Por Federico Romero
Hace poco menos de un mes y casi de manera sorpresiva, el Congreso vacó a la mandataria Dina Boluarte y estableció un nuevo gobierno. Para muchos, esto puede llamar la atención, pues en siete años han pasado siete presidentes por Palacio. Aunque algunos constitucionalistas atribuyen el problema a una interpretación abusiva de la Constitución por parte de la mayoría parlamentaria que habría establecido un régimen parlamentarista, la verdad es que esto sucede por una crisis estructural crónica que ya lleva una década, en la que las instituciones de la democracia burguesa están muy venidas a menos, incluida la presidencia de la República. Y la crisis estructural responde al agotamiento del modelo económico y político de capitalismo neoliberal dependiente que se estableció en el año 2000, y a la lucha que se libra entre el sector burgués y reaccionario que defiende el modelo que hace ricos a unos pocos, y el movimiento obrero y popular que le hace frente con todo lo que tiene a mano. En medio de esta lucha aguda, al no encontrarse una salida ni en un sentido ni en otro, todo tiende a descomponerse.
José Jerí, el nuevo aventurero
En este contexto, el 09 de octubre los peruanos nos acostamos con un presidente en ejercicio y despertamos con otro: José Jerí, presidente del Congreso y miembro de uno de los agrupamientos que hacen parte del pacto mafioso que nos gobierna desde la caída de Pedro Castillo en diciembre de 2022, fue ungido presidente literalmente entre gallos y medianoche.
Dina Boluarte, la mandataria más impopular del mundo con solo un 3% de aprobación y depositaria del odio absoluto de la mayoría obrera y popular, fue vacada en un proceso sumarísimo por los mismos que la habían colocado y sostenido para llevar a cabo una ofensiva reaccionaria contra el alza del movimiento de masas en los últimos tres años, aceptando su transfuguismo, sus veleidades y su corrupción, como quien desecha un objeto inservible.
Al enterarse de la noticia, ese día muchos despertaron aliviados pensando que cualquiera puede ser mejor que Boluarte. En cerca de tres años de su gobierno, habíamos sufrido la cruenta represión de la rebelión del sur, donde fueron asesinados 50 pobladores; habíamos vivido la exculpación del fujimorismo y de todos sus crímenes que han marcado profundamente a las mayorías, y la reivindicación del dictador Alberto Fujimori; habíamos visto el cambio del 80% de la Constitución por una dictadura congresal que al mismo tiempo ve la demanda democrática de Asamblea Constituyente como el mismo anticristo; habíamos presenciado la copación de las instituciones del Estado por la misma mafia, para –de paso—escapar de las investigaciones por corrupción y otros latrocinios; la promulgación de una serie de leyes lesivas, como la ley forestal que atenta contra el medio ambiente y la nueva Ley Agraria que reduce a la mitad los impuestos a los empresarios agroexportadores, y, junto al colapso de la educación, salud y saneamiento, permanentes ataques contra la clase obrera con despidos selectivos y masivos dirigidos a liquidar sus organizaciones.
Pero, lo verdaderamente nuevo que pinta de cuerpo entero el signo mafioso del régimen, fue que vivimos el empoderamiento en el Congreso de los grupos empresariales vinculados a economías informales e ilegales de la minería, el narcotráfico y la tala ilegal, los que, al actuar asociados al crimen organizado, trajo también su expansión, facilitada por la inacción del Estado y la neutralización de las mismas leyes que se habían establecido para perseguirlos.
Con el aumento rampante del crimen organizado, amplios sectores y localidades del país, y especialmente de Lima, vinieron siendo puestas bajo el control de bandas extorsionadoras y criminales, agregando una nueva angustia, pero más letal, para la población ya azotada por la carestía y la falta de empleo. Así, bajo el gobierno de Boluarte se pasó de contar una muerte diaria a seis, y al año ya se superan los 1,600 homicidios, por la acción de bandas que no respetan la vida de nadie, ni de importantes personalidades de la cultura y el arte.
Esta situación ha desatado numerosos paros y movilizaciones de protesta exigiendo al gobierno medidas concretas, en especial la derogatoria de las llamadas leyes pro-crimen aprobadas por el Congreso con el objetivo de beneficiar a sus propios líderes comprometidos e investigados por corrupción, tráfico de influencias y/o lavado de activos. En marzo de este año se asesinó al popular cantante de cumbia Paúl Flores, y recientemente se atacó con metralla en plena actuación pública al grupo Agua Marina, hiriendo a varios de ellos. El cansancio ante la falta de respuestas efectivas hizo crecer las movilizaciones y el reclamo del cierre del Congreso y la caída del gobierno. Las movilizaciones llegaron a herir de muerte o dejar al gobierno suspendido en el aire, pero no lo derribaron debido a la pasividad y traición de las direcciones que optaron por convivir con el régimen.
En setiembre se inicia un nuevo movimiento, esta vez promovido por redes juveniles que se hacen llamar Generación Z (GZ), siguiendo el ejemplo de los estallidos sociales que sacuden Nepal, Indonesia, Marruecos. Esta vez motivada por el rechazo a la ley AFP promulgado por el gobierno bajo la figura de beneficiar a la población más pobre, cuando en realidad buscaba ampliar el negocio de las administradoras de fondos de pensiones, la exigencia de liberación de sus fondos y también con la demanda de «Fuera Dina» y el cierre del Congreso, a quienes se identifica como los responsables. La movilización creció y se extendió. La vacancia de Boluarte se produce el 09 de ese mes para cortar la escalada de las movilizaciones, y en particular la convocada para el 15 de octubre. No obstante, la marcha no se desinflaría, sino que se convertiría en un verdadero estallido social en contra del Congreso y de rechazo a la designación de José Jerí como nuevo mandatario.
El estallido
La movilización del 15 configura un verdadero estallido social comparable a la jornada que derrotó el golpe de Merino del 14 de noviembre de 2020. La derrota de este golpe trajo un nuevo ascenso en el país, con la huelga de los jornaleros del campo y el posterior triunfo electoral de Pedro Castillo en las elecciones de 2022, con el que los desposeídos buscaban una salida de fondo para sus demandas. El 15 de octubre la movilización, encabezada por la GZ, cubrió todo el país, desde organizaciones sindicales, universitarios, asociaciones culturales y diversos colectivos, configurando, sobre todo en Lima, un mar humano. Su demanda central era el cierre del Congreso y el rechazo a Jerí. No había celebración por la caída de Boluarte, sino bronca contra el régimen y la mafia gobernante, e indignación por la torpe maniobra parlamentaria de sacar un alfil y colocar a otro, pretendiendo engañar a la población para que no siga movilizándose, y la elección de un personaje a la medida del pacto mafioso y corrupto: José Jerí no solo era un político gris, sino que tenía denuncias por corrupción y una investigación encarpetada por violación sexual.
El nuevo presidente había jurado con un llamado a la reconciliación y unidad nacional, y prometió una transición en paz, diciendo que su prioridad sería el combate a la criminalidad. Pero solo pasarían horas para que sus promesas se las llevara el aire. La movilización fue respondida con la misma violencia de siempre: resultaron más de cien heridos, y se agregó una nueva víctima del régimen: el joven artista Eduardo Ruiz, llamado “Trvko”, que cayó bajo el impacto de un balazo. Y el recién jurado presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, un reconocido personaje de la derecha, en la misma línea del gobierno anterior, condenó la marcha acusándola de ser promovida por los “herederos del MRTA” y erigió al policía asesino en “héroe” nacional.
Así, la contundencia de la movilización terminó desnudando el carácter continuista del nuevo gobierno, y puso de su lado a la mayoría obrera y popular. La indignación por la muerte de Trvko y el tratamiento que le dieron el Gobierno, el Congreso y la Policía, produjo una nueva movilización. Pero, en parte por la inacción de las direcciones y en parte también por la relativa expectativa que ha generado la designación del nuevo gobierno, la protesta no alcanzó la contundencia de la anterior. Sin embargo, solo es el inicio de una nueva etapa de movilizaciones.
¿Qué buscan con el nuevo gobierno?
Un promedio de 45% nacional aprueba al nuevo gobierno y otro tanto lo desaprueba. Esto, siendo un logro de la mafia gobernante, no es un cheque en blanco, sino el beneficio de la duda que se da al nuevo gobierno a la espera de que cumpla sus promesas, en especial el combate a la criminalidad.
Así, con el cambio, la mafia gobernante al menos logró oxigenar al régimen y sembrar expectativas en algunos sectores, evitando una caída abrupta de Dina Boluarte y del mismo régimen.
Con el nuevo gobierno se busca descomprimir la situación para encaminar la crisis hacia la salida electoral de abril próximo. En medio de la gravedad de la crisis y la creciente movilización que se dirigía contra el régimen, no había ninguna seguridad de que dicha elección se llevara a cabo de manera ordenada y, sobre todo, en el terreno de los sectores de derecha que buscan asegurarse la victoria en dicha contienda.
Si Boluarte tenía fuertes tendencias bonapartistas, ya estaba en decadencia y más que una solución se había convertido en un problema para la propia estabilidad del régimen; incluso, para sobrevivir ya no le bastaba la represión sino entregar algunas concesiones, como el aumento general de pensiones para los cesantes del magisterio, que agrega un nuevo hueco a la caja fiscal. Con José Jerí el gobierno ha renovado las características con las que se inauguró Boluarte. Su carácter represivo ya se vio en la movilización del 15, y ahora con la detención y encarcelamiento del congresista Guillermo Bermejo, candidato presidencial de uno de los sectores de “izquierda”, acusado sin pruebas de pertenecer a SL, muestra su esencia antidemocrática.
La inseguridad
La expectativa de un sector de la población en el nuevo gobierno es por su compromiso de enfrentar el desbocamiento del crimen organizado. ¿Podrá el nuevo gobierno detener la ola criminal que nos asola? ¿Al menos, la mitigará?
El tiempo transcurrido puede ser poco para saberlo, pero ya ofrece suficientes datos para ver que solo hay más declaraciones y poses y que todo sigue igual. El gobierno ha dictado algunas normas para tomar el control de las cárceles desde donde los mafiosos organizan y dirigen sus bandas, pero su efectividad es discutible. Asimismo, volvió a establecer el estado de emergencia, que es una medida que en sí misma ya demostró que no da resultados y solo sirve para detener y reprimir las movilizaciones de protesta contra el mismo gobierno. En los primeros diez días de gobierno se han producido 54 homicidios; esto es, se ha mantenido la misma cantidad de víctimas. El asesinato de un conductor llevó hace días a una paralización con bloqueo en el Callao, y ahora se anuncia una nueva paralización del transporte para el 04 de noviembre, y una nueva jornada para el 14.
Desde el punto de vista de los que se movilizan, el problema principal es la vigencia de las leyes pro-crimen dictadas por este mismo Congreso (31990, 31989 y 32108), que en su afán por favorecer a los miembros corruptos del régimen ha relajado las medidas de persecución y la misma calificación del delito de organización criminal, y que Jerí, que votó por dichas normas y las defendió, no las va a derogar ahora. Respecto a la Policía Nacional, profundamente descompuesta por sus vínculos con las mafias criminales a quienes incluso les provee de armas, el gobierno ni siquiera ha ofrecido reorganizarlas, sino apoyarlas. Y es evidente que con normas “pro-crimen” y sin policías profesionales que respalden su accionar junto al sistema judicial, no es posible que logren nada.
El nuevo gobierno no tiene la voluntad de combatir de verdad al crimen organizado. Esto es así porque no ha cambiado la estrecha alianza entre el pacto de gobierno y los grupos económicos que manejan actividades ilegales, como la minería ilegal, la tala ilegal, la producción y tráfico de drogas, y a través de ellas su ligazón con las bandas criminales. Estos sectores ya cuentan con representación en el Congreso y en el Estado, influyen en la aprobación de normas, influyen en las fuerzas policiales y en el mismo sistema judicial. El gobierno no va a “hacer la guerra” a las bandas criminales cuando él mismo es un subproducto de las bandas criminales.
En un artículo publicado en The New York Times, que solo un afiebrado ultraderechista puede acusar de “izquierdista” o “caviar”, el periodista Will Freeman, especializado en temas latinoamericanos, publicó un artículo titulado donde afirma que en el Perú existe un poder paralelo que es el de esas mafias organizadas, y que está representado por “un puñado de las familias políticamente más poderosas”, y que ellas han formado una coalición que se arma y se desarma, para aprobar una serie de leyes que muchos peruanos denominan, de forma despectiva pero acertada, “leyes pro-crimen”, principalmente para sofocar sus propios procesos judiciales. «Estas leyes limitan las herramientas de investigación de los fiscales, protegen a los mineros y taladores ilegales y plenamente favorecen las economías ilícitas de Perú al permitirles operar sin freno…».
Y si no fuera así, la otra “salida” sería la de Bukele, salida que también ofrecen otros voceros del mismo régimen. Bukele combate la criminalidad desatando una cruenta represión con recorte de libertades y violación brutal de los derechos humanos de la población. Su ejemplo se acaba de reproducir en Brasil, en Río de Janeiro, donde el gobernador estatal realizó un operativo policial para combatir el narcotráfico, produciendo una masacre con 121 pobladores asesinados, en su mayoría negros empobrecidos.
Por donde se lo mire, no hay salida para frenar la ola criminal que se abate sobre el país, ni por la alianza que gobierna por su profunda ligazón con los criminales, ni por los opositores que ofrecen una solución a lo Bukele. El enfrentamiento a esta lacra corrosiva solo puede venir de un doble cambio: de una política económica que genere empleo de calidad y atienda las necesidades de educación, salud y saneamiento de la población, cortando así los espacios de pobreza donde la criminalidad siembra sus acciones. Y, en segundo lugar, involucrando a la propia población en el combate al crimen, incluso proveyéndole armas. Ni uno ni lo otro lo va a hacer ningún gobierno capitalista.
Por todo esto, es claro que el asecho de la criminalidad continuará y será un frente de nuevas movilizaciones y de crisis para el nuevo gobierno.
El espejismo de la economía
No obstante, el gobierno tiene un punto de apoyo favorable para su continuidad en el comportamiento de la economía nacional. Es evidente que no estamos en crisis como Argentina o Bolivia, pero tampoco estamos en “prosperidad” o gozamos de una economía envidiable como profesan los áulicos de la derecha. El boom neoliberal se terminó hace una década y desde entonces la economía nacional arrastra los pies sin generar un crecimiento sostenido ni menos llevar beneficios a la población. Este estancamiento de la economía nacional no es más que un reflejo de la crisis mundial capitalista puesto de manifiesto con el crack financiero del 2008 y la onda larga de estancamiento en la que se encuentra, afectando a los principales países imperialistas. No obstante, la liberalidad de la economía y la dura represión a las luchas que la cuestionan, resultan funcionales en la actual coyuntura. La desvalorización del dólar por la crisis de EEUU está impulsando en muchos países la sustitución de sus reservas del dólar por el oro, llevando su precio a niveles jamás vistos. En menos de un año, el oro ha subido a casi el doble (de 2,400 la onza, que ya era un precio que venía al alza, a 4,300). El cobre también se mantiene en precios históricos. La minería representa el 85% de las exportaciones peruanas, entre las que destacan el oro y el cobre. Esto hace que los ingresos nacionales de dólares, sin necesidad de hacer nada, vayan en aumento. Y al haber abundancia de dólares, su precio se deprecia, sumado a la depreciación del dólar en el mercado norteamericano, lo que crea la sensación de una moneda nacional y una economía fuertes. Lo que para las multinacionales y la burguesía ligada a la gran minería es un gran negocio, para las mayorías obreras y populares solo es un espejismo.
De hecho, esta dinámica no hace más que profundizar el carácter extractivo exportador de la economía nacional que no trae desarrollo ni empleo. El Perú se sigue desindustrializando y extendiendo la informalidad con el autoempleo y la precariedad laboral. Y a lo más, el Estado se beneficia de la renta minera para paliar el descontento social y la profundización de la desigualdad. A este fenómeno hay que agregar el crecimiento de las economías ilegales (en especial de la minería aurífera), que además de introducir una distorsión en las relaciones económicas y de trabajo, fomenta el crecimiento de la criminalidad.
De este modo, lo que se pretende desde la ultraderecha es impulsar el crecimiento con un nuevo paquete liberalizador, con privatización y más sometimiento de la economía nacional, lo que podrá significar un mayor enriquecimiento de los mismos grupos de poder, y perpetuar las condiciones de pobreza y miseria de las mayorías junto a la recolonización del país.
Elecciones amañadas
En este contexto, el objetivo de la burguesía es la salida electoral de abril próximo para la elección de un gobierno que, legitimado con el mandato popular, pueda pasar su nueva ofensiva, a lo Milei. Este, con el apoyo del imperialismo, ha vuelto a maniatar al pueblo argentino tras él, para, con motosierra en mano, barrer con las conquistas y derechos sociales, y en concreto realizar una nueva contrarreforma laboral. Al agotarse el modelo, el nuevo impulso solo puede venir de la mano de una mayor liberalización de la economía y de privatizaciones, y una mayor recolonización del país. El avance de este plan ha sido resistido por el movimiento de masas, y claramente buscó una alternativa con la elección de Pedro Castillo y la demanda de Asamblea Constituyente. La profundidad de este movimiento contra el régimen y su modelo explica la magnitud de la reacción desatada contra Castillo y contra el movimiento de masas, reprimida brutalmente. Con el nuevo régimen se han cambiado normas, se han copado instituciones y se ha desatado una ofensiva ideológica por todos los medios para cerrar brechas, buscando afirmar a la derecha en el poder e impedir la posibilidad de que surjan opciones que vuelvan a cuestionar el modelo. Ante la falta de alternativas, en particular por el fraude que han significado todas las alternativas de “izquierda”, desde Susana Villarán que está en la cárcel por corrupción y el ruinoso gobierno de Castillo que ni siquiera pudo otorgar una concesión importante al movimiento de masas, hasta el comportamiento de la importante bancada de izquierda, que convive con el odiado régimen, y con corruptos y vividores de baja monta como la congresista que usa a sus asesores para que le corten las uñas del pie en su oficina, el plan reaccionario ha ganado apoyo en sectores de la clase media.
El ajuste que se busca es viabilizar proyectos mineros que están frenados por el rechazo de la población, retirar más derechos laborales y mejorar la ganancia capitalista con medidas como la reducción del impuesto a la renta a los agroexportadores. Ante esto, si bien la “izquierda” ha visto mermadas sus posibilidades de capitalizar el profundo descontento popular, la radicalización de amplios sectores puede identificarse con otros candidatos burgueses, pero de centro. Esto es precisamente lo que buscan evitar los sectores de derecha que usufructúan el poder. En esta línea, ya algunos candidatos con importante aprobación han sido impedidos de postular, como Vizcarra y Antauro Humala. Pero más que esto, necesitan controlar el proceso para asegurar la elección de uno de sus candidatos para hacer lo que hace Milei. Este es el objetivo principal del nuevo gobierno.
La clase obrera y el movimiento de masas
La crisis general tiene otro actor en el centro de los acontecimientos: la lucha y acción de las organizaciones obreras y populares. Pese a circunstanciales retrocesos y derrotas parciales, ellas no han dejado de luchar, y más que la conquista de reivindicaciones, ellas han ganado en nivel de combatividad, en la construcción de organismos autónomos e independientes por la base, y la construcción de formas de autodefensa y preparación para la lucha callejera. Y no han alcanzado sus grandes objetivos, por ejemplo, el triunfo de la rebelión del 2022-2023 y de la lucha por la caída de Boluarte en los últimos tres años, debido a la traición de las direcciones mayoritarias.
La vanguardia de las luchas sigue siendo el sur andino, radicalizado contra el régimen en torno a la demanda de Asamblea Constituyente y a la figura de Pedro Castillo. No por casualidad comprende al sector más empobrecido del país y el más afectado por las actividades mineras y el sector de mayor tradición de lucha.
Últimamente, durante la lucha contra Boluarte, han surgido nuevos movimientos. En primer lugar, de transportistas, trabajadores de mercados y comerciantes de los conos populares, en lucha contra la criminalidad, y han realizado grandes movilizaciones y paralizaciones. Luego surgió la llamada GZ, comprendiendo colectivos de jóvenes y trabajadores precarios, organizados a partir de reclamar la liberación de los fondos de AFP y que ha escalado a cuestionar al régimen y al gobierno. A estos sectores se suman universitarios y diversos colectivos.
El gran déficit de estas grandes luchas y movilizaciones es el retraso de la clase obrera. Ella, de manera parcial, solo ha acompañado y acompaña esas luchas, cuando debería colocarse a su cabeza y liderarla hasta el logro de sus aspiraciones. El movimiento de masas tiene la fuerza de su espontaneidad, pero la clase obrera tiene la fuerza de su organización y puede paralizar la economía, que es la que genera la ganancia capitalista. No sucede así por la tutela que ejerce sobre ella las direcciones burocráticas y conciliadoras, que hacen todo lo posible para mantener su acción dentro del plano reivindicativo cuando no defensivo, que por su naturaleza es por base y encasillada en lo legal. Es esa misma burocracia la que se da la mano con la patronal para frenar e impedir el surgimiento de una nueva dirección de clase.
Así, de conjunto, la lucha de clases ha avanzado y su norte sigue lleno de posibilidades, en particular para el surgimiento de un fuerte movimiento obrero que asegure el camino de la victoria de los oprimidos y explotados.
Por un programa alternativo para las luchas
En el cuadro descrito, se deriva la necesidad de vertebrar un programa alternativo que represente una verdadera salida para el país y las aspiraciones de los trabajadores y el pueblo pobre. Un programa que tenga como objetivo fortalecer la movilización y la lucha, su independencia política y organizativa, la elevación de su consciencia y la confianza en sus propias fuerzas, y claramente delimitado del oportunismo y reformismo que con su estrategia electoral han pasado a ser la pata izquierda del régimen y se juegan a preservarlo haciendo parte de él desde el Parlamento y el Gobierno.
Este programa debe considerar los siguientes puntos esenciales:
1. Fuera José Jerí y cierre del Congreso. Las elecciones no son una salida porque son organizadas bajo un régimen antidemocrático y corrupto. Además, en ella los trabajadores no tenemos una alternativa independiente y de clase. La verdadera salida es la lucha por una Asamblea Constituyente Soberana y Libre, que refunde al país como nación soberana, independiente y democrática, que rompa todos los tratados que nos mantienen sujetos al Imperialismo, y que nacionalice los grandes recursos naturales como la gran minería y las grandes empresas para ponerlos al servicio de las mayorías oprimidas y explotadas. Esta salida solo se puede lograr mediante el fortalecimiento de la lucha y la movilización nacional, y de una huelga general organizada desde los organismos de la clase obrera.
2. Combate efectivo a la criminalidad e inseguridad. No al Estado de Emergencia, derogatoria de las leyes pro-crimen, control de las cárceles por representantes de las organizaciones populares. Disolución de la Policía Nacional, cómplice de la criminalidad y solo buena para reprimir y balear a las protestas. Por la autoorganización popular para enfrentar la criminalidad estableciendo sistemas de vigilancia y seguimiento, y poniendo en pie brigadas de autodefensa con armas provistas por el Estado. No podemos dejar que nos sigan matando. Tampoco podemos esperar que el Estado vinculado a la criminalidad nos proteja. Tenemos derecho a defendernos y a enfrentar con las armas al crimen organizado hasta derrotarlos.
3. Por cárcel para Dina Boluarte, de todos los responsables de la masacre del 2022 y 2023 y del asesinato de Eduardo Ruiz, símbolo de la juventud luchadora. Por la derogatoria de las leyes que permiten el gatillo fácil y de la norma que amnistía a los procesados por las masacres en la lucha antisubversiva de 1980 al 2000.
4. Por aumento general de sueldos y salarios acorde al valor de la Canasta Básica Familiar, por la abolición de la norma de ceses colectivos que permite los despidos masivos, por la estabilidad laboral y supresión de toda forma de trabajo precario: services, contratas, CAS. Por la defensa del trabajo en las empresas que cierran, mediante su nacionalización y puesta bajo control obrero.
5. Abajo la nueva ley agraria 32434 que reduce a la mitad los impuestos a las empresas mientras mantiene precarizado y sin derechos laborales a los trabajadores agrarios y jornaleros del sector agro-exportador. Por crédito barato, obras de infraestructura y precios justos para los pequeños agricultores.
6. Por presupuesto para obras sociales, infraestructura educativa, de salud y saneamiento, y un plan de obras públicas que genere empleo masivo, financiado con un impuesto a las ganancias de las grandes empresas y las grandes riquezas.
7. Por un Gobierno de los Trabajadores basado en las organizaciones obreras y populares, que aplique este programa.
Necesitamos construir una verdadera dirección revolucionaria
Para llevar adelante la lucha por este programa, necesitamos poner en pie una verdadera dirección y organización revolucionaria, obrera, juvenil y popular.
Esta organización debe llevar adelante la lucha por este programa, agitando las reivindicaciones planteadas y levantar la confianza y moral de los luchadores y luchadoras, educando a la vanguardia y a la clase en su independencia política, y organizando de entre sus filas a los mejores luchadores y luchadoras para desplazar de la conducción de las organizaciones a los burócratas, reformistas y oportunistas y avanzar en la construcción de una verdadera dirección y organización revolucionaria.
El PST, que ha cumplido 51 años luchando, haciendo parte de las luchas históricas libradas por la clase obrera y nuestro pueblo, y que hereda una bandera sin mácula, da la batalla por construir esa dirección, volcando todas sus energías a trabajar en el seno de las organizaciones obreras y populares.
