La clase obrera y el pueblo boliviano llevan adelante una huelga general contra el gobierno de Rodrigo Paz, a quien exigen su renuncia inmediata.
La Central Obrera Boliviana (COB), la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), las cooperativas mineras, el sindicato de profesores y diversas organizaciones indígenas, estudiantiles y vecinales –es decir, la casi totalidad de la clase trabajadora del país– se declararon en huelga indefinida, bloquearon carreteras y marchan hacia La Paz con el objetivo de derrocar al Ejecutivo.
Los manifestantes reclaman la caída del mandatario porque, desde que asumió hace seis meses, impulsa paquetazos contra el pueblo trabajador al estilo de Javier Milei en Argentina o del “Fujishock” de 1992 en Perú, medida que nos dejó sin trabajo y sumió al pueblo en el hambre. El gobierno de Rodrigo Paz, de perfil claramente derechista, responde a los intereses de la gran burguesía vinculada al agronegocio. Llegó al poder en medio de una profunda crisis económica heredada del fracaso del gobierno del MAS de Evo Morales, que terminó internamente dividido, enfrentado y debilitado por la corrupción tras 20 años en el poder.
Apenas asumió, Paz restableció las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y se alineó con Donald Trump. Suscribió acuerdos que entregan los recursos naturales del país, como el litio, y permiten el regreso de la DEA (Agencia Antidrogas estadounidense), que es una fachada para proteger a los cárteles de la droga y justificar la presencia militar norteamericana en la región. También reanudó las relaciones con Israel, rotas hace dos años por la masacre en Gaza, evidenciando su alineamiento con las potencias que promueven y sostienen la guerra en Medio Oriente.
En materia económica, el nuevo gobierno, liberó los precios de los combustibles, lo que provocó un alza generalizada que golpea a las mayorías. Además, impulsa una ola de despidos y ataques contra los derechos laborales. Recientemente promulgó la Ley 1720, que coloca en el mercado las pequeñas propiedades de tierra –base de la economía de subsistencia del pueblo boliviano, similar a la de las zonas altoandinas de Perú–, permitiendo que sean hipotecadas, vendidas o adquiridas por grandes terratenientes.
Esta ofensiva ha venido siendo respondida desde el primer día. La COB ya había protagonizado una gran huelga general en diciembre, que logró la anulación del decreto que aumentaba los precios de los combustibles. En distintos sectores se mantienen luchas contra los despidos y los ajustes. Hace un mes, en rechazo a la Ley 1720, campesinos e indígenas se levantaron, bloquearon las principales vías del país y marcharon cientos de kilómetros a través de montañas hasta llegar a La Paz, lo que obligó al gobierno a subrogar dicha ley. En ese contexto, la central obrera y las otras organizaciones en lucha declararon la huelga general con la demanda explícita de salida del gobierno, anunciando que no negociarán con él.
En estos días, las protestas se concentran en La Paz y El Alto. Decenas de miles de manifestantes se enfrentan a la policía e intentan tomar el centro de la ciudad, donde se encuentra la sede del gobierno. La respuesta del gobierno es criminal: gases lacrimógenos, bombas y disparos ya han dejado muertos, heridos y detenidos. El Ejecutivo amenaza con decretar el estado de sitio y poner la represión en manos de las Fuerzas Armadas. Lo que aterra a las autoridades y a la burguesía es la determinación de los huelguistas. Con piedras, armas caseras y dinamita –aportada por los mineros– se enfrentan a las fuerzas represivas. En 1952, la clase obrera boliviana derrotó al ejército mediante una revolución protagonizada por milicias obreras que usaron la dinamita como arma fundamental. Esa experiencia sigue viva en la memoria colectiva.
Los aliados de Rodrigo Paz ya salen en su defensa. Donald Trump llamó a respaldar al gobierno y condenó la lucha popular. Javier Milei envió armas bajo la fachada de “ayuda humanitaria”. En el plano interno, los grupos de poder exigen una intervención internacional para “salvaguardar la democracia”.
Estos días son cruciales para el futuro inmediato de Bolivia: o el gobierno, con el apoyo de Trump y sus aliados, aplasta el movimiento en un baño de sangre, o el levantamiento popular lo derroca y conquista una victoria histórica.
Los obreros y los pueblos del mundo debemos expresar nuestra solidaridad activa con la lucha de la clase trabajadora boliviana bajo la exigencia: ¡Fuera Rodrigo Paz! ¡Fuera las manos de Trump de Bolivia!
En nuestro país, llamamos a discutir esta situación en cada fábrica y en cada lugar de trabajo, porque este ejemplo de lucha obrera es una muestra de lo que necesitamos hacer aquí también para enfrentar los múltiples ataques patronales, y para reconocernos en su vívida experiencia que no es muy distante a la que enfrentamos nosotros.
Y desde ahí, desde las fábricas, organizar plantones y movilizaciones hacia las embajadas de Bolivia y de EE.UU.
Al mismo tiempo, creemos que, al final, todo el problema se concentra en quién debe gobernar Bolivia. Ahora, después del fracaso del MAS y después del fracaso de la falsa “democracia” en cuyo nombre se pretende matar de hambre al pueblo trabajador, la única opción que queda es la lucha por un gobierno de esas mismas organizaciones que hoy se encuentran al frente de la lucha, en especial de la histórica Central Obrera Boliviana.
El conteo oficial de la ONPE finalmente llegó al 100% y el Jurado Nacional de Elecciones proclamó los resultados de la primera elección presidencial 2026, quedando para la segunda vuelta del próximo 7 de junio los candidatos Keyko Fujimori y Roberto Sánchez. El resultado incluye un senado y una cámara de diputados en los que el empresariado más privilegiado tendrá mayoría, y el fujimorismo (su principal operador de momento) la primera minoría. Esto, más que entusiasmo o expectativas por la segunda vuelta, motiva una gran alerta para las organizaciones obreras, populares y estudiantiles, y la población nacional en general, y la necesidad de una preparación organizacional para el periodo que se viene.
El resultado de la primera vuelta muestra similitudes con el proceso del 2021, sobre todo la escasa votación o representatividad de los primeros lugares: Fujimori con el 14.3% de los votos emitidos (sube a 17.2% si se consideran solo los votos válidos) y Roberto Sánchez, con casi 9.99% de los emitidos (o 12% de los votos válidos).
El voto como expresión de protesta
La situación de fondo también es similar. En abril de 2021 ya había transcurrido un año de la pandemia del coronavirus con las fatales experiencias sobre todo de la mayoría de la población sin empleo formal, sin posibilidades de guardar cuarentena, y las familias de contagiados enfrentadas a las inclementes leyes del mercado neoliberal de la salud.
Ya no estamos en pandemia, pero una publicación reciente del INEI nos hizo recordar la situación en que vive la población nacional. Con el actual modelo neoliberal, a pesar del extraordinario crecimiento que ha experimentado la economía nacional en los últimos años, en el Perú hay 2.3 millones de personas pobres más que lo registrado antes de la pandemia, llegando en total a 8.8 millones de personas. La pregunta es obvia ¿Qué está pasando con la enorme riqueza que se está creando en el país?, ¿quiénes se la están quedando? Y obviamente, también, todos voltean al lado los empresarios más privilegiados, y a sus operadores en el gobierno y el Congreso.
Ni siquiera quieren tributar. Veinte compañías mineras mantienen a la fecha deudas tributarias, según la Sunat, por más de S/ 7,900 millones. Y eso que el Perú tiene uno de los ratios más bajos de presión tributaria en América Latina y el Caribe, según el BID.
En esta situación se hace más grave el impacto de verdaderas lacras como la corrupción desde el gobierno, el crimen organizado que golpea con extorsiones y sicariato, los ataques a la economía de los trabajadores. Y más graves los dramas que se padecen en la salud y la educación públicas y los efectos de fenómenos climáticos sin las medidas de prevención y mitigación por parte del Estado.
Candidaturas sin representatividad
Nuevamente, las candidaturas no representan directamente los intereses de las mayorías ni se han construido con la participación de estas, y entonces el descontento social se ha manifestado como ha podido, castigando candidaturas o contraponiendo unas contra otras, pero no por claridad de un proyecto al que hayan sido ganadas.
Una primera manifestación es que la mayoría de los partidos que ejercieron el control del actual Congreso han desaparecido del mapa a nivel de gobierno nacional, Avanza, País, Podemos, Somos Perú, Acción Popular e incluso Perú Libre que fue parte de la comparsa.
El fujimorismo cuenta con un amplio rechazo nacional, pero sobrevive porque explota el aparato político forjado desde la dictadura, su respaldo empresarial, el clientelismo y los pactos que logra por el ejercicio del poder del Estado, así como el control que ha obtenido copando instituciones claves, y sobre todo la crisis política que se manifiesta en la inexistencia de alternativas.
López Aliaga pretendió ilusamente ser una alternativa desde su bastión en Lima y con un proyecto abiertamente ultraderechista y racista, pero no desplazó a Fujimori en el electorado de derecha ni le alcanzó para asegurar el segundo lugar. La inusitada votación obtenida por candidatos como Ricardo Belmont y Carlos Álvarez es también manifestación del descontento de sectores de la población con el sistema político que hoy gobierna.
El voto de la “izquierda”
Esta vez tampoco ha habido una conexión de los procesos de luchas sociales con el proceso electoral, Los diferentes gremios y organizaciones sindicales, estudiantiles y populares no fueron convocados a construir una alternativa que recoja las plataformas de lucha, su vanguardia, la jerarquía de los problemas nacionales y la visión de país para el proyecto de gobierno a postular.
Muy al margen se crearon hasta tres listas de “izquierda” con dirigentes populares y sindicales a título personal, y también ha habido políticos de “izquierda” en candidaturas abiertamente de derecha como Podemos y Somos Perú.
Dos candidaturas formadas de esa manera, Juntos por el Perú y Ahora Nación, y una tercera más de centro derecha la de Jorge Nieto, captaron votaciones suficientes para colocar senadores y diputados (25 de 60 senadores en la cámara decisiva). Nada que esperar de su papel, no solo porque aún sumados son minoría, sino que además ninguna de esas opciones propone combatir el modelo neoliberal ni desafiar el poder económico empresarial, sino más bien preservar las actuales reglas de juego, complementando con medidas reformistas muy tangenciales.
La trayectoria de las cabezas, ahora senadores electos, es cada vez más hacia la derecha como se ha visto en el discurso de López Chau y más aún Nieto. La trayectoria de Roberto Sánchez no es muy diferente, visto su paso por la cartera de Comercio Exterior y Turismo en el gobierno de Castillo.
Juntos por el Perú, terminó siendo la herramienta del voto protesta para un importante sector de la población, especialmente del sur. Ayudó en eso el apoyo expreso de Pedro Castillo, quien había conseguido colocar en las listas congresales a familiares, gente de su confianza y algunos dirigentes de las movilizaciones de sur.
La segunda vuelta
Ahora Roberto Sánchez entra a disputar la segunda vuelta con Fujimori. Pero hasta la fecha, faltando pocos días para el 7 de junio, el movimiento obrero y popular no está noticiado de la visión del candidato de lo que está en juego ni de su estrategia política; como tampoco de parte de las organizaciones sindicales y populares que pedirán el voto por Roberto Sánchez. No hay ninguna referencia a las amenazas que se ciernen sobre los trabajadores y el pueblo, cual sea el resultado de la segunda vuelta, sea con Fujimori en el gobierno y el Congreso, o sea con Fujimori y sus aliados solo en el Congreso; ni tampoco a la estrategia fundamental para combatirlas, una que no puede adolecer de un plan de lucha nacional.
Entonces, el candidato espera una participación solo en las urnas, captando pasivamente, y sin compromisos asumidos, el voto popular en sus distintos sectores: el voto del sur, el voto de la clase trabajadora, el voto del estudiantado y de los movimientos populares, así como también el voto anti-Keyko que existe en sectores “democráticos” y de clase media que no cuestionan el modelo económico.
Entre las primeras figuras presentadas por Sánchez como parte de su equipo técnico están Pedro Francke y Manuel Rodríguez Cuadros, fue ministros de Castillo, así como el exfiscal José Domingo Pérez, lo cual muestra la línea conciliadora que predomina en la campaña de Sánchez.
Con esa “estrategia” no solo no se asegurará la derrota de Keyko Fujimori, sino desarma a las masas trabajadoras ante los efectos de una crisis política que se extenderá indefinidamente. Y en un eventual triunfo de Sánchez
Nuevamente las masas harán su experiencia del voto bajo la regla acostumbrada del “mal menor”. Pero la tarea fundamental seguirá siendo la de forjar la organización por un plan de lucha nacional que ponga en agenta no solo las demandas obreras y populares sino también el proyecto de gobierno obrero y popular.
En medio de una profunda crisis del régimen político, que no cierra desde 2017, y que tiene cada vez más síntomas de una descomposición avanzada, el próximo 7 de junio volveremos a las urnas. Y esta vez solo habrá dos candidaturas: la de Keiko Fujimori y la de Roberto Sánchez.
La elección es, de por sí, un elemento más de esa crisis que no cierra. Las dos candidaturas ya mencionadas, pasan a la segunda vuelta con el 10,5% y el 7,3% de los votos emitidos respectivamente. Lo que pone de manifiesto un hecho rotundo: Tras las elecciones, la crisis continúa y se profundizará, por lo que tendrá que definirse en el terreno de la lucha directa entre las clases, y no en el de las urnas.
Esa es la conclusión fundamental a la que debemos llegar desde la clase trabajadora y el pueblo pobre.
Así como hoy en Bolivia, el pueblo trabajador ha salido a enfrentar combativamente al gobierno conservador y reaccionario de Paz Pereira, paralizando el país, movilizándose hacia La Paz, y ejerciendo su derecho a la autodefensa contra la feroz represión desatada por el gobierno boliviano, será en las calles que tendremos que defender y conquistar también, gane quien gane esta segunda vuelta, nuestro derecho a una vida mejor.
Esto no quiere decir que Sánchez y Fujimori sean “lo mismo”.
Las clases adineradas, e incluso un sector de la clase media que ya en la segunda vuelta anterior se pasó al lado del fujimorismo, son conscientes de que Keiko Fujimori es su candidata. Por eso tienen definido su voto, y harán campaña por ella desde sus medios de comunicación y por medio de las redes sociales, movilizando millones en recursos para este propósito.
No cabe duda, Keiko es su candidata pues es heredera directa del dictador Fujimori, que de la mano de Vladimiro Montesinos y la represión ejercida por las fuerzas armadas y policiales, impuso un retroceso colosal a los derechos laborales y sociales conquistados, abriendo la puerta de cientos de miles de despidos y cierres de fábricas en todo el país, e implantando finalmente el modelo económico neoliberal que nos somete completamente al imperialismo, y del cual solo se benefician las grandes empresas.
También existen sectores pobres que se inclinan por la heredera del exdictador. Lo hacen con la esperanza de que, frente a la crisis generalizada, el caos y la criminalidad, ella imponga “orden”. Y ante el abandono estatal, al menos reparta dádivas.
Para esos sectores, los métodos represivos, el abuso de poder y las políticas que le llenan los bolsillos a los ricos que defiende Keiko Fujimori, no son más importantes. No ven el problema de clase: votan por su verdugo.
El problema es que del otro lado, del de la clase obrera, trabajadora, y del pueblo pobre, no existe una candidatura alternativa, propia, que exprese genuinamente sus intereses y luchas.
Roberto Sánchez, no es ese candidato. No concita el entusiasmo mayoritario de la clase obrera, pues no ha sido dirigente de ninguna lucha. Tampoco levanta la necesidad de aplicar un plan radical de transformaciones económicas, políticas y sociales. Por el contrario, día a día intenta mostrarse más “decente” para ganarse la confianza de los patrones. Y mucho menos, es portavoz de las luchas que actualmente se están librando desde las organizaciones de los trabajadores y el pueblo.
Quiénes nos llaman a votar por él, son sectores de “izquierda” y cúpulas sindicales como la CGTP que, soñando algunos con un cargo público, nos aseguran que defenderá los derechos laborales, etc. Pero eso es mentira. No resolverán nada, como no lo hizo Pedro Castillo, que asumió el poder en mejores condiciones. Lo mismo sucedió con Ollanta Humala y tantos otros que llegaron a Palacio cargados de promesas.
No vivimos épocas de bonanza, sino de crisis. Una crisis mundial a la que el Imperio responde con más ataques a los pueblos (Venezuela, Cuba), más ataques a los trabajadores (en los propios EE.UU.) y guerras que profundizan la crisis. Ante este escenario, cualquier gobernante elegido estará obligado a cumplir la agenda patronal de ajustes contra los trabajadores. Y es que ellos llegan al “gobierno”, pero no tienen el poder real, que sigue en manos de los grandes grupos capitalistas.
Frente a esto, direcciones como la cúpula de la CGTP hacen exactamente lo contrario de lo que los trabajadores necesitan. No fortalecen las organizaciones, las debilitan; no unen las luchas, las dispersan. En lugar de desarrollar la conciencia de clase y la confianza en las fuerzas propias, depositan ilusiones en tal o cual candidato, practican la confianza en las instituciones burguesas, concilian con los empresarios y dejan pasar los ataques contra los trabajadores. En pocas palabras, confunden y desarman a la clase trabajadora frente a sus enemigos.
Ante esto tenemos la inmensa tarea de desarrollar nuestras organizaciones, movilización y lucha con una nueva dirección verdaderamente clasista y combativa. A nivel nacional, enfrentamos el desafío de preparar una salida ante la bancarrota a la que nos conduce la burguesía. Esto implica unir a oprimidos y explotados en torno a sus reivindicaciones, y pasa por la lucha por una Asamblea Constituyente Soberana y un gobierno de las organizaciones obreras y populares como única salida real.
Siendo esa la enorme tarea que la clase trabajadora tiene por delante, y a la cual nos entregamos por completo desde el Partido Socialista de los Trabajadores (PST).
Pero también somos conscientes que la vanguardia obrera siente necesaria, y se ha propuesto, “cerrar el paso” a Keiko Fujimori, para lo cual tiene como única herramienta votar por Sánchez.
Repetiremos, porque hay que decir las cosas por su nombre. Nosotros no depositamos ninguna confianza ni levantamos expectativa alguna en Roberto Sánchez, un personaje ajeno a la clase obrera y a las organizaciones populares que hoy aspira a administrar esta democracia corrupta y mentirosa al servicio de los patrones.
Sin embargo, consideramos legítimo acompañar a la vanguardia obrera y popular en el voto por él –sin darle ningún apoyo– porque expresa su repudio a la dictadura, a su heredera y las penurias que vivimos día a día por el modelo económico neoliberal que impuso a sangre y fuego, y que la democracia corrupta no ha podido ni puede desmontar, porque sirve a los mismos patrones que se beneficiaron del gobierno de Fujimori. Y vamos a decir, al día siguiente de la elección, que tenemos que prepararnos para resistir y, apenas podamos, avanzar en nuestra lucha, que es lo único que realmente determinará nuestro futuro y puede cambiar nuestras vidas, como nos muestra el hermano pueblo trabajador boliviano.
Las elecciones generales del 12 de abril dieron la vuelta al mundo con escenas de caos y desorganización, revelando la profunda crisis que afecta al país y que, al parecer, supera todos los récords.
A media mañana de ese día se registraban largas colas en varios centros de votación debido a una considerable demora en la instalación de las mesas de sufragio y en la no instalación de otras, lo que obligó a los organismos electorales a ampliar el horario de votación y luego extenderlo al día siguiente, en un hecho sin precedentes. En medio de este caos, el flash electoral de boca de urna anunciaba resultados completamente “inesperados” por muchos: Keiko Fujimori en primer lugar y, en un distante segundo puesto, aparecían en disputa Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular). Inesperado porque el primero no figuraba en ninguna encuesta y el segundo se consideraba seguro en la segunda vuelta.
Así se inició una verdadera crisis que llegó a poner en cuestión todo el proceso y casi lo echa abajo. Una crisis “por arriba”, en el entorno de la cúpula de poder y sus instituciones, que las masas observaron como un pataleo o una riña más de los que siempre le roban hasta los votos. Fue provocada por López Aliaga que, con el apoyo de un importante sector mediático y empresarial y de su base electoral –conformada por la alta clase media de Lima–, desató una “guerra” con denuncias de todo tipo dirigidas, centralmente a desconocer centenares de actas provenientes de las localidades más pobres y alejadas, que no le eran favorables. El gallinero se ordenaría con un pronunciamiento de la Sociedad de Minería y la Asociación de Bancos –quienes realmente manejan el poder en el Perú–, a través de su gremio, la CONFIEP, se pronunciaron a favor de la continuidad del proceso electoral, señalando que había habido “fallas” graves, pero no así “fraude”.
Así se dispuso que el proceso electoral continúe, magullado, cuestionado y manchado, con la proclamación oficial de los ganadores de la primera vuelta (Fujimori 17% y Sánchez 12%) y el inicio de la segunda vuelta, cuando faltaban 20 días para la realización del nuevo acto electoral.
Fraude no pero sí farsa
Pese a las numerosas fallas en que incurrió el proceso, todos los observadores coinciden en que no hubo “fraude” entendido como una maquinación para distorsionar de manera deliberada la votación del 12 de abril, y que anularla era absolutamente ilegal, tanto como instalar la ley de la selva en el país. Para los grupos de poder, al menos para la Sociedad de Minería, el resultado no representaba el “fin del mundo” pues ven bien posicionada y con ventaja a Keiko Fujimori, su primera y mejor opción, mientras Roberto Sánchez luce débil y sostenido en una imagen impostada de Pedro Castillo.
Además, la mafia gobernante ya le había puesto candados al sistema: cambió normas, copó instituciones y estableció un superpoder parlamentario con el Senado, la única cámara que puede aprobar leyes, nombrar funcionarios claves y vacar al presidente. Dicha cámara, con la votación del 12 de abril, quedó bajo control de Fuerza Popular y Renovación Popular, el bloque más reaccionario, que en alianza con otros partidos de derecha puede controlar cómodamente el poder en los siguientes años, incluso si Roberto Sánchez resultara ganador en el segundo turno.
Pero el intento de López Aliaga y el sector empresarial que lo respalda no es una pataleta ni nada accidental: es lo que hacen siempre los empresarios –vulnerar derechos y normas– cada vez que defienden sus ganancias, y con más razón ahora que ganaron posiciones. Ese mismo talante se expresó hace pocos días en la fábrica Cifarma, donde la empresa ordenó el despido de 18 trabajadores por el simple hecho de acatar una huelga del sindicato.
El resultado
El resultado del 12 de abril reveló la fragilidad del sistema montado en los últimos años para mantener el control del poder por los grandes grupos empresariales del país. Recordemos que el 7 de diciembre de 2022 se consumó un golpe de Estado parlamentario contra Pedro Castillo, que instaló un periodo de reacción política que se inauguró ahogando en sangre las grandes protestas que se desataron en respuesta, y tras él se estableció en el Congreso un pacto mafioso que aprobó cambios constitucionales que reestructuraron el Estado haciéndolo más autoritario y tomó el control de instituciones claves. De paso lavó las caras de Fujimori padre y de su hija, decretó la amnistía de los genocidas de la ex dictadura, etc.; todo para defender la continuidad del modelo de libre mercado.
Así pretendieron allanarse el camino para las elecciones de este año. En ella esperaban una fiesta en familia: una segunda vuelta entre López Aliaga y Keiko Fujimori, o de uno de ellos con otro de centroderecha. Pero la fiesta se quemó, como hemos visto.
Desde su visión clasista y racista la burguesía cree que, así como su poder reside en su dinero, así también puede “resolver” los conflictos de clase con palos, leyes y su perorata monocorde. El caso de Aliaga lo pinta de cuerpo entero. Después de ser empoderado por los medios en años de campaña, empezó a caer en las últimas semanas de campaña, sobre todo después que “visitó” las poblaciones del sur andino que al rechazar su presencia les gritó “¡gente de mierda!”. Esto disparó el rencor de esas regiones hacia él y las élites de Lima, y se volcaron a apoyar al candidato de Pedro Castillo que simboliza su reivindicación.
Pero hay más. Lo único que el Estado hizo estos años fue profundizar esas políticas y ataques, como la cruenta represión que causó más de 50 muertos. Estos sectores se levantaron demandando lo más democrático que ofrece una sociedad que se dice organizada en los principios “democráticos” burgueses: Asamblea Constituyente, y por ello no solo fueron acusados de “subversivos”, sino que entre ellos cambiaron la Constitución para atornillarse en el poder. Asimismo, justificaron la vacancia de Pedro Castillo en nombre de la lucha contra la corrupción, pero nunca brotó tanta corrupción como en los últimos tres años en el centro y en todos los niveles del poder del Estado.
Así fue como casi un chispazo destapó la olla, y la población pobre y necesitada del campo andino, una vez más, utilizó su voto para castigar lo que de verdad es una infamia para el país: el régimen reaccionario que nos gobierna.
Para la burguesía y las clases medias el proceso electoral solo era un simple juego de estrategias. Cuando vieron el “peligro” del ascenso de la candidatura de López Chau –apenas un autoproclamado “socialdemócrata”–, lo “terruquearon” hasta bajarlo. Para los “moderados” que buscaban evitar un final de Keiko con López Aliaga, se trataba de un “voto responsable o “estratégico”, es decir de no desperdiciar el voto en candidatos sin opción y a concentrarlos en una opción de centroderecha. Todo esto lo único que hizo fue jugar a favor de Sánchez, que en silencio fue ganando el apoyo de la región andina hasta colocarse en la segunda vuelta.
La “democracia burguesa” devenida en caricatura bajo el trasfondo de la crisis del modelo neoliberal
La primera vuelta trajo otras perlas, “absurdas” y tortuosas para la conciencia “democrática” de las clases medias, que se jalan los pelos mientras culpan a unos y otros.
Para empezar, el 26% del padrón electoral no fue a votar. En segundo lugar, Keiko Fujimori no “ganó” la primera vuelta, sino que “ganaron” el voto nulo y el blanco, que obtuvieron el 25%. En tercer lugar, los dos candidatos que pasan a segunda vuelta apenas representan una cuarta parte del total de votos “validos”. A esto se agrega que la cifra repartidora para la elección de los congresistas se calcula descontando a todos los que no pasaron la valla electoral –que suman otro 25%–, lo que infla la representación de los que sí lograron pasarla.
¿Qué representación puede tener el Congreso y la Presidencia elegidos en estas condiciones? Muy poca.
Por otra parte, desde diversos sectores se sostiene que la verdadera raíz del problema es la proliferación de candidatos, que esta vez llegaron a 36. En realidad, esta no es la causa sino el producto de un sistema descompuesto. Los “requisitos” para registrar una candidatura son onerosos y exige grandes recursos económicos, lo que es un verdadero filtro dirigido a impedir el registro de organizaciones verdaderamente obreras, y al mismo tiempo para facilitar el ingreso de las mafias que tienen “plata como cancha”.
Cuando alguien expresa nostalgia por los partidos de antaño –incluso los de izquierda–, que se basaban en programas y militantes que movilizaban masas, no ven que lo que ocurre es producto del modelo neoliberal que nos gobierna. Este modelo fomenta la concentración del poder económico y político en manos de una oligarquía capitalista que no acepta ningún tipo de cuestionamiento al modelo neoliberal. Por eso fabrican o compran partidos, sujetan a los que buscan salirse del librero (con ofertas “nacionalistas”, de “izquierda” e incluso a los que llama “caviares”), y conviven con todo tipo de partidos mafiosos. Por esto mismo también, cuando no funcionan las reglas “democráticas” que ellos mismos establecen, las pisotean y hasta hacen golpes.
Así se ha montado la presente “democracia”, que no es otra cosa que una formalidad o caricatura, útil para el ejercicio y control del poder por un grupo económico poderoso sobre las mayorías explotadas y oprimidas, como las del campo que sigue viviendo como en siglos pasados.
El fondo de la crisis
En realidad, las elecciones nos muestran una crisis más de fondo del régimen y del mismo sistema.
La “democracia” fue diseñada por la burguesía para garantizar su dominio de clase y la explotación de la clase obrera. Pero la falsa “democracia” tal como la conocemos en este siglo XXI es hija directa del neoliberalismo más brutal aplicado en el subcontinente. Mantuvo cierto equilibrio cuando la bonanza neoliberal de los de arriba chorreaba sobre la población, pero dejó de hacerlo cuando la crisis se instaló en el país desde la pandemia del COVID-19, cuando, para salvar los grandes negocios, se arruinó la economía popular, se empujó al desempleo a millones y se dejó morir a medio millón de peruanos pobres. Desde entonces, las masas salieron a escena a pelear por sus reivindicaciones y desestabilizaron todo.
Ahora, como el modelo neoliberal ya no “chorrea” los conflictos de clase se agravan. Seis años después de la terrible pandemia el Perú no superó los niveles de pobreza que dejó. Todo esto se agrava con la expansión del crimen organizado que asesina y extorsiona a pequeños negocios en las localidades más pobres, y ahora más con la crisis global y las guerras que impulsa el Imperialismo (Ucrania, Palestina, Libia, Irán), trayendo más encarecimiento de las subsistencias.
En este escenario la burguesía maquina salidas más autoritarias y represivas que le permitan asegurar su “orden” y “estabilidad” y para ajustar más el plan neoliberal con nuevas privatizaciones (ahora de Petroperú), autorización de nuevos proyectos mineros y nuevas reformas laborales como la Ley Pulpín.
En un primer momento lo intentaron con Dina Boluarte, y fue resistido. Luego aparecieron nuevos actores sociales como los transportistas, la generación Z y las poblaciones afectadas por el crecimiento de la inseguridad. El régimen fue golpeado y pudo caer en distintos momentos, pero fue evitado por la traición de la dirección de la CGTP que desmovilizó a la clase obrera. Ahora se intenta legitimar en estas elecciones un nuevo gobierno que continúe y retome ese mismo plan.
Las direcciones traidoras
La clase obrera es la más poderosa fuerza social que produce este sistema y es llamada a luchar en alianza con la población empobrecida por los cambios que necesitamos. Pero está bajo el control de una dirección que colaboró con todos los gobiernos, en especial en los cruciales años recientes; lo mismo ha hecho su brazo parlamentario. Ante la salida autoritaria que impuso la burguesía, los pueblos andinos se sublevaron con la demanda de una Asamblea Constituyente Soberana, y la clase obrera debió hacer suya esta lucha y esta demanda con la huelga general. Pero la dirección de la CGTP la separó y aisló de esa gran lucha contribuyendo a que sea derrotada.
Esta dirección también ha colaborado con el montaje de la farsa electoral en curso, manteniendo desmovilizada y adormecida a la clase trabajadora y aislando sus luchas, y avalando esta “democracia” apoyando candidaturas de conciliación, primero subiéndose al carro de López Chau y ahora al de Roberto Sánchez.
Todo esto no ha hecho más que profundizar la desorganización y dispersión de la clase obrera, debilitándola en sus luchas cotidianas y dejando ganar posiciones a nuestros enemigos de clase. Esto se refleja en las elecciones donde vemos el crecimiento de las fuerzas reaccionarias que captan el voto de las zonas obreras y más pobres del país.
Nuestro posicionamiento
En la primera vuelta, el PST se posicionó con la definición de que “los trabajadores no tenemos alternativa”, y llamamos al voto nulo como una forma de defender la independencia política de los trabajadores.
En esta segunda vuelta podemos decir junto a lo más avanzado de la vanguardia obrera, que identificamos claramente a nuestro enemigo, a la que encarna la herencia del ex dictador Fujimori que ejecutó el ajuste más grande de nuestra historia, infligió una inmensa derrota a los trabajadores en los años 90 y realizó genocidio, esterilizaciones forzadas, etc., y luego su heredera, que ha mostrado casi lo mismo estos años.
Por ello votamos por Roberto Sánchez solo para acompañar a los activistas que consideran como decisiva esta experiencia de la segunda vuelta electoral; no es en ninguna forma un llamado a crear confianza o expectativas en lo que Sánchez haría desde el gobierno; por el contrario, estamos seguros de que no es ninguna garantía de un combate frontal contra el plan neoliberal, y que no dará siquiera tibias medidas como un impuesto a los ricos o medidas como la supresión de los ceses colectivos.
Lo hacemos reafirmando la necesidad de retomar la movilización y lucha unida como única manera de defendernos y de cambiar nuestras vidas. La clase obrera y el pueblo bolivianos, con el levantamiento que protagonizan estos días, muestran que la historia la escriben los pueblos luchando en las calles.
Una ola de despidos enciende las alarmas por la vulneración del derecho a huelga en el sector manufacturero. La Secretaria de Defensa, Edith Rivera, denunció que la empresa CIFARMA despidió a 18 trabajadores tras iniciar una huelga declarada legal por el MTPE. Una arremetida patronal que intenta marcar un nuevo precedente contra la clase obrera.
Por Manuel Fernández, dirigente obrero del PST
Un legítimo reclamo laboral se ha transformado en una verdadera masacre sindical a vista y paciencia del Ministerio de Trabajo. Trabajadores del sindicato de la empresa farmacéutica y manufacturera CIFARMA realizaron un plantón de protesta junto a los sindicatos de la FETRIMAP – CGTP este jueves 14 del presente, para denunciar los despidos abusivos de casi 18 operarios, como represalia tras el inicio de una huelga indefinida declarada procedente por la Autoridad de Trabajo.
Edith Rivera Galindo, Secretaria de Defensa del Sindicato de CIFARMA, detalló que la paralización de labores cumplió rigurosamente con los plazos y requisitos que exige la norma: “La huelga fue comunicada con la debida anticipación a la empresa y el propio Ministerio de Trabajo nos dio la razón mediante una resolución que la declaraba procedente. Pese a tener el respaldo legal, la respuesta de la empresa fue pisotear nuestros derechos e imponer despidos por doquier”, puntualizó la compañera.
La industria farmacéutica es un sector altamente rentable, con producción de medicamentes de primera necesidad, en el caso de CIFARMA atendiendo a clientes como Bayer. Sin embargo, desde el saque la actitud patronal ha sido abiertamente antisindical y mezquina. Ni siquiera acude al llamado de la Autoridad de Trabajo, y viene utilizando la maniobra de calificar a todo su personal como puestos indispensables para luego amenazarlos y despedirlos ante cualquier inicio de paralización que los trabajadores acaten como medida de protesta.
“Lamentablemente, la empresa ha buscado cualquier mecanismo para pisotear nuestros derechos. Primero nos notifican calificándonos como ‘personal indispensable’ para intentar frenar la protesta y obligarnos a entrar a planta quebrando nuestra medida de fuerza, cuando nuestros puestos no cumplen con ese criterio técnico. Al no ceder, nos enviaron cartas de pre-despido y, finalmente, las cartas de despido definitivo”, explicó la compañera Rivera Galindo.
La Mujer Madre trabajadora también lucha
El sindicato está compuesto mayoritariamente por mujeres, muchas de ellas en condiciones de alta vulnerabilidad. Son ellas quienes están al frente en cada convocatoria de lucha que se realiza. Y lamentablemente también en su mayoría han sido ellas las que enfrentan estos despidos en pleno desarrollo de su legítimo derecho a huelga. Un doble golpe para estas madres que no solo son explotadas por el patrón en la fábrica, sino que además siguen cargando con las labores domésticas del hogar.
“Más de la mitad de los despedidos somos madres de familia y el único sustento de nuestros hogares; somos padre y madre a la vez. También han echado a adultos mayores y a compañeros con enfermedades ocupacionales que se enfermaron trabajando en las líneas de producción de esta misma empresa”, manifestó Rivera con indignación. “Es indignante que mientras las instituciones del Estado y las Corporaciones saturan las redes y la televisión con propagandas festivas por el Día de la Madre, en la realidad días antes de esta celebración nacional, a nosotras nos echan a la calle, sin el pan para nuestros hijos por el solo hecho de defender nuestros derechos laborales”.
La lucha de CIFARMA es la lucha de toda la clase obrera
El caso de los despidos en CIFARMA no es un hecho aislado. Es la misma política que enfrentan los trabajadores del Sindicato de DINET, ya con más de 15 días en huelga indefinida, sin que exista visos de solución y también del cese colectivo implementado por la patronal de Industrias del Envase en el Callao.
Una nueva arremetida patronal al calor de este proceso electoral amañado donde la clase empresarial, gane quien gane ya juega sus fichas para imponer nuevamente sus intereses. Por ello una respuesta aislada en donde cada sindicato resuelve su problemática es inviable.
Necesitamos unificar las luchas
Urge una respuesta del movimiento obrero organizado. No podemos dejar a su suerte estas luchas. Las respuestas en el terreno legal deben realizarse, pero no son la salida al problema. Una orientación legalista como el arbitraje o que los despidos se encarguen al poder judicial significaría una derrota y un retroceso en nuestras conquistas, puesto que la patronal aplicará la misma fórmula en otras luchas.
Por el contrario, debemos unificar estas luchas y organizar la movilización de los trabajadores, La FETRIMAP debe convocar a sus bases a discutir la problemática actual y discutir un plan de lucha que permita derrotar los despidos y estas maniobras patronales que quedan impunes ante vista y paciencia de la Autoridad de trabajo. Es una respuesta que debemos organizar ahora y no para después de 28 de julio.
Ese plan debe desembocar en una huelga del sector obrero industrial en Lima, que señale el camino que debe tomar la clase trabajadora peruana para defender y conseguir solución a nuestra problemática.
Ese es el reto que tenemos y en eso coinciden los trabajadores del sindicato de CIFARMA que al cierre de esta edición se mantienen firmes en su lucha: “Somos un sindicato chico, pero fuerte en convicciones. Hemos decidido continuar con esta pelea hasta las últimas consecuencias, porque sabemos perfectamente que sin lucha no hay victorias, llamamos a nuestros hermanos sindicatos a solidarizarnos con nuestra lucha”, concluyó la compañera Ediht Rivera.
Desde el martes 19 de mayo, los estudiantes de la Universidad Nacional de Educación «Enrique Guzmán y Valle» – La Cantuta tomaron las puertas a la ciudad universitaria en Chosica mientras que otros grupos de estudiantes recuperaron los ambientes donde antes funcionaba la residencia universitaria.
Su principal demanda estudiantil es exigir la restitución inmediata de la residencia estudiantil, apropiada por las autoridades y ocupada por docentes que viven en ella ¡más de 20 años!
Otras demandas son incrementar el presupuesto para el comedor y transporte. En la toma hubo una violenta agresión contra los estudiantes por parte de los matones que se presentan como “miembros seguridad”.
Vale recordar que hace más de treinta años que los estudiantes se quedaron sin residencia porque fue destruida por la intervención militar en el año 1992. Incluso el grupo Colina, brazo armado paramilitar, secuestraron, torturaron y ejecutaron extrajudicialmente a nueve estudiantes y un docente bajo el pretexto de que eran “terroristas”. Desde entonces ninguna autoridad de la UNE se propuso resolver el problema de vivienda para los estudiantes, una necesidad muy sentida por los estudiantes de provincias, de los cuales muchos de ellos tienen recursos económicos muy precarios.
Asamblea triestamental y plan de la lucha
Una semana después de la toma, la Asamblea Triestamental acordó defender la universidad pública, el cese de procesos administrativos disciplinarios contra los estudiantes movilizados, el reconocimiento de la residencia estudiantil recuperada y la reactivación inmediata de la residencia universitaria, el mejoramiento integral del servicio de alimentación universitaria, la ampliación y mejora del transporte universitario, la devolución y libre utilización de sede para los gremios universitarios y auditorios, entre otras demandas. Un triunfo de los estudiantes abriría las puertas para el triunfo de los demás estamentos.
La justa lucha de los estudiantes requiere del claro pronunciamiento y solidaridad de las demás universidades y de las organizaciones sindicales, principalmente de la central mariateguista, la CGTP, y de las organizaciones sociales y barriales.
Hoy más que nunca los estudiantes cantuteños necesitan de nuestra solidaridad.
¡Viva la lucha de los estudiantes de UNE – La Cantuta!
Las luchas universitarias sacuden a la capital. En San Marcos y la UNE-La Cantuta, los estudiantes tomaron la ciudad universitaria. En San Marcos denuncian a la actual rectora Jerí de pretender reelegirse, para tal fin coordina con la mafia del Congreso un proyecto ley que la beneficia. En la UNE reclaman la restitución de la residencia universitaria, destruida desde hace más de treinta años bajo la dictadura de Fujimori. La Pontificia Universidad Católica – PUC fue sacudida con una rebelión contra el rector que había elevado la pensión más baja a mil soles más. La pensión más baja involucra a la mayoría de estudiantes. Todas estas luchas estudiantiles chocan contra la política de ajuste del gobierno-Congreso… y pueden triunfar, a condición de que sus direcciones estudiantiles impulsen la más amplia unidad y acciones de masas con toda la comunidad universitaria y la hacen extensiva a otras universidades.
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos es escenario de una importante lucha estudiantil desde el pasado 12 de mayo. Un sector del alumnado ha tomado la ciudad universitaria en rechazo a las elecciones virtuales, al incremento de la valla electoral y al proyecto de ley que permitiría la reelección de rectores, vicerrectores y decanos. Los estudiantes denunciaron que la iniciativa favorecería directamente a la actual rectora Jerí al abrir la posibilidad de su permanencia en el cargo.
Congreso busca aprobar la “Ley Jerí”
El debate creció luego de que el pasado 7 de mayo la rectora acudiera al Congreso bajo el argumento de participar en actividades por el aniversario de San Marcos. El verdadero objetivo habría sido coordinar una propuesta legislativa destinada a garantizar la continuidad de las actuales autoridades universitarias. El proyecto incluso evitó el trámite regular y fue llevado directamente a la Junta de Portavoces, dejando de lado el debate correspondiente en la Comisión de Educación.
Para la comunidad universitaria, esta maniobra evidencia la estrecha relación entre las autoridades universitarias y el actual régimen político. Las críticas apuntan a que la iniciativa busca consolidar estructuras burocráticas y redes de poder que administran importantes presupuestos públicos, mientras persisten graves problemas dentro de la universidad. A ello se suma el rechazo al papel que desempeñó la gestión de Jerí durante las protestas nacionales de 2023 contra Dina Boluarte, cuando autorizó el ingreso policial al campus de San Marcos generó fuertes cuestionamientos por parte de organizaciones estudiantiles y de derechos humanos.
Alto a la privatización
El conflicto también reabrió el debate sobre la situación de la universidad pública y los efectos de la actual Ley Universitaria 30220. Los estudiantes denuncian que, lejos de resolver los problemas estructurales, las reformas recientes han profundizado la precarización de servicios, las deficiencias en infraestructura, las dificultades económicas y el avance de criterios empresariales dentro de las casas de estudio. Mientras las autoridades disputan cargos y cuotas de poder, miles de estudiantes continúan enfrentando limitaciones para acceder a una educación pública de calidad.
En ese contexto, desde el PST, venimos planteando la necesidad de articular la lucha de San Marcos con los conflictos que atraviesan otras universidades del país. Señalamos que los ataques contra la educación pública forman parte de una crisis política más amplia marcada por la corrupción, el autoritarismo y la política neoliberal del régimen político actual.
Por ello, proponemos impulsar asambleas de base entre estudiantes, docentes y trabajadores, a la vez que impulsemos coordinaciones interuniversitarias para acordar acciones unitarias y, al mismo tiempo, el llamado a las organizaciones sindicales y populares, con el objetivo de enfrentar de manera conjunta las políticas que afectan a las universidades públicas y al conjunto de los trabajadores.
¿Cómo se explica que, 26 años después de la caída del dictador Alberto Fujimori, su hija Keiko vuelva a encontrarse en una segunda vuelta, y tenga opciones reales para ser presidenta?
Para algunos sectores intelectuales y de “clase media” que se consideran “democráticos”, la culpa es de las personas que denominan como “pobre de derecha”. Con gran indignación, estos sectores que se perciben como éticamente superiores, achacan el voto por Keiko a la “ignorancia” y a su poco valor personal (no es raro leer o escuchar a estos sectores afirmar que quienes votan por keiko tienen “cabeza de táper”, haciendo alusión a que entregarían su voto a cambio de alguna dádiva barata).
Sin embargo, la realidad no se ajusta al esquema de estos sectores, supuestamente “progresistas y democráticos”, que al sostener este tipo de conclusiones solo evidencian el desprecio absoluto que sienten por el pueblo pobre de nuestro país.
Entonces, si no es esa la explicación ¿Qué es lo que hay tras la cuarta segunda vuelta a la que ha accedido Keiko Fujimori desde 2011?
El fraude de la “democracia”
Es verdad que hoy la popularidad de Keiko hoy, es mucho menor a la que mostró en sus primeras apariciones, donde obtuvo en primera vuelta aproximadamente el 19% (2011) y el 35% (2016) de los votos emitidos, mientras hoy detenta el 10,5%.
Sin embargo, esto no niega el hecho de que se encuentre ante la posibilidad real de ganar estas elecciones.
De lo que se trata es de entender por qué a pesar de ser heredera y reivindicar una dictadura asesina y corrupta como la de su padre, que atacó y acabó con derechos laborales y sociales, y que entregó las riquezas del país a las transnacionales, sectores populares, e incluso obreros, siguen votando por Keiko Fujimori y el fujimorismo.
La principal razón detrás de esta situación ha sido que la llamada “democracia” (en realidad, la democracia patronal), que sobrevino a la caída de la dictadura, se detuvo en su obra justamente ahí donde la lucha comenzaba a desmontar las herencias más profundas de la dictadura: el modelo económico, la constitución, la corrupción y la impunidad.
Y no podía ser de otra forma, pues el modelo económico impuesto por la dictadura, estuvo siempre al servicio de las grandes empresas, quienes apoyaron al dictador Fujimori mientras les fue útil y controló, bajo un régimen policiaco y asesino, la lucha popular.
La tan glorificada “democracia”, mantuvo el modelo económico neoliberal y la constitución de la dictadura, la de 1993, bajo las cuales el país se transformó en una economía completamente sometida al capital extranjero, vendedora de cobre, oro y productos agroindustriales.
Todas actividades que impactan en el ambiente y siembran miseria afectando la calidad de vida de las poblaciones aledañas. Y que con el tiempo ha sido el caldo de cultivo perfecto para la proliferación de organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal, incrementando la violencia y la inseguridad.
Un modelo económico que, además, ha desarrollado la corrupción a niveles exorbitantes, como evidenciaron los 22 millones de dólares que cobró Toledo por sus servicios para Odebrecht.
Represión a luchadores y mano blanda a criminales
En ese marco de continuidad del modelo económico y sus penurias, que además nos condenaron a vivir un verdadero genocidio durante la pandemia de Covid19, esa llamada democracia ha mostrado en estos años que, así como se muestra dura y es asesina contra quienes luchan, es una coladera ante la emergencia del crimen organizado, el sicariato y la extorsión.
Basta con recordar los más de 220 luchadores y luchadoras asesinados por agentes policiales y de las Fuerzas Armadas entre 2001 y 2025 para saber que la democracia mata, y al mismo tiempo ver la absoluta ineptitud de la policía y las Fuerzas Armadas, durante los estados de emergencia, para acabar con la criminalidad, para darse cuenta contra quién apunta los fusiles esta “democracia”.
Ante esta realidad, para un sector del pueblo pobre, Keiko Fujimori aparece como una alternativa de “orden” y “estabilidad económica”, aunque sea, en el peor de los casos, de una economía que solo permite sobrevivir en la informalidad. Y este sector no se va a convencer de lo contrario por discursos moralistas o de genialidades ilustradas.
Por eso, para acabar con el fujimorismo y con Keiko Fujimori, no bastará votar por su oponente de turno. Solo la organización y movilización consciente de la clase obrera y el pueblo pobre puede resolver los problemas de fondo que aquejan a nuestro país, y a partir de ahí, deshacerse de las expectativas que pueda levantar la heredera de la dictadura en los sectores populares que aún la consideran una posibilidad.
Tras el pase de “Juntos por el Perú” (JP) a la segunda vuelta, se vuelve necesario analizar qué representa realmente esta organización y cuál es el programa político que defiende. En medio de una coyuntura marcada por la crisis del régimen, el descrédito de los partidos tradicionales y una enorme confusión política, distintos sectores intentan presentar a JP como una alternativa de cambio profundo para el país. Sin embargo, detrás de ese discurso “progresista” y popular, es importante precisar cuál es su composición social, cuál ha sido su actuación política en los últimos años y cuáles son los verdaderos límites de su proyecto.
¿Quién conforma JP?
Desde sus orígenes, “Juntos por el Perú”, surgido en el 2017 alrededor del Partido Humanista, ha estado ligado fundamentalmente a sectores de clase media profesional, cuadros técnicos, pequeños empresarios y sectores vinculados a economías regionales y rurales. Es decir, no nació como una organización construida desde la independencia política de la clase trabajadora, sino como un proyecto orientado a reformar y administrar el capitalismo peruano dándole un rostro más “social” o “democrático”.
En esta elección, además, JP incorporó la figura de Pedro Castillo, intentando capitalizar nuevamente el respaldo popular que este recibió en el 2021, especialmente entre las regiones del sur andino, el magisterio y amplios sectores empobrecidos que vieron en su candidatura una expresión de rechazo a las élites tradicionales. Sin embargo, la base social que apoyó a Castillo en aquel momento ya no se mantiene intacta. Una parte importante de ese respaldo fue absorbida por otras candidaturas y otra terminó profundamente decepcionada luego de la experiencia del gobierno castillista y de la incapacidad de ese proyecto para responder a las demandas populares.
¿Cuál ha sido su rol entre 2021 y 2026?
Durante el proceso de vacancia contra Pedro Castillo, gran parte de la llamada “izquierda parlamentaria” terminó subordinándose a las reglas y mecanismos de esta institucionalidad burguesa. Entre quienes votaron a favor o se abstuvieron estuvo Roberto Sánchez, dirigente ligado a JP. Esto reflejó el verdadero límite político de estas organizaciones: pese a su retórica crítica, terminan actuando dentro de los márgenes del mismo régimen que dicen cuestionar.
En ese sentido, aunque JP no forme parte directa del llamado “pacto mafioso” que controla el Congreso y amplios sectores del Estado, su papel terminó siendo funcional a la estabilidad del régimen. Mientras miles de personas en el sur del país se movilizaban contra el gobierno de Dina Boluarte, enfrentando la represión, los asesinatos y la militarización, JP priorizó la política parlamentaria y las negociaciones institucionales antes que impulsar una verdadera estrategia de movilización nacional para derrotar al gobierno.
Incluso después de las masacres perpetradas por el régimen, cuando decenas de manifestantes fueron asesinados por las fuerzas represivas del Estado, JP no llamó a desarrollar una lucha consecuente para tirar abajo al gobierno y al régimen responsable de esa represión. Por el contrario, contribuyó a sembrar expectativas en salidas institucionales, apostando a que desde el propio Congreso o mediante acuerdos políticos pudiera resolverse la crisis. Esto terminó favoreciendo el desgaste y desmovilización del enorme proceso de lucha que protagonizaron las regiones del sur.
El programa de JP
El programa de JP expresa claramente el carácter social y político de esta organización. Se trata de un proyecto capitalista reformista, con ciertos matices nacionalistas, que busca fortalecer a determinados sectores empresariales nacionales y renegociar algunas condiciones dentro del modelo económico vigente, pero sin romper realmente con él.
Por eso, aunque critique algunos “excesos” del neoliberalismo, en ningún momento plantea acabar con las bases estructurales de la explotación capitalista en el Perú. No propone eliminar mecanismos centrales de precarización laboral como las services, la subcontratación, los ceses colectivos o los regímenes laborales especiales que niegan derechos a millones de trabajadores. Su propuesta se limita, en el mejor de los casos, a regular ciertos “abusos” para hacer el sistema más “equilibrado” o “justo”, sin cuestionar que la superexplotación laboral es precisamente uno de los pilares sobre los que se sostiene la acumulación capitalista en el país.
Tampoco plantea enfrentar seriamente a los monopolios y oligopolios que controlan sectores estratégicos de la economía. Sus críticas apuntan más bien a los “excesos” o a la “competencia desleal”, como si el problema fuera únicamente la mala regulación y no la propia concentración capitalista que inevitablemente produce este sistema.
Una de las mayores contradicciones de su programa aparece en su relación con el imperialismo. Aunque cuestiona ciertos niveles de dependencia y subordinación económica, no propone romper con los tratados de libre comercio ni con el dominio de las grandes transnacionales sobre los recursos naturales y sectores estratégicos del país. Su perspectiva se reduce a intentar “negociar mejores condiciones” con las potencias y el capital extranjero, bajo la ilusión de que es posible alcanzar relaciones “más justas” con el imperialismo.
Sin embargo, la realidad mundial demuestra lo contrario. Las grandes potencias actúan en función de sus intereses económicos y geopolíticos, interviniendo militarmente, saqueando recursos y subordinando economías enteras cuando sus intereses están en juego. Pretender humanizar o democratizar esa relación sin romper con la dependencia estructural termina siendo una utopía reformista.
Algo similar ocurre con sus planteamientos sobre el medio ambiente. Aunque el programa habla de sostenibilidad, “democracia” y dignidad humana, evita impulsar medidas realmente anticapitalistas frente a la crisis climática. Hoy resulta imposible defender seriamente el medio ambiente sin enfrentar el modelo extractivista impuesto por las grandes corporaciones y el imperialismo. Para ello sería necesario romper con los TLC, recuperar el control de los recursos naturales bajo control social y planificar democráticamente su explotación en función de las necesidades de la población y no de las ganancias privadas.
Por todo esto, aunque JP critique parcialmente el neoliberalismo y se presente como una opción de cambio, su trayectoria y su programa muestran que no representa una alternativa verdaderamente distinta al sistema actual. La experiencia reciente de gobiernos como el de Ollanta Humala o el propio Pedro Castillo demuestra cómo proyectos de este tipo terminan administrando el mismo modelo que prometían transformar.
En ese sentido, Roberto Sánchez ni siquiera necesita una “hoja de ruta” como ocurrió con Humala para tranquilizar a los grandes grupos económicos. Su propio programa y actuación política ya dejan claro que no pretende poner en cuestión las bases fundamentales del modelo capitalista, sino únicamente administrarlo con ciertos matices.
El fantasma que la burguesía quiso borrar con la vacancia de Pedro Castillo en 2022, la cruenta represión de las protestas que se sucedieron contra esa vacancia, la condena a siete años del ex presidente y toda la maquinación que hizo esa misma burguesía para evitar a otro como él en estas elecciones y así asegurarse la elección de uno de los suyos: todo resultó un fiasco. El “fantasma” regresó –con sombrero incluido– en la figura de Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú (JP).
Fue una verdadera sorpresa. Por un pequeño margen de votos Sánchez aparece en la segunda vuelta empujado por el voto masivo de las regiones andinas, para posiblemente competir con Keiko Fujimori (Fuerza Popular), heredera de la dictadura, que por cuarta vez busca ser la “opción salvadora” de la burguesía.
Con este resultado, se volvieron a activar todas las alarmas en las élites empresariales y la alta clase media, y con ellas aparecieron las tretas para burlar la voluntad popular con el manido cuento del “fraude electoral”.
Rafael López Aliaga (Renovación Popular), el gran perdedor de estas elecciones y una de las figuras de la reacción capitalista, amenaza a las autoridades electorales y llama a una “rebelión popular” pidiendo la nulidad de las elecciones. Su osadía no es poca cosa: tiene el apoyo de gremios empresariales, de las clases altas de Lima y de la gran prensa, con los que ya puso contra la pared a la ONPE, el JNE, a la JNJ y a la Fiscalía, a las principales instituciones que estos días parecen actuar como sus peones.
En un país marcado por la informalidad, la corrupción y la crisis institucional crónica, la crisis electoral ha dejado su huella en estas elecciones con una serie de irregularidades, fallas y negligencias graves. Esto no debería sorprender a nadie: en la pandemia fallecieron más de 200 mil peruanos por la falta de un balón de oxígeno que el Estado no era capaz de proveer.
En realidad, estamos ante el fracaso de todo lo planeado, casi al detalle, por la burguesía en tres años de ataque reaccionario. Esperaban una fiesta electoral entre ellos, una final entre López Aliaga y Keiko Fujimori, o en el peor de los casos entre uno de ellos con otro cercano. Pero, en medio de una extrema proliferación de candidatos (36), de organizaciones en general montadas para la ocasión, la votación se dispersó y el pase a la segunda vuelta, por lo menos para definir a quién acompañe a Keiko Fujimori, no se definió de manera clara, quedando López Aliaga en la disputa.
El caso de López Aliaga es de una inmensa frustración. Después de ser empoderado por los grandes medios en años de campaña, en los últimos meses empezó a caer, sobre todo después de “visitar” las poblaciones del sur andino donde la gente le mostró su rechazo por su permanente señalamiento de “terroristas” cuando salió –y salen– a luchar. En su cólera de raigambre gamonal, él les respondió con otros insultos: les dijo “¡gente de mierda!” Es indudable que esto empujó el voto en estas regiones en favor del candidato ubicado en el otro extremo, al que pretendía reencarnar a Castillo.
En estas horas, la presión pasa por el conteo de votos de las numerosas actas observadas. Esto no es nada normal. Miles de ellas corresponden a decenas de miles de votos andinos que el mismo López Aliaga exige que se anulen. Esto, inaceptable para muchos desde todo punto de vista, lleva a una puja que se extenderá (de acuerdo a versiones oficiales) hasta el 15 de mayo. Otro hecho que muestra la crisis en curso: los resultados electorales se sabrán más de un mes después de la votación.
En realidad, la mejor opción que tiene la burguesía es tragarse el sapo y aceptar una segunda vuelta de Fujimori vs. Sánchez, y afinar en la segunda fase electoral sus armas para imponer a la heredera de la dictadura. Si se desplaza a Sánchez y se impone al prepotente López Aliaga, se destapará el verdadero fraude y la crisis se agravará.
No sería extraño. Una fuerte tendencia reaccionaria mueve a un importante sector del empresariado y de las clases acomodadas. Ellos ya han configurado la presente elección, que no tiene nada de democrática y sí mucho de farsa. La proliferación de candidatos y de “partidos” que los sostienen es propia de la descomposición del sistema; al mismo tiempo, se elevan las vallas para impedir la legalidad de otros partidos verdaderamente de los trabajadores. La Constitución ha sido modificada en más del 60% por un Congreso manejado por una mafia, después de ahogar la protesta popular que pedía elecciones para una Asamblea Constituyente libre y democrática. Entre los cambios que se impusieron están la bicameralidad y la reelección (que habían sido ampliamente rechazadas en una consulta popular), y se concentró todo tipo de poderes en un supremo y reducido “Senado”.
Además, como siempre, la burguesía ve las cosas desde su propia burbuja y no esperaba esa respuesta sólida de la región andina. A lo más, vieron el peligro en Alfonso López Chau (Ahora Nación) –un autoproclamado “socialdemócrata” que había empezado a subir en las primeras encuestas–, y lo “terruquearon” hasta bajarlo. Por otro lado, los sectores más “ilustrados” que trataban de evitar un final de polarización, abogaban por un “voto estratégico” para hacer que un candidato “moderado” o “mal menor” pasara a la segunda vuelta para competir con Keiko Fujimori o con López Aliaga, que estaban adelante en las encuestas, y le abrieron camino a Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras) y Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), entre otros. Todo esto jugó a favor de Sánchez, que inició un crecimiento en las últimas semanas y horas, sobre todo en la región andina, colocándose a duras penas en el segundo lugar, reproduciendo un escenario parecido al del 2021.
Elecciones en medio de una crisis de fondo
Las elecciones muestran toda la gran crisis que atraviesa el país. Una crisis que en el fondo es del régimen y del mismo sistema.
Entre los “opinólogos” se intentan todo tipo de explicaciones, desde el exceso de candidatos y la fragmentación hasta la falta de un “voto consciente”, echándoles la culpa a los electores. En realidad, cada elección es una crisis y cada vez se cae más bajo. Viendo este escenario, un periodista argentino comentó: “cuando nos sintamos deprimidos por lo que sucede en nuestro país, solo hay que mirar lo que ocurre en Perú”.
El sistema “democrático” fue diseñado por la burguesía para garantizar su dominio de clase y la explotación de la clase obrera. Pero la “democracia” peruana del Siglo XXI es, además, hija directa del neoliberalismo más brutal aplicado en el subcontinente, donde las reglas del funcionamiento de la economía ya están dictadas. Por ello, no hay partidos con programas distintos y predominan verdaderos vientres de alquiler que defienden negocios e intereses privados, incluidos los de la economía ilegal, permitiendo que florezca la corrupción, y son descartables. En cada elección se celebra el descarte de un grupo de partidos corruptos, mientras se vota y elige a otros nuevos de su misma naturaleza.
Esta “democracia” degradada mantenía cierto equilibrio cuando la bonanza neoliberal chorreaba sobre la población. Pero dejó de hacerlo cuando la crisis se instaló en el país desde la pandemia del Covid-19, cuando, para salvar los grandes negocios, se arruinó la economía popular, se empujó al desempleo a millones y se dejó morir a casi medio millón de peruanos pobres. Desde entonces las masas salieron a pelear por sus reivindicaciones e inestabilizaron todo. Cayeron gobiernos, se produjeron golpes y todo terminó por socavar la “institucionalidad democrática” instalando una crisis crónica, donde las crisis electorales y sus resultados son productos de ella.
El modelo neoliberal ya no “chorrea” hacia abajo sin que se cuestione su continuidad. Seis años después Perú es casi el único país que no ha superado lo que dejó la pandemia sobre la clase trabajadora y los pobres. Su situación se ha agravado por la creciente expansión del crimen organizado que asesina y extorsiona a transportistas y pequeños negocios en las localidades más pobres. Además, hay que considerar que en 2008 estalló una crisis en el corazón del imperialismo de la que no ha salido hasta ahora, y que alimenta una crisis global con guerras (como en Ucrania, que lleva cuatro años; la de Medio Oriente, Gaza y Cisjordania en la Palestina ocupada, Líbano e Irán en estos días), todo lo cual agrava la crisis nacional al encarecer los combustibles y las subsistencias y hacer más depredador al imperialismo y a los capitalistas.
Ante este “desorden” y el descontento que recorre todo el país, la burguesía maquina salidas autoritarias y represivas. Salidas que le permitan restablecer su “orden” y “estabilidad” para que fluyan los capitales con enorme sed de ganancia, y para ajustar más el plan neoliberal y lograr la privatización de Petroperú, la autorización de nuevas concesiones mineras, una nueva contrarreforma laboral, entre otras medidas.
Con este fin dieron un primer paso con el golpe contra Castillo. Para ello se apoyaron en la traición de Dina Boluarte, su vicepresidenta, y en el colaboracionismo de un gran sector de la izquierda acomodada en el Parlamento, para frenar las protestas con una sangrienta represión. Luego cambiaron la propia Constitución y las leyes y coparon las instituciones claves para asegurarse el control del poder, incluso con estas elecciones.
Sin embargo, todo esto fue resistido con sucesivas luchas, y aparecieron nuevos actores como los transportistas, la generación Z y poblaciones afectadas por el crecimiento de la inseguridad. Y el régimen se descompuso, tanto más cuanto mostraba corrupción e ineptitud. Para “lavarse la cara”, el régimen vacó a Boluarte y en su lugar colocó al congresista José Jerí (Somos Perú), otro corrupto de su misma especie que llegó a durar poco más de 100 días, para terminar de colocar en su reemplazo a otro congresista como “presidente encargado”, José Balcázar (Perú Libre), más repudiado aún, a pocas semanas de las elecciones.
Este régimen pudo caer. Pero se sostuvo gracias a la colaboración de las direcciones del movimiento obrero que la mantuvieron aislada de las luchas populares.
La clase obrera es la más poderosa fuerza social que produce este sistema y es la llamada a derrotarlo apoyada en la gran población empobrecida y luchadora. Pero está bajo el control de una dirección –entre ellas la que controla la CGTP–, que ha colaborado con la “gobernabilidad” reaccionaria de los últimos años –tanto como lo ha hecho la bancada de “izquierda” del Congreso. Ella también ha colaborado con el montaje de la farsa electoral en curso, manteniendo desmovilizada y adormecida a la clase obrera y aislando sus luchas. Esta situación ha hecho que la clase obrera como tal no tenga alternativas de independencia de clase en estas elecciones, y que su voto se haya dispersado entre varias candidaturas. Ni siquiera apoyó masivamente a los candidatos de esa burocracia que quisieron canalizar el voto obrero hacia el académico López Chau, en cuyas listas había inscrito a varios candidatos, miembros del Partido Comunista Peruano.
Ante la salida autoritaria que promueve la burguesía, la clase obrera está llamada a poner en pie su propia alternativa de clase junto al pueblo pobre. Ya vemos que las elecciones no representan una salida y que todo va para peor. Y más aún, ante una amenaza autoritaria lo que queda es que sus organizaciones de clase luchen por una salida en el camino del poder obrero y popular, bajo una dirección verdaderamente proletaria y revolucionaria. No hay otra.
Es el rol traidor de estas direcciones el que está permitiendo a la burguesía y a sus sectores más reaccionarios ganar espacio para aplicar sus propias salidas. Eso se ve en los resultados electorales. En Lima y una extensa franja de la costa y la selva, donde predominan las actividades económicas más modernas y que cuentan con alta concentración obrera, las preferencias electorales se inclinan hacia las opciones más conservadoras. El plan electoral burgués solo ha sido puesto en cuestión por el vuelco del sector andino a la candidatura de Roberto Sánchez; el sector andino para quien no existe ningún plan de gobierno ante la crisis que la sacude, que no aparece en ninguna encuesta y cuando vota, sus votos son ninguneados. Ese mismo sector, que encumbró a Pedro Castillo en 2021 y que salió a luchar contra su vacancia, ahora se vuelve a expresar votando de manera casi unida por Sánchez, reivindicando con este voto su lucha y a sus víctimas, y expresando su profundo odio a las clases adineradas que lo desprecian, oprimen y explotan.
Sin embargo, sería un error ver el presente proceso como un símil del ocurrido en 2021. El resultado preliminar de la actual elección resulta más un susto injustificado que lo que aconteció entonces. En aquella elección Pedro Castillo tuvo un resultado cerca del 19% y ahora Roberto Sánchez ha recibido 12%, más o menos un tercio menos de votos. Por su lado, Keiko Fujimori, la antípoda de todas las candidaturas, obtuvo 12% en las pasadas elecciones y en las presentes subió a un poco más de 17%.
Además, Castillo, habiendo sido un líder de una larga y exitosa huelga magisterial, apareció, adicionalmente, como hombre de campo, y se hizo de un electorado con un discurso radical (nacionalizaciones incluidas) que canalizó el profundo descontento dejado por la pandemia. Sánchez, en cambio, no tiene seguidores que mostrar; es un arribista que empezó su carrera apropiándose del registro electoral de la organización que ahora encabeza, que pertenecía a Yehude Simons, y que en la “vacancia” de Castillo no solo se abstuvo, sino que renunció a su cargo de ministro tratando de lavarse las manos; y en su labor parlamentaria ya demostró que era uno más del montón que el pueblo repudia. Sánchez ha logrado ese resultado solo por elapoyo de Castillo. El personaje muestra su verdadero rostro cuando, apenas mencionadas sus posibilidades de pasar a la segunda ronda, se apresuró a llamar a una alianza de gobierno con Jorge Nieto y Marisol Pérez Tello, ambos de derecha moderada.
Pero también el mismo Castillo ha devenido solo en un símbolo del movimiento popular, más que de lucha o de cambio. En sus dieciocho meses de gobierno no hizo nada contra los grupos de poder ni en favor de los más pobres que lo encumbraron, y su vacancia fue provocada por él mismo. Por ello, el voto a favor de su candidato es más un voto de rechazo a los candidatos del régimen y del sistema.
El resultado de todo esto es que no se ve por ningún lado un fortalecimiento de la izquierda institucional, como pareciera. Toda ella está a la deriva. El gran protagonista de las elecciones del 2021 prácticamente ha desaparecido, junto a otros agrupamientos. Y el “éxito” de JP y Sánchez es netamente un fenómeno electoral.
Nuestro posicionamiento
En el cuadro descrito, el PST se pronunció por el voto nulo, básicamente con la definición de que “los trabajadores no tenemos alternativas”. Ya lo hemos señalado: la clase obrera es el sector social más importante que con su trabajo genera una inmensa riqueza y, contradictoriamente y pese a que da diversas peleas, no se desarrolla de manera independiente debido a la extrema debilidad de su vanguardia y al control que sobre ella ejerce la burocracia.
El voto nulo o la actuación fuera del escenario electoral no es lo mejor, pero no tenemos mejor opción para defender la independencia política de los trabajadores. El PST no tiene posibilidades de ingresar a la competencia electoral debido a las fuertes restricciones para participar en ella. Si pudiéramos participar, lo haríamos para educar a la clase obrera en un programa revolucionario y una alternativa de gobierno de sus organizaciones. Y no podemos ir a la cola de cualquier otra lista de “izquierda” porque no compartimos su programa de conciliación de clase, que los lleva a aspirar –y a dejar la vida– por una curul.
¿A dónde vamos y qué tarea tenemos?
Vamos a una segunda vuelta que, con cualquiera que sea el que pase, será de continuidad de la crisis. Si es Keiko vs. López Aliaga, será una elección ilegítima que solo conseguirá apoyo en las grandes ciudades, mientras que es posible que el descontento del resto del país, y en especial de las regiones andinas, se exprese con el voto nulo. Si es una elección entre Keiko vs. Sánchez, será similar a la anterior, en una suerte de elección entre el “antikeikísmo y anticomunismo” o de “derecha e izquierda”, según las perspectivas de cada sector.
En cualquier caso, los escenarios inmediatos y futuros son de continuidad de la crisis, en todos los niveles. Por ello lo central es retomar las luchas unificadas. En estos días la lucha contra el fraude que quiere imponer la burguesía y su farsa de democracia, planteando la necesidad de retomar en forma unitaria la movilización obrera y popular con la demanda de Asamblea Constituyente libre y soberana. Y junto a esta demanda, la lucha por el congelamiento de precios de los combustibles y productos esenciales, cuyas alzas golpean y golpearán más a nuestras familias por la guerra de Trump y Netanyahu, y por aumento general de sueldos y salarios y pensiones. ¡Basta de silencios y parálisis de la central! ¡Es la hora de luchar en forma unida!
En el marco de esa tarea central de fortalecer la unidad y luchar de las organizaciones obreras y populares, debemos dar pasos firmes en la construcción de un verdadero partido revolucionario para luchar por la salida de fondo que se necesita ante la gravedad de la crisis actual: la conquista de un Gobierno de los Trabajadores.
