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Alerta en los trabajadores por la guerra arancelaria de Trump

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En estas páginas, en la edición de febrero, resaltábamos cómo las principales autoridades y políticos del gobierno y Congreso peruanos, así como de la Alcaldía de Lima, habían expresado su admiración por Donald Trump y, en un acto que solo puede ser calificado de traición a los intereses de la comunidad latinoamericana y del Perú, habían aplaudido los anuncios del presidente yanqui de masivas y denigrantes expulsiones de latinos, imposición hostil de aranceles, amenaza de usurpación del Canal de Panamá, entre otros anuncios gorilescos.

Pues sucede que, desde el arranque de su gobierno, Trump pasó a la acción con una brutal persecución y expulsión de latinos y migrantes de otras regiones; llevó más lejos su matonería respecto de Panamá, Groenlandia, Ucrania y hasta la Franja de Gaza. Junto con eso, al principio de abril, desafió al resto del mundo entero imponiendo elevados aranceles a los países europeos, y más todavía a China y otros países asiáticos, aranceles que desde su arbitrario punto de vista considera “recíprocos”. Perú, junto con otros países latinoamericanos, fue castigado con 10% de aranceles a pesar de tener suscrito un Tratado de “Libre” Comercio, o TLC, que permite a las mercancías estadounidenses ingresar al mercado peruano con cero aranceles.

Esa medida, con la que el imperialismo yanqui lleva a otro nivel la guerra comercial que ya se vivía en el mundo, tuvo que ser suspendida por Trump por el espacio de 90 días (hasta julio), obligado por el impacto catastrófico en las bolsas de todo el mundo, en especial del Dow Jones; difícil no fijarse en la gran debilidad que muestra ese gobierno que pone en evidencia una dinámica decadente a pesar de que Estados Unidos sigue siendo la potencia hegemónica del imperialismo y militarmente la más poderosa.

No obstante, Trump mantuvo y hasta duplicó los aranceles sobre China llevándolos a 145%, recibiendo a cambio, por parte de China, una barrera arancelaría de 125%, que los chinos dicen que no van a seguir subiendo pues consideran que resultaría ridículo. Por este hecho, la suspensión de noventa días al resto del mundo no ha eliminado la incertidumbre en la perspectiva de la economía mundial y menos la desconfianza en el gobierno norteamericano; motivos para la incertidumbre hay de sobra, las potencias europeas no tardaron en preguntarse dónde irían a parar las mercancías chinas que dejarán de venderse en Estados Unidos.

Alerta en la clase trabajadora mundial

Quedó en evidencia que los aranceles de Trump no son un fin en sí mismo sino más bien una patada al tablero del orden mundial para imponer otras reglas de juego, que permitan conseguir, de manera acelerada, las ganancias que en las últimas dos décadas están en niveles muy bajos para la expectativa capitalista. Las confrontaciones por esas nuevas reglas tendrán la forma de disputas interimperialistas, pero su destino de fondo es una guerra económica contra la clase trabajadora en todo el mundo para lograr una mayor concentración de la riqueza.

No es lo más probable que las potencias económicas terminen con el modelo de la globalización, esa gallina de los huevos de oro que les ha generado enormes beneficios en las últimas tres décadas, que ha permitido un crecimiento espectacular de los negocios y las ganancias a las principales corporaciones norteamericanas y europeas, y que incluso han permitida el ascenso de China, que pasó de ser la fábrica del mundo proveedora de mano de obra barata a los negocios capitalistas de occidente, a ser una potencia económica mundial como la segunda mayor economía y propietaria de una tecnología que le permite colocar productos de mayor valor en el mundo, así como también ser el mercado para porciones importantes de la producción occidental.

Las medidas de Trump muestran más bien la impaciencia del gran capital y de la banca imperialista, exacerbada por una prolongada crisis de la ganancia, para hacer que esa globalización les brinde ganancias en mayor proporción, y eso finalmente solo lo conseguirán aumentando la explotación de los trabajadores de todos los países, incluidos los trabajadores estadounidenses.

En efecto, después del garrotazo de los aranceles, Trump se alistó para recibir a las delegaciones de las otras potencias y países (en sus palabras “todos ellos le besaban el trasero”), para negociar mejores términos para la potencia hegemónica.

Cualquier resultado de esas negociaciones tendrá como resultado final nuevos niveles de explotación de la clase trabajadora, así como la expulsión de nuevos contingentes de trabajadores del aparato productivo, bajo el paraguas de discursos de apoyo a las producciones nacionales.

Empezando por Estados Unidos. Es cierto que uno de los objetivos de Trump es proteger algunas industrias norteamericanas claves como la automotriz, pero está golpeando a la clase trabajadora con despidos masivos en el sector público, y recortes de los planes de salud y muchos programas sociales, encarecimiento de la vida que los nuevos aranceles lo agravarán. Además, Trump busca garantizar el pago de la deuda pública de 36 billones de dólares, con vencimientos de 9 billones dentro del año que irán a parar a las arcas de los grandes buitres de la banca imperialista, y la cifra crecerá aceleradamente cada año.

Entonces, es clave constatar que el aumento de los aranceles por parte del gobierno Trump, debe poner en alerta a toda la clase trabajadora tanto en el mundo como en el Perú y prepararnos ya mismo y avanzar aceleradamente en nuestra organización para estar en capacidad de defender nuestros intereses de clase, el empleo, el salario, junto con los intereses nacionales y populares frente a la embestida imperialista y capitalista.

Resistencia de las masas

Es una buena señal la resistencia que ya han comenzado a dar las masas trabajadoras y movimientos democráticos de Estados Unidos contra Trump. Hace dos meses se movilizaron los latinos en repudio a las expulsiones de migrantes, y el último 5 de abril millones de personas se movilizaron en los cincuenta estados del país y otras ciudades del mundo, con la bandera ¡Manos fuera! (Hands off!).

Estas movilizaciones podrían ser mucho más grandes próximamente cuando los nuevos aranceles se trasladen a los precios y provoquen un nuevo salto inflacionario.

La clase trabajadora debe cuidarse de dos grandes trampas: la indiferencia, es decir hacer como si no pasara nada; y, la otra, la trampa del falso nacionalismo capitalista para justificar más sacrificio y sobreexplotación so pretexto de la competitividad.

Ya hemos visto cómo con ese discurso se aplican ceses colectivos, se niegan derechos a la negociación colectiva, se pretende eliminar otros, y se empobrece más a la población mientras los ricos se hacen más ricos.

1° DE MAYO: A LAS CALLES POR ¡FUERA DINA! Y POR LAS REIVINDICACIONES OBRERAS Y POPULARES

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El 1° de Mayo saldremos a las calles a movilizarnos por ¡Fuera Dina, ya!, levantando nuestras demandas y las de todo el pueblo, y por una salida con un Gobierno Obrero y Popular que realice los cambios que necesitamos. Pero el 1° de Mayo también un día reflexión para la vanguardia obrera, reflexión sobre el estado de nuestra clase y los desafíos que enfrentamos. Aquí ofrecemos algunas ideas para dialogar con los luchadores y luchadoras que hoy se encentran en la primera línea.

Nos preparamos para salir una vez más a las calles este 1° de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, recordando a nuestros mártires y las luchas heroicas que ha librado la clase obrera para mejorar sus condiciones de vida. Nuestra mira está puesta en la conquista de un mundo justo y libre, con un Gobierno de los Trabajadores y los Pobres.

Hace 150 años, con inmenso sacrificio, la clase obrera se levantó y libró una batalla histórica que conquistó la jornada de 8 horas. Desde entonces, la lucha no ha cesado y se ha extendido por el mundo. Sin embargo, el capitalismo solo nos ha traído guerras, muerte, destrucción ambiental y hambre generalizada, junto con la degradación absoluta del trabajo. Hoy, la jornada de 8 horas existe solo en el papel. El «derecho al trabajo» que la burguesía presume es, en realidad, precario, inestable y escaso. Esto ocurre en un momento en que la humanidad ha alcanzado avances tecnológicos capaces de mejorar nuestras vidas, pero que, en manos privadas, solo enriquecen a la clase capitalista.

La condición obrera hoy

Celima S.A. es un claro ejemplo de la realidad actual de la clase trabajadora. Tras 20 años de aprovechar coyunturas económicas favorables y aplicar políticas de sobreexplotación y abusos, la empresa acumuló ganancias hasta convertirse en una corporación líder en el mercado nacional e internacional, enriqueciendo a la familia Belmont-Cassinelli, sus principales accionistas.

Pero ahora, Celima busca deshacerse de la mayoría de sus trabajadores—los mismos que hicieron posible su crecimiento—para liquidar al sindicato y los derechos que conquistó en largas luchas, reemplazándolos por “carne nueva” y sin derechos. Para ellos, las ganancias nunca son suficientes: siempre quieren más.

En los últimos dos años, la empresa ya había despedido a 250 trabajadores bajo diversos pretextos. Ahora pretende echar a otros 250 mediante un procedimiento de cese colectivo facultado por la ley, tramitado desde hace 8 meses en el Ministerio de Trabajo.

Esta situación no es exclusiva de Celima. Ocurre en cualquier empresa medianamente grande del país, donde la lógica capitalista exige maximizar ganancias a costa de los trabajadores. Desde 2018, los ceses colectivos se han aplicado en más de 100 empresas, dejando a miles de obreros en la calle y desapareciendo sindicatos combativos.

Sin embargo, hoy un gran sector de la clase trabajadora está tomando conciencia de esta realidad. La lucha ejemplar del Sindicato Celima, que se moviliza, denuncia y llama a la unidad obrera, ha abierto los ojos de muchos.

Más allá de los ceses colectivos: los ataques sistemáticos

Los ceses colectivos son solo la punta del iceberg. Las empresas niegan la negociación de pliegos de reclamos, incluso durante huelgas que superan los 100 días, forzando a los trabajadores a la derrota. El derecho a huelga es recortado cuando las empresas declaran «puestos indispensables» para impedir la paralización. El derecho a sindicalizarse es castigado: los afiliados, especialmente los dirigentes, son marginados, perseguidos y despedidos bajo falsos pretextos.

Y cuando los trabajadores esperan al menos recibir utilidades, estas les son robadas. En la práctica, los derechos laborales solo existen en el papel, y los empresarios actúan con impunidad, por lo general con el aval del Ministerio de Trabajo.

Como si fuera poco, ahora buscan eliminar la CTS y las gratificaciones bajo el pretexto de una «unificación salarial», derogar el Decreto Supremo 001-2022-TR que limita la aplicación de la tercerización laboral y aplicar otros ajustes dentro del paquete llamado “shock desregulatorio”, destinados a abaratar aún más el valor del trabajo y beneficiar las ganancias empresariales.

El trabajo precario e informal

Si en las empresas medianas y grandes la situación es grave, en el resto es aún peor. Los trabajadores de textiles, confecciones y agroexportación están sometidos a regímenes «especiales», con contratos mensuales que impiden su organización y la lucha por sus derechos. Los tercerizados, las empresas services y los CAS en el Estado son otras formas de precarización. Y una gran mayoría de la clase trabajadora sobrevive en la informalidad total, sin derechos, seguridad social y sin siquiera un salario mínimo.

En los últimos años, con el avance tecnológico, ha surgido una nueva clase trabajadora joven: repartidores de Uber, Driver, PedidosYa, etc. Trabajan a destajo o por comisiones y sin ningún tipo de derechos laborales, asumiendo sus propios costos (equipos, vehículos, servicios), mientras los propietarios de las plataformas los explotan con el cuento de que son «independientes».

Así, la burguesía no solo sobreexplota, sino que divide y fragmenta a la clase trabajadora, dificultando su organización y conciencia.

La FETRIMAP y la lucha aislada

Pese a todo, algunos sectores resisten: el Sindicato Celima, los trabajadores de tiendas Ripley, los obreros municipales de Lima, los huelguistas de Holcim–Agregados Calcáreos (más de 100 días en paro), los trabajadores de Telefónica en lucha contra su liquidación, los trabajadores de Medifarma en lucha contra el cierre de la empresa. Pero hay un problema: cada uno pelea por su lado, como si su conflicto no fuera parte de una ofensiva general del capital.

Cuando las empresas rechazan negociar pliegos, sabotean huelgas o aplican ceses colectivos masivos, no son casos aislados: es parte de una política de ajuste patronal.

Los empresarios actúan con total impunidad, respaldados por la CONFIEP y la Sociedad de Industrias, que impulsan leyes antiobreras. Financiaron a Keiko Fujimori, sabotearon a Pedro Castillo, apoyaron el gobierno de Boluarte y la masacre del sur, tachando a los protestantes de «terroristas». Ahora colocan a sus operadores en el Ministerio de Trabajo para imponer sus planes.

Frente a esto, las dirigencias de las centrales sindicales no unen las luchas y encasillan las protestas a la defensa legal. Los resultados están a la vista: en Celima y Holcim-Agregados Calcáreos hasta ahora son desfavorables y las resoluciones parecen redactadas por las propias empresas.

La CGTP: complicidad con el poder

La CGTP, controlada por el PCP desde hace 80 años, aplica una política de colaboración con los gobiernos patronales. Tras la vacancia de Castillo, cuando el estallido social del sur llegó a Lima, la central no se puso al frente, sino que convocó marchas paralelas y una huelga indefinida destinada al fracaso, aislando a la clase obrera de la lucha popular. Así, contribuyeron a estabilizar el gobierno de Boluarte, que luego desató la ola de ataques que hoy vivimos.

La trampa electoral

Otra trampa es el carrerismo electoral. Mientras la mayoría de las organizaciones de «izquierda» se enfocan en las elecciones –prometiendo que desde el Congreso aprobarán leyes favorables–, la realidad es otra. En 2021, la «izquierda» tuvo 40% del Congreso e incluso el gobierno con Castillo, pero no aprobó medidas a favor de los trabajadores, no derogó ni la ley de cese colectivos. Además, muchos de esos congresistas de “izquierda” votaron por la vacancia de Castillo y pasaron a hacer parte de la mafia que co-gobierna.

Hoy, figuras como la congresista Isabel Cortez Aguirre solo presentan proyectos para simular trabajo, engañando con la idea de que el cambio vendrá desde el Parlamento y no desde la movilización. Y como si fuera poco, en su afán por candidatear de nuevo, no tienen ni rubor al incorporarse a las filas de partidos patronales y mafiosos como Podemos.

Por una nueva dirección obrera

El gran desafío que enfrenta la clase obrera es construir una nueva dirección: independiente, clasista y combativa, que una las luchas en lugar de aislarlas, que fortalezca los organismos sindicales afiliando a la mayoría de trabajadores y democratizándolos (con asambleas generales y delegados permanentes), que priorice la acción directa, y que asuma como suyos las banderas de todos los explotados y oprimidos.

Esta dirección debe encaminar la lucha por una salida de fondo con una Asamblea Constituyente y un Gobierno de los Trabajadores y Pobres, que nacionalice las grandes riquezas bajo control obrero y popular.

Esta es la nueva dirección que con urgencia necesitamos poner en pie. Es un desafío grande. Pero la solución empieza por tener claro el problema.

La misma historia nos enseña que la construcción de una verdadera dirección de clase es la que necesitamos resolver para ganar la pelea. La Jornada de 8 horas la ganamos en 1919 con una huelga indefinida organizada y comandada por una dirección revolucionaria (los anarcosindicalistas). En julio de 1977 realizamos el más grande Paro Nacional de nuestra historia, paro que derrotó a una feroz dictadura y permitió la recuperación de las libertades, gracias a que en frente de él se colocó una amplia vanguardia clasista que la impuso y garantizó su realización combativa, rebasando el control burocrático de la central.

Los elementos para dar pasos en este camino surgen en cada lucha, con dirigentes independientes y combativos al frente de sus sindicatos base. Están en los dirigentes del Sindicato Celima, que no solo son independientes, sino se identifican y abrazan un proyecto claro en ese sentido, como parte de una corriente obrera que realiza el mismo esfuerzo y labor en otros países, mostrando que son lo más avanzado de la clase obrera peruana; por eso no es casual que encabecen una lucha verdaderamente ejemplar.

¡Todos a las calles este 1° de Mayo!

Es con este proyecto, con en el que también nos sentimos comprometidos desde el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), es que llamamos a conmemorar este 1° de Mayo en las calles, en forma masiva y combativa, con las siguientes banderas:

✅ Derogatoria de la ley de cese colectivo y reposición de todos los despedidos (como los compañeros de Celima).
✅ Solución a los pliegos de reclamos congelados.
✅ Defensa del empleo en Telefónica: ¡Renacionalización sin pago y bajo control obrero!
✅ Derogatoria de los regímenes laborales precarios (textiles, agro) y fin a la tercerización.
✅ Aumento general de salarios según el costo de la canasta familiar.
✅ ¡No a Tía María! ¡Gasoducto al Sur!
✅ Juicio y castigo a los responsables de los crímenes en las protestas del 2022-2023.
✅ Autoorganización y autodefensa popular contra la criminalidad.
✅ ¡Fuera Boluarte y su Congreso corrupto!

Y siempre, con la bandera de un Gobierno de los Trabajadores y Pobres, que garantice nuestra independencia nacional y ponga las riquezas en manos de las mayorías.

¿Es posible acabar con la criminalidad?

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Por Víctor Montes

El asesinato del cantante del grupo de cumbia “Armonía 10”, Paul Flores, “el russo”, el domingo 16 de marzo, se convirtió en el catalizador del profundo descontento que siente el pueblo pobre y trabajador frente a la violencia de las bandas de extorsionadores y la incapacidad del gobierno para hacerles frente.

De ahí que, solo 5 días después, miles de personas salieran en movilización, pese al “Estado de emergencia”, obligando al Congreso reaccionario, dominado por el fujimorismo, a censurar al exministro del interior, Juan José Santibañez, fiel escudero de Dina Boluarte, quien antes de acceder al gobierno fuera abogado de policías corruptos y asesinos.

Con su acción, las masas populares, que tomaron la convocatoria realizada por las orquestas de cumbia del país, sin la participación de las grandes organizaciones obreras, como la CGTP, asestaron la primera verdadera derrota política de la alianza entre el gobierno y el Congreso, que se han blindado mutuamente en la perspectiva de llegar a 2026 aprobando medidas reaccionarias al amparo de la represión.

Sin embargo, el problema no ha terminado: tanto la violencia criminal, como el gobierno incapaz y el Congreso reaccionario, siguen ahí.

Nosotros ponemos los muertos

La madrugada del 2 de abril, Paul López Estarbridis, padre de familia de 51 años, y chofer con más de 10 años de experiencia, fue asesinado a balazos cuando iniciaba su ruta. El chofer trabajaba para la empresa de transportes Aquarius, conocida como la ‘S’, a la que las bandas de extorsionadores exigían el pago de S/. 20 soles diarios por unidad (unos S/. 2000 diarios en total).

Con dolor, sus compañeros declararon su temor por salir a trabajar. Ante la consulta de los medios de comunicación, sobre si pensaban cambiar de trabajo debido a los extorsionadores, sus compañeros respondieron “somos choferes. Es lo que sabemos hacer y es lo que queremos hacer: trabajar tranquilos y saber que vamos a volver a casa”.

No resulta extraño que, cuando el 5 de abril, Loymer Noé Benigno, chofer de la empresa “el chino”, fue asesinado mientras realizaba su ruta, los 200 choferes que laboran en la empresa definieran parar sus labores en forma intempestiva y no salir hasta tener garantías para sus vidas. Loymer es el tercer chofer de esta empresa, asesinado desde que iniciaron las extorsiones.

15 choferes han sido asesinados en total en lo que va del año. Y es que en medio de la “ola de criminalidad”, los que ponemos los muertos somos los trabajadores y nuestras familias. Según el Sistema Nacional de Defunciones (SINADEF), cada 4 horas se asesina a alguien en el país.

Junto a choferes, trabajadores de barberías, bodegas y escuelas de barrio, vendedores ambulantes o farmacias, son víctimas cotidianas de las bandas de extorsionadores.

Así como en 2020, en plena pandemia, Vizcarra entregó al pueblo pobre a un genocidio en el que los que tenían dinero sobrevivían y los que no, moríamos en las puertas de los hospitales o en nuestras casas, carentes de oxígeno, hoy Boluarte y el Congreso nos entregan como ganado a las bandas criminales.

Otra vez… ¿Qué es el crimen organizado?

Como hemos explicado antes el crimen organizado no tiene nada que ver con el carterista o “fumón” que roba en los barrios. Las organizaciones criminales que extorsionan y asesinan, son verdaderas empresas capitalistas que realizan sus negocios por fuera de la Ley.

Empresas donde hay “dueños”, “gerentes”, “capitanes” y “soldados”. Y donde para garantizar sus ganancias, deben “apropiarse” de territorios e imponer su orden, su “ley”, por la fuerza de las armas y del dinero, con el que compran autoridades (comisarios, oficiales, jueces, supervisores municipales…) que “miran para otro lado”, mientras extorsionan, trafican y matan. Como dicen las propias bandas de extorsionadores, de nada vale denunciar, porque “la policía está con las bandas”.

El Estado patronal no puede enfrentar al crimen

Pero el poder económico de las bandas criminales es tal, que incluso acceden a instancias de poder nacional (Congreso, Poder Judicial y Gobierno), y desde ahí, como cualquier otro sector patronal, defienden sus intereses.

No es casual que el actual presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, ligado a la minería ilegal, se haya constituido en una de las cabezas de las medidas que debilitaron el sistema de investigación fiscal y las leyes de crimen organizado.

El modelo económico aviva las llamas de la criminalidad

Pero el caldo de cultivo para el desarrollo de las bandas criminales, es el modelo económico neoliberal, que saquea nuestros recursos, super explota a la clase trabajadora, y arroja a la población a condiciones de miseria (cabe recordar que entre 9 y 10 millones de peruanos y peruanas nos encontramos bajo la línea de la pobreza monetaria y otros 9 a 10 millones, son vulnerables a caer bajo esa misma línea en cualquier momento).

Así, el capitalismo neoliberal produce potencial carne de cañón para el crimen organizado. Por eso, el Estado patronal y la criminalidad resultan inseparables: porque en el fondo, ambos defienden los intereses del capital.

El gobierno no hace nada

Pero además, nos encontramos ante un gobierno particularmente incapaz ante el problema de la criminalidad. Tan incapaz, que en los hechos, es el principal obstáculo para hacerle frente.

De ahí que los transportistas que paralizan sus labores, y las marchas que se han impuesto en las calles, denuncian la responsabilidad del gobierno y del Congreso, y demandan medidas efectivas para terminar con las bandas criminales, capturar a sus cabecillas, y devolver la tranquilidad a los barrios de la ciudad.

Es esta respuesta colectiva la única que puede abrir paso a una lucha real contra el crimen organizado, con medidas de inteligencia que apunten a la captura y al desmembramiento de las bandas criminales, incluidas las que obran desde los centros del poder.

Un programa revolucionario contra las bandas criminales

Desde un punto de vista de clase, debemos ser claros: el Estado patronal no puede terminar con la criminalidad, pues defiende los intereses del capital, que necesita de nuestra miseria para hacer ganancias, propiciando el desempleo, la precariedad y la lumpenización de sectores de la clase obrera y el pueblo.

Somos los trabajadores y trabajadoras del país, junto al pueblo pobre del campo y la ciudad, quienes tenemos la ardua tarea de acabar con el crimen organizado, como parte de nuestra lucha por acabar con el poder del capital, a partir de nuestra acción combativa y autoorganización.

Por eso proponemos:

  1. Poner en discusión de nuestras organizaciones (sindicatos, asambleas barriales, frentes de defensa, etc.) la organización de rondas y comités de autodefensa urbanas que, junto a las rondas campesinas, combatan la acción de la criminalidad.
  2. Exigir que el Estado proporcione armamento para dichas rondas y comités, y que éstas reemplacen en todas partes a la policía en el resguardo de la seguridad ciudadana y el combate al crimen
  3. Contra la “justicia” patronal y corrupta, conformar tribunales populares, que sumariamente juzguen y sentencien a los criminales, incluídos los criminales del Estado (corruptos, asesinos y extorsionadores), desde un policía hasta un presidente.
  4. Y para cortar de raíz el caldo de cultivo de donde la criminalidad arranca a un sector de la juventud pobre para convertirla en sicaria, es imprescindible garantizar trabajo para todos y todas, prohibir los despidos, reponer a todos los despedidos y despedidas, dividir la jornada laboral entre todas las personas con necesidad de trabajar, garantizando salarios iguales al costo de la canasta básica de consumo.

Esta es la ardua tarea que tenemos entre manos, para dejar de morir a manos del crimen, pero también, del hambre y la pobreza, y de la represión que, hasta ahora, solo sirve para mantener al gobierno de Boluarte y al Congreso reaccionario en el poder.

Los datos

  • 2057 personas fueron asesinadas en 2024 por bandas criminales a nivel nacional.
  • 554 homicidios han sido registrados hasta el 4 de abril.
  • En los 10 meses de gestión de Juan José Santibáñez al frente del MINITER fueron asesinadas 1840 personas.

¿Y el estado de emergencia?

La realidad ha demostrado lo que ya hemos dicho: el Estado de emergencia es una medida impotente frente a la criminalidad que solo da beneficios al gobierno, a los partidos del Congreso y a los empresarios, que quieren, por la fuerza, mantener al pueblo pobre y trabajador con la cabeza abajo. Solo en 24 horas tras el anuncio de la medida, 7 personas fueron asesinadas en Lima y Callao por las bandas criminales. 15, durante la primera semana.

Triunfo de los estudiantes de la Universidad Nacional Agraria La Molina

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Por Miguel Reyes

Tras más de una semana de toma de la universidad, los estudiantes que lucharon por la exigencia de mejores condiciones educativas, lograron arrancar ciertos compromisos a las autoridades de turno como la evaluación de la infraestructura educativa, el reforzamiento de la seguridad y la gratuidad en el comedor.

La difusión de la lucha estudiantil

Desde el inicio de la medida, una serie de actos de solidaridad de estudiantes y federaciones de distintas casas de estudio como la PUCP, la UNI y San Marcos respaldaron la lucha emprendida, además de pronunciamientos de solidaridad y de algunos streamer que difundieron las problemáticas de la universidad en sus redes sociales.

Mientras los días de lucha pasaban, hubo algunos intentos de mesa de diálogo y una asamblea de estudiantes que eligió a ocho delegados para participar de ella. Sin embargo, los estudiantes pedían adicionalmente la transparencia de dicha reunión, la garantía de no represalias y un moderador imparcial.

Es así que el 10 de abril se realizó la esperada reunión en la se llegó a acuerdos en un acta, y que fue celebrada por los estudiantes.

A fortalecer los gremios para garantizar los compromisos

Si bien la lucha consiguió compromisos por parte de las autoridades, las promesas de mejora solo se podrán asegurar definitivamente si, por un lado, se fortalecen los espacios gremiales con métodos democráticos para hacer cumplir dichos acuerdos.

A nivel nacional, de otra parte, los estudiantes tenemos planteado la necesidad de organizar la lucha por un mayor presupuesto para la educación. Situaciones como la planteada por los estudiantes de La Agraria son comunes –y hasta peores– en todas las universidades nacionales. Además, ellos denunciaron también que, en los últimos años, hubo diversos compromisos, pero ningún tipo de avance.

¿Qué es realmente la “lucha política”?

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Por Víctor Montes

Con la convocatoria a elecciones generales por parte del gobierno asesino de Dina Boluarte, distintos personajes y organizaciones, algunas de las cuales se dicen del campo “popular” e incluso “de los trabajadores”, han iniciado una carrera frenética por construir “frentes electorales”, bajo el llamado a la ‘unidad’, y a pugnar por la conciencia y votos del pueblo.

Ahora llaman a las bases obreras a no limitar sus luchas al terreno económico, y a desarrollar una “lucha política”.

Sin embargo, para estas organizaciones, el término “lucha política” es solamente sinónimo de elecciones.Negando en los hechos lo que ha enseñado la historia del movimiento obrero: que no hay lucha política más importante que la acción directa, la movilización obrera y popular y, como máxima expresión de esa lucha, la huelga general.

Esto mismo demostró la lucha de los hermanos y hermanas del sur, que paralizaron sus ciudades y llegaron movilizados hasta Lima exigiendo la inmediata caída de Boluarte, el Congreso, y el llamado a elecciones inmediatas a una Asamblea Constituyente. Todas demandas políticas.

“Luchando” por un curul

Demostrar que para esas organizaciones (Partido Comunista – Unidad, Nuevo Perú, Ahora Nación, Partido de los Trabajadores y Emprendedores – PTE…) la lucha política solamente se entiende como participación en las elecciones, no resulta complicado, pues todo este tiempo no han impulsado la lucha por la caída inmediata del gobierno (una clara demanda política), y por el contrario, han convivido con él, a través de sus “mesas de trabajo” o “de diálogo”.

Por eso insistimos que su estrategia para desarrollar su “lucha política”, entiéndase, para llegar a tener el poder en sus manos, no está en el terreno de la movilización de las organizaciones obreras y populares (lo que llamamos, “acción directa”), ni de construir su poder alternativo.

Porque de haber puesto eje en la lucha sin cuartel contra el gobierno de Boluarte y el Congreso, desde el primer día, se hubiera concretado esa unidad de la que hablan, pero no para las elecciones, sino para derrotar y echarlos abajo.

Por el contrario, tras convivir dos años y meses con el gobierno asesino, ahora se lanzan a la carrera electoral, que es la forma en que conciben su victoria, sin las masas y su movilización.

Por eso, es ahora cuando comienzan a “hacer política”: llaman a reuniones, mesas de trabajo, eventos… hablan en los sindicatos, llaman a luchar “contra la dictadura”, etc.

Y claro está, buscan acuerdos hasta con el “diablo y su abuela” con tal de abrir una perspectiva para sus apetitos electorales. Por ejemplo, es sabido que los partidos antes mencionados (Nuevo Perú, Ahora Nación y el PTE), han llamado incluso al “Partido Morado” de Guzmán, un partido clara y abiertamente patronal, y a “Primero la gente” de Marisol Pérez Tello, ex congresista del corrupto PPK, para que sean parte de la alianza que pretenden conformar.

De ahí el enorme peligro de subordinar la acción directa de la clase obrera y el pueblo a la carrera electoral de estas organizaciones que negocian con las luchas un puesto en la lista congresal.

Adaptación y degeneración

Lamentablemente, la vida corrobora que esa lógica solo puede llevar a quienes la transitan a abandonar todo criterio de clase, para terminar en las garras del más despreciable oportunismo.

Basta mencionar a Edgar Tello, hasta hace unos años dirigente de innumerables huelgas del magisterio de San Juan de Miraflores, o la conocidísima Isabel Cortez, otrora consecuente luchadora del SITOBUR. Ambos, embarcados ahora en la bancada congresal de Podemos Perú, del corrupto José Luna, a la espera de un número en la lista parlamentaria de dicho partido en las próximas elecciones.

Y es que la llamada “democracia” de los patrones es una devoradora de conciencias y personas. El dinero del Estado corrompe a quienes no tienen una férrea convicción de clase y una organización consecuente, proletaria, que les controle y les recuerde día a día que nada bueno y perenne sacan los trabajadores, trabajadoras y el pueblo, de los Congresos y gobiernos, pues todo lo importante se ha conquistado luchando.

La acción directa en el timón de mando

De ahí que no sea correcto subordinar nuestras luchas a ninguna candidatura, lo que en los hechos significa convertirnos en furgón de cola de candidatos y candidatas oportunistas, que ofrecen el “oro y el moro” para ganar votos.

Por el contrario, una candidatura obrera revolucionaria, tendría el deber de utilizar los espacios electorales en la radio, televisión y redes sociales, para apoyar las luchas en curso, como la lucha contra los ceses colectivos, contra Tía María, o por el Gasoducto sur, haciendo un llamado permanente a incrementar y fortalecer la movilización contra el gobierno, por su caída inmediata, por cárcel y sanción para los responsables de los asesinatos por parte de la represión en el sur, y un largo etc.

¿Cómo luchar por el poder político?

Nuestra estrategia, es la de hacer política siempre, desde las luchas. Hacer política siempre y politizar a los trabajadores y trabajadoras, llamando a que discutan sus más sentidas demandas y las unifiquen en la lucha para enfrentar al gobierno de turno, para imponer un gobierno de las organizaciones obreras, campesinas y populares.

Esta tarea, que solo puede ser encarada por un partido obrero que junto a los pobres del campo y la ciudad levante un programa revolucionario, de lucha frontal contra los patrones, sus fuerzas represivas y contra su democracia podrida y corrupta, es la que nos definimos a tomar desde el Partido Socialista de los Trabajadores, por lo que iniciaremos, desde estas páginas, un debate abierto con esas organizaciones que se dicen “de izquierda” y que pretenden el voto obrero y popular, pero que defienden en los hechos (y ahora también en el discurso) la continuidad de la explotación patronal, y del saqueo de nuestros recursos a manos de las transnacionales de toda bandera y color.

Es contra esa concepción de “lucha política”, que revolucionarios como Marx, Engels, Rosa Luxemburgo, Lenin y el mismísimo Mariátegui se levantaron una y otra vez. Es esa la bandera que hoy levantamos nuevamente, desde el PST, de cara a los trabajadores y trabajadoras del país.

Unir las luchas obreras con el Paro Nacional

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Escribe Manuel Fernandez.

El 7 de agosto pasado comenzó el cese colectivo en Celima S.A. Desde entonces, el sindicato obrero se ha movilizado de manera incansable y combativa, llamando a la unidad de la clase trabajadora para enfrentar los despidos masivos y la ofensiva patronal, que se ha intensificado desde la instalación del gobierno de Dina Boluarte hace más de dos años.

Durante meses, el sindicato de Celima luchó casi en solitario, con el apoyo solidario de activistas y algunos grupos sindicales. Sin embargo, su perseverancia logró –ante el escándalo del segundo intento de cese que la empresa impulsó a fines de noviembre– que la FETRIMAP movilizara a sus bases los días 10 de diciembre y 8 de enero.

Pero el sindicato no se detuvo. Insistió en la necesidad de unificar fuerzas con la FETRIMAP y la CGTP mediante un Paro Nacional, convencido de que era la única forma de frenar el ataque patronal, agravado por el segundo cese. Junto a Celima también luchaban los sindicatos de Telefónica, de tiendas Ripley y otros que mantenían huelgas con pliegos sin resolver, reforzando la conciencia de que la unidad obrera es imprescindible.

El 13 de marzo marcó un punto de inflexión. Boluarte, acorralada por investigaciones judiciales y el avance de las protestas –que dejaron al descubierto su debilidad–, cedió parcialmente. En busca de apoyo, recibió a dirigentes sindicales en Palacio de Gobierno y permitió que las marchas se acercaran a su sede. Ese día, se realizó la movilización más grande desde 2023, con una fuerte presencia obrera y un clamor creciente: ¡Paro Nacional!

Otro hecho clave ocurrió el 20 de marzo: el quiebre de la alianza congresal que sostenía a Boluarte, con la censura a su ministro del Interior por su inacción ante la ola criminal, que cobró la vida del músico popular Paul Flores. La censura no calmó el descontento, que estalló al día siguiente en una gigantesca protesta obrera y popular, donde confluyeron sectores de clase media bajo una misma consigna: ¡Fuera Dina!

Desde entonces, las movilizaciones se han extendido: protestas en Topy Top, Ajeper, Backus; un paro regional en Cusco por la reactivación del Gasoducto Andino, y la resistencia en Tambo contra Tía María; todo lo cual mantiene en tensión a la macrorregión sur. Bajo la presión del sindicato de Celima, y ante la amenaza de la implementación del RIA (remuneración integral anual) por parte del Ministro de Trabajo, la FETRIMAP –que aún se resiste al Paro Nacional– convocó una nueva marcha el 3 de abril, movilizando a más de mil obreros de 30 bases sindicales.

En este nuevo escenario, la Federación Textil celebró un plenario el 5 de abril, acordando apoyar a Celima y convocar una movilización como paso hacia un Paro Nacional. Los transportistas realizaron un paro el 10 de abril y anuncian otro para el 14 y 15 de mayo, exigiendo acciones contra la inseguridad. Ese mismo día, la Federación de Construcción Civil demostró su fuerza sacando a más de 10 mil trabajadores a las calles.

En resumen: el agravamiento del ajuste patronal –ante la inestabilidad de la economía mundial amenazada de recesión por el efecto del gobierno Trump y sus medidas–, combinada con la absoluta crisis del gobierno incapaz de frenar la ola delictiva que afecta a las mayorías pobres, han dado impulso a una nueva oleada de luchas exigiendo soluciones, pero sobre todo exigiendo ¡Fuera Dina! En este nuevo escenario la clase obrera se muestra como una vanguardia con mucha fuerza y, sobre todo, potencialidad. En ella, el sindicato Celima se coloca como uno de los referentes máximos de la combatividad obrera.

La situación exige que las dirigencias sindicales convoquen ya un Paro Nacional Obrero y Popular, no solo por reivindicaciones laborales, sino para derrotar a un gobierno ilegítimo. Solo así se podrá revertir el cese en Celima –que ya cuenta con dos resoluciones favorables a la patronal–, derogar las leyes antiobreras y eliminar los regímenes laborales precarios, como el que sufren los textiles.

Hoy, el llamado al Paro Nacional, gritado desde las trincheras de los obreros de Celima, resuena en todo el país. Hay que exigirlo y prepararlo en cada base sindical, hasta empujar a las dirigencias de la FETRIMAP y la CGTP a colocarse al frente de esta tarea. 

¡Viva el 1° de Mayo!

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Unitario, clasista y de lucha contra el gobierno, el Congreso, los patrones, el capitalismo neoliberal y el imperialismo

Los trabajadores y trabajadoras de todo el mundo nos reencontramos en las calles este 1° de mayo, conmemorando la heroica gesta de la clase trabajadora por las 8 horas de trabajo, y el sacrificio de los mártires de Chicago, que hace 139 años fueron detenidos y acusados injustamente, para ser ejecutados por la justicia patronal un año después. La heroica lucha de la clase obrera seguiría su ejemplo y, al cabo de algunos años, conquistaría las 8 horas de trabajo a lo largo y ancho del mundo. En nuestro país, una poderosa huelga general impondería la conquista de esas 8 horas en enero de 1919.

Una ofensiva contra los pueblos y trabajadores del mundo

Pero no lo hacemos en un momento cualquiera, pues nos encontramos en medio de una brutal ofensiva del imperialismo, particularmente del estadounidense, con trump a la cabeza, contra los pueblos del mundo.

No solo cumplió con su promesa de iniciar una “cacería de brujas”, deportando abusivamente a los migrantes, incluidos peruanos, de los Estados Unidos. Sino que contó con el silencio cómplice, cuando no con el apoyo explícito de varios gobiernos serviles de Latinoamérica, incluido el gobierno de Dina Boluarte.

También impuso un retroceso en la soberanía panameña al volver a desplegar tropas en las inmediaciones del canal de Panamá, lo que constituye una amenaza contra todos los pueblos del continente.

Además, ha iniciado una guerra arancelaria que, aunque evidencia una pugna particular con China, se ceba con los pueblos de todo el mundo, con la finalidad de lograr una mayor concentración de la riqueza en manos de las transnacionales y corporaciones yankis.

No es casual que, en ese marco, Trump busque imponer una “paz” al pueblo ucraniano que significará el desmembramiento de casi un tercio de su territorio nacional en favor de Putin y la oligarquía rusa, de un lado, y el control de sus recursos naturales (tierras raras) en favor de Estados Unidos, del otro.

Tampoco es casual que Trump sostenga el genocidio contra el pueblo palestino, conviertiendo a Gaza en una masiva fosa común, donde mujeres, niños, niñas, ancianos y ancianas, hombres y mujeres, son asesinados día a día por la acción de las bombas yanquis que Trump entrega al gobierno Netanyahu, así como por el hambre y la falta de medicinas debido al bloqueo impuesto por el Estado genocida, sionista y nazi-fascista de Israel. Estado que no es más que un enclave colonial-militar del imperialismo en el Medio Oriente.

Ese es el marco internacionalista de este Primero de mayo. Un marco que nos obliga a recordar, que el capitalismo es sinónimo de explotación, muerte y destrucción. Un marco que nos muestra que el capitalismo nos ha traído a la barbarie. Y por eso, no hay más camino que destruirlo.

La crisis en el país es responsabilidad del gobierno, el congreso y los patrones

Y las cosas no son diferentes en nuestro país. El capitalismo trajo «modernidad» e integró al Perú al mundo, elevando el nivel de vida… pero solo para las clases acomodadas. Según el INEI, entre los años 2019 y 2023, la pobreza urbana casi se ha duplicado, pasando del 14.6 al 26.4%; mientras que la pobreza rural se encuentra en el 39.8%. En general, 30% del país (10 millones de peruanos y peruanas) son pobres (viven con 8 soles al día).

Las mujeres trabajadoras y campesinas cargan con la peor parte: empleos precarios, salarios miserables y violencia machista. En nuestro país, el 51% de las personas que trabajan en la informalidad, son mujeres. La brecha salarial entre hombres y mujeres se mantiene en un 25%. En 2024, 175 mujeres fueron víctimas de feminicidio, y de acuerdo con el Portal estadístico del Programa Nacional AURORA, se han registrado 49 casos de feminicidio hasta marzo de 2025.

Es este mismo sistema económico y social que desveló toda su injusticia y crueldad durante la pandemia del Covid 19, en la que los trabajadores y pobres fuimos obligados a salir a trabajar y condenados a morir por el contagio y sin ninguna esperanza de atención mínima. Un millón fue despedido y la economía popular fue arruinada. En ese mismo lapso los grandes capitalistas hicieron más dinero.

Ahora vivimos una situación parecida con la criminalidad, que se expande y avanza tomando el control de barrios enteros, causando más de 6 asesinatos diarios (500 en lo que va del año solo en Lima, 100 solo en San Juan de Lurigancho). Las extorsiones superan los 5 mil casos, y han provocado el cierre de 2,600 bodegas solo en Lima. Transportistas, colegios y comunidades pobres son víctimas, descomponiendo todo el tejido social.

El Estado patronal, corrupto e inepto, alimenta este caos en lugar de combatirlo. Abandona la educación, la salud y proyectos para mitigar los desastres climáticos. Permite el saqueo de recursos naturales por mineras (legales e ilegales) y los tratados de libre comercio que inundan el mercado incluso con productos agrarios subsidiados, hunden al campesinado pobre. En ese contexto, los sectores más pobres y excluidos de la “riqueza” que ofrece el modelo económico, se convierten rápidamente en carne de cañón para las bandas criminales.

Unir las luchas y levantar nuestras banderas

Pero los trabajadores y el pueblo pobre resistimos luchando. Lo hacen los obreros de Celima contra el cese colectivo que busca destruir su sindicato. Lo hace la población de los conos de Lima junto a transportistas, contra la inseguridad. Lo hacen La Convención por el Gasoducto al Sur y el Valle del Tambo contra el proyecto Tía María de Southern. Todo esto ha dejado al gobierno de Boluarte, odiado por todos, apenas sostenido por un Congreso mafioso.

Pero las direcciones nacionales (CGTP, FNTMMP, FNTCCP, FETRIMAP) en los hechos frenan la posibilidad de que uniquemos nuestras luchas. Por ejemplo, hoy renuncian a convocar un Paro Nacional o una Huelga general, que unifique las demandas y reivindicaciones. Esto debido a que su prioridad son sus planes electorales, que colocan por delante de la solución inmediata de nuestras demandas. Y mientras tanto, siguen conciliando con nuestros enemigos clase en el Consejo Nacional del Trabajo y el Acuerdo Nacional.

Ante esto, lo que necesitamos es enterrar ya al gobierno de Boluarte y abrir un cause verdaderamente democrático en el país, con la conquista de una Asamblea Constituyente, demanda que viene desde lo más profundo del país, que entierre la constitución fujimorista, y que consagre las verdaderas aspiraciones democráticas y de independencia económica y social que necesita el país:  Una salida que solo podrá ser coronada luchando sin tregua y unidos obreros, campesinos, estudiantes y pueblo pobre, hasta la conquista de un Gobierno de los Trabajadores, apoyado en asambleas populares, que garantice la recuperación de nuestros recursos naturales, trabajo para todos y todas, derecho a la autodefensa de las organizaciones obreras y populares frente a la criminalidad, prohibición de despidos, alto a los proyectos mineros que afectan al campesinado, nacionalización del puerto de Chancay para ponerlo al servicio de la economía nacional y un largo etcétera. Todo en el camino a la construcción del socialismo en el Perú, América y el mundo, única salida a la barbarie capitalista-imperialista que amenaza al planeta entero.

Para ello hace falta una nueva dirección: un partido obrero revolucionario como el que construimos en el Partido Socialista de los Trabajadores, que sea capaz de fortalecer la autoorganización democrática y encabezar las luchas, hasta la consecución de estas aspiraciones.

¡Viva el 1° de Mayo clasista, internacionalista y socialista!
¡Abajo la opresión capitalista!

¡Viva la lucha de la resistencia ucraniana! ¡Viva la resistencia del heroico pueblo palestino!
¡Abajo Dina asesina! ¡Por un Gobierno de los Trabajadores!

¿Es posible acabar con la criminalidad?

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Al cierre de la edición, el 10 de abril, un nuevo y poderoso paro de choferes se impuso en respuesta a los asesinatos que vienen sufriendo en plena ruta. Más de 400 líneas de transporte se plegaron, ante el hartazgo de los trabajadores del transporte, víctimas cotidianas de los sicarios que lo matan como represalia a las empresas que no pagan las cuotas extorsivas. Una vez más, es la reacción del pueblo trabajador la única que hace frente a la ola de criminalidad.

Por Víctor Montes

El asesinato del cantante del grupo de cumbia “Armonía 10”, Paul Flores, “el russo”, el domingo 16 de marzo, se convirtió en el catalizador del profundo descontento que siente el pueblo pobre y trabajador frente a la violencia de las bandas de extorsionadores y la incapacidad del gobierno para hacerles frente.

De ahí que, solo 5 días después, miles de personas salieran en movilización, pese al “Estado de emergencia”, obligando al Congreso reaccionario, dominado por el fujimorismo, a censurar al exministro del interior, Juan José Santibañez, fiel escudero de Dina Boluarte, quien antes de acceder al gobierno fuera abogado de policías corruptos y asesinos.

Con su acción, las masas populares, que tomaron la convocatoria realizada por las orquestas de cumbia del país, sin la participación de las grandes organizaciones obreras, como la CGTP, asestaron la primera verdadera derrota política de la alianza entre el gobierno y el Congreso, que se han blindado mutuamente en la perspectiva de llegar a 2026 aprobando medidas reaccionarias al amparo de la represión.

Sin embargo, el problema no ha terminado: tanto la violencia criminal, como el gobierno incapaz y el Congreso reaccionario, siguen ahí.

Nosotros ponemos los muertos

La madrugada del 2 de abril, Paul López Estarbridis, padre de familia de 51 años, y chofer con más de 10 años de experiencia, fue asesinado a balazos cuando iniciaba su ruta. El chofer trabajaba para la empresa de transportes Aquarius, conocida como la ‘S’, a la que las bandas de extorsionadores exigían el pago de S/. 20 soles diarios por unidad (unos S/. 2000 diarios en total).

Con dolor, sus compañeros declararon su temor por salir a trabajar. Ante la consulta de los medios de comunicación, sobre si pensaban cambiar de trabajo debido a los extorsionadores, sus compañeros respondieron “somos choferes. Es lo que sabemos hacer y es lo que queremos hacer: trabajar tranquilos y saber que vamos a volver a casa”.

No resulta extraño que, cuando el 5 de abril, Loymer Noé Benigno, chofer de la empresa “el chino”, fue asesinado mientras realizaba su ruta, los 200 choferes que laboran en la empresa definieran parar sus labores en forma intempestiva y no salir hasta tener garantías para sus vidas. Loymer es el tercer chofer de esta empresa, asesinado desde que iniciaron las extorsiones.

17 choferes han sido asesinados en total en lo que va del año. Y es que en medio de la “ola de criminalidad”, los que ponemos los muertos somos los trabajadores y nuestras familias. Según el Sistema Nacional de Defunciones (SINADEF), cada 4 horas se asesina a alguien en el país. 

Junto a choferes, trabajadores de barberías, bodegas y escuelas de barrio, vendedores ambulantes o farmacias, son víctimas cotidianas de las bandas de extorsionadores. 

Así como en 2020, en plena pandemia, Vizcarra entregó al pueblo pobre a un genocidio en el que los que tenían dinero sobrevivían y los que no, moríamos en las puertas de los hospitales o en nuestras casas, carentes de oxígeno, hoy Boluarte y el Congreso nos entregan como ganado a las bandas criminales.

Otra vez… ¿Qué es el crimen organizado?

Como hemos explicado antes el crimen organizado no tiene nada que ver con el carterista o “fumón1” que roba en los barrios. Las organizaciones criminales que extorsionan y asesinan, son verdaderas empresas capitalistas que realizan sus negocios por fuera de la Ley.

Empresas donde hay “dueños”, “gerentes”, “capitanes” y “soldados”. Y donde para garantizar sus ganancias, deben “apropiarse” de territorios e imponer su orden, su “ley”, por la fuerza de las armas y del dinero, con el que compran autoridades (comisarios, oficiales, jueces, supervisores municipales…) que “miran para otro lado”, mientras extorsionan, trafican y matan. Como dicen las propias bandas de extorsionadores, de nada vale denunciar, porque “la policía está con las bandas”. 

El Estado patronal no puede enfrentar al crimen

Pero el poder económico de las bandas criminales es tal, que incluso acceden a instancias de poder nacional (Congreso, Poder Judicial y Gobierno), y desde ahí, como cualquier otro sector patronal, defienden sus intereses.

No es casual que el actual presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, ligado a la minería ilegal, se haya constituido en una de las cabezas de las medidas que debilitaron el sistema de investigación fiscal y las leyes de crimen organizado.

El modelo económico aviva las llamas de la criminalidad

Pero el caldo de cultivo para el desarrollo de las bandas criminales, es el modelo económico neoliberal, que saquea nuestros recursos, super explota a la clase trabajadora, y arroja a la población a condiciones de miseria (cabe recordar que entre 9 y 10 millones de peruanos y peruanas nos encontramos bajo la línea de la pobreza monetaria y otros 9 a 10 millones, son vulnerables a caer bajo esa misma línea en cualquier momento). 

Así, el capitalismo neoliberal produce potencial carne de cañón para el crimen organizado. Por eso, el Estado patronal y la criminalidad resultan inseparables: porque en el fondo, ambos defienden los intereses del capital.

El gobierno no hace nada

Pero además, nos encontramos ante un gobierno particularmente incapaz ante el problema de la criminalidad. Tan incapaz, que en los hechos, es el principal obstáculo para hacerle frente. 

De ahí que los transportistas que paralizan sus labores, y las marchas que se han impuesto en las calles, denuncian la responsabilidad del gobierno y del Congreso, y demandan medidas efectivas para terminar con las bandas criminales, capturar a sus cabecillas, y devolver la tranquilidad a los barrios de la ciudad.

Es esta respuesta colectiva la única que puede abrir paso a una lucha real contra el crimen organizado, con medidas de inteligencia que apunten a la captura y al desmembramiento de las bandas criminales, incluidas las que obran desde los centros del poder.

Un programa revolucionario contra las bandas criminales

Desde un punto de vista de clase, debemos ser claros: el Estado patronal no puede terminar con la criminalidad, pues defiende los intereses del capital, que necesita de nuestra miseria para hacer ganancias, propiciando el desempleo, la precariedad y la lumpenización de sectores de la clase obrera y el pueblo.

Somos los trabajadores y trabajadoras del país, junto al pueblo pobre del campo y la ciudad, quienes tenemos la ardua tarea de acabar con el crimen organizado, como parte de nuestra lucha por acabar con el poder del capital, a partir de nuestra acción combativa y autoorganización.

Por eso proponemos:

a. Poner en discusión de nuestras organizaciones (sindicatos, asambleas barriales, frentes de defensa, etc.) la organización de rondas y comités de autodefensa urbanas que, junto a las rondas campesinas, combatan la acción de las bandas criminales.

b. Exigir que el Estado proporcione armamento para dichas rondas y comités, y que éstas reemplacen en todas partes a la policía en el resguardo de la seguridad ciudadana y el combate al crimen.

c. Contra la «justicia» patronal y corrupta, conformar tribunales populares que sumariamente juzguen y sentencien a los criminales, incluidos los de «cuello y corbata», desde un policía hasta un presidente.

d. Y para cortar de raíz el caldo de cultivo de donde la criminalidad arranca a un sector de la juventud pobre para convertirla en sicaria, garantizar trabajo para todos y todas, prohibir los despidos, reponer a todos los despedidos y despedidas, dividir la jornada laboral entre todas las personas con necesidad de trabajar, garantizando salarios iguales al costo de la canasta básica de consumo.

Esta es la ardua tarea que tenemos entre manos, para dejar de morir a manos del crimen, pero también, del hambre y la pobreza, y de la represión que, hasta ahora, solo sirve para mantener al gobierno de Boluarte y al Congreso reaccionario en el poder.

Los datos

  • 2057 personas fueron asesinadas en 2024 por bandas criminales a nivel nacional.
  • 554 homicidios han sido registrados hasta el 4 de abril.
  • En los 10 meses de gestión de Juan José Santibáñez al frente del MINITER fueron asesinadas 1840 personas.

¿Y el estado de emergencia?

La realidad ha demostrado lo que ya hemos dicho: el Estado de emergencia es una medida impotente frente a la criminalidad que solo da beneficios al gobierno, a los partidos del Congreso y a los empresarios, que quieren, por la fuerza, mantener al pueblo pobre y trabajador con la cabeza abajo.

Solo en 24 horas tras el anuncio de la medida, 7 personas fueron asesinadas en Lima y Callao por las bandas criminales. 15, durante la primera semana.

Echar abajo todo el legado del 5 de abril

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Por Víctor Montes

El pasado 5 de abril se cumplieron 33 años del golpe de estado con que el dictador Alberto Fujimori, Montesinos y la cúpula de las Fuerzas Armadas, tomaron el control del país con los tanques en las calles, imponiendo toque de queda, reprimiendo y persiguiendo a sus opositores, sobre todo los luchadores y luchadoras obreras y populares, pasando adelante con la imposición del modelo económico neoliberal, que consagraron vía la Constitución de 1993.

Hoy, 33 años después, los trabajadores y trabajadoras, así como los campesinos, estudiantes y naciones originarias de todo el país seguimos padeciendo el impacto de las profundas transformaciones impuestas por la dictadura, y luchamos cotidianamente por echar abajo ese legado que nos expone al saqueo de nuestras riquezas por parte de las grandes transnacionales, a la superexplotación, los despidos, la precarización y la informalidad, y que ha hecho de la corrupción una forma de vida para quienes pululan por las instituciones del Estado.

De ahí que sea imprescindible preguntarnos ¿El golpe era inevitable? ¿Había una alternativa? Y ya pasados los años… ¿Qué debemos hacer para echar abajo ese legado oneroso y pesado?

El golpe no fue un “rayo en cielo sereno”

El golpe del 5 de abril de 1992 tuvo como pretexto enfrentar a Sendero Luminoso y el MRTA, quienes desde la década del 80 desataron una ola de violencia al margen (incluso contra) de las luchas obreras y populares que merecía el genuino rechazo del pueblo pobre y trabajador, que moría entre las balas de SL, del MRTA, y las de las Fuerzas Armadas y policiales.

Pero de fondo, el golpe fue el colofón de un ciclo de ascenso de las luchas obreras y populares, que sobretodo a partir de 1975 se extendió por el país, y que tuvo su pico en la poderosa y heroica huelga minera de 1988, derrotada por la acción de las bandas paramilitares del gobierno aprista, que asesinaron a Cantoral, y por la defección de sus direcciones políticas, concentrada en Izquierda Unida, quienes renunciaron a organizar una poderosa lucha política e insurreccional en torno a los mineros, para concentrarse en sus cálculos electorales.

El golpe es, por tanto, la combinación de la decisión de las Fuerzas Armadas de tomar control del país (El “Plan verde”), para lo cual necesitaban a un “nadie” en el gobierno, como era entonces Fujimori, y de la imposibilidad de la clase obrera, por culpa de sus direcciones reformistas, de dar una salida revolucionaria a la crisis profunda, económica, social y política, que vivía el país hacia finales de la década de 1980.

Por eso, cuando sobreviene el golpe, las masas obreras, que tantas poderosas huelgas habían desarrollado en los años anteriores, se paralizaron, como si no tuvieran nada que defender. Sus direcciones (el Partido Comunista, Patria Roja, el PUM, etc.), presas del mismo “nadie” (Fujimori) que habían llamado a votar dos años antes contra el liberal Vargas Llosa, pero que ya había traicionado sus promesas de campaña al iniciar la aplicación de las medidas de ajuste neoliberal (el famoso “fujishock”), apenas a un mes de haber tomado la presidencia, en agosto de 1990, fueron incapaces de llamar a las organizaciones obreras y campesinas a luchar. Así, la derrota, que sobrevino sin reacción, terminó encumbrando a Fujimori como nuevo “Bonaparte”.

El impacto fue la miseria del país y del pueblo trabajador en particular

Los patrones y sus organizaciones como la CONFIEP, la SNI, o sus partidos políticos, nos venden la historia de que la dictadura de Fujimori, iniciada ese 5 de abril, tuvo su lado “bueno” y su lado “malo”. Dicen que Fujimori “acabó con el terrorismo” y que “reinsertó al país en el sistema financiero mundial”. Y por eso, tras su muerte, le lavaron la cara, y hasta le rindieron honores de jefe de Estado, a quien se pasó los últimos años de su vida preso por asesino y corrupto.

Y es que para esos patrones, la obra fundamental de Fujimori fue imponer a la clase trabajadora un nuevo nivel de explotación, al destruir sus derechos laborales, y entregar las riquezas del país al gran capital transnacional de quienes los patrones peruanos se hicieron socios menores, como se puede ver en el emblemático caso de Inka Kola y Donofrio, hoy marcas de Coca Cola y Nestlé.

Lo cierto es que con la dictadura, Fujimori aseguró un retroceso en el nivel de vida del pueblo trabajador de aproximadamente 30 años, lo mismo que retrocedió 30 años la posibilidad de un desarrollo económico mínimamente nacional. Por eso no es exagerado afirmar que el legado más crudo de la dictadura se plasmó durante la pandemia de covid19, cuando nos convertimos en el país con más muertos por millón de habitantes de todo el mundo (5,996.87 muertes por cada millón de habitantes según la base de datos de la Universidad Johns Hopkins – Estados Unidos).

Por todo eso, la clase obrera necesita inscribir en las banderas de sus luchas, el mismo grito de guerra que levantaron nuestros hermanos y hermanas trabajadoras chilenas durante el estallido de 2019, haciendo referencia a Pinochet, su Constitución y el modelo económico neoliberal: ¡Borrar todo tu legado será nuestro legado!

Los números de la dictadura

  • 10 años gobernó Alberto Fujimori, 8 de ellos, como dictador junto a Vladimiro Montesinos, jefe del Servicio Nacional de Inteligencia (SIN) y Nicolás de Bari Hermosa Ríos, presidente del Comando Conjunto de las FF.AA.
  • El 7 de abril de 2009, Alberto Fujimori fue condenado a 25 años por los delitos de homicidio calificado con alevosía, por las matanzas de: Barrios Altos y La Cantuta, y secuestro agravado, por las detenciones del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer.
  • La sentencia, que tuvo 266 páginas, precisó que el autogolpe de 1992 permitió que todo el poder se centralizara en Fujimori, desde el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), y que se le brindara gran capacidad operativa al Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE).
  • 300 mil trabajadores y trabajadoras estatales fueron despedidas masivamente durante el periodo de ajuste neoliberal.
  • 228 empresas fueron privatizadas por Fujimori: empresas mineras (90%); de manufactura (85.5%), hidrocarburos (68%), electricidad (68%) y agricultura (35%).

Más de 500.000 personas protestan contra Trump en el movimiento ‘¡Manos Fuera!’ manifestaciones en los EE.UU.

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Por Marcel Wando

El pasado sábado 5 de abril de 2025, cientos de miles de personas participaron en la marcha ‘¡Manos Fuera!’ en todo Estados Unidos, expresando oposición a las políticas del presidente Donald Trump y su asesor Elon Musk. Las cifras en este momento son iniciales, y es posible que las cifras de multitud fueran de millones. Organizados por grupos como MoveOn e Indivisible, se llevaron a cabo más de 1.000 eventos en los 50 estados.

En Washington, DC, la concentración más grande reunió a decenas de miles de manifestantes en el National Mall. También se produjeron protestas importantes en ciudades como Boston, Atlanta y Nueva York, e incluso en algunos estados tradicionalmente conservadores.

Los activistas levantaron carteles condenando los ataques a la democracia, los derechos civiles y programas públicos como la Seguridad Social y Medicaid. Los manifestantes expresaron su preocupación por los importantes recortes a los programas federales, en particular la reducción de más de 12 mil millones de dólares en fondos para la atención médica, los recortes de empleos en el Departamento de Educación y la desfinanciación de instituciones culturales.

Ofensiva autoritaria y ataques a los derechos

Desde el inicio de su segundo mandato en enero de 2025, el presidente Donald Trump ha implementado una serie de políticas que impactan negativamente a los sectores más oprimidos de la clase trabajadora en Estados Unidos. Una de las primeras acciones fue la firma de órdenes ejecutivas destinadas a desmantelar los programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) en las agencias federales. Estas medidas resultaron en la eliminación de iniciativas destinadas a promover la igualdad de oportunidades para las mujeres, las personas racializadas y las personas LGBT, así como en la eliminación de referencias a estos grupos de sitios web y materiales oficiales.

Ya en enero de 2025, una orden ejecutiva definió el sexo como una característica estrictamente biológica, lo que resultó en la suspensión de los pasaportes con el marcador de género «X» y la prohibición de los cambios de género en los documentos federales. Además, se implementaron restricciones al servicio militar de las personas transgénero y amenazas de recortes de fondos federales a las escuelas que reconozcan las transiciones de género de los estudiantes.

En febrero de 2025, Trump propuso que Estados Unidos tomara el control de la Franja de Gaza, reubicando a la población palestina en países vecinos y convirtiendo la zona en un centro turístico sin palestinos. Esta propuesta de limpieza étnica fue un incentivo para que Netanyahu (el primer ministro israelí) rompiera el alto el fuego y cometiera los ataques a Cisjordania que le siguieron.

Además, la administración Trump ha condicionado la continuación de la ayuda militar a Ucrania al acceso a los minerales de tierras raras del país en términos extremadamente favorables para Estados Unidos, o a la rendición total a Putin, con la entrega de sus tierras a Rusia. Así, impuso a los ucranianos el ultimátum de convertirse en un país sometido a Rusia, a Estados Unidos o a ambos, negando su soberanía y autodeterminación.

Estas políticas demuestran que Trump quiere implementar medidas en defensa de los más ricos y poderosos, incluso a costa de los más pobres y oprimidos, no sólo en EE.UU., sino en todo el mundo. Este es el resultado de la búsqueda desenfrenada de una competencia en el mercado global con China y otros países imperialistas del mundo.

La situación de los inmigrantes

Desde el inicio de su segundo mandato, el presidente Donald Trump ha implementado una serie de medidas contra los inmigrantes. Ordenó a los agentes fronterizos deportar sumariamente a cualquiera que cruzara la frontera, suspendió el uso de la aplicación CBP One —utilizada para programar la entrada al país—, restableció la política de “Permanecer en México” y ordenó la reanudación de la construcción del muro fronterizo.

La represión alcanzó un nuevo nivel en marzo con el arresto de Mahmoud Khalil , un residente legal permanente y ex estudiante de la Universidad de Columbia, que está casado con una ciudadana estadounidense y espera el nacimiento de su primer hijo. Aunque un juez bloqueó su deportación inmediata, Khalil sigue preso en una instalación en la zona rural de Luisiana, a casi 1.500 millas de su casa, mientras el gobierno alega vínculos con Hamas.

Se informa que otros estudiantes extranjeros con estatus legal también han sido detenidos o están bajo investigación. Cientos de personas han recibido notificaciones de cancelación de visas y órdenes de deportación. Unos días después, 238 inmigrantes venezolanos fueron deportados a El Salvador y llevados a la megacárcel de Bukele . El gobierno alegó vínculos con la pandilla Tren de Aragua, pero varios deportados tenían casos de asilo activos y no habían recibido órdenes formales de expulsión. Un juez incluso ordenó el regreso de algunos de ellos cuando los vuelos ya estaban en marcha.

Mientras tanto, otros inmigrantes con visas válidas enfrentaron barreras al intentar regresar a Estados Unidos. A la Dra. Rasha Alawieh, por ejemplo, se le impidió la entrada después de que los agentes encontraran imágenes de líderes de Hezbolá en su teléfono celular. Aunque ella afirma que las fotos fueron tomadas en un funeral, esto fue utilizado como justificación para su deportación.

Las políticas de inmigración de Trump han suscitado importantes preocupaciones entre los defensores de los derechos de los inmigrantes y las organizaciones de derechos humanos. La implementación de deportaciones masivas, detenciones prolongadas y restricciones a las solicitudes de asilo son violaciones de los derechos fundamentales de los inmigrantes. Para un análisis más profundo sobre la movilización de los inmigrantes y sus aliados contra los ataques de Trump, recomendamos leer el artículo “ Los inmigrantes y sus aliados se movilizan contra los ataques de Trump ”.

El “¡Manos Fuera!” Las manifestaciones reflejan una creciente resistencia a las políticas de la administración Trump, enfatizando la defensa de los servicios públicos, los derechos civiles y el apoyo a las comunidades inmigrantes en Estados Unidos.

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