Desde la vacancia de Castillo y su encarcelamiento realizado el mismo día, se desarrolló en el sur del país un proceso insurreccional con banderas, que a los ojos de la mayoría de ciudadanos, podían aparecer insólitas, pero que eran legítimas. Fue un hecho semejante a la revolución agraria de los años 50 y 60 del siglo pasado, cuando los menos favorecidos se convirtieron en protagonistas de un hecho histórico.
El sistema político vive una larga crisis que se expresó de manera distorsionada en la segunda vuelta de las últimas elecciones del 2021. Castillo apareció como la esperanza de los sectores que desean un cambio radical del plan económico que los había marginado aún más con la pandemia y cuyas consecuencias sufrían aún entonces. Al ser ese candidato acorralado una y otra vez por la ultraderecha, vacado del gobierno y por último encarcelado, vieron en todo este proceso un atentado contra su voto y sus esperanzas de cambio, en especial a través de una Constituyente.
Al inicio, gran parte del país vio este proceso como una simple sublevación de los seguidores de Castillo. Pero la ultraderecha en el gobierno lo trató como la continuidad de su intento de autogolpe de Estado y, en esa línea, dispuso contra ella una cruenta represión para lo cual empezaron por terruquearla.
La primera etapa del proceso
El radicalismo con que se inició la protesta en el sur evidenciaba a todas luces la disposición de los manifestantes a enfrentarse a las grandes empresas privadas – como la fábrica Gloria que fue atacada– y a toda entidad pública, con la toma de aeropuertos, ataques a comisarías y fiscalías, enfrentamiento al ejército; es decir, contra todo lo que simbolizaba al podrido régimen político y económico del país. Todo esto bajo las consignas democráticas de cierre del Congreso, caída de Dina Boluarte, liberación de Pedro Castillo y la convocatoria a una Constituyente; demandas que ponían en jaque al orden constitucional y “democrático”, orden con la que se identifican sobre todo los sectores de clase media acomodada.
Con el pasar de los días este escenario de protestas se fue radicalizando debido a la respuesta criminal del gobierno. A partir del 12 de diciembre dictó estado de emergencia en las regiones de Apurímac, Ica y Arequipa; posteriormente a nivel nacional a partir del 15 del mismo mes. De acuerdo con las cifras de la Defensoría del Pueblo, del 7 de diciembre de 2022 al 20 de febrero de 2023, se contabilizaron más de 1300 acciones de protesta, entre movilizaciones, plantones y vigilias. Asimismo, 145 puntos del país fueron bloqueados, sobre todo en las regiones del Norte y Sur del país, en las que además se interrumpieron los servicios de los aeropuertos en las ciudades de Huamanga, Arequipa, Cusco, Puno y Andahuaylas, por su toma o la tentativa de hacerlo por parte de miles manifestantes.
La nueva etapa y carácter de la lucha
El 9 de enero del 2023 fue el día más mortífero de la rebelión, cuando 18 civiles fallecieron en medio de la represión en la ciudad de Juliaca, Puno. Este trágico día fue el punto de inflexión en la protesta convirtiéndola en una lucha contra la represión y por justicia para los asesinados. Sin embargo, sectores como el estudiantado universitario y los obreros de las zonas urbanas, aún se mantendrían al margen. Es así que las delegaciones de distintas regiones se movilizaron a la capital con la expectativa de ganar apoyo.
Muchos pobladores de las distintas regiones rodearon de solidaridad a los que se ponían al frente para venir a la capital a hacerse oír y buscar el apoyo de otros sectores, utilizando para ello sus pequeños ahorros, vendiendo sus ganados y realizando colectas. Pues todos sentían el maltrato por el centralismo del país y el racismo de las autoridades, como cuando Dina Boluarte encaró diciendo que “Puno no era el Perú”.
Las diferentes delegaciones en Lima hicieron una serie de movilizaciones buscando el respaldo de la capital. Hubo una importante solidaridad de varios sectores populares de los conos norte, sur y este. Pero la respuesta no tuvo el arrastre que se esperaba, pues el principal sector, la clase obrera, que debió meterse en la lucha no se incorporó a ella con todo, como lo hacían gran parte de los pobladores puneños, parando la producción, bloqueando carreteras, organizando piquetes, movilizándose.
El llamado a la “solidaridad” de la CGTP sin mostrar firmeza en ir con todo por las demandas organizando un verdadero paro nacional, fue una gran decepción para los luchadores del sur. De la misma forma que la acción de los diferentes partidos como Nuevo Perú, Frente Amplio, Patria Roja, Partido Comunista Peruano.
La percepción de los luchadores fue de decepción, en especial por ver a la principal central de trabajadores, la CGTP, no hacer el esfuerzo por meterse en esta lucha, al punto que la llamaron “traidora” en plena movilización después que su dirección dejara simplemente un documento en el Congreso para que, supuestamente, sea “atendido”. En plena represión y con un gobierno dictatorial, entregar papelitos a dicha institución desprestigiada y odiada parecía absurdo. De ahí que el camino que trazaron las regiones, en especial Puno, fue continuar la lucha hasta lograr el fin del régimen y del gobierno, y aspirar a administrar el poder con sus propias manos. No es una utopía, ya ocurrió en los años 60 con las tomas de tierras bajo la dirección de Hugo Blanco.
Este es un fragmento de lo que Hugo dijo en una entrevista: “En Chaupimayo nos convertimos en dueños de la tierra. Los cultivos y las casas del hacendado pasaron a hacer propiedad colectiva del sindicato. Se inició el reparto de la tierra. Estas medidas se extendieron total o parcialmente a otros sindicatos. Nombramos jueces que sustituyeran a las autoridades burguesas. La policía iba muy rara vez y comunicaba al sindicato sus operativos. Las escuelas las hacíamos nosotros, pagábamos a los maestros (puestos por nosotros y ratificados por el Ministerio de Educación). Las obras públicas estaban en manos del sindicato, quien determinaba su prioridad. Todo esto, por supuesto, respaldado por una embrionaria fuerza armada, la milicia campesina en desarrollo. Se estaba desarrollando un proceso de poder dual y que era nuestra obligación hacer que las masas tomaran conciencia de ello. Así no nos cansábamos de explicar que las asambleas eran nuestro Parlamento, contrapuesto al Estado Burgués.”
En ese sentido, el trabajo desde las bases era urgente e indispensable. Este trabajo en Lima se llegó a hacer por parte de algunas organizaciones como la nuestra, el Partido Socialista de los Trabajadores, PST, que buscó siempre organizar asambleas y establecer vínculos con las delegaciones que llegaron a la capital. Fueron dos bases de egresados de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la que participamos como partido para impulsar la organización de la lucha y la solidaridad. En esta actividad conocimos a grandes luchadores juveniles de Juliaca, Huancané y Putina que hoy nos apoyan a difundir estas ideas para su discusión y debate, con miras a impulsar la organización y la movilización de la clase obrera y del pueblo.
