Por Partido Socialista de los Trabajadores
El agravamiento de la crisis nacional en todos sus aspectos no tiene fin, y cada día caemos más hondo como producto del régimen que encabeza Boluarte, sostenido por la corrupta mayoría congresal y el empresariado.
Las consecuencias de esta situación las sufren las mayorías: una economía semiparalizada que incrementa el desempleo y la pobreza, un Estado que abandona la educación y la salud públicas, así como la lucha contra la criminalidad, y un empresariado que, aprovechando este contexto, aplica despidos y precariza aún más el empleo.
Por otro lado, el repudio al gobierno y al Congreso es casi unánime entre las bases populares, donde diversos sectores se movilizan constantemente con distintas reivindicaciones. Estos días, por ejemplo, hay protestas contra el intento del oficialismo de tomar el control de la Fiscalía de la Nación, buscando colocar al frente de ella a una de sus operadoras, como Patricia Benavides, exfiscal destituida y procesada por corrupción.
Las demandas de las luchas actuales apuntan a una única solución de fondo: ¡Abajo Boluarte!, cierre del Congreso y elecciones para una Asamblea Constituyente libre y soberana. Una salida verdaderamente democrática a la crisis nacional, por la que se rebeló el sur andino entre 2022 y 2024 y que fue reprimida con sangre por el régimen.
Frente a esto, en los hechos existe un pacto entre toda la derecha, el centro democrático y la mayoría de la izquierda: encauzar la salida de la crisis mediante el calendario electoral de 2026. Es decir, dejar que Boluarte y el Congreso gobiernen hasta la sucesión «constitucional» del 28 de julio de 2026, mientras todos los sectores, incluida la «izquierda», se acomodan buscando posicionarse electoralmente para elegir o reelegir representantes en el nuevo Congreso que asumirá el próximo año.
De este modo, la mayoría de la izquierda se enfoca en concretar la llamada «unidad» para participar en las elecciones de 2026, su única opción para lograr una bancada después de su decepcionante desempeño durante y después del gobierno de Pedro Castillo.
En el colmo de la insensatez, esa «izquierda» llama a la «unidad» electoral para «derrotar a la dictadura fascista», cuando bajo el actual régimen —y mucho menos bajo una «dictadura fascista»— no existe posibilidad de elecciones libres y democráticas, como se evidencia en el intento de tomar la Fiscalía de la Nación para anular procesos contra candidatos corruptos y permitir su injerencia en el JNE.
La caída de Boluarte como resultado de la movilización popular cambiaría la correlación de fuerzas, empoderando al movimiento de masas y a la clase obrera frente a las fuerzas reaccionarias y la patronal, permitiéndoles arrancar las soluciones que exigen. En el sector privado, por ejemplo, un anhelo de las bases obreras es la derogación de la ley de ceses colectivos, pues mientras exista, seguirá siendo usada abusivamente por la patronal, como lo hace ahora, aplicando despidos para debilitar a las organizaciones sindicales.
Es este encaminamiento hacia la salida electoral lo que hace que las principales direcciones gremiales, como la CGTP y su apéndice, la ANP (Asamblea Nacional de los Pueblos), no hagan nada para unificar las luchas y menos para orientarlas hacia la caída de Boluarte y el cierre del Congreso. Estas aspiraciones no figuran en su agenda.
Ante esto, es posible y necesario buscar nuevas salidas. Por ejemplo, que los diferentes sectores en lucha, como transportistas y comerciantes —que ya han convocado paralizaciones en tres oportunidades—, converjan en una lucha unificada.
Desde las bases obreras y populares, es urgente discutir y preparar esta salida. La convicción es clara: si no lo hacemos, no habrá solución a los problemas nacionales, sectoriales y de las bases obreras, y la crisis seguirá profundizándose hasta límites insostenibles.
