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Crisis de abastecimiento de gas desvela fracaso neoliberal

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Por Víctor Montes

Cuando el pasado 1 de marzo, se reportó una fuga y posterior deflagración en la estación “Megantoni”, del único ducto que transporta el gas que se extrae en Camisea, no era complicado anticipar la crisis que se vendría.

No solo por la ineptitud del gobierno Balcázar, recientemente elegido en reemplazo de Jerí, que tardó tres días en declarar en emergencia el abastecimiento de gas. Sino fundamentalmente por la lógica del modelo económico neoliberal, impuesto por la dictadura de Fujimori y perpetuado por todos los gobiernos tras el “retorno a la democracia”, de Toledo a Balcázar. Lógica que entrega nuestros recursos naturales a las transnacionales privadas para que hagan grandes negocios, mientras tanto, después de 21 años de iniciada la explotación del gas en Camisea, solo existe un ducto para el transporte del gas.

El impacto de la crisis

La crisis de abastecimiento ha puesto en riesgo la producción eléctrica del país. El 50% de la misma se encuentra a cargo de plantas termoeléctricas abastecidas desde Camisea.

Otro tanto ha sucedido con la industria. Promocionada como energía barata y accesible, buena parte de la gran industria está conectada a Camisea. Se estima que por lo menos un millar de centros fabriles se han visto privados de su fuente de energía.

También se ha afectado la producción de gas licuado de petróleo (GLP), paralizada desde el inicio del racionamiento, que se produce en la planta de Pisco a partir del fraccionamiento de los líquidos del gas natural. Dicha planta es responsable del 80% del GLP nacional, aproximadamente, incluyendo el uso doméstico y vehicular, con su consecuente encarecimiento en el mercado.

Por último, miles de taxistas, y particulares que abastecen sus automóviles con gas natural vehicular (GNV) y GLP. 

Y como no hay alternativa para el abastecimiento, muchos de los sectores afectados han tenido que recurrir al diesel y a la gasolina, elevando sus precios, justo cuando los precios internacionales han estado al alza debido a la guerra desatada por el imperialismo estadounidense y el estado sionista de Israel contra Irán.

El cinismo del gobierno… y del modelo

Pero nada de esto resulta “escandaloso” para el gobierno y, sobre todo, para el modelo económico. Como dijo el ministro de energía y minas, Angelo Alfaro, con el cinismo que acostumbran destilar estos funcionarios agentes de las transnacionales y el capital:

“…No queda más que, como dicen, ajustarse el cinturón y seguir para adelante…”

Para ellos está claro que las empresas nunca pierden. Basta decir que la empresa responsable del gas, Transportadora de Gas del Perú, vio crecer sus utilidades en más de 140%, entre 2015 y 2024, pasando de 108 millones a 269 millones de dólares. Acumuló así más de 2.224 millones de dólares en ganancias. Esto no impidió que no construyera el ducto de redundancia que tenía un costo aproximado de USD 600 millones, y que hubiera mantenido el suministro de gas estable. Todo de acuerdo a una investigación del portal Ojo Público.

Lo mismo sucederá en las fábricas, donde ante la paralización de la industria se ha enviado a la clase obrera de vacaciones adelantadas. Medida que será pretexto para que la patronal se niegue a resolver los pliegos de reclamo, al tiempo que intentará imponer cambios en los horarios e incrementará los ciclos de las máquinas para “recuperar” la producción perdida, aumentando la explotación.

Y en cambio el pueblo pobre, debe “ajustarse el cinturón” y pagar el costo de la crisis de abastecimiento, que se sentirá en los precios del balón de gas, los pasajes y la electricidad, encarecidos por el racionamiento.

El responsable es el saqueo capitalista

Por eso afirmamos que la crisis desatada muestra ante todo el fracaso del modelo económico neoliberal, que entrega nuestra economía y recursos al dominio transnacional. 

Un modelo que ha vendido la ilusión de un país que crece. Un país que se enorgullece de su “moneda fuerte” y que camina en “piloto automático”, pero que mira a otro lado cuando las crisis lo ponen frente al espejo y evidencia la pobreza,  desigualdad y precariedad que reina en el país.

El único ducto por el que sale el gas de Camisea es la prueba palpable de la indolencia del capital, el cual ha descartado hasta ahora la construcción de nuevos ductos, por falta de “mercado” para la venta del gas. 

Del mismo modo que durante 1845 a 1968, los ferrocarriles unían los centros mineros con los puertos solo para extraer sus productos y obtener ganancias sin preocuparse por conectar al conjunto del país, hoy el gasoducto administrado por Transportadora de gas de Perú (TgP), conglomerado transnacional dominado por Pluspetrol, solo garantiza la conexión con aquellos lugares que le ofrecen ganancias.

Así se llega al absurdo de que, mientras Lima tiene la posibilidad de usar gas en los hogares, en la región en donde se produce, Cusco, recién se ha iniciado la conexión domiciliaria este 2026, 21 años después del inicio de las operaciones de extracción de gas en Camisea. Y en regiones aledañas, como Puno, se piensa iniciar la conexión a finales de año, razón por la cual el mercado del gas barato (GLP), es cubierto por el contrabando proveniente desde Bolivia.

No debe sorprender que bajo esa lógica, el llamado “gasoducto sur”, que hoy habría sido una alternativa ante la deflagración, haya sido rechazado, en primer lugar, y luego tomado por la constructora brasileña Odebrecht, durante el gobierno de Ollanta Humala, bajo la sombra de la corrupción, solo para quedar paralizado.

Y al mismo tiempo que la crisis pone en evidencia el fracaso del “libre mercado” para satisfacer las necesidades básicas de la población, Petroperú, ya semiprivatizada desde que cotiza en bolsa, se encuentra al borde de ser deshuesada y entregada plenamente a ese mismo indolente e incompetente capital privado.

De ahí que, contrario a lo que divulga la propaganda neoliberal, el capitalismo descarnado bajo dicho modelo condena a la postración a enormes partes del territorio nacional, privado del disfrute de sus recursos naturales y del desarrollo que ni siquiera “gotea”.

Necesitamos organizar la lucha por la recuperación de nuestros recursos

Por todo lo dicho, debería estar claro que la única salida estratégica para resolver este problema es la recuperación del gas de Camisea. Esto es, su nacionalización para poner las ganancias de su explotación al servicio del desarrollo nacional y fundamentalmente para garantizar el abastecimiento de energía barata y menos contaminante para el pueblo pobre, comenzando por los pueblos del Cusco y el sur del país.

Y la estatización del gas debe realizarse sin pagar ninguna indemnización a las empresas que lo han explotado todo este tiempo, pues ya se han llenado los bolsillos y pagado con creces la tan mentada inversión, gracias a las ganancias obtenidas en 21 años vendiendo el gas y sus derivados.

Y para lograrlo es necesario iniciar una gran lucha nacional que exija la nacionalización de nuestros recursos naturales, tal como plantearon los pueblos del Sur durante el levantamiento entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.

Ese fue el camino del hermano pueblo boliviano, que tras echar a dos presidentes (Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Meza), impuso al primer gobierno de Evo Morales, en 2006, la obligación de nacionalizar el gas de dicho país, obteniendo importantes recursos.

Y el momento es hoy, que ha quedado desnuda la farsa neoliberal. Es preciso discutir en cada fábrica, mina, universidad y barrio, la necesidad de generar una gran movilización por la recuperación del gas, el petróleo y las minas, y apuntar a una medida de carácter nacional para imponer así su recuperación a iniciar la conexión de todo el país.

La trampa electoral

Las principales direcciones del movimiento de masas, son las que deberían tomar la batuta en esta pelea. Sin embargo, como cada vez que hay elecciones, han metido la cabeza en la urnas y renuncian a encabezar acciones combativas por la solución inmediata a las demandas obreras y populares. 

Peor aún, nos piden que posterguemos nuestras luchas para votar por ellos, ofreciendo solucionar nuestras vidas, de llegar al gobierno o al Congreso. Pero nada de eso es cierto.

La historia reciente (Odebrecht) ha demostrado también que quien pone la plata, es quien cobra los favores a los que llegan al gobierno. Y en el caso de las elecciones actuales, ni siquiera los candidatos “de izquierda” se han pronunciado demandando la recuperación/nacionalización del gas.

Romper con el modelo y conquistar la soberanía nacional

Por eso resulta clave poner rumbo a la lucha directa, levantar las banderas que el Sur puso en la agenda, desde la recuperación de los recursos hasta la constituyente, y con esto romper con el dominio económico de las transnacionales imperialistas sobre el país. Y junto con esto, hay que luchar contra la privatización final de Petroperú, quien deberá hacerse cargo de la exploración, explotación y distribución del petróleo y el gas, bajo control de sus trabajadores y las comunidades afectadas.

Esto es, conquistar nuestra soberanía respecto de los mandatos y el control económico de las empresas transnacionales imperialistas, que han dominado la escena nacional desde el nacimiento del país como república independiente.

Es una tarea inconclusa, que desde la dictadura fujimorista se hizo más urgente, ante la entrega alevosa del país a los apetitos empresariales transnacionales.

Solo será el pueblo pobre, con su acción de lucha, y con una dirección obrera al frente, el que podrá llevar a la victoria esta pelea urgente, para que no hayan nuevas crisis de abastecimiento y rompamos la condena de pobreza y exclusión que el capitalismo neoliberal ha cernido sobre el país.

¿Habrá salida al problema de la criminalidad en las próximas elecciones?

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Por Víctor Montes

Cuando Amílcar Marcano, chofer de “El Rápido”, cayó abatido por los disparos de un sicario mientras manejaba su unidad por San Martín de Porres, el pasado 14 de febrero, Lima y Callao se encontraba en el día 115 del “estado de emergencia” declarado por el entonces presidente José Jerí.

Un estado de emergencia que, a todas luces, hacía tiempo había fracasado frente al crimen organizado, como evidencian las cifras.

De acuerdo al Sistema Nacional de Información sobre defunciones (Sinadef), desde el inicio del estado de emergencia, el 22 de noviembre, hasta el 3 de febrero pasado, es decir, pasados 104 días, se habían producido 244 asesinatos en Lima y Callao, a un ritmo de casi 6 homicidios por día.

Para tener elementos de contraste, durante los 3 meses anteriores a la declaratoria del estado de emergencia, el mismo Sinadef había registrado 250 asesinatos en la ciudad. Apenas 6 asesinatos por debajo.

Y si miramos el país, las cifras no son mejores. En todo el Perú se han registrado 188 asesinatos en los primeros 40 días del 2026. Casi 5 diarios.

Por eso no sorprende que la seguridad ciudadana sea el segundo mayor problema del país de acuerdo a la mirada de la población. Solo por debajo de la corrupción.

¿A qué se debe la incapacidad que muestra el estado para acabar con la ola criminal? ¿Es acaso, como pintan varios candidatos, la mano dura la salida ante este problema? ¿Qué nos enseñan los constantes paros realizados por los trabajadores y trabajadoras de transporte para hacer frente a este flagelo? Y por último ¿Los trabajadores y el pueblo tenemos la posibilidad de dar una salida desde nuestro terreno distinta a la de los patrones para terminar con la criminalidad?

Esa es la respuesta de estas preguntas que dedicaremos este artículo buscando expresar una postura de clase frente al problema del crimen organizado y el sicariato.

Corrupción y criminalidad

Algunas razones de este fracaso son conocidas. La más evidente y odiada es la corrupción del Estado. Sobre todo, la de las Fuerzas Armadas y policiales.

La corrupción es inseparable del sistema capitalista, donde todo se compra y se vende, incluido el poder. Y si hay grandes negocios (ilegales) dispuestos a pagar por el silencio, la ceguera, la inacción de las autoridades, cuando no para que actúen directamente bajo su mando, con mayor razón.

Por eso, no resulta extraño enterarse de la detención de policías que hacen parte de las bandas de extorsionadores, encargados de anticipar a sus cabecillas los operativos de detención que se realizan en su contra para posibilitar su escape, cuando no terminan siendo seguridad privada de mineros ilegales y de narcotraficantes.

Por ejemplo, en octubre pasado dos policías fueron detenidos como parte de la banda criminal “Los letales del Norte”, y en noviembre, 20 efectivos policiales fueron detenidos en Tarapoto por integrar la organización criminal “Los piratas”, dedicada a la extorsión, el narcotráfico y el sicariato.

En un país saqueado al extremo por las grandes empresas imperialistas, la policía que resguarda las leyes de la patronal, y complementa sus sueldos trabajando en forma privada en la seguridad de las mineras y grandes empresas cuando hay huelgas, encuentra un medio para incrementar sus ingresos, poniéndose al servicio de la patronal lumpen que dirige el crimen organizado.

Pero las bandas no solo cuentan con el servicio pagado de la policía y los jefes militares. Necesita controlar poder. Por eso, así como compra comisarios, capitanes, coroneles y generales, compra puestos en el Congreso, el sistema de justicia y en el ejecutivo.

Probablemente el caso más conocido es el de Eduardo Salhuana, de Alianza Por el Progreso (APP). El ex presidente del Congreso (2023-2024) es conocido por sus nexos con la minería ilegal, y por impulsar leyes que favorecen a dicho sector.

La presencia de congresistas como Salhuana, que se rodean de asesores ligados a la economía ilegal, es la que llevó a que se aprueben leyes que debilitaron el tibio accionar del estado contra las organizaciones criminales. Conocidas como leyes “pro-crimen”, su derogatoria se ha convertido en una de las banderas más importantes de las acciones de lucha encabezadas por trabajadores del transporte.

Crecimiento económico y economía ilegal: torres gemelas

Sin embargo, hay más razones que explican la extensión y fuerza que ha adquirido el crimen organizado.

No es casual que el incremento del mismo se produzca en paralelo a una subida histórica y hasta ahora sostenida de los precios del oro, lo que ha llevado a que la minería ilegal se convierta en la principal actividad ilícita en el país, superando con creces al narcotráfico.

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros, estima que entre 2015 y 2025, la minería ilegal lavó US$ 22800 millones. Para tener una idea de su importancia, la inversión total de la puesta en funcionamiento de Conga, mina de oro rechazada por el pueblo de Cajamarca, ascendía a US$ 5000 millones.

Finalmente, hay que decir que, según declaraciones oficiales, hacia finales del 2025, la minería ilegal ha sextuplicado los ingresos del narcotráfico en el país, desplazándolo como principal actividad ilegal.

Y si bien la extorsión no llega a los mismos niveles, sus montos no son una bagatela: al 2025 se estimó que la extorsión en sus distintas modalidades movió aproximadamente S/. 4000 millones.

Como es evidente, las organizaciones criminales son grandes empresas capitalistas, con sus gerentes y administradores, que mueven miles de millones. Y por tanto, sus cabezas hacen parte de la clase capitalista del país.

Son un sector que aprovecha la bonanza de los precios internacionales y el retroceso del Estado propiciado por el modelo económico neoliberal, para desarrollar sus empresas al margen de la ley.

Modelo que, adicionalmente, proporciona constantes y crecientes causes de personas en condiciones de pobreza, que no encuentran lugar en el mercado de trabajo, y que fácilmente son convertidas en carne de cañón de sus negocios, ya sea como pequeños traficantes o soldados de sus ejércitos particulares.

En conclusión, el negocio del crimen organizado brota por los poros de la economía nacional, saqueada por parte de las grandes empresas imperialistas, aprovechando cada espacio que el modelo económico y el estado neoliberal le proporciona a sus negocios.

La actitud de los patrones legales

Esta realidad es hasta cierto punto aceptada por la gran patronal. Sin mercado ‘paralelo’, informal o ilegal, enormes sectores de la población no tendrían cómo sostenerse económicamente. Esto incluye una porción que se dedica al crimen.

Sin embargo, sí existen ciertos límites que la patronal ve con preocupación. Por ejemplo, la gran patronal minera no puede permitir la “competencia desleal” que las bandas de mineros ilegales de oro le hacen, justo cuando la onza de oro se encuentra en los precios más altos de su historia.

Se sabe hoy que prácticamente la mitad del oro que se exporta desde el Perú en la actualidad, proviene de la minería ilegal. Dicho de otro modo, la patronal minera está perdiendo la mitad de los ingresos que tendría si explotara directamente los yacimientos andinos y bosques amazónicos en los que trabaja la minería ilegal.

Otro límite es el control político del país. Es decir, la imposición de su orden, leyes e intereses sobre la totalidad del territorio nacional. Con ese control compiten las bandas cuando violentamente se reparten el territorio, creando ejércitos particulares capaces de actuar e imponer su propia ley sobre la población.

Ese control, además de expropiar a la gran patronal parte de su poder, amenaza con acrecentar el malestar social, y con esto, genera el caldo de cultivo para un estallido imprevisible.

Sin embargo, aunque la gran patronal tiene conciencia sobre esto, se enfrenta a los límites que ella misma creó con la imposición del modelo neoliberal: 36 años de neoliberalismo ha construido un Estado precario, y como ya vimos, altamente corrupto… de ahí su incapacidad para enfrentar a la criminalidad organizada.

Entonces… ¿Mano dura?

La idea de que ante esta situación lo único que hace falta es poner mano dura parece demostrarse sola.

Más aún cuando se nos muestran modelos autoritarios como el del dictador Bukele en El Salvador, supuestamente exitosos en el tratamiento de las bandas criminales.

El pueblo trabajador y pobre pide mano dura, porque si tuviera en sus manos la posibilidad de enfrentar directamente al crimen organizado, impondría su orden sin dudarlo, y haría uso de las armas que fueran necesarias para reprimir y acabar con la acción de las bandas criminales.

Sin embargo, cuando se le entrega ese poder a un partido o a un representante de la burguesía, la historia demuestra una y otra vez que solo se consigue que esa mano dura se vuelva un arma de los patrones contra las organizaciones del movimiento obrero y popular, y contra su movilización.

Es lo que ha aprobado la experiencia reciente del estado de emergencia bajo el gobierno de Jerí: fracaso frente al crimen, pero efectivo para reprimir la lucha obrera y popular. Cabe recordar que entre 2002 y 2021, ya “en democracia”, la policía y las FF.AA. asesinaron a 162 personas reprimiendo acciones de protesta. Si les sumamos las 49 que mató el gobierno de Boluarte entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, y el asesinato de Truko el 15 de noviembre pasado, los números desvelan la única guerra que libran las fuerzas represivas del país: una guerra contra el pueblo pobre y trabajador.

No debe llamarnos la atención que sea Fuerza Popular, organización que reivindica la dictadura represiva y corrupta de Alberto Fujimori, la que plantee que las mismas Fuerzas Armadas a las que han cubierto con un velo de impunidad, se conviertan en un actor central en la “seguridad interna” controlando fronteras, calles y cárceles.

Esto parece recordar la entrega de amplias regiones del país a los militares a partir de 1983, bajo el gobierno de Fernando Belaunde Terry, bajo el pretexto de la “lucha antisubversiva”. Hay que recordar que en ese contexto se produjeron gran parte de las más de 15,000 a 19,000 desapariciones forzadas registradas por la CVR.

Por su parte, Renovación Popular, y la menos conocida Libertad Popular de Belaunde Llosa, se enfocan en la idea de crear cárceles al estilo Bukele, tanto en medio de la selva amazónica como en las alturas de los Andes. Cárceles que se llenarán, tal como hace el dictador salvadoreño, con opositores/as y luchadores/as, papel ya cumplido anteriormente por El Frontón.

Lo cierto es que más temprano que tarde, esa “mano dura” solo puede abrir camino a la dictadura, como tantas veces ha sucedido en la historia, para garantizar el control de la gran patronal sobre el país, disciplinando a todos los sectores patronales y, sobre todo, reprimiendo al movimiento obrero y popular.

Organizar la movilización contra la inseguridad y tomar en nuestras manos la defensa de nuestros barrios

Los distintos paros de los trabajadores y trabajadoras del transporte, a los que en más de una ocasión se han sumado pequeños comerciantes, mercados, mototaxistas, sectores de la juventud popular y organizaciones de la clase obrera, señalan el único camino que tenemos los trabajadores del pueblo para hacer frente a la criminalidad: organización y movilización.

Es así porque, como ya hemos planteado, el estado patronal y corrupto es incapaz de enfrentar y acabar con ese flagelo por las distintas ramificaciones y conexiones que existen entre ambos.

En primer lugar, hay que movilizarse por echar abajo las “leyes pro crimen” que este congreso de impresentables aprobó en los últimos dos años. Normas que debilitaron el sistema de lucha contra el crimen organizado que tenía el Estado, respondieron a los intereses de los partidos corruptos para evitar ser investigados como organizaciones criminales.

Sin embargo, no podemos solo echar abajo esas leyes. Tenemos que extender la movilización y organización también debe extenderse a nuestros barrios y distritos. En ellos debemos conformar rondas o comités de autodefensa, confirmados por personas voluntarias, con los cuales defender nuestras calles, casas y espacios públicos.

Por último, debemos sumar a nuestras demandas la exigencia de castigo ejemplar a las autoridades corruptas que se relacionan con el crimen organizado: expropiación de sus bienes y cuentas bancarias y cárcel inmediata.

Medidas para acabar con la corrupción

Cómo hemos desarrollado a lo largo de este trabajo, la corrupción del Estado es una pieza clave dentro del esquema criminal.

Como se ha puesto al descubierto, gracias al escándalo en torno a Odebrecht y la compra de presidentes, ministros, gobiernos regionales y alcaldías, en esta sociedad capitalista, con dinero bailan todos.

Por eso necesitamos romper con la concesión del poder de esta democracia patronal corrupta.

Clásicamente cuando el pueblo trabajador a tomado el poder en sus manos, tomó cuatro medidas clave para hacer frente a este flagelo:

  1. Todos los puestos del estado deben ser elegibles y revocables en cualquier momento. Nada de cheques en blanco por cinco años.
  2. Que las organizaciones obreras y populares elijan almas autoridades y las saquen si no cumplen bien con su encargo.
  3. Ningún funcionario/a debe ganar más que un obrero calificado. El servicio público no puede ser un negocio para quien asume un cargo, ni una carga para el pueblo, que sostiene al estado pagando sus impuestos.
  4. Que nadie en los ministerios, municipalidades, el Congreso, el poder judicial, etc. gane más que un obrero o un maestro/a de escuela.
  5. Para terminar con la mafia en el poder judicial, reemplazar a las actuales cortes y jueces por tribunales elegidos entre el pueblo para cada caso.
  6. Y por último, para romper con la corrupción policial, reemplazo de la policía Nacional por una organización centralizada de las rondas urbanas y campesinas conformadas democráticamente en los distintos distritos, provincias y regiones del país.

Trabajo estable y bien pagado para no morir

Es sabido que la criminalidad saca sus soldados de los sectores más empobrecidos de la sociedad.

Es uno de los síntomas más despreciables de la pobreza a la que nos somete el sistema capitalista junto a la prostitución y la esclavitud, entre otros.

De ahí que otra tarea clave para romper el círculo de la criminalidad sea garantizar trabajo a la totalidad de la población.

Trabajo estable y con salarios iguales al costo de la canasta de consumo. Canasta que en estos tiempos incluye por fuerza el acceso a internet así como a computadoras y celulares.

Para esto es necesario repartir las horas de trabajo entre todas las personas que requerimos un empleo. Es decir bajar la jornada laboral a cuatro o incluso 3 horas diarias, sin disminuir los salarios, sino por el contrario, asegurando los ingresos que ya hemos mencionado.

Junto con esto se deben derogar todas las normas que contravienen el derecho esencial a la estabilidad laboral. Es decir eliminar la tercerización, las services, contratas, y los contratos modales.

Solo así romperemos con esa condición que obliga a los jóvenes más pobres a convertirse en pequeños traficantes o sicarios asalariados del crimen organizado.

Gobierno de Perú se alinea con Trump y su plan recolonizador sobre Latinoamérica

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Por Federico Romero

La situación mundial, y latinoamericana en particular, ha cambiado desde que Trump asumió su segundo mandato a inicios del año pasado. Luego de una serie de anuncios sobre la recuperación del Canal de Panamá, la conversión de Canadá en el estado 51 de su país, del ataque a Irán y otras intervenciones, vino el anuncio de la Estrategia de Seguridad de los EE. UU. a inicios de diciembre pasado.

En este documento se traza el lugar de los EE. UU. como país dominante en el mundo y lo que hará para reafirmarlo. Haciendo una somera evaluación de sus primeros meses del mandato de Trump afirma, que “Estados Unidos vuelve a ser fuerte y respetado, y gracias a ello estamos construyendo la paz en el mundo”.

Sin embargo, lo que vemos es un mundo convulsionado, con fricciones entre los principales bloques económicos y países con EE. UU., guerras y conflictividad social en todas partes y, sobre todo, masivas protestas fuera y dentro de EE. UU. contra Trump.

América Latina

En este cuadro, lo que sucede en América Latina cobra relevancia. Desde la independencia, el subcontinente fue considerado por EE. UU., casi por derecho propio, como su zona natural de influencia y dominio y así lo estableció con la llamada doctrina Monroe. Así fuimos convertidos en economías dependientes y subordinadas a los intereses de EE. UU., y quedamos bajo su tutela política y militar. Ante esto se desarrolló una gran corriente antiimperialista que impulsaron luchas independentistas y algunas revoluciones. La mayor conquista fue la Revolución Cubana. Esto cambió.

Hoy el imperio actúa con mayor libertad en Latinoamérica. La dimensión del ataque a Venezuela no ocurrió antes. El último ataque del imperialismo inglés en Las Malvinas fue respondido en el campo de batalla y con gigantescas movilizaciones, aunque fue traicionado y derrotado. Esta vez el ataque a Venezuela no tuvo grandes respuestas.

Luego de Venezuela, Trump se ha centrado en Cuba, donde ahonda el cerco de la Isla para forzar la caída del régimen. Y tampoco hay respuestas.

Mientras la mayoría de los gobiernos de derecha apoyan y celebran las acciones de Trump, los de “izquierda” no pasan de las palabras mientras se subordinan a él. Destaca el caso de Gustavo Petro (Colombia) por su verborrea antiimperialista; tras reunirse con Trump, su verborrea cambió para enaltecerlo: “me gustan los gringos francos”; y justificando un posible pacto con él, agregó: “entre contradictores se pueden encontrar los caminos de una hermandad humana”.

El caso de Perú

Algunos hechos vienen mostrando a Perú como otro escenario donde se manifiestan las nuevas relaciones que promueve EE. UU. con América Latina, bajo el paraguas de su llamada Estrategia de Seguridad.

El Perú, desde la caída de Pedro Castillo, se encuentra bajo un régimen de derecha alineado a EE. UU. y a los grandes intereses capitalistas. En medio de su descomposición, el régimen (con sus distintos gobiernos), se mantiene fiel a esa línea y forma parte del coro derechista de la región que adula a Trump, junto con Noboa en Ecuador, Milei en Argentina, Paz en Bolivia y Kast en Chile; todos, próximos a reunirse en Washington convocados por Trump para armonizar acuerdos.

En esta línea, el gobierno peruano también fue uno de los que dio apoyo al ataque estadounidense a Venezuela. Y lo hizo en nombre de las “libertades y los derechos humanos” violentados por Maduro. Resulta que el mismo gobierno es responsable de violar esos derechos, como sucedió con la represión y muerte del joven Truko en la marcha del 15 de setiembre.

Además, los hechos mostraron que la intervención en Venezuela no se hizo para rescatar los derechos humanos del pueblo, sino para saquear su petróleo, para lo cual EE. UU. ha reafirmado al mismo régimen dictatorial convirtiéndolo en su socio y aliado.

Presiones desde Washington

En esta línea de capitulación se han producido otros hechos. Hace un tiempo las autoridades gestionan, a través del Comando de la Fuerza Aérea la compra de una flota de aviones para reemplazar el equipamiento actual, y evaluaban las ofertas de Francia, Suecia y EE. UU., inclinándose por la oferta francesa. Pero poco después del ataque estadounidense a Venezuela, el ex premier sorprendió en una declaración al decir: “Para todos es notorio que Estados Unidos ejerce un liderazgo no solamente regional, sino mundial… Por tanto, esa adquisición (de armas) no corresponde a comprar camiones ni autos, sino que es parte de una política estratégica que involucra el futuro del país”.

El megapuerto de Chancay

Ya había sucedido algo similar con la remodelación de la base naval del Callao, proyecto encargado a China. Se considera que la base naval tiene relevancia estratégica porque se encuentra ubicada al lado del principal puerto comercial del Perú. No se sabe si el gobierno recibió un llamado de la Casa Blanca o solo vio el ataque a Venezuela, lo cierto es que hizo un giro de 360° y se la entregó a EE. UU., quedando China desplazada de otro gran proyecto.

Otro hecho es la controversia en torno al megapuerto de Chancay. De capital principalmente chino, fue construido como un hub logístico con la perspectiva de ser la mayor puerta de ingreso y salida del comercio de América Latina con China. El hecho inquietó a EE. UU. El proyecto fue inaugurado un año y la controversia abierta apareció bajo ahora.

En su Estrategia de Seguridad ya mencionada, EE. UU. traza claramente las áreas estratégicas de su interés: defensa (presencia militar en zonas clave, en nuestro caso la cuenca del Pacífico); y tierras raras e infraestructura logística. En este punto, el megapuerto de Chancay se convierte en fuente de grave conflictividad entre China y EE.UU.

Ahora EE.UU. presiona a las autoridades para ejercer injerencia o supervisión sobre el puerto de Chancay. La empresa Cosco Shipping Chancay, operadora del megapuerto, presentó una acción de amparo y obtuvo un fallo a su favor, fallo que sustenta que la empresa “es propiedad privada” y no pública.

El hecho obligó al gobierno, mediante la PCM, a objetar la decisión judicial afirmando que “protege la inversión privada”, pero “dentro de un marco normativo que también contempla mecanismos de regulación y fiscalización” por parte de los organismos estatales”.

Tras estos hechos, el Departamento de Estado de EE. UU. declaró: “Preocupados por los últimos informes de que Perú podría verse impedido de supervisar Chancay, uno de sus puertos más grandes, que está bajo jurisdicción de propietarios chinos depredadores, apoyamos el derecho soberano del Perú a supervisar la infraestructura crítica en su propio territorio…”.

En la forma, la controversia gira en torno a la supervisión del megapuerto por los organismos reguladores del Estado, pero en el fondo se trata de limitar sus operaciones u obstaculizarlas para luego, al parecer, desplazar a los chinos.

¿Qué viene después?

El conflicto recién empieza. El imperialismo, en su decadencia, se vuelve más voraz. Su crisis hace que corra hacia adelante, a la recolonización de Latinoamérica: más presencia militar, control de los recursos naturales, control de actividades económicas clave, un nuevo relacionamiento comercial para su proyecto de reindustrialización y mayor dependencia financiera.

Por su parte, China ha ganado terreno y, por su inmensa industria, se ha convertido en el principal socio comercial de varios países, entre ellos Perú, y con esa fuerza defenderá sus intereses. Pero es un hecho que no podrá desplazar a EE. UU. fácilmente. El mundo, ya repartido por las superpotencias, no se puede repartir así nomás sino con un conflicto de mayor escala, como la guerra. Por ello, EE. UU. centra sus esfuerzos en mantener su predominio militar.

Por esto mismo es claro el alineamiento de la mayoría de los gobiernos con Trump y la subordinación hasta de los llamados “progresistas”, como el de Sheinbaum y Lula.

Si esto es así, no hay duda de que quien resulte elegido en las próximas elecciones también se alineará con la Casa Blanca. Y más si resultan electos López Aliaga o Keiko Fujimori, lo harán con especial entusiasmo, al estilo Milei.

¿Qué hacemos?

Lo descrito pone de relieve la necesidad de colocar en el centro la lucha de los trabajadores y pueblos de Latinoamérica contra el imperialismo, sus planes recolonizadores y por una salida socialista.

En el momento actual, esta respuesta pasa por rechazar la intervención en Venezuela, denunciando también la colaboración del gobierno chavista, así como el bloqueo y cerco que se establece sobre Cuba buscando forzar la caída o capitulación del régimen.

En este marco debemos responder a cada hecho que ocurre en el país contra la intervención del imperialismo y contra el gobierno por su apoyo, y en defensa de la soberanía nacional.

Sin embargo, el verdadero ataque vendrá después de las elecciones. El gobierno que resulte electo –más aún si es de derecha– buscará, con la “legitimidad” del voto, implementar todas las exigencias del imperialismo, al estilo Milei en Argentina.

8 de marzo: con el nuevo gobierno, la opresión y explotación persisten

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Este 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, encuentra al Perú bajo la presidencia ahora de José Balcázar, cuyas declaraciones públicas favorables al matrimonio infantil y otras en relación a las relaciones sexuales tempranas de la mujer resultan condenables en un país atravesado por altos índices de violencia sexual contra niñas, adolescentes y mujeres.

Tales posturas no son un exabrupto aislado, sino la expresión del carácter reaccionario y ultraconservador del régimen político que se consolidó y se mantiene aún tras el ascenso de Dina Boluarte hace tres años. En medio de un contexto internacional marcado además por escándalos de explotación y abuso sexual como el caso de Jeffrey Epstein, queda en evidencia que la violencia contra mujeres y niñas no es un problema “cultural” o nacional aislado, sino un fenómeno profundamente ligado a redes de poder y privilegio que atraviesan fronteras.

Las cifras oficiales confirman la gravedad de la situación. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en 2025 las mujeres en el Perú continúan percibiendo ingresos menores que los hombres, presentan mayores tasas de informalidad laboral y dedican más horas al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado.

A ello se suma que una proporción alarmante ha sufrido violencia física, psicológica o sexual a lo largo de su vida.

Esta desigualdad no es accidental: responde a una estructura económica y social que se beneficia del trabajo precarizado y del trabajo doméstico gratuito que realizan millones de mujeres, mientras limitan su autonomía económica y política en la sociedad.

Una campaña electoral sin propuestas claras

En medio del actual proceso electoral, sin embargo, ningún candidato coloca esta problemática en el centro del debate ni propone medidas radicales que apunten a resolverla desde la raíz.

No se discute seriamente la implementación de una red nacional de guarderías públicas y gratuitas que permita socializar las tareas de cuidado, ni la creación de servicios comunitarios como lavanderías o comedores que reduzcan la carga doméstica que recae mayoritariamente sobre las mujeres.

Tampoco se asume con claridad la defensa del aborto libre, gratuito y de calidad como parte de una política integral de salud pública y de reconocimiento pleno del derecho a decidir.

Las propuestas, cuando existen, suelen limitarse a programas focalizados o campañas de sensibilización que no alteran la estructura que produce la desigualdad.

Por eso, el 8 de Marzo no debe reducirse a una fecha de celebración simbólica promovida por el propio sistema que invisibiliza su origen combativo y obrero.

Es, ante todo, un día de lucha internacional. Una jornada para cuestionar al sistema económico mundial que no solo oprime a las mujeres por su género, sino que también las explota como trabajadoras, y que necesita de su subordinación para sostenerse.

La emancipación de las mujeres no será obra de discursos oficiales ni de reformas superficiales, sino de la acción organizada junto a sus compañeros de clase, que también padecen un modelo capitalista basado en la explotación y la concentración del poder.

Solo así la indignación podrá transformarse en fuerza capaz de cambiar de raíz las condiciones que hoy sostienen la opresión.

La clase obrera frente a la trampa electoral

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¡Las urnas no detendrán los despidos ni las balas!

Hoy queda claro que el reemplazo de Dina Boluarte por José Jerí, y ahora por José María Balcazar no es más que un recambio de piezas diseñado por el «pacto de corruptos» del Congreso. El objetivo es asegurar su propia impunidad y evitar que el descontento popular se desborde en las calles, garantizando que el modelo económico neoliberal llegue intacto a abril de 2026. Un cambio en palacio que en ultimas será el garante de los despidos colectivos y la explotación laboral, amparado en leyes hechas a medida de la patronal.

Sin embargo, la amenaza más peligrosa para la clase trabajadora no solo proviene del gobierno, sino de la falsa salida electoral que se intenta imponer como única vía de solución a la infinidad de problemas que atravesamos.

El circo electoral y la complicidad de las izquierdas

En los hechos, mientras la clase obrera convive con salarios de hambre, soporta despidos y el abuso patronal, y regresa a casa con el miedo de ser una cifra más de la delincuencia que ha tomado por asalto las calles de la ciudad, se encienden las luces del circo electoral y nos venden el cuento de que debemos esperar pacientemente a las elecciones de 2026, que nuestro destino se decidirá en las urnas.

Mientras tanto, las patronales y sus empleados en el Congreso, ya prepararon el terreno eliminando la competencia, copando las instituciones como la Fiscalía y el sistema electoral para favorecer a la derecha más reaccionaria y explotadora, que se alista a tomar el poder y aplicar la motosierra al estilo Milei a los pocos derechos laborales que nos quedan.

Pero hay que decirlo fuerte y claro: Estas elecciones son la trampa perfecta para que nada cambie en favor de los trabajadores y el pueblo pobre.

A estas alturas no es novedad que la llamada izquierda esté de lleno en este juego, mostrando que su único interés es llegar como sea a copar una curul para hacer lo mismo de siempre: conciliar.

Pero lo más preocupante es que las direcciones de las principales centrales sindicales como la CGTP y la FETRIMAP también estén legitimando este amañado proceso electoral, levantando proyectos reformistas de conciliación de clases y vendiendo la falsa idea que llegando al Congreso o al Gobierno por la vía electoral mejorarán las condiciones de vida de los trabajadores y el pueblo.

Esto lo hacen de espalda a la propia experiencia del movimiento obrero que sabe que sin luchas ningún cambio es posible. Y en lugar de utilizar las elecciones para llamar a los trabajadores a organizar la lucha para echar abajo a este Gobierno y al Congreso corrupto, denunciando el carácter tramposo de estas elecciones, por el contrario, mantienen al movimiento obrero preso de sus ofrecimientos de campaña y en los hechos abandonando la oportunidad de convertirnos en una fuerza que enfrente a la patronal y sus planes hoy y así prepararnos para lo que se viene más adelante.

Al dejar de lado esta explicación y su principal tarea que es la de organizar y preparar la lucha, para dedicarse a lanzar promesas de nuevas normas laborales, que no se podrán realizar dentro de este sistema corrupto, solo puede conducir al retroceso en la conciencia de clase de los trabajadores y por consiguiente a cosechar nuevas derrotas.

​La experiencia de los trabajadores de SINTRACELIMA:  La salida no son las elecciones, es la lucha

​Frente a la salida que propone las dirigencias de la CGTP y la FETRIMAP, que optaron por el «cronograma electoral» antes que la lucha, la experiencia de las bases nos marca el camino. El triunfo del SintraCelima contra los ceses colectivos es la prueba de que las victorias se arrancan con la lucha e independencia de clase, no confiando en las instituciones de este gobierno de los patrones.

Su triunfo no se logró con promesas electorales de cambio, sino con la organización y unidad de base, la solidaridad de clase y la firmeza y combatividad en las calles. Esa es la única «elección» que los patrones respetan: la de una clase obrera organizada que entiende que sus derechos se conquistan con lucha. Así nos ha mostrado también nuestros hermanos de la COB en Bolivia que hicieron derogar normas patronales y conquistar aumentos salariales.

​¡Nuestro programa es la lucha en las calles! ​No permitamos que el descontento y el hartazgo se ahogue en un ánfora. No necesitamos «salvadores» ni dirigentes que usen nuestras luchas como trampolín para ser candidatos. Lo que necesitamos es Unificar las luchas actuales de los transportistas, comerciantes y de la clase obrera en una sola plataforma para derrotar al gobierno y su plan. Junto con ello denunciar el plan electoral amañado en curso, y al calor de esta tarea, luchar por soluciones de fondo, como el cierre del Congreso corrupto y una Asamblea Constituyente que realmente ponga el país en manos de los trabajadores.

Necesitamos un programa y un partido obrero para sacar al país de la grave crisis

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El país y el mundo miran anonadados la grave crisis nacional. Estos días acaba de jurar el cuarto presidente en cinco años y el segundo “encargado” o “de transición”, con su propia mochila al hombro de acusaciones activas en la Fiscalía.

Algunos acusan que esto se debe a la precariedad del mandato presidencial y el excesivo poder que tendría el legislativo. Pero nadie puede justificar la conducta corrupta y el descarado aprovechamiento del poder que hacía el recién censurado, como tampoco los negociados bajo la mesa de la mayoría de grupos del Congreso, que sacan un presidente como un mago saca un conejo de un sombrero.

El actual cambio claramente no es una solución. Pero tampoco lo son las próximas elecciones diseñadas para dar continuidad al mismo régimen, renovando a sus componentes con nuevos personajes que serán de igual o peor calaña. Los candidatos de “izquierda” que se presentan como “salvadores” en realidad engañan, porque en la práctica conviven con ese mismo sistema y solo se plantean cambiarlo en sus proclamas reservadas para los días de fiesta.

Lo que necesitamos es cambiar el régimen, tal como lo planteó e intentó el sur heroico en su rebelión del 2022-2023 con las demandas de Fuera Todos y Asamblea Constituyente Libre y Soberana. En realidad, esta es la verdadera salida democrática que necesitamos y que a la vez permita limpiar el sistema de reaccionarios, corruptos y delincuentes. Sin duda esta tarea volverá a mostrar toda su actualidad después de las elecciones, porque, con independencia de quien resulte ganador, los problemas seguirán siendo los mismos y hasta peores.

Sin embargo, hay que anotar que el problema es aún más profundo y lo planteamos ahora de cara a las elecciones donde se postulan salidas para el país. Por ejemplo, el giro de la política del imperialismo que siempre nos ha considerado su patio trasero amenaza con una mayor injerencia sobre el país, sus recursos naturales, las actividades estratégicas (infraestructura logística y puertos) y una mayor presencia y dominio económico y militar. Estamos ante un proceso de recolonización, y este traerá más atraso, dependencia y pobreza. La “izquierda” ni nadie que participa en las elecciones ha planteado esta tarea de defensa de la soberanía nacional, ruptura de todos los pactos que nos atan a él y desconocimiento de la deuda externa, ni defienden la construcción de un proyecto nacional propio.

No lo han planteado porque todos defienden el sistema capitalista neoliberal que rige en el país, y que forma parte del sistema de dominación imperialista. Todos los gobiernos de Latinoamérica, hasta los que presumen de “izquierda” como Lula (Brasil) y Sheinbaum (México), aplican dicho modelo y en esa línea se sujetan a las órdenes del imperialismo de Trump. Esto plantea otra de las tareas pendientes para producir un verdadero cambio: romper con el sistema económico y el ordenamiento capitalista y contraponerle un plan obrero y popular, que empiece por la expropiación de los grandes grupos capitalistas y un plan nacional de desarrollo hacia el socialismo.

Y, por último, un gobierno alternativo de las organizaciones obreras y populares, que lleve a cabo este programa.

Ahora bien: ¿cómo hacemos posible esta salida? Luchando por ella cada día con más fuerza y decisión, enfrentando a los agentes de la burguesía y a los reformistas conciliadores. Y, en ese proceso, organizando y construyendo un verdadero partido de los trabajadores con lo mejor de la vanguardia obrera y de la juventud luchadora, hasta que sea capaz de dirigir a las grandes masas hacia la conquista del poder.

Estos son, en forma resumida, los ejes de un verdadero programa obrero y de un partido obrero para llevarlo a cabo, como salida ante la crisis nacional.

A los mejores luchadores de la juventud y la clase obrera, los convocamos a debatir esta propuesta y, sobre todo, a sumar fuerzas para construir juntos esta alternativa.

Emergencia nacional ante el Fenómeno de El Niño

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Nuevamente nos encontramos ante una emergencia nacional con el retorno del fenómeno de El Niño Costero. Las intensas lluvias, combinadas con las altas temperaturas que afectan a toda la costa, parte de la sierra y la región amazónica, vienen provocando inundaciones, huaycos y múltiples destrozos en varias localidades del país, especialmente en la ciudad de Arequipa.

El fenómeno reaparece con fuerza como consecuencia del efecto invernadero, propiciado por la intensa actividad capitalista basada principalmente en la quema de combustibles fósiles. Esta realidad es constantemente negada por las élites capitalistas mundiales, encabezadas por figuras como Donald Trump, con el objetivo de favorecer a las multinacionales petroleras.

Para este año, se prevé que el fenómeno se extienda hasta noviembre. En 2017, este evento climático, que afecta especialmente a Perú y Ecuador, causó más de un millón de afectados, además de muertes, personas desaparecidas y miles de damnificados.

Como entonces, la historia vuelve a repetirse. Las obras preventivas que se necesitan nunca se realizan, ya sea por la corrupción de los gobiernos subnacionales y la propia ineficiencia del Estado, o –como ocurre ahora– por el recorte fiscal aplicado por el gobierno central, que con una mano reduce impuestos a las empresas agroexportadoras mientras con la otra recorta el presupuesto en prevención.

Además, para enfrentar la emergencia, la población no cuenta con motobombas que le permita vaciar las viviendas y terrenos inundados. Ya no hablemos de maquinaria pesada, tanques y cisternas, ni de las asistencias básicas que necesita la población afectada. De tal manera que, una vez más, el desamparo y la improvisación son casi totales.

Y como siempre, los más afectados siguen siendo la población más pobre y necesitada, aquella que reside en viviendas precarias y, en muchos casos, ubicadas en zonas de alto riesgo. Ahora, esta población debe sumar este flagelo a sus sufrimientos cotidianos, como la criminalidad y las desastrosas políticas sociales del Estado.

No faltarán quienes, en la presente campaña electoral, usen esta tragedia para sumar una nueva oferta a su larga lista de promesas. Lo cierto es que esta situación no puede esperar ni el cumplimiento de ofertas futuras ni los resultados electorales; las necesidades deben ser atendidas ya. Esto solo va a ser posible con la movilización ciudadana que exija al gobierno atender la emergencia con maquinaria, equipos y ayuda efectiva, recurriendo si es necesario al uso de los medios y recursos que poseen las grandes empresas. Y mediante la lucha autoorganizada de los sectores afectados y en situación de vulnerabilidad.

Congreso reemplazó a Jerí por Balcázar y todo sigue empeorando

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Pelea electoral con chaira en mano y continuidad del control del gobierno por parte de los partidos que conforman el pacto corrupto, son dos caras del actual régimen político en descomposición. Los partidos procesados o vinculados al crimen organizado –según la Fiscalía– están enfrentados en una guerra electoral ya sea por prevalecer o por sobrevivir, pero a la vez están unidos por sus transacciones e intereses comunes.

Es muy importante tener esto en cuenta porque la campaña electoral se irá convirtiendo más y más en la madre de todas las batallas del engaño y la confusión, tanto por interés propio como para distraer la atención de los verdaderos problemas nacionales y sus responsables. Tenemos, en esa línea: los hechos que rodearon la censura de Jerí y la elección del nuevo presidente; el carácter del gobierno de José María Balcazar; y, lo que se espera de los responsables del régimen, del actual gobierno y de los candidatos ante los conocidos problemas nacionales, como el sicariato y el regreso de las lluvias torrenciales, y ante las nuevas amenazas que viene lanzando el imperialismo norteamericano bajo el gobierno de Donal Trump.

Enfrentados por los votos, pero unidos en el pacto de gobierno

Respecto al primer tema, la censura a Jerí y los delitos que motivaron su destitución han pasado a segundo plano gracias a que el Congreso ha producido un acto más escandaloso al elegir a otro de sus “legítimos” exponentes, esta vez a José María Balcázar, de las filas de Perú Libre, con no menos procesos judiciales en su prontuario y responsable, como la mayoría de sus colegas, de la aprobación de las repudiadas leyes pro crimen.

La descomposición del régimen político va más allá. La prensa enfoca lo insólito de elegir presidente del Congreso y presidente de la República a alguien de Perú Libre, siendo más fuertes las bancadas derechistas; de hecho, Fuerza Popular, Renovación Popular, APP, Podemos, Somos Perú sumaban más de 75 votos, suficientes para elegir a su “favorita” María del Carmen Alva.

Es claro que Balcázar fue elegido con muchos votos derechistas, lo que ha puesto en evidencia la vigencia del pacto y también la pelea a cuchillos que están librando en el terreno electoral los principales socios, Fuerza Popular de Keyko Fujimori y Renovación Popular de Rafael López Aliaga.

Cuando José Jerí ya era un apestado, López Aliaga madrugó con la propuesta de la censura para mostrarse como abanderado de la moral, logrando que el fujimorismo quede como defensor del censurado. Luego, la elección del remplazante se usó como arma destructiva: provocar una “tragedia” con la elección de un supuesto “comunista” como presidente, para culpar al otro de semejante perversión.

La guerra electoral se hace más salvaje porque ninguno de sus candidatos logra un despegue significativo. López Aliaga lleva la delantera, pero con un 12% que muestra un crecimiento insignificante después de varios meses de campaña, seguido por Fujimori con rígido 8%, mientras más abajo figuran cuatro candidatos con 4%, entre ellos César Acuña de Alianza para el Progreso; y hasta la fecha el voto por “ninguno” lidera por mucho con 42%. La próxima encuesta revelará si el ardid le dio ventaja a alguno de ellos.

Con Balcázar presidente, no hay cambios

El segundo tema tiene que ver con el carácter del actual gobierno. La designación de Balcázar como presidente, seguro será usado por la derecha patronal y corrupta como blanco de un cínico discurso de defensa de la “democracia” contra la “amenaza comunista”; así pretenderán asustar al electorado para ganar votos, de paso que soplarán la pluma de su responsabilidad en la descomposición política y los crímenes del periodo Boluarte y Jerí. Pero Balcázar fue elegido por ellos mismos, con negociaciones bajo la mesa, incluidas repartijas de ministerios y otros altos cargos.

Por eso las primeras declaraciones de Balcázar no fueron para combatir la corrupción sino priorizar la conciliación “sin izquierdas ni derechas”; no fueron para combatir el crimen organizado sino para callar la boca sobre las leyes a favor del crimen que él mismo ayudó a aprobar.

Balcázar tampoco se refirió a medidas de cambio para atender las demandas sociales o las emergencias de pueblos afectados por desastres, sino para ofrecer por encima de todo la defensa del actual modelo económico y acceder a las demandas de los empresarios por más reformas (como la Ley “Chlimper 2.0” o la norma de ceses colectivos) que terminan pagando las masas trabajadoras.

Cuando dice “es fácil gobernar”, no se refiere a otra cosa que seguir con el piloto automático de gobernar sin tocar el modelo, ya que el tema económico lo deja, como han hecho los sucesivos gobiernos anteriores, a lo que dicten las misiones del FMI a través del Ministerio de Economía. Por tanto, no tendrá nada que ofrecer a las poblaciones que demandan soluciones, es decir nada distinto que mecidas y represión a las justas luchas.

Una línea roja del modelo económico es la del déficit fiscal, que ya venía rebasado desde hace varios años pero que el FMI aflojó en 2023 en plenos asesinatos de Boluarte para priorizar la sostenibilidad del gobierno. El ajuste regresó con la aprobación de un presupuesto 2026 más austero, y en los últimos días de Jerí con un mayor ajuste del gasto corriente del gobierno nacional en 10 por ciento, equivalente a unos S/. 2,000 millones. Es la lógica del modelo económico, de ajustar por el gasto público agravando la incapacidad absoluta del Estado para atender los problemas de salud y educación públicas, entre otros, sin tocar los intereses del empresariado con más impuestos.

Con la citada medida se busca también asegurar el financiamiento de inversiones donde se prioriza la compra de aviones para la fuerza aérea, lo cual no solo plantea el problema de prioridades donde se dejan de lado múltiples carencias de la población, e incluso otras inversiones como la nueva carretera central cuya suspensión ha causado indignación y protesta popular, sino las relaciones que encierra esa compra, como una sujeción colonial del gobierno (todavía en los días de Jerí) a los dictados del imperio, y aquí entramos al tercer tema de la actitud del Estado ante los ataques y amenazas del imperialismo norteamericano.

Ataques y amenazas del imperio

El plan económico neoliberal y la globalización son los instrumentos de un proceso de recolonización de América Latina del que el Perú no solo no ha sido excepción, sino que hasta es uno de sus casos más extremos en privatización, liberalización de la economía y expoliación de recursos naturales.

Ahora que Estados Unidos constata su decadencia en el orden mundial que él mismo construyó, ha decidido resolver su rezago frente a otras potencias económicas, especialmente China, tratando de imponer un nuevo orden y desempolvando en ese marco la vieja doctrina Monroe para recuperar el terreno perdido en los países de la región latinoameric-ana (véase un amplio análisis en artículo de esta edición).

La decisión en tiempos de Jerí fue allanarse a los planes geopolíticos de EE. UU. autorizando la transferencia de S/ 1,137 millones para la compra de aviones cazas producidos por empresas norteamericanas, incluso a pesar de las preferencias de la parte técnica por aviones suecos y franceses.

Esta postura capituladora de Jerí, es evidente que no será revisada por el actual gobierno de Balcázar, como tampoco será cuestionada por los candidatos de los partidos que conforman el pacto de los corruptos.

El asunto es que tampoco ninguna candidatura que se reclama de izquierda, para no contar ya el caso descarado de Perú Libre, se ha propuesto asumir las banderas del antiimperialismo, mostrando el grado extremo al que ha llegado su regresión programática y su adaptación al sistema.

Otras expresiones de esa capitulación de la izquierda reformista han sido su política predominantemente conciliadora incluso en los momentos más críticos en que se imponía el gobierno de Boluarte a sangre y fuego, y su renuncia a liderar las luchas sociales contra la corrupción, el sicariato y las extorsiones, así como las demandas de justicia de los pueblos del sur y los familiares de asesinados, incluso las banderas más sentidas de estas luchas como la de asamblea constituyente, que muy bien podían haberse articulado con las luchas obreras contra los ceses colectivos y despidos.

La debilidad electoral de las candidaturas de la izquierda reformista, solo reflejan el abstencionismo y la política desmovilizadora de los últimos años, para no ir tan lejos, sino también su regresión programática que hace que no se diferencie de la más tibia de las opciones de la derecha patronal, y que desmoraliza al movimiento obrero y popular, que no la ven como alternativa, que sienten que no tienen candidatos.

Y ese retroceso es lo que favorece a la derecha que, a pesar de su responsabilidad directa en la situación, y con muy poco, buscarán hacerse del gobierno con el propósito de instaurar un periodo más reaccionario y antipopular, más alineado al modelo y a los dictados imperialistas, reclamando el padrinazgo del amo imperial.

Sigue siendo un misterio hacia qué candidato se volcará el descontento y qué forma tendrá la polarización electoral de este año, pero es claro que un programa de cambio real no hay.

Sin embargo, las elecciones serán finalmente un episodio más del que antes han salido gobiernos de todo tipo, todos al servicio de plan económico, todos corruptos, que han llevado al país a una descomposición cada vez mayor. La clase trabajadora y el pueblo todavía pueden organizarse y prepararse para el partido de fondo en las calles.

Tras la censura de José Jerí: ¡Ninguna ilusión en el nuevo gobierno!

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José Jerí ha sido censurado por el mismo Congreso corrupto y reaccionario al que no le importa solucionar los problemas del pueblo pobre y trabajador del Perú.
El mismo Congreso que le encargó la presidencia y lo ha sostenido hasta hoy, sin atender las acusaciones de abuso sexual, enriquecimiento ilícito o su responsabilidad por la represión el 15 de noviembre pasado.

¿Por qué lo sacaron? Porque la continuidad de Jerí al frente del gobierno ponía en riesgo sus posibilidades electorales.

No era sostenible, desde el punto de vista de los votos, sostener a un presidente que se reunía en secreto con empresarios con los que el Estado tiene contratos y utilizaba Palacio de gobierno para realizar fiestas y, todo indica, aprovechar su poder para obtener favores sexuales.

Pero tampoco era posible sostener un gobierno que, habiendo intentado identificarse con el dictador salvadoreño Bukele para dar sensación de que se hacía algo contra las bandas del crimen organizado, ha mostrado su completo fracaso, en medio de continuos asesinatos contra trabajadores del transporte en Lima, Callao y otras grandes ciudades, propiciando el descontento y la movilización popular.

Dicho de otra forma, salvo el fujimorismo, nadie ha querido cargar con esa mochila llamada José Jerí, de cara al 12 de abril.

Las direcciones sindicales impidieron que el pueblo trabajador derrote a Jerí en las calles

Los trabajadores, trabajadoras y el pueblo pobre tampoco tenían interés alguno en cargar con esa mochila.

Nada más impuesto por el Congreso, la juventud movilizada junto a importantes sectores obreros y populares salieron a enfrentar y echar abajo a Jerí. La gran movilización del 15 de noviembre, duramente reprimido por el gobierno, expresó esta intención.

Sin embargo, las direcciones sindicales nacionales, principalmente la dirigencia de la CGTP (controlado antidemocráticamente por el Partido Comunista), renunciaron a organizar y dirigir esta lucha, para abrazar sus propios cálculos electorales.

Una victoria de la lucha obrera y popular, hubiera puesto a la defensiva al pacto corrupto de los partidos del Congreso, y hubiera abierto el camino para que las demandas de las organizaciones obreras y populares se posicionen en primer plano, como sucedió con la huelga de los trabajadores y trabajadoras del campo después de la caída de Merino, que terminó echando abajo la Ley agraria fujimorista.

Pero no ha sido así. Con esto, los partidos reformistas, que se autodenominan “de izquierda”, han traicionado los intereses inmediatos de los sectores obreros y populares, y como consecuencia indirecta han entregado incluso sus propias posibilidades electorales, en función de las cuales han vendido la lucha.

Nada que esperar

Siendo el mismo Congreso corrupto y reaccionario, el que elegirá al próximo presidente o presidenta del país, los trabajadores, trabajadoras y el pueblo pobre no tenemos nada positivo que esperar.

Será un gobierno igualmente corrupto, reaccionario e incapaz de resolver las más sentidas demandas de la clase obrera y el pueblo, que mantendrá la línea represiva que Jerí impuso con los “estados de emergencia”, para garantizar un proceso electoral a la medida de los mismos partidos del Congreso.

Por eso, el único camino que tenemos los trabajadores y el pueblo es retomar nuestra movilización franca y consecuente. Está claro que los dirigentes nacionales tienen la cabeza en las elecciones y no en organizar la lucha. Por eso urge que discutamos en cada fábrica, mina, universidad y centro de trabajo, la necesidad de ir a un gran Paro nacional, como los realizados por los trabajadores transportistas, para exigir soluciones concretas e inmediatas a nuestros problemas y demandas.

No tenemos ninguna razón para esperar del nuevo gobierno –ni del que salga electo del Congreso, ni del que se elija en abril/junio– ningún cambio o solución.


¡Retomar la movilización obrera y popular!
¡Asambleas de base para discutir y votar la movilización unitaria!
¡Cárcel y confiscación inmediata de las cuentas y bienes de todos los corruptos, comenzando por Jerí!
¡Plan de lucha y Paro Nacional contra la criminalidad, contra la impunidad policial y de las Fuerzas Armadas, por juicio y castigo a los corruptos y asesinos y en defensa del trabajo!


La tarea es echar a Jerí ahora con un Paro Nacional

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José Jerí, ungido “presidente” por la mafia del Congreso para reemplazar a la asesina Dina Boluarte, además de ser garante del mismo plan económico neoliberal y ejecutor de las políticas patronales (privatización de PETROPERU), ha demostrado que es corrupto y mentiroso, y por eso debe ser irse de inmediato.

Hoy, la mayoría de candidatos incluye en su campaña electoral el pedido de su salida, en especial los referentes de la llamada “izquierda” institucional: Patria Libre, Juntos por el Perú, Venceremos y Ahora Nación, quienes se pronuncian contra Jerí y destacan haber presentado “mociones de vacancia” para que el mismo Congreso que lo nombró, ahora lo destituya. El mismo Congreso que, antes, sostuvo a Dina Boluarte durante casi tres años sin importar las masacres desatadas en Ayacucho, Andahuaylas y Juliaca entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.

Delegar la solución a esa banda de corruptos que se reúnen en el Congreso solo garantiza uno de dos escenarios: el primero, la inacción —bajo el argumento de preservar la “estabilidad” hasta las elecciones de abril—. El segundo, el reemplazo de Jerí por otro impresentable del mismo régimen.

Los candidatos de la “izquierda” institucional, al reducir su pedido al juego parlamentario, en los hechos se alinean con los intereses empresariales que ven en la salida de Jerí un «peligro» para sus intereses, que disfrazan bajo el nombre de “gobernabilidad”, de cara a los comicios de abril.

¡La salida no está en ese Congreso, está en las calles!


La verdad que la enorme mayoría del movimiento obrero y popular conoce, sin embargo, es que nada se puede esperar del Congreso, y por eso, solo la movilización organizada de la clase trabajadora y el pueblo puede forzar la caída inmediata de Jerí, al mismo tiempo que abrirá el camino a las soluciones que se reclaman. La CGTP tiene la obligación de convocar de inmediato un PARO NACIONAL. Debe seguir el ejemplo combativo de la Central Obrera Boliviana y la CGT Argentina, que con paros, huelgas indefinidas y movilizaciones masivas han frenado y derrotado medidas reaccionarias de sus gobiernos.

El sur andino ya señaló el camino al levantarse contra un gobierno responsable de más de 50 muertes, exigiendo: Fuera Dina, disolución del Congreso y una ASAMBLEA CONSTITUYENTE SOBERANA que cambie de raíz las estructuras económicas y sociales. Esa lucha fue dejada de lado por esas mismas direcciones de izquierda y las centrales.

Los transportistas, víctimas de la inseguridad y el absoluto desamparo estatal, también marcan la ruta con sus paros y protestas, exigiendo acciones reales contra la delincuencia —del cual el propio Estado es cómplice por omisión y corrupción.

Ahora es la llamada «Generación Z» la que retoma la bandera de lucha. Tras las masivas movilizaciones del año pasado, como la del 15 de octubre —donde fue asesinado el joven Truko—, convoca a tomar las calles este 28 de enero para expulsar a Jerí. Ese es el camino: unificar las luchas del sur andino, de los transportistas, de la Generación Z y de las bases obreras.

Salgamos todos el 28 con una sola voz exigiendo:

  • ¡Fuera Jerí! ¡Abajo el Congreso Corrupto!
  • ¡Elecciones a una Asamblea Constituyente libre y soberana con representación directa de las organizaciones obreras y populares!
  • No a la privatización de PETROPERÚ! ¡Solución a las demandas obreras y populares!

Urge que organicemos el Paro Nacional desde las bases, construyendo comités de lucha en cada centro de trabajo, barrio y universidad. ¡La unidad que necesitamos hoy, más que nunca, no es la de los votos, sino la de la lucha!