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Universidad Nacional de Ucayali – UNU: Unidad triestamental para luchar contra la corrupción de autoridades

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Desde el 26 de mayo se desarrolla una grave crisis de gobernabilidad en la Universidad Nacional de Ucayali – UNU. El rector Braul Gomero promovió una “autotoma” para encubrir las denuncias de corrupción que recae sobre él, nepotismo e incapacidad para manejar la administración de la universidad. Al mismo tiempo, el rector está a la espera que el Congreso modifique el artículo de la Ley Universitaria que prohíbe la reelección, para postular nuevamente. Frente a esta realidad un grupo de estudiantes, docentes y trabajadores se organizaron y libran una dura lucha contra la corrupción y las pretensiones reeleccionistas del rector. Entrevistamos al compañero Hitoshi Tang Aliaga, miembro del Comité de lucha y dirigente del Comité por la reorganización de la federación de estudiantes, FEUNU.
¿Cuándo se produjo la autotoma impulsada por el rector, con qué objetivo y quiénes la respaldaron?

La autotoma ocurrió el 26 de mayo y fue promovida por el rector con el propósito de convocar elecciones para renovar la Asamblea Universitaria y el Consejo Universitario, donde no contaba con mayoría. El objetivo de fondo era asegurar una eventual reelección si el Congreso aprueba la modificación de la Ley Universitaria (Ley 30220) que permita la reelección de las autoridades universitarias.

La autotoma contó con el respaldo de dirigentes estudiantiles, ex autoridades, docentes, trabajadores administrativos y personal de seguridad. Tras conocerse la confesión de Álvaro Ríos –dirigente estudiantil–, sobre la planificación de la toma, un grupo reducido de estudiantes que permanecía resguardando el campus universitario fue agredido por personas vinculadas a seguridad, estudiantes y matones presuntos barristas.

¿Cómo se descubrió la autotoma?

Todo salió a la luz luego cuando el entonces dirigente estudiantil Álvaro Ríos confesara, en una reunión privada, que la toma había sido coordinada desde el rectorado. Esa revelación permitió conocer cómo se organizó la operación.

¿Cómo opera la red de personal que respalda al rector?

El rector mantiene influencia sobre la federación estudiantil, sectores administrativos, sindicatos de docentes y trabajadores, así como algunos decanos. El rector afronta investigaciones fiscales y mantiene cercanía política con Fuerza Popular y sectores del aprismo, los cuales tienen influencia en la universidad.

¿Cuál sería la estrategia del rector?

La estrategia consiste en prolongar la crisis institucional hasta desgastar a estudiantes y trabajadores, normalizar las actividades académicas y esperar la aprobación de la ley que permitiría la reelección de rectores.

¿Cómo captan el respaldo de algunos estudiantes?

Determinados dirigentes estudiantiles son favorecidos con beneficios académicos, viajes, apoyo económico u otras facilidades. Y aplica prácticas similares que alcanzan a docentes y trabajadores mediante nombramientos de familiares (nepotismo) y protección a personas vinculadas al grupo que controla la universidad.

¿Cómo reaccionaron docentes y trabajadores?

Mientras un sector de trabajadores respalda al rector, otro decidió apoyar nuestra protesta estudiantil. Ahora, pese al cansancio y las amenazas, los estudiantes mantuvimos la vigilia y logramos fortalecer el respaldo de una parte de la comunidad universitaria al explicar públicamente las razones de la protesta. También tenemos el respaldo de la población, a través del Frente de Defensa, Fredeu, aunque no alcanza la magnitud esperada debido a la desinformación y a medios que, según sostiene, responden a intereses del rectorado.

¿Cómo surge la organización que usted representa?

El Comité por la Reconstrucción de la federación de estudiantes nació como respuesta a la crisis institucional y a la división entre grupos vinculados al rector y a los vicerrectores. En cambio, nuestros integrantes actúan sin intereses personales y buscan enfrentar la corrupción dentro de la universidad.

¿Qué tipo de federación buscan construir?

El objetivo es recuperar una federación representativa de todas las facultades, con legitimidad, autonomía y con total independencia de las autoridades, dedicada a defender los derechos estudiantiles y formar nuevos dirigentes con valores, principios y compromiso en la lucha contra la corrupción.

UNE-La Cantuta: Un gran triunfo de los estudiantes

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El 1 de junio los estudiantes cantuteños lograron que el rector electo y sus vicerrectores le reconozcan su derecho y acceso a la residencia universitaria y mediante un Acta firmada, ambas partes acordaron levantar la toma de la ciudad universitaria.

Un día antes, el domingo 31 de mayo, permitieron el ingreso del nuevo rector y sus autoridades a la ciudad universitaria para que verifiquen que los bienes y pabellones de la universidad fueron protegidos durante la toma. El “tour” contó con la presencia de la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía de Asuntos Sociales. Los mismos que también estuvieron como observadores en la mesa de negociaciones.

Otras demandas que firmó el rector fueron: el aumento de más raciones para el comedor de estudiantes y el compromiso de mejorar la calidad de los alimentos; la ampliación de rutas, y nuevas unidades para el transporte de los estudiantes.

La toma fue organizada por el Centro Federado de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Cefecsh. Luego, mediante asambleas en el Huarango se organizó a los estudiantes de otras facultades y acordaron las medidas de lucha para la recuperación de la residencia universitaria, reivindicación muy sentida por el estamento estudiantil. La gran mayoría de estudiantes provienen de las regiones del interior del país y de los distritos periféricos de Lima.

También favoreció la coyuntura política de segunda vuelta electoral pues el gobierno buscó que ésta se desarrolle en un clima de tranquilidad social, y por las luchas de San Marcos y la PUC, que fortaleció la toma en La Cantuta.

Pero la lección más importante para el triunfo del activismo estudiantil fue la lucha unitaria con los docentes y administrativos. Se realizaron dos asambleas triestamentales junto con el apoyo de los padres de familia, los que abonaron para fortalecer la toma y presionar a las autoridades para que resuelvan las demandas.

Ahora la tarea es fortalecer el gremio estudiantil impulsando la reconstrucción democrática de la federación de estudiantes, FEUNE, y la conformación de los centros federados en las demás facultades.

Hoy se ganó una batalla pero queda preparar las futuras batallas.

¿Quién es responsable?

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Por Víctor Montes

Los resultados de la segunda vuelta, que dan virtualmente la victoria a Keiko Fujimori, requieren ser entendidos por la clase obrera consciente desde múltiples ángulos, pero principalmente, en su relación con la lucha de clases.

En ese sentido, el retorno del fujimorismo es producto de 26 años de frustraciones de las ilusiones que sembró un sector de la burguesía y la izquierda reformista en la democracia pactada tras la caída del dictador Alberto Fujimori.

En concreto, la democracia no resolvió los grandes problemas del país. No posibilitó la integración nacional y la mejora del conjunto de los pueblos que hacen parte del mismo. Y todo lo contrario, reprimió a quienes salieron a luchar por sus justas reivindicaciones, profundizó el saqueo y permitió el abuso de la patronal.

Y es que no podía resolver ninguno de estos problemas. Esa democracia solo puede defender los intereses de la clase capitalista del país, cuyo plan es someterse absolutamente a las órdenes del imperialismo a cambio de una porción de las ganancias obtenidas por sus negocios.

Este sometimiento se expresa nítidamente en la continuidad del plan económico neoliberal, que impuso La dictadura al amparo de las botas de los militares, y que no ha sido tocado durante 25 años de falsa democracia.

Continuidad de la discriminación y marginación

Es justo por eso que tampoco podía integrar a los pueblos del interior al disfrute de las ganancias obtenidas bajo el modelo, pues éste significa saqueo y súper explotación.

Así, una y otra vez, sea bajo gobiernos «de izquierda» o «de derecha», los pueblos tuvieron que enfrentar el intento de imponerles proyectos mineros y la venta de sus territorios sin respetar sus voluntades.

En ese marco, y con el pasar del tiempo, junto al saqueo de las grandes empresas ha proliferado la economía informal e ilegal, hija legítima del mismo modelo, ha iniciado un proceso de degradación de las relaciones económicas y sociales cuya máxima expresión es el crecimiento y desborde de la criminalidad en diversos puntos del país. Criminalidad que se hace carne fundamentalmente sobre los sectores pobres y trabajadores.

Los esfuerzos de la burguesía

A lo largo de estos 25 años La burguesía ha intentado en distintos momentos tomar control de la situación. Tuvieron una primera victoria con Alan García. Sin embargo la lucha popular, que tuvo sus máximos esfuerzos en Moquegua el 2008 y en el baguazo el 2009, impidieron que el plan de profundización del saqueo pase adelante.

Otro tanto intentaron con PPK. Pero el estallido del escándalo lava jato y el destape de diversos hechos de corrupción (cuellos blancos), abrieron un proceso de inestabilización crónica y casi terminal de los cimientos del régimen pactado tras la caída de fujimori. Inició así el ciclo de cambios presidenciales que han continuado hasta la actualidad.

Ciclo que se agudizó con la llegada de desarrollo de la pandemia de covid19.

En ese contexto la reacción levantó cabeza e intentó imponer un gobierno a su medida, el de Manuel Merino. Pero una acción de masas con carácter democrático llevó a la caída casi inmediata del gobierno, profundizando la crisis del régimen, abriendo camino a la victoria de la huelga de los trabajadores y trabajadoras agrícolas, y colocando en el gobierno a Pedro Castillo como subproducto de ese proceso.

En ese marco la patronal definió utilizar todos sus medios para cerrar esa coyuntura de crisis y aprovechó la torpe acción del 7 de diciembre por parte de Pedro Castillo para pasar a la contraofensiva.

Así, con una sangrienta represión, y la traición de las dirigencias nacionales que impusieron la división de la lucha contra Boluarte cuando era posible echarla abajo, el gobierno impuso la primera derrota importante al movimiento de masas en el terreno de la lucha de clases, ganando un sector de los sectores medios urbanos y de los sectores populares de las principales ciudades, a ubicarse contra lo que la patronal motejó de «proyectos comunistas», cuando no directamente de terroristas.

El 2026

Así llegamos a esta elección en donde la fragmentación de las candidaturas volvió a expresar la crisis del régimen, pero en un marco en donde la frustración de las ilusiones democráticas, más la derrota del 2022-2023, allanó el camino para que las candidaturas hacia la derecha ganen un peso que no habían tenido en las elecciones previas. Y la máxima representante de ese sector era y es sin duda Keiko Fujimori y el fujimorismo.

Superar la falsa democracia

Por eso afirmamos que este resultado, si bien expresa en primer lugar la continuidad de la crisis del régimen, lo hace sobre la base de la derrota infringida en el interior durante 2022-2023, y de la desmoralización de la clase trabajadora y el pueblo tras la experiencia con Castillo. Hecho que ha llevado a algunos sectores populares a buscar alternativas electorales más acordes al modelo económico neoliberal.

De ahí que la principal conclusión que debe sacar la vanguardia consciente de la clase obrera, respecto de las razones por las cuales Keiko Fujimori ha ganado estás elecciones, es que necesitamos retomar la lucha organizada y unitaria, contra los ataques que se librarán desde ahora mismo, y en ese camino, construir una dirección capaz de llevar la lucha más allá de esta falsa democracia, que es incapaz de dar solución a los problemas más sentidos y urgentes del pueblo trabajador.

La lucha pendiente del sur: justicia, organización y combate contra el régimen

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Las elecciones recientes volvieron a poner sobre la mesa una realidad que los partidos del régimen autoritario, los grandes medios de comunicación y las grandes empresas intentan ocultar: la profunda bronca acumulada en las regiones del sur del país sigue viva. La rebelión popular que estalló tras la destitución y encarcelamiento de Pedro Castillo a finales de 2022 y comienzos de 2023 continúa presente en la memoria colectiva de miles de trabajadores, campesinos, jóvenes y pobladores que protagonizaron una de las movilizaciones más importantes de las últimas décadas.

El descontento del sur permanece vivo

Aquella gran rebelión fue respondida con una brutal represión estatal. El gobierno de Dina Boluarte, respaldado por el Congreso, las Fuerzas Armadas y los sectores empresariales, desató una ofensiva que dejó decenas de muertos y centenares de heridos, principalmente en las regiones del sur. Las masacres de Juliaca, Ayacucho y otras localidades quedaron grabadas como una muestra del verdadero carácter de un régimen dispuesto a defender sus privilegios y los de los grandes capitalistas mediante la violencia cuando las masas irrumpen en la escena política.

La votación obtenida por Roberto Sánchez en diversas regiones del sur, impulsada también por el respaldo político de Castillo, puede interpretarse como una expresión parcial y distorsionada de ese descontento social que permanece abierto. No se trata simplemente de una adhesión electoral, sino de una manifestación de rechazo a quienes gobernaron y reprimieron al pueblo. Muchos sectores buscaron utilizar las urnas para expresar una bronca que no encontró una salida organizada y consecuente en las calles. Ya que dicha energía social enorme fue desviada hacia los canales de una democracia profundamente desprestigiada y corrompida, en lugar de orientarse hacia la movilización independiente para derrotar al régimen responsable de las masacres.

La traición de las direcciones políticas

Esa desviación no fue casual. Las direcciones de la CGTP, junto a diversos partidos y organizaciones de la izquierda reformista, jugaron un papel fundamental en contener y desactivar la movilización. Mientras miles exigían la caída del gobierno, justicia para los asesinados y una transformación de fondo de la situación política, estas direcciones apostaron por la negociación, la espera institucional y posteriormente por la salida electoral. Incluso sectores que hoy ocupan escaños en el Congreso terminaron adaptándose a las reglas del mismo régimen que había ordenado la represión, contribuyendo a sembrar expectativas en una institucionalidad completamente desacreditada ante amplios sectores populares.

Continúan la precariedad social y el endurecimiento del régimen

El resultado es que las causas que dieron origen a la rebelión siguen presentes. La pobreza, la desigualdad regional, el abandono histórico de las provincias, la corrupción estructural del Estado y el desprecio de las élites limeñas hacia las mayorías populares continúan intactos. A ello se suma el avance de tendencias cada vez más autoritarias. Un ejemplo reciente es la aprobación de la nueva ley que fortalece la impunidad de policías y militares, permitiendo que hechos ocurridos durante “el ejercicio de sus funciones” puedan ser juzgados por el fuero militar o policial. Una medida que busca blindar a los responsables de la represión pasada y preparar las condiciones para futuras acciones contra la protesta social.

Por eso, la lucha del sur sigue siendo una tarea pendiente. Sigue pendiente la justicia para los asesinados, el castigo a todos los responsables políticos y materiales de las masacres, y sigue pendiente también la derrota de un régimen que se mantiene gracias a acuerdos entre el gobierno, el Congreso, las Fuerzas Armadas y los grupos empresariales. Ninguna de estas tareas podrá resolverse confiando en las mismas instituciones que garantizaron la impunidad durante estos años.

Desde el Partido Socialista de los Trabajadores sostenemos que la principal orientación continúa siendo la organización independiente de los trabajadores, la juventud, las comunidades campesinas y los sectores populares para enfrentar a este régimen en crisis. Lo planteamos durante todo el proceso electoral, mientras gran parte de la izquierda reformista optaba por callar sobre la necesidad de luchar contra el régimen y se limitaba a prometer «mejores condiciones de vida», como si ello fuera posible dentro de un marco cada vez más autoritario, sostenido por un sistema de explotación capitalista y un modelo económico que profundiza la desigualdad. La experiencia de estos años demuestra que las demandas populares no encontrarán una solución real en las instituciones de este régimen. La tarea sigue siendo construir una alternativa de lucha, organización y movilización capaz de retomar las banderas que quedaron pendientes en las jornadas heroicas del sur y llevarlas hasta el final.

Unir el descontento para archivar el proyecto de 10342

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Escribe: Rosita Bancho

Las mujeres nos encontramos nuevamente en el ojo de la tormenta. Resulta que la congresista ultraconservadora Milagros Jáuregui, Alejandro Muñante y la bancada de Renovación arremeten otra vez contra las mujeres al presentar el proyecto de ley 10342 que elimina el feminicidio del Código Penal y lo reemplaza por «asesinato de pareja», al proponer el término “como un concepto ideológico que diferencia el valor de la vida entre hombres y mujeres”. Esta medida que menosprecia la condición de las mujeres, en especial de las trabajadoras y más pobres, solo lleva a vulnerar los derechos ganados en años de lucha, cuando ya que antes de su implementación había muchos casos que quedaban impunes ante la complicidad de la propia administración de justicia.

Cifras que hablan por sí solas

De acuerdo con los reportes del INEI (2020-2025), las principales causas de feminicidio son por celos (37%), antecedentes de violencia familiar (24,6 %) y la negativa a retomar la relación (8,6%); todos estos datos discriminatorios dejarían de ser considerados feminicidio para pasar a ser homicidio simple o calificado, entregando al agresor un salvoconducto para atentar contra la vida, ya que se debería demostrar si fueron parejas o esposos.

Casos conmovedores

El caso de Evy Agreda (2018): su agresor, un excompañero de trabajo, Carlos Hualpa, la acosaba constantemente, trataba de tener una relación sentimental con ella, pero su propuesta fue rechazada. Ante esta negativa, Carlos la roció con combustible y le prendió fuego dentro de un bus frente a la mirada de otros pasajeros.

El feminicidio de Solsiret Rodríguez (2016): sus agresores Kevin Villanueva Castillo (cuñado), la pareja de Kevin, Brian Villanueva (ex pareja) y su madre; y el de Sheyla Condor (2024), su asesino un policía en servicio, Darwin Marx Condori Antezana, tampoco era su enamorado. De los tres casos presentados, ninguna de ellas mantenía una relación sentimental con su agresor.

De legitimarse la norma, las mujeres asesinadas por desconocidos quedarían fuera de toda protección; además, quienes hoy cumplen condena por feminicidio podrían beneficiarse de la reforma y salir en libertad. Además, criminaliza a la víctima y no al victimario; la impunidad se incrementa; la ley pro-crímen encaja perfecto en estos hechos y queda demostrado su carácter reaccionario y conservador de sus creadores.

Una salida desde las bases

Hasta instituciones como el Colegio de Abogados de Lima se pronunciaron al respecto, manifestando que la eliminación del feminicidio constituye un retroceso inaceptable en la protección de los derechos de las mujeres.

Este gesto se debería extender a otras instituciones y centrales sindicales como la CGTP, el SUTEP, las mismas organizaciones feministas y los partidos de izquierda. Unificar el descontento e implementar una gran movilización obrera popular que elimine esta ley pro-crímen, porque los derechos se conquistan en las calles y no en el Congreso.

Estos derechos serán justos y equitativos solo bajo el gobierno de los trabajadores.

Bolivia. ¡Viva la huelga general! ¡Abajo Rodrigo Paz! ¡Fuera las manos del imperialismo!

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Por Freddy Salazar

La clase obrera y el pueblo boliviano llevan adelante una huelga general contra el gobierno de Rodrigo Paz, a quien exigen su renuncia inmediata.

La Central Obrera Boliviana (COB), la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), las cooperativas mineras, el sindicato de profesores y diversas organizaciones indígenas, estudiantiles y vecinales –es decir, la casi totalidad de la clase trabajadora del país– se declararon en huelga indefinida, bloquearon carreteras y marchan hacia La Paz con el objetivo de derrocar al Ejecutivo.

Los manifestantes reclaman la caída del mandatario porque, desde que asumió hace seis meses, impulsa paquetazos contra el pueblo trabajador al estilo de Javier Milei en Argentina o del “Fujishock” de 1992 en Perú, medida que nos dejó sin trabajo y sumió al pueblo en el hambre. El gobierno de Rodrigo Paz, de perfil claramente derechista, responde a los intereses de la gran burguesía vinculada al agronegocio. Llegó al poder en medio de una profunda crisis económica heredada del fracaso del gobierno del MAS de Evo Morales, que terminó internamente dividido, enfrentado y debilitado por la corrupción tras 20 años en el poder.

Apenas asumió, Paz restableció las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y se alineó con Donald Trump. Suscribió acuerdos que entregan los recursos naturales del país, como el litio, y permiten el regreso de la DEA (Agencia Antidrogas estadounidense), que es una fachada para proteger a los cárteles de la droga y justificar la presencia militar norteamericana en la región. También reanudó las relaciones con Israel, rotas hace dos años por la masacre en Gaza, evidenciando su alineamiento con las potencias que promueven y sostienen la guerra en Medio Oriente.

En materia económica, el nuevo gobierno, liberó los precios de los combustibles, lo que provocó un alza generalizada que golpea a las mayorías. Además, impulsa una ola de despidos y ataques contra los derechos laborales. Recientemente promulgó la Ley 1720, que coloca en el mercado las pequeñas propiedades de tierra –base de la economía de subsistencia del pueblo boliviano, similar a la de las zonas altoandinas de Perú–, permitiendo que sean hipotecadas, vendidas o adquiridas por grandes terratenientes.

Esta ofensiva ha venido siendo respondida desde el primer día. La COB ya había protagonizado una gran huelga general en diciembre, que logró la anulación del decreto que aumentaba los precios de los combustibles. En distintos sectores se mantienen luchas contra los despidos y los ajustes. Hace un mes, en rechazo a la Ley 1720, campesinos e indígenas se levantaron, bloquearon las principales vías del país y marcharon cientos de kilómetros a través de montañas hasta llegar a La Paz, lo que obligó al gobierno a subrogar dicha ley. En ese contexto, la central obrera y las otras organizaciones en lucha declararon la huelga general con la demanda explícita de salida del gobierno, anunciando que no negociarán con él.

En estos días, las protestas se concentran en La Paz y El Alto. Decenas de miles de manifestantes se enfrentan a la policía e intentan tomar el centro de la ciudad, donde se encuentra la sede del gobierno. La respuesta del gobierno es criminal: gases lacrimógenos, bombas y disparos ya han dejado muertos, heridos y detenidos. El Ejecutivo amenaza con decretar el estado de sitio y poner la represión en manos de las Fuerzas Armadas. Lo que aterra a las autoridades y a la burguesía es la determinación de los huelguistas. Con piedras, armas caseras y dinamita –aportada por los mineros– se enfrentan a las fuerzas represivas. En 1952, la clase obrera boliviana derrotó al ejército mediante una revolución protagonizada por milicias obreras que usaron la dinamita como arma fundamental. Esa experiencia sigue viva en la memoria colectiva.

Los aliados de Rodrigo Paz ya salen en su defensa. Donald Trump llamó a respaldar al gobierno y condenó la lucha popular. Javier Milei envió armas bajo la fachada de “ayuda humanitaria”. En el plano interno, los grupos de poder exigen una intervención internacional para “salvaguardar la democracia”.

Estos días son cruciales para el futuro inmediato de Bolivia: o el gobierno, con el apoyo de Trump y sus aliados, aplasta el movimiento en un baño de sangre, o el levantamiento popular lo derroca y conquista una victoria histórica.

Los obreros y los pueblos del mundo debemos expresar nuestra solidaridad activa con la lucha de la clase trabajadora boliviana bajo la exigencia: ¡Fuera Rodrigo Paz! ¡Fuera las manos de Trump de Bolivia!

En nuestro país, llamamos a discutir esta situación en cada fábrica y en cada lugar de trabajo, porque este ejemplo de lucha obrera es una muestra de lo que necesitamos hacer aquí también para enfrentar los múltiples ataques patronales, y para reconocernos en su vívida experiencia que no es muy distante a la que enfrentamos nosotros.

Y desde ahí, desde las fábricas, organizar plantones y movilizaciones hacia las embajadas de Bolivia y de EE.UU.

Al mismo tiempo, creemos que, al final, todo el problema se concentra en quién debe gobernar Bolivia. Ahora, después del fracaso del MAS y después del fracaso de la falsa “democracia” en cuyo nombre se pretende matar de hambre al pueblo trabajador, la única opción que queda es la lucha por un gobierno de esas mismas organizaciones que hoy se encuentran al frente de la lucha, en especial de la histórica Central Obrera Boliviana.

Qué está en juego en la segunda vuelta, y después

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El conteo oficial de la ONPE finalmente llegó al 100% y el Jurado Nacional de Elecciones proclamó los resultados de la primera elección presidencial 2026, quedando para la segunda vuelta del próximo 7 de junio los candidatos Keyko Fujimori y Roberto Sánchez. El resultado incluye un senado y una cámara de diputados en los que el empresariado más privilegiado tendrá mayoría, y el fujimorismo (su principal operador de momento) la primera minoría. Esto, más que entusiasmo o expectativas por la segunda vuelta, motiva una gran alerta para las organizaciones obreras, populares y estudiantiles, y la población nacional en general, y la necesidad de una preparación organizacional para el periodo que se viene.

El resultado de la primera vuelta muestra similitudes con el proceso del 2021, sobre todo la escasa votación o representatividad de los primeros lugares: Fujimori con el 14.3% de los votos emitidos (sube a 17.2% si se consideran solo los votos válidos) y Roberto Sánchez, con casi 9.99% de los emitidos (o 12% de los votos válidos).

El voto como expresión de protesta

La situación de fondo también es similar. En abril de 2021 ya había transcurrido un año de la pandemia del coronavirus con las fatales experiencias sobre todo de la mayoría de la población sin empleo formal, sin posibilidades de guardar cuarentena, y las familias de contagiados enfrentadas a las inclementes leyes del mercado neoliberal de la salud.

Ya no estamos en pandemia, pero una publicación reciente del INEI nos hizo recordar la situación en que vive la población nacional. Con el actual modelo neoliberal, a pesar del extraordinario crecimiento que ha experimentado la economía nacional en los últimos años, en el Perú hay 2.3 millones de personas pobres más que lo registrado antes de la pandemia, llegando en total a 8.8 millones de personas. La pregunta es obvia ¿Qué está pasando con la enorme riqueza que se está creando en el país?, ¿quiénes se la están quedando? Y obviamente, también, todos voltean al lado los empresarios más privilegiados, y a sus operadores en el gobierno y el Congreso.

Ni siquiera quieren tributar. Veinte compañías mineras mantienen a la fecha deudas tributarias, según la Sunat, por más de S/ 7,900 millones. Y eso que el Perú tiene uno de los ratios más bajos de presión tributaria en América Latina y el Caribe, según el BID.

En esta situación se hace más grave el impacto de verdaderas lacras como la corrupción desde el gobierno, el crimen organizado que golpea con extorsiones y sicariato, los ataques a la economía de los trabajadores. Y más graves los dramas que se padecen en la salud y la educación públicas y los efectos de fenómenos climáticos sin las medidas de prevención y mitigación por parte del Estado.

Candidaturas sin representatividad

Nuevamente, las candidaturas no representan directamente los intereses de las mayorías ni se han construido con la participación de estas, y entonces el descontento social se ha manifestado como ha podido, castigando candidaturas o contraponiendo unas contra otras, pero no por claridad de un proyecto al que hayan sido ganadas.

Una primera manifestación es que la mayoría de los partidos que ejercieron el control del actual Congreso han desaparecido del mapa a nivel de gobierno nacional, Avanza, País, Podemos, Somos Perú, Acción Popular e incluso Perú Libre que fue parte de la comparsa.

El fujimorismo cuenta con un amplio rechazo nacional, pero sobrevive porque explota el aparato político forjado desde la dictadura, su respaldo empresarial, el clientelismo y los pactos que logra por el ejercicio del poder del Estado, así como el control que ha obtenido copando instituciones claves, y sobre todo la crisis política que se manifiesta en la inexistencia de alternativas.

López Aliaga pretendió ilusamente ser una alternativa desde su bastión en Lima y con un proyecto abiertamente ultraderechista y racista, pero no desplazó a Fujimori en el electorado de derecha ni le alcanzó para asegurar el segundo lugar. La inusitada votación obtenida por candidatos como Ricardo Belmont y Carlos Álvarez es también manifestación del descontento de sectores de la población con el sistema político que hoy gobierna.

El voto de la “izquierda”

Esta vez tampoco ha habido una conexión de los procesos de luchas sociales con el proceso electoral, Los diferentes gremios y organizaciones sindicales, estudiantiles y populares no fueron convocados a construir una alternativa que recoja las plataformas de lucha, su vanguardia, la jerarquía de los problemas nacionales y la visión de país para el proyecto de gobierno a postular.

Muy al margen se crearon hasta tres listas de “izquierda” con dirigentes populares y sindicales a título personal, y también ha habido políticos de “izquierda” en candidaturas abiertamente de derecha como Podemos y Somos Perú.

Dos candidaturas formadas de esa manera, Juntos por el Perú y Ahora Nación, y una tercera más de centro derecha la de Jorge Nieto, captaron votaciones suficientes para colocar senadores y diputados (25 de 60 senadores en la cámara decisiva). Nada que esperar de su papel, no solo porque aún sumados son minoría, sino que además ninguna de esas opciones propone combatir el modelo neoliberal ni desafiar el poder económico empresarial, sino más bien preservar las actuales reglas de juego, complementando con medidas reformistas muy tangenciales.

La trayectoria de las cabezas, ahora senadores electos, es cada vez más hacia la derecha como se ha visto en el discurso de López Chau y más aún Nieto. La trayectoria de Roberto Sánchez no es muy diferente, visto su paso por la cartera de Comercio Exterior y Turismo en el gobierno de Castillo.

Juntos por el Perú, terminó siendo la herramienta del voto protesta para un importante sector de la población, especialmente del sur. Ayudó en eso el apoyo expreso de Pedro Castillo, quien había conseguido colocar en las listas congresales a familiares, gente de su confianza y algunos dirigentes de las movilizaciones de sur.

La segunda vuelta

Ahora Roberto Sánchez entra a disputar la segunda vuelta con Fujimori. Pero hasta la fecha, faltando pocos días para el 7 de junio, el movimiento obrero y popular no está noticiado de la visión del candidato de lo que está en juego ni de su estrategia política; como tampoco de parte de las organizaciones sindicales y populares que pedirán el voto por Roberto Sánchez. No hay ninguna referencia a las amenazas que se ciernen sobre los trabajadores y el pueblo, cual sea el resultado de la segunda vuelta, sea con Fujimori en el gobierno y el Congreso, o sea con Fujimori y sus aliados solo en el Congreso; ni tampoco a la estrategia fundamental para combatirlas, una que no puede adolecer de un plan de lucha nacional.

Entonces, el candidato espera una participación solo en las urnas, captando pasivamente, y sin compromisos asumidos, el voto popular en sus distintos sectores: el voto del sur, el voto de la clase trabajadora, el voto del estudiantado y de los movimientos populares, así como también el voto anti-Keyko que existe en sectores “democráticos” y de clase media que no cuestionan el modelo económico.

Entre las primeras figuras presentadas por Sánchez como parte de su equipo técnico están Pedro Francke y Manuel Rodríguez Cuadros, fue ministros de Castillo, así como el exfiscal José Domingo Pérez, lo cual muestra la línea conciliadora que predomina en la campaña de Sánchez.

Con esa “estrategia” no solo no se asegurará la derrota de Keyko Fujimori, sino desarma a las masas trabajadoras ante los efectos de una crisis política que se extenderá indefinidamente. Y en un eventual triunfo de Sánchez

Nuevamente las masas harán su experiencia del voto bajo la regla acostumbrada del “mal menor”. Pero la tarea fundamental seguirá siendo la de forjar la organización por un plan de lucha nacional que ponga en agenta no solo las demandas obreras y populares sino también el proyecto de gobierno obrero y popular.

La gran tarea es retomar el camino de la lucha y afirmar nuestra independencia de clase

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En medio de una profunda crisis del régimen político, que no cierra desde 2017, y que tiene cada vez más síntomas de una descomposición avanzada, el próximo 7 de junio volveremos a las urnas. Y esta vez solo habrá dos candidaturas: la de Keiko Fujimori y la de Roberto Sánchez.

La elección es, de por sí, un elemento más de esa crisis que no cierra. Las dos candidaturas ya mencionadas, pasan a la segunda vuelta con el 10,5% y el 7,3% de los votos emitidos respectivamente. Lo que pone de manifiesto un hecho rotundo: Tras las elecciones, la crisis continúa y se profundizará, por lo que tendrá que definirse en el terreno de la lucha directa entre las clases, y no en el de las urnas.

Esa es la conclusión fundamental a la que debemos llegar desde la clase trabajadora y el pueblo pobre.

Así como hoy en Bolivia, el pueblo trabajador ha salido a enfrentar combativamente al gobierno conservador y reaccionario de Paz Pereira, paralizando el país, movilizándose hacia La Paz, y ejerciendo su derecho a la autodefensa contra la feroz represión desatada por el gobierno boliviano, será en las calles que tendremos que defender y conquistar también, gane quien gane esta segunda vuelta, nuestro derecho a una vida mejor.

Esto no quiere decir que Sánchez y Fujimori sean “lo mismo”.

Las clases adineradas, e incluso un sector de la clase media que ya en la segunda vuelta anterior se pasó al lado del fujimorismo, son conscientes de que Keiko Fujimori es su candidata. Por eso tienen definido su voto, y harán campaña por ella desde sus medios de comunicación y por medio de las redes sociales, movilizando millones en recursos para este propósito.

No cabe duda, Keiko es su candidata pues es heredera directa del dictador Fujimori, que de la mano de Vladimiro Montesinos y la represión ejercida por las fuerzas armadas y policiales, impuso un retroceso colosal a los derechos laborales y sociales conquistados, abriendo la puerta de cientos de miles de despidos y cierres de fábricas en todo el país, e implantando finalmente el modelo económico neoliberal que nos somete completamente al imperialismo, y del cual solo se benefician las grandes empresas.

También existen sectores pobres que se inclinan por la heredera del exdictador. Lo hacen con la esperanza de que, frente a la crisis generalizada, el caos y la criminalidad, ella imponga “orden”. Y ante el abandono estatal, al menos reparta dádivas.

Para esos sectores, los métodos represivos, el abuso de poder y las políticas que le llenan los bolsillos a los ricos que defiende Keiko Fujimori, no son más importantes. No ven el problema de clase: votan por su verdugo.

El problema es que del otro lado, del de la clase obrera, trabajadora, y del pueblo pobre, no existe una candidatura alternativa, propia, que exprese genuinamente sus intereses y luchas.

Roberto Sánchez, no es ese candidato. No concita el entusiasmo mayoritario de la clase obrera, pues no ha sido dirigente de ninguna lucha. Tampoco levanta la necesidad de aplicar un plan radical de transformaciones económicas, políticas y sociales. Por el contrario, día a día intenta mostrarse más “decente” para ganarse la confianza de los patrones. Y mucho menos, es portavoz de las luchas que actualmente se están librando desde las organizaciones de los trabajadores y el pueblo.

Quiénes nos llaman a votar por él, son sectores de “izquierda” y cúpulas sindicales como la CGTP que, soñando algunos con un cargo público, nos aseguran que defenderá los derechos laborales, etc. Pero eso es mentira. No resolverán nada, como no lo hizo Pedro Castillo, que asumió el poder en mejores condiciones. Lo mismo sucedió con Ollanta Humala y tantos otros que llegaron a Palacio cargados de promesas.

No vivimos épocas de bonanza, sino de crisis. Una crisis mundial a la que el Imperio responde con más ataques a los pueblos (Venezuela, Cuba), más ataques a los trabajadores (en los propios EE.UU.) y guerras que profundizan la crisis. Ante este escenario, cualquier gobernante elegido estará obligado a cumplir la agenda patronal de ajustes contra los trabajadores. Y es que ellos llegan al “gobierno”, pero no tienen el poder real, que sigue en manos de los grandes grupos capitalistas.

Frente a esto, direcciones como la cúpula de la CGTP hacen exactamente lo contrario de lo que los trabajadores necesitan. No fortalecen las organizaciones, las debilitan; no unen las luchas, las dispersan. En lugar de desarrollar la conciencia de clase y la confianza en las fuerzas propias, depositan ilusiones en tal o cual candidato, practican la confianza en las instituciones burguesas, concilian con los empresarios y dejan pasar los ataques contra los trabajadores. En pocas palabras, confunden y desarman a la clase trabajadora frente a sus enemigos.

Ante esto tenemos la inmensa tarea de desarrollar nuestras organizaciones, movilización y lucha con una nueva dirección verdaderamente clasista y combativa. A nivel nacional, enfrentamos el desafío de preparar una salida ante la bancarrota a la que nos conduce la burguesía. Esto implica unir a oprimidos y explotados en torno a sus reivindicaciones, y pasa por la lucha por una Asamblea Constituyente Soberana y un gobierno de las organizaciones obreras y populares como única salida real.

Siendo esa la enorme tarea que la clase trabajadora tiene por delante, y a la cual nos entregamos por completo desde el Partido Socialista de los Trabajadores (PST).

Pero también somos conscientes que la vanguardia obrera siente necesaria, y se ha propuesto, “cerrar el paso” a Keiko Fujimori, para lo cual tiene como única herramienta votar por Sánchez.

Repetiremos, porque hay que decir las cosas por su nombre. Nosotros no depositamos ninguna confianza ni levantamos expectativa alguna en Roberto Sánchez, un personaje ajeno a la clase obrera y a las organizaciones populares que hoy aspira a administrar esta democracia corrupta y mentirosa al servicio de los patrones.

Sin embargo, consideramos legítimo acompañar a la vanguardia obrera y popular en el voto por él –sin darle ningún apoyo– porque expresa su repudio a la dictadura, a su heredera y las penurias que vivimos día a día por el modelo económico neoliberal que impuso a sangre y fuego, y que la democracia corrupta no ha podido ni puede desmontar, porque sirve a los mismos patrones que se beneficiaron del gobierno de Fujimori. Y vamos a decir, al día siguiente de la elección, que tenemos que prepararnos para resistir y, apenas podamos, avanzar en nuestra lucha, que es lo único que realmente determinará nuestro futuro y puede cambiar nuestras vidas, como nos muestra el hermano pueblo trabajador boliviano.

Elecciones cuestionadas con signos de farsa

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Por Freddy Salazar

Las elecciones generales del 12 de abril dieron la vuelta al mundo con escenas de caos y desorganización, revelando la profunda crisis que afecta al país y que, al parecer, supera todos los récords.

A media mañana de ese día se registraban largas colas en varios centros de votación debido a una considerable demora en la instalación de las mesas de sufragio y en la no instalación de otras, lo que obligó a los organismos electorales a ampliar el horario de votación y luego extenderlo al día siguiente, en un hecho sin precedentes. En medio de este caos, el flash electoral de boca de urna anunciaba resultados completamente “inesperados” por muchos: Keiko Fujimori en primer lugar y, en un distante segundo puesto, aparecían en disputa Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular). Inesperado porque el primero no figuraba en ninguna encuesta y el segundo se consideraba seguro en la segunda vuelta.

Así se inició una verdadera crisis que llegó a poner en cuestión todo el proceso y casi lo echa abajo. Una crisis “por arriba”, en el entorno de la cúpula de poder y sus instituciones, que las masas observaron como un pataleo o una riña más de los que siempre le roban hasta los votos. Fue provocada por López Aliaga que, con el apoyo de un importante sector mediático y empresarial y de su base electoral –conformada por la alta clase media de Lima–, desató una “guerra” con denuncias de todo tipo dirigidas, centralmente a desconocer centenares de actas provenientes de las localidades más pobres y alejadas, que no le eran favorables. El gallinero se ordenaría con un pronunciamiento de la Sociedad de Minería y la Asociación de Bancos –quienes realmente manejan el poder en el Perú–, a través de su gremio, la CONFIEP, se pronunciaron a favor de la continuidad del proceso electoral, señalando que había habido “fallas” graves, pero no así “fraude”.

Así se dispuso que el proceso electoral continúe, magullado, cuestionado y manchado, con la proclamación oficial de los ganadores de la primera vuelta (Fujimori 17% y Sánchez 12%) y el inicio de la segunda vuelta, cuando faltaban 20 días para la realización del nuevo acto electoral.

Fraude no pero sí farsa

Pese a las numerosas fallas en que incurrió el proceso, todos los observadores coinciden en que no hubo “fraude” entendido como una maquinación para distorsionar de manera deliberada la votación del 12 de abril, y que anularla era absolutamente ilegal, tanto como instalar la ley de la selva en el país. Para los grupos de poder, al menos para la Sociedad de Minería, el resultado no representaba el “fin del mundo” pues ven bien posicionada y con ventaja a Keiko Fujimori, su primera y mejor opción, mientras Roberto Sánchez luce débil y sostenido en una imagen impostada de Pedro Castillo.

Además, la mafia gobernante ya le había puesto candados al sistema: cambió normas, copó instituciones y estableció un superpoder parlamentario con el Senado, la única cámara que puede aprobar leyes, nombrar funcionarios claves y vacar al presidente. Dicha cámara, con la votación del 12 de abril, quedó bajo control de Fuerza Popular y Renovación Popular, el bloque más reaccionario, que en alianza con otros partidos de derecha puede controlar cómodamente el poder en los siguientes años, incluso si Roberto Sánchez resultara ganador en el segundo turno.

Pero el intento de López Aliaga y el sector empresarial que lo respalda no es una pataleta ni nada accidental: es lo que hacen siempre los empresarios –vulnerar derechos y normas– cada vez que defienden sus ganancias, y con más razón ahora que ganaron posiciones. Ese mismo talante se expresó hace pocos días en la fábrica Cifarma, donde la empresa ordenó el despido de 18 trabajadores por el simple hecho de acatar una huelga del sindicato.

El resultado

El resultado del 12 de abril reveló la fragilidad del sistema montado en los últimos años para mantener el control del poder por los grandes grupos empresariales del país. Recordemos que el 7 de diciembre de 2022 se consumó un golpe de Estado parlamentario contra Pedro Castillo, que instaló un periodo de reacción política que se inauguró ahogando en sangre las grandes protestas que se desataron en respuesta, y tras él se estableció en el Congreso un pacto mafioso que aprobó cambios constitucionales que reestructuraron el Estado haciéndolo más autoritario y tomó el control de instituciones claves. De paso lavó las caras de Fujimori padre y de su hija, decretó la amnistía de los genocidas de la ex dictadura, etc.; todo para defender la continuidad del modelo de libre mercado.

Así pretendieron allanarse el camino para las elecciones de este año. En ella esperaban una fiesta en familia: una segunda vuelta entre López Aliaga y Keiko Fujimori, o de uno de ellos con otro de centroderecha. Pero la fiesta se quemó, como hemos visto.

Desde su visión clasista y racista la burguesía cree que, así como su poder reside en su dinero, así también puede “resolver” los conflictos de clase con palos, leyes y su perorata monocorde. El caso de Aliaga lo pinta de cuerpo entero. Después de ser empoderado por los medios en años de campaña, empezó a caer en las últimas semanas de campaña, sobre todo después que “visitó” las poblaciones del sur andino que al rechazar su presencia les gritó “¡gente de mierda!”. Esto disparó el rencor de esas regiones hacia él y las élites de Lima, y se volcaron a apoyar al candidato de Pedro Castillo que simboliza su reivindicación.

Pero hay más. Lo único que el Estado hizo estos años fue profundizar esas políticas y ataques, como la cruenta represión que causó más de 50 muertos. Estos sectores se levantaron demandando lo más democrático que ofrece una sociedad que se dice organizada en los principios “democráticos” burgueses: Asamblea Constituyente, y por ello no solo fueron acusados de “subversivos”, sino que entre ellos cambiaron la Constitución para atornillarse en el poder. Asimismo, justificaron la vacancia de Pedro Castillo en nombre de la lucha contra la corrupción, pero nunca brotó tanta corrupción como en los últimos tres años en el centro y en todos los niveles del poder del Estado.

Así fue como casi un chispazo destapó la olla, y la población pobre y necesitada del campo andino, una vez más, utilizó su voto para castigar lo que de verdad es una infamia para el país: el régimen reaccionario que nos gobierna.

Para la burguesía y las clases medias el proceso electoral solo era un simple juego de estrategias. Cuando vieron el “peligro” del ascenso de la candidatura de López Chau –apenas un autoproclamado “socialdemócrata”–, lo “terruquearon” hasta bajarlo. Para los “moderados” que buscaban evitar un final de Keiko con López Aliaga, se trataba de un “voto responsable o “estratégico”, es decir de no desperdiciar el voto en candidatos sin opción y a concentrarlos en una opción de centroderecha. Todo esto lo único que hizo fue jugar a favor de Sánchez, que en silencio fue ganando el apoyo de la región andina hasta colocarse en la segunda vuelta.

La “democracia burguesa” devenida en caricatura bajo el trasfondo de la crisis del modelo neoliberal

La primera vuelta trajo otras perlas, “absurdas” y tortuosas para la conciencia “democrática” de las clases medias, que se jalan los pelos mientras culpan a unos y otros.

Para empezar, el 26% del padrón electoral no fue a votar. En segundo lugar, Keiko Fujimori no “ganó” la primera vuelta, sino que “ganaron” el voto nulo y el blanco, que obtuvieron el 25%. En tercer lugar, los dos candidatos que pasan a segunda vuelta apenas representan una cuarta parte del total de votos “validos”. A esto se agrega que la cifra repartidora para la elección de los congresistas se calcula descontando a todos los que no pasaron la valla electoral –que suman otro 25%–, lo que infla la representación de los que sí lograron pasarla.

¿Qué representación puede tener el Congreso y la Presidencia elegidos en estas condiciones? Muy poca.

Por otra parte, desde diversos sectores se sostiene que la verdadera raíz del problema es la proliferación de candidatos, que esta vez llegaron a 36. En realidad, esta no es la causa sino el producto de un sistema descompuesto. Los “requisitos” para registrar una candidatura son onerosos y exige grandes recursos económicos, lo que es un verdadero filtro dirigido a impedir el registro de organizaciones verdaderamente obreras, y al mismo tiempo para facilitar el ingreso de las mafias que tienen “plata como cancha”.

Cuando alguien expresa nostalgia por los partidos de antaño –incluso los de izquierda–, que se basaban en programas y militantes que movilizaban masas, no ven que lo que ocurre es producto del modelo neoliberal que nos gobierna. Este modelo fomenta la concentración del poder económico y político en manos de una oligarquía capitalista que no acepta ningún tipo de cuestionamiento al modelo neoliberal. Por eso fabrican o compran partidos, sujetan a los que buscan salirse del librero (con ofertas “nacionalistas”, de “izquierda” e incluso a los que llama “caviares”), y conviven con todo tipo de partidos mafiosos. Por esto mismo también, cuando no funcionan las reglas “democráticas” que ellos mismos establecen, las pisotean y hasta hacen golpes.

Así se ha montado la presente “democracia”, que no es otra cosa que una formalidad o caricatura, útil para el ejercicio y control del poder por un grupo económico poderoso sobre las mayorías explotadas y oprimidas, como las del campo que sigue viviendo como en siglos pasados.

El fondo de la crisis

En realidad, las elecciones nos muestran una crisis más de fondo del régimen y del mismo sistema.

La “democracia” fue diseñada por la burguesía para garantizar su dominio de clase y la explotación de la clase obrera. Pero la falsa “democracia” tal como la conocemos en este siglo XXI es hija directa del neoliberalismo más brutal aplicado en el subcontinente. Mantuvo cierto equilibrio cuando la bonanza neoliberal de los de arriba chorreaba sobre la población, pero dejó de hacerlo cuando la crisis se instaló en el país desde la pandemia del COVID-19, cuando, para salvar los grandes negocios, se arruinó la economía popular, se empujó al desempleo a millones y se dejó morir a medio millón de peruanos pobres. Desde entonces, las masas salieron a escena a pelear por sus reivindicaciones y desestabilizaron todo.

Ahora, como el modelo neoliberal ya no “chorrea” los conflictos de clase se agravan. Seis años después de la terrible pandemia el Perú no superó los niveles de pobreza que dejó. Todo esto se agrava con la expansión del crimen organizado que asesina y extorsiona a pequeños negocios en las localidades más pobres, y ahora más con la crisis global y las guerras que impulsa el Imperialismo (Ucrania, Palestina, Libia, Irán), trayendo más encarecimiento de las subsistencias.

En este escenario la burguesía maquina salidas más autoritarias y represivas que le permitan asegurar su “orden” y “estabilidad” y para ajustar más el plan neoliberal con nuevas privatizaciones (ahora de Petroperú), autorización de nuevos proyectos mineros y nuevas reformas laborales como la Ley Pulpín.

En un primer momento lo intentaron con Dina Boluarte, y fue resistido. Luego aparecieron nuevos actores sociales como los transportistas, la generación Z y las poblaciones afectadas por el crecimiento de la inseguridad. El régimen fue golpeado y pudo caer en distintos momentos, pero fue evitado por la traición de la dirección de la CGTP que desmovilizó a la clase obrera. Ahora se intenta legitimar en estas elecciones un nuevo gobierno que continúe y retome ese mismo plan. 

Las direcciones traidoras

La clase obrera es la más poderosa fuerza social que produce este sistema y es llamada a luchar en alianza con la población empobrecida por los cambios que necesitamos. Pero está bajo el control de una dirección que colaboró con todos los gobiernos, en especial en los cruciales años recientes; lo mismo ha hecho su brazo parlamentario. Ante la salida autoritaria que impuso la burguesía, los pueblos andinos se sublevaron con la demanda de una Asamblea Constituyente Soberana, y la clase obrera debió hacer suya esta lucha y esta demanda con la huelga general. Pero la dirección de la CGTP la separó y aisló de esa gran lucha contribuyendo a que sea derrotada.

Esta dirección también ha colaborado con el montaje de la farsa electoral en curso, manteniendo desmovilizada y adormecida a la clase trabajadora y aislando sus luchas, y avalando esta “democracia” apoyando candidaturas de conciliación, primero subiéndose al carro de López Chau y ahora al de Roberto Sánchez.

Todo esto no ha hecho más que profundizar la desorganización y dispersión de la clase obrera, debilitándola en sus luchas cotidianas y dejando ganar posiciones a nuestros enemigos de clase. Esto se refleja en las elecciones donde vemos el crecimiento de las fuerzas reaccionarias que captan el voto de las zonas obreras y más pobres del país.

Nuestro posicionamiento

En la primera vuelta, el PST se posicionó con la definición de que “los trabajadores no tenemos alternativa”, y llamamos al voto nulo como una forma de defender la independencia política de los trabajadores.

En esta segunda vuelta podemos decir junto a lo más avanzado de la vanguardia obrera, que identificamos claramente a nuestro enemigo, a la que encarna la herencia del ex dictador Fujimori que ejecutó el ajuste más grande de nuestra historia, infligió una inmensa derrota a los trabajadores en los años 90 y realizó genocidio, esterilizaciones forzadas, etc., y luego su heredera, que ha mostrado casi lo mismo estos años.

Por ello votamos por Roberto Sánchez solo para acompañar a los activistas que consideran como decisiva esta experiencia de la segunda vuelta electoral; no es en ninguna forma un llamado a crear confianza o expectativas en lo que Sánchez haría desde el gobierno; por el contrario, estamos seguros de que no es ninguna garantía de un combate frontal contra el plan neoliberal, y que no dará siquiera tibias medidas como un impuesto a los ricos o medidas como la supresión de los ceses colectivos.

Lo hacemos reafirmando la necesidad de retomar la movilización y lucha unida como única manera de defendernos y de cambiar nuestras vidas. La clase obrera y el pueblo bolivianos, con el levantamiento que protagonizan estos días, muestran que la historia la escriben los pueblos luchando en las calles.

Derrotemos los despidos en Cifarma

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Una ola de despidos enciende las alarmas por la vulneración del derecho a huelga en el sector manufacturero. La Secretaria de Defensa, Edith Rivera, denunció que la empresa CIFARMA despidió a 18 trabajadores tras iniciar una huelga declarada legal por el MTPE. Una arremetida patronal que intenta marcar un nuevo precedente contra la clase obrera.

Por Manuel Fernández, dirigente obrero del PST

Un legítimo reclamo laboral se ha transformado en una verdadera masacre sindical a vista y paciencia del Ministerio de Trabajo. Trabajadores del sindicato de la empresa farmacéutica y manufacturera CIFARMA realizaron un plantón de protesta junto a los sindicatos de la FETRIMAP – CGTP este jueves 14 del presente, para denunciar los despidos abusivos de casi 18 operarios, como represalia tras el inicio de una huelga indefinida declarada procedente por la Autoridad de Trabajo.

Edith Rivera Galindo, Secretaria de Defensa del Sindicato de CIFARMA, detalló que la paralización de labores cumplió rigurosamente con los plazos y requisitos que exige la norma: “La huelga fue comunicada con la debida anticipación a la empresa y el propio Ministerio de Trabajo nos dio la razón mediante una resolución que la declaraba procedente. Pese a tener el respaldo legal, la respuesta de la empresa fue pisotear nuestros derechos e imponer despidos por doquier”, puntualizó la compañera.

La industria farmacéutica es un sector altamente rentable, con producción de medicamentes de primera necesidad, en el caso de CIFARMA atendiendo a clientes como Bayer. Sin embargo, desde el saque la actitud patronal ha sido abiertamente antisindical y mezquina. Ni siquiera acude al llamado de la Autoridad de Trabajo, y viene utilizando la maniobra de calificar a todo su personal como puestos indispensables para luego amenazarlos y despedirlos ante cualquier inicio de paralización que los trabajadores acaten como medida de protesta.

“Lamentablemente, la empresa ha buscado cualquier mecanismo para pisotear nuestros derechos. Primero nos notifican calificándonos como ‘personal indispensable’ para intentar frenar la protesta y obligarnos a entrar a planta quebrando nuestra medida de fuerza, cuando nuestros puestos no cumplen con ese criterio técnico. Al no ceder, nos enviaron cartas de pre-despido y, finalmente, las cartas de despido definitivo”, explicó la compañera Rivera Galindo.

La Mujer Madre trabajadora también lucha

El sindicato está compuesto mayoritariamente por mujeres, muchas de ellas en condiciones de alta vulnerabilidad. Son ellas quienes están al frente en cada convocatoria de lucha que se realiza. Y lamentablemente también en su mayoría han sido ellas las que enfrentan estos despidos en pleno desarrollo de su legítimo derecho a huelga. Un doble golpe para estas madres que no solo son explotadas por el patrón en la fábrica, sino que además siguen cargando con las labores domésticas del hogar.

“Más de la mitad de los despedidos somos madres de familia y el único sustento de nuestros hogares; somos padre y madre a la vez. También han echado a adultos mayores y a compañeros con enfermedades ocupacionales que se enfermaron trabajando en las líneas de producción de esta misma empresa”, manifestó Rivera con indignación. “Es indignante que mientras las instituciones del Estado y las Corporaciones saturan las redes y la televisión con propagandas festivas por el Día de la Madre, en la realidad días antes de esta celebración nacional, a nosotras nos echan a la calle, sin el pan para nuestros hijos por el solo hecho de defender nuestros derechos laborales”.

La lucha de CIFARMA es la lucha de toda la clase obrera

El caso de los despidos en CIFARMA no es un hecho aislado. Es la misma política que enfrentan los trabajadores del Sindicato de DINET, ya con más de 15 días en huelga indefinida, sin que exista visos de solución y también del cese colectivo implementado por la patronal de Industrias del Envase en el Callao.

Una nueva arremetida patronal al calor de este proceso electoral amañado donde la clase empresarial, gane quien gane ya juega sus fichas para imponer nuevamente sus intereses. Por ello una respuesta aislada en donde cada sindicato resuelve su problemática es inviable.

Necesitamos unificar las luchas

Urge una respuesta del movimiento obrero organizado. No podemos dejar a su suerte estas luchas. Las respuestas en el terreno legal deben realizarse, pero no son la salida al problema. Una orientación legalista como el arbitraje o que los despidos se encarguen al poder judicial significaría una derrota y un retroceso en nuestras conquistas, puesto que la patronal aplicará la misma fórmula en otras luchas.

Por el contrario, debemos unificar estas luchas y organizar la movilización de los trabajadores, La FETRIMAP debe convocar a sus bases a discutir la problemática actual y discutir un plan de lucha que permita derrotar los despidos y estas maniobras patronales que quedan impunes ante vista y paciencia de la Autoridad de trabajo. Es una respuesta que debemos organizar ahora y no para después de 28 de julio.

Ese plan debe desembocar en una huelga del sector obrero industrial en Lima, que señale el camino que debe tomar la clase trabajadora peruana para defender y conseguir solución a nuestra problemática.

Ese es el reto que tenemos y en eso coinciden los trabajadores del sindicato de CIFARMA que al cierre de esta edición se mantienen firmes en su lucha: “Somos un sindicato chico, pero fuerte en convicciones. Hemos decidido continuar con esta pelea hasta las últimas consecuencias, porque sabemos perfectamente que sin lucha no hay victorias, llamamos a nuestros hermanos sindicatos a solidarizarnos con nuestra lucha”, concluyó la compañera Ediht Rivera.