región, no ha pasado de una declaración diplomática que no se compara ni con la declaración del gobernante español Pedro Sánchez, que se pronunció claramente contra la guerra.

La conflictividad principal no son los roces de EE. UU. con China, Rusia y otros sectores, sino la lucha de clases, la que se produce del ataque directo del imperialismo sobre las naciones, los pueblos y trabajadores para salir de su crisis, y por la resistencia de ellos, en este caso de Irán, Palestina y los pueblos de Medio Oriente y de otras regiones que se le enfrentan.

La guerra profundiza la crisis imperialista y la polarización

La propia guerra es una muestra de la crisis del imperialismo. En Venezuela hubo un ataque planificado por meses, ordenado y exitoso para la cosecha de Trump. En Irán no existe nada de esto. No existe porque, como en la guerra de los 12 días de junio del año pasado que buscó eliminar las bases nucleares de Irán, esta vez se trataba –en palabras del propio Trump- de un ataque de pocos días dirigido a decapitar al régimen y propiciar su caída o capitulación; algo así como lo que hizo en Venezuela a un costo casi insignificante. Pero el plan fracasó. El régimen no solo no cayó sino que se afirmó, y el pueblo iraní no celebró el ataque imperialista sino cerró filas con su gobierno; y ahora ambos libran una guerra que se extiende mostrando un poderío militar capaz de hacerle frente al imperialismo, asestándole golpes estratégicos y golpeando a su propio socio israelí como jamás ocurrió. Así, EE. UU. y sus aliados han sido arrastrados a continuar y sostener una guerra que no estaba en sus planes, al precio de un alto costo y sin saber cuándo y a qué precio saldrán de ella sin mostrar una derrota abierta.

Si como plan se entienden determinadas metas y acciones unidas en torno a una estrategia a alcanzar, no existe tal plan imperialista. Lo que se ve es una reacción empírica. Esto no quiere decir que no actúe o que no haya una política imperialista: actúan, por ejemplo, contra la inmigración (Obama expulsó más inmigrantes que Trump), actúan contra Palestina y en apoyo a Israel (Biden, del Partido Demócrata, apoyó y financió el ataque sobre Gaza), etc.

El que ha hecho explícito un verdadero plan imperialista es el gobierno de Trump con su Estrategia de Defensa Nacional de los Estados Unidos, publicada en diciembre pasado. En este plan se señala con absoluta claridad su objetivo de volver a recuperar la hegemonía mundial de EE. UU., recuperando su dominio sobre los recursos energéticos (petróleo y gas), apuntar a controlar las tierras raras que son esenciales para el dominio de la tecnología IA, y dejar de encargarse de la «seguridad del mundo» para priorizar el fortalecimiento de su predominio económico y militar… En este marco, incluso, considera como objetivo prioritario restablecer su preeminencia sobre el hemisferio occidental, esto es América Latina, desplazando la presencia de China.

Este plan contexto explica las acciones que ha venido implementando la administración Trump, desde su política interior de ajuste fiscal y ataque a los migrantes con políticas represivas criminales, su alza generalizada de aranceles y su ataque a América Latina: ataque a Venezuela para apoderarse del petróleo, que es una de las reservas más importantes del mundo; ataque a Cuba con un bloqueo que fuerce la caída del régimen; la reciente reunión en Washington con 12 presidentes de América Latina bajo el lema «Escudo de las Américas», para alinear sus políticas en la región; incluso se explica la grosera intervención de EE. UU. en Perú en torno al megapuerto de Chancay, construido por los chinos, para cortar su plan de penetración comercial en el subcontinente.

En este marco, la política de Trump era poner fin a los conflictos y guerras regionales como el de Ucrania, para lo cual incluso pretendió que le entregaran el Premio Nobel de la Paz. Pero ahora Trump ha involucrado a EEE. UU. en una guerra de proporciones que implica un abandono de dicho plan. Esto ha generado crisis y rupturas al interior de sus partidarios (el grupo MAGA), compuesto principalmente por la oligarquía financiera de Silicon Valley y los grandes grupos financieros norteamericanos; una oligarquía involucrada en el escandalo Epstein.

Esta situación, de no querer más guerras y al mismo tiempo propiciar una de magnitud, solo se puede explicar por la crisis de dominación del imperialismo y su incapacidad para aplicar un plan algo coherente. Para ese fin colocaron a un ególatra en el poder y ahora son víctimas de esa egolatría que los arrastra por caminos casi desconocidos. En su prepotencia y autoconfianza absoluta, Trump desestimó no solo su plan sino todo lo que su sistema de inteligencia y su propia Fuerza Armada tenían definido: que no pueden embarcarse en una guerra contra Irán porque saben que este tiene importantes recursos militares, que EE. UU. no tiene suficiente armamento, etc. Subestimó al régimen iraní y a su pueblo pensando que con un solo ataque lo derrumbarían y lograrían empoderar a Israel en la región. Pero terminó abriendo una verdadera caja de pandora enfrascándose en una guerra de proporciones de la que ahora no sabe cómo salir al menor costo posible.

Todo el escenario mundial ha sido y es conmovido por estas políticas. Muchos gobernantes de peso ya hablan del fin de la “multilateralidad”, la globalización neoliberal y del sistema basado en reglas. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, en la reunión de Davos, dio este diagnóstico e hizo un llamado a crear otro orden basado en un acuerdo entre los países de mediano desarrollo, como contrapeso a la crisis actual. El imperialismo dominante, EE. UU., sigue siendo el mismo. Solo que en su crisis se salió del libreto de los consensos y acuerdos presionado por salir de ella y restablecer su dominio. Responde a su crisis creando más crisis.

La “sorpresiva” respuesta iraní

Debido a la larga crisis que atraviesa a Irán y de un descontento creciente con demandas democráticas de su población que salió a protestar por millones antes del actual ataque, EE. UU. pensó que era fácil bajarse al régimen. Irán sufre, además, un bloqueo imperialista desde hace 40 años, y es bombardeado de tanto en tanto por Israel y EE. UU., como lo hicieron en junio pasado, dejando «destruidas» sus bases nucleares. Así, con una violenta ola de ataques esperaban terminar de demoler al régimen. Para agarrarlo desprevenido incluso fingieron estar «negociando». Y, en efecto, con los primeros bombardeos, la plana mayor del régimen fue muerta, el líder supremo Alí Jamenei y gran parte de su familia también, y una escuela de niñas fue bombardeada para desencadenar terror y someter a la población. Como dijimos, el resultado fue exactamente opuesto al que buscaban: el régimen no se derrumbó sino que se recompuso y se puso al frente de la defensa nacional desde el primer día, y todo el pueblo se unió detrás del odiado régimen pidiendo contraatacar. Trump quiso replicar su éxito de Venezuela, pero en su lugar replicó una situación similar a Vietnam, donde el imperialismo creía que con su inmenso poder militar podía aplastar en algunas semanas a una pequeña guerrilla, pero ella se impuso, derrotó a EE. UU. y tomó el poder, basando su lucha en defensa de su soberanía nacional.

Una situación similar sucede ahora. Irán y su régimen no son como Venezuela y el chavismo. Irán es una cultura (Persia) con cerca de 3 mil años de historia, una de las que dieron origen a la civilización moderna, por lo que tiene un fuerte sentimiento de identidad nacional que los ataques han encendido. Es un extenso país con 90 millones de habitantes, ante el cual Israel con una pequeña franja y 8 millones de habitantes casi es nada. Y el régimen no es una simple dictadura donde se puede cortar la cabeza del líder y acabar con él: es un régimen teocrático estructurado y amalgamado por su creencia religiosa chií, la más radical y firme del islamismo. Jamenei tampoco era otro Maduro: frente a este dictador vulgar y típico, y Jamenei era su líder religioso querido y respetado dentro y fuera de Irán por la comunidad chií, que es el 20 % del mundo musulmán, y su asesinato es considerado un martirio, que en el islam es un acto que se venera y se responde con venganza. Por ello, la respuesta desatada por Irán es proporcional al grado del ataque criminal que ha sentido Así se inició y escaló la guerra actual.

Pero esto no explica todo. Puede que Irán no tuviera el armamento necesario para defenderse y es posible aun así no se hubiera rendido de inmediato. Pero resulta que tenía y tiene poder militar, un hecho que ahora asombra a muchos. EE. UU. lo sabía, pero subestimó al régimen más que a su armamento y capacidad militar. El régimen no solo ha soportado los brutales bombardeos sino que responde con eficacia militar y contundencia. Incluso muestra armamento superior al de sus atacantes.

Israel basó su poder militar en su poderoso sistema de defensa antiaérea llamado «Cúpula de Hierro» o Domo, impenetrable ante cualquier misil o dron que se lanzara contra él; como lo vimos en la lucha de Hamás, cuyos disparos casi no impactaban sobre territorio israelí y eran desactivados en el aire. Dicho Domo consiste en un sistema satelital de precisión que le permite identificar los misiles y drones sobre su espacio aéreo y disparar contra ellos misiles «desactivadores» que los hacen explotar en el aire. Como reaseguro, el sistema al mismo tiempo activa una alarma que hace que la gente pueda ir a protegerse debajo de búnkeres. Irán ha roto esta «Cúpula de Hierro» y sus misiles y drones hoy caen sobre blancos predeterminados, sus alarmas ni siquiera pueden activarse y ahora hay sensibles bajas en Israel y en las mismas bases militares norteamericanas.

Irán tiene decenas de miles (algunos dicen 150 000) entre drones y misiles de los más modernos, en gran parte fabricados por ellos mismos; incluso ha suministrado drones a Rusia para atacar Ucrania. Con una oleada de drones (cada uno evaluado en promedio en 20 000 dólares), Irán satura el espacio aéreo de Israel, que debe activar su sistema y lanzar misiles contra cada uno de los drones, misiles evaluados en 4 millones de dólares cada uno. Para peor, estos misiles no solo son costosos sino que ahora, por la proporción inesperada del ataque y su contundencia, se agotan y, al parecer, ya le quedan pocos; y fabricarlos lleva meses. Irán también posee drones marinos que no pueden ser rastreados ni desactivados, los que, transportados en lanchas resultan tan efectivos como un submarino. Posee lo que es su arma más poderosa: misiles supersónicos y de racimo, que son los primeros que rompieron la «Cúpula de Hierro».

De este modo, en el curso de la actual guerra Irán ha logrado:

– Que por primera vez lluevan bombas sobre las principales ciudades de Israel, poniendo fin a su mito de invulnerabilidad y causándole muertes y destrucciones.

– Ha replicado el bombardeo de su centro petrolífero (con inmenso daño ambiental y afectación a la población) con un bombardeo a la principal refinería de Israel.

– Ha bombardeado la principal base aérea israelí, de donde sale su flota aérea y los misiles que le atacan.

– Ha bombardeado al gigante portaaviones Abraham Lincoln, desde donde ataca EE. UU., infligiéndole daños y obligándolo a alejarse a más de mil kilómetros de la zona.

– Ha bombardeado y mantiene ataque permanente a las bases militares de EE. UU. en todo el Golfo, donde ha liquidado su principal base militar, destruido varios sistemas de radar que monitoreaban los ataques y causado un número indeterminado de bajas.

– Ha tomado control absoluto del estrecho de Ormuz, por donde circula el 20 % del petróleo mundial, obligando a un alza de los precios del petróleo y el gas y la caída de las bolsas del mundo, cuyo impacto crece con cada día que se extiende el conflicto.

Estos dos últimos logros militares colocan en posición ventajosa a Irán. De un lado, porque prácticamente ha alejado las bases de ataque de EE.UU., condicionando la neutralidad de sus principales socios del Golfo, de tal modo que, si deja usar su espacio aéreo o las bases que aún quedan, pueden sufrir nuevos ataques, como sus refinerías y yacimientos, que provocarían una mayor crisis energética. Y el control del estrecho de Ormuz, no solo es un bloqueo naval al transporte de petróleo, sino también es una muestra de poder militar ante EE.UU.

Al éxito de su respuesta militar Irán suma el hecho de que puede controlar y amenazar con agravar la crisis energética, golpeando en el corazón del negocio imperialista.

Esto no es todo. Irán también ataca a los que apoyan la ofensiva norteamericana: bombardeó una base en Chipre bajo control británico y realiza disparos de advertencia sobre Turquía, Azerbaiyán y otros países.

Y el teatro de operaciones se ha ampliado con el ingreso de sus aliados inmediatos. Hezbolá, desde el Líbano, realiza bombardeos simultáneos con Irán, y sus combatientes enfrentan a las tropas israelíes que han empezado la invasión terrestre. Los hutíes, en Yemen, atacan objetivos norteamericanos. El grupo chií en Irak voló la embajada de EE. UU. en dicho país. Los chiíes en Pakistán atacaron la embajada de EE. UU.

Empantanamiento y amenazas

Estamos entonces ante un empantanamiento del ataque militar imperialista-sionista en la región que ahora no sabe cómo salir del conflicto. El imperialismo parece haberse quedado sin política. Solo atina a correr hacia adelante lanzando más cargas explosivas en zonas urbanas, hospitales, colegios; sobre una planta desalinizadora para dejar sin agua a la población, y hasta a bombardear su mayor refinería y depósito de petróleo, originando un inmenso daño ambiental. En tanto, Israel ataca el Líbano con fuertes bombardeos y fuerza al desplazamiento de más de medio millón de habitantes creando una grave crisis humanitaria.

A Trump, no le queda más que fingir para calmar los mercados diciendo que todo va bien y que han avanzado mucho en su plan, mientras amenaza con mayores ataques y hace promesas que no podrá cumplir, como que recuperará el control del estrecho de Ormuz. Irán, en cambio, hace lo que dice y obtiene resultados, lo que hace prever que mantendrá su defensa, sus ataques y mantendrá jaqueado a los países del Golfo y a los que colaboran con el ataque de EE. UU., y mantendrá su bloqueo del estrecho de Ormuz. Por su parte, en el Líbano, Hezbolá está mostrando una fuerza inesperada en su enfrentamiento con las tropas sionistas.

Trump sigue hablando de una guerra corta y de que los iraníes están desesperados por negociar. Y las autoridades iraníes responden diciendo que no hay ni habrá negociación hasta que ellos lo digan.

Es decir, en gran medida Irán está poniendo la pauta de la guerra. Y la misma prensa norteamericana que subvaloró el genocidio en Gaza y ahora subvalora los ataques brutales sobre la población civil en Irán y el Líbano, no puede ocultar ni disimular los aprietos del imperio en esta guerra.

La estrategia de EE. UU. e Israel, de demoler de manera violenta a Irán, viene perdiendo terreno frente a la de Irán, cuya estrategia es resistir y alargar la guerra apostando a desgastar al imperio y a sus aliados, en los frentes económico, político y militar. En pocos días de guerra, los costos para Irán son impresionantes: los bombardeos criminales sobre la población civil ya causaron más de 1000 muertos y no se sabe si hay muchos más; la infraestructura del país está siendo demolida, y va a haber más. Pero, como se ha visto, por el lado de EE. UU., Israel y sus aliados, la situación no es nada mejor, y adicionalmente sufren sus economías y se aíslan políticamente en el mundo.

Pero también la guerra entraña amenazas. Una es la devastación de los pueblos atacados, una extensión del genocidio de Gaza. La otra es la guerra nuclear. Aunque los principales actores están buscando que no se agrave más y que desescale, el hecho es que Israel tiene bombas nucleares y a la cúpula gobernante sionista no le temblará la mano para lanzar algunas de ellas sobre Irán en el momento en que se vea acorralado. Es una amenaza real que, de producirse traerá otras implicancias. Y es una amenaza que también hacen crecer las presiones para la desescalada.

Los impactos en el mundo y en la lucha de clases

El golpe a EE.UU. con el bloqueo del estrecho de Ormuz y la parálisis de los Estados del Golfo, han permitido cortar en seco el suministro del 20% del gas y petróleo del mundo, ocasionando el alza de sus precios, la caída de las bolsas y la desinversión en toda la región. En la medida en que la guerra se prolongue estos impactos pueden llevar hasta una depresión con inflación generalizada golpeando el corazón de Wall Street y la City, ocasionando más impacto en las economías de los países pobres y dependientes. Entre ellos Perú que importa petróleo y sus derivados.

El fracaso del plan de Trump y el alargamiento de la guerra, junto a los altos costos que debe pagar el imperialismo, agravan su crisis interna. En EE. UU., un gran sector de la burguesía no apoya la guerra porque conoce la realidad descrita y el alto costo que tendrá que pagar. Los propios aliados que llevaron al poder a Trump le quitan su apoyo por el mismo motivo. El 80 % de la población de EE. UU. no apoya la guerra y ese porcentaje será mayor tanto como empiece a sentirse las alzas y la caída del empleo, y crecerán las movilizaciones que ya están en curso. Así, aun como están las cosas, Trump ya perdió. Y es muy probable que pierda las elecciones de noviembre y que una mayoría opositora en ambas cámaras lo pueda destituir. Todo se encamina a una mayor profundización de la crisis imperialista.

En el panorama de los aliados de EE.UU. sucede lo mismo. Las monarquías del Golfo, aliadas de EE. UU., han visto esfumarse el manto de protección que les aseguraba EE. UU., junto con parte de sus inmensas riquezas, y ahora presionan por una desescalada del conflicto, e incluso Omán ya se pronunció claramente contra la guerra.

De otra parte, sus aliados de Europa sufren una crisis energética grave porque, desde que se inició la guerra de Rusia contra Ucrania, depende del gas que viene de Medio Oriente. En su desesperación, Gran Bretaña, Alemania y Francia quieren involucrarse para acabar pronto la guerra, pero no pueden hacerlo de manera directa. Ahora Trump habla del levantamiento de las sanciones a Rusia para que vuelva a vender su petróleo y gas, lo que es una invitación a Europa a abandonar a Ucrania que, sin ayuda, se convertirá en presa fácil de Putin, quien ya empezó a contraatacar para mejorar sus posiciones.

Putin, que ya estaba en apuros por la larga guerra de resistencia ucraniana, mejoró su posición ahora porque mantiene estrechas relaciones con el régimen iraní a quien se dice apoya en esta guerra, pero para él lo más importante es ganar su propia guerra y eso es lo que actualmente negocia con Trump.

Por su parte, China y el sudeste asiático también son castigados porque dependen del petróleo y gas del Golfo, pero no se involucran, en especial China (que mantiene una pose diplomática), pero también son un actor de peso que presiona para la no agravación del conflicto y su pronta solución.

Por ahora no hay visos de desescalada ni de fin de la guerra. Lo único que parece cierto por ahora es que Irán resistirá y le seguirá infligiendo daños considerables a Israel, EE. UU. y sus aliados y que seguirá ganando apoyo en el mundo, y que más pronto que tarde EE. UU. se verá obligada a detener la guerra.

Después de la guerra, los cambios que se producirán en las relaciones entre Estados y entre las clases dependerán de cuánto más se profundice la conflictividad. Esto implica que las bases militares de EE. UU. en la región pueden debilitarse o incluso desaparecer definitivamente, y con ellas podría afectar o hasta quebrarse el petrodólar, que ahondaría la crisis financiera de EE. UU. Los países del Golfo, por otra parte, o cada uno por su lado, tendrán que reevaluar sus relaciones con Irán y su posición ante el tema palestino para tener un grado de seguridad. Los grupos armados de Hamás y Hezbolá podría recuperar protagonismo y el mismo pueblo palestino para su causa liberadora. Es posible también que se debilite el respaldo de EE.UU. a Israel, que además de reconstruirse estará más aislado que nunca en la misma región.

Desde el punto de vista del movimiento de masas y de los pueblos el problema es que se les hará pagar el costo de la guerra y, después de ella, el costo de la recuperación imperialista. Eso ya empezó con el alza de los combustibles y el gas y de los derivados del petróleo (fertilizantes y otros) en todas partes. Si la guerra se prolonga y causa un mayor retroceso económico global, pronto vendrán los ajustes presupuestarios, los cierres de empresas y nuevos ataques a los derechos laborales, los que será literalmente echar más combustible sobre las protestas que ya recorren el mundo, y en los propios EE.UU. Todo esto, junto al impulso que traería sobre el movimiento de masas, especialmente de la región, una retirada del imperialismo.

En este contexto, es previsible el desarrollo de una nueva ola de luchas y movilizaciones en diversas partes, en especial en los mismos EE. UU. A América Latina nunca le fue bien bajo la férula del imperialismo norteamericano, pero ahora puede ser peor. Hay un plan de recolonización en marcha que busca tomar el control de nuestros recursos en favor de las multinacionales yanquis, con mayor presencia militar (con el pretexto de los cárteles de la droga), para lo cual EE. UU. busca gobiernos serviles, como los que acaban de reunirse en Washington. Este plan se debe acelerar ahora después de la guerra, y alimentará nuevas luchas y levantamientos.

Lo anterior confirma la tesis de que no hay ni habrá un nuevo reparto del mundo y una nueva hegemonía imperial sin guerra. EE. UU. muestra que está dispuesto a pelear hasta el final por defender su hegemonía, y después de este grave traspié no hará otra cosa que lamer sus heridas, recuperarse y volver a embestir. En Venezuela, además del petróleo, se trataba de desplazar a China como principal socio de dicho país. En Medio Oriente, el resultado de la guerra va a fortalecer a los rivales de EE. UU.: China y Rusia. En el caso de Ucrania, como resultado indirecto de la guerra actual, puede salir ganador Putin. No hay duda de que la actual carrera armamentista se acelerará, con EE. UU. al frente, fortaleciendo las posiciones disuasorias de cada uno y preparándose para nuevas conflagraciones locales.

En conclusión: la declinación de EE. UU. se profundizará junto a la de sus aliados, y en el otro polo pueden salir mejor parados China, Rusia e incluso Irán, con un nuevo papel para equilibrar la estabilidad de la región; con un telón de fondo de nuevos ataques a los trabajadores y naciones oprimidas y aumento de las respuestas. Se profundizará la característica general de la etapa: polarización entre revolución y contrarrevolución y la lucha de clases.

La lucha contra el imperialismo en el centro de nuestras tareas

Nunca como ahora vuelve a colocarse en Latinoamérica la lucha contra el imperialismo yanqui en primer plano. Si en el siglo XX surgieron corrientes nacionalistas burguesas y pequeño burguesas revolucionarias, ahora podemos experimentar al menos la lucha antiimperialista del movimiento de masas, donde los marxistas revolucionarios tenemos la mayor oportunidad para construir la alternativa de dirección.

Esta lucha significa que pongamos en el primer plano de nuestras tareas, primero, estudiar los nuevos fenómenos y cambios que se vienen produciendo para armarnos, y, en segundo lugar, colocarnos a la cabeza de la lucha antiimperialista a partir de las tareas que van a ir surgiendo: el ataque contra Venezuela, el ataque a Cuba y ahora la guerra contra Irán, en el plano de la propaganda, la agitación y la organización. En el caso de la guerra, nos posicionamos sin duda alguna al lado de Irán, en su campo militar y por su triunfo, y contra el imperialismo, su agente sionista y sus aliados y por la derrota militar de ellos. Esto, sin prestar el mínimo apoyo político al régimen iraní, y con la seguridad de que una derrota del imperialismo fortalecerá a la clase trabajadora iraní en su lucha por liberarse del régimen, a los procesos revolucionarios que vive todo Medio Oriente, entre ellos la causa palestina, la lucha obrera en los países imperialistas como EE. UU., y a la clase trabajadora latinoamericana.

¡Abajo el bloqueo imperialista contra Cuba!

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Por Federico Romero

Después de su exitoso ataque a Venezuela coronado con la completa subordinación del gobierno chavista de Delcy Rodríguez, ahora Trump dirige sus baterías sobre Cuba.

Al parecer, el ataque a Venezuela habría tenido como objetivo final a Cuba. Maduro, antes de su captura, ya había manifestado su disposición a entregarle el petróleo a Trump, por ello no habría sido el objetivo principal del ataque. Con este acto, además de cortarle a Cuba una fuente de suministro de petróleo, Trump habría tratado de exhibir su poderío y su capacidad de domesticar al régimen, que es lo que también buscaría en la Isla.

Trump inició su embestida contra la Isla al día siguiente de su ataque a Venezuela, declarando: “Cuba constituye una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EE. UU., y por la presente declaro una emergencia nacional con respecto a esa amenaza”.

Y ordenó bloquear el abasto de petróleo a Cuba bajo amenaza de aplicar nuevos aranceles a los países que lo hagan. El único país que venía suministrando petróleo a Cuba era México, y ante la amenaza de Trump suspendió de inmediato sus envíos.

El petróleo es la principal fuente de energía de Cuba y para abastecerse depende de su importación. Su industria petrolera es vetusta y no cubre ni 40% de sus necesidades. Sin petróleo, no prenden las turbinas de energía eléctrica, se producen apagones y las ciudades permanecen a oscuras.

La situación empeora porque el gobierno, en el marco de su política capitalista, priorizó el turismo sobre el resto de su economía, como la agricultura que se encuentra abandonada, y la industria azucarera que también está casi en ruinas. Y ahora sin luz cae el turismo. De 4,8 millones de turistas que captó en 2018 cayó a 1,8 millones en 2025. Y este año es peor.

Sin luz también se restringen las escuelas, la salud, los servicios del Estado. La jornada laboral se ha tenido que reducir a cuatro días por falta de luz.

El bloqueo impuesto por Trump ahoga al pueblo cubano. Se calcula que las reservas se acaban en marzo y desde entonces la situación se volverá más difícil.

El régimen cubano y su salida

Esta política imperialista no es una novedad. EE.UU. mantiene bloqueada a Cuba desde el triunfo de la revolución en 1959, de tal manera que, incluso desde que se inició la restauración capitalista en la Isla no hay comercio ni negocios yanquis en la Isla, sino sólo europeos. Del imperialismo, y de su rostro más feo con Trump no esperamos otra cosa, el problema es la política del régimen cubano.

Siguiendo el modelo chino, el régimen dictatorial restauró las leyes del mercado capitalista en Cuba, y con ella se perdieron derechos sociales básicos volviendo a reinar en la Isla la desocupación, la pobreza y los peores lastres del capitalismo. 

De la revolución solo quedan los nombres, símbolos y discursos de los que el régimen se sirve para perpetuarse en el poder; es decir quedó una simple y brutal régimen dictatorial odiado para las mayorías.

Cuando aparecieron las respuestas con la rebelión popular que estalló el 11 de julio de 2021, esta fue aplacada con cruenta represión. Y, como en Venezuela, cientos fueron encarcelados y otros cientos de miles de jóvenes emigraron. Por eso hoy que cunde la desesperación en el pueblo cubano, no se ve disposición de enfrentar al régimen y una mayoría abriga esperanzas en un acuerdo con el Imperialismo.

El régimen es tan descompuesto que vive en una burbuja, por supuesto, sin que le falte nada. El presidente Diaz-Canel dijo sobre los apagones: “…es una percepción… Cuba ha mejorado en lo referente a la crisis energética”.  Seguido de él, otra vocera dijo lo siguiente: “Martí no conoció la electricidad y desarrollo una magistral obra literaria”.

¿Qué salida busca el régimen? Por supuesto, no es “defender la revolución” ni el país, pues no llaman a ninguna movilización ni hacen un llamado a los pueblos latinoamericanos que han sido solidarios con la Isla por décadas. Su política es negociar con EE.UU. El propio régimen ha reconocido que negocian con Trump, y éste ha anunciado que se vienen “buenas noticias”. Después de lo sucedido en Venezuela, cualquiera puede saber en qué consisten estas “negociaciones”.

Urge la solidaridad continental con Cuba

Ante esto las organizaciones de izquierda y de los trabajadores estamos en el deber de organizar la solidaridad inmediata con Cuba y en rechazo al bloqueo imperialista de Trump. 

Al mismo tiempo que marchamos contra el ataque imperialista reclamando soberanía e independencia para Cuba, expresaremos nuestro rechazo al régimen dictatorial y reclamamos libertad de los presos políticos y plenas libertades para el pueblo cubano.

Crisis de abastecimiento de gas desvela fracaso neoliberal

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Por Víctor Montes

Cuando el pasado 1 de marzo, se reportó una fuga y posterior deflagración en la estación “Megantoni”, del único ducto que transporta el gas que se extrae en Camisea, no era complicado anticipar la crisis que se vendría.

No solo por la ineptitud del gobierno Balcázar, recientemente elegido en reemplazo de Jerí, que tardó tres días en declarar en emergencia el abastecimiento de gas. Sino fundamentalmente por la lógica del modelo económico neoliberal, impuesto por la dictadura de Fujimori y perpetuado por todos los gobiernos tras el “retorno a la democracia”, de Toledo a Balcázar. Lógica que entrega nuestros recursos naturales a las transnacionales privadas para que hagan grandes negocios, mientras tanto, después de 21 años de iniciada la explotación del gas en Camisea, solo existe un ducto para el transporte del gas.

El impacto de la crisis

La crisis de abastecimiento ha puesto en riesgo la producción eléctrica del país. El 50% de la misma se encuentra a cargo de plantas termoeléctricas abastecidas desde Camisea.

Otro tanto ha sucedido con la industria. Promocionada como energía barata y accesible, buena parte de la gran industria está conectada a Camisea. Se estima que por lo menos un millar de centros fabriles se han visto privados de su fuente de energía.

También se ha afectado la producción de gas licuado de petróleo (GLP), paralizada desde el inicio del racionamiento, que se produce en la planta de Pisco a partir del fraccionamiento de los líquidos del gas natural. Dicha planta es responsable del 80% del GLP nacional, aproximadamente, incluyendo el uso doméstico y vehicular, con su consecuente encarecimiento en el mercado.

Por último, miles de taxistas, y particulares que abastecen sus automóviles con gas natural vehicular (GNV) y GLP. 

Y como no hay alternativa para el abastecimiento, muchos de los sectores afectados han tenido que recurrir al diesel y a la gasolina, elevando sus precios, justo cuando los precios internacionales han estado al alza debido a la guerra desatada por el imperialismo estadounidense y el estado sionista de Israel contra Irán.

El cinismo del gobierno… y del modelo

Pero nada de esto resulta “escandaloso” para el gobierno y, sobre todo, para el modelo económico. Como dijo el ministro de energía y minas, Angelo Alfaro, con el cinismo que acostumbran destilar estos funcionarios agentes de las transnacionales y el capital:

“…No queda más que, como dicen, ajustarse el cinturón y seguir para adelante…”

Para ellos está claro que las empresas nunca pierden. Basta decir que la empresa responsable del gas, Transportadora de Gas del Perú, vio crecer sus utilidades en más de 140%, entre 2015 y 2024, pasando de 108 millones a 269 millones de dólares. Acumuló así más de 2.224 millones de dólares en ganancias. Esto no impidió que no construyera el ducto de redundancia que tenía un costo aproximado de USD 600 millones, y que hubiera mantenido el suministro de gas estable. Todo de acuerdo a una investigación del portal Ojo Público.

Lo mismo sucederá en las fábricas, donde ante la paralización de la industria se ha enviado a la clase obrera de vacaciones adelantadas. Medida que será pretexto para que la patronal se niegue a resolver los pliegos de reclamo, al tiempo que intentará imponer cambios en los horarios e incrementará los ciclos de las máquinas para “recuperar” la producción perdida, aumentando la explotación.

Y en cambio el pueblo pobre, debe “ajustarse el cinturón” y pagar el costo de la crisis de abastecimiento, que se sentirá en los precios del balón de gas, los pasajes y la electricidad, encarecidos por el racionamiento.

El responsable es el saqueo capitalista

Por eso afirmamos que la crisis desatada muestra ante todo el fracaso del modelo económico neoliberal, que entrega nuestra economía y recursos al dominio transnacional. 

Un modelo que ha vendido la ilusión de un país que crece. Un país que se enorgullece de su “moneda fuerte” y que camina en “piloto automático”, pero que mira a otro lado cuando las crisis lo ponen frente al espejo y evidencia la pobreza,  desigualdad y precariedad que reina en el país.

El único ducto por el que sale el gas de Camisea es la prueba palpable de la indolencia del capital, el cual ha descartado hasta ahora la construcción de nuevos ductos, por falta de “mercado” para la venta del gas. 

Del mismo modo que durante 1845 a 1968, los ferrocarriles unían los centros mineros con los puertos solo para extraer sus productos y obtener ganancias sin preocuparse por conectar al conjunto del país, hoy el gasoducto administrado por Transportadora de gas de Perú (TgP), conglomerado transnacional dominado por Pluspetrol, solo garantiza la conexión con aquellos lugares que le ofrecen ganancias.

Así se llega al absurdo de que, mientras Lima tiene la posibilidad de usar gas en los hogares, en la región en donde se produce, Cusco, recién se ha iniciado la conexión domiciliaria este 2026, 21 años después del inicio de las operaciones de extracción de gas en Camisea. Y en regiones aledañas, como Puno, se piensa iniciar la conexión a finales de año, razón por la cual el mercado del gas barato (GLP), es cubierto por el contrabando proveniente desde Bolivia.

No debe sorprender que bajo esa lógica, el llamado “gasoducto sur”, que hoy habría sido una alternativa ante la deflagración, haya sido rechazado, en primer lugar, y luego tomado por la constructora brasileña Odebrecht, durante el gobierno de Ollanta Humala, bajo la sombra de la corrupción, solo para quedar paralizado.

Y al mismo tiempo que la crisis pone en evidencia el fracaso del “libre mercado” para satisfacer las necesidades básicas de la población, Petroperú, ya semiprivatizada desde que cotiza en bolsa, se encuentra al borde de ser deshuesada y entregada plenamente a ese mismo indolente e incompetente capital privado.

De ahí que, contrario a lo que divulga la propaganda neoliberal, el capitalismo descarnado bajo dicho modelo condena a la postración a enormes partes del territorio nacional, privado del disfrute de sus recursos naturales y del desarrollo que ni siquiera “gotea”.

Necesitamos organizar la lucha por la recuperación de nuestros recursos

Por todo lo dicho, debería estar claro que la única salida estratégica para resolver este problema es la recuperación del gas de Camisea. Esto es, su nacionalización para poner las ganancias de su explotación al servicio del desarrollo nacional y fundamentalmente para garantizar el abastecimiento de energía barata y menos contaminante para el pueblo pobre, comenzando por los pueblos del Cusco y el sur del país.

Y la estatización del gas debe realizarse sin pagar ninguna indemnización a las empresas que lo han explotado todo este tiempo, pues ya se han llenado los bolsillos y pagado con creces la tan mentada inversión, gracias a las ganancias obtenidas en 21 años vendiendo el gas y sus derivados.

Y para lograrlo es necesario iniciar una gran lucha nacional que exija la nacionalización de nuestros recursos naturales, tal como plantearon los pueblos del Sur durante el levantamiento entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.

Ese fue el camino del hermano pueblo boliviano, que tras echar a dos presidentes (Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Meza), impuso al primer gobierno de Evo Morales, en 2006, la obligación de nacionalizar el gas de dicho país, obteniendo importantes recursos.

Y el momento es hoy, que ha quedado desnuda la farsa neoliberal. Es preciso discutir en cada fábrica, mina, universidad y barrio, la necesidad de generar una gran movilización por la recuperación del gas, el petróleo y las minas, y apuntar a una medida de carácter nacional para imponer así su recuperación a iniciar la conexión de todo el país.

La trampa electoral

Las principales direcciones del movimiento de masas, son las que deberían tomar la batuta en esta pelea. Sin embargo, como cada vez que hay elecciones, han metido la cabeza en la urnas y renuncian a encabezar acciones combativas por la solución inmediata a las demandas obreras y populares. 

Peor aún, nos piden que posterguemos nuestras luchas para votar por ellos, ofreciendo solucionar nuestras vidas, de llegar al gobierno o al Congreso. Pero nada de eso es cierto.

La historia reciente (Odebrecht) ha demostrado también que quien pone la plata, es quien cobra los favores a los que llegan al gobierno. Y en el caso de las elecciones actuales, ni siquiera los candidatos “de izquierda” se han pronunciado demandando la recuperación/nacionalización del gas.

Romper con el modelo y conquistar la soberanía nacional

Por eso resulta clave poner rumbo a la lucha directa, levantar las banderas que el Sur puso en la agenda, desde la recuperación de los recursos hasta la constituyente, y con esto romper con el dominio económico de las transnacionales imperialistas sobre el país. Y junto con esto, hay que luchar contra la privatización final de Petroperú, quien deberá hacerse cargo de la exploración, explotación y distribución del petróleo y el gas, bajo control de sus trabajadores y las comunidades afectadas.

Esto es, conquistar nuestra soberanía respecto de los mandatos y el control económico de las empresas transnacionales imperialistas, que han dominado la escena nacional desde el nacimiento del país como república independiente.

Es una tarea inconclusa, que desde la dictadura fujimorista se hizo más urgente, ante la entrega alevosa del país a los apetitos empresariales transnacionales.

Solo será el pueblo pobre, con su acción de lucha, y con una dirección obrera al frente, el que podrá llevar a la victoria esta pelea urgente, para que no hayan nuevas crisis de abastecimiento y rompamos la condena de pobreza y exclusión que el capitalismo neoliberal ha cernido sobre el país.

¿Habrá salida al problema de la criminalidad en las próximas elecciones?

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Por Víctor Montes

Cuando Amílcar Marcano, chofer de “El Rápido”, cayó abatido por los disparos de un sicario mientras manejaba su unidad por San Martín de Porres, el pasado 14 de febrero, Lima y Callao se encontraba en el día 115 del “estado de emergencia” declarado por el entonces presidente José Jerí.

Un estado de emergencia que, a todas luces, hacía tiempo había fracasado frente al crimen organizado, como evidencian las cifras.

De acuerdo al Sistema Nacional de Información sobre defunciones (Sinadef), desde el inicio del estado de emergencia, el 22 de noviembre, hasta el 3 de febrero pasado, es decir, pasados 104 días, se habían producido 244 asesinatos en Lima y Callao, a un ritmo de casi 6 homicidios por día.

Para tener elementos de contraste, durante los 3 meses anteriores a la declaratoria del estado de emergencia, el mismo Sinadef había registrado 250 asesinatos en la ciudad. Apenas 6 asesinatos por debajo.

Y si miramos el país, las cifras no son mejores. En todo el Perú se han registrado 188 asesinatos en los primeros 40 días del 2026. Casi 5 diarios.

Por eso no sorprende que la seguridad ciudadana sea el segundo mayor problema del país de acuerdo a la mirada de la población. Solo por debajo de la corrupción.

¿A qué se debe la incapacidad que muestra el estado para acabar con la ola criminal? ¿Es acaso, como pintan varios candidatos, la mano dura la salida ante este problema? ¿Qué nos enseñan los constantes paros realizados por los trabajadores y trabajadoras de transporte para hacer frente a este flagelo? Y por último ¿Los trabajadores y el pueblo tenemos la posibilidad de dar una salida desde nuestro terreno distinta a la de los patrones para terminar con la criminalidad?

Esa es la respuesta de estas preguntas que dedicaremos este artículo buscando expresar una postura de clase frente al problema del crimen organizado y el sicariato.

Corrupción y criminalidad

Algunas razones de este fracaso son conocidas. La más evidente y odiada es la corrupción del Estado. Sobre todo, la de las Fuerzas Armadas y policiales.

La corrupción es inseparable del sistema capitalista, donde todo se compra y se vende, incluido el poder. Y si hay grandes negocios (ilegales) dispuestos a pagar por el silencio, la ceguera, la inacción de las autoridades, cuando no para que actúen directamente bajo su mando, con mayor razón.

Por eso, no resulta extraño enterarse de la detención de policías que hacen parte de las bandas de extorsionadores, encargados de anticipar a sus cabecillas los operativos de detención que se realizan en su contra para posibilitar su escape, cuando no terminan siendo seguridad privada de mineros ilegales y de narcotraficantes.

Por ejemplo, en octubre pasado dos policías fueron detenidos como parte de la banda criminal “Los letales del Norte”, y en noviembre, 20 efectivos policiales fueron detenidos en Tarapoto por integrar la organización criminal “Los piratas”, dedicada a la extorsión, el narcotráfico y el sicariato.

En un país saqueado al extremo por las grandes empresas imperialistas, la policía que resguarda las leyes de la patronal, y complementa sus sueldos trabajando en forma privada en la seguridad de las mineras y grandes empresas cuando hay huelgas, encuentra un medio para incrementar sus ingresos, poniéndose al servicio de la patronal lumpen que dirige el crimen organizado.

Pero las bandas no solo cuentan con el servicio pagado de la policía y los jefes militares. Necesita controlar poder. Por eso, así como compra comisarios, capitanes, coroneles y generales, compra puestos en el Congreso, el sistema de justicia y en el ejecutivo.

Probablemente el caso más conocido es el de Eduardo Salhuana, de Alianza Por el Progreso (APP). El ex presidente del Congreso (2023-2024) es conocido por sus nexos con la minería ilegal, y por impulsar leyes que favorecen a dicho sector.

La presencia de congresistas como Salhuana, que se rodean de asesores ligados a la economía ilegal, es la que llevó a que se aprueben leyes que debilitaron el tibio accionar del estado contra las organizaciones criminales. Conocidas como leyes “pro-crimen”, su derogatoria se ha convertido en una de las banderas más importantes de las acciones de lucha encabezadas por trabajadores del transporte.

Crecimiento económico y economía ilegal: torres gemelas

Sin embargo, hay más razones que explican la extensión y fuerza que ha adquirido el crimen organizado.

No es casual que el incremento del mismo se produzca en paralelo a una subida histórica y hasta ahora sostenida de los precios del oro, lo que ha llevado a que la minería ilegal se convierta en la principal actividad ilícita en el país, superando con creces al narcotráfico.

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros, estima que entre 2015 y 2025, la minería ilegal lavó US$ 22800 millones. Para tener una idea de su importancia, la inversión total de la puesta en funcionamiento de Conga, mina de oro rechazada por el pueblo de Cajamarca, ascendía a US$ 5000 millones.

Finalmente, hay que decir que, según declaraciones oficiales, hacia finales del 2025, la minería ilegal ha sextuplicado los ingresos del narcotráfico en el país, desplazándolo como principal actividad ilegal.

Y si bien la extorsión no llega a los mismos niveles, sus montos no son una bagatela: al 2025 se estimó que la extorsión en sus distintas modalidades movió aproximadamente S/. 4000 millones.

Como es evidente, las organizaciones criminales son grandes empresas capitalistas, con sus gerentes y administradores, que mueven miles de millones. Y por tanto, sus cabezas hacen parte de la clase capitalista del país.

Son un sector que aprovecha la bonanza de los precios internacionales y el retroceso del Estado propiciado por el modelo económico neoliberal, para desarrollar sus empresas al margen de la ley.

Modelo que, adicionalmente, proporciona constantes y crecientes causes de personas en condiciones de pobreza, que no encuentran lugar en el mercado de trabajo, y que fácilmente son convertidas en carne de cañón de sus negocios, ya sea como pequeños traficantes o soldados de sus ejércitos particulares.

En conclusión, el negocio del crimen organizado brota por los poros de la economía nacional, saqueada por parte de las grandes empresas imperialistas, aprovechando cada espacio que el modelo económico y el estado neoliberal le proporciona a sus negocios.

La actitud de los patrones legales

Esta realidad es hasta cierto punto aceptada por la gran patronal. Sin mercado ‘paralelo’, informal o ilegal, enormes sectores de la población no tendrían cómo sostenerse económicamente. Esto incluye una porción que se dedica al crimen.

Sin embargo, sí existen ciertos límites que la patronal ve con preocupación. Por ejemplo, la gran patronal minera no puede permitir la “competencia desleal” que las bandas de mineros ilegales de oro le hacen, justo cuando la onza de oro se encuentra en los precios más altos de su historia.

Se sabe hoy que prácticamente la mitad del oro que se exporta desde el Perú en la actualidad, proviene de la minería ilegal. Dicho de otro modo, la patronal minera está perdiendo la mitad de los ingresos que tendría si explotara directamente los yacimientos andinos y bosques amazónicos en los que trabaja la minería ilegal.

Otro límite es el control político del país. Es decir, la imposición de su orden, leyes e intereses sobre la totalidad del territorio nacional. Con ese control compiten las bandas cuando violentamente se reparten el territorio, creando ejércitos particulares capaces de actuar e imponer su propia ley sobre la población.

Ese control, además de expropiar a la gran patronal parte de su poder, amenaza con acrecentar el malestar social, y con esto, genera el caldo de cultivo para un estallido imprevisible.

Sin embargo, aunque la gran patronal tiene conciencia sobre esto, se enfrenta a los límites que ella misma creó con la imposición del modelo neoliberal: 36 años de neoliberalismo ha construido un Estado precario, y como ya vimos, altamente corrupto… de ahí su incapacidad para enfrentar a la criminalidad organizada.

Entonces… ¿Mano dura?

La idea de que ante esta situación lo único que hace falta es poner mano dura parece demostrarse sola.

Más aún cuando se nos muestran modelos autoritarios como el del dictador Bukele en El Salvador, supuestamente exitosos en el tratamiento de las bandas criminales.

El pueblo trabajador y pobre pide mano dura, porque si tuviera en sus manos la posibilidad de enfrentar directamente al crimen organizado, impondría su orden sin dudarlo, y haría uso de las armas que fueran necesarias para reprimir y acabar con la acción de las bandas criminales.

Sin embargo, cuando se le entrega ese poder a un partido o a un representante de la burguesía, la historia demuestra una y otra vez que solo se consigue que esa mano dura se vuelva un arma de los patrones contra las organizaciones del movimiento obrero y popular, y contra su movilización.

Es lo que ha aprobado la experiencia reciente del estado de emergencia bajo el gobierno de Jerí: fracaso frente al crimen, pero efectivo para reprimir la lucha obrera y popular. Cabe recordar que entre 2002 y 2021, ya “en democracia”, la policía y las FF.AA. asesinaron a 162 personas reprimiendo acciones de protesta. Si les sumamos las 49 que mató el gobierno de Boluarte entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, y el asesinato de Truko el 15 de noviembre pasado, los números desvelan la única guerra que libran las fuerzas represivas del país: una guerra contra el pueblo pobre y trabajador.

No debe llamarnos la atención que sea Fuerza Popular, organización que reivindica la dictadura represiva y corrupta de Alberto Fujimori, la que plantee que las mismas Fuerzas Armadas a las que han cubierto con un velo de impunidad, se conviertan en un actor central en la “seguridad interna” controlando fronteras, calles y cárceles.

Esto parece recordar la entrega de amplias regiones del país a los militares a partir de 1983, bajo el gobierno de Fernando Belaunde Terry, bajo el pretexto de la “lucha antisubversiva”. Hay que recordar que en ese contexto se produjeron gran parte de las más de 15,000 a 19,000 desapariciones forzadas registradas por la CVR.

Por su parte, Renovación Popular, y la menos conocida Libertad Popular de Belaunde Llosa, se enfocan en la idea de crear cárceles al estilo Bukele, tanto en medio de la selva amazónica como en las alturas de los Andes. Cárceles que se llenarán, tal como hace el dictador salvadoreño, con opositores/as y luchadores/as, papel ya cumplido anteriormente por El Frontón.

Lo cierto es que más temprano que tarde, esa “mano dura” solo puede abrir camino a la dictadura, como tantas veces ha sucedido en la historia, para garantizar el control de la gran patronal sobre el país, disciplinando a todos los sectores patronales y, sobre todo, reprimiendo al movimiento obrero y popular.

Organizar la movilización contra la inseguridad y tomar en nuestras manos la defensa de nuestros barrios

Los distintos paros de los trabajadores y trabajadoras del transporte, a los que en más de una ocasión se han sumado pequeños comerciantes, mercados, mototaxistas, sectores de la juventud popular y organizaciones de la clase obrera, señalan el único camino que tenemos los trabajadores del pueblo para hacer frente a la criminalidad: organización y movilización.

Es así porque, como ya hemos planteado, el estado patronal y corrupto es incapaz de enfrentar y acabar con ese flagelo por las distintas ramificaciones y conexiones que existen entre ambos.

En primer lugar, hay que movilizarse por echar abajo las “leyes pro crimen” que este congreso de impresentables aprobó en los últimos dos años. Normas que debilitaron el sistema de lucha contra el crimen organizado que tenía el Estado, respondieron a los intereses de los partidos corruptos para evitar ser investigados como organizaciones criminales.

Sin embargo, no podemos solo echar abajo esas leyes. Tenemos que extender la movilización y organización también debe extenderse a nuestros barrios y distritos. En ellos debemos conformar rondas o comités de autodefensa, confirmados por personas voluntarias, con los cuales defender nuestras calles, casas y espacios públicos.

Por último, debemos sumar a nuestras demandas la exigencia de castigo ejemplar a las autoridades corruptas que se relacionan con el crimen organizado: expropiación de sus bienes y cuentas bancarias y cárcel inmediata.

Medidas para acabar con la corrupción

Cómo hemos desarrollado a lo largo de este trabajo, la corrupción del Estado es una pieza clave dentro del esquema criminal.

Como se ha puesto al descubierto, gracias al escándalo en torno a Odebrecht y la compra de presidentes, ministros, gobiernos regionales y alcaldías, en esta sociedad capitalista, con dinero bailan todos.

Por eso necesitamos romper con la concesión del poder de esta democracia patronal corrupta.

Clásicamente cuando el pueblo trabajador a tomado el poder en sus manos, tomó cuatro medidas clave para hacer frente a este flagelo:

  1. Todos los puestos del estado deben ser elegibles y revocables en cualquier momento. Nada de cheques en blanco por cinco años.
  2. Que las organizaciones obreras y populares elijan almas autoridades y las saquen si no cumplen bien con su encargo.
  3. Ningún funcionario/a debe ganar más que un obrero calificado. El servicio público no puede ser un negocio para quien asume un cargo, ni una carga para el pueblo, que sostiene al estado pagando sus impuestos.
  4. Que nadie en los ministerios, municipalidades, el Congreso, el poder judicial, etc. gane más que un obrero o un maestro/a de escuela.
  5. Para terminar con la mafia en el poder judicial, reemplazar a las actuales cortes y jueces por tribunales elegidos entre el pueblo para cada caso.
  6. Y por último, para romper con la corrupción policial, reemplazo de la policía Nacional por una organización centralizada de las rondas urbanas y campesinas conformadas democráticamente en los distintos distritos, provincias y regiones del país.

Trabajo estable y bien pagado para no morir

Es sabido que la criminalidad saca sus soldados de los sectores más empobrecidos de la sociedad.

Es uno de los síntomas más despreciables de la pobreza a la que nos somete el sistema capitalista junto a la prostitución y la esclavitud, entre otros.

De ahí que otra tarea clave para romper el círculo de la criminalidad sea garantizar trabajo a la totalidad de la población.

Trabajo estable y con salarios iguales al costo de la canasta de consumo. Canasta que en estos tiempos incluye por fuerza el acceso a internet así como a computadoras y celulares.

Para esto es necesario repartir las horas de trabajo entre todas las personas que requerimos un empleo. Es decir bajar la jornada laboral a cuatro o incluso 3 horas diarias, sin disminuir los salarios, sino por el contrario, asegurando los ingresos que ya hemos mencionado.

Junto con esto se deben derogar todas las normas que contravienen el derecho esencial a la estabilidad laboral. Es decir eliminar la tercerización, las services, contratas, y los contratos modales.

Solo así romperemos con esa condición que obliga a los jóvenes más pobres a convertirse en pequeños traficantes o sicarios asalariados del crimen organizado.

Gobierno de Perú se alinea con Trump y su plan recolonizador sobre Latinoamérica

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Por Federico Romero

La situación mundial, y latinoamericana en particular, ha cambiado desde que Trump asumió su segundo mandato a inicios del año pasado. Luego de una serie de anuncios sobre la recuperación del Canal de Panamá, la conversión de Canadá en el estado 51 de su país, del ataque a Irán y otras intervenciones, vino el anuncio de la Estrategia de Seguridad de los EE. UU. a inicios de diciembre pasado.

En este documento se traza el lugar de los EE. UU. como país dominante en el mundo y lo que hará para reafirmarlo. Haciendo una somera evaluación de sus primeros meses del mandato de Trump afirma, que “Estados Unidos vuelve a ser fuerte y respetado, y gracias a ello estamos construyendo la paz en el mundo”.

Sin embargo, lo que vemos es un mundo convulsionado, con fricciones entre los principales bloques económicos y países con EE. UU., guerras y conflictividad social en todas partes y, sobre todo, masivas protestas fuera y dentro de EE. UU. contra Trump.

América Latina

En este cuadro, lo que sucede en América Latina cobra relevancia. Desde la independencia, el subcontinente fue considerado por EE. UU., casi por derecho propio, como su zona natural de influencia y dominio y así lo estableció con la llamada doctrina Monroe. Así fuimos convertidos en economías dependientes y subordinadas a los intereses de EE. UU., y quedamos bajo su tutela política y militar. Ante esto se desarrolló una gran corriente antiimperialista que impulsaron luchas independentistas y algunas revoluciones. La mayor conquista fue la Revolución Cubana. Esto cambió.

Hoy el imperio actúa con mayor libertad en Latinoamérica. La dimensión del ataque a Venezuela no ocurrió antes. El último ataque del imperialismo inglés en Las Malvinas fue respondido en el campo de batalla y con gigantescas movilizaciones, aunque fue traicionado y derrotado. Esta vez el ataque a Venezuela no tuvo grandes respuestas.

Luego de Venezuela, Trump se ha centrado en Cuba, donde ahonda el cerco de la Isla para forzar la caída del régimen. Y tampoco hay respuestas.

Mientras la mayoría de los gobiernos de derecha apoyan y celebran las acciones de Trump, los de “izquierda” no pasan de las palabras mientras se subordinan a él. Destaca el caso de Gustavo Petro (Colombia) por su verborrea antiimperialista; tras reunirse con Trump, su verborrea cambió para enaltecerlo: “me gustan los gringos francos”; y justificando un posible pacto con él, agregó: “entre contradictores se pueden encontrar los caminos de una hermandad humana”.

El caso de Perú

Algunos hechos vienen mostrando a Perú como otro escenario donde se manifiestan las nuevas relaciones que promueve EE. UU. con América Latina, bajo el paraguas de su llamada Estrategia de Seguridad.

El Perú, desde la caída de Pedro Castillo, se encuentra bajo un régimen de derecha alineado a EE. UU. y a los grandes intereses capitalistas. En medio de su descomposición, el régimen (con sus distintos gobiernos), se mantiene fiel a esa línea y forma parte del coro derechista de la región que adula a Trump, junto con Noboa en Ecuador, Milei en Argentina, Paz en Bolivia y Kast en Chile; todos, próximos a reunirse en Washington convocados por Trump para armonizar acuerdos.

En esta línea, el gobierno peruano también fue uno de los que dio apoyo al ataque estadounidense a Venezuela. Y lo hizo en nombre de las “libertades y los derechos humanos” violentados por Maduro. Resulta que el mismo gobierno es responsable de violar esos derechos, como sucedió con la represión y muerte del joven Truko en la marcha del 15 de setiembre.

Además, los hechos mostraron que la intervención en Venezuela no se hizo para rescatar los derechos humanos del pueblo, sino para saquear su petróleo, para lo cual EE. UU. ha reafirmado al mismo régimen dictatorial convirtiéndolo en su socio y aliado.

Presiones desde Washington

En esta línea de capitulación se han producido otros hechos. Hace un tiempo las autoridades gestionan, a través del Comando de la Fuerza Aérea la compra de una flota de aviones para reemplazar el equipamiento actual, y evaluaban las ofertas de Francia, Suecia y EE. UU., inclinándose por la oferta francesa. Pero poco después del ataque estadounidense a Venezuela, el ex premier sorprendió en una declaración al decir: “Para todos es notorio que Estados Unidos ejerce un liderazgo no solamente regional, sino mundial… Por tanto, esa adquisición (de armas) no corresponde a comprar camiones ni autos, sino que es parte de una política estratégica que involucra el futuro del país”.

El megapuerto de Chancay

Ya había sucedido algo similar con la remodelación de la base naval del Callao, proyecto encargado a China. Se considera que la base naval tiene relevancia estratégica porque se encuentra ubicada al lado del principal puerto comercial del Perú. No se sabe si el gobierno recibió un llamado de la Casa Blanca o solo vio el ataque a Venezuela, lo cierto es que hizo un giro de 360° y se la entregó a EE. UU., quedando China desplazada de otro gran proyecto.

Otro hecho es la controversia en torno al megapuerto de Chancay. De capital principalmente chino, fue construido como un hub logístico con la perspectiva de ser la mayor puerta de ingreso y salida del comercio de América Latina con China. El hecho inquietó a EE. UU. El proyecto fue inaugurado un año y la controversia abierta apareció bajo ahora.

En su Estrategia de Seguridad ya mencionada, EE. UU. traza claramente las áreas estratégicas de su interés: defensa (presencia militar en zonas clave, en nuestro caso la cuenca del Pacífico); y tierras raras e infraestructura logística. En este punto, el megapuerto de Chancay se convierte en fuente de grave conflictividad entre China y EE.UU.

Ahora EE.UU. presiona a las autoridades para ejercer injerencia o supervisión sobre el puerto de Chancay. La empresa Cosco Shipping Chancay, operadora del megapuerto, presentó una acción de amparo y obtuvo un fallo a su favor, fallo que sustenta que la empresa “es propiedad privada” y no pública.

El hecho obligó al gobierno, mediante la PCM, a objetar la decisión judicial afirmando que “protege la inversión privada”, pero “dentro de un marco normativo que también contempla mecanismos de regulación y fiscalización” por parte de los organismos estatales”.

Tras estos hechos, el Departamento de Estado de EE. UU. declaró: “Preocupados por los últimos informes de que Perú podría verse impedido de supervisar Chancay, uno de sus puertos más grandes, que está bajo jurisdicción de propietarios chinos depredadores, apoyamos el derecho soberano del Perú a supervisar la infraestructura crítica en su propio territorio…”.

En la forma, la controversia gira en torno a la supervisión del megapuerto por los organismos reguladores del Estado, pero en el fondo se trata de limitar sus operaciones u obstaculizarlas para luego, al parecer, desplazar a los chinos.

¿Qué viene después?

El conflicto recién empieza. El imperialismo, en su decadencia, se vuelve más voraz. Su crisis hace que corra hacia adelante, a la recolonización de Latinoamérica: más presencia militar, control de los recursos naturales, control de actividades económicas clave, un nuevo relacionamiento comercial para su proyecto de reindustrialización y mayor dependencia financiera.

Por su parte, China ha ganado terreno y, por su inmensa industria, se ha convertido en el principal socio comercial de varios países, entre ellos Perú, y con esa fuerza defenderá sus intereses. Pero es un hecho que no podrá desplazar a EE. UU. fácilmente. El mundo, ya repartido por las superpotencias, no se puede repartir así nomás sino con un conflicto de mayor escala, como la guerra. Por ello, EE. UU. centra sus esfuerzos en mantener su predominio militar.

Por esto mismo es claro el alineamiento de la mayoría de los gobiernos con Trump y la subordinación hasta de los llamados “progresistas”, como el de Sheinbaum y Lula.

Si esto es así, no hay duda de que quien resulte elegido en las próximas elecciones también se alineará con la Casa Blanca. Y más si resultan electos López Aliaga o Keiko Fujimori, lo harán con especial entusiasmo, al estilo Milei.

¿Qué hacemos?

Lo descrito pone de relieve la necesidad de colocar en el centro la lucha de los trabajadores y pueblos de Latinoamérica contra el imperialismo, sus planes recolonizadores y por una salida socialista.

En el momento actual, esta respuesta pasa por rechazar la intervención en Venezuela, denunciando también la colaboración del gobierno chavista, así como el bloqueo y cerco que se establece sobre Cuba buscando forzar la caída o capitulación del régimen.

En este marco debemos responder a cada hecho que ocurre en el país contra la intervención del imperialismo y contra el gobierno por su apoyo, y en defensa de la soberanía nacional.

Sin embargo, el verdadero ataque vendrá después de las elecciones. El gobierno que resulte electo –más aún si es de derecha– buscará, con la “legitimidad” del voto, implementar todas las exigencias del imperialismo, al estilo Milei en Argentina.

8 de marzo: con el nuevo gobierno, la opresión y explotación persisten

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Este 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, encuentra al Perú bajo la presidencia ahora de José Balcázar, cuyas declaraciones públicas favorables al matrimonio infantil y otras en relación a las relaciones sexuales tempranas de la mujer resultan condenables en un país atravesado por altos índices de violencia sexual contra niñas, adolescentes y mujeres.

Tales posturas no son un exabrupto aislado, sino la expresión del carácter reaccionario y ultraconservador del régimen político que se consolidó y se mantiene aún tras el ascenso de Dina Boluarte hace tres años. En medio de un contexto internacional marcado además por escándalos de explotación y abuso sexual como el caso de Jeffrey Epstein, queda en evidencia que la violencia contra mujeres y niñas no es un problema “cultural” o nacional aislado, sino un fenómeno profundamente ligado a redes de poder y privilegio que atraviesan fronteras.

Las cifras oficiales confirman la gravedad de la situación. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en 2025 las mujeres en el Perú continúan percibiendo ingresos menores que los hombres, presentan mayores tasas de informalidad laboral y dedican más horas al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado.

A ello se suma que una proporción alarmante ha sufrido violencia física, psicológica o sexual a lo largo de su vida.

Esta desigualdad no es accidental: responde a una estructura económica y social que se beneficia del trabajo precarizado y del trabajo doméstico gratuito que realizan millones de mujeres, mientras limitan su autonomía económica y política en la sociedad.

Una campaña electoral sin propuestas claras

En medio del actual proceso electoral, sin embargo, ningún candidato coloca esta problemática en el centro del debate ni propone medidas radicales que apunten a resolverla desde la raíz.

No se discute seriamente la implementación de una red nacional de guarderías públicas y gratuitas que permita socializar las tareas de cuidado, ni la creación de servicios comunitarios como lavanderías o comedores que reduzcan la carga doméstica que recae mayoritariamente sobre las mujeres.

Tampoco se asume con claridad la defensa del aborto libre, gratuito y de calidad como parte de una política integral de salud pública y de reconocimiento pleno del derecho a decidir.

Las propuestas, cuando existen, suelen limitarse a programas focalizados o campañas de sensibilización que no alteran la estructura que produce la desigualdad.

Por eso, el 8 de Marzo no debe reducirse a una fecha de celebración simbólica promovida por el propio sistema que invisibiliza su origen combativo y obrero.

Es, ante todo, un día de lucha internacional. Una jornada para cuestionar al sistema económico mundial que no solo oprime a las mujeres por su género, sino que también las explota como trabajadoras, y que necesita de su subordinación para sostenerse.

La emancipación de las mujeres no será obra de discursos oficiales ni de reformas superficiales, sino de la acción organizada junto a sus compañeros de clase, que también padecen un modelo capitalista basado en la explotación y la concentración del poder.

Solo así la indignación podrá transformarse en fuerza capaz de cambiar de raíz las condiciones que hoy sostienen la opresión.