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El hambre como arma del Estado racista de Israel en el Holocausto palestino

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Por Soraya Misleh (Partido Socialista de los Trabajadores Unificado – Brasil)

Las escenas que inundan las redes sociales día tras día evocan imágenes que muchos solo vieron en películas y documentales sobre el Holocausto perpetrado por el nazismo en el siglo pasado: auténticos esqueletos humanos en campos de concentración. En el siglo XXI, esto es lo que vemos en Gaza.

Los bebés están tan desnutridos que, cuando tienen acceso a la fórmula o a un poco de leche, les faltan fuerzas para amamantar. Alrededor de 100 niños palestinos han muerto por la hambruna impuesta por Israel desde marzo pasado, cuando Israel reanudó el genocidio directo y el bloqueo total y criminal de la Franja de Gaza, tras 42 días de un frágil alto el fuego con violaciones récord por parte del Estado sionista.

Durante este período, más de 80 palestinos adultos también fueron víctimas de la hambruna impuesta en el verdadero campo de concentración en que Israel transformó Gaza, confinando a sus más de 2 millones de habitantes.

Genocidio con exquisita crueldad

“ [La hambruna es] una de las formas más indignas y bárbaras de matar. (…) Su propósito es prolongarla y maximizar el sufrimiento ”, declaró el Dr. James Smith, dos veces voluntario de emergencias en Gaza, en una entrevista con “Al Jazeera” el 4 de agosto.

El mundo presencia, en vivo y en color, la exquisita crueldad de un verdadero Holocausto contra el pueblo palestino.
Además de las muertes por bombas y balas, el hambre, la sed y el colapso humanitario forman parte de las atrocidades israelíes en la Nakba palestina, una catástrofe que comenzó en 1948 con la creación del estado colonial racista en el 78% del territorio histórico de Palestina.

Como parte de la instrumentalización de la hambruna para matar a más palestinos y despojarlos de toda humanidad y dignidad, Israel ha destruido, en casi dos años de genocidio, las instalaciones para garantizar la ayuda humanitaria e incluso las condiciones de subsistencia, impidiendo a los palestinos pescar y también contaminando las tierras cultivables.

Según datos oficiales, más de 340 trabajadores del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (OOPS) ya han sido asesinados e Israel también ha bombardeado centros de distribución y almacenamiento de alimentos en Gaza, mientras mantiene el criminal bloqueo total, que impide la entrada de alimentos, medicinas, agua, fórmula infantil… ¡De todo!

En julio pasado, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) advirtió que todos los niños palestinos de Gaza menores de cinco años (320.000) corren el riesgo de morir de hambre y desnutrición aguda.

Bloqueo criminal de la ayuda humanitaria

Save the Children International informó en un reportaje de Al Jazeera el 4 de agosto que más de cuatro de cada diez mujeres embarazadas y lactantes (43%) que acudieron a sus clínicas en Gaza en julio sufrían desnutrición. Se ha alcanzado el umbral de la hambruna para toda la población.

“ La única manera de revertir esta catástrofe es inundar Gaza con una ayuda masiva ”, dijo Philippe Lazzarini, comisionado general de UNRWA, según la información publicada por la agencia el 1 de agosto.

Según él, solo la UNRWA tiene el equivalente a 6.000 camiones con alimentos y medicamentos listos para cruzar la frontera y entrar en Gaza. « Actualmente se encuentran en Jordania y Egipto y llevan casi cinco meses sin permiso de tránsito », describe el informe.

Según un artículo publicado por “Al Jazeera”, más de 22 mil camiones están esperando para poner fin a la campaña sistemática de “hambre, asedio y caos”.

Mentiras y trampas

Mientras tanto, como parte de la deshumanización del Holocausto perpetrada por el Estado genocida, Estados Unidos e Israel establecieron la llamada «Fundación Humanitaria Gaz», que en mayo pasado anunció el inicio de la distribución de ayuda. Una trampa mortal y una burla al término «humanitario».

Más de 1.400 palestinos fueron asesinados intentando conseguir migajas para alimentar a sus familias. Los sionistas encontraron una nueva forma de entretenerse: atacar los cuerpos esqueléticos de niños y adultos, muchos de los cuales cayeron muertos en la cola de la harina.

Israel utiliza otra táctica de propaganda falsa: anunció «pausas tácticas» (diez horas diarias) en la acción militar en las zonas de Al Mawasi, Deir al Balah y la ciudad de Gaza. «Hasta la fecha, no ha habido avances ni mejoras en la situación humanitaria en toda la Franja de Gaza», señala UNRWA en su informe.

Las escenas son espantosas. Al intentar beber agua, los niños intentan apretar una tubería que gotea y sacar una sola gota. Los palestinos hurgan en la basura para no morir de hambre.

Los hospitales destruidos no pueden salvar a quienes llegan con desnutrición severa, mientras cuerpos mutilados se amontonan junto a otros cubiertos de heridas y quemaduras inimaginables.

Según un informe publicado en junio pasado por Harvard Dataverse, escrito por el investigador israelí Yaakov Garb, más de 377.000 palestinos están desaparecidos en Gaza, la mitad de ellos niños. Es decir, el 16,5% de la población local.

¿Y en Cisjordania?

La Franja de Gaza, junto con Cisjordania y la Ciudad Vieja de Jerusalén, constituye el 22% del territorio histórico de Palestina ocupado militarmente por Israel en 1967.

Mientras Gaza ya se enfrentaba a un bloqueo criminal durante 18 años y a sucesivas masacres, Cisjordania experimentaba el avance de la colonización y la limpieza étnica. Toda la Palestina histórica, incluidas las zonas ocupadas en 1948, sigue sujeta a un régimen de apartheid institucionalizado.

En los últimos dos años, la situación ha empeorado aún más en Cisjordania, donde se teme que se convierta en la próxima Gaza. Ya se están llevando a cabo experimentos en el norte, en medio de una limpieza étnica acelerada y cada vez más profunda.

Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), las fuerzas de ocupación israelíes han destruido el 43 % del campo de refugiados de Yenín, el 35 % del campo de Nur Shams y el 14 % del campo de Tulkarem. Desde octubre de 2023, más de 40.000 palestinos han sido expulsados de sus tierras y hogares en estas zonas, y más de 1.000 han sido asesinados en toda Cisjordania.

El número de presos políticos, sometidos a torturas atroces, se ha disparado. Organizaciones han revelado que más de 17.000 han pasado por las mazmorras sionistas, y hoy en día, casi 11.000 permanecen encarcelados, entre ellos 50 mujeres y 450 niños.

La anexión de tierras y la expansión de los asentamientos avanzan, al igual que los pogromos (ataques violentos y sistemáticos contra un grupo étnico, en este caso, los palestinos) perpetrados por colonos sionistas. Como parte de los ataques, el 3 de agosto, el ministro israelí de Seguridad Nacional, Ben-Gvir, encabezó un grupo de casi 4.000 colonos que irrumpieron en el recinto de la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén, izando banderas sionistas.

La máscara de Israel ha caído

Ante tanto horror, algunos se sienten impotentes y se preguntan si todo está perdido. La respuesta es no. De hecho, el rostro explícito de Israel nunca ha sido tan evidente, exponiendo su naturaleza racista, colonial y genocida. La máscara se ha caído.

La solidaridad con el pueblo palestino en todo el mundo es inmensa, aunque no tan percibida por los palestinos, naturalmente, ya que el sentimiento de abandono es grande –y no nuevo–, y la histórica complicidad internacional se mantiene en general, pese al creciente aislamiento internacional.

La resistencia palestina ha vuelto a poner la causa en el centro del debate internacional y ha expuesto a todos sus enemigos: el imperialismo/sionismo, los regímenes árabes y la burguesía árabe-palestina, hoy representada sobre todo por una nueva clase capitalista vinculada al gestor de la ocupación, la Autoridad Palestina.

El sionismo intenta silenciar las críticas

Desde una perspectiva histórica, el daño al proyecto sionista parece irreversible y acelera su desaparición. En un intento por salvarlo, aliados históricos como Francia y el Reino Unido hablan ahora de reconocer al Estado palestino.

Mientras tanto, sionistas de «izquierda» como Michel Gherman denuncian a la extrema derecha sionista como la causa del genocidio, adoptando la retórica de que es un problema del gobierno, no de Israel como estado colonial y racista. La crisis interna sionista se profundiza, como lo demuestran las marchas en Tel Aviv.

Al mismo tiempo, la represión y la criminalización aumentan en un intento por silenciar las voces que defienden a Palestina. En São Paulo, por ejemplo, el gobierno municipal ha lanzado dos ofensivas en los últimos días.

La primera protesta fue contra los murales de la capital, ordenando repintar los que llevaban la inscripción «Palestina Libre», en respuesta a un ataque sionista de la concejala Cris Monteiro (Novo). La segunda protesta fue contra el 7.º Festival Literario Pirata de Editores Independientes (Flipei), con la cancelación ilegal del contrato por parte de la Fundación Municipal del Teatro (responsable de la Praça das Artes, donde se celebraría el evento), en vísperas de su inicio, el 6 de agosto.

Según los organizadores, la feria se celebrará ahora en lugares como el Almacén Elza Soares, gestionado por el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST). Se ha confirmado la presencia del historiador israelí antisionista Ilan Pappé la tarde del día 6.

La desesperación de los sionistas y sus aliados es reveladora. Israel se encamina hacia la derrota política, mientras el Holocausto, lamentablemente, continúa sin cesar. Pero los palestinos se niegan a ser borrados del mapa.

¿Qué significan las medidas anunciadas por Brasil?

Ante la presión de un aislamiento internacional de la solidaridad incondicional, el canciller Mauro Vieira anunció una serie de medidas durante la Conferencia de las Naciones Unidas del 29 de julio.

Entre ellas, la entrada de Brasil en el proceso contra Israel, por genocidio, interpuesto por Sudáfrica, y el bloqueo de las exportaciones de material de defensa al Estado sionista, además de «investigaciones» sobre las importaciones de productos originarios de los asentamientos.

También anunció su retiro de la llamada Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), a la que Brasil se unió durante el gobierno de Bolsonaro y que no es más que una estratagema sionista para criminalizar el antisionismo, equiparándolo falsamente con el antisemitismo.

Si bien las medidas son progresivas, aún son tímidas e insuficientes. El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Israel y el Mercosur, promulgado por Brasil en 2010, ya incluye restricciones a los productos procedentes de los asentamientos. Sería mucho más efectivo que Brasil se retirara del TLC y cumpliera con su suspensión definitiva, una exigencia del movimiento BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones) contra Israel.

Un informe de E-investidor (Estadão, 11 de octubre de 2023) revela que las exportaciones de armas brasileñas a Israel, a través de Taurus, aumentaron un 700 % en el primer semestre de 2023: de R$560.000 a R$4,9 millones. Sin embargo, esta cantidad representó menos del 1 % de los ingresos totales de la empresa en ese período. Su principal cliente fue Estados Unidos, responsable del 82,53 % de los R$800 millones recaudados entre enero y junio.

Las importaciones de tecnología militar israelí, según un reportaje de “Brasil de Fato” del 4 de agosto, batieron récords en los últimos años, pasando de un promedio de US$1 millón por año desde 1997; a US$9 millones en 2022; US$16,5 millones en 2023; y llegando a US$21,7 millones en 2024 (R$120,6 millones).

Pero hasta el momento, Brasil no ha anunciado sanciones a las importaciones, por lo tanto no hay un embargo militar total contra el estado genocida.

También excluyó de las sanciones la exportación de acero y petróleo que alimenta los tanques sionistas. Entre el 7 y el 10 de agosto, el BDS hizo un llamamiento a la acción para imponer un embargo energético a Israel.

Es hora de que Lula pase de las tímidas medidas simbólicas y las palabras a sanciones efectivas y concretas, hacia la ruptura de todas las relaciones con el Estado genocida de Israel.

El movimiento BDS se inspira en el decreto de 1985 (bajo la administración de Sarney) que impuso sanciones al apartheid sudafricano. Cuatro décadas después, exige que Brasil rompa definitivamente con su complicidad histórica con el apartheid sionista.

¡Abajo la ley de amnistía para genocidas y violadores de DDHH! ¡Fuera Dina asesina y su Congreso corrupto!

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Partido Socialista de los Trabajadores

El gobierno de Dina Boluarte ha promulgado una Ley de Amnistía que beneficia a policías y militares acusados de violaciones a los Derechos Humanos durante el periodo de 1980 a 2000, en el marco de la llamada «lucha contra el terrorismo».

La promulgación se realizó en una ceremonia que contó con la presencia de las bancadas fujimorista, Renovación Popular, Avanza País y otras que impulsaron el proyecto, e incluso de exmiembros del Grupo Colina, un escuadrón irregular de las FFAA responsable de crímenes como los asesinatos de Barrios Altos (15 víctimas, entre ellas un niño de 8 años) y La Cantuta (un profesor y 9 estudiantes secuestrados, desaparecidos y luego encontrados muertos, con sus restos enterrados en fosas comunes).

Entre 1980 y 2000, 70 mil personas fueron asesinadas, y muchas más desaparecidas o torturadas. La mayoría de estos crímenes fueron cometidos por las FFAA, FFPP y grupos bajo su mando, en el genocidio más brutal que ha vivido el Perú desde su fundación. Por estos hechos, no solo cayó el dictador Alberto Fujimori —juzgado y condenado—, sino también decenas de militares y policías, como el recientemente condenado Daniel Urresti, y otros son procesados, como Ollanta Humala, identificado como el «capitán Carlos«.

Con esta amnistía, todos estos criminales y genocidas quedan impunes, se archivan investigaciones y se burla el derecho a justicia y reparación, mientras se glorifica como héroes de la “democracia” a verdaderos asesinos.

La ley se promulgó ignorando las demandas del Ministerio Público, organismos de DDHH e incluso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que exigían su suspensión en cumplimiento del derecho internacional.

Boluarte y las fuerzas reaccionarias del Congreso pretenden vender la imagen de unas FFAA y PNP perseguidas, que «solo cumplieron su deber». Así, revelan la hipocresía de un sistema democrático que de democrático no tiene nada, y que solo sirve de cubierta para explotar, despedir trabajadores, violentar los derechos de la población pobre y para justificar genocidio y violaciones elementales a los DDHH.

Esta ley busca borrar las ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones y violaciones sexuales cometidas contra los más pobres, crímenes inscritos con sangre en la historia de las FFAA y PNP, que aplicaron una política de «tierra arrasada». Bajo su doctrina, el asesinato de un supuesto «terrorista» justificaba masacres enteras.

Además, se cercena una de las pocas conquistas democráticas arrancadas por la insurgencia popular, que derrotó a la dictadura Fujimori-Montesinos en el 2000.

Las organizaciones que se dicen de izquierda, defensoras de los DDHH o democráticas han fallado al permanecer pasivas ante este ataque. Atrapadas en cálculos electorales —donde el fujimorismo era su principal enemigo-, capitularon en nombre de esa “democracia”, primero al gobierno de Toledo, luego al de Ollanta Humala, y finalmente, bajo el gobierno de Pedro Castillo, abandonaron todo atisbo de radicalidad para congraciarse con los empresarios, dejando intactas a las FFAA y PNP asesinas.

Los trabajadores, el pueblo pobre y los oprimidos del campo y la ciudad no tenemos por qué confiar en militares y policías. Son ellos los que nos reprimen cuando protestamos. Son ellos los responsables de asesinar a 40 luchadores durante el levantamiento del sur andino contra el golpe que llevó a Boluarte al poder, una marioneta del fujimorismo y la derecha que merece el odio del pueblo.

Por eso, desde el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), llamamos a todas las organizaciones obreras y populares a salir a las calles para derogar esta amnistía, decretada por el Congreso reaccionario y la asesina Dina Boluarte.

Será en las calles, como derrotamos la Ley Pulpín y la dictadura de Fujimori, que conquistaremos la derogación de esta ley, y el juicio y castigo para todos los militares y policías responsables de crímenes contra el pueblo.

Sin embargo, solo un Gobierno de los Trabajadores y el Pueblo nos permitirá alcanzar verdadera justicia, acabando con los explotadores y saqueadores del país y llevando a la cárcel a todos los corruptos, asesinos y sus cómplices como los congresistas, la presidenta y sus ministros.

14 de agosto de 2025

La “nueva muerte” de la “solución de los dos estados”

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Por Alejandro Iturbe

La semana pasada, el parlamento israelí (Knesset) aprobó una resolución que propone la anexión definitiva al estado sionista de todos los asentamientos judíos en Cisjordania[1]. Se trata de una “nueva muerte” de lo que hemos definido como “la falsa solución de los dos estados” propuesta por algunas organizaciones palestinas y árabes, gobiernos imperialistas y parte de la izquierda mundial[2].

Antes de referirnos a las “diferentes muertes” que experimentó esta falsa solución, vamos a analizar las crisis internas del Estado de Israel y a la situación del gobierno de Benjamín Netanyahu que ya abordamos en un artículo reciente[3]. En él, señalamos que el régimen político israelí tiene un carácter nazi por su acción genocida contra los palestinos (la nakba permanente). Al mismo tiempo, para los ciudadanos israelíes, es una democracia burguesa parlamentaria con la Knesset (Asamblea de 120 legisladores) como organismo central.

El actual gobierno de Netanyahu se formó luego de las elecciones de 2022 basado en una coalición de 8 partidos con 67 diputados en total. Entre ellos, el Shas, un frente de dos partidos formados por los judíos ultra-ortodoxos que estaban eximidos de realizar el servicio militar obligatorio. Tiene once diputados. 

Este privilegio siempre ha sido duramente criticado por los partidos opositores que presentaron demandas contrarias ante la Corte Suprema israelí. El año pasado, la Corte determinó que los jóvenes judíos ultra-ortodoxos debían ser convocados para realizar el servició militar obligatorio y el gobierno de Netanyahu tenía que comenzar a aplicarlo obligatoriamente.

Una maniobra táctica

Ante esa situación, el Shas amenazó que saldría de la coalición parlamentaria y dejaría a Netanyahu en minoría. Bibi abrió negociaciones para encontrar una “solución” aceptada por este frente y que, al mismo tiempo, le permitiese no ir hacia un conflicto de poderes con la Corte Suprema. Sin embargo, a inicios de julio, el ejército comenzó a enviar las “convocatorias preliminares” a los jóvenes ultra-ortodoxos y el Shas abandonó la coalición parlamentaria.

Netanyahu pasó así a encabezar lo que en este sistema parlamentario se llama “gobierno en minoría” que puede permanecer en tanto no haya un “voto de desconfianza” mayoritario o una derrota en la votación de una ley propuesta por el primer ministro.

Entonces, esta votación es, en primer lugar, una maniobra táctica parlamentaria de «Bibi» para intentar recomponer una mayoría en la Knesset y, esencialmente, evitar una derrota parlamentaria. En este sentido lo logró: la propuesta del Likud obtuvo 71 votos a favor, 13 en contra y un alto número de abstenciones.

Es muy interesante ver cómo se llegó a este resultado. El Shas se dividió: uno de sus partidos (Judaísmo Unido de la Torá de los judíos ashkenazim de origen europeo) apoyó la resolución mientras que el otro (el de los judíos sefaradíes) se abstuvo. También la apoyaron los diputados de Yisrael Beitenu que no forma parte de la coalición de gobierno, cuya base son los inmigrantes de origen ruso, como los “colonos” que se apropian de casa y tierras en Jerusalén Este y Cisjordania.

Los dos principales partidos de la oposición Yesh Atid y Azul y Blanco se abstuvieron, mostrando claramente que, por ahora, esa oposición no tiene ninguna intención de exigir la renuncia de Netanyahu. En contra solo votaron los diputados de los partidos apoyados por la minoría palestina que tienen ciudadanía israelí: Ra’am y Hadash-Ta’al.

La crisis por la ocupación de Gaza

Palestinos y palestinas gazatíes buscando alimento en medio del genocidio desatado por el estado sionista de Israel.

Pero esta victoria parlamentaria de Netanyahu no puede ocultar las profundas contradicciones que genera en la sociedad israelí la ocupación de la Franja de Gaza y los métodos genocidas que utiliza el estado sionista desde hace dos años: el asesinato de niños o provocar situaciones de hambre extremo en la población palestina para que abandone su territorio, tal como hicieron los nazis con los judíos del gueto de Varsovia.

Esto ha generado dos crisis. La primera está expresada en el “éxodo silencioso” de decenas miles de miembros de las elites intelectuales para radicarse en Europa y EEUU porque “sienten que ya no pertenecen allí”[4]. Esta “crisis de pertenencia” es muy grave para un estado-enclave construido sobre la base ideológica que Israel es la “única patria de los judíos”.

Sin embargo, más grave aún son los síntomas crecientes de una crisis en la “moral militar” de los israelíes. Un problema agudísimo para un estado completamente militarizado que mantiene su unidad sobre la base de la necesidad de una guerra permanente contra el “enemigo que lo amenaza” (el pueblo palestino y los pueblos árabes-musulmanes en general). Esta crisis en la moral militar es el resultado de la repugnancia que genera en muchos israelíes los métodos utilizados en Gaza. Veamos algunos síntomas.

El primero es el de los miles de reservistas que se niegan a reincorporarse al ejército para no tener que ir nuevamente a participar de la ocupación en Gaza y sus métodos genocidas[5]. Algunos de ellos quedaron con traumas sicológicos tan graves por lo que debieron hacer que se suicidaron[6]. Este rechazo a participar de la ocupación en Gaza ya ha llegado también a un pequeño pero creciente número de jóvenes israelíes que se niegan a incorporarse al servicio militar (lo que en Israel es un delito penado con prisión)[7].

El sentimiento de repugnancia no es solo de los jóvenes y adultos en edad militar: es compartido por otras generaciones de israelíes y ha generado hechos que hubieran sido imposibles en el pasado. En Tel Aviv, “miles de judíos israelíes y palestinos residentes en Israel marcharon en silencio frente al Ministerio de Defensa israelí, sosteniendo fotografías de niños palestinos muertos por ataques aéreos en Gaza” y “pancartas que exigían el cese del uso del hambre como arma de guerra en Gaza”. La marcha fue dispersa por la policía que golpeó manifestantes y los obligó a retirarse[8].

También ha habido muchas expresiones en medios intelectuales y universitarios. Fania Oz-Salzberger, hija del famoso escritor israelí Amos Oz y profesora universitaria de Historia, publicó en su cuenta de X el siguiente llamado «Soldados, regulares y de reserva, padres de soldados, abuelos de soldados: no hay otra solución: rechacen servir en Gaza. Rechácenlo, rechácenlo, rechácenlo”[9].

Los rectores de las universidades expresaron en una carta pública que enviaron a Netanyahu: «Como nación víctima del terrible Holocausto en Europa, también tenemos el deber especial de actuar con todos los medios a nuestro alcance para prevenir y abstenernos de causar daños crueles e indiscriminados a hombres, mujeres y niños inocentes”[10]. Finalmente, por primera vez en la historia del país, dos ONGs israelíes (B’Tselem y Physicians por Human Right Israel) acusaron el al gobierno de Netanyahu de “estar cometiendo un genocidio en Gaza”[11].

Es muy importante que existan estas contradicciones políticas en la sociedad israelí porque debilitan en el estado sionista. Pero estas contradicciones tienen un límite infranqueable: por su carácter de población ocupante y usurpadora, la absoluta mayoría de la sociedad israelí considera que “está muy bien que nos hayamos quedado con la tierra de los palestinos” porque es sobre ellas que construyeron sus casas, empresas, escuelas y universidades. También que “está bien” apropiarse de más tierra palestina. Por ejemplo, una reciente encuesta realizada por la Universidad Estatal de Pennsylvania entre los judíos israelíes (reproducida por el diario Haaretz) mostró que 82% apoya la expulsión de los palestinos de Gaza[12].

Colonos israelíes atacando a la población palestina en Cisjordania.

Una solución que nació muerta

La propuesta de los “dos estados” se basa en que deber haber un estado judío y otro palestino coexistiendo “pacíficamente” lado a lado en base a la división del territorio histórico del Mandato Británico sobre Palestina. Ella estuvo en la base de la resolución 181 de la ONU (noviembre de 1947) que “creaba” el Estado de Israel a partir del 14 de 1948. Esta resolución fue propuesta por las potencias imperialistas vencedoras en la II Guerra Mundial (EEUU, Inglaterra y Francia) y apoyada por la burocracia estalinista de la ex URSS.

En los hechos, esta resolución sancionaba y legalizaba la usurpación de una minoría judía (menos de 30% de la población total y, en su mayoría inmigrantes europeos recientes) a los que se les otorgó el 52% del territorio.

Al mismo tiempo, lejos de “traer paz”, la creación del Estado de Israel fue el inicio de un período en el que bandas armadas sionistas utilizaron métodos genocidas contra los palestinos (como el asesinato de la mayoría de los habitantes de una aldea) para expulsarlos de sus casas y tierras y apropiarse de ellas.

Con esos mismos métodos, se fueron apropiando de otras partes del territorio hasta llegar a 78%. Se estima que 750.000 palestinos fueron expulsados y obligados al exilio. Es lo que el pueblo palestino llama nakba catástrofe). El territorio que les quedaba a los palestinos quedó dividido en dos partes sin continuidad territorial (la Franja de Gaza al occidente y Cisjordania al occidente).

En ese marco, el estado sionista nunca renunció a su proyecto del Gran Israel: incorporar Gaza y Cisjordania definitivamente e incluso partes del sur de Líbano y Siria). En 1967, ocupó militarmente Gaza y Cisjordania. La heroica resistencia de los jóvenes y niños palestinos generó una fuerte crisis en la moral de los soldados israelíes, lo que obligó al estado sionista a dejar de lado la ocupación directa.

Por propuesta de EE.UU y, a partir de los Acuerdos de Oslo (1993-1994)[13]. Se instaló la Autoridad Nacional Palestina (ANP). En teoría, era un paso en la dirección de la creación de un pequeño estado palestino. Sin embargo, en la realidad, la ANP (controlada por la organización Al Fatah) es un agente colonial del dominio israelí.

Firma de los «Acuerdos de Oslo» bajo el auspicio del imperialismo estadounidense, sellando la renuncia de la dirigencia de la OLP a su consigna histórica de una sola Palestina laica, democrática y no racista.

Actualmente, Gaza sufre una ocupación genocida para obligar a la población palestina a abandonar el territorio. Cisjordania está rodeada de muros, con su frontera con su frontera con Jordania bajo dominio de Israel, dividida en regiones aisladas cruzadas por carreteras y puestos de control israelíes. Los colonos judíos de origen ruso se apropian de cada vez más casas y tierra. Como vimos, ahora se propone que estos territorios sean incorporados definitivamente a Israel.

Consideramos que la propuesta de “los dos estados” defendida por varias organizaciones palestinas, parte de la izquierda mundial y varios gobiernos europeos es una “camino sin salida”, una “zanahoria” destinada a lograr que el pueblo palestino abandone su aspiración de recuperar todo su histórico usurpado por el estado sionista, en un momento en se encuentra debilitado[14].

Este mini-estado palestino sería inviable geográfica, económica y militarmente. Sin embargo lo principal no eso; Israel ya ha dicho claramente que nunca aceptará la creación de ese estado. El año pasado, la Knesset rechazó de plano aceptarlo porque “significaría un peligro existencial para la seguridad de Israel”[15].

Ahora, ha votado la anexión de nuevas partes de Jerusalén Este-Cisjordania y toda la Franja de Gaza. En esa misma sesión, el diputado Amir Ohana (presidente de la Kesset) declaró “Esas tierras son parte inseparable de la patria histórica del pueblo judío y pertenecen a Israel”[16]. Ante esta realidad, seguir levantando la propuesta de los “dos estados” es una política nociva destinada a sembrar ilusiones en la joven vanguardia palestina que ya no cree en ella[17].

Para que el pueblo palestino logre sus aspiraciones de recuperar su territorio histórico (Palestina Libre del Río [Jordán] al mar [Meditarráneo]), es necesario derrotar militar y políticamente al estado sionista y destruirlo (tal como fue enecesario hacerlo con la Alemania nazi). La resistencia palestina debe ser la chispa que encienda la lucha revolucionaria y militar de todos los pueblos árabes y musulmanes contra Israel[18]. Esa lucha revolucionaria y la solidaridad internacional harán posible el triunfo del pueblo palestino.

[1] https://www.infobae.com/america/mundo/2025/07/23/el-parlamento-de-israel-aprobo-una-mocion-para-anexar-los-asentamientos-de-cisjordania/

[2] https://litci.org/es/palestina-sobre-la-falsa-solucion-de-los-dos-estados/?utm_source=copylink&utm_medium=browser

[3] https://litci.org/es/las-crisis-del-estado-de-israel/?utm_source=copylink&utm_medium=browser

[4] https://www.hispantv.com/noticias/economia/599729/iinflacion-subida-precios-exodo-israel 

[5] https://www.france24.com/es/medio-oriente/20250417-el-descontento-crece-en-el-ej%C3%A9rcito-israel%C3%AD-nunca-volver%C3%A9-a-servir-bajo-este-gobierno

[6] https://www.rfi.fr/es/oriente-medio/20250103-r%C3%A9cord-de-suicidios-en-el-ej%C3%A9rcito-israel%C3%AD-desde-el-7-de-octubre-de-2023

[7] https://www.youtube.com/watch?v=MFf5Mj-XLks

[8] https://www.instagram.com/reel/DKneeqJM1n-/ y https://www.facebook.com/teleSUR/posts/ciudadanos-israel%C3%ADes-marcharon-con-fotos-de-ni%C3%B1os-asesinados-y-pancartas-con-men/1232820865553614/

[9] https://www.pressenza.com/es/2025/07/fania-oz-salzberger-soldados-rehusen-servir-en-el-ejercito-israeli/

[10] https://www.pagina12.com.ar/845412-una-carta-para-benjamin-netanyahu-que-sacude-a-todo-israel

[11] https://bitlyanews.com/internacionales/ong-israelies-acusan-por-primera-vez-a-israel-de-cometer-un-genocidio-en-gaza/

[12] https://www.genocidewatch.com/single-post/poll-show-most-jewish-israelis-support-expelling-gazans

[13] Oslo, la paz de los cementerios para la continua Nakba – Liga Internacional de los Trabajadores (litci.org)

[14] Sobre este tema, ver el artículo “¿Cuáles deben ser los objetivos y los métodos de la lucha del pueblo palestino?” en  Marxismo Vivo 20 nuevo formato, octubre 2024

[15] https://www.infobae.com/america/mundo/2024/07/18/el-parlamento-de-israel-rechazo-la-creacion-de-un-estado-palestino-al-considerarlo-un-peligro-existencial-para-la-seguridad/

[16] https://www.larazon.cl/2025/07/24/el-parlamento-israeli-aprueba-la-anexion-de-cisjordania/

[17] https://mondiplo.com/la-juventud-palestina-no-se-da-por-vencida

[18] La “cuestión palestina”: punto central de la revolución árabe – Liga Internacional de los Trabajadores (litci.org)

El sueldo de la traición, la impunidad y el servilismo empresarial

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Por Partido Socialista de los Trabajadores

En otra muestra de desprecio a la población y desafiando el repudio nacional, Dina Boluarte finalmente se aumentó el sueldo de S/ 15,600 a S/ 35,568, lo que es una afrenta a las víctimas de su pésima gestión, desde los familiares de los asesinados en las movilizaciones de 2022-2023, los transportistas y otros sectores de la población asediados por el sicariato y la extorsión, el desempleo y la pobreza. Ese aumento solo tiene el visto bueno del Congreso y del poder económico, aquellos grandes empresarios que más se benefician con el actual gobierno y que buscan mantener el actual estado de cosas.

Apenas el día anterior, la población arequipeña arrojó huevos y cáscaras a la comitiva del gobierno, como ha ocurrido numerosas veces en diferentes lugares del país, pero no hay sangre en la cara ni vergüenza en este gobierno, que no es solo impunidad, incompetencia y continuidad del plan neoliberal; también es, desde su origen, el pretexto para la permanencia del actual Congreso, controlado por organizaciones políticas que han sido caracterizadas por la Fiscalía como organizaciones criminales.

El intento de toma por asalto de la Fiscalía

La semana anterior, esos sectores políticos, utilizando a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y a la procesada exfiscal Patricia Benavides, pretendieron tomar por asalto el control el Ministerio Público, lo cual se truncó en el último minuto por una resolución judicial.

Esos hechos, que evidencian lo descompuesto que es el actual régimen político, ocurren estando ya a nueve meses de las elecciones generales, lo que ha intensificado la carrera por el control de las principales entidades del Estado, por parte de los partidos del Congreso.

El gobierno es cómplice de estas maniobras porque el Congreso le brinda impunidad y protección ante una posible vacancia que haga adelantar la rendición de cuentas de Boluarte por sus crímenes. Los partidos que hoy controlan el Congreso también saben que pueden recibir el castigo de los votantes, y sobre todo enfrentan, ya sea como organizaciones, o como individuos, procesos judiciales por los que pueden terminar en la cárcel. Esto sin contar que tienen intereses millonarios en negocios como la minería ilegal que dependen estrechamente del poder que ellos detentan en el Congreso.

Los sectores vinculados al fujimorismo y sus aliados apristas ya cuentan con influencia decisiva en entidades como el Tribunal Constitucional, la propia JNJ y la Defensoría del Pueblo. También tuvieron el control del Ministerio Público con Benavides, y lo perdieron por los destapes de la compra de congresistas.

Pero volverán a la carga porque estos sectores quieren asegurarse impunidad por los crímenes que se les imputa, y además ganar más votos en la principal entidad del sistema electoral que es el Jurado Nacional de Elecciones. Esa es la estrategia que viene siendo ejecutada por el fujimorismo, y respaldado subsidiariamente por el “acuñismo”, el “lunismo” y el “cerronismo”, principalmente.

Un gobierno y un Congreso que la patronal defiende

El poder económico no es ajeno a estas movidas. El empresariado circula la idea que la política y la economía van por cuerdas separadas, pero la verdad es que todo lo que ocurre en el plano político está convalidado por el poder económico que tiene mucha influencia en todos los ministerios. El precio de eso es evidente, el gobierno y el Congreso privilegian al empresariado impulsando leyes como la “Ley Clímper 2.0” que perenniza las magras condiciones laborales, así como las exoneraciones o reducciones tributarias.

Los organismos financieros internacionales, como el FMI, también sostienen el actual orden político aprobando el manejo económico del gobierno, que les favorece principalmente a ellos. Es un libreto que viene desde los noventa, por eso en lugar de partidos con proyectos al servicio de los intereses nacionales y populares -al menos en alguna medida-, lo que abundó y abunda son proyectos de derecha, de centro y hasta de izquierda que, llegado el momento, pusieron el gobierno en piloto automático orientado a los beneficios del gran capital, mientras promovían sus intereses particulares, en todos los casos vinculados con la corrupción desde el poder.

Una movilización nacional que no puede esperar al 2026

Como se ve, con el actual gobierno y Congreso, la amenaza contra los intereses y derechos democráticos populares es permanente, incluso en medio del proceso preelectoral, y plantean la necesidad de una movilización nacional que derrote el autoritarismo y abra la posibilidad de soluciones a las principales demandas sociales.

Lamentablemente, dentro de las candidaturas que se perfilan para las próximas elecciones generales, no hay ninguna que represente estrechamente con los sectores que han estado a la vanguardia de las movilizaciones. Los sectores de la izquierda oportunista y reformista que reclaman el espacio político de los movimientos sociales más bien arman sus candidaturas divorciadas de esas luchas. Por eso esos sectores tampoco proponen una plataforma y un plan de lucha para defender, hoy mismo y sin esperar el 2026, los intereses populares frente a los ataques y amenazas del gobierno, el Congreso y la patronal.

Por eso es correcto el camino que han tomado un significativo número de organizaciones obreras y populares, de movilizarse de manera independiente por la solución de sus demandas, un camino que requiere ser continuado con avances en la organización y coordinación y la construcción de una dirección política por un cambio real en el país.

Unir las luchas para echar a Boluarte, su Congreso corrupto y gestar una salida desde abajo

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Por Partido Socialista de los Trabajadores

El agravamiento de la crisis nacional en todos sus aspectos no tiene fin, y cada día caemos más hondo como producto del régimen que encabeza Boluarte, sostenido por la corrupta mayoría congresal y el empresariado.

Las consecuencias de esta situación las sufren las mayorías: una economía semiparalizada que incrementa el desempleo y la pobreza, un Estado que abandona la educación y la salud públicas, así como la lucha contra la criminalidad, y un empresariado que, aprovechando este contexto, aplica despidos y precariza aún más el empleo.

Por otro lado, el repudio al gobierno y al Congreso es casi unánime entre las bases populares, donde diversos sectores se movilizan constantemente con distintas reivindicaciones. Estos días, por ejemplo, hay protestas contra el intento del oficialismo de tomar el control de la Fiscalía de la Nación, buscando colocar al frente de ella a una de sus operadoras, como Patricia Benavides, exfiscal destituida y procesada por corrupción.

Las demandas de las luchas actuales apuntan a una única solución de fondo: ¡Abajo Boluarte!, cierre del Congreso y elecciones para una Asamblea Constituyente libre y soberana. Una salida verdaderamente democrática a la crisis nacional, por la que se rebeló el sur andino entre 2022 y 2024 y que fue reprimida con sangre por el régimen.

Frente a esto, en los hechos existe un pacto entre toda la derecha, el centro democrático y la mayoría de la izquierda: encauzar la salida de la crisis mediante el calendario electoral de 2026. Es decir, dejar que Boluarte y el Congreso gobiernen hasta la sucesión «constitucional» del 28 de julio de 2026, mientras todos los sectores, incluida la «izquierda», se acomodan buscando posicionarse electoralmente para elegir o reelegir representantes en el nuevo Congreso que asumirá el próximo año.

De este modo, la mayoría de la izquierda se enfoca en concretar la llamada «unidad» para participar en las elecciones de 2026, su única opción para lograr una bancada después de su decepcionante desempeño durante y después del gobierno de Pedro Castillo.

En el colmo de la insensatez, esa «izquierda» llama a la «unidad» electoral para «derrotar a la dictadura fascista», cuando bajo el actual régimen —y mucho menos bajo una «dictadura fascista»— no existe posibilidad de elecciones libres y democráticas, como se evidencia en el intento de tomar la Fiscalía de la Nación para anular procesos contra candidatos corruptos y permitir su injerencia en el JNE.

La caída de Boluarte como resultado de la movilización popular cambiaría la correlación de fuerzas, empoderando al movimiento de masas y a la clase obrera frente a las fuerzas reaccionarias y la patronal, permitiéndoles arrancar las soluciones que exigen. En el sector privado, por ejemplo, un anhelo de las bases obreras es la derogación de la ley de ceses colectivos, pues mientras exista, seguirá siendo usada abusivamente por la patronal, como lo hace ahora, aplicando despidos para debilitar a las organizaciones sindicales.

Es este encaminamiento hacia la salida electoral lo que hace que las principales direcciones gremiales, como la CGTP y su apéndice, la ANP (Asamblea Nacional de los Pueblos), no hagan nada para unificar las luchas y menos para orientarlas hacia la caída de Boluarte y el cierre del Congreso. Estas aspiraciones no figuran en su agenda.

Ante esto, es posible y necesario buscar nuevas salidas. Por ejemplo, que los diferentes sectores en lucha, como transportistas y comerciantes —que ya han convocado paralizaciones en tres oportunidades—, converjan en una lucha unificada.

Desde las bases obreras y populares, es urgente discutir y preparar esta salida. La convicción es clara: si no lo hacemos, no habrá solución a los problemas nacionales, sectoriales y de las bases obreras, y la crisis seguirá profundizándose hasta límites insostenibles.

¿Qué hacer frente a la pugna por el Ministerio Público?

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Por Víctor Montes

Cuando el pasado lunes 16 de junio, Patricia Benavides intentó tomar la oficina de la Fiscal de la Nación, acompañada de un puñado de efectivos “Terna”, iniciaba un episodio más de la prolongada descomposición de la democracia patronal, pactada tras la caída de la dictadura fujimorista.

Los sectores reaccionarios, compuestos por el fujimorismo (Fuerza Popular), Renovación Popular, Avanza País, Acción Popular y APP, rápidamente mostraron su apoyo a Benavides. Fernando Rospigliosi, actual presidente de la Comisión de Constitución, miembro de la bancada fujimorista, responsabilizó a la “mafia caviar” por no acatar la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que ordenó reponer en el puesto de Fiscal de la Nación a Patricia Benavides.

Por su parte, el presidente de la JNJ, Gino Ríos Patio, llegó a instar a la Policía Nacional a hacer uso de la fuerza contra la Junta de Fiscales Supremos, ente directriz del Ministerio Público.

Esto, porque el retorno de Benavides no es un hecho aislado: hace parte de la feroz pugna entre la alianza reaccionaria ya mencionada por tener control directo de un conjunto de instituciones del Estado (Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, Junta Nacional de Justicia, Ministerio público…), en desmedro de los sectores que lo tuvieron los pasados 24 años, a quienes el pacto reaccionario llama “caviares”, conformado por la “izquierda” y los partidos “democráticos”.

En forma más precisa, el retorno de Benavides tiene por finalidad cubrirse las espaldas frente a la posible investigación de los delitos en los que los distintos partidos se encuentran comprometidos y, al mismo tiempo, utilizar políticamente al Ministerio Público como herramienta de persecución contra los opositores de dicha alianza reaccionaria.

¿Qué postura debemos adoptar los trabajadores y trabajadoras?

Desde esta perspectiva, nada ganamos los trabajadores y trabajadoras, ni el pueblo pobre del país, con el retorno de Benavides a la fiscalía de la nación.

Por el contrario, junto a otras medidas que viene aprobando el Congreso para garantizar la impunidad de los sectores reaccionarios y corruptos (Ley de amnistía, prescripción de delitos de lesa humanidad, inmunidad parlamentaria para delitos comunes, etc.) el retorno de Benavides significaría un retroceso en una de las pocas y muy parciales conquistas democráticas que arrancó el pueblo cuando echó abajo a Fujimori, Montesino y la cúpula de las FF.AA., quienes también controlaban la Fiscalía como arma de persecución.

Por eso, la clase trabajadora tiene la necesidad de rechazar su retorno a la fiscalía de la nación, y exigir a las dirigencias nacionales, que dicen “defender la democracia”, e incluso tildan al gobierno de Boluarte de “fascista”, que convoquen de inmediato a una movilización nacional de repudio a la intentona reaccionaria en el Ministerio Público, y contra el gobierno asesino de Boluarte, que la avala.

Los trabajadores y trabajadoras sabemos bien que la pasividad frente a la ofensiva patronal solo puede llevar a la derrota.

Por eso recordamos que la movilización es la única garantía de victoria, como cuando en las calles se echó abajo la “Ley pulpín”, o cuando tras el “baguazo”, cayeron las “leyes de la selva” que entregaban la amazonía a la explotación petrolera y maderera. Y tenemos más fresca aún la experiencia de echar abajo al nefasto Juan José Santiváñez, ex ministro del interior de la asesina Dina Boluarte, con el paro de los transportistas.

La (vergonzosa) respuesta de los sectores “democráticos”

Sin embargo, de manera vergonzante, esas dirigencias y sus partidos, incluida la mal llamada “izquierda”, se contentan cobardemente con realizar impotentes vigilias y pronunciamientos institucionales, dentro del juego de la legalidad patronal.

Con esa orientación, que ignora la lucha directa en las calles, solo se allana el camino a la intentona reaccionaria, que ya alista denuncias constitucionales contra la actual Fiscal de la Nación, con lo que intentarán pasar nuevamente a la ofensiva en este asunto.

Ir más allá de la “defensa de la democracia”

¿Es posible detener al fujimorismo y compañía en su cruzada reaccionaria? La experiencia histórica de la lucha obrera dice que sí, siempre que se enfrente dicha ofensiva con la movilización.

Sin embargo, la experiencia también dice que, una y otra vez, la patronal y sus sectores más reaccionarios vuelven a la ofensiva después de un tiempo. Y peor aún, que esa misma patronal que hoy se declara “democrática”, mañana aplaudirá al dictador de turno, con tal de asegurar sus ganancias.

Por eso, en un sentido estratégico, la única forma de “defender la democracia” para la clase obrera, es ir más allá de la democracia de los patrones, para imponer una democracia obrera y popular, que garantice el poder de las organizaciones de lucha de los trabajadores y el pueblo. Esto es, su propio gobierno, donde todos los funcionarios y funcionarias sean electos y revocables en cualquier momento, ganen lo mismo que una maestra de escuela pública, etc.

¿Qué unidad necesitamos para enfrentar a la reacción?

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Por Víctor Montes

Desde distintos sectores políticos “de izquierda” vuelven a escucharse los llamados a la “unidad”. Por supuesto, cualquier trabajador y trabajadora consciente reconoce la necesidad urgente de la unidad como requisito para el triunfo de sus intereses. Visto así, todo llamado unitario es lógico y bien recibido.

Sin embargo, la unidad de la que habla esa “izquierda” no tiene el propósito de concretar acciones de lucha que conquisten, por ejemplo, la derogatoria de la Ley de ceses colectivos, la solución de los pliegos de reclamo, o echar abajo la contrarreforma laboral que el gobierno mantiene en ciernes. Mucho menos recuperar nuestros recursos naturales, la tierra, o la convocatoria a una Asamblea Constituyente, como hizo el Sur.

No. De lo que está hablando esa “izquierda” es de elecciones. O como claramente plantea el ideólogo de Nuevo Perú, Álvaro Campana, la “construcción de alianzas que nos permitan superar la fragmentación política, resistir al régimen autoritario y sentar las bases para una auténtica salida constituyente”.

Como contrapartida, la más importante victoria obrera desde la derogación de la “Ley Pulpín”, la derrota del cese colectivo en Celima, muestra un camino distinto, el de la lucha directa, y que la unidad que necesitamos hoy, es para luchar por la derrota de la ofensiva patronal contra los trabajadores y el pueblo, derrotando al gobierno asesino de Dina Boluarte, y a los partidos reaccionarios y corruptos que dominan el Congreso.

Dos estrategias

Esta diferencia hace a dos estrategias absolutamente opuestas entre esa “izquierda” que quiere llegar a ser gobierno por la vía electoral, y la estrategia revolucionaria que defendemos desde el Partido Socialista de los Trabajadores, que apuesta a un levantamiento general, unitario y nacional de los trabajadores y trabajadoras a la cabeza de la lucha de todo el pueblo, que ponga el poder de decidir los destinos del país en manos de sus organizaciones de lucha.

Esas dos estrategias se basan en dos comprensiones del mundo también completamente distintas: para esa “izquierda”, la pelea es por “defender o conquistar derechos”, pero sin romper con los marcos impuestos por la patronal y su “régimen democrático”.

Por eso nos pintan un marco en el que supuestamente nos encontramos “…ante una pugna decisiva frente a un bloque ultraderechista que ha capturado el aparato estatal y desmonta derechos a diario”.

Nadie puede dudar de la ofensiva reaccionaria y corrupta que ha puesto en marcha la patronal y sus partidos políticos, como muestra de la descomposición del régimen democrático pactado por ellos mismos a la caída de la dictadura fujimorista. Sin embargo, como decimos en otro texto, pretender hacer frente a dicha ofensiva mediante las alianzas electorales y el voto, no hace más que desorientar a las masas obreras y populares. Las embarca en un viaje estéril de expectativas en las leyes e instituciones, y las desarma frente al peligro de una escalada autoritaria al no educarlas en el método de la movilización, el único que le puede hacer ganar confianza en sus propias fuerzas.

Lo que necesitamos, incluso aceptando la necesidad de transitar por el terreno electoral, mientras exista en la clase trabajadora y el pueblo alguna expectativa con la democracia patronal, es potenciar la desconfianza en la misma democracia de los patrones, y como contrapartida, fortalecer la confianza en la organización y lucha directa de los trabajadores, trabajadoras y el pueblo. Y así, enfrentar la ofensiva reaccionaria y patronal luchando unitariamente en las calles.

Y para eso, la única postura correcta es la que nos han mostrado los obreros de Celima, que sin abandonar las tareas administrativas impuestas por los trámites del Ministerio de Trabajo, jamás abandonaron la movilización, hasta la derrota del cese colectivo.

En todo caso, si no ganaron antes, pues tuvieron que esperar casi 11 meses, y si no se avanzó más, echando abajo la Ley de ceses colectivos, ha sido por responsabilidad de esas mismas organizaciones que se dicen “de izquierda”, que estando al frente de sindicatos y centrales sindicales, no tomaron el camino que mostró el sindicato Celima y no convocó a alguna acción nacional que ponga por delante la derrota de los ceses colectivos.

Por eso necesitamos construir la unidad obrera y popular, pero en el terreno de la lucha, y subordinar cualquier acuerdo electoral o candidatura, al fortalecimiento de la organización y acción de lucha de los trabajadores, trabajadoras y el pueblo. Pero eso es exactamente lo contrario a lo que esa “izquierda” nos pide hacer.

¡Derrotamos los despidos masivos en Celima! ¡Un triunfo histórico de la clase obrera!

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Por Manuel Fernández

A lo largo de nuestra existencia como sindicato, hemos sido testigos de cómo el uso patronal de la norma sobre ceses colectivos y su apéndice, la suspensión perfecta de labores, ha sido un golpe letal para los trabajadores y sus organizaciones, que muchas veces terminan reducidas o simplemente desaparecen.

Hemos acompañado a los sindicatos de Papelera Atlas, Papelera Nacional, Cogorno, BSH, Hialpesa y muchas otras bases en sus luchas contra los ceses colectivos. Incluso formamos parte de coordinadoras sindicales para enfrentarlos. Sin embargo, la desidia de las principales direcciones no permitió romper el aislamiento de esas luchas ni derrotar esas normas, lo que normalizó su aplicación y las convirtió en un problema que solo se aborda en el terreno legal. Esto ha permitido que las patronales, desde sus poderosos estudios de abogados con influencia en el MINTRA, avancen en su aplicación, infligiendo golpes a la clase trabajadora.

En ese contexto, luego de un período de bonanza de más de 20 años en el sector cerámico, la empresa Celima decidió implementar un cese colectivo, alegando motivos económicos y estructurales. La medida buscaba eliminar de un solo golpe 220 puestos de trabajo y, con ello, debilitar o desaparecer al sindicato.

Primer cese colectivo: Celima saca el garrote

El 7 de agosto de 2024, la patronal Celima inició el procedimiento de cese colectivo ante el MINTRA, afectando a 220 trabajadores, en la que incluyó a toda la junta directiva del sindicato y a los principales activistas de las tres plantas. La base respondió rápidamente, pues ya veía venir esta medida. Se trataba de luchar, no de seguir la dinámica de dispersión o del «sálvese quien pueda» que otras bases hacían, dejando todo en manos de sus abogados. Por eso, el arranque fue crucial para establecer una perspectiva de lucha hasta derrotar los despidos.

Nace el Comité de Lucha

En respuesta, conformamos un Comité de Lucha, organismo vital para el desarrollo y el resultado final de esta pelea. Se integró con los compañeros más experimentados y dispuestos a liderar, aplicando lo que mejor sabemos hacer: luchar en las calles.

Organizamos asambleas y las primeras movilizaciones, algunas en los alrededores del centro financiero de San Isidro, donde se ubica la oficina administrativa de la empresa, acompañados de nuestras familias y sostenidos por ollas comunes. Así dejamos claro que la lucha recién comenzaba.

Después de tres meses de lucha, el MINTRA declaró nula la solicitud del cese colectivo por incumplimiento de requisitos y ordenó la reposición inmediata y el pago de los salarios no percibidos. Como era de esperarse, la patronal no cumplió la resolución y, en su lugar, preparó un nuevo procedimiento de cese colectivo.

El segundo cese colectivo: Celima va con todo

El 5 de noviembre de 2024, la empresa inició el segundo procedimiento de cese colectivo, con una lista de 119 trabajadores que resistieron el primer intento. Así la patronal dejaba al descubierto no solo su plan de eliminar nuestro derecho al trabajo, sino también su objetivo de liquidar a nuestra organización sindical.

Esta vez, el MINTRA aceptó y dio trámite al expediente, comprometiendo nuestra situación. El proceso podía extenderse por más de un año.

Ante esto, ajustamos nuestro plan. Afinamos actividades para autofinanciarnos, como la chocolatada navideña «Niño de los despedidos de Celima», realizada el 28 de diciembre frente a las oficinas de la empresa en San Isidro.

Iniciamos esta lucha solos, pero pronto un sector de la clase obrera empezó a acompañarnos. Ripley, SUTTP, San Lorenzo, Kola Real y otros vieron cómo implementábamos jornadas de lucha, exigiendo la derogatoria de la ley de ceses colectivos y llamando a la acción conjunta.

La Dirección Regional de Trabajo aprueba el cese colectivo en dos instancias

Ninguna lucha es fácil. El 24 de febrero de este año, la Dirección Regional del MINTRA emitió una resolución aprobando la solicitud de la empresa. Fue un balde de agua fría. Todo nuestro esfuerzo parecía en vano.

Entendimos que nuestra lucha no era solo contra la empresa, sino contra el gobierno, sus instituciones y el modelo económico de libre mercado, que busca liberalizar el mercado laboral, priorizando las ganancias sobre los trabajadores.

También criticamos el rol pasivo de direcciones como la CGTP y la FETRIMAP ante los ceses colectivos, que no hacían nada efectivo para frenarlos o derogar la norma.

Por eso, nuestra lucha también exigía a las direcciones nacionales responder con una Huelga General contra los ceses y otros atropellos, y así logramos empujar nuevas jornadas de lucha convocadas por la FETRIMAP y posicionarnos en las movilizaciones de la CGTP.

En la última fase, solo nos quedaba el recurso de revisión ante la DGT. Con la asesoría del Dr. Gutiérrez y su equipo, presentamos argumentos sólidos: Celima no estaba en crisis económica ni en riesgo de insostenibilidad. El MINTRA buscaba ampliar los despidos masivos, alineado con medidas como el RIA (Remuneración Integral Anual), que pretende suprimir conquistas laborales.

El problema no era técnico, sino político. Detrás de estos ardides legales estaban la CONFIEP y asesorías como el Estudio Muñiz, presionando al MINTRA para endurecer medidas antilaborales.

La fase final y decisiva: nuestro recurso de revisión en la DGT

No bajamos la guardia. Organizamos charlas en las puertas de la fábrica para concientizar sobre la unidad y la lucha. Las muestras de solidaridad crecieron, llegando a nivel nacional e internacional.

Llevábamos más de 300 días sin percibir salarios y luchando en las calles. Decidimos acampar frente al MINTRA, recuperando una acción clásica de la lucha obrera. Con carpas, una olla común y el sonido de chicharras y pirotécnicos, resistimos una semana bajo el frío limeño, ganando el apoyo de la clase trabajadora.

El MINTRA esperó hasta el último minuto para emitir su resolución. El 23 de mayo, finalmente, la DGT revocó las resoluciones anteriores, ordenando la reposición y el pago de los salarios no percibidos. Un triunfo en toda regla.

La lucha nos devolvió nuestra dignidad como trabajadores

Nunca perdimos la confianza. Sabíamos que la lucha era el único camino. Hoy retomamos nuestras labores, agradeciendo a cada organización y compañero y compañera que nos apoyó. Este triunfo es fruto de sudor, lágrimas y privaciones.

Sin embargo, la lucha continúa. La norma de ceses colectivos y la SPL siguen vigentes, cobrando más víctimas. En Celima, el plan de reestructuración no ha terminado y apunta a un nuevo cese en la Planta 2.

Nuestra lucha es una de las más importantes de la clase obrera en la historia reciente. Ha inspirado a otras organizaciones a defender sus derechos y demostrado que la única salida es organizarse y luchar unidos en las calles.

Ahora, desde las bases, debemos exigir la derogatoria de estas normas y otras que afectan a los trabajadores. Y esto solo lo lograremos con la unidad de la clase obrera y una Huelga General, una tarea pendiente en manos de la CGTP y la FETRIMAP.

Los trabajadores ante la grave crisis nacional

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En medio de la grave crisis nacional, la clase trabajadora es la única que tiene la posibilidad y el deber de encabezar la lucha por una salida.

Hace unos años, durante la pandemia del COVID-19, creímos vivir la peor pesadilla de nuestras vidas. Aquella crisis dejó más de medio millón de muertos, afectando principalmente a los más vulnerables y a quienes tenían menos recursos. Además, más de un millón de trabajadores fueron despedidos y la economía popular se hundió, disparando los niveles de pobreza.

Hoy, con la expansión del crimen organizado, vivimos una pesadilla igual o peor. Las extorsiones y los asesinatos se han vuelto pan cotidiano, haciendo imposible la vida de los trabajadores y los más pobres. Y lo más indignante es que, si antes enfrentábamos un virus desconocido contra el que no había vacuna, ahora estamos ante simples bandas criminales que actúan impunemente debido a la inoperancia y la crisis del Estado y del gobierno. Mientras tanto, los capitalistas ajustan más a los trabajadores e incluso en la crisis encuentran nuevas oportunidades de negocios, incrementando sus ganancias.

Peor aún, quienes hoy gestionan el Estado –la alianza Boluarte-Congreso– son tan ineptos, corruptos y delincuenciales como las mismas bandas que dicen combatir. No solo permiten su expansión, sino que, al parecer, hasta las incentivan.

No es casual, entonces, que el descontento nacional se dirija contra el gobierno y que en todo el país resuene el grito de «¡Fuera Dina!«. Incluso las clases medias que respaldaron al gobierno golpista entre 2022 y 2023, cuando el sur se alzó, ya no la toleran. Y aunque la presidenta apresuró la convocatoria a elecciones generales –buscando que más de 40 candidatos distraigan a la población–, y sus aliados en el Congreso la siguen sosteniendo pese a que se distancian de ella con censuras e interpelaciones, la continuidad de Boluarte se hace más difícil cada día.

Por eso, hoy más que nunca, debemos discutir la salida que realmente necesitamos. Desde los sectores obreros y populares, apostamos por la movilización: un Paro Nacional convocado por las centrales sindicales y organizaciones populares, que no solo exija la salida del gobierno, sino que también impulse las demandas urgentes de los trabajadores: No a Tía María, reactivación del Gasoducto Sur, fin de los despidos masivos… La solución no está en las elecciones, donde solo se nos ofrece el mismo menú de políticos corruptos al servicio de las multinacionales. La verdadera salida está en la lucha organizada.

Pero, ¿quién debe reemplazar a Boluarte? ¿Debemos confiar en que el Congreso elija otro gobierno? No.

Recordemos lo que pasó en las últimas elecciones. Tras la catástrofe del COVID-19, y como castigo a las políticas criminales del Estado y la burguesía que condenaron a morir a los trabajadores y los pobres, eligieron a Pedro Castillo con la esperanza de lograr cambios. Pero todos vimos lo que ocurrió después: lo acusaron de comunista y terrorista, lo sabotearon desde el primer día, y tras un año y medio de ataques, lo vacaron. Luego vino la represión sangrienta contra la rebelión popular, justificada con la misma campaña de miedo que logró alinear a las clases medias urbanas detrás de la reacción.

Todo esto lo hicieron el fujimorismo y los sectores más reaccionarios, en nombre de la «democracia», la «lucha contra la corrupción» y la «recuperación económica». Pero lo cierto es que establecieron un régimen tan autoritario y corrupto como el de Alberto Fujimori: el gobierno de Dina Boluarte, que cada día nos hunde más mientras beneficia a las multinacionales y los más ricos. Y ahora que su gobierno se desmorona, nos quieren vender la misma salida de siempre: elecciones.

No habrá solución en las urnas. La verdadera salida es la que planteó la rebelión del sur: una Asamblea Constituyente que no solo cambie las reglas del juego, sino que impulse los grandes cambios que el país necesita: nacionalización de las minas y los monopolios, para redistribuir la riqueza y garantizar educación, salud, vivienda y trabajo digno para todos.

Pero la lucha por la Constituyente está ligada a una pregunta clave: ¿Quién gobernará para aplicar estas medidas? Necesitamos un Gobierno de los Trabajadores y los Pobres, el único capaz de realizar los cambios profundos que se necesita.

Para lograrlo, debemos construir una dirección que de verdad organice las fuerzas de la clase obrera y unifique su lucha por esta salida, como la que planteamos desde el Partido Socialista de los Trabajadores.

La movilización del 1° de Mayo es una oportunidad para movilizarnos con fuerza, con nuestras banderas y organizaciones, y empezar a dar los pasos por encabezar desde la clase obrera la lucha por una salida real a la crisis del país.

Aumenta la lucha social contra el sicariato y el gobierno

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En marzo, el asesinato de un cantante popular por parte de sicarios provocó una reacción combativa de los artistas populares y fue el desencadenante de una movilización nacional que terminó enfrentando al gobierno y los partidos del Congreso que lo respaldan, tal como lo hicieron el año pasado los transportistas, comerciantes y pequeños productores. En abril, nuevos asesinatos de transportistas provocaron un estallido de mayores proporciones que volvieron a cuestionar la permanencia del gobierno con el cual la delincuencia, la común y la política, escala aceleradamente.

La multitudinaria movilización popular del 21 de marzo tuvo un resultado con sabor a victoria, que fue la caída del entonces inamovible ministro del Interior, brazo de un gobierno que podría ser calificado simplemente de inútil si no fuera por su responsabilidad directa en el crecimiento del crimen organizado, tanto el de las extorsiones como el crimen organizado en los linderos del Congreso y de Palacio de Gobierno.

Las bancadas que mantienen de hecho un pacto con el gobierno, Fuerza Popular que es heredera de la dictadura fujimorista; Alianza para el Progreso del impresentable César Acuña; Avanza País y Renovación Popular, los adalides de la ultraderecha criolla; Podemos de Luna Gálvez, implicado en el caso los “gánster de la política”; y Perú Libre y la mayoría de sus grupos desmembrados que enlodan el concepto de una izquierda política; todos trabajan conjuntamente para blindar al gobierno desde que fuera impuesto de manera ilegítima al costo de decenas de muertos.

Pero la multitudinaria movilización popular, que se sobrepuso al estado de emergencia decretado por el gobierno, y que fue seguida por otras movilizaciones de sindicatos obreros que vienen luchando contra los ceses colectivos y otros sindicatos en la lucha por sus demandas, obligó a posturas de cálculo electoral, especialmente de la bancada fujimorista, que terminó posibilitando la censura, y también a la aprobación de la interpelación al premier y dejando otras cuatro interpelaciones en camino.

Nueva escalada con el regreso de los transportistas

Como era previsible la situación no cambió y la criminalidad sigue avanzando, y el gobierno y los partidos del Congreso parecen más interesados en fomentar la inseguridad para explotar el miedo de la población con fines políticos; por ejemplo, pocos recuerdan siquiera cómo se llama el nuevo ministro del Interior.

A los pocos días, grupos de padres de familia protestaban por el recrudecimiento de las extorsiones que ya comenzaron a amenazar hasta a los alumnos y sus familias; y, muy poco después, más transportistas cayeron acribillados por sicarios, motivando esta vez un estallido social, o algo poco menos, que desembocó en un paro contundente del transporte el 10 de abril.

La inseguridad ciudadana, que desde hace unos años escaló en las encuestas de opinión a los primeros lugares de importancia, se ha transformado en clamor por la vida y, lo que es más destacable, en una bandera de lucha de masas en las calles.

Como si todo esto no fuese suficiente, el gobierno muestra más signos de su descomposición como la intoxicación masiva de escolares por causa de un esquema de corrupción vinculada a mafias proveedoras de alimentos contaminados a los programas sociales del Estado, primero Qali Warma y luego a Wasi Mikuna. También el relajamiento del control a los mercaderes de la salud, como el oligopolio Medifarma que comercializó suero fisiológico contaminado causando la muerte de por lo menos cuatro personas y muchos casos de gravedad.

“Mano dura” contra quiénes

Las luchas sociales contra la criminalidad, que enfilan contra el gobierno y el Congreso porque son visto como el principal obstáculo para una solución, por inacción o por funcionalidad con el crimen, solo pueden vislumbrar el comienzo de una solución poniendo fin a ese gobierno y ese Congreso. La lucha unitaria es el principal desafío en ese sentido ya que no faltan sectores que cifran esperanzas en mesas de trabajo como la convocada por el Congreso, o peor aún sectores que caen atrapados en el discurso demagógico de la “mano dura” que las autoridades enarbolan para no hacer nada.

Los sectores de extrema, que están comprometidos hasta el tuétano con el actual gobierno y su desastrosa política, son los más cínicos embaucadores que, para no hacer nada contra el crimen, hablan de “pena de muerte”, “estado de emergencia”, “retiro de la Corte Interamericana”, “cambiar de nombre al sicariato por terrorismo”; mientras tanto meten de contrabando leyes que protegen a la criminalidad, a sus propias organizaciones; incluso mientras blindan a Dina Boluarte y archivan acusaciones como la de los asesinatos y la del caso Rolex, y seguro seguirá el mismo camino el caso de las cirujías.

Aprovechan, eso sí, el pánico de la población que ellos mismos avivan, para aprobar y promulgar leyes como la reciente que autoriza a policías “usar armas de fuego en casos de flagrancia”. Con el antecedente de los asesinatos de 2022-2023, esta ley parece más destinada a reprimir las protestas sociales con armas de fuego.

Proceso electoral en contexto de luchas sociales

En medio de la crisis por el escalamiento del crimen, el gobierno en su desesperación adelantó la convocatoria a las elecciones generales 2026. Con ello busca que las más de 40 organizaciones políticas se lancen a la disputa electoral y así eludir las presiones sobre Palacio. Sin embargo, la situación para las masas trabajadoras sigue siendo un caldero que anuncia un proceso electoral con más luchas, no con menos.

Para los luchadores sindicales y populares consecuentes, la necesidad seguirá siendo la lucha por la derrota del actual gobierno y el pacto de la corrupción que la sostiene, y en ese sentido el fortalecimiento de sus organizaciones, el avance de las coordinaciones y el forjamiento de una nueva dirección de esas luchas no solo para medidas concretas que frenen al sicariato y las extorsiones, solución al impacto de las lluvias y huaicos, reposición de los trabajadores despedidos por ceses colectivos; sanción por los asesinatos del 2022-2023.

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