Tras el pase de “Juntos por el Perú” (JP) a la segunda vuelta, se vuelve necesario analizar qué representa realmente esta organización y cuál es el programa político que defiende. En medio de una coyuntura marcada por la crisis del régimen, el descrédito de los partidos tradicionales y una enorme confusión política, distintos sectores intentan presentar a JP como una alternativa de cambio profundo para el país. Sin embargo, detrás de ese discurso “progresista” y popular, es importante precisar cuál es su composición social, cuál ha sido su actuación política en los últimos años y cuáles son los verdaderos límites de su proyecto.
¿Quién conforma JP?
Desde sus orígenes, “Juntos por el Perú”, surgido en el 2017 alrededor del Partido Humanista, ha estado ligado fundamentalmente a sectores de clase media profesional, cuadros técnicos, pequeños empresarios y sectores vinculados a economías regionales y rurales. Es decir, no nació como una organización construida desde la independencia política de la clase trabajadora, sino como un proyecto orientado a reformar y administrar el capitalismo peruano dándole un rostro más “social” o “democrático”.
En esta elección, además, JP incorporó la figura de Pedro Castillo, intentando capitalizar nuevamente el respaldo popular que este recibió en el 2021, especialmente entre las regiones del sur andino, el magisterio y amplios sectores empobrecidos que vieron en su candidatura una expresión de rechazo a las élites tradicionales. Sin embargo, la base social que apoyó a Castillo en aquel momento ya no se mantiene intacta. Una parte importante de ese respaldo fue absorbida por otras candidaturas y otra terminó profundamente decepcionada luego de la experiencia del gobierno castillista y de la incapacidad de ese proyecto para responder a las demandas populares.
¿Cuál ha sido su rol entre 2021 y 2026?
Durante el proceso de vacancia contra Pedro Castillo, gran parte de la llamada “izquierda parlamentaria” terminó subordinándose a las reglas y mecanismos de esta institucionalidad burguesa. Entre quienes votaron a favor o se abstuvieron estuvo Roberto Sánchez, dirigente ligado a JP. Esto reflejó el verdadero límite político de estas organizaciones: pese a su retórica crítica, terminan actuando dentro de los márgenes del mismo régimen que dicen cuestionar.
En ese sentido, aunque JP no forme parte directa del llamado “pacto mafioso” que controla el Congreso y amplios sectores del Estado, su papel terminó siendo funcional a la estabilidad del régimen. Mientras miles de personas en el sur del país se movilizaban contra el gobierno de Dina Boluarte, enfrentando la represión, los asesinatos y la militarización, JP priorizó la política parlamentaria y las negociaciones institucionales antes que impulsar una verdadera estrategia de movilización nacional para derrotar al gobierno.
Incluso después de las masacres perpetradas por el régimen, cuando decenas de manifestantes fueron asesinados por las fuerzas represivas del Estado, JP no llamó a desarrollar una lucha consecuente para tirar abajo al gobierno y al régimen responsable de esa represión. Por el contrario, contribuyó a sembrar expectativas en salidas institucionales, apostando a que desde el propio Congreso o mediante acuerdos políticos pudiera resolverse la crisis. Esto terminó favoreciendo el desgaste y desmovilización del enorme proceso de lucha que protagonizaron las regiones del sur.
El programa de JP
El programa de JP expresa claramente el carácter social y político de esta organización. Se trata de un proyecto capitalista reformista, con ciertos matices nacionalistas, que busca fortalecer a determinados sectores empresariales nacionales y renegociar algunas condiciones dentro del modelo económico vigente, pero sin romper realmente con él.
Por eso, aunque critique algunos “excesos” del neoliberalismo, en ningún momento plantea acabar con las bases estructurales de la explotación capitalista en el Perú. No propone eliminar mecanismos centrales de precarización laboral como las services, la subcontratación, los ceses colectivos o los regímenes laborales especiales que niegan derechos a millones de trabajadores. Su propuesta se limita, en el mejor de los casos, a regular ciertos “abusos” para hacer el sistema más “equilibrado” o “justo”, sin cuestionar que la superexplotación laboral es precisamente uno de los pilares sobre los que se sostiene la acumulación capitalista en el país.
Tampoco plantea enfrentar seriamente a los monopolios y oligopolios que controlan sectores estratégicos de la economía. Sus críticas apuntan más bien a los “excesos” o a la “competencia desleal”, como si el problema fuera únicamente la mala regulación y no la propia concentración capitalista que inevitablemente produce este sistema.
Una de las mayores contradicciones de su programa aparece en su relación con el imperialismo. Aunque cuestiona ciertos niveles de dependencia y subordinación económica, no propone romper con los tratados de libre comercio ni con el dominio de las grandes transnacionales sobre los recursos naturales y sectores estratégicos del país. Su perspectiva se reduce a intentar “negociar mejores condiciones” con las potencias y el capital extranjero, bajo la ilusión de que es posible alcanzar relaciones “más justas” con el imperialismo.
Sin embargo, la realidad mundial demuestra lo contrario. Las grandes potencias actúan en función de sus intereses económicos y geopolíticos, interviniendo militarmente, saqueando recursos y subordinando economías enteras cuando sus intereses están en juego. Pretender humanizar o democratizar esa relación sin romper con la dependencia estructural termina siendo una utopía reformista.
Algo similar ocurre con sus planteamientos sobre el medio ambiente. Aunque el programa habla de sostenibilidad, “democracia” y dignidad humana, evita impulsar medidas realmente anticapitalistas frente a la crisis climática. Hoy resulta imposible defender seriamente el medio ambiente sin enfrentar el modelo extractivista impuesto por las grandes corporaciones y el imperialismo. Para ello sería necesario romper con los TLC, recuperar el control de los recursos naturales bajo control social y planificar democráticamente su explotación en función de las necesidades de la población y no de las ganancias privadas.
Por todo esto, aunque JP critique parcialmente el neoliberalismo y se presente como una opción de cambio, su trayectoria y su programa muestran que no representa una alternativa verdaderamente distinta al sistema actual. La experiencia reciente de gobiernos como el de Ollanta Humala o el propio Pedro Castillo demuestra cómo proyectos de este tipo terminan administrando el mismo modelo que prometían transformar.
En ese sentido, Roberto Sánchez ni siquiera necesita una “hoja de ruta” como ocurrió con Humala para tranquilizar a los grandes grupos económicos. Su propio programa y actuación política ya dejan claro que no pretende poner en cuestión las bases fundamentales del modelo capitalista, sino únicamente administrarlo con ciertos matices.
