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La lucha continúa en Industrias del Envase

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A cerca de cinco meses del cese colectivo patronal que afectó a 44 trabajadores, entre ellos madres que son el único soporte de sus familias, la lucha obrera continúa firme, reclamando la reposición inmediata.

Junto al seguimiento del proceso, que ahora se encuentra en la Dirección General de Trabajo del MINTRA, donde esperan su pronunciamiento ratificando el rechazo a la solicitud patronal, el sindicato mantiene su protesta en las calles. El 13 de agosto se realizó un firme plantón en el frontis de la empresa y al cierre de esta edición se preparaba otro para el 31 del mismo mes frente al Ministerio de Trabajo. Y así piensan continuar hasta derrotar este abuso, cuyo único propósito es destruir la organización sindical y su firme defensa de los derechos de los trabajadores.

Los trabajadores también exigen la solución de su pliego de reclamos, que no es atendido desde hace más de un año y que ahora se ha juntado con el de este año. El ofrecimiento de centavos en la “negociación” solo desnuda la actitud antilaboral de la empresa, que, para perseguir sus fines, busca sembrar la confusión difundiendo por abajo la idea de que ofrecen un buen arreglo y que son los dirigentes quienes no quieren. El cese colectivo como medida antisindical de las patronales ahora se ha extendido a Fibra Industriales, donde la empresa ha dejado en la calle a un grupo de trabajadores. ¡Paremos ya este abuso patronal, uniendo la lucha obrera para exigir la derogatoria de la norma que permite los ceses colectivos!

¿Habrá salida al problema de la seguridad?

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Por Víctor Montes

105 homicidios se han registrado hasta el 20 de agosto, es decir, en los primeros 23 días de gobierno de Keiko Fujimori. La cifra muestra que nada ha cambiado con la llegada del fujimorismo al gobierno.

Y no podía ser de otra forma, pues las causas estructurales del incremento del crimen organizado (la desigualdad y la pobreza, la falta de trabajo y salarios que cubran las necesidades de la población, la informalidad extrema, la corrupción y mercantilización de todas las relaciones sociales) no han sido ni van a ser tocadas por un gobierno que tiene por tarea principal profundizar esos mismos rasgos por medio de la aplicación del modelo económico neoliberal.

Keiko Fujimori y Luis Galarreta, su primer ministro, han ofrecido que las Fuerzas Armadas “se involucren” en la labor de seguridad. Sin embargo, la experiencia de los “estados de emergencia”, en los que las FF.AA. fueron llamadas a participar del cuidado de la seguridad interna, prueban que no es una solución al problema.

Nadie duda que, por momentos, la presencia de la tropa en las calles puede generar sensación de seguridad. Sin embargo, los datos hablan solos. Solo en 2024, durante el Gobierno de Dina Boluarte, se promulgaron 71 resoluciones de este tipo, la mayor cantidad en lo que va del siglo. Pese a eso, la inseguridad no menguó. En el mismo año se registraron cerca de 2 mil casos de homicidios dolosos a nivel nacional, según los reportes oficiales y de registros de muertes violentas, solo para marcar un nuevo récord en 2025 con 2218 homicidios… y ninguno de los soldados apostados en paraderos o esquinas ha hecho la diferencia.

Una política de impunidad y represión

En su lugar, y bajo el pretexto de la lucha contra el crimen organizado, lo que prepara el gobierno, es un endurecimiento de las condiciones de impunidad y la represión en el país.

El plan, que comenzó a aplicarse con las leyes que declararon “inimputables” por delitos de lesa humanidad a los militares y policías violadores de los derechos humanos durante 1980 y 2000, y que continuó trasladando la investigación, juicio y supuesto castigo de los crímenes que cometen policías y efectivos de las FF.AA. al fuero militar, es decir, para que se “juzguen” entre ellos mismos.

Y ahora pretende dar un salto implementando nuevos sistemas de detección de identidad por medio del uso de un sistema de videovigilancia con inteligencia artificial que, aunque no lo digan, no se limitará a identificar y perseguir delincuentes, sino también dirigentes y activistas obreros y populares que resulten molestos al gobierno.

¿Cómo podemos cambiar esta realidad?

Por eso, ante la ola criminal, el pueblo trabajador solo puede confiar en sí mismo.

Frente a una policía corrupta e ineficiente, que solo sabe “crecerse” cuando enfrenta a quienes luchan, los trabajadores y el pueblo debemos oponer la conformación de rondas urbanas que tomen en sus manos la seguridad de nuestros barrios y centros de trabajo, tomando para sí los recursos que eran de la policía, incluidas sus armas.

Dicha organización, deberá responder únicamente a las asambleas territoriales a las que se deben, donde todos los miembros de la ronda, hombres y mujeres, podrán ser elegidos y revocados en cualquier momento por la misma asamblea de la comunidad, que juzgará si lo actuado por los miembros de la ronda, ha sido correcto.

Será así, y no fortalecimiento a instituciones incapaces y corruptas, cómo la policía, que avanzaremos en el enfrentamiento a la criminalidad. Y habrá que arrancar con nuestra movilización contra el plan del gobierno, y por un plan de seguridad obrero y popular, el derecho a ejecutar esta tarea.

Desempleo juvenil: el fracaso de un modelo que pretende abaratar el trabajo

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Por Miguel Reyes

El mercado laboral peruano sigue mostrando una realidad especialmente dura para miles de jóvenes que buscan acceder a su primer empleo. Aunque en el primer trimestre de 2026 el empleo nacional creció 1,3%, esta recuperación no alcanzó a todos. Según el INEI, el desempleo entre los jóvenes de 14 a 24 años llegó al 9,6%, casi el doble de la tasa general, situada en 5,1%.

Estas cifras revelan la incapacidad del mercado laboral para garantizar empleos formales, estables y dignos para las nuevas generaciones. El problema no se explica simplemente por la falta de capacitación o experiencia, sino por una estructura económica que durante décadas ha privilegiado la rentabilidad empresarial y la reducción de costos laborales por encima de la creación de empleo de calidad.

¿Otra vez la receta de abaratar el trabajo?

En este contexto, el gobierno de Keiko Fujimori difícilmente podrá ofrecer una solución de fondo mientras defienda el mismo modelo económico que ha predominado durante las últimas décadas. Existe además el riesgo de que las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo sean utilizadas para impulsar medidas que faciliten y abaraten la contratación juvenil.

La experiencia de la llamada Ley Pulpín demuestra el peligro de esta receta. Durante el gobierno de Ollanta Humala se aprobó la Ley 30288, que estableció un régimen laboral especial para jóvenes de 18 a 24 años, reduciendo derechos como las vacaciones a 15 días y excluyendo beneficios como la CTS y las gratificaciones. La movilización juvenil y popular obligó finalmente a su derogación en enero de 2015.

Un modelo incapaz de garantizar trabajo digno

El problema de fondo persiste. El modelo económico impuesto desde los años noventa no ha construido una estructura productiva capaz de incorporar de manera estable y digna a las nuevas generaciones. Ha priorizado condiciones favorables para la inversión privada y la rentabilidad de los grandes grupos empresariales, mientras el Estado mantiene una limitada capacidad para planificar el desarrollo, diversificar la economía y garantizar derechos sociales.

Por ello, el desempleo juvenil no se resolverá abaratando el trabajo de los jóvenes ni flexibilizando las condiciones laborales y recortando sus derechos.

Es necesario abrir una discusión entre jóvenes, trabajadores, estudiantes y organizaciones populares sobre el derecho a un empleo formal, estable, con salarios dignos y todos los beneficios laborales, y organizarnos para impedir que una vez más la crisis sea descargada sobre quienes viven de su trabajo.

El desempleo juvenil se combate transformando las condiciones económicas que producen desempleo, informalidad y precariedad.

Cusco: ¿Qué sucede con los trabajadores del turismo?

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La muerte de Gabriel Ríos Mamani, trabajador porteador de la agencia Alpaca Expeditions, mientras cargaba las bolsas o duffles de los turistas a la altura del paso más alto del Camino Inca, Warmiwañuska, a 4215 msnm, el pasado 18 de agosto, ha vuelto a poner de manifiesto la verdadera cara del turismo en la región.

Sin la ropa ni el calzado adecuados para realizar el peligroso trayecto, fue abandonado a su suerte, sin que la empresa tuviera un plan de emergencia para evitar su deceso; todo lo contrario, lo dejaron cubierto con plástico, mientras aseguraban la continuidad del viaje de las bolsas de los turistas.

Tenemos que decirlo con claridad: la muerte de Gabriel Ríos Mamani no fue un accidente. Fue la consecuencia directa de las condiciones en las que trabajan miles de personas en esta ruta turística, el camino inca, entre los cuales los porteadores representan su sector más explotado.

Una ruta llena de riesgos, que en más de una ocasión ha enlutando a las familias trabajadoras y pobres.

Una industria explotadora y abusiva

El conjunto de la industria del turismo repite, en mayor o menor medida, estas condiciones de super explotación.

Sucede con los conductores, que laboran sin hora de ingreso ni de salida, que sobrepasan largamente las ocho horas de trabajo. Carecen de beneficios y están prohibido enfermarse.

Los “trasladistas”, que desde muy temprano están en los aeropuertos, terminales y hoteles. Otra vez, sin horarios regulares ni tiempo de alimentación, muchas veces trabajando como “freelancer”, es decir, a contraprestación de servicios

Los oficinistas en las compañías de turismo, que generalmente trabajan por un salario básico o son víctimas de la modalidad de “practicante”. O los guías, que sobreviven como trabajadores independientes, emitiendo recibos por honorarios, sin seguro de vida, salud, CTS, utilidades, ni horarios fijos.

Incluso algunos guías o conductores de agencias de viaje salen a trabajar sin remuneración teniendo esperanza en las “comisiones” o “propinas” que el turista puedas dar. Y así, un largo etcétera que incluye a trabajadores en diferentes establecimientos de hospedaje, restaurantes y bares.

Todos sin ningún tipo de estabilidad laboral, sujetos al vaivén de la temporada baja o alta, víctimas de despidos arbitrarios constantes, bajo la forma de “no contratación” ante cualquier eventualidad (Desastres, crisis política, etc.)

Para no hablar del transporte ferroviario a Machupicchu, donde la sindicalización es acosada constantemente por las empresas del tren, mientras los dueños, como López Aliaga, se embolsan enormes cantidades de dinero.

Todo bajo el amparo del modelo económico neoliberal, que nos ha condenado a sobrevivir como podamos, imponiendo condiciones de barbarie, que en el caso de los porteadores, recuerdan a la más salvaje explotación del periodo del yanaconaje.

¿Qué hacer?

Urge que la federación de porteadores, que ha denunciado correctamente lo sucedido con Gabriel Ríos Mamani, debe ponerse a la vanguardia de la lucha por la dignidad y vida de los trabajadores y trabajadoras del sector.

En tal sentido, nos solidarizamos con el dirigente de dicho gremio, Cristóbal Quispe, quien ha denunciado que viene recibiendo amenazas contra su vida, tras hacer pública la postura del gremio de porteadores frente a lo sucedido.

Por eso queremos proponer a los compañeros y compañeras de dicha federación, que para defender nuestros derechos, incluso nuestras vidas, es urgente que se llame a una asamblea general con todas sus bases para exigir justicia por la muerte Gabriel Ríos Mamani.

También para demandar a las empresas de turismo, como Alpaca Expeditions, que se hagan responsables por sus trabajadores.

Debe denunciarse el incumplimiento de la Ley del porteador por parte de las agencias de turismo.

Asimismo deben impulsar la coordinación con las demás organizaciones de trabajadores del turismo: arrieros, cocineros, guías, choferes, trasladistas, hoteleros, oficinistas y demás sectores de trabajadores del turismo para acabar con la situación que viven cada día los trabajadores y trabajadoras del sector. ¡La unidad de los trabajadores es una necesidad!

Los derechos laborales se conquistaron mediante organización, solidaridad y lucha colectiva, y solo podrán defenderse mediante esas mismas herramientas.

¡Abajo la guerra de Trump contra Irán!

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Seis meses después, la guerra de EE.UU. contra Irán continúa, y el Medio Oriente no solo sigue convulsionado, sino que, sobre todo, mantiene cerrado el estratégico estrecho de Ormuz, por donde sale más del 20% del petróleo, el gas y los fertilizantes al mercado mundial, manteniendo al alza sus precios y el temor a un mayor agravamiento del conflicto que pueda producir un colapso de la economía mundial.

El precio promedio del petróleo se ha disparado en 50%, y en algunas semanas ha llegado al 100% durante el periodo que dura el conflicto.

El Perú, como muchos países, es dependiente de la importación de petróleo y fertilizantes. De un total de 210 mil barriles diarios que necesita para cubrir su demanda interna, solo produce 40 mil barriles, esto es, ni la quinta parte. Esto es así porque los gobiernos que se han sucedido privatizaron Petroperú, le prohibieron realizar exploraciones y después lo han llevado a la bancarrota para liquidarlo, impidiendo la necesaria soberanía energética que necesita el país para enfrentar crisis internacionales como la actual.

Al mismo tiempo, regalaron la gran reserva de gas de Camisea a una multinacional, que destina parte de su producción a la exportación, mientras el Cusco –de donde se extrae el gas natural y uno de sus derivados, el GLP– no cuenta con estos recursos y debe pagar por ellos precios prohibitivos.

Al lado del entreguismo de los gobiernos actuó la corrupción para frustrar el proyecto del Gasoducto Sur Andino, cuyo propósito era llevar energía barata a las poblaciones del sur peruano, y la instalación de un complejo petroquímico para la fabricación de fertilizantes, para el cual el gas es un insumo fundamental.

De este modo, Perú profundizó su retroceso y dependencia económica, y se hizo más vulnerable al alza del precio del petróleo y de los fertilizantes en el mercado mundial. Ambos son esenciales en la cadena productiva de toda economía, y su alza impacta de inmediato en todos los sectores, en especial en el transporte público y de carga, y afecta sobremanera a los transportistas menores que atienden a la población trabajadora y pobre.

Por este motivo, desde la administración anterior vienen estallando conflictos en varias regiones del país, y estas semanas, apenas inaugurado el gobierno de Fujimori, se han desencadenado fuertes huelgas en Pucallpa, Iquitos, Arequipa y otras localidades, impulsadas sobre todo por los transportistas menores.

El gobierno de Fujimori ha resuelto un subsidio temporal para los grandes transportistas y, para los menores, solo un ofrecimiento, lo que mantiene encendida la mecha.

La guerra no tiene visos de solución, y algunos especialistas hablan de su continuidad por lo menos mientras Trump continúe en el mando (noviembre de 2029). En la medida en que no puede infligir una derrota militar a Irán que lo obligue a capitular, país que ha demostrado no solo capacidad de defensa sino también de ataque, llevando a EE.UU. a perder el control del estratégico estrecho de Ormuz, ahora recurre a la aplicación de un severo bloqueo económico al país persa, lo que parece también ser insuficiente.

En su desesperación, Trump amenaza con infligir un ataque más mortífero o dirigido directamente a dañar la infraestructura petrolera de Irán, pero este ya tiene preparada su respuesta: sus baterías apuntan a la infraestructura de gas y petróleo de los países del Golfo aliados de Trump. Si este ataque se produce, podría provocar un desplome de la economía mundial y un efecto incalculable sobre países como el Perú.

Ante esta situación, no basta enfrentar el alza de los combustibles y fertilizantes a nivel local. Hay que denunciar la guerra imperialista de Trump, movilizarnos también contra ella y por su derrota, y por lo que significa para nuestro continente, donde, con la colaboración de gobiernos cipayos –como el de Fujimori, que ha pedido ingresar al Escudo de las Américas–, se viene permitiendo el ataque y sometimiento colonial de Venezuela, y ahora el bloqueo de Cuba. No hay posibilidad de ser libres e independientes si no empezamos por poner fin a las cadenas que nos atan al imperialismo y que son sostenidas por las burguesías locales y sus agentes.

Prepararnos para resistir y luchar con la estrategia de derrotar al gobierno de Keiko Fujimori

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La elección de Keiko Fujimori como nuevo gobierno nos plantea una nueva realidad llena de desafíos, amenazas y tareas. A nivel de la vanguardia muy pocos dudan de su carácter entreguista, propatronal y autoritario, pero no ocurre lo mismo en la base obrera y popular que votó por ella como el “mal menor” después de decepcionarse de la actuación de la llamada “izquierda” y de perder confianza en la lucha por culpa de las direcciones burocráticas. Por eso, ahora que iniciamos este nuevo y difícil momento, debemos reflexionar seriamente sobre lo que hay que hacer.

Como en toda lucha, lo primero que necesitamos es identificar con claridad a nuestro enemigo central y las amenazas que representa. El fujimorismo encarna los intereses del gran capital y, por ello, su esencia es antiobrera. Si en los años noventa derrotó a la clase trabajadora con una combinación de medidas antilaborales y represivas, esta vez buscará el mismo objetivo, adecuando su política a las necesidades actuales de los empresarios que buscan reactivar sus negocios y ganancias.

Ante ese plan, es evidente que los trabajadores necesitamos contraponerle otro para resistir y, en perspectiva, derrotar al gobierno de Fujimori. Por esto debemos empezar por hacer conciencia en las bases de que, en la hora actual, nuestro enemigo es el Gobierno y que hay que prepararnos para luchar contra él hasta derrotarlo, porque, si no lo hacemos, será él quien nos derrote.

Esta verdad no es una cuestión menor. En los últimos años, las dirigencias han circunscrito toda lucha a un conflicto aislado con cada patronal y ceñido a su marco “legal”, pero nunca contra el gobierno central, que es quien establece las políticas laborales. Por ejemplo, han dejado que cada sindicato enfrente por separado los ceses colectivos, cuando debían haber unido la lucha contra el Gobierno por la derogatoria de dicha ley. Por eso es indispensable explicar esta tarea a las bases.

Lo otro es cómo nos preparamos. No vamos a esperar a que Fujimori nos ataque primero para alistarnos. Es más, desde ahora los empresarios, alentados por la confianza y el respaldo que les otorga “su” gobierno, redoblarán sus ataques y el propio Ministerio endurecerá sus posiciones “interpretando” las leyes a su favor, por ejemplo, declarando “improcedentes” las huelgas.

Y para prepararnos hay que empezar por pasar revista a nuestras filas. Muchos sindicatos han desaparecido y los que siguen en pie están debilitados, con menos afiliados y menor confianza en sus propias fuerzas. La situación es aún peor en las federaciones y en la propia central como consecuencia de su manejo burocrático y conciliador.

Con estas convicciones debemos ponernos a trabajar para poner en pie y fortalecer los sindicatos de base mediante asambleas que pongan en práctica la democracia obrera, la unidad de clase y elijan al frente de ellos a los mejores y más decididos compañeros. Hay que formar coordinadoras locales y regionales para unir y centralizar las luchas. Hay que recuperar los organismos sindicales matrices (FETRIMAP y CGTP) para ponerlos al servicio de sus bases. Y, en el desarrollo de cada lucha, recuperar nuestros métodos históricos de combate: los piquetes de huelga, la solidaridad de clase, el paro nacional, la huelga general, la ocupación de fábricas y la autodefensa.

Nada de lo anterior avanzará por sí solo. Al mismo tiempo debemos poner en pie una nueva dirección que se coloque al frente de estas tareas. Una nueva dirección que comprenda que hemos retrocedido por culpa de las direcciones políticas de una “izquierda” electoralista y de dirigentes burocráticos que han sustituido la movilización por la conciliación y la confianza en las instituciones del régimen.

El problema de dirección que enfrentamos es grave. Ahora, por ejemplo, JP ha emergido como la principal fuerza de “izquierda” y pretende encabezar la oposición al gobierno junto a Ahora Nación. Pero quiere hacerlo no poniéndose al frente de las luchas, sino en nombre de la “defensa de la democracia”. Es decir, junto a otras formaciones burguesas que comparten la misma perspectiva, su mirada son las próximas elecciones. De ese modo colocan un nuevo obstáculo para el desarrollo de una verdadera oposición de clase, sembrando confusión sobre nuestra lucha contra el gobierno, el régimen y la patronal, y desviándonos de la necesidad de construir una salida propia de la clase trabajadora y el pueblo pobre.

Esa nueva dirección de clase y de combate no surgirá de los viejos aparatos ni de acuerdos por arriba. Deberá nacer de los nuevos luchadores y luchadoras que emerjan en este periodo, aprendiendo las lecciones de las derrotas sufridas y recuperando nuestras mejores tradiciones. Esta tarea es la que nos proponemos apoyar e impulsar desde el PST.

Claves sobre el retorno del fujimorismo y las amenazas y tareas que nos plantea

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Escribe: Freddy Salazar

La elección de Keiko Fujimori, heredera del ex dictador y resistida por la mayoría obrera y popular por largos años, es un hecho que necesita una explicación, así como lo que significa en el actual contexto, las amenazas que trae y las tareas que se deducen de ellas para los trabajadores y su vanguardia. Aquí presentamos el punto de vista del PST, para aportar a la reflexión y el debate.

1. Neoliberalismo y recolonización en la era Trump

Lo primero y ante todo: el retorno del fujimorismo al poder representa una reafirmación clara de las relaciones de sujeción del país al imperialismo estadounidense, ahora en el marco de su plan de recolonización. En la era Trump, este plan consiste en profundizar el control financiero y económico sobre Latinoamérica, apoderarse de sus recursos naturales estratégicos (litio, cobre, minerales raros), su infraestructura y sistema de defensa, y desplazar la presencia china en la región. Su intervención ya se manifiesta en una serie de hechos, como la intromisión descarada de su embajador, Bernie Navarro, en los asuntos internos del país y en las propias elecciones.

El régimen peruano está diseñado para esta sujeción. Aun si gobernara Roberto Sánchez, el alineamiento sería un hecho. La única diferencia es que, con Keiko Fujimori, la colaboración será abierta y explícita, al estilo Milei. La consecuencia estratégica para el Perú será la profundización de su subordinación y dependencia de los EE.UU.

2. El origen de la crisis es el modelo económico vigente

Los capitalistas aseguran que esto traerá más inversión y comercio, lo que generará empleo. La realidad es que habrá más saqueo y expoliación, como ha ocurrido con la forzada compra de aviones por más de 3.400 millones de dólares en un momento en que se alega crisis en las finanzas públicas.

Además, el regreso de la mirada de EE.UU. hacia el subcontinente se debe a que atraviesa una grave crisis y tiene sed de ganancias. El actual modelo de libre mercado fue implantado por Alberto Fujimori en 1990, quien entregó el país al imperialismo y lo volvió a su condición de exportador primario. Este modelo funcionó al impulso de los 20 años dorados de la globalización hasta que se agotó, instalando la crisis en el corazón del imperio. Esa crisis tiene efectos globales, como la actual guerra en Medio Oriente –que eleva los precios de los combustibles y fertilizantes– y el plan recolonizador que se aplica sobre Latinoamérica. Sin embargo, la ilusión se mantiene por el alza de los precios de los minerales, principal producto de exportación peruano.

Todo esto llevará a un mayor saqueo del país, ahora de la mano de la heredera de Fujimori. Se entregarán más recursos naturales y se promoverán más proyectos mineros; y, con el pretexto de la “defensa nacional”, se afirmará el dominio imperial incrementando su presencia militar.

Más de treinta años de aplicación de este modelo ya demostraron que solo rentabiliza al gran capital, en especial a la gran minería, que acumula sus ganancias en sus países de origen mientras mantiene a las grandes mayorías sumidas en la pobreza y sin servicios básicos. Además, al insertar al país en el mundo sin educación ni infraestructura, no desarrolla fuerzas productivas para competir con la inversión extranjera, que llega solo para aprovechar las riquezas naturales y la mano de obra barata. Ya estamos mal bajo ese imperio, y estaremos peor con la profundización de su dominio.

3. Engaño y traición de los partidos burgueses… y reformistas

Durante más de veinte años, las mayorías lucharon contra dicho modelo, pero todos los partidos que accedieron al poder ofreciendo “cambios” las traicionaron. En 2001, Toledo, el “cholo sagrado”, solo aceleró el modelo mientras se dedicaba a robar y a embriagarse. En 2006, Alan García, que ofreció un “cambio responsable”, aplicó más ataques neoliberales con la política del “perro del hortelano” y dejó el “Baguazo” con 33 muertos, entre ellos indígenas que luchaban contra las explotaciones petroleras. En 2011, el «nacionalista» Ollanta Humala, elegido por su oferta de la Gran Transformación, la abandonó el primer día para abanderar el modelo, y en esa línea intentó imponer con fuerte represión el proyecto minero de Conga y, más adelante, la Ley Pulpín, que ofrecía empleo juvenil sin derechos. En 2021, cuando la pandemia –con medio millón de muertos– radicalizó las demandas de la población, se eligió a Pedro Castillo, que también fue un fraude de ineptitud, promesas incumplidas y sombras de corrupción.

Y pese a que estamos peor, el tema de la dependencia económica no fue central en estas elecciones. Una situación excepcional –fragmentación de candidatos y crisis de representación– permitió al castillismo ingresar a la segunda vuelta con un pequeño margen de votos. En esa fase, su candidato Roberto Sánchez, solo para favorecerse del voto de las clases medias acomodadas, abandonó sus tibias propuestas de reforma económica para abrazar como un todo el modelo neoliberal que encarnaba Keiko Fujimori, validando así su continuidad bajo la nueva administración.

4. No nos engañemos: el fracaso de la «democracia» es producto directo del fracaso del modelo económico

Por último, el retorno del fujimorismo 25 años después simboliza el fracaso de la “democracia”, que había ofrecido libertades, igualdad y mejoras económicas. La izquierda reformista fue la que más mintió: ofrecieron reformar el conjunto del sistema haciéndolo más “humano”. Lo cierto es que ni unos ni otros cumplieron nada, y lo que tenemos es una falsa “democracia” y un sistema económico que nos destruye y empobrece más mientras se enriquecen los grandes capitalistas.

Así, el descontento y las luchas contra todos esos partidos acabaron con ellos y descompusieron el régimen. En esa lucha, el fujimorismo apareció como el último bastión de la burguesía para defender su continuidad. Esto hizo que todos sus detractores “democráticos” utilizaran el legítimo “antifujimorismo” de las masas para encauzarlas electoralmente, empaquetando mejor sus planes de continuidad del modelo neoliberal, es decir, seguir haciendo fujimorismo en el terreno económico. Así hicieron elegir a PPK y con ese discurso también apoyaron a Castillo. Esta vez quisieron repetir la fórmula apoyando a Sánchez, pero fracasaron.

Ahora, con las enseñanzas que nos dejan las lecciones, es preciso enfatizar: es falso que el Perú estuviera atrapado en un conflicto entre dictadura y democracia. Estamos bajo la misma “democracia”, con unos que matan más que otros, que se recrea bajo el sello de cada gobierno, solo que cada vez más decadente y descompuesta por el creciente descontento social.

La “democracia” en 2000 surgió con promesas de verdaderas libertades e igualdad. Con el tiempo, reveló su engaño, porque cada autoridad elegida burlaba la voluntad popular mientras reprimía con saña toda protesta, y devenía más corrupta, incluso con autoridades de “izquierda”. Esta “democracia” demostró que solo era y es una formalidad o instrumento de dominación de la clase capitalista en el poder. Por ese engaño, todos los partidos que ejercieron el poder desaparecieron repudiados por las mayorías.

La crisis crónica de los “partidos” –o su práctica inexistencia– llevó a la crisis crónica del Estado. Esta crisis es grave porque lo paraliza para cumplir sus funciones mínimas, como protegernos ante la creciente criminalidad, crisis como la pandemia y ahora el fenómeno de El Niño. Pero la burguesía hace creer que dicha crisis no es consecuencia de su falsa democracia ni de la aplicación de su modelo económico, sino culpa del “caos” y la ineptitud de la izquierda reformista, y hace creer que se necesita volver a la “estabilidad y orden” para que regrese el crecimiento, que es lo que ofrece el fujimorismo.

El retorno del fujimorismo veinticinco años después es una afrenta a nuestras conquistas y nuestra memoria. Es un trago amargo, en especial para la vanguardia obrera, después de tantos años de lucha. Pero esto también es responsabilidad de esa misma “izquierda” que, con su desastrosa actuación de estos años, le abrió el camino.

Y esa misma “izquierda” no es capaz de aprender. Después de este estruendoso fracaso, ahora Sánchez y López-Chau se declaran la “oposición democrática” al fujimorismo. Así intentan mantenernos en el mismo círculo de unidad y alianza con la burguesía “democrática”, cuando la experiencia de estos 25 años nos muestra que tenemos que luchar para que la clase obrera y el pueblo se desembaracen de esa falsedad y encaminen su lucha contra el plan burgués de sometimiento al imperialismo y su falsa democracia, y por la conquista de un gobierno propio.

5. ¿Cómo llegamos a esta situación? La traición de las direcciones

¿Cómo podemos explicarnos este nuevo escenario que ha traído el retorno del fujimorismo? ¿Qué ocurrió en el último periodo?

Entre 2020 y 2021 sufrimos una pandemia atroz que desnudó –como en la película Titanic– cómo los ricos se salvan primero junto a sus negocios mientras dejan morir a los que estamos en la “tercera clase”. Esto colmó el descontento que venía de atrás y se expresó en las elecciones de 2021, donde los sectores más pobres giraron del apoyo a la izquierda institucional (Verónika Mendoza) hacia la “izquierda radical” provinciana de Pedro Castillo, buscando soluciones reales a sus demandas. Pero el gobierno de Castillo, precario, improvisado y de naturaleza conciliadora, incumplió sus promesas y naufragó, cayendo quince meses después de haber asumido. Su caída produjo el despertar de los más pobres y explotados del sur andino, que se sublevaron entre 2022 y 2023 reclamando Asamblea Constituyente y cierre del Congreso. Pero el régimen, con Dina Boluarte, en nombre de “salvar la democracia”, ahogó en sangre la protesta, contando con la complicidad de las principales direcciones, entre ellas la de la CGTP.

Si ese alzamiento triunfaba y al menos conquistaba nuevas elecciones, se habría ahondado la crisis del régimen y de su plan económico, y se habría empoderado a la clase obrera al frente de un gran movimiento por una salida propia del pueblo trabajador; pero fue derrotado, y con ello la reacción se afirmó en el poder. El nuevo gobierno fue resistido durante tres años, esta vez por transportistas y la juventud que se alzaron reclamando la caída de Dina Boluarte; pero otra vez esas mismas direcciones les dieron la espalda, apostando a la salida electoral.

Y cuando llegamos a las elecciones, la dirigencia de la CGTP decide participar en ellas, pero no para denunciar su falsedad y centrarse en las luchas, sino para apuntalarla desde una posición electorera y colaboracionista, tras la candidatura de López-Chau. Esta candidatura sufrió un fracaso rotundo, pues recibió un portazo de sus propias bases, que no eligieron a ninguno de sus candidatos pese a que se presentaban como “dirigentes” de la CGTP. Como ya vimos, lo mismo hizo el resto de la “izquierda”.

Entonces, llegamos a esta situación por responsabilidad de la dirigencia de la CGTP y los partidos de “izquierda”, que en todo este periodo traicionaron las grandes luchas, solo para salvar la “gobernabilidad” de la burguesía, y apostando todo a las elecciones.

6. Lo que mostraron las elecciones

Todo lo anterior solo trajo pérdida de confianza en esa “izquierda” y búsqueda de salidas en las diversas ofertas de la burguesía, entre ellas el fujimorismo.

Un estudio previo a estas elecciones muestra un giro a la derecha en las preferencias políticas de la población desde el fracaso del gobierno de Castillo (Cómo –no– pronosticar las elecciones, El Comercio, 19.04.2026).

20212026
Izquierda11.6%5.5%
Derecha17.2%15.4%
Centro5.8%6.3%

En estas elecciones, el ascenso de la derecha abarcaba desde Fujimori y López Aliaga hasta variantes de centroderecha, tanto que incluso se esperaba una segunda vuelta entre dos candidatos de ese sector. Como ya apuntamos, la “izquierda” reformista con JP y Sánchez pasó apenas a la segunda vuelta por un estrecho margen de votos. En el proceso de segunda vuelta se produjeron los alineamientos que, esta vez, terminaron favoreciendo a Fujimori.

¿Qué nos muestra la votación de segunda vuelta? Primero, en la principal plaza electoral nacional, Lima y Callao, Fujimori obtuvo el 64% de la votación; en las zonas residenciales de clase alta votaron por ella el 80%, y en las zonas más obreras, pobres y mucho más pobladas (Independencia, Comas, San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador, los barrios del Callao, etc.), votaron por ella en un promedio del 62%.

A nivel nacional, como en 2021, la mayoría de provincias votaron por Sánchez, pero Fujimori se afirmó y avanzó en sus plazas tradicionales de la costa norte y sur, y ganó más votos en las regiones llamadas de “izquierda”: Cajamarca +6%, Junín +3%, Huánuco +3.6%, Pasco +4.6%, Cusco +5%, entre otros. Fue este incremento del voto por Fujimori en el interior –y no del exterior, donde incluso esta vez votaron menos– lo que terminó dándole el diferencial que le permitió ganar.

Esto se explica por otro hecho: mientras la mayoría de los “partidos” son cascarones improvisados, como la misma “izquierda” que representa Sánchez, el fujimorismo es el único partido burgués organizado a nivel nacional que durante más de veinte años pudo resistir la oposición de las mayorías mientras construía lazos con distintas organizaciones, todo, por supuesto, con el apoyo de la burguesía. Y por esto era el único partido burgués preparado para disputar una elección, hasta que las condiciones giraron a su favor, permitiéndole ganar.

Estos son los datos gruesos. El otro factor fue el desarrollo de la misma campaña, en un contexto de dos candidatos minoritarios y con altas resistencias. En ella, Sánchez optó por irse hacia el centro, llegando a aliarse hasta con sectores derechistas (Forsyth, Salvador del Solar), para lo cual incluso abrazó plenamente el modelo neoliberal, con la finalidad de aparecer como la alternativa “democrática”. Por su lado, Fujimori también hizo lo mismo, adoptando un mensaje conciliador, pero lo hizo centrando su discurso en torno a problemas claves como “seguridad” y “orden”, junto con infinidad de promesas. En realidad, los dos obtuvieron buenos resultados y la elección se definió por pocos miles de votos. Lo que al final decidió las elecciones fueron entonces las tendencias descritas.

Viendo los resultados, miembros de la burocracia culpan a sus propios compañeros de base por no haberlos apoyado. Algunos de estos llegan a decir: “Si hubiéramos hecho campaña, esto no habría pasado”. Lo cierto es que, aunque hubieran “hecho campaña”, es probable que el resultado no hubiera cambiado. Los resultados no dependen de “hacer más campaña”, sino de tendencias ya configuradas por la experiencia de las mayorías. Y la experiencia reciente que tenemos es el papel funesto de la “izquierda” reformista y la traición de la dirigencia de la CGTP, que por sí solos explican cómo amplios sectores pobres y explotados siguen siendo cautivos del engaño y ofrecimientos de la burguesía y ahora del fujimorismo. Solo estos hechos nos pueden explicar el retorno del sector burgués más resistido por las masas durante 25 años.

7. El nuevo gobierno

Sin embargo, el retorno al poder del fujimorismo se produce en una situación precaria. Tiene la mitad del país –antipopular– en contra y un gran sector –sobre todo la clase trabajadora organizada– presto a luchar. Si empieza a atacar desde el primer día, habrá respuesta. Bolivia vivió un estallido social pidiendo la renuncia del gobierno apenas electo, porque se inició con feroces ataques. A diferencia de Bolivia, donde la burguesía se hunde en una grave crisis económica, aquí la burguesía tiene margen para estabilizar primero a su nuevo gobierno antes de iniciar sus ataques.

En lo inmediato, esa burguesía necesita “paz social y orden institucional” para mejorar sus ganancias. Si en medio de la inestabilidad y el caos del Estado la economía crece 3%, con “paz social” –tranquilizando al sur de alguna forma– y “orden” institucional –asegurado por la consistencia del gobierno y su mayoría congresal de derecha–, ellos ven que pueden crecer 4% o algo más. Incluso el fenómeno de El Niño, que se viene fuerte, podría tener un impacto económico mitigado y, al contrario, hasta puede ser usado a favor del gobierno. El único ajuste de fondo que necesita la burguesía es contener el gasto fiscal, lo que sí traerá recortes en áreas como salud y educación, y afectará a los trabajadores del Estado.

De otra parte, también tiene planteado encaminar nuevos proyectos mineros, energéticos y de infraestructura, reduciendo la “tramitología” y las regulaciones; y no hablemos de Petroperú, cuya privatización hace rato colocaron en agenda. Y por ahora no necesita aprobar nuevas reformas, porque las que están vigentes le sobran y bastan, como la laboral, en la que las nuevas autoridades solo endurecerán su aplicación para favorecer los ataques patronales. En todo esto piensan que les puede ir “bien”, lo que es falso. No consideran que la principal amenaza viene del entorno internacional, que el efecto Trump no significa “beneficios” sino más saqueo y crisis, como la de los combustibles y fertilizantes, o como una caída en los precios de los minerales, que ya empezó a ocurrir.

Otro frente complicado, y quizá el más grave, es el del combate a la criminalidad, porque es la expectativa de un importante sector popular que votó por ella. Su resolución demanda un cambio estructural, que solo puede ser realizado por un gobierno de los trabajadores. La otra vía es la dictatorial, y en esa el fujimorismo sí tiene antecedentes, lo que podría llevarnos de un recorte de las libertades, la violación de los DD.HH. y la afectación de las luchas, hasta la posibilidad de un cambio de régimen hacia uno de verdad dictatorial.

Por todo esto, se puede decir que volveríamos al escenario anterior de una recuperación parcial de la gobernabilidad burguesa y de su plan económico, en un entorno donde los problemas estructurales, al seguir irresueltos y aparecer nuevos problemas, van a continuar las luchas creando nuevos escenarios y desafíos para los trabajadores.

8. Conclusión: nuestra tarea es resistir, organizarnos y construir una dirección de clase

Todo lo anterior significa que ingresamos a un nuevo momento de conflictividad de clase, enfrentando nuevos y viejos problemas y, sobre todo, a un gobierno más duro.

El principal problema que enfrentamos es la fragmentación de la organización obrera y popular y el retroceso en la conciencia producido por el rol desempeñado por las direcciones. Y, al mismo tiempo, la aparición de nuevos obstáculos políticos (JP, Ahora Nación), falsos liderazgos (Sánchez, López-Chau), y otros llamados “democráticos” que frenarán e impedirán el desarrollo independiente del movimiento de masas.

Por ello, así como necesitamos construir la unidad para la lucha y poner en pie nuevos organismos autónomos e independientes desde las bases, y desarrollar la lucha misma junto, necesitamos poner en pie una nueva dirección de clase, de verdad independiente y revolucionaria, capaz de colocarse al frente de esas tareas.

Una nueva dirección con un programa revolucionario de verdadera liberación nacional y social; y que, en lugar de vivir para las elecciones, viva para la movilización y la organización independiente de las masas, hasta lograr la conquista de un Gobierno de los Trabajadores, que es la única salida estratégica que tenemos y por la que vale la pena luchar.

El retorno al autoritarismo fujimorista

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Al escribir este artículo ya era evidente que la segunda vuelta electoral le favorecía a Keiko Fujimori. Los resultados, muy ajustados, con apenas 0.2% de diferencia en unos 20 millones de votos emitidos, reflejan una alta polarización del voto donde cada parte votó en contra de lo que vieron como la peor versión del adversario. En la votación dentro del territorio nacional predominó el voto anti Keiko, y son los votos de los peruanos en el exterior, donde no faltaron las sospechas de manipulación de las actas, los que terminaron inclinando la balanza a favor del fujimorismo, el peor escenario esperado por la mayoría de la población nacional.

Los resultados presidenciales se complementan con la elección de las cámaras de diputados y de senadores, donde el fujimorismo cuenta con 41 de 130 diputados y 22 de 60 senadores, y donde solo seis agrupaciones cuentan con representación en el Congreso. Al tener, con escaños propios, más de un tercio del senado, el fujimorismo está en condiciones de bloquear cualquier intento de vacancia y eso le brinda durabilidad durante el quinquenio, a diferencia de la volatilidad que caracterizó a los ocho gobiernos que le precedieron en los últimos diez años, en medio de una profunda crisis política.

Sin embargo, la relativa estabilidad que tendrá el gobierno fujimorista por su peso en el senado no será por sí misma garantía de ausencia de crisis política, pues el descontento social no desaparecerá por arte de magia y junto con eso hay una potencialmente fuerte oposición en Diputados, con capacidad de censurar ministros o destituir altas autoridades si así lo quisiese.

El gobierno que se viene

Ese es uno de los principales problemas que tratará de enfrentar el nuevo gobierno, y seguramente aplicará su “experiencia” en promover el transfuguismo como en la época de la dictadura de Fujimori padre, y en la actualidad por la hija en el Congreso. También en promover las componendas y transacciones, económicas o políticas, para lograr la colaboración de bancadas enteras como ocurrió con la bancada de la “extremista” familia Cerrón.

No son pocos los que albergan la ilusión de que el fujimorismo reflexione sobre la monstruosidad de su política autoritaria y haga un gobierno democrático y de conciliación, que retroceda en el copamiento de las instituciones del Estado, en las leyes “pro crimen”, en las leyes de amnistía o impunidad de militares y policías culpables de asesinatos y violaciones a los derechos humanos, y que retroceda también en su propósito de restablecer la “justicia militar” para militares o policías hasta por delitos comunes, como los de Colcabamba y Manchay, o incluso en el blindaje a Dina Boluarte por los asesinatos de 2022 y 2023.

Posiblemente el mensaje de unidad nacional se dé, pero más como parte de una propaganda vacía o juego político para ganar algo de legitimidad y no convertirse, repentinamente, desde el mismo 28 de julio, en Dina Boluarte II.

Los hechos mencionados más arriba no describen a un gobierno que haga centro en la democracia sino a uno que se siente bajo amenaza y que se ha preparado para la confrontación, uno que espera que será repudiado y enfrentado por amplios sectores populares en todo el país, no solo por demandas de justicia que se les ha privado, y las demandas democráticas que se les ha negado, sino también por las condiciones económicas que golpean a importantes sectores sociales, producto de las desigualdades que genera el plan económico, como también de la acción de las extorsiones y el sicariato, y de nuevos desastres climáticos sin mitigación.

Keiko Fujimori brindará a cambio otras ilusiones, a juzgar por sus anuncios de la campaña electoral. Ya es sabido que ella cree que puede compensar los atropellos a los derechos democráticos con una larga lista de obras y otras promesas. Pero estas promesas, de muy dudosa realización, serán la zanahoria que camufle al garrote con el que tratarán de reprimir la movilización popular.

En el nefasto club de Donald Trump

Como otros gobiernos derechistas de la región, una de las prioridades del gobierno fujimorista será profundizar la política entreguista ante la estrategia hemisférica del gobierno norteamericano, con efectos fatales para el país. Un adelanto de esa política ya se ha visto en el descarado pago de 3,500 millones de dólares por la compra de aviones de guerra de fabricación estadounidense, sacrificando recursos de programas sociales como Beca 18 y recursos para prevención ante desastres.

Gracias al fujimorismo el Perú pasará a formar parte del “Escudo de las Américas”, el club de entreguistas formado por Donald Trump con gobiernos afines de Latinoamérica, asumiendo la complicidad en la política intervencionista contra la soberanía de los pueblos del continente, y los ataques genocidas como los que descarga el imperialismo en el medio oriente, junto con el gobierno sionista de Israel.

Sabemos que esa complicidad se traducirá en un costo para las masas trabajadoras, en la forma de imposición de compras como la de los aviones, o de inflación, o de expoliación de la riqueza nacional, y una mayor presencia militar en el país. 

Los desafíos de las organizaciones obreras y populares

Las amenazas que plantea el gobierno fujimorista a las masas trabajadoras son evidentes. Frente a eso se hace necesario avanzar en la forja de la organización y la unidad, fortalecer la coordinación y la solidaridad de clase, como parte de una estrategia que incluya resolver los problemas de dirección general y política.

¡Abajo el cese colectivo en Industrias del Envase S.A.!

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Escribe Manuel Fernández, dirigente obrero del PST

¡Defendamos el empleo con nuestra lucha en las calles!

El pasado 14 de abril de 2026, la empresa Industrias del Envase S.A. –gigante manufacturero con más de medio siglo de existencia fundado por la corporación Backus en el Callao– desató una violenta ofensiva contra sus trabajadores. Amparándose en la legislación neoliberal que los gobiernos de turno dejan intacta, la patronal activó en simultáneo un “procedimiento de terminación colectiva de contratos por causas tecnológicas y estructurales” y la “suspensión perfecta de labores”. Esta maniobra inhumana dejó de inmediato en la calle, y sin un solo centavo de salario, a más de 44 familias obreras.

La frialdad de las cifras desnuda el carácter selectivo y persecutorio de la medida: el 80% de los despedido pertenece al sindicato. Esta purga incluye directamente a 4 dirigentes de la junta directiva, a miembros clave de la Comisión Negociadora, a integrantes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, y a destacados exdirigentes.

La patronal no tuvo reparos en arrastrar a este limbo a obreros con enfermedades ocupacionales, restricciones médicas y secuelas de accidentes laborales. El ensañamiento llegó al extremo de echar a una madre lactante con una bebé de 8 meses y a otra que es el único sustento de un niño con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Previamente, la empresa operó de forma siniestra trasladando a trabajadores sindicalizados hacia las áreas que planeaba declarar “en crisis”, construyendo un escenario artificial para justificar el cese colectivo.

El cese colectivo: el arma patronal para quebrar la organización sindical

Al igual que en los casos de Papelera Atlas, Papelera Nacional, Cogorno, Hialpesa, BSH y Celima, nos enfrentamos a una práctica sistemática de la patronal para recuperar sus tasas de ganancia descargando la crisis sobre la espalda trabajadora. El objetivo es evidente: desmantelar los sindicatos y reemplazar mano de obra con derechos por personal precarizado, sumiso y sin organización.

La empresa ejecuta este golpe quirúrgico en un momento clave: en plena negociación de dos pliegos de reclamos acumulados. Los dirigentes y afiliados puestos en la mira son los mismos que promovieron con firmeza la huelga como solución a sus demandas. Por si fuera poco, para consumar el descabezamiento sindical, la patronal envió cartas de preaviso de despido a 14 trabajadores bajo imputaciones forzadas de “faltas graves”, mientras los convoca individualmente para chantajearlos a firmar “mutuos disensos”.

Este libreto de terror es idéntico al aplicado contra el Sindicato de Celima (Sintracelima). Tras lograr que la Autoridad de Trabajo desestimara un primer proceso contra 216 obreros, la empresa apeló e inició un segundo cese contra 119 trabajadores. Usando un trámite burocrático engorroso diseñado para ganar por cansancio, manteniendo sin salario a los trabajadores por más de 330 días, demostrando que este laberinto legal, es la trampa perfecta para quebrar las luchas.

Por ello el gran peligro para los trabajadores de Industrias del Envase y el conjunto de la clase obrera radica en encasillar los problemas laborales en un enfoque estrictamente legalista. Las leyes vigentes (como el Decreto Legislativo 728) y las instituciones del Estado –el Ministerio de Trabajo (MT) o el Poder Judicial (PJ)– no son neutrales; están hechas a la medida de la patronal y del modelo neoliberal. Esto se agrava hoy, cuando las instituciones estatales celebran a una nueva patrona salida de las urnas.

Confiar ciegamente en que las autoridades impartirán “justicia” de manera espontánea solo desarman a los trabajadores y prepara el terreno para la frustración. Lamentablemente, este derrotero de pasividad es promovido por los partidos reformistas y por las altas direcciones de la Fetrimap y la CGTP.

La experiencia de los trabajadores del sindicato de CELIMA demuestra que solo debemos confiar en nuestra propia organización y la solidaridad obrera. Ningún derecho ha caído del cielo. Solo la movilización y la lucha unificada de la clase obrera por la derrota de los despidos garantiza la defensa real del empleo.

Solidaridad de clase y plan de lucha para derrotar los despidos

La agresión en Industrias del Envase ocurre en paralelo a una ola de despidos en otros sectores (Cifarma, Medifarma, etc.) y ante una abierta intransigencia empresarial. Frente a esto, se gestan importantes protestas, pero la acción heroica de un sindicato aislado no basta. Necesitamos organizar la unidad combativa de toda la clase trabajadora para romper el aislamiento.

No podemos aceptar la fatalidad de las leyes patronales. Debemos levantar un programa y una salida obrera independiente que plantee de inmediato: La derogatoria de las normas de Cese Colectivo y Suspensión Perfecta de labores heredadas de la dictadura fujimorista, la defensa irrestricta de la negociación colectiva, el derecho a la huelga y las libertades sindicales.

Y Ante despidos y cierres fraudulentos de plantas, la ocupación, administración y control obrero de las fábricas, siguiendo el ejemplo de la clase obrera argentina que recuperó más de 400 empresas bajo gestión propia.

A pesar del chantaje, la moral sigue firme: la valiente afiliación de 5 nuevos obreros en pleno conflicto demuestra que la mejor respuesta al miedo es la organización. Rodeemos de solidaridad efectiva y material a las familias en lucha, y organicemos nuestra resistencia para derrotar estos despidos y los ataques que vendrán del nuevo gobierno patronal.  

Ante los terremotos del 24 de junio ¡Toda nuestra solidaridad de clase con el hermano pueblo venezolano!

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El pueblo y la clase trabajadora de Venezuela atraviesan una tragedia de proporciones devastadoras. Un doble terremoto, de magnitud similar al que sacudió Pisco en 2007, ha golpeado duramente al país, afectando sobre todo a La Guaira y a zonas de Caracas. Edificios enteros –incluidos hospitales y escuelas– se han derrumbado, y la infraestructura ha quedado gravemente dañada, dejando a amplios sectores sin agua, electricidad ni comunicaciones. Las cifras oficiales preliminares hablan de 2.295 muertos, 11.276 heridos y 50.000 desaparecidos, aunque las pérdidas humanas y materiales son aún incalculables. Una semana después del desastre, los equipos de rescate siguen buscando supervivientes entre los escombros.

Como ocurre en toda catástrofe natural, los más golpeados son siempre los trabajadores y los pobres. En Venezuela, donde la crisis política y económica –agravada por el colapso del chavismo y la reciente recolonización imperialista– ha sumido a más del 60 % de la población en la pobreza, y las viviendas precarias han sido las primeras en ceder o sufrir daños irreparables. Son estos mismos sectores los que más padecen la ausencia de asistencia estatal: el Gobierno, paralizado por la corrupción y la ineptitud, no garantiza los servicios básicos ni la ayuda necesaria. Podría recurrir a los recursos acumulados en las grandes empresas capitalistas, pero no lo hace, en defensa de la propiedad privada, mientras estas mismas empresas ya se frotan las manos ante los jugosos negocios que dejará la “reconstrucción”. A ello se suma la sumisión al imperialismo estadounidense, que se ha apropiado de las principales rentas petroleras del país.

Como sucede siempre, también es en la catástrofe que se ve quienes son los que de verdad ayudan. La población autoorganizada ha improvisado brigadas de rescate, ha acopiado víveres y medicinas, y ha tejido redes solidarias que salvan vidas, asisten a los heridos y llevan solidaridad. Mientras tanto, el Gobierno no solo no moviliza recursos, sino que entorpece estas iniciativas populares con controles militares y burocráticos.

Los fenómenos naturales son inevitables; el sufrimiento añadido por la falta de respuesta oportuna no lo es. Esta catástrofe se agrava por el colapso de un Estado venezolano desmantelado por el capitalismo y recolonizado por el imperialismo. Así como la ciudadanía ha tomado en sus manos la asistencia a sus hermanos y hermanas, también está llamada a tomar en sus manos su propio destino, para liberarse del mal mayor que nos oprime bajo la dominación capitalista.

Hacemos un llamado urgente a la solidaridad internacional con el pueblo venezolano.