A tomar las calles contra la alianza de gobierno, uniendo las banderas de lucha obreras y populares

Editorial Bandera Socialista N° 142

Se cumplió un año de la usurpación ilegítima del poder por parte de Dina Boluarte quien, en complicidad con el Congreso, emprendieron una represión criminal de las protestas democráticas con 60 muertos y cientos de heridos graves, y burlaron el clamor nacional por un adelanto de elecciones (el tema es tratado en forma especial en esta edición). Y, cuando nuevas jornadas contra la impunidad del actual régimen ya se habían anunciado, estalló un nuevo escándalo que develó el funcionamiento delincuencial de la actual alianza de gobierno, donde sus integrantes se blindan entre sí como organizaciones criminales, y buscaban eliminar toda posible amenaza pretendiendo un control absoluto del poder.

En el caso particular de la principal protagonista del destape, la fiscal de la nación Patricia Benavides, ella preside una organización criminal que compró votos de congresistas (a cambio de archivar investigaciones en su contra) para destituir a la anterior Fiscal de la Nación, elegir tramposamente al nuevo Defensor del Pueblo que es un puesto clave para la elección de miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ); y, vinculado a lo anterior, promover la destitución de los actuales magistrados de la JNJ para remplazarlos por otros más dóciles a la alianza mafiosa.

Este destape tiene un significado similar a la filtración del primer “vladivideo” en setiembre 2000, que fue el elemento que precipitó la caída de una dictadura fujimorista ya muy golpeada por la movilización nacional (la memorable marcha de los cuatro suyos). La indignación nacional hoy es muy grande y ha motivado el inicio de un proceso de movilizaciones con la bandera “que se vayan todos”.

Tan insostenible como la impunidad de la fiscal de la nación, es la impunidad de Dina Boluarte. La propia Patricia Benavides, hasta hace poco estrecha amiga de la presidenta tuvo que soltar la denuncia constitucional de esta y sus ministros de homicidio calificado por los muertos y heridos de las protestas. Ese acto de la fiscal causó indignación en los deudos y pueblos afectados, por instrumentalización y fallas de la denuncia, pero el contenido de la acusación es incuestionable y está ampliamente documentado.

Estos hechos se desarrollan, además, en un contexto de total incapacidad e inoperancia del gobierno frente a la recesión económica, la inflación, los embates climáticos y una inédita escalada de la delincuencia, que está empujando a grandes sectores de la población a la pobreza, a poco tiempo de haberse producido los peores embates de la pandemia por coronavirus.

La situación no da para más, pero el gobierno y el Congreso se mantienen contumaces atornillados al poder, con la misma política de criminalización de las luchas. Y no se quedan solo por sus propios medios; es evidente y condenable la política de las bancadas de la izquierda reformista en el Congreso y las direcciones de las principales centrales sindicales que han priorizado en los hechos la conciliación con el actual régimen.

Sin embargo, nuevas luchas vienen confluyendo en el país con diversas banderas: contra la impunidad del gobierno por los asesinatos en protestas, contra la fiscal Benavides y las mafias en el poder, que se vayan todos; así como también luchas reivindicativas y por demandas urgentes ante la inflación, la recesión, el fenómeno El Niño, y la creciente ola delincuencial.

Asimismo, la participación obrera en las luchas se está fortaleciendo impulsada por la defensa del empleo, el poder adquisitivo de los salarios y los derechos laborales y sindicales amenazados por la patronal y el gobierno.

Tomar las calles es una necesidad imperiosa para poner fin a esta situación y sacar del poder a las mafias enquistadas, y eso requiere la más amplia unidad de las organizaciones obreras y populares. El objetivo no se reduce a “purificar” las instituciones que en los últimos 30 años legalizaron la implantación de un plan económico a favor del enriquecimiento de grandes corporaciones y transnacionales, y lo siguen haciendo ahora, cuando están profundamente corrompidas; el objetivo es hacer posible las demandas y soluciones concretas a los problemas urgentes que atropellan la dignidad popular y que empobrecen a las masas.

En ese sentido, las demandas democráticas que hace un año remecieron al sur y a la capital, como Fuera Dina y el Congreso (y ahora la Fiscal Benavides), prisión a los asesinos, por elecciones inmediatas y asamblea constituyente, cobran más vigencia que antes, y deben abrir el camino a una fórmula de gobierno y de poder obrero y popular.

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