La manifestación del pasado viernes 14 de noviembre, contra el gobierno de Jerí, el Congreso corrupto, y en rechazo al asesinato del joven artista Eduardo Ruiz en la protesta del 15 de octubre, así como contra la criminalización de la protesta social por parte del Estado, fue respondida por el presidente interino del Congreso con un contundente: “habrá más represión”.
El joven, un reconocido músico de hip hop que, como miles, se sumó a la protesta de la Generación Z, no solo fue asesinado de un balazo por el suboficial Luis Magallanes –quien fue liberado a las pocas horas y erigido como héroe por el comandante general de la PNP, incitando a otros a seguir su ejemplo–, sino que además fue tildado de “terruco” por el fujimorista y ahora presidente de esa cloaca que se llama Congreso, Fernando Rospigliosi, en un intento por justificar la brutal represión de ese día.
Ahora, este mismo personaje de factura fascista –que ya fue censurado como ministro del Interior por su responsabilidad en la represión criminal de la protesta del pueblo de Ilave en Puno (2004– ha asegurado que la PNP “reprimirá todo acto violento” durante la manifestación de hoy, dejando abierta esta calificación al criterio policial. Es decir: disparen a discreción.
Esto no es casual. Lo más espurio ha llegado al gobierno en la noche del 10 de octubre, como el señor Jerí en Palacio, por el control que ejerce un grupo de familias corruptas sobre la mayoría congresal.
Este mismo Rospigliosi ha defendido proyectos para dejar inimputables a militares y policías que cometan crímenes “en defensa del Estado”, y fue él mismo quien promovió la ley de amnistía para todos los procesados por crímenes de Estado en la lucha contra Sendero.
En paralelo, el Congreso debate un proyecto para condenar a 10 años de prisión a los manifestantes que usen máscaras o indumentarias como cascos para protegerse de las bombas y los palos de la policía.
Así, no solo se santifica la brutal represión del 15 de octubre, sino que se pretende incrementarla, revelando la verdadera catadura del gobierno: un gobierno que busca titulares para decir que combate la delincuencia –la cual crece cada día–, mientras dirige sus armas contra la juventud y el pueblo trabajador que sale a manifestar por sus derechos. Todo esto sucede, nada menos, en un periodo electoral, en el que con mañas se busca abrirle el paso a uno de los candidatos de esa misma derecha cavernaria.
Y esto ocurre cuando la jornada de hoy conmemora a Inti Sotelo y Bryan Pintado, otros dos jóvenes acribillados por esa misma policía en la manifestación del 14 de noviembre de 2020 contra el golpe de Merino.
Basta de represión y criminalización de la protesta. Fuera Jerí y cierre del Congreso corrupto. Por un Paro Nacional Combativo, por una Asamblea Constituyente Libre que establezca cambios de fondo, y por un Gobierno de los Trabajadores.
A propósito de los casos Betssy Chávez y Guillermo Bermejo.
Por Federico Romero
El gobierno decidió romper relaciones diplomáticas con México por haberle otorgado asilo político a Betssy Chávez, ex primera ministra que era procesada por participar en el intento de golpe de Pedro Castillo. El señor José Jerí, que funge de mandatario y es muy locuaz con los grandes medios que le son adictos, salió a anunciar esta medida y dio un plazo perentorio para que la misión diplomática de México se retire del país. Al mismo tiempo, tuiteó en su cuenta de X: “Respeto a nuestra patria”. Vaya valentía de este personaje de pacotilla que puede abusar del derecho internacional de asilo, pero no puede hacer nada efectivo para combatir la criminalidad que sigue actuando con total impunidad. Y exige “respeto”, cuando este señor ni guarda respeto a las mujeres. Y de qué “patria” hablará, será la de los comechados, sinvergüenzas, corruptos y grandes empresarios que lo rodean y gobiernan el Perú. El caso de Betssy Chávez es grosero. Se trata de una perseguida política igual que lo es Pedro Castillohoy en la cárcel. Para derecha, se trata de perseguir y castigar a sus opositores incluso violentando los derechos humanos, y peor, por haber intentado cerrar su asqueroso “Congreso” que todo el pueblo pobre y trabajador repudia hasta con el alma. El asilo político es un derecho humano internacional y es la única salida que tienen los políticos perseguidos por tiranías y gobiernos autoritarios. México, en este sentido, tiene una larga tradición de asilo político, como el que otorgó al líder revolucionario León Trotsky en 1938, cuando era perseguido por el estalinismo los gobiernos capitalistas que le negaban visa por ser un revolucionario cabal, hasta que fue asesinado por un sicario. México ha rechazado el despropósito del gobierno peruano precisamente alegando esta su tradición democrática otorgando asilo a los perseguidos políticos, y reivindicando su derecho, de acuerdo a su Constitución. En este terreno, tenemos que decir que la postura del gobierno peruano representa una verdadera vergüenza internacional. Esto no debería sorprender a nadie por tratarse de un gobierno parido por un Congreso corrupto, mafioso y servil de los grandes capitalistas. Por cosas mayores, como sucede con el genocidio israelí en Gaza y por la que no solo hay ruptura de relaciones de varios países sino una movilización mundial de solidaridad, el gobierno guarda silencio cómplice. Por supuesto, lo hace comportándose como un vulgar cipayo servil del gobierno imperialista de Trump.
El caso Guillermo Bermejo
Lamentablemente, este no es el único caso violatorio de las libertades de un gobierno recién inaugurado. Ya lo sentimos en la marcha del 15 de octubre, brutalmente reprimida y con el asesinato de un balazo del joven artista Eduardo Ruiz, y con el establecimiento del estado de emergencia, útil solo para prohibir y contener las marchas de protesta. También tenemos el caso del congresista Guillermo Bermejo, que fue condenado a 15 años de prisión acusado de “pertenecer a Sendero Luminoso”, sin mostrar ninguna prueba. Bermejo es un conocido activista de izquierda más ligado al chavismo, pero es un hecho que se pretexta cualquier cosa para encarcelarlo como parte de una política de persecución de los líderes de izquierda. Por supuesto, nuestra opinión sobre Betssy Chávez, Guillermo Bermejo y la gobernante de México Claudia Sheinbaum, se hace desde la defensa de una posición democrática y de las libertades, pues no tenemos ninguna concordancia política con ellos. Llamamos a todos los sectores sindicales, populares y democráticos a enfrentar y derrotar estos arrebatos represivos del gobierno y a defender la vigencia plena de las libertades democráticas. Sin libertades, no hay posibilidad de defender nada, ni tampoco hay posibilidades de un proceso electoral transparente.
Tras la movilización del 15 de octubre, el mismo Congreso que aprobó la Ley de amnistía para policías y militares responsables de masacres y violaciones a los derechos humanos entre 1980 y el 2000, ha presentado un proyecto de ley que propone sancionar hasta con 15 años de cárcel a quienes lancen artefactos pirotécnicos contra la policía durante una acción de protesta.
El responsable directo del proyecto ha sido el congresista de Somos Perú, Héctor Valer, y pretende modificar el artículo 279-C del Código Penal.
El Estado y el “uso de la fuerza”
La propuesta se sustenta, desde el punto de vista del Congreso y del gobierno, en que la Constitución indica que el «uso de la fuerza» (entiéndase de la violencia y las armas) es exclusividad del Estado, a través de la policía y las fuerzas armadas (FF.AA.). De esa manera resguardan el dominio de los capitalistas sobre el conjunto de la sociedad. Sin embargo, la cada vez más recurrente y feroz represión contra quienes protestan, ha puesto a la orden del día la creación de organizaciones de autodefensa, como la «primera línea» y las «brigadas de rescate» para defenderse de la acción policial así como de los soldados que son utilizados para reprimirnos.
Cabe recordar que la “democracia” ha hecho gala del uso de esa fuerza en reiteradas ocasiones cobrando vidas. Entre 2002 y 2021 la policía y las FF.AA. asesinaron a 162 personas reprimiendo acciones de protesta. Si les sumamos las 49 que mató el gobierno de Boluarte entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, y el asesinato de Eduardo Ruiz, «Truvko», el pasado 15 de octubre, los números desvelan las “fuerzas del orden” solo sirven para enfrentar a quienes luchan, y no al crimen que crece incesantemente.
Un enroque reaccionario
Queda claro que la normativa propuesta por este congreso reaccionario apunta, en primer lugar, a la llamada “Primera línea”, nacida en nuestro país en la lucha contra Merino y que ya se ha convertido en parte integrante de las acciones de lucha de la juventud. Siendo una organización de vanguardia, y no de masas, esa «primera línea» expresa la necesidad de ir a las movilizaciones preparados para defenderse de las fuerzas represivas. Pero la patronal, el Congreso y el gobierno saben que las acciones de autodefensa de la juventud no pueden ser toleradas.
Temen que se convierta en ejemplo para las luchas obreras y populares. No debemos olvidar que ya se había presentado un antecedente de este tipo de organización durante la lucha del pueblo del Valle de Tambo contra el proyecto minero Tía María: los conocidos «espartambos». Y que en la lucha de los trabajadores y trabajadoras del campo contra la Ley agraria (2020), tras la caída de Merino, se organizó la defensa activa de los bloqueos contra la represión policial.
Todo esto, es un desafío directo al control del Estado de las zonas en lucha y por tanto, el dominio de la patronal (la burguesía) sobre el país.
La clase obrera también ha construido organismos de autodefensa
La clase obrera no ha sido ajena a este tipo de organizaciones en el pasado. Durante la huelga general que conquistó a las 8 horas en el país (enero de 1919), el Consejo General de Huelga garantizó el control de la Ciudad de Lima así como su seguridad interna. Y en la actualidad la llamada “Guardia obrera” de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, es un eco de este tipo de organizaciones.
Los obreros y obreras tenemos derecho a compartir la conclusión a la que han arribado los jóvenes: no podemos marchar sin organizar nuestra autodefensa frente a la represión policial. Por eso es importante discutir en las asambleas la conformación de una primera línea obrera que garantice la seguridad de las columnas de nuestras organizaciones.
Y por lo mismo, debemos incorporar en nuestras banderas la lucha contra la aprobación de la ley que criminaliza la autodefensa, mientras liberan la manos a policías y militares para usar sus armas de fuego contra quienes protestamos.
Es la experiencia la que dicta que la autodefensa es un derecho y una necesidad de quienes luchamos, y no un delito.
Tras la vacancia de Dina Boluarte y la designación de José Jerí como presidente de transición, la situación política del país ha experimentado muy pocos cambios sustanciales. Sin embargo, destaca el hecho de que el nuevo gobierno ha logrado despertar expectativas en parte de la población, alcanzando una aprobación superior al 40%, según IPSOS, comparado con el prácticamente nulo respaldo que tenía Boluarte.
Este repunte de aprobación se debe a la estrategia de comunicación de Jerí quien ha buscado proyectar la imagen de gobierno fuerte, que combate el crimen. A través de acciones mediáticas como visitas a cárceles, operativos vistosos como el traslado aparatoso de presos de alta peligrosidad, y la declaración de estado de emergencia en varias ciudades, el gobierno ha conseguido cierta estabilidad inicial de cara a los cinco meses que restan para las elecciones generales de abril de 2026.
Estabilidad precaria: crisis económica, social y política
Pese a la aparente estabilidad inicial, esta se sostiene sobre un terreno sumamente frágil, marcado por problemas económicos, sociales y una crisis política que no deja de profundizarse, lo que plantea la posibilidad de nuevas luchas importantes o ascensos incluso en pleno proceso preelectoral. El problema de las extorsiones y el sicariato ha puesto en alerta permanente a los gremios de trabajadores del transporte, comerciantes, artistas, etc. Quienes han respondido de manera inmediata ante nuevos atentados y asesinatos, y los transportistas tienen un acuerdo gremial de “parar motores” antes nuevos asesinatos y ya existe experiencia ganada con el contundente paro del 6 y 7 de octubre, y la réplica del 4 de noviembre. Y es que el sicariato, lejos de resolverse con la política del gobierno, sigue agravándose día a día con una sangría económica y una ola de asesinatos que no se detiene incluso dentro del estado de emergencia.
Al lado de ese problema siguen agravándose problemas estructurales derivados del plan económico neoliberal, que por más de treinta años viene golpeando la economía popular.
La desigualdad económica y social sigue creciendo
El modelo neoliberal vigente favorece profundas desigualdades económicas y sociales al entregar recursos estratégicos (mineros, forestales, pesqueros, etc.) a grandes corporaciones, mientras promueve la sobre explotación de los trabajadores; esto, al tiempo que mantiene a la mayoría de la población nacional en la economía marginal, informal y hasta en las fauces de una economía ilegal vinculada al crimen organizado.
Junto con lo anterior, el modelo también promueve un esquema tributario “promocional” de impuestos mínimos para poderosos capitalistas, lo que deja un Estado débil, sin recursos, materialmente incapaz de implementar siquiera políticas redistributivas que alivien los graves problemas sociales acumulados en salud, educación, desempleo y subempleo, medioambiente e incluso el caótico sistema de transporte y el asfixiante problema de la inseguridad ciudadana.
Mientras tanto, las grandes corporaciones continúan enriqueciéndose de manera desproporcionada, como lo muestran por ejemplo las cifras récord de exportaciones, más de 70,000 millones de dólares, mientras trabajadores mineros y agrarios sobreviven con salarios cercanos a la línea de pobreza.
La polarización económica llevó en 2021, recordemos, todavía en medio de una pandemia, a que los sectores más populares se manifestaran en el terreno electoral eligiendo a un candidato antisistema que apenas gobernó un año y medio para ser vacado por los sectores reaccionarios y corruptos, quienes impusieron un gobierno represivo adaptado a sus intereses.
Mafias políticas y control institucional
Los partidos vinculados al pacto de la corrupción han usurpado el control del Congreso y del Ejecutivo, el sistema judicial y el sistema electoral, consolidando un control autoritario mediante leyes que favorecen el crimen y la impunidad; con eso se han anulado arbitrariamente juicios por corrupción; se asalta instituciones como el Ministerio Público; se da amnistía a criminales y corruptos del periodo del conflicto armado y la dictadura; junto con eso también medidas patronales como la extensión de los beneficios de las corporaciones agroexportadoras, en detrimento del fisco y de los trabajadores.
Para más detalle, las leyes pro crimen tienen como efecto concreto obstaculizar investigaciones judiciales, intervenir en procesos fiscales y permitir la participación directa de los procesados en la toma de decisiones sobre su propio caso, y en ese contexto la impunidad no solo es posible, sino que resulta institucionalizada y protegida desde el Congreso. Y dado que son leyes generales, favorecen tanto a las organizaciones criminales que actúan en el sistema político como a las mafias vinculadas con las extorsiones y el sicariato, al narcotráfico, a la minería y tala ilegal, etc.
Contra los que dicen que la economía y la política marchan por cuerdas separadas, en realidad sus beneficiarios se sirven recíprocamente. Las mafias políticas, a cambio de apoyo empresarial a su proyecto autoritario, promueven leyes patronales que perjudican más al fisco, como las exoneraciones tributarias a la agroexportación. Pero también hacen lo mismo con los poderosos de la economía ilegal, especialmente la minería ilegal, donde participan algunos partidos del sistema.
La precariedad de este régimen sin respaldo popular se evidenció con la ley del sistema de pensiones, donde la presión popular obligó a los mismos congresistas a revertir la prohibición de retiro de fondos, y también con la vacancia de Boluarte.
De modo que las masas populares, que sufrieron las consecuencias del plan económico neoliberal durante la dictadura corrupta y criminal de los noventa, y luego durante las dos décadas de gobiernos “democráticos” corruptos y represores, ahora observa cómo las grandes corporaciones empoderan a mafias políticas que ofrecen llevar el autoritarismo a otro nivel, institucionalizando la criminalización de las protestas y reprimiendo de manera violenta cualquier manifestación de descontento.
Todo este proyecto autoritario descansa hoy en día en el gobierno de transición de Jerí, que tiene el encargo especial utilizar el poder del Estado para proteger el tinglado autoritario contra cualquier amenaza, llámese las luchas democráticas, juveniles, obreras y populares, eliminar del camino cualquier obstáculo.
Expresiones del descontento social
A pesar de la expectativa generada, para amplios sectores de la población Jerí y su gobierno son ilegítimos por ser la nueva versión del pacto de los corruptos; por ser, además, el mismo Jerí, una expresión de la corrupción, involucrado en crímenes de enriquecimiento ilícito, coimas, violación, y haber sido un abanderado del blindaje a los corruptos; y, sobre todo, por usar la represión criminal de las protestas, como quedó de manifiesto en la movilización del 15 de octubre con el saldo de un muerto y muchos heridos.
Esa desaprobación tiene forma de movimiento en el que convergen diferentes sectores con motivaciones democráticas (juventud universitaria, colectivos de derechos democráticos, artistas y organizaciones populares, algunos sectores sindicales, activistas de ONG y los autodenominados de la generación Z) y que tienen como banderas principales la derogación de las leyes pro crimen, fin del control mafioso de los sistemas judicial y político, fin del blindaje, la impunidad, las repartijas, y, en esa línea, la caída del gobierno y el Congreso.
A la par existen los movimientos del sur que, si bien aún no recupera su grado de movilización de hace tres años, no olvida lo que fue la sangrienta represión emprendida por Boluarte con apoyo del Congreso. Lo fresca de esa memoria lo comprobó, en carne propia, el embrión de candidato ultraderechista Philip Butters, quien en 2022-2023 pidió más bala contra los manifestantes del sur y hace días tuvo el descaro de ir a Puno a pedir votos.
El descontento social y la potencialidad de las luchas es la principal amenaza de los partidos del pacto de los corruptos, tanto en el Congreso como en el gobierno. Sin embargo, la principal debilidad es la dispersión y espontaneidad, sin un plan de lucha necesario en el propósito de derrotar al gobierno y a las fuerzas del pacto de los corruptos. Esa dispersión y espontaneidad tienen claros responsables en las direcciones de las centrales más importantes y sus representaciones políticas, que prefieren ir por la senda del pragmatismo con el que trata de disimular la capitulación al actual orden de cosas, en perjuicio de los intereses de la clase trabajadora y el pueblo. Además, partidos oportunistas que se reclaman de izquierda han colaborado con el fortalecimiento del autoritarismo en busca de intereses grupales y ahora descaradamente buscan el voto popular.
Disputa electoral de los corruptos
Aun cuando están unidos por el mismo fin, los principales partidos del pacto de los corruptos, el fujimorismo, el porkismo y el acuñismo, compiten entre ellos ferozmente por el poder en el terreno de las elecciones. A la fecha, los candidatos de la extrema derecha con más fuerza según las encuestas son López Aliaga y Fujimori (IPSOS, foto final de octubre), pero ambos suman apenas 16% (9% + 7%), y todos los demás candidatos suman 25%. Vizcarra, es el principal candidato de centro derecha, con 7%, y López Chau, que sería algo así como la centro izquierda, con 2%. El voto blanco y viciado nuevamente es por el momento largamente ganador con 37%, una actitud en buena medida vinculada al descontento antisistema, al temperamento del sur (la respuesta blanco y viciado es 50% en la zona del interior rural).
El bajo apoyo de la extrema derecha, pese a campañas agresivas, representa una derrota política inicial y anticipa intentos de manipulación electoral, como ya lo han hecho eliminando del camino a posibles competidores.
Con una valla tan baja y un bolsón de electores antisistema, los oportunistas de “izquierda” se han convertido en aliados valiosa para partidos burgueses que buscan pasar a cualquier costo a la segunda vuelta. Es el caso, por ejemplo, de José Luna Gálvez, de Podemos, que ha incorpora figuras vinculadas al gobierno de Castillo.
Las elecciones, entonces, se presentan como una trampa diseñada para favorecer a López Aliaga o Fujimori, pero si se impone el voto antisistema, podría hacerlo por cualquier otro candidato que defenderá por encima de todo los mismos intereses patronales. Sin embargo, para la clase trabajadora y las organizaciones populares no hay expectativa de cambio real en estas elecciones.
La necesidad de la lucha unitaria
Tal como los gremios de transportistas han constatado la fuerza de la unidad al “parar motores”, el movimiento juvenil, obrero y popular podrían construir con poder considerable si logra articularse en una lucha coordinada contra el gobierno y el Congreso, para hacer realidad sus banderas de lucha y enfrentar el proyecto autoritario consolidado en el actual gobierno de transición.
Hace poco menos de un mes y casi de manera sorpresiva, el Congreso vacó a la mandataria Dina Boluarte y estableció un nuevo gobierno. Para muchos, esto puede llamar la atención, pues en siete años han pasado siete presidentes por Palacio. Aunque algunos constitucionalistas atribuyen el problema a una interpretación abusiva de la Constitución por parte de la mayoría parlamentaria que habría establecido un régimen parlamentarista, la verdad es que esto sucede por una crisis estructural crónica que ya lleva una década, en la que las instituciones de la democracia burguesa están muy venidas a menos, incluida la presidencia de la República. Y la crisis estructural responde al agotamiento del modelo económico y político de capitalismo neoliberal dependiente que se estableció en el año 2000, y a la lucha que se libra entre el sector burgués y reaccionario que defiende el modelo que hace ricos a unos pocos, y el movimiento obrero y popular que le hace frente con todo lo que tiene a mano. En medio de esta lucha aguda, al no encontrarse una salida ni en un sentido ni en otro, todo tiende a descomponerse.
José Jerí, el nuevo aventurero
En este contexto, el 09 de octubre los peruanos nos acostamos con un presidente en ejercicio y despertamos con otro: José Jerí, presidente del Congreso y miembro de uno de los agrupamientos que hacen parte del pacto mafioso que nos gobierna desde la caída de Pedro Castillo en diciembre de 2022, fue ungido presidente literalmente entre gallos y medianoche.
Dina Boluarte, la mandataria más impopular del mundo con solo un 3% de aprobación y depositaria del odio absoluto de la mayoría obrera y popular, fue vacada en un proceso sumarísimo por los mismos que la habían colocado y sostenido para llevar a cabo una ofensiva reaccionaria contra el alza del movimiento de masas en los últimos tres años, aceptando su transfuguismo, sus veleidades y su corrupción, como quien desecha un objeto inservible.
Al enterarse de la noticia, ese día muchos despertaron aliviados pensando que cualquiera puede ser mejor que Boluarte. En cerca de tres años de su gobierno, habíamos sufrido la cruenta represión de la rebelión del sur, donde fueron asesinados 50 pobladores; habíamos vivido la exculpación del fujimorismo y de todos sus crímenes que han marcado profundamente a las mayorías, y la reivindicación del dictador Alberto Fujimori; habíamos visto el cambio del 80% de la Constitución por una dictadura congresal que al mismo tiempo ve la demanda democrática de Asamblea Constituyente como el mismo anticristo; habíamos presenciado la copación de las instituciones del Estado por la misma mafia, para –de paso—escapar de las investigaciones por corrupción y otros latrocinios; la promulgación de una serie de leyes lesivas, como la ley forestal que atenta contra el medio ambiente y la nueva Ley Agraria que reduce a la mitad los impuestos a los empresarios agroexportadores, y, junto al colapso de la educación, salud y saneamiento, permanentes ataques contra la clase obrera con despidos selectivos y masivos dirigidos a liquidar sus organizaciones.
Pero, lo verdaderamente nuevo que pinta de cuerpo entero el signo mafioso del régimen, fue que vivimos el empoderamiento en el Congreso de los grupos empresariales vinculados a economías informales e ilegales de la minería, el narcotráfico y la tala ilegal, los que, al actuar asociados al crimen organizado, trajo también su expansión, facilitada por la inacción del Estado y la neutralización de las mismas leyes que se habían establecido para perseguirlos.
Con el aumento rampante del crimen organizado, amplios sectores y localidades del país, y especialmente de Lima, vinieron siendo puestas bajo el control de bandas extorsionadoras y criminales, agregando una nueva angustia, pero más letal, para la población ya azotada por la carestía y la falta de empleo. Así, bajo el gobierno de Boluarte se pasó de contar una muerte diaria a seis, y al año ya se superan los 1,600 homicidios, por la acción de bandas que no respetan la vida de nadie, ni de importantes personalidades de la cultura y el arte.
Esta situación ha desatado numerosos paros y movilizaciones de protesta exigiendo al gobierno medidas concretas, en especial la derogatoria de las llamadas leyes pro-crimen aprobadas por el Congreso con el objetivo de beneficiar a sus propios líderes comprometidos e investigados por corrupción, tráfico de influencias y/o lavado de activos. En marzo de este año se asesinó al popular cantante de cumbia Paúl Flores, y recientemente se atacó con metralla en plena actuación pública al grupo Agua Marina, hiriendo a varios de ellos. El cansancio ante la falta de respuestas efectivas hizo crecer las movilizaciones y el reclamo del cierre del Congreso y la caída del gobierno. Las movilizaciones llegaron a herir de muerte o dejar al gobierno suspendido en el aire, pero no lo derribaron debido a la pasividad y traición de las direcciones que optaron por convivir con el régimen.
En setiembre se inicia un nuevo movimiento, esta vez promovido por redes juveniles que se hacen llamar Generación Z (GZ), siguiendo el ejemplo de los estallidos sociales que sacuden Nepal, Indonesia, Marruecos. Esta vez motivada por el rechazo a la ley AFP promulgado por el gobierno bajo la figura de beneficiar a la población más pobre, cuando en realidad buscaba ampliar el negocio de las administradoras de fondos de pensiones, la exigencia de liberación de sus fondos y también con la demanda de «Fuera Dina» y el cierre del Congreso, a quienes se identifica como los responsables. La movilización creció y se extendió. La vacancia de Boluarte se produce el 09 de ese mes para cortar la escalada de las movilizaciones, y en particular la convocada para el 15 de octubre. No obstante, la marcha no se desinflaría, sino que se convertiría en un verdadero estallido social en contra del Congreso y de rechazo a la designación de José Jerí como nuevo mandatario.
El estallido
La movilización del 15 configura un verdadero estallido social comparable a la jornada que derrotó el golpe de Merino del 14 de noviembre de 2020. La derrota de este golpe trajo un nuevo ascenso en el país, con la huelga de los jornaleros del campo y el posterior triunfo electoral de Pedro Castillo en las elecciones de 2022, con el que los desposeídos buscaban una salida de fondo para sus demandas. El 15 de octubre la movilización, encabezada por la GZ, cubrió todo el país, desde organizaciones sindicales, universitarios, asociaciones culturales y diversos colectivos, configurando, sobre todo en Lima, un mar humano. Su demanda central era el cierre del Congreso y el rechazo a Jerí. No había celebración por la caída de Boluarte, sino bronca contra el régimen y la mafia gobernante, e indignación por la torpe maniobra parlamentaria de sacar un alfil y colocar a otro, pretendiendo engañar a la población para que no siga movilizándose, y la elección de un personaje a la medida del pacto mafioso y corrupto: José Jerí no solo era un político gris, sino que tenía denuncias por corrupción y una investigación encarpetada por violación sexual.
El nuevo presidente había jurado con un llamado a la reconciliación y unidad nacional, y prometió una transición en paz, diciendo que su prioridad sería el combate a la criminalidad. Pero solo pasarían horas para que sus promesas se las llevara el aire. La movilización fue respondida con la misma violencia de siempre: resultaron más de cien heridos, y se agregó una nueva víctima del régimen: el joven artista Eduardo Ruiz, llamado “Trvko”, que cayó bajo el impacto de un balazo. Y el recién jurado presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, un reconocido personaje de la derecha, en la misma línea del gobierno anterior, condenó la marcha acusándola de ser promovida por los “herederos del MRTA” y erigió al policía asesino en “héroe” nacional.
Así, la contundencia de la movilización terminó desnudando el carácter continuista del nuevo gobierno, y puso de su lado a la mayoría obrera y popular. La indignación por la muerte de Trvko y el tratamiento que le dieron el Gobierno, el Congreso y la Policía, produjo una nueva movilización. Pero, en parte por la inacción de las direcciones y en parte también por la relativa expectativa que ha generado la designación del nuevo gobierno, la protesta no alcanzó la contundencia de la anterior. Sin embargo, solo es el inicio de una nueva etapa de movilizaciones.
¿Qué buscan con el nuevo gobierno?
Un promedio de 45% nacional aprueba al nuevo gobierno y otro tanto lo desaprueba. Esto, siendo un logro de la mafia gobernante, no es un cheque en blanco, sino el beneficio de la duda que se da al nuevo gobierno a la espera de que cumpla sus promesas, en especial el combate a la criminalidad.
Así, con el cambio, la mafia gobernante al menos logró oxigenar al régimen y sembrar expectativas en algunos sectores, evitando una caída abrupta de Dina Boluarte y del mismo régimen.
Con el nuevo gobierno se busca descomprimir la situación para encaminar la crisis hacia la salida electoral de abril próximo. En medio de la gravedad de la crisis y la creciente movilización que se dirigía contra el régimen, no había ninguna seguridad de que dicha elección se llevara a cabo de manera ordenada y, sobre todo, en el terreno de los sectores de derecha que buscan asegurarse la victoria en dicha contienda.
Si Boluarte tenía fuertes tendencias bonapartistas, ya estaba en decadencia y más que una solución se había convertido en un problema para la propia estabilidad del régimen; incluso, para sobrevivir ya no le bastaba la represión sino entregar algunas concesiones, como el aumento general de pensiones para los cesantes del magisterio, que agrega un nuevo hueco a la caja fiscal. Con José Jerí el gobierno ha renovado las características con las que se inauguró Boluarte. Su carácter represivo ya se vio en la movilización del 15, y ahora con la detención y encarcelamiento del congresista Guillermo Bermejo, candidato presidencial de uno de los sectores de “izquierda”, acusado sin pruebas de pertenecer a SL, muestra su esencia antidemocrática.
La inseguridad
La expectativa de un sector de la población en el nuevo gobierno es por su compromiso de enfrentar el desbocamiento del crimen organizado. ¿Podrá el nuevo gobierno detener la ola criminal que nos asola? ¿Al menos, la mitigará?
El tiempo transcurrido puede ser poco para saberlo, pero ya ofrece suficientes datos para ver que solo hay más declaraciones y poses y que todo sigue igual. El gobierno ha dictado algunas normas para tomar el control de las cárceles desde donde los mafiosos organizan y dirigen sus bandas, pero su efectividad es discutible. Asimismo, volvió a establecer el estado de emergencia, que es una medida que en sí misma ya demostró que no da resultados y solo sirve para detener y reprimir las movilizaciones de protesta contra el mismo gobierno. En los primeros diez días de gobierno se han producido 54 homicidios; esto es, se ha mantenido la misma cantidad de víctimas. El asesinato de un conductor llevó hace días a una paralización con bloqueo en el Callao, y ahora se anuncia una nueva paralización del transporte para el 04 de noviembre, y una nueva jornada para el 14.
Desde el punto de vista de los que se movilizan, el problema principal es la vigencia de las leyes pro-crimen dictadas por este mismo Congreso (31990, 31989 y 32108), que en su afán por favorecer a los miembros corruptos del régimen ha relajado las medidas de persecución y la misma calificación del delito de organización criminal, y que Jerí, que votó por dichas normas y las defendió, no las va a derogar ahora. Respecto a la Policía Nacional, profundamente descompuesta por sus vínculos con las mafias criminales a quienes incluso les provee de armas, el gobierno ni siquiera ha ofrecido reorganizarlas, sino apoyarlas. Y es evidente que con normas “pro-crimen” y sin policías profesionales que respalden su accionar junto al sistema judicial, no es posible que logren nada.
El nuevo gobierno no tiene la voluntad de combatir de verdad al crimen organizado. Esto es así porque no ha cambiado la estrecha alianza entre el pacto de gobierno y los grupos económicos que manejan actividades ilegales, como la minería ilegal, la tala ilegal, la producción y tráfico de drogas, y a través de ellas su ligazón con las bandas criminales. Estos sectores ya cuentan con representación en el Congreso y en el Estado, influyen en la aprobación de normas, influyen en las fuerzas policiales y en el mismo sistema judicial. El gobierno no va a “hacer la guerra” a las bandas criminales cuando él mismo es un subproducto de las bandas criminales.
En un artículo publicado en The New York Times, que solo un afiebrado ultraderechista puede acusar de “izquierdista” o “caviar”, el periodista Will Freeman, especializado en temas latinoamericanos, publicó un artículo titulado donde afirma que en el Perú existe un poder paralelo que es el de esas mafias organizadas, y que está representado por “un puñado de las familias políticamente más poderosas”, y que ellas han formado una coalición que se arma y se desarma, para aprobar una serie de leyes que muchos peruanos denominan, de forma despectiva pero acertada, “leyes pro-crimen”, principalmente para sofocar sus propios procesos judiciales. «Estas leyes limitan las herramientas de investigación de los fiscales, protegen a los mineros y taladores ilegales y plenamente favorecen las economías ilícitas de Perú al permitirles operar sin freno…».
Y si no fuera así, la otra “salida” sería la de Bukele, salida que también ofrecen otros voceros del mismo régimen. Bukele combate la criminalidad desatando una cruenta represión con recorte de libertades y violación brutal de los derechos humanos de la población. Su ejemplo se acaba de reproducir en Brasil, en Río de Janeiro, donde el gobernador estatal realizó un operativo policial para combatir el narcotráfico, produciendo una masacre con 121 pobladores asesinados, en su mayoría negros empobrecidos.
Por donde se lo mire, no hay salida para frenar la ola criminal que se abate sobre el país, ni por la alianza que gobierna por su profunda ligazón con los criminales, ni por los opositores que ofrecen una solución a lo Bukele. El enfrentamiento a esta lacra corrosiva solo puede venir de un doble cambio: de una política económica que genere empleo de calidad y atienda las necesidades de educación, salud y saneamiento de la población, cortando así los espacios de pobreza donde la criminalidad siembra sus acciones. Y, en segundo lugar, involucrando a la propia población en el combate al crimen, incluso proveyéndole armas. Ni uno ni lo otro lo va a hacer ningún gobierno capitalista.
Por todo esto, es claro que el asecho de la criminalidad continuará y será un frente de nuevas movilizaciones y de crisis para el nuevo gobierno.
El espejismo de la economía
No obstante, el gobierno tiene un punto de apoyo favorable para su continuidad en el comportamiento de la economía nacional. Es evidente que no estamos en crisis como Argentina o Bolivia, pero tampoco estamos en “prosperidad” o gozamos de una economía envidiable como profesan los áulicos de la derecha. El boom neoliberal se terminó hace una década y desde entonces la economía nacional arrastra los pies sin generar un crecimiento sostenido ni menos llevar beneficios a la población. Este estancamiento de la economía nacional no es más que un reflejo de la crisis mundial capitalista puesto de manifiesto con el crack financiero del 2008 y la onda larga de estancamiento en la que se encuentra, afectando a los principales países imperialistas. No obstante, la liberalidad de la economía y la dura represión a las luchas que la cuestionan, resultan funcionales en la actual coyuntura. La desvalorización del dólar por la crisis de EEUU está impulsando en muchos países la sustitución de sus reservas del dólar por el oro, llevando su precio a niveles jamás vistos. En menos de un año, el oro ha subido a casi el doble (de 2,400 la onza, que ya era un precio que venía al alza, a 4,300). El cobre también se mantiene en precios históricos. La minería representa el 85% de las exportaciones peruanas, entre las que destacan el oro y el cobre. Esto hace que los ingresos nacionales de dólares, sin necesidad de hacer nada, vayan en aumento. Y al haber abundancia de dólares, su precio se deprecia, sumado a la depreciación del dólar en el mercado norteamericano, lo que crea la sensación de una moneda nacional y una economía fuertes. Lo que para las multinacionales y la burguesía ligada a la gran minería es un gran negocio, para las mayorías obreras y populares solo es un espejismo.
De hecho, esta dinámica no hace más que profundizar el carácter extractivo exportador de la economía nacional que no trae desarrollo ni empleo. El Perú se sigue desindustrializando y extendiendo la informalidad con el autoempleo y la precariedad laboral. Y a lo más, el Estado se beneficia de la renta minera para paliar el descontento social y la profundización de la desigualdad. A este fenómeno hay que agregar el crecimiento de las economías ilegales (en especial de la minería aurífera), que además de introducir una distorsión en las relaciones económicas y de trabajo, fomenta el crecimiento de la criminalidad.
De este modo, lo que se pretende desde la ultraderecha es impulsar el crecimiento con un nuevo paquete liberalizador, con privatización y más sometimiento de la economía nacional, lo que podrá significar un mayor enriquecimiento de los mismos grupos de poder, y perpetuar las condiciones de pobreza y miseria de las mayorías junto a la recolonización del país.
Elecciones amañadas
En este contexto, el objetivo de la burguesía es la salida electoral de abril próximo para la elección de un gobierno que, legitimado con el mandato popular, pueda pasar su nueva ofensiva, a lo Milei. Este, con el apoyo del imperialismo, ha vuelto a maniatar al pueblo argentino tras él, para, con motosierra en mano, barrer con las conquistas y derechos sociales, y en concreto realizar una nueva contrarreforma laboral. Al agotarse el modelo, el nuevo impulso solo puede venir de la mano de una mayor liberalización de la economía y de privatizaciones, y una mayor recolonización del país. El avance de este plan ha sido resistido por el movimiento de masas, y claramente buscó una alternativa con la elección de Pedro Castillo y la demanda de Asamblea Constituyente. La profundidad de este movimiento contra el régimen y su modelo explica la magnitud de la reacción desatada contra Castillo y contra el movimiento de masas, reprimida brutalmente. Con el nuevo régimen se han cambiado normas, se han copado instituciones y se ha desatado una ofensiva ideológica por todos los medios para cerrar brechas, buscando afirmar a la derecha en el poder e impedir la posibilidad de que surjan opciones que vuelvan a cuestionar el modelo. Ante la falta de alternativas, en particular por el fraude que han significado todas las alternativas de “izquierda”, desde Susana Villarán que está en la cárcel por corrupción y el ruinoso gobierno de Castillo que ni siquiera pudo otorgar una concesión importante al movimiento de masas, hasta el comportamiento de la importante bancada de izquierda, que convive con el odiado régimen, y con corruptos y vividores de baja monta como la congresista que usa a sus asesores para que le corten las uñas del pie en su oficina, el plan reaccionario ha ganado apoyo en sectores de la clase media.
El ajuste que se busca es viabilizar proyectos mineros que están frenados por el rechazo de la población, retirar más derechos laborales y mejorar la ganancia capitalista con medidas como la reducción del impuesto a la renta a los agroexportadores. Ante esto, si bien la “izquierda” ha visto mermadas sus posibilidades de capitalizar el profundo descontento popular, la radicalización de amplios sectores puede identificarse con otros candidatos burgueses, pero de centro. Esto es precisamente lo que buscan evitar los sectores de derecha que usufructúan el poder. En esta línea, ya algunos candidatos con importante aprobación han sido impedidos de postular, como Vizcarra y Antauro Humala. Pero más que esto, necesitan controlar el proceso para asegurar la elección de uno de sus candidatos para hacer lo que hace Milei. Este es el objetivo principal del nuevo gobierno.
La clase obrera y el movimiento de masas
La crisis general tiene otro actor en el centro de los acontecimientos: la lucha y acción de las organizaciones obreras y populares. Pese a circunstanciales retrocesos y derrotas parciales, ellas no han dejado de luchar, y más que la conquista de reivindicaciones, ellas han ganado en nivel de combatividad, en la construcción de organismos autónomos e independientes por la base, y la construcción de formas de autodefensa y preparación para la lucha callejera. Y no han alcanzado sus grandes objetivos, por ejemplo, el triunfo de la rebelión del 2022-2023 y de la lucha por la caída de Boluarte en los últimos tres años, debido a la traición de las direcciones mayoritarias.
La vanguardia de las luchas sigue siendo el sur andino, radicalizado contra el régimen en torno a la demanda de Asamblea Constituyente y a la figura de Pedro Castillo. No por casualidad comprende al sector más empobrecido del país y el más afectado por las actividades mineras y el sector de mayor tradición de lucha.
Últimamente, durante la lucha contra Boluarte, han surgido nuevos movimientos. En primer lugar, de transportistas, trabajadores de mercados y comerciantes de los conos populares, en lucha contra la criminalidad, y han realizado grandes movilizaciones y paralizaciones. Luego surgió la llamada GZ, comprendiendo colectivos de jóvenes y trabajadores precarios, organizados a partir de reclamar la liberación de los fondos de AFP y que ha escalado a cuestionar al régimen y al gobierno. A estos sectores se suman universitarios y diversos colectivos.
El gran déficit de estas grandes luchas y movilizaciones es el retraso de la clase obrera. Ella, de manera parcial, solo ha acompañado y acompaña esas luchas, cuando debería colocarse a su cabeza y liderarla hasta el logro de sus aspiraciones. El movimiento de masas tiene la fuerza de su espontaneidad, pero la clase obrera tiene la fuerza de su organización y puede paralizar la economía, que es la que genera la ganancia capitalista. No sucede así por la tutela que ejerce sobre ella las direcciones burocráticas y conciliadoras, que hacen todo lo posible para mantener su acción dentro del plano reivindicativo cuando no defensivo, que por su naturaleza es por base y encasillada en lo legal. Es esa misma burocracia la que se da la mano con la patronal para frenar e impedir el surgimiento de una nueva dirección de clase.
Así, de conjunto, la lucha de clases ha avanzado y su norte sigue lleno de posibilidades, en particular para el surgimiento de un fuerte movimiento obrero que asegure el camino de la victoria de los oprimidos y explotados.
Por un programa alternativo para las luchas
En el cuadro descrito, se deriva la necesidad de vertebrar un programa alternativo que represente una verdadera salida para el país y las aspiraciones de los trabajadores y el pueblo pobre. Un programa que tenga como objetivo fortalecer la movilización y la lucha, su independencia política y organizativa, la elevación de su consciencia y la confianza en sus propias fuerzas, y claramente delimitado del oportunismo y reformismo que con su estrategia electoral han pasado a ser la pata izquierda del régimen y se juegan a preservarlo haciendo parte de él desde el Parlamento y el Gobierno.
Este programa debe considerar los siguientes puntos esenciales:
1. Fuera José Jerí y cierre del Congreso. Las elecciones no son una salida porque son organizadas bajo un régimen antidemocrático y corrupto. Además, en ella los trabajadores no tenemos una alternativa independiente y de clase. La verdadera salida es la lucha por una Asamblea Constituyente Soberana y Libre, que refunde al país como nación soberana, independiente y democrática, que rompa todos los tratados que nos mantienen sujetos al Imperialismo, y que nacionalice los grandes recursos naturales como la gran minería y las grandes empresas para ponerlos al servicio de las mayorías oprimidas y explotadas. Esta salida solo se puede lograr mediante el fortalecimiento de la lucha y la movilización nacional, y de una huelga general organizada desde los organismos de la clase obrera.
2. Combate efectivo a la criminalidad e inseguridad. No al Estado de Emergencia, derogatoria de las leyes pro-crimen, control de las cárceles por representantes de las organizaciones populares. Disolución de la Policía Nacional, cómplice de la criminalidad y solo buena para reprimir y balear a las protestas. Por la autoorganización popular para enfrentar la criminalidad estableciendo sistemas de vigilancia y seguimiento, y poniendo en pie brigadas de autodefensa con armas provistas por el Estado. No podemos dejar que nos sigan matando. Tampoco podemos esperar que el Estado vinculado a la criminalidad nos proteja. Tenemos derecho a defendernos y a enfrentar con las armas al crimen organizado hasta derrotarlos.
3. Por cárcel para Dina Boluarte, de todos los responsables de la masacre del 2022 y 2023 y del asesinato de Eduardo Ruiz, símbolo de la juventud luchadora. Por la derogatoria de las leyes que permiten el gatillo fácil y de la norma que amnistía a los procesados por las masacres en la lucha antisubversiva de 1980 al 2000.
4. Por aumento general de sueldos y salarios acorde al valor de la Canasta Básica Familiar, por la abolición de la norma de ceses colectivos que permite los despidos masivos, por la estabilidad laboral y supresión de toda forma de trabajo precario: services, contratas, CAS. Por la defensa del trabajo en las empresas que cierran, mediante su nacionalización y puesta bajo control obrero.
5. Abajo la nueva ley agraria 32434 que reduce a la mitad los impuestos a las empresas mientras mantiene precarizado y sin derechos laborales a los trabajadores agrarios y jornaleros del sector agro-exportador. Por crédito barato, obras de infraestructura y precios justos para los pequeños agricultores.
6. Por presupuesto para obras sociales, infraestructura educativa, de salud y saneamiento, y un plan de obras públicas que genere empleo masivo, financiado con un impuesto a las ganancias de las grandes empresas y las grandes riquezas.
7. Por un Gobierno de los Trabajadores basado en las organizaciones obreras y populares, que aplique este programa.
Necesitamos construir una verdadera dirección revolucionaria
Para llevar adelante la lucha por este programa, necesitamos poner en pie una verdadera dirección y organización revolucionaria, obrera, juvenil y popular.
Esta organización debe llevar adelante la lucha por este programa, agitando las reivindicaciones planteadas y levantar la confianza y moral de los luchadores y luchadoras, educando a la vanguardia y a la clase en su independencia política, y organizando de entre sus filas a los mejores luchadores y luchadoras para desplazar de la conducción de las organizaciones a los burócratas, reformistas y oportunistas y avanzar en la construcción de una verdadera dirección y organización revolucionaria.
El PST, que ha cumplido 51 años luchando, haciendo parte de las luchas históricas libradas por la clase obrera y nuestro pueblo, y que hereda una bandera sin mácula, da la batalla por construir esa dirección, volcando todas sus energías a trabajar en el seno de las organizaciones obreras y populares.
El miércoles 15 de Octubre, el pueblo peruano volvió a ocupar masivamente las calles, con una destacada participación de la juventud universitaria. Miles de jóvenes, estudiantes, trabajadores y pobladores de diversos distritos y regiones del país se movilizaron con una sola voz contra la delincuencia, el gobierno de José Jerí —cuya trayectoria está marcada por denuncias de violación sexual, corrupción y vínculos con leyes favorables al crimen y la impunidad— y contra un Congreso corrupto que continúa sirviendo abiertamente a los intereses de los grandes empresarios y las transnacionales.
Represión y victimización
Fue una jornada combativa que dejó decenas de heridos, detenidos y, lamentablemente, una víctima mortal, Mauricio Ruiz, reflejo de la brutal represión de un régimen podrido que solo sabe responder con balas y persecución. Pero también fue la muestra más clara de que el pueblo sigue de pie, decidido a no resignarse ante quienes pretenden perpetuar los problemas, el saqueo y la miseria del país.
El gobierno y el congreso, respaldado por los grandes medios de comunicación, siguen intentando justificar su accionar criminal victimizando a los policías y criminalizando la protesta popular. Condenamos enérgicamente esa campaña mediática de manipulación que busca dividir y ocultar la verdadera naturaleza autoritaria de todo este régimen ilegítimo.
El estado de emergencia: un instrumento de represión
El estado de emergencia en Lima y Callao, decretado ahora por José Jerí, no tiene nada que ver con la seguridad del pueblo. Su verdadero objetivo es sofocar la protesta obrera y popular y consolidar un régimen autoritario al servicio de los ricos y los corruptos. Bajo el falso discurso de “luchar contra el crimen organizado”, el gobierno busca militarizar las calles, restringir libertades y garantizar impunidad a las fuerzas represivas.
La represión del 15 de octubre dejó en claro que Jerí no combate al crimen, sino al pueblo que se organiza y lucha. Por eso, desde el Partido Socialista de los Trabajadores denunciamos que este decreto es un instrumento político al servicio de los corruptos y las grandes empresas, y no una verdadera política de seguridad.
En ese contexto, la movilización convocada por la juventud el pasada sábado 25, ha roto en los hechos las restricciones que el estado de emergencia pretende imponer. Ese es el camino a seguir.
Las rondas urbanas: poder popular frente al crimen y la corrupción
Frente a este panorama, y ante la expansión del crimen organizado amparado por un Estado cómplice e ineficaz, el pueblo tiene el deber de organizar su propia defensa. En ese sentido, las rondas urbanas se proponen como una forma legítima de organización obrera y popular, basada en la vigilancia comunitaria, la solidaridad y la acción colectiva, para proteger nuestros barrios y comunidades sin depender de las autoridades corruptas que hoy son parte del problema. Además, levantar esta propuesta significa dar un paso firme hacia la construcción de un verdadero poder popular, capaz de enfrentar la corrupción, la impunidad y la descomposición del régimen desde la organización consciente, democrática y combativa del pueblo trabajador.
La necesidad de una política de cara a la base
Asimismo, aquella importante movilización del 15/10 dejó al descubierto las limitaciones que obstaculizan el desarrollo de la lucha obrera y popular: la falta de un trabajo sólido de base y la inexistencia de una comando y un plan de lucha unificados.
Ambos factores se manifestaron con claridad en las diversas convocatorias realizadas, especialmente en la de la CGTP, que optó por marchar de manera aislada y dar por concluida la jornada a las pocas horas, dejando a su suerte la combativa movilización de la juventud universitaria, que había salido con fuerza y decisión a las calles.
Esa política de la dirigencia de la CGTP, controlada por el Partido Comunista en Alianza con Patria Roja, se explica por la subordinación de sus acciones al proceso electoral, generando mucha desconfianza entre los sectores que luchan, pues recuerda su propia actuación ante la rebelión del sur, en la que primó su disposición a negociar con el gobierno de turno antes que fortalecer la unidad y la lucha consecuente del pueblo trabajador para derribar en su momento a Dina Boluarte.
Es así que la falta de una coordinación para luchar permitió que el gobierno maniobrara con mayor facilidad frente al descontento y la indignación generalizada, llegando a victimizar a la Policía Nacional del Perú para justificar la represión.
El camino sigue siendo la movilización
Se hace urgente y necesaria una profunda reflexión y discusión de toda esta coyuntura dentro de las organizaciones obreras y populares. La continuidad y dinámica de la lucha contra Jerí y el Congreso no puede depender de los acuerdos entre cúpulas, ni de la improvisación, por más combativa que esta sea. Es indispensable construir un gran paro nacional, con un método verdaderamente democrático que involucre a las bases de los sindicatos, federaciones, gremios, organizaciones barriales y estudiantiles.
Solo con la participación consciente, el debate colectivo y la toma de decisiones desde las bases podremos garantizar la unidad y la fuerza necesarias para enfrentar al régimen y preparar una nueva ofensiva de masas. Urge, por eso, hacer asambleas amplias de basey construir coordinaciones para unificar las luchas,articulando un plan nacional de movilización que no se limite a la denuncia, sino que apunte a la caída del gobierno de José Jerí y del Congreso corrupto por medio de una huelga general combativa, como nos viene mostrando la lucha de los trabajadores y trabajadoras del transporte.
Serán las dirigencias nacionales (CGTP, CUT, FNTCC, FNTMMSP, SUTEP, etc…), las responsables de hacer realidad, en forma unitaria, esta necesidad. O, de consumar una nueva traición a las exigencias de la lucha actual contra el gobierno corrupto, patronal y asesino, subordinando nuevamente todo su accionar al infructífero calendario electoral, que parece ser su única ambición.
Pero no basta con cambiar rostros: necesitamos luchar por un gobierno verdaderamente obrero y popular, basado en las organizaciones de los trabajadores y del pueblo, que sea capaz de recuperar los recursos naturales, combatir la delincuencia (con políticas sociales y de reconstrucción de la seguridad desde la comunidad), garantizar los derechos sociales y asegurar las banderas levantadas por el sur en diciembre del 2022, hoy más vigentes que nunca.
No hay salida posible dentro de esta democracia patronal, corrupta y criminal, subordinada al dinero y a las empresas transnacionales. La verdadera democracia será aquella que nazca de la organización consciente del pueblo trabajador, de su capacidad para decidirlo todo y gobernar en función de las mayorías. Esa es la tarea histórica que tenemos por delante, y a la que debemos entregarnos con firmeza, unidad y convicción revolucionaria.
¡Justicia para Mauricio Ruiz y todas las víctimas de la represión!
¡Abajo el estado de emergencia al servicio de la impunidad y la corrupción! ¡Abajo todas las leyes pro crimen!
¡Por la construcción de rondas urbanas para combatir la delincuencia!
¡Abajo el gobierno de Jerí y el Congreso corrupto!
¡Asamblea constituyente para recuperar nuestros recursos naturales y nuestra soberanía nacional!
¡Por un gobierno de las organizaciones de los trabajadores y del pueblo!
¡Dina Boluarte ha caído! La responsable de la feroz represión del Sur y del asesinato directo de 49 personas en dichas jornadas de protesta, no es más la presidenta del país.
Y aunque formalmente ha sido vacada por el legislativo, su caída no es producto de la acción “opositora” de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Perú Libre y los demás partidos que forman parte de este Congreso, como quieren que creamos.
Boluarte cae como consecuencia de la lucha del pueblo pobre y trabajador contra su incapacidad para hacer frente a la criminalidad que asfixia la economía popular. Lucha que ha tenido un nuevo pico a partir del contundente paro de los trabajadores y trabajadoras del transporte, que con la paralización del pasado lunes 6 de octubre y que se combina con la marcha de sacrificio del pueblo de Pataz, que debe llegar a Lima este lunes 13 de octubre, para protestar por la inacción del gobierno y del Congreso frente a las acciones de la criminalidad en dicha provincia.
Es en este contexto de escalamiento del repudio y la movilización contra el gobierno que se iba a catalizar el próximo miércoles 15 de octubre, en el llamado “paro nacional” convocado por sectores juveniles y populares, a la que vienen adhiriendo diversos sectores obreros y populares, organizados o en forma individual, que los partidos que hasta ayer han sostenido a Boluarte, y aplaudido su represión, han decidido vacarla: no quieren cargar con los pasivos de un gobierno ampliamente repudiado y así afectar su perspectiva electoral en abril próximo, ni exacerbar la indignación obrera y popular, y exponerse a un estallido social que los deje sin soga ni cabra.
Estos partidos esperan que la salida de Boluarte, y la conformación de un “gobierno de transición”, encabezado por el acusado de enriquecimiento ilícito y abuso sexual, José Jerí, baje la dinámica de escalamiento en las luchas que está caracterizando el momento político en el país, mientras continúan su ofensiva contra las mínimas conquistas democráticas que el pueblo arrancó tras la caída de la dictadura fujimorista.
Por eso, desde el Partido Socialista de los Trabajadores denunciamos con toda claridad: ¡EL PACTO CORRUPTO Y CRIMINAL DE LA IMPUNIDAD NO SE HA ROTO CON LA CAÍDA DE BOLUARTE! ¡NO HAY NINGÚN MOTIVO PARA DEJAR DE MOVILIZARNOS! ¡NADA BUENO O PROVECHOSO HAY PARA EL PUEBLO TRABAJADOR EN EL GOBIERNO DE JERÍ!
En primer lugar, porque va a mantener intacto el modelo económico neoliberal que entrega los recursos del país a las transnacionales mineras y petroleras, pero también, a la economía ilegal y criminal. El mismo modelo que super explota a la clase obrera y trabajadora, y viene imponiendo ceses colectivos en distintas fábricas y centros de trabajo.
En segundo lugar, porque está compuesto por los mismos partidos corruptos y reaccionarios que han dominado el Congreso y ha sostenido a Boluarte, limpiándola de las denuncias por los asesinatos de 49 luchadores y luchadoras en la represión del Sur, y que representa a los más retrógrado, autoritario y patronal del país.
Y por último, porque el propio Jerí hace parte de esa mugre política: acusado de corrupción, cuando estaba al frente de la Comisión de presupuesto del Congreso, y de abuso sexual, Jerí es un fiel representante de un Congreso que ha legislado en favor de las bandas criminales para cubrir sus propias espaldas, además de haber votado a favor de la Ley de Amnistía que premia con impunidad a los militares y policías que durante las décadas de 1980 y 1990 masacraron a la población pobre e inocente de nuestro país bajo la excusa de la lucha contra el terrorismo.
Por eso no hay forma de confiar en el nuevo gobierno. Por el contrario, ¡es preciso continuar la movilización, hasta echar a Jerí y al Congreso! Emplazamos a la dirigencia de la CGTP a que abandone sus cálculos electorales y convoque de inmediato a un Paro Nacional combativo que ponga en movimiento a los trabajadores y trabajadoras de las minas, fábricas y comercios de todo el país, a riesgo de traicionar los intereses de la clase trabajadora y el pueblo peruano, levantando las banderas del Sur combativo, y exija el cierre del Congreso y la caída de Jerí.
Y más, que llame a las organizaciones de lucha de todo el pueblo a ponerse al frente de los gobiernos del país. Porque SOLO UN GOBIERNO DE LAS ORGANIZACIONES DEMOCRÁTICAS Y DE LUCHA DE LOS TRABAJADORES Y EL PUEBLO puede hacer frente a la podredumbre en que se ha convertido esta democracia patronal, corrupta y asesina.
Solo ese gobierno podrá abrir camino a soluciones de fondo a los problemas que vive nuestro pueblo, y garantizará una ASAMBLEA CONSTITUYENTE que recupere nuestros recursos naturales de manos de las transnacionales mineras y petroleras, que entregue la tierra a los campesinos y campesinas, que prohíba los despidos, los ceses colectivos y la suspensión perfecta, garantice salud y educación de calidad y un largo etc.
¡Cárcel y sanción ejemplar para la asesina Dina Boluarte!
¡POR UN GOBIERNO DE LAS ORGANIZACIONES DE LOS TRABAJADORES, TRABAJADORAS Y EL PUEBLO PARA PONER FIN A ESTA DEMOCRACIA CORRUPTA, PATRONAL Y ASESINA!
¡Continuar la movilización hasta echar a Jerí y el Congreso criminal! ¡Todos a la jornada del 15 de Octubre!
¡Dina Boluarte ha caído! La responsable de la feroz represión del Sur y del asesinato directo de 49 personas en dichas jornadas de protesta, no es más la presidenta del país.
Y aunque formalmente ha sido vacada por el legislativo, su caída no es producto de la acción “opositora” de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Perú Libre y los demás partidos que forman parte de este Congreso, como quieren que creamos.
Boluarte cae como consecuencia de la lucha del pueblo pobre y trabajador contra su incapacidad para hacer frente a la criminalidad que asfixia la economía popular. Lucha que ha tenido un nuevo pico a partir del contundente paro de los trabajadores y trabajadoras del transporte, que con la paralización del pasado lunes 6 de octubre y que se combina con la marcha de sacrificio del pueblo de Pataz, que debe llegar a Lima este lunes 13 de octubre, para protestar por la inacción del gobierno y del Congreso frente a las acciones de la criminalidad en dicha provincia.
Es en este contexto de escalamiento del repudio y la movilización contra el gobierno que se iba a catalizar el próximo miércoles 15 de octubre, en el llamado “paro nacional” convocado por sectores juveniles y populares, a la que vienen adhiriendo diversos sectores obreros y populares, organizados o en forma individual, que los partidos que hasta ayer han sostenido a Boluarte, y aplaudido su represión, han decidido vacarla: no quieren cargar con los pasivos de un gobierno ampliamente repudiado y así afectar su perspectiva electoral en abril próximo, ni exacerbar la indignación obrera y popular, y exponerse a un estallido social que los deje sin soga ni cabra.
Estos partidos esperan que la salida de Boluarte, y la conformación de un “gobierno de transición”, encabezado por el acusado de enriquecimiento ilícito y abuso sexual, José Jerí, baje la dinámica de escalamiento en las luchas que está caracterizando el momento político en el país, mientras continúan su ofensiva contra las mínimas conquistas democráticas que el pueblo arrancó tras la caída de la dictadura fujimorista.
Por eso, desde el Partido Socialista de los Trabajadores denunciamos con toda claridad: ¡El pacto corrupto y criminal de la impunidad no se ha roto con la caída de Boluarte! ¡No hay ningún motivo para dejar de movilizarnos! ¡Nada bueno o provechoso hay para el pueblo trabajador en el gobierno de Jerí!
En primer lugar, porque va a mantener intacto el modelo económico neoliberal que entrega los recursos del país a las transnacionales mineras y petroleras, pero también, a la economía ilegal y criminal. El mismo modelo que super explota a la clase obrera y trabajadora, y viene imponiendo ceses colectivos en distintas fábricas y centros de trabajo.
En segundo lugar, porque está compuesto por los mismos partidos corruptos y reaccionarios que han dominado el Congreso y ha sostenido a Boluarte, limpiándola de las denuncias por los asesinatos de 49 luchadores y luchadoras en la represión del Sur, y que representa a los más retrógrado, autoritario y patronal del país.
Y por último, porque el propio Jerí hace parte de esa mugre política: acusado de corrupción, cuando estaba al frente de la Comisión de presupuesto del Congreso, y de abuso sexual, Jerí es un fiel representante de un Congreso que ha legislado en favor de las bandas criminales para cubrir sus propias espaldas, además de haber votado a favor de la Ley de Amnistía que premia con impunidad a los militares y policías que durante las décadas de 1980 y 1990 masacraron a la población pobre e inocente de nuestro país bajo la excusa de la lucha contra el terrorismo.
Por eso no hay forma de confiar en el nuevo gobierno. Por el contrario, ¡es preciso continuar la movilización, hasta echar a Jerí y al Congreso! Emplazamos a la dirigencia de la CGTP a que abandone sus cálculos electorales y convoque de inmediato a un Paro Nacional combativo que ponga en movimiento a los trabajadores y trabajadoras de las minas, fábricas y comercios de todo el país, a riesgo de traicionar los intereses de la clase trabajadora y el pueblo peruano, levantando las banderas del Sur combativo, y exija el cierre del Congreso y la caída de Jerí.
Y más, que llame a las organizaciones de lucha de todo el pueblo a ponerse al frente de los gobiernos del país. Porque SOLO UN GOBIERNO DE LAS ORGANIZACIONES DEMOCRÁTICAS Y DE LUCHA DE LOS TRABAJADORES Y EL PUEBLO puede hacer frente a la podredumbre en que se ha convertido esta democracia patronal, corrupta y asesina.
Solo ese gobierno podrá abrir camino a soluciones de fondo a los problemas que vive nuestro pueblo, y garantizará una ASAMBLEA CONSTITUYENTE que recupere nuestros recursos naturales de manos de las transnacionales mineras y petroleras, que entregue la tierra a los campesinos y campesinas, que prohíba los despidos, los ceses colectivos y la suspensión perfecta, garantice salud y educación de calidad y un largo etc.
¡Cárcel y sanción ejemplar para la asesina Dina Boluarte!
¡Por un gobierno de las organizaciones de los trabajadores, trabajadoras y el pueblo para poner fin a esta democracia corrupta, patronal y asesina!
¡Para acabar con las extorsiones y asesinatos, hay que acabar con el gobierno asesino de Dina Boluarte y el Congreso criminal!
Un nuevo paro de transportes se produce en Lima y callao este lunes 6 de octubre, como respuesta al asesinato del chofer Daniel Cedeños de la empresa de transportes Lipetsa, conocida como ‘los triángulos’, el pasado sábado 4.
El gremio de trabajadores de transporte es uno de los más afectados por la ola criminal. Choferes y cobradores son víctimas cotidianas de sicarios en motocicleta que los atacan en pleno recorrido, poniendo en riesgo, además, la vida de sus pasajeros
Solo en las últimas semanas, conductores de empresas como Vipusa y Huandoy, además de la ya mencionada Lipetsa, han sido víctimas de ataques a balazos y explosivos. Hechos que vienen a empeorar las ya terribles condiciones en las que laboran choferes y cobradores (sin salarios fijos, sin planilla, sin estabilidad, sin beneficios sociales…) obligados a realizar la mayor cantidad de «vueltas» en el horrible tránsito limeño para sacar el dinero del día.
El paro es una reacción justa de parte de los trabajadores y trabajadoras del transporte
El paro, que se realiza como respuesta inmediata al asesinato del chofer Daniel Cedeños, ha sido impuesto por los propios trabajadores de estas empresas, que no saben si cada vez que salen a la ruta, volverán vivos a casa, aunque haya sido anunciado por Martín Ojeda, Director de la ‘Cámara Internacional de Transportes’, gremio empresarial de transportistas que viene negociando con el mismo gobierno asesino y corrupto de Boluarte y el Congreso.
¿Por qué el gremio empresarial sale a dar la cara y anuncia la paralización? Lo hace para mantener el control de la respuesta que espontáneamente se comenzaba a producir en los terminales de las empresas de transporte por parte de choferes y cobradores. Por eso ha llamado a un paro ‘sin movilización’, ‘sin piquetes’, que solo se materializará como un ‘apagón de motores’. Los empresarios quieren limar el filo combativo a esta paralización, para mantener su asiento en la inservible «mesa de trabajo» del ministerio del interior.
Los trabajadores y trabajadoras del transporte muestran el camino
Por eso lo que los trabajadores y trabajadoras del transporte de Lima y Callao, y de todo el país, debemos hacer, es exactamente lo contrario a lo que pide Martín Ojeda: debemos salir a las calles a marchar y enfrentar al gobierno y a la represión policial que se muestra dura contra quienes protestas, como han mostrado en la represión contra las movilizaciones de la llamada «Generación Z», pero absolutamente incapaz de hacer frente a la criminalidad.
Solamente coordinando entre todos los sectores de la clase trabajadora, y avanzando a concretar un gran Paro Nacional combativo contra el gobierno asesino de Boluarte y el Congreso corrupto, también incapaces para hacer frente a la criminalidad, pero eficientes para aprobar medidas y leyes lesivas para los intereses nacionales, obreros y populares, como exonerar de impuestos a las grandes empresas o aprobar una reforma del sistema de pensiones hecho para garantizar el negocio de la AFPs y no el bienestar de los aportes, se abrirá el camino a la solución de nuestros más sentidos problemas, incluyendo la lucha contra el crimen organizaco, la extorsión y el sicariato.
Un paro que exija la caída inmediata del gobierno y el Congreso, y retome las banderas de la lucha del Sur, como la elección de representantes a una Asamblea Constituyente (AC) que defina un nuevo destino para el país, y que tome medidas inmediatas para acabar con la criminalidad, como la sustitución de la policía nacional, corrupta y criminal, por un cuerpo de rondas urbanas y rurales, donde todo el pueblo trabajador y pobre participe de manera organizada y democrática. Rondas que vayan armadas con los fusiles que hoy se encuentran en manos de la policía nacional.
Pero más. Para acabar con la criminalidad, y que la juventud pobre no se convierta en carne de cañón para los empresarios del crimen organizado, necesitamos que la AC recupere nuestros recursos naturales de manos de las grandes empresas mineras, petroleras, pesqueras, madereras y agroexportadoras, así como también de las mafias ilegales que saquean igualmente nuestros minerales, matan ríos y bosques, y lucran con la trata de personas.
Y finalmente, para garantizar el empleo, la AC debe prohibir los despidos, los ceses colectivos, derogar la suspensión perfecta de labores, y debe expropiar las empresas que cierran y/o despiden a sus trabajadores, para ponerlas bajo su control y que estos las hagan andar. Una AC que divida las horas de trabajo en jornadas que garanticen trabajo para todos.
Y para esto, SE REQUIEREUN GOBIERNO DE LAS ORGANIZACIONES DE LUCHA DE OBREROS/AS, CAMPESINOS/AS, ESTUDIANTES Y TODO EL PUEBLO POBRE, que resguarde esa Asamblea Constituyente de los intentos de los patrones, el imperialismo y el crimen organizado, de echarla abajo.
¡Por un Paro Nacional obrero, popular y combativo!
Pero para llegar a ese puerto, hay que dar el primer paso: impulsar y concretar un paro nacional unitario y combativo. Se hace urgente exigir a las dirigencias de la CGTP, CUT, CCP, que se pongan al servicio de esta lucha nacional, y no antepongan sus cálculos electorales ni sus negociaciones el gobierno. es esta política la que los lleva a realizar jornadas de lucha aisladas, como la del pasado 2 de octubre, que terminan sirviendo como «válvula de escape» para la indignación obrera, pero poco útiles para reforzar el camino de la lucha organizada de los trabajadores y trabajadoras del país.
Desde el Partido Socialista de los Trabajadores, llamamos a las bases obreras y de las organizaciones populares a realizar reuniones y asambleas, y a poner en discusión esta necesidad para avanzar de manera firme en el camino de la lucha directa contra la criminalidad, los asesinatos, y también, contra el saqueo de nuestros recursos, la explotación y la opresión de nuestro pueblo. Es el camino que la historia nos ha enseñado y que tenemos el deber urgente de retomar.
¡VIVA EL PARO DE LOS TRABAJADORES DEL TRANSPORTE DEL 6 DE OCTUBRE! ¡FUERA DINA ASESINA Y EL CONGRESO CORRUPTO Y CRIMINAL! ¡POR UN GOBIERNO DE LOS TRABAJADORES, TRABAJADORAS Y EL PUEBLO QUE PONGA FIN A LAS BANDAS CRIMINALES, EL SAQUEO DE NUESTROS RECURSOS Y LA EXPLOTACIÓN!
Declaración del Partido Socialista de los Trabajadores
Pronunciamiento conjunto del Partido Socialista de los Trabajadores de Colombia y el Partido Socialista de los Trabajadores del Perú
A los pueblos de Perú y Colombia nos une la historia por varios hechos: la lucha de la independencia, la lucha contra el saqueo imperialista de nuestros recursos, la explotación laboral, la opresión contra nuestros pueblos originarios y la existencia de gobiernos lacayos, entre otros más.
El reciente “incidente” entre los gobiernos de Gustavo Petro y Dina Boluarte en torno a la soberanía sobre la isla Santa Rosa, en la triple frontera (Perú, Colombia y Brasil) del río Amazonas, se ha convertido en una controversia mediática que cada gobierno intenta capitalizar al servicio de su popularidad.
Como tantas veces en la historia, cuando los gobiernos afrontan dificultades, buscan distraer el descontento hacia conflictos (reales o ficticios) con otros estados para avivar el “sentimiento patriótico” reaccionario y llamar a la “unidad nacional” detrás de ellos mismos.
Sin embargo, la realidad de los pueblos pobres y trabajadores de Colombia y Perú, a uno y otro lado de la frontera, no es de conflicto, sino de común abandono y miseria.
Gustavo Petro, aprovechando la popularidad de su gobierno “progresista”, nos llama a la unidad latinoamericana, a propósito de las palabras de Donald Trump y de su injerencia en los asuntos internos de la justicia de Brasil o de Colombia, pero no habla de soberanía cuando le entrega la Isla de Gorgona en el Pacífico colombiano para que el gobierno norteamericano instale un radar, con el pretexto de combatir el narcotráfico, pero además no dice nada de las bases norteamericanas en suelo colombiano o de la permanencia de Colombia en la Otan. Petro también aprovecha este incidente para la campaña electoral del Pacto Histórico, el partido de gobierno.
Por su lado, Dina Boluarte, que además de haberse mantenido en el cargo sobre la sangre de los pueblos del sur del Perú, gobierna de la mano de los sectores más corruptos y reaccionarios y acaba de indultar a los militares implicados en violaciones de libertades democráticas durante el periodo de violencia política (1980 – 2000), mientras habla de “patriotismo”.
Ratificando su papel al servicio de los negocios imperialistas, entrega los recursos a las grandes transnacionales mineras, petroleras de la pesca y la agroindustria, que depredan los recursos naturales del país en desmedro de cualquier soberanía nacional, entregando al pueblo pobre y trabajador a la superexplotación de las multinacionales imperialistas.
Los Partidos Socialistas de los Trabajadores, de Perú y Colombia, reiteramos que es más lo que nos une a los pueblos de Colombia y Perú, que la farsa que nos muestran en la frontera los gobiernos de Petro y Boluarte. Tenemos muchos motivos para luchar juntos contra el saqueo de nuestros recursos, contra la explotación capitalista/imperialista y contra la única moneda de cambio que el plan económico neoliberal entrega a nuestros pueblos: la miseria. Por eso llamamos a nuestros pueblos y a los latinoamericanos, a luchar decididamente contra la injerencia imperialista y por la segunda independencia.
Los trabajadores y los pobres de América debemos unirnos en una lucha continental contra el saqueo imperialista y por la federación de repúblicas socialistas del continente, en esto estamos convencidos de que solo la clase obrera, en alianza con los campesinos pobres, los pueblos indígenas y los sectores populares, es la única que puede luchar por la verdadera unidad del continente sin las barreras artificiales que significan las fronteras nacionales. Esto pasa por el llamado a desconocer la fraudulenta deuda externa y el rompimiento de todos los tratados internacionales que nos atan a las potencias imperialistas.
Frente a este incidente fronterizo nos posicionamos contra cualquier intento de los gobiernos de Colombia y Perú por llevarnos a un enfrentamiento entre nuestros pueblos. Demandamos la libre movilidad para los habitantes de Tabatinga, Leticia y la Isla Santa Rosa por los tres países. Y reafirmamos que las fronteras de nuestros países son artificiales, al servicio de los intereses de los capitalistas y los pueblos debemos luchar por borrarlas con relaciones de fraternidad, solidaridad y hermandad, a cambio de dejarnos empujar a levantar banderas de patriotismo reaccionario.
En lugar de destinar recursos en una disputa internacional, los gobiernos de Colombia, Perú deben enforcarlos para garantizar el bienestar de la comunidad de la doble frontera e invertir recursos en planes para la protección de la selva y del río mar, como es conocido en la región.
