Tras la vacancia de Dina Boluarte y la designación de José Jerí como presidente de transición, la situación política del país ha experimentado muy pocos cambios sustanciales. Sin embargo, destaca el hecho de que el nuevo gobierno ha logrado despertar expectativas en parte de la población, alcanzando una aprobación superior al 40%, según IPSOS, comparado con el prácticamente nulo respaldo que tenía Boluarte.
Este repunte de aprobación se debe a la estrategia de comunicación de Jerí quien ha buscado proyectar la imagen de gobierno fuerte, que combate el crimen. A través de acciones mediáticas como visitas a cárceles, operativos vistosos como el traslado aparatoso de presos de alta peligrosidad, y la declaración de estado de emergencia en varias ciudades, el gobierno ha conseguido cierta estabilidad inicial de cara a los cinco meses que restan para las elecciones generales de abril de 2026.
Estabilidad precaria: crisis económica, social y política
Pese a la aparente estabilidad inicial, esta se sostiene sobre un terreno sumamente frágil, marcado por problemas económicos, sociales y una crisis política que no deja de profundizarse, lo que plantea la posibilidad de nuevas luchas importantes o ascensos incluso en pleno proceso preelectoral. El problema de las extorsiones y el sicariato ha puesto en alerta permanente a los gremios de trabajadores del transporte, comerciantes, artistas, etc. Quienes han respondido de manera inmediata ante nuevos atentados y asesinatos, y los transportistas tienen un acuerdo gremial de “parar motores” antes nuevos asesinatos y ya existe experiencia ganada con el contundente paro del 6 y 7 de octubre, y la réplica del 4 de noviembre. Y es que el sicariato, lejos de resolverse con la política del gobierno, sigue agravándose día a día con una sangría económica y una ola de asesinatos que no se detiene incluso dentro del estado de emergencia.
Al lado de ese problema siguen agravándose problemas estructurales derivados del plan económico neoliberal, que por más de treinta años viene golpeando la economía popular.
La desigualdad económica y social sigue creciendo
El modelo neoliberal vigente favorece profundas desigualdades económicas y sociales al entregar recursos estratégicos (mineros, forestales, pesqueros, etc.) a grandes corporaciones, mientras promueve la sobre explotación de los trabajadores; esto, al tiempo que mantiene a la mayoría de la población nacional en la economía marginal, informal y hasta en las fauces de una economía ilegal vinculada al crimen organizado.
Junto con lo anterior, el modelo también promueve un esquema tributario “promocional” de impuestos mínimos para poderosos capitalistas, lo que deja un Estado débil, sin recursos, materialmente incapaz de implementar siquiera políticas redistributivas que alivien los graves problemas sociales acumulados en salud, educación, desempleo y subempleo, medioambiente e incluso el caótico sistema de transporte y el asfixiante problema de la inseguridad ciudadana.
Mientras tanto, las grandes corporaciones continúan enriqueciéndose de manera desproporcionada, como lo muestran por ejemplo las cifras récord de exportaciones, más de 70,000 millones de dólares, mientras trabajadores mineros y agrarios sobreviven con salarios cercanos a la línea de pobreza.
La polarización económica llevó en 2021, recordemos, todavía en medio de una pandemia, a que los sectores más populares se manifestaran en el terreno electoral eligiendo a un candidato antisistema que apenas gobernó un año y medio para ser vacado por los sectores reaccionarios y corruptos, quienes impusieron un gobierno represivo adaptado a sus intereses.
Mafias políticas y control institucional
Los partidos vinculados al pacto de la corrupción han usurpado el control del Congreso y del Ejecutivo, el sistema judicial y el sistema electoral, consolidando un control autoritario mediante leyes que favorecen el crimen y la impunidad; con eso se han anulado arbitrariamente juicios por corrupción; se asalta instituciones como el Ministerio Público; se da amnistía a criminales y corruptos del periodo del conflicto armado y la dictadura; junto con eso también medidas patronales como la extensión de los beneficios de las corporaciones agroexportadoras, en detrimento del fisco y de los trabajadores.
Para más detalle, las leyes pro crimen tienen como efecto concreto obstaculizar investigaciones judiciales, intervenir en procesos fiscales y permitir la participación directa de los procesados en la toma de decisiones sobre su propio caso, y en ese contexto la impunidad no solo es posible, sino que resulta institucionalizada y protegida desde el Congreso. Y dado que son leyes generales, favorecen tanto a las organizaciones criminales que actúan en el sistema político como a las mafias vinculadas con las extorsiones y el sicariato, al narcotráfico, a la minería y tala ilegal, etc.
Contra los que dicen que la economía y la política marchan por cuerdas separadas, en realidad sus beneficiarios se sirven recíprocamente. Las mafias políticas, a cambio de apoyo empresarial a su proyecto autoritario, promueven leyes patronales que perjudican más al fisco, como las exoneraciones tributarias a la agroexportación. Pero también hacen lo mismo con los poderosos de la economía ilegal, especialmente la minería ilegal, donde participan algunos partidos del sistema.
La precariedad de este régimen sin respaldo popular se evidenció con la ley del sistema de pensiones, donde la presión popular obligó a los mismos congresistas a revertir la prohibición de retiro de fondos, y también con la vacancia de Boluarte.
De modo que las masas populares, que sufrieron las consecuencias del plan económico neoliberal durante la dictadura corrupta y criminal de los noventa, y luego durante las dos décadas de gobiernos “democráticos” corruptos y represores, ahora observa cómo las grandes corporaciones empoderan a mafias políticas que ofrecen llevar el autoritarismo a otro nivel, institucionalizando la criminalización de las protestas y reprimiendo de manera violenta cualquier manifestación de descontento.
Todo este proyecto autoritario descansa hoy en día en el gobierno de transición de Jerí, que tiene el encargo especial utilizar el poder del Estado para proteger el tinglado autoritario contra cualquier amenaza, llámese las luchas democráticas, juveniles, obreras y populares, eliminar del camino cualquier obstáculo.
Expresiones del descontento social
A pesar de la expectativa generada, para amplios sectores de la población Jerí y su gobierno son ilegítimos por ser la nueva versión del pacto de los corruptos; por ser, además, el mismo Jerí, una expresión de la corrupción, involucrado en crímenes de enriquecimiento ilícito, coimas, violación, y haber sido un abanderado del blindaje a los corruptos; y, sobre todo, por usar la represión criminal de las protestas, como quedó de manifiesto en la movilización del 15 de octubre con el saldo de un muerto y muchos heridos.
Esa desaprobación tiene forma de movimiento en el que convergen diferentes sectores con motivaciones democráticas (juventud universitaria, colectivos de derechos democráticos, artistas y organizaciones populares, algunos sectores sindicales, activistas de ONG y los autodenominados de la generación Z) y que tienen como banderas principales la derogación de las leyes pro crimen, fin del control mafioso de los sistemas judicial y político, fin del blindaje, la impunidad, las repartijas, y, en esa línea, la caída del gobierno y el Congreso.
A la par existen los movimientos del sur que, si bien aún no recupera su grado de movilización de hace tres años, no olvida lo que fue la sangrienta represión emprendida por Boluarte con apoyo del Congreso. Lo fresca de esa memoria lo comprobó, en carne propia, el embrión de candidato ultraderechista Philip Butters, quien en 2022-2023 pidió más bala contra los manifestantes del sur y hace días tuvo el descaro de ir a Puno a pedir votos.
El descontento social y la potencialidad de las luchas es la principal amenaza de los partidos del pacto de los corruptos, tanto en el Congreso como en el gobierno. Sin embargo, la principal debilidad es la dispersión y espontaneidad, sin un plan de lucha necesario en el propósito de derrotar al gobierno y a las fuerzas del pacto de los corruptos. Esa dispersión y espontaneidad tienen claros responsables en las direcciones de las centrales más importantes y sus representaciones políticas, que prefieren ir por la senda del pragmatismo con el que trata de disimular la capitulación al actual orden de cosas, en perjuicio de los intereses de la clase trabajadora y el pueblo. Además, partidos oportunistas que se reclaman de izquierda han colaborado con el fortalecimiento del autoritarismo en busca de intereses grupales y ahora descaradamente buscan el voto popular.
Disputa electoral de los corruptos
Aun cuando están unidos por el mismo fin, los principales partidos del pacto de los corruptos, el fujimorismo, el porkismo y el acuñismo, compiten entre ellos ferozmente por el poder en el terreno de las elecciones. A la fecha, los candidatos de la extrema derecha con más fuerza según las encuestas son López Aliaga y Fujimori (IPSOS, foto final de octubre), pero ambos suman apenas 16% (9% + 7%), y todos los demás candidatos suman 25%. Vizcarra, es el principal candidato de centro derecha, con 7%, y López Chau, que sería algo así como la centro izquierda, con 2%. El voto blanco y viciado nuevamente es por el momento largamente ganador con 37%, una actitud en buena medida vinculada al descontento antisistema, al temperamento del sur (la respuesta blanco y viciado es 50% en la zona del interior rural).
El bajo apoyo de la extrema derecha, pese a campañas agresivas, representa una derrota política inicial y anticipa intentos de manipulación electoral, como ya lo han hecho eliminando del camino a posibles competidores.
Con una valla tan baja y un bolsón de electores antisistema, los oportunistas de “izquierda” se han convertido en aliados valiosa para partidos burgueses que buscan pasar a cualquier costo a la segunda vuelta. Es el caso, por ejemplo, de José Luna Gálvez, de Podemos, que ha incorpora figuras vinculadas al gobierno de Castillo.
Las elecciones, entonces, se presentan como una trampa diseñada para favorecer a López Aliaga o Fujimori, pero si se impone el voto antisistema, podría hacerlo por cualquier otro candidato que defenderá por encima de todo los mismos intereses patronales. Sin embargo, para la clase trabajadora y las organizaciones populares no hay expectativa de cambio real en estas elecciones.
La necesidad de la lucha unitaria
Tal como los gremios de transportistas han constatado la fuerza de la unidad al “parar motores”, el movimiento juvenil, obrero y popular podrían construir con poder considerable si logra articularse en una lucha coordinada contra el gobierno y el Congreso, para hacer realidad sus banderas de lucha y enfrentar el proyecto autoritario consolidado en el actual gobierno de transición.
