¡Las urnas no detendrán los despidos ni las balas!
Hoy queda claro que el reemplazo de Dina Boluarte por José Jerí, y ahora por José María Balcazar no es más que un recambio de piezas diseñado por el «pacto de corruptos» del Congreso. El objetivo es asegurar su propia impunidad y evitar que el descontento popular se desborde en las calles, garantizando que el modelo económico neoliberal llegue intacto a abril de 2026. Un cambio en palacio que en ultimas será el garante de los despidos colectivos y la explotación laboral, amparado en leyes hechas a medida de la patronal.
Sin embargo, la amenaza más peligrosa para la clase trabajadora no solo proviene del gobierno, sino de la falsa salida electoral que se intenta imponer como única vía de solución a la infinidad de problemas que atravesamos.
El circo electoral y la complicidad de las izquierdas
En los hechos, mientras la clase obrera convive con salarios de hambre, soporta despidos y el abuso patronal, y regresa a casa con el miedo de ser una cifra más de la delincuencia que ha tomado por asalto las calles de la ciudad, se encienden las luces del circo electoral y nos venden el cuento de que debemos esperar pacientemente a las elecciones de 2026, que nuestro destino se decidirá en las urnas.
Mientras tanto, las patronales y sus empleados en el Congreso, ya prepararon el terreno eliminando la competencia, copando las instituciones como la Fiscalía y el sistema electoral para favorecer a la derecha más reaccionaria y explotadora, que se alista a tomar el poder y aplicar la motosierra al estilo Milei a los pocos derechos laborales que nos quedan.
Pero hay que decirlo fuerte y claro: Estas elecciones son la trampa perfecta para que nada cambie en favor de los trabajadores y el pueblo pobre.
A estas alturas no es novedad que la llamada izquierda esté de lleno en este juego, mostrando que su único interés es llegar como sea a copar una curul para hacer lo mismo de siempre: conciliar.
Pero lo más preocupante es que las direcciones de las principales centrales sindicales como la CGTP y la FETRIMAP también estén legitimando este amañado proceso electoral, levantando proyectos reformistas de conciliación de clases y vendiendo la falsa idea que llegando al Congreso o al Gobierno por la vía electoral mejorarán las condiciones de vida de los trabajadores y el pueblo.
Esto lo hacen de espalda a la propia experiencia del movimiento obrero que sabe que sin luchas ningún cambio es posible. Y en lugar de utilizar las elecciones para llamar a los trabajadores a organizar la lucha para echar abajo a este Gobierno y al Congreso corrupto, denunciando el carácter tramposo de estas elecciones, por el contrario, mantienen al movimiento obrero preso de sus ofrecimientos de campaña y en los hechos abandonando la oportunidad de convertirnos en una fuerza que enfrente a la patronal y sus planes hoy y así prepararnos para lo que se viene más adelante.
Al dejar de lado esta explicación y su principal tarea que es la de organizar y preparar la lucha, para dedicarse a lanzar promesas de nuevas normas laborales, que no se podrán realizar dentro de este sistema corrupto, solo puede conducir al retroceso en la conciencia de clase de los trabajadores y por consiguiente a cosechar nuevas derrotas.
La experiencia de los trabajadores de SINTRACELIMA: La salida no son las elecciones, es la lucha
Frente a la salida que propone las dirigencias de la CGTP y la FETRIMAP, que optaron por el «cronograma electoral» antes que la lucha, la experiencia de las bases nos marca el camino. El triunfo del SintraCelima contra los ceses colectivos es la prueba de que las victorias se arrancan con la lucha e independencia de clase, no confiando en las instituciones de este gobierno de los patrones.
Su triunfo no se logró con promesas electorales de cambio, sino con la organización y unidad de base, la solidaridad de clase y la firmeza y combatividad en las calles. Esa es la única «elección» que los patrones respetan: la de una clase obrera organizada que entiende que sus derechos se conquistan con lucha. Así nos ha mostrado también nuestros hermanos de la COB en Bolivia que hicieron derogar normas patronales y conquistar aumentos salariales.
¡Nuestro programa es la lucha en las calles! No permitamos que el descontento y el hartazgo se ahogue en un ánfora. No necesitamos «salvadores» ni dirigentes que usen nuestras luchas como trampolín para ser candidatos. Lo que necesitamos es Unificar las luchas actuales de los transportistas, comerciantes y de la clase obrera en una sola plataforma para derrotar al gobierno y su plan. Junto con ello denunciar el plan electoral amañado en curso, y al calor de esta tarea, luchar por soluciones de fondo, como el cierre del Congreso corrupto y una Asamblea Constituyente que realmente ponga el país en manos de los trabajadores.
El país y el mundo miran anonadados la grave crisis nacional. Estos días acaba de jurar el cuarto presidente en cinco años y el segundo “encargado” o “de transición”, con su propia mochila al hombro de acusaciones activas en la Fiscalía.
Algunos acusan que esto se debe a la precariedad del mandato presidencial y el excesivo poder que tendría el legislativo. Pero nadie puede justificar la conducta corrupta y el descarado aprovechamiento del poder que hacía el recién censurado, como tampoco los negociados bajo la mesa de la mayoría de grupos del Congreso, que sacan un presidente como un mago saca un conejo de un sombrero.
El actual cambio claramente no es una solución. Pero tampoco lo son las próximas elecciones diseñadas para dar continuidad al mismo régimen, renovando a sus componentes con nuevos personajes que serán de igual o peor calaña. Los candidatos de “izquierda” que se presentan como “salvadores” en realidad engañan, porque en la práctica conviven con ese mismo sistema y solo se plantean cambiarlo en sus proclamas reservadas para los días de fiesta.
Lo que necesitamos es cambiar el régimen, tal como lo planteó e intentó el sur heroico en su rebelión del 2022-2023 con las demandas de Fuera Todos y Asamblea Constituyente Libre y Soberana. En realidad, esta es la verdadera salida democrática que necesitamos y que a la vez permita limpiar el sistema de reaccionarios, corruptos y delincuentes. Sin duda esta tarea volverá a mostrar toda su actualidad después de las elecciones, porque, con independencia de quien resulte ganador, los problemas seguirán siendo los mismos y hasta peores.
Sin embargo, hay que anotar que el problema es aún más profundo y lo planteamos ahora de cara a las elecciones donde se postulan salidas para el país. Por ejemplo, el giro de la política del imperialismo que siempre nos ha considerado su patio trasero amenaza con una mayor injerencia sobre el país, sus recursos naturales, las actividades estratégicas (infraestructura logística y puertos) y una mayor presencia y dominio económico y militar. Estamos ante un proceso de recolonización, y este traerá más atraso, dependencia y pobreza. La “izquierda” ni nadie que participa en las elecciones ha planteado esta tarea de defensa de la soberanía nacional, ruptura de todos los pactos que nos atan a él y desconocimiento de la deuda externa, ni defienden la construcción de un proyecto nacional propio.
No lo han planteado porque todos defienden el sistema capitalista neoliberal que rige en el país, y que forma parte del sistema de dominación imperialista. Todos los gobiernos de Latinoamérica, hasta los que presumen de “izquierda” como Lula (Brasil) y Sheinbaum (México), aplican dicho modelo y en esa línea se sujetan a las órdenes del imperialismo de Trump. Esto plantea otra de las tareas pendientes para producir un verdadero cambio: romper con el sistema económico y el ordenamiento capitalista y contraponerle un plan obrero y popular, que empiece por la expropiación de los grandes grupos capitalistas y un plan nacional de desarrollo hacia el socialismo.
Y, por último, un gobierno alternativo de las organizaciones obreras y populares, que lleve a cabo este programa.
Ahora bien: ¿cómo hacemos posible esta salida? Luchando por ella cada día con más fuerza y decisión, enfrentando a los agentes de la burguesía y a los reformistas conciliadores. Y, en ese proceso, organizando y construyendo un verdadero partido de los trabajadores con lo mejor de la vanguardia obrera y de la juventud luchadora, hasta que sea capaz de dirigir a las grandes masas hacia la conquista del poder.
Estos son, en forma resumida, los ejes de un verdadero programa obrero y de un partido obrero para llevarlo a cabo, como salida ante la crisis nacional.
A los mejores luchadores de la juventud y la clase obrera, los convocamos a debatir esta propuesta y, sobre todo, a sumar fuerzas para construir juntos esta alternativa.
Nuevamente nos encontramos ante una emergencia nacional con el retorno del fenómeno de El Niño Costero. Las intensas lluvias, combinadas con las altas temperaturas que afectan a toda la costa, parte de la sierra y la región amazónica, vienen provocando inundaciones, huaycos y múltiples destrozos en varias localidades del país, especialmente en la ciudad de Arequipa.
El fenómeno reaparece con fuerza como consecuencia del efecto invernadero, propiciado por la intensa actividad capitalista basada principalmente en la quema de combustibles fósiles. Esta realidad es constantemente negada por las élites capitalistas mundiales, encabezadas por figuras como Donald Trump, con el objetivo de favorecer a las multinacionales petroleras.
Para este año, se prevé que el fenómeno se extienda hasta noviembre. En 2017, este evento climático, que afecta especialmente a Perú y Ecuador, causó más de un millón de afectados, además de muertes, personas desaparecidas y miles de damnificados.
Como entonces, la historia vuelve a repetirse. Las obras preventivas que se necesitan nunca se realizan, ya sea por la corrupción de los gobiernos subnacionales y la propia ineficiencia del Estado, o –como ocurre ahora– por el recorte fiscal aplicado por el gobierno central, que con una mano reduce impuestos a las empresas agroexportadoras mientras con la otra recorta el presupuesto en prevención.
Además, para enfrentar la emergencia, la población no cuenta con motobombas que le permita vaciar las viviendas y terrenos inundados. Ya no hablemos de maquinaria pesada, tanques y cisternas, ni de las asistencias básicas que necesita la población afectada. De tal manera que, una vez más, el desamparo y la improvisación son casi totales.
Y como siempre, los más afectados siguen siendo la población más pobre y necesitada, aquella que reside en viviendas precarias y, en muchos casos, ubicadas en zonas de alto riesgo. Ahora, esta población debe sumar este flagelo a sus sufrimientos cotidianos, como la criminalidad y las desastrosas políticas sociales del Estado.
No faltarán quienes, en la presente campaña electoral, usen esta tragedia para sumar una nueva oferta a su larga lista de promesas. Lo cierto es que esta situación no puede esperar ni el cumplimiento de ofertas futuras ni los resultados electorales; las necesidades deben ser atendidas ya. Esto solo va a ser posible con la movilización ciudadana que exija al gobierno atender la emergencia con maquinaria, equipos y ayuda efectiva, recurriendo si es necesario al uso de los medios y recursos que poseen las grandes empresas. Y mediante la lucha autoorganizada de los sectores afectados y en situación de vulnerabilidad.
Pelea electoral con chaira en mano y continuidad del control del gobierno por parte de los partidos que conforman el pacto corrupto, son dos caras del actual régimen político en descomposición. Los partidos procesados o vinculados al crimen organizado –según la Fiscalía– están enfrentados en una guerra electoral ya sea por prevalecer o por sobrevivir, pero a la vez están unidos por sus transacciones e intereses comunes.
Es muy importante tener esto en cuenta porque la campaña electoral se irá convirtiendo más y más en la madre de todas las batallas del engaño y la confusión, tanto por interés propio como para distraer la atención de los verdaderos problemas nacionales y sus responsables. Tenemos, en esa línea: los hechos que rodearon la censura de Jerí y la elección del nuevo presidente; el carácter del gobierno de José María Balcazar; y, lo que se espera de los responsables del régimen, del actual gobierno y de los candidatos ante los conocidos problemas nacionales, como el sicariato y el regreso de las lluvias torrenciales, y ante las nuevas amenazas que viene lanzando el imperialismo norteamericano bajo el gobierno de Donal Trump.
Enfrentados por los votos, pero unidos en el pacto de gobierno
Respecto al primer tema, la censura a Jerí y los delitos que motivaron su destitución han pasado a segundo plano gracias a que el Congreso ha producido un acto más escandaloso al elegir a otro de sus “legítimos” exponentes, esta vez a José María Balcázar, de las filas de Perú Libre, con no menos procesos judiciales en su prontuario y responsable, como la mayoría de sus colegas, de la aprobación de las repudiadas leyes pro crimen.
La descomposición del régimen político va más allá. La prensa enfoca lo insólito de elegir presidente del Congreso y presidente de la República a alguien de Perú Libre, siendo más fuertes las bancadas derechistas; de hecho, Fuerza Popular, Renovación Popular, APP, Podemos, Somos Perú sumaban más de 75 votos, suficientes para elegir a su “favorita” María del Carmen Alva.
Es claro que Balcázar fue elegido con muchos votos derechistas, lo que ha puesto en evidencia la vigencia del pacto y también la pelea a cuchillos que están librando en el terreno electoral los principales socios, Fuerza Popular de Keyko Fujimori y Renovación Popular de Rafael López Aliaga.
Cuando José Jerí ya era un apestado, López Aliaga madrugó con la propuesta de la censura para mostrarse como abanderado de la moral, logrando que el fujimorismo quede como defensor del censurado. Luego, la elección del remplazante se usó como arma destructiva: provocar una “tragedia” con la elección de un supuesto “comunista” como presidente, para culpar al otro de semejante perversión.
La guerra electoral se hace más salvaje porque ninguno de sus candidatos logra un despegue significativo. López Aliaga lleva la delantera, pero con un 12% que muestra un crecimiento insignificante después de varios meses de campaña, seguido por Fujimori con rígido 8%, mientras más abajo figuran cuatro candidatos con 4%, entre ellos César Acuña de Alianza para el Progreso; y hasta la fecha el voto por “ninguno” lidera por mucho con 42%. La próxima encuesta revelará si el ardid le dio ventaja a alguno de ellos.
Con Balcázar presidente, no hay cambios
El segundo tema tiene que ver con el carácter del actual gobierno. La designación de Balcázar como presidente, seguro será usado por la derecha patronal y corrupta como blanco de un cínico discurso de defensa de la “democracia” contra la “amenaza comunista”; así pretenderán asustar al electorado para ganar votos, de paso que soplarán la pluma de su responsabilidad en la descomposición política y los crímenes del periodo Boluarte y Jerí. Pero Balcázar fue elegido por ellos mismos, con negociaciones bajo la mesa, incluidas repartijas de ministerios y otros altos cargos.
Por eso las primeras declaraciones de Balcázar no fueron para combatir la corrupción sino priorizar la conciliación “sin izquierdas ni derechas”; no fueron para combatir el crimen organizado sino para callar la boca sobre las leyes a favor del crimen que él mismo ayudó a aprobar.
Balcázar tampoco se refirió a medidas de cambio para atender las demandas sociales o las emergencias de pueblos afectados por desastres, sino para ofrecer por encima de todo la defensa del actual modelo económico y acceder a las demandas de los empresarios por más reformas (como la Ley “Chlimper 2.0” o la norma de ceses colectivos) que terminan pagando las masas trabajadoras.
Cuando dice “es fácil gobernar”, no se refiere a otra cosa que seguir con el piloto automático de gobernar sin tocar el modelo, ya que el tema económico lo deja, como han hecho los sucesivos gobiernos anteriores, a lo que dicten las misiones del FMI a través del Ministerio de Economía. Por tanto, no tendrá nada que ofrecer a las poblaciones que demandan soluciones, es decir nada distinto que mecidas y represión a las justas luchas.
Una línea roja del modelo económico es la del déficit fiscal, que ya venía rebasado desde hace varios años pero que el FMI aflojó en 2023 en plenos asesinatos de Boluarte para priorizar la sostenibilidad del gobierno. El ajuste regresó con la aprobación de un presupuesto 2026 más austero, y en los últimos días de Jerí con un mayor ajuste del gasto corriente del gobierno nacional en 10 por ciento, equivalente a unos S/. 2,000 millones. Es la lógica del modelo económico, de ajustar por el gasto público agravando la incapacidad absoluta del Estado para atender los problemas de salud y educación públicas, entre otros, sin tocar los intereses del empresariado con más impuestos.
Con la citada medida se busca también asegurar el financiamiento de inversiones donde se prioriza la compra de aviones para la fuerza aérea, lo cual no solo plantea el problema de prioridades donde se dejan de lado múltiples carencias de la población, e incluso otras inversiones como la nueva carretera central cuya suspensión ha causado indignación y protesta popular, sino las relaciones que encierra esa compra, como una sujeción colonial del gobierno (todavía en los días de Jerí) a los dictados del imperio, y aquí entramos al tercer tema de la actitud del Estado ante los ataques y amenazas del imperialismo norteamericano.
Ataques y amenazas del imperio
El plan económico neoliberal y la globalización son los instrumentos de un proceso de recolonización de América Latina del que el Perú no solo no ha sido excepción, sino que hasta es uno de sus casos más extremos en privatización, liberalización de la economía y expoliación de recursos naturales.
Ahora que Estados Unidos constata su decadencia en el orden mundial que él mismo construyó, ha decidido resolver su rezago frente a otras potencias económicas, especialmente China, tratando de imponer un nuevo orden y desempolvando en ese marco la vieja doctrina Monroe para recuperar el terreno perdido en los países de la región latinoameric-ana (véase un amplio análisis en artículo de esta edición).
La decisión en tiempos de Jerí fue allanarse a los planes geopolíticos de EE. UU. autorizando la transferencia de S/ 1,137 millones para la compra de aviones cazas producidos por empresas norteamericanas, incluso a pesar de las preferencias de la parte técnica por aviones suecos y franceses.
Esta postura capituladora de Jerí, es evidente que no será revisada por el actual gobierno de Balcázar, como tampoco será cuestionada por los candidatos de los partidos que conforman el pacto de los corruptos.
El asunto es que tampoco ninguna candidatura que se reclama de izquierda, para no contar ya el caso descarado de Perú Libre, se ha propuesto asumir las banderas del antiimperialismo, mostrando el grado extremo al que ha llegado su regresión programática y su adaptación al sistema.
Otras expresiones de esa capitulación de la izquierda reformista han sido su política predominantemente conciliadora incluso en los momentos más críticos en que se imponía el gobierno de Boluarte a sangre y fuego, y su renuncia a liderar las luchas sociales contra la corrupción, el sicariato y las extorsiones, así como las demandas de justicia de los pueblos del sur y los familiares de asesinados, incluso las banderas más sentidas de estas luchas como la de asamblea constituyente, que muy bien podían haberse articulado con las luchas obreras contra los ceses colectivos y despidos.
La debilidad electoral de las candidaturas de la izquierda reformista, solo reflejan el abstencionismo y la política desmovilizadora de los últimos años, para no ir tan lejos, sino también su regresión programática que hace que no se diferencie de la más tibia de las opciones de la derecha patronal, y que desmoraliza al movimiento obrero y popular, que no la ven como alternativa, que sienten que no tienen candidatos.
Y ese retroceso es lo que favorece a la derecha que, a pesar de su responsabilidad directa en la situación, y con muy poco, buscarán hacerse del gobierno con el propósito de instaurar un periodo más reaccionario y antipopular, más alineado al modelo y a los dictados imperialistas, reclamando el padrinazgo del amo imperial.
Sigue siendo un misterio hacia qué candidato se volcará el descontento y qué forma tendrá la polarización electoral de este año, pero es claro que un programa de cambio real no hay.
Sin embargo, las elecciones serán finalmente un episodio más del que antes han salido gobiernos de todo tipo, todos al servicio de plan económico, todos corruptos, que han llevado al país a una descomposición cada vez mayor. La clase trabajadora y el pueblo todavía pueden organizarse y prepararse para el partido de fondo en las calles.
José Jerí ha sido censurado por el mismo Congreso corrupto y reaccionario al que no le importa solucionar los problemas del pueblo pobre y trabajador del Perú. El mismo Congreso que le encargó la presidencia y lo ha sostenido hasta hoy, sin atender las acusaciones de abuso sexual, enriquecimiento ilícito o su responsabilidad por la represión el 15 de noviembre pasado.
¿Por qué lo sacaron? Porque la continuidad de Jerí al frente del gobierno ponía en riesgo sus posibilidades electorales.
No era sostenible, desde el punto de vista de los votos, sostener a un presidente que se reunía en secreto con empresarios con los que el Estado tiene contratos y utilizaba Palacio de gobierno para realizar fiestas y, todo indica, aprovechar su poder para obtener favores sexuales.
Pero tampoco era posible sostener un gobierno que, habiendo intentado identificarse con el dictador salvadoreño Bukele para dar sensación de que se hacía algo contra las bandas del crimen organizado, ha mostrado su completo fracaso, en medio de continuos asesinatos contra trabajadores del transporte en Lima, Callao y otras grandes ciudades, propiciando el descontento y la movilización popular.
Dicho de otra forma, salvo el fujimorismo, nadie ha querido cargar con esa mochila llamada José Jerí, de cara al 12 de abril.
Las direcciones sindicales impidieron que el pueblo trabajador derrote a Jerí en las calles
Los trabajadores, trabajadoras y el pueblo pobre tampoco tenían interés alguno en cargar con esa mochila.
Nada más impuesto por el Congreso, la juventud movilizada junto a importantes sectores obreros y populares salieron a enfrentar y echar abajo a Jerí. La gran movilización del 15 de noviembre, duramente reprimido por el gobierno, expresó esta intención.
Sin embargo, las direcciones sindicales nacionales, principalmente la dirigencia de la CGTP (controlado antidemocráticamente por el Partido Comunista), renunciaron a organizar y dirigir esta lucha, para abrazar sus propios cálculos electorales.
Una victoria de la lucha obrera y popular, hubiera puesto a la defensiva al pacto corrupto de los partidos del Congreso, y hubiera abierto el camino para que las demandas de las organizaciones obreras y populares se posicionen en primer plano, como sucedió con la huelga de los trabajadores y trabajadoras del campo después de la caída de Merino, que terminó echando abajo la Ley agraria fujimorista.
Pero no ha sido así. Con esto, los partidos reformistas, que se autodenominan “de izquierda”, han traicionado los intereses inmediatos de los sectores obreros y populares, y como consecuencia indirecta han entregado incluso sus propias posibilidades electorales, en función de las cuales han vendido la lucha.
Nada que esperar
Siendo el mismo Congreso corrupto y reaccionario, el que elegirá al próximo presidente o presidenta del país, los trabajadores, trabajadoras y el pueblo pobre no tenemos nada positivo que esperar.
Será un gobierno igualmente corrupto, reaccionario e incapaz de resolver las más sentidas demandas de la clase obrera y el pueblo, que mantendrá la línea represiva que Jerí impuso con los “estados de emergencia”, para garantizar un proceso electoral a la medida de los mismos partidos del Congreso.
Por eso, el único camino que tenemos los trabajadores y el pueblo es retomar nuestra movilización franca y consecuente. Está claro que los dirigentes nacionales tienen la cabeza en las elecciones y no en organizar la lucha. Por eso urge que discutamos en cada fábrica, mina, universidad y centro de trabajo, la necesidad de ir a un gran Paro nacional, como los realizados por los trabajadores transportistas, para exigir soluciones concretas e inmediatas a nuestros problemas y demandas.
No tenemos ninguna razón para esperar del nuevo gobierno –ni del que salga electo del Congreso, ni del que se elija en abril/junio– ningún cambio o solución.
¡Retomar la movilización obrera y popular! ¡Asambleas de base para discutir y votar la movilización unitaria! ¡Cárcel y confiscación inmediata de las cuentas y bienes de todos los corruptos, comenzando por Jerí! ¡Plan de lucha y Paro Nacional contra la criminalidad, contra la impunidad policial y de las Fuerzas Armadas, por juicio y castigo a los corruptos y asesinos y en defensa del trabajo!
José Jerí, ungido “presidente” por la mafia del Congreso para reemplazar a la asesina Dina Boluarte, además de ser garante del mismo plan económico neoliberal y ejecutor de las políticas patronales (privatización de PETROPERU), ha demostrado que es corrupto y mentiroso, y por eso debe ser irse de inmediato.
Hoy, la mayoría de candidatos incluye en su campaña electoral el pedido de su salida, en especial los referentes de la llamada “izquierda” institucional: Patria Libre, Juntos por el Perú, Venceremos y Ahora Nación, quienes se pronuncian contra Jerí y destacan haber presentado “mociones de vacancia” para que el mismo Congreso que lo nombró, ahora lo destituya. El mismo Congreso que, antes, sostuvo a Dina Boluarte durante casi tres años sin importar las masacres desatadas en Ayacucho, Andahuaylas y Juliaca entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.
Delegar la solución a esa banda de corruptos que se reúnen en el Congreso solo garantiza uno de dos escenarios: el primero, la inacción —bajo el argumento de preservar la “estabilidad” hasta las elecciones de abril—. El segundo, el reemplazo de Jerí por otro impresentable del mismo régimen.
Los candidatos de la “izquierda” institucional, al reducir su pedido al juego parlamentario, en los hechos se alinean con los intereses empresariales que ven en la salida de Jerí un «peligro» para sus intereses, que disfrazan bajo el nombre de “gobernabilidad”, de cara a los comicios de abril.
¡La salida no está en ese Congreso, está en las calles!
La verdad que la enorme mayoría del movimiento obrero y popular conoce, sin embargo, es que nada se puede esperar del Congreso, y por eso, solo la movilización organizada de la clase trabajadora y el pueblo puede forzar la caída inmediata de Jerí, al mismo tiempo que abrirá el camino a las soluciones que se reclaman. La CGTP tiene la obligación de convocar de inmediato un PARO NACIONAL. Debe seguir el ejemplo combativo de la Central Obrera Boliviana y la CGT Argentina, que con paros, huelgas indefinidas y movilizaciones masivas han frenado y derrotado medidas reaccionarias de sus gobiernos.
El sur andino ya señaló el camino al levantarse contra un gobierno responsable de más de 50 muertes, exigiendo: Fuera Dina, disolución del Congreso y una ASAMBLEA CONSTITUYENTE SOBERANA que cambie de raíz las estructuras económicas y sociales. Esa lucha fue dejada de lado por esas mismas direcciones de izquierda y las centrales.
Los transportistas, víctimas de la inseguridad y el absoluto desamparo estatal, también marcan la ruta con sus paros y protestas, exigiendo acciones reales contra la delincuencia —del cual el propio Estado es cómplice por omisión y corrupción.
Ahora es la llamada «Generación Z» la que retoma la bandera de lucha. Tras las masivas movilizaciones del año pasado, como la del 15 de octubre —donde fue asesinado el joven Truko—, convoca a tomar las calles este 28 de enero para expulsar a Jerí. Ese es el camino: unificar las luchas del sur andino, de los transportistas, de la Generación Z y de las bases obreras.
Salgamos todos el 28 con una sola voz exigiendo:
¡Fuera Jerí! ¡Abajo el Congreso Corrupto!
¡Elecciones a una Asamblea Constituyente libre y soberana con representación directa de las organizaciones obreras y populares!
No a la privatización de PETROPERÚ! ¡Solución a las demandas obreras y populares!
Urge que organicemos el Paro Nacional desde las bases, construyendo comités de lucha en cada centro de trabajo, barrio y universidad. ¡La unidad que necesitamos hoy, más que nunca, no es la de los votos, sino la de la lucha!
Cien días han bastado para desenmascarar al gobierno de José Jerí como la continuación pura y dura del régimen de Dina Boluarte.
No es casualidad. Ambos son frutos de la misma mafia que gobierna el país y que empuja a las mayorías hacia el abismo de la miseria y la inseguridad, mientras los ricos acumulan obscenas fortunas.
Jerí llegó al poder prometiendo que combatiría la criminalidad como prioridad máxima. Pero, ¿cómo va a combatir el crimen quien tiene profundas ligazones con él? Los hechos hablan claro: el 2025 cerró con la tasa de criminalidad más alta de la historia, una tendencia al alza que se consolida bajo su mandato. Por eso los transportistas, víctimas principales, vuelven a paralizar el país y a tomar las calles exigiendo acciones, no poses mediáticas.
En el fango de la corrupción, Jerí no se queda atrás en cinismo. Recientemente fue captado ingresando encapuchado y con lentes oscuros a un Chifa para reunirse con un empresario chino, conocido por ser un operador de intereses ante políticos corruptos.
Bajo su gestión también la mafia en el poder continúa copando la Fiscalía de la Nación. Ya han conseguido archivar casos emblemáticos como el de «Los Cócteles», beneficiando a Keiko Fujimori, y desmantelaron el equipo especial que investigaba los asesinatos de las protestas del 2022 y 2023.
Hasta en política exterior queda clara su vileza. Frente al grave ataque sufrido por Venezuela, que mereció condena mundial y masivas protestas contra Trump, su gobierno solo atinó a justificarlo, alineándose con los peores regímenes que se arrodillan ante el delirio imperial de la Casa Blanca.
El gobierno se jacta de una “performance económica” que, en verdad, no es más que el fruto del alza temporal de los precios minerales y del crecimiento de la agroexportación, negocios que solo engordan los bolsillos de los grandes capitalistas. Mientras tanto, el pueblo trabajador se hunde: los pliegos de reclamos se ignoran, se imponen jornadas de 12 horas, los despidos continúan y el desempleo y subempleo crecen. Recortan el presupuesto para salud y educación –ambos colapsados, con la tuberculosis y la anemia infantil en ascenso– para aumentar el financiamiento de un Congreso servil.
Para colmo, ahora impulsan la privatización de Petroperú, después de haberla asfixiado financieramente desde el propio Estado corrupto, justo cuando el control de los recursos energéticos es estratégico a nivel global.
Frente al desastre de Boluarte, los grandes medios y los voceros empresariales inflaron las expectativas sobre Jerí, y muchos les creyeron. Pero la verdad se impone: el fracaso es tan rotundo que hasta resurge el debate sobre la vacancia.
No obstante, ante esta profunda crisis de gobernabilidad, el régimen y sus voceros insisten en vendernos humo con la salida electoral. Las elecciones de abril se promocionan así como la solución, con un menú de candidatos para todos los gustos. Pero no es así. Bajo un régimen mafioso que secuestra las instituciones destinadas a garantizar transparencia, no puede haber elecciones libres ni democráticas. La gran prensa, financiada por los partidos de los ricos y las agrupaciones criminales, ya tiene un guion escrito: asegurar un gobierno sumiso a los intereses de Trump, que con su respaldo imponga una ola de contrarreformas salvajes, a imagen y semejanza de lo hecho por Milei en Argentina y la derecha en Bolivia.
Por eso la gran mayoría, especialmente en los sectores populares, no sabe por quién votar, y al final votan sin convicción y guiados por el instinto del “mal menor”.
Ante este panorama, la llamada “izquierda”, en lugar de denunciar esta farsa y luchar por cambiar el escenario, ha optado por subirse alegremente al carro electoral pretendiendo que la “solución” es votar por sus candidatos, olvidando sus propios fiascos con Susana Villarán y Pedro Castillo, y que su representación parlamentaria, incluso la más voluntariosa, solo ofrece discursos y ninguna “solución” real.
Por eso, la salida no es electoral. La salida es luchar para echar ya al gobierno de José Jerí y al régimen corrupto y represor que encabeza.
Luchar para enfrentar la ola delictiva desde sus raíces. Luchar para arrancar las soluciones urgentes que demandan los trabajadores, los pobres, los transportistas, todos los sectores golpeados. Luchar por convocar verdaderas elecciones libres para una Asamblea Constituyente soberana.
En este contexto, la movilización convocada por la CGTP para el día 20 solo tendría sentido si formara parte de un plan de lucha consecuente hacia esos objetivos. Pero no es así. La central la plantea como un acto de protesta aislado, inscrito en una política que prioriza las elecciones como salida, e incluso impulsa sus propios candidatos que usan las luchas como trampolín electoral, en lugar de servirlas.
Frente a esto, es urgente forjar una verdadera alternativa desde los sectores más combativos y conscientes. Esta alternativa debe empezar por unir las luchas desde las bases: hoy con los trabajadores de Petroperú en pie de guerra contra la privatización de la empresa. Unirnos con los transportistas y todos los sectores con demandas postergadas, para levantar un plan de lucha nacional y un paro o huelga nacional indefinida, en el camino que señala la clase obrera de Argentina y Bolivia, que con la lucha unida y la huelga general lograron frenar y derrotar a sus gobiernos entreguistas.
El ataque de Estados Unidos a Venezuela constituye un hecho casi sin precedentes en América Latina. En el pasado ha habido varias intervenciones de este tipo, pero nunca de la magnitud de la realizada el 3 de enero, con bombardeos directos sobre una gran ciudad como Caracas, respaldados por un despliegue gigantesco de la principal fuerza militar del mundo.
Este hecho, revela que la disyuntiva para nuestro continente es ahora, de manera brutal, colonia o revolución. El ataque no es una intervención más: es la ejecución de una estrategia de reimpulso a la recolonización de América Latina por parte de Estados Unidos, como respuesta a su crisis y a la crisis mundial capitalista que solo puede ofrecernos más saqueo, miseria y explotación de lo que ya conocemos.
Pero como siempre sucede en las grandes crisis, también hay respuestas y una salida, que nos invitan a seguir luchando con más determinación que nunca.
Un ataque sin justificación, pero con motivaciones claras
Tampoco tienen precedente las motivaciones alegadas. Aunque se justificó inicialmente en la defensa nacional de Estados Unidos ante una presunta invasión del Cartel de los Soles –al que se vinculó a miembros de la cúpula del gobierno venezolano–, pretexto que luego fue desechado por el propio fiscal que lidera el proceso contra Maduro, debido a la ausencia absoluta de pruebas, como ya era evidente.
La verdadera motivación la expresó el propio Trump: Estados Unidos atacó a Venezuela para apropiarse de su petróleo, la mayor reserva del mundo. Así lo repiten funcionarios de su gobierno, lo que no deja dudas de que se trata de una operación de pillaje: un país poderoso contra otro más débil, en violación del derecho internacional y ante la mirada pasiva de los organismos que supuestamente garantizan el orden mundial. Una operación de rapiña colonial en pleno siglo XXI.
No solo eso. Además, Estados Unidos ha tomado el control del gobierno y del Estado venezolanos, como si se tratara de una colonia, sin fecha de vencimiento. Y pese a lo declarado por Delcy Rodríguez, todas las decisiones del actual gobierno se deciden con la aprobación previa de la Casa Blanca. De ahí que uno de los primeros acuerdos puestos en marcha haya sido el control total de la industria petrolera venezolana por parte de Estados Unidos, que ha encargado su explotación a empresas propias, principalmente Chevron.
El régimen venezolano ha sufrido múltiples ataques desde la asunción de Hugo Chávez en 1999, debido a su orientación nacionalista. Pero el escenario actual no tiene parangón. Se trata, definitivamente, de un hecho sin precedentes y de extrema gravedad para el mundo, y en particular para América Latina, pues no está en juego solo Venezuela ni su petróleo, sino una política global del imperialismo norteamericano y, en especial, su control y dominio de lo que considera su “patio trasero”.
La razón de fondo es la crisis imperialista y su respuesta para salir de ella
Desde 2008 se desarrolla una crisis mundial que tiene su epicentro en el principal país capitalista, Estados Unidos. Esta crisis es resultado del agotamiento del modelo neoliberal y de globalización impuesto tras el fin de la Guerra Fría y la caída del bloque soviético. El principal impulsor y beneficiario de ese orden fue y es EE.UU., pero su agotamiento ha abierto una prolongada crisis de la que aún no se sale. La crisis afecta no solo su capacidad de acumulación económica, sino que también profundiza el desorden mundial con conflictos y convulsiones en los cinco continentes, poniendo en entredicho su hegemonía. En este mismo contexto han emergido otras potencias, como China, que disputa espacios y segmentos del mercado mundial.
Para enfrentar esta crisis, el imperialismo norteamericano ha elaborado un plan global orientado a fortalecer su economía y su dominio. Parte de este plan es lo que, hace algunas semanas, dio a conocer la administración de Donald Trump con el documento denominado Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que tiene el objetivo declarado de volver a convertirlo “en el país más rico, fuerte, poderoso y próspero del mundo”. Sobre los objetivos generales allí planteados, en realidad, existe consenso en el establishment estadounidense, más allá del énfasis personal que imprime Trump con su estilo desacomplejado y su base MAGA, vinculada a grandes capitales tecnológicos. El documento, no obstante, ayuda a comprender la política actual de Washington para enfrentar la crisis, con el sello de esa administración.
En síntesis, el documento plantea un repliegue del orden mundial de posguerra fría –basado en la globalización y la liberalización– y pone énfasis en la prioridad de la economía norteamericana para fortalecer su liderazgo y su papel de policía mundial. Así, se propone hacer de EE.UU. “la economía más fuerte, dinámica, innovadora y avanzada del mundo”, sustentada en una sólida base industrial (o de reindustrialización) y “respaldada por un robusto sector energético” basado en industrias extractivas como el petróleo. Junto a esto, busca construir “la fuerza militar más poderosa, letal y tecnológicamente avanzada del mundo, para disuadir guerras y, si es necesario, ganarlas de forma rápida y decisiva”, con el fin de asegurar su hegemonía.
En este marco, actualiza el concepto de la Doctrina Monroe, con la cual, hace más de doscientos años, Estados Unidos definió a América Latina como zona de su dominio exclusivo. Ahora se trataría de “restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental y proteger nuestro territorio y nuestro acceso a zonas geográficas clave”, en un contexto que considera vulnerado. A este enfoque se lo denomina en el propio documento “el corolario de la Doctrina Monroe”, al que Trump se refirió jocosamente como la “doctrina Donroe”.
Bajo esta política, Washington ha venido alineando a distintos gobiernos latinoamericanos, tanto de derecha como de sectores autodenominados progresistas. Con algunos aplica acuerdos directos; con otros, presión política y económica. Asimismo, interviene de manera sistemática para influir en procesos electorales. Trump también anunció la caída próxima de los regímenes de Nicaragua y Cuba, y manifestó su intención de ejercer control directo sobre el Canal de Panamá y sobre Groenlandia –territorio danés con enormes reservas de tierras raras, posibles yacimientos de petróleo y una ubicación geoestratégica clave–.
Esto representa un mensaje directo a China. El documento precisa una orientación: “impedir que competidores no hemisféricos posicionen fuerzas u otras capacidades amenazantes, o que posean activos estratégicamente vitales en nuestro hemisferio”. China ha desarrollado importantes relaciones comerciales con varios países del continente, inversiones estratégicas y grandes infraestructuras logísticas, como el megapuerto de Chancay en Perú. Sobre todo, ha construido una relación avanzada con Venezuela en torno al aprovechamiento de su principal recurso petrolero, sacando ventaja del bloqueo y aislamiento aplicado por EE.UU. durante años.
En este marco general puede ubicarse y entenderse mejor el actual ataque a Venezuela. Desde la perspectiva imperialista, en nuestro hemisferio, el cuestionamiento a su hegemonía tendría el nombre de Venezuela: no solo por ser un país clave por su peso y ubicación geoestratégica, y por su referencia simbólica de resistencia a la dominación imperial, sino también porque cuenta con la principal reserva de hidrocarburos del mundo, la cual está siendo aprovechada por China y Rusia.
El ataque también tiene otra lectura: es un mensaje al resto del mundo de que la administración Trump no solo amenaza, sino que actúa, respaldada por la fuerza militar que considera la más poderosa. Por ello se ha esforzado por presentar el operativo en Venezuela como uno impecable, en el que se habrían atacado varios objetivos militares y civiles, ingresado al país con una flota de aviones, vulnerado un búnker y capturado al presidente, asesinando a su guardia pretoriana, todo “a costo cero” y “sin derramar una gota de sangre”, según dicha narrativa.
En concreto, y como aspecto más importante, esta política imperialista hacia América Latina significa un reimpulso al proceso de recolonización en la que encuentra al menos desde inicios de siglo, lo que traerá más saqueo de recursos naturales, dependencia económica, presencia militar e intervención en asuntos internos, apuntalado por la colaboración de agentes políticos locales serviles. Todo lo cual, según el análisis presentado, agravaría el atraso, la pobreza y la explotación de la clase trabajadora en la región.
La caída del régimen y el futuro de Venezuela
La rápida operación que derivó en el secuestro de Maduro y la inmediata sujeción del gobierno a los mandatos de Estados Unidos constituye un hecho que exige múltiples explicaciones. Resulta difícil comprender un ataque de tal magnitud sin que se haya producido una mínima respuesta o resistencia, y más aún que el régimen se sometiera de forma inmediata a Washington, considerando que Venezuela cuenta con un sólido sistema de defensa antiaérea y una flota de aviones Sukhoi SU-30 que se encontraba en estado de alerta.
Las versiones difundidas sobre una supuesta colaboración del comandante de la Fuerza Aérea –quien habría ordenado neutralizar las defensas– y sobre la existencia de agentes infiltrados en el círculo íntimo de Maduro, que habrían facilitado su captura, aun de ser ciertas, no resultan suficientes para explicar lo ocurrido. Más aún, ¿cómo se entienden las primeras declaraciones de los principales jerarcas del régimen –Diosdado Cabello, ministro del Interior y hombre fuerte del poder, y Vladimir Padrino, jefe de las Fuerzas Armadas– llamando a la calma, así como las de la propia vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien, apenas asumió el mando, aceptó la “colaboración” con Estados Unidos? No hubo respuesta militar, ni llamado a la movilización ni a la defensa nacional, como tantas veces se había anunciado. ¿Qué ocurrió con los “líderes” de la llamada “revolución bolivariana”, con su discurso antiimperialista y su pregonado “nacionalismo”, presentado durante años como símbolo y ejemplo para luchadores de todo el mundo? Simplemente se desvaneció.
Dado que los acontecimientos aún están en desarrollo, puede afirmarse que el régimen fue derrotado y transformado en su opuesto: un régimen colonial que conserva sus rasgos dictatoriales, mafiosos y represivos. Este viraje abrupto solo puede explicarse por la condición de clase pequeño-burguesa y/o burguesa de sus dirigentes, quienes, llegado el momento decisivo, priorizan sus intereses materiales por encima de cualquier proclama ideológica. Y esos intereses no son menores: las Fuerzas Armadas administran, en promedio, unas 200 empresas, y tanto ese control económico como el dominio del Estado –fuente central de poder y enriquecimiento– se vieron amenazados, junto con la posibilidad concreta de correr la misma suerte que Maduro. La propia administración Trump anunció que las cuentas secretas de la cúpula gobernante, alojadas en Qatar, Turquía y otros paraísos fiscales, serían congeladas si no colaboraban, bajo la amenaza de nuevos ataques.
Esta capitulación de la cúpula ha sorprendido a amplios sectores del chavismo y a sus seguidores, muchos de los cuales hablan ahora de traición. Sin embargo, cuando no traicionan uno o dos dirigentes, sino toda una dirección, no se trata de una traición individual, sino del desplazamiento de una casta o sector social con intereses propios. Lo cierto es que este viraje y la ausencia total de respuesta efectiva han dejado en evidencia a la corriente chavista y a los estalinistas que la apoyan, quienes, tras años de retórica antiimperialista y de presentar al régimen venezolano como un “modelo”, se limitan hoy a declaraciones formales y hacen poco o nada para impulsar una movilización masiva de rechazo al ataque imperialista y de apoyo real a Venezuela. Esto revela, al menos, un desarme y confusión de dichos sectores tras la deriva de su propia dirección.
La comprensión del carácter de clase de los que administran el régimen venezolano también permite comprender su trayectoria pasada, marcada por constantes oscilaciones entre la presión del movimiento de masas y la del imperialismo. Esa dinámica limitó su nacionalismo burgués y fundamentó una posición crítica e independiente frente al chavismo (como la nuestra), mientras la mayor parte de la izquierda mundial –incluidos sectores que se reivindican trotskistas– le brindaba apoyo político.
Un elemento a favor de esta cúpula, como salvavidas lanzada por el enemigo, ha sido el abandono de Trump a su principal agente y socio local, la oposición de derecha que encabeza María Corina Machado, que esperaba asumir el poder tras la caída de Maduro. Desde la perspectiva de Estados Unidos, resulta evidente que era –y es– más eficaz controlar la transición a través de un chavismo casi muerto, que conserva el control del aparato estatal y represivo y aún cuenta con el respaldo de un sector del movimiento de masas, que hacerlo mediante una oposición fragmentada y con menor capacidad de contención social.
En estas condiciones, surge inevitablemente la pregunta: ¿qué ocurre y qué ocurrirá en Venezuela? ¿De qué tipo de transición se trata? Todo indica que se avanza hacia una transición tutelada, al estilo pinochetista, con un férreo control del movimiento de masas por parte del régimen chavista, orientada a la construcción de una “democracia” neocolonial bajo control monopólico del petróleo y de otros recursos estratégicos por parte de Estados Unidos. En el Estado que comienza a perfilarse, los ex dirigentes chavistas se preparan para desempeñar el rol de administradores o coadministradores, siguiendo el camino de la antigua burocracia de la ex URSS, que terminó convertida en una nueva burguesía y en gestora del capitalismo restaurado.
Todo lo dicho no significa que esté definitivamente resuelto. Insistimos en que el proceso sigue abierto y que nada está completamente definido. En el seno del régimen –como en toda estructura mafiosa– existen disputas entre distintos grupos de interés, así como tensiones en las bases que aún controlan, lo que puede generar cambios o giros en la situación. Lo fundamental es identificar el rumbo que hoy sigue la cúpula chavista. En ese marco, la última palabra siempre lo tiene la lucha de clases.
Este desenlace ha sido posible y puede seguir rigiendo por un tiempo, porque las masas han sufrido un doble golpe. Por un lado, el de un régimen que durante años alimentó expectativas y terminó defraudándolas, empujando a amplios sectores hacia la órbita de la burguesía liberal y proimperialista. Por otro, la derrota infligida a las propias bases chavistas que aún subsistían, al transformar el régimen que apoyaron y defendieron en su contrario, en uno tutelado por el imperialismo, el enemigo que decía combatir.
Este golpe pudo consumarse también debido a la ausencia de un campo independiente y de una alternativa revolucionaria para el movimiento de masas, resultado tanto de la capitulación de la mayoría de las fuerzas de izquierda que apoyaron al chavismo, como de la dura represión estatal contra toda expresión independiente del movimiento popular y su vanguardia. Sin embargo, esas mismas experiencias abren hoy las condiciones para que dicha alternativa comience a levantarse y desarrollarse, en lucha abierta contra el imperialismo, el capitalismo y las direcciones traidoras.
La capitulación del reformismo y la respuesta del movimiento de masas
Al igual que la capitulación del chavismo, resulta escandalosa la del reformismo a escala mundial. Los gobiernos de izquierda de América Latina, que se presentan como antiimperialistas ante el movimiento de masas, no fueron más allá de emitir declaraciones formales contra el ataque de Estados Unidos. Ninguno llamó a la movilización popular para enfrentarlo, ni mucho menos decidió romper relaciones diplomáticas o afectar intereses estratégicos del imperialismo, lo que habría constituido una respuesta real. En una situación como la que atraviesa Venezuela, las palabras son insuficientes.
La respuesta genuina provino del movimiento de masas. Se registraron movilizaciones significativas en numerosos países, incluso en Europa, pero especialmente en Estados Unidos, donde las protestas alcanzaron una magnitud considerable. Esto confirma que la lucha efectiva contra el imperialismo la protagonizan las masas y no las direcciones reformistas.
Ejemplos de esta dinámica se observan también en Argentina y Bolivia. En Argentina, tras el triunfo electoral de Milei bajo el padrinazgo y la presión directa de Trump, la clase trabajadora respondió con un paro nacional y una movilización multitudinaria frente a los intentos del gobierno de aplicar la agenda impuesta desde Washington. En Bolivia, luego de la elección de Rodrigo Paz –una suerte de Fujimori con fujishock incluido–, surgido del desgaste y la decepción generados por el MAS, se desarrolla una huelga general de la clase obrera, encabezada por la histórica Central Obrera Boliviana, contra el ajuste neoliberal y proimperialista.
Por una alternativa revolucionaria en la lucha contra el imperialismo
Vivimos una etapa de creciente polarización de la lucha de clases, marcada por nuevos ataques del imperialismo y por una resistencia heroica del movimiento de masas, incluida la clase trabajadora. Palestina y Ucrania son expresiones extremas de este escenario, que se extiende prácticamente a todo el planeta. América Latina, que hasta ahora parecía ocupar un lugar secundario, ha sido empujada al centro de la escena tras el ataque de Estados Unidos contra Venezuela.
La lucha antiimperialista está presente en las batallas que libran los trabajadores de Argentina, Bolivia y otros países, pero ahora se presenta con mayor claridad para amplios sectores del movimiento de masas, al evidenciarse que el enemigo principal es el imperialismo norteamericano.
Como nunca antes, esta situación coloca en el centro de la lucha de clases en América Latina la confrontación con el imperialismo estadounidense y con las burguesías locales y sus agentes políticos. Hoy, la principal bandera es el rechazo al ataque contra Venezuela, la defensa de su independencia nacional, la exigencia de plenas libertades democráticas y el fin de la dictadura chavista. Al mismo tiempo, se vuelve urgente la lucha contra las políticas de ajuste, contra la injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de nuestros países, contra los tratados de subordinación y contra la presencia de bases militares extranjeras en la región.
Esta polarización plantea de manera cruda la disyuntiva de Colonia o Revolución para nuestro subcontinente. Frente a una crisis capitalista mundial cada vez más profunda, la mera subordinación ya no resulta suficiente para el imperialismo, que avanza hacia formas abiertas de recolonización. La alternativa es aceptar el camino impuesto a Venezuela y los planes de ajuste que se aplican en Argentina y Bolivia, o luchar por una verdadera independencia y soberanía.
Esta lucha solo puede ser llevada adelante por la clase trabajadora y el pueblo pobre, que nada tienen que perder salvo sus cadenas. Pero requiere un programa que vincule de manera clara las demandas nacionales con la ruptura con el imperialismo y el capitalismo, y que apunte a un socialismo auténtico, basado en el gobierno de las organizaciones de los trabajadores. Y, fundamentalmente, requiere la construcción de un partido verdaderamente revolucionario, de carácter obrero y popular, capaz de luchar por ese programa y por esa salida histórica.
Mientras el presidente transitorio José Jerí cumple dos meses en el cargo con apariciones en público tratando de cultivar una imagen efectista, aunque inútil, frente a los principales problemas nacionales, las medidas más trascendentes se siguen tomando en el Congreso bajo la batuta del fujimorismo y sus aliados, sobre todo las medidas que refuerzan su control del sistema judicial y del sistema político, para imponer impunidad, eliminar competidores políticos del proceso electoral así como también favorecer a la clase patronal a la que sirve y que los patrocina.
El pasado 10 de octubre el Congreso le bajó el dedo a una ya insostenible Dina Boluarte que venía asediada por la protesta popular, y colocaron en su reemplazo, con el mismo libreto, a uno de sus representantes más directos, miembro del pacto de los corruptos y “galardonado” con procesos por enriquecimiento injustificado, cobro de coimas y violación sexual. Y el libreto incluye el uso de la represión criminal contra las protestas populares, como quedó de manifiesto en la movilización del 15 de octubre con el saldo de un muerto y muchos heridos.
Confirmando el vínculo, el converso fujimorista Fernando Rospigliosi lanzó desde el Congreso sus instrucciones de que la policía debe reprimir las protestas, so pretexto de actos de violencia.
La hiperactividad presidencial, aunque inútil, le ha valido algo de aprobación y sostenibilidad, pero más allá de eso, la desaprobación al gobierno y al Congreso sigue siendo más alta como reflejo del descontento.
No hay cambios
Los problemas sociales y la crisis política no dejan de profundizarse, a pesar incluso del actual proceso preelectoral rumbo a las elecciones 2026. El problema de las extorsiones y el sicariato sigue agravándose día a día con una sangría económica y una ola de asesinatos que golpea más a sectores populares y que no se detiene incluso bajo el estado de emergencia.
Al lado de ese problema siguen agravándose problemas estructurales derivados del plan económico neoliberal que por más de treinta años viene profundizando las desigualdades económicas y sociales con bajos salarios, precarización del trabajo y la marginación de una porción mayoritaria de la población.
Asimismo, el esquema tributario “promocional” para poderosos capitalistas explica en parte la incapacidad estructural del Estado para implementar siquiera políticas redistributivas y asegurar la salud y la educación pública, y hasta atender los problemas de inseguridad ciudadana. Las grandes corporaciones continúan enriqueciéndose de manera desproporcionada, con cifras récord de exportaciones mineras y agrícolas mientras trabajadores mineros y agrarios sobreviven con salarios cercanos a la línea de pobreza.
La “misión” del gobierno Jerí
El gobierno Jerí no solo se encarga de asegurar la continuidad del modelo económico sino también de sostener las posiciones de control que ejercen los partidos del Congreso en el sistema judicial y el sistema político electoral, es decir la manipulación fraudulenta para su impunidad, para la eliminación de rivales políticos, y para asegurar un resultado electoral favorable al fujimorismo o a otro de los partidos del pacto de los corruptos, y con ello “legitimar” un gobierno reaccionario y autoritario desde julio 2026.
En esa dirección, sus principales esfuerzos y el apoyo del Congreso están orientados a impedir las protestas sociales haciendo uso de medidas represivas extremas en un marco de estado de emergencia que no está hecho precisamente para detener el crimen organizado.
La trampa electoral
El descontento social se manifiesta de manera indirecta en el actual proceso electoral. La encuesta de IEP de noviembre muestra una rotunda mayoría de más de 70% que no respaldaba a ninguna de las opciones electorales en juego, incluso mayor en sectores rurales y en el sur (78%), y los candidatos del pacto de los corruptos solo recibían en conjunto un minúsculo 15% de las preferencias.
Eso, en este momento al menos, es una derrota o castigo a la extrema derecha lo que anticipa intentos de manipulación electoral, como ya lo vienen haciendo al eliminar del camino a posibles competidores, y de una nueva “guerra” electoral como la de 2021.
Los corruptos buscan un escenario electoral sin protestas ni movilizaciones sociales, ya que las movilizaciones motivan al movimiento obrero y popular a confiar en sus propias fuerzas, ponen en la agenda inmediata la solución de las demandas y eso amenazaría la continuidad del actual gobierno y sus planes electorales. Lamentablemente, la política de desmovilización y desarticulación que aplican las direcciones políticas y sindicales contribuye a ese escenario, en pro de un plan meramente electoral desligado de la movilización.
Sin embargo, el movimiento tiene como fortalezas la combinación de banderas de lucha urgentes y justas, y reivindicaciones que tienen que ver con la vida misma. Banderas como la derogación de las leyes pro crimen, el fin del control mafioso de los sistemas judicial y político, fin del blindaje, la impunidad, las repartijas, juicio y castigo por los asesinatos de manifestantes, los de Dina Boluarte y también de Jerí. Y reivindicaciones vitales como la de los transportistas y otros sectores afectados por las extorsiones y el sicariato, lo cuales no se adaptarán necesariamente al juego o cronograma electoral.
Es claro que el gobierno de José Jerí, después de cerca de dos meses en el poder, es la continuidad del gobierno de Boluarte y del régimen que ella, junto con la mayoría congresal corrupta, instaló para gestionar los intereses de los grandes grupos empresariales y de las economías ilegales que azotan el país.
Este régimen ha pretendido lavarse la cara deshaciéndose de la odiada Boluarte, para allanar y ordenar el camino hacia las elecciones de abril, buscando así asegurar su triunfo con alguno de sus candidatos de derecha. Unas elecciones que, además, están siendo amañadas por esa misma mafia. Varios precandidatos han sido sacados de la carrera (algunos de manera forzada, como Pedro Castillo y Bermejo), y se avanza en el copamiento de las instituciones, como sucede ahora con la Fiscalía de la Nación, donde intentan reinstalar a la corrupta Patricia Benavides.
De este modo, una vez legitimado con unas elecciones manipuladas y encumbrado en el poder uno de sus candidatos, planea nuevos ataques, como impulsar los proyectos mineros que son cuestionados por la población. Es decir, buscan su propio «Milei con motosierra».
Ante esto, es evidente que las fuerzas de «izquierda» que participan en la contienda actúan con inmensa miopía. En lugar de impulsar la lucha contra el gobierno y denunciar su plan, le hacen el juego y se suben al carro electoral arrastrando consigo a luchadores honestos para que hagan campaña, con la ilusión de que ese es el camino correcto.
En esa misma línea, las dirigencias de las centrales sindicales mantienen al movimiento obrero en luchas dispersas y abandonan la lucha popular que venía en ascenso, al mismo tiempo que promueven sus propios candidatos alimentando la misma idea sobre la salida electoral.
Digámoslo claro y con todas sus letras: este es un camino falso que solo puede llevarnos al retroceso e incluso a derrotas. La vanguardia y los luchadores honestos no debemos permitirlo. Más aún cuando las luchas de base van a continúan porque nada se ha resuelto y los problemas, como la criminalidad, siguen avanzando. Avanza entre otras razones porque este gobierno es el padre de las leyes procrimen.
Hay que llevar esta discusión a cada base y a cada asamblea al mismo tiempo que seguimos impulsando las luchas, esforzándonos por unirlas en cada sector y a nivel nacional. Y hay que hacer todo esto colocando en el centro el problema de los problemas que es la continuidad del gobierno y el régimen, para que se vayan ya y denunciando su plan electoral amañado, por la solución de las reivindicaciones como la criminalidad, por el cierre del Congreso y la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
En especial, necesitamos trabajar por recuperar el protagonismo obrero, uniendo las luchas y haciendo que las centrales unifiquen la lucha contra los despidos, los ceses colectivos y por la solución de los pliegos. Desde ahí, debemos colocar nuestras fuerzas al lado de la lucha popular por las soluciones de fondo que necesitamos.
