La crema y nata del poder político y la corrupción en el Perú, que tiene cuentas pendientes por los asesinatos, leyes a favor de las organizaciones criminales empezando por las suyas propias, y hasta la red de prostitución que han montado para aprobar dichas leyes, asumen que la población puede pasar por alto todo eso pegándose a figuras igualmente despreciables como Javier Milei o Donald Trump.

La presidenta Boluarte y altos cargos en el gobierno y el Congreso, exhiben su admiración al reaccionario Donald Trump que inicio su segundo mandato. López Aliaga incluso se ausentó de Lima agravando su desastrosa gestión, para asistir a la toma de mando; él, junto a Javier Milei, el verdugo del pueblo argentino en uno de los más salvajes ajustes de la economía, aplaudieron los anuncios del presidente yanqui, incluyendo las masivas y denigrantes expulsiones de inmigrantes latinos.

El fanatismo de dichas autoridades es un acto de traición a los intereses de la comunidad latinoamericana y del Perú, para cuyos países Trump también anunció medidas de endurecimiento en las relaciones comerciales, amenaza de usurpación del Canal de Panamá, entre otros anuncios despóticos.

Neoliberalismo, vieja fábrica de sobre explotación y pobreza

Los partidos actualmente en el poder en el Perú, el fujimorismo, el acuñismo, el porkysmo y sus aliados ocasionales, amparados en la red de impunidad que han tejido en las principales instituciones del Estado, no hacen más que disputar un papel servil de las ambiciones imperialistas de la era Trump en la región, extendiendo un plan económico que en el Perú es un viejo conocido.

En este país prácticamente todo se liberalizó y privatizó, hasta la educación y la salud. La inversión extranjera tiene carta libre para explotar y lucrar con las riquezas nacionales, especialmente mineras, y la libertad de empresa y de enriquecimiento desmedido ha acelerado especialmente ante tragedias o situaciones como una pandemia.

Además, el rol del Estado se ha reducido tanto que es un Estado incapaz de responder ante cualquier emergencia nacional, climática o sanitaria, o incluso ante el actual crecimiento de la ola criminal de extorsiones y sicariato. En fin, a pesar de varias décadas de «bonanza» neoliberal, la mayoría de la población debe buscar una fuente de ingresos en la economía informal o ilegal en condiciones de mayor sobreexplotación, y muchas veces no alcanza ni eso, cayendo en la pobreza o padeciendo a su suerte las embestidas de desastres naturales o crisis sanitarias.

El repudio popular a las consecuencias de ese plan se expresó de múltiples maneras, lamentablemente siempre fueron desviadas detrás gobiernos que abandonaron sus promesas de campaña electoral. Las últimas grandes manifestaciones del rechazo popular se dieron en las elecciones de 2021 y en la rebelión del sur de 2022-2023, esta última salvajemente reprimida con decenas de asesinatos y muchos heridos graves por orden directa de Dina Boluarte y su gobierno, y con el blindaje del Congreso.

Neoliberalismo se adapta a todo

El tiempo ha puesto en claro el objetivo de Boluarte, el fujimorismo y la ultraderecha al atornillarse a cualquier costo en el poder. A los males conocidos se sumó una profunda descomposición graficada en leyes que favorecen al crimen organizado, especialmente a los partidos u organizaciones criminales que controlan el Congreso, y más “libertad” a la voracidad de las grandes empresas. Hicieron de todo para sostener ese modelo corrupto, incluso montar en el Congreso una red de prostitución, extorsiones y sicariato que ha quedado al descubierto.

Esa red no solo muestra al Congreso literalmente como un palacio-burdel con proxenetas y meretrices en planilla, sino que también saca a luz la ruptura de la legalidad en la forma como se toman las decisiones en el Legislativo, donde el servicio sexual es utilizado como un medio de cambio más para comprar votos de congresistas, equivalente a la compra en contante de la época de la dictadura fujimorista.

Leyes al gusto de diversos grupos de interés, fueron votadas sin debate y al caballazo. Por ejemplo, la ley que modifica la Ley Forestal a favor de grupos empresariales; las leyes que otorgan impunidad para los corruptos, o que hacen inviable la investigación de crímenes o casos de corrupción de altos funcionarios; favorecimiento a organizaciones criminales de la minería ilegal; mientras que para sectores de la clase trabajadora se dictan leyes draconianas, como la destitución automática de maestros pisoteando derechos reconocidos en la Constitución, y hasta atentan contra el uso del derecho a la huelga y la protesta.

Si la democracia imperara realmente en este mal llamado régimen democrático, el escandaloso destape habría motivado que dichas leyes se anulen ipso facto, previa destitución y encarcelamiento de los responsables.

Todo tiene un límite

Los grupos en el poder, así como la patronal que se enriquece con el plan neoliberal, son los responsables de la actual situación de descomposición, así como del avance impune y sin freno de las extorsiones y el sicariato; como también de tragedias ecológicas sin respuesta eficaz como el derrame de petróleo de Petroperú en Piura, a tres años del derrame de Repsol en La Pampilla, que sigue pendiente de resolución.

Agravando esta situación, las empresas que acumularon jugosas ganancias en las últimas décadas y hoy vuelcan sus ganancias a la adquisición de otros negocios en el país y en el extranjero, vienen aplicando despidos o ceses colectivos dejando en la calle a los trabajadores que crearon esa riqueza. En el marco del gobierno de los corruptos, la patronal actúa de manera abusiva y con impunidad.

Asimismo, el fujimorismo exhibe su influencia en el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, los cuales han puesto en bandeja uno de los puntos clave del plan fujimorista, que es el regreso a fojas cero del juicio por lavado de activos que se le sigue a Keyko Fujimori; mientras dicta la excarcelación de criminales de la época de la dictadura fujimorista como en el caso de Nicolás de Bari Hermoza.

La derrota del gobierno y el Congreso sigue siendo la prioridad

Frente a esta situación crece la indignación y las muestras de rechazo incorporando nuevos conflictos. Las paralizaciones de transportistas contra las extorsiones y el sicariato que siguen recrudeciendo apuntan a reactivarse; las protestas de pescadores y poblaciones afectadas por los derrames de petróleo en Piura, e incluso el ocurrido hace tres años en Ventanilla que sigue sin solución; además, diversos gremios magisteriales vienen protestando contra la ley inconstitucional que impone la destitución automática de profesores; y los pueblos del sur reactivan sus protestas contra el gobierno por la impunidad de los asesinatos manifestantes de hace dos años. A ello se suma la lucha de sindicatos obreros que exigen en las calles reposición y anulación de los abusivos ceses colectivos dictados arbitrariamente por la patronal.

En la medida que estas luchas puedan vencer su aislamiento y dispersión, la soberbia de los grupos en el poder podría tener sus días contados. El avance de la organización de los trabajadores y el pueblo, y la coordinación y centralización de las luchas dispersas, es una necesidad urgente pues la situación demanda soluciones que no pueden esperar. La dinámica de los actuales conflictos viene cuestionando seriamente la política conciliadora de la izquierda reformista y las centrales, reclamando una política de movilización. La incorporación de otros sectores en lucha plantea la posibilidad de retomar la gesta de la rebelión del sur, con nuevos actores en Lima y en varios lugares del país, sumando a las sentidas demandas sociales alternativas obreras y populares al plan neoliberal y a su podrida democracia, incluso defendiendo la demanda popular por una asamblea constituyente.

Por Miguel Reyes

Se conmemoró el 2do aniversario de la masacre del gobierno de Dina en Juliaca y en toda la región sur, y con esto el recuerdo de la lucha histórica y política más importante de las últimas décadas. Una heroica batalla que necesita nuevamente ser discutida y evaluada para sacar las mejores lecciones y retomar la movilización por las justas banderas que levantó esa rebelión.

El recuerdo de las víctimas se mantiene  

Al cumplirse dos años de los trágicos sucesos entre diciembre de 2022 y enero de 2023 que dejaron decenas de muertos, incluidos dos menores de edad, se celebraron en Puno y en otras regiones del sur. Durante estas jornadas, sobrevivientes, deudos, activistas y ciudadanos se unieron en emotivos plantones, misas, vigilias y marchas para exigir justicia y recordar a las víctimas.

El episodio trágico de los más de 60 asesinados por disparos con armas de fuego según los certificados de la necropsia, cumple dos años de impunidad, formando parte de las decenas de casos, como el de Inti y Bryan que aún esperan justicia, a causa de la durísima represión que los gobiernos de turno de las dos últimas décadas han aplicado con el apoyo de las leyes y del régimen “democrático” que tanto defiende el empresariado.

El Estado no garantiza justicia

Pasaron dos años y aún continúan lentamente las investigaciones por el delito de homicidio y lesiones en las protestas del sur. Y los altos mandos, incluyendo al gobierno, siguen, como era de esperarse, intentando lavarse las manos y acusándose mutuamente.

La declaración de hace algunos días del general del Ejército peruano es una prueba de ello: “Desde ahí nace la orden (de Dina Boluarte), y la orden tiene que ser bien emitida para que llegue hasta el último soldado, que es el nivel táctico, y se pueda cumplir la misión…” Así como la de Dina en una entrevista: “Los ministros ni la presidenta tenemos comando para decidir sobre los protocolos que las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional tienen”. No obstante, todos ellos son responsables, puesto que se sabe muy bien que, según la misma Constitución, quien dirige el sistema de defensa es el presidente, y quien aplica y monitorea directamente los conflictos internos son los altos mandos militares y policiales.

Hay aún mucha incertidumbre por parte de los familiares y amigos, que saben que dicha denuncia e investigación al final podría ser archivada o, en el mejor de los casos, tardar años para una sentencia paupérrima, sabiendo aún más que en las dos últimas décadas no se ha condenado a ningún presidente por ese tipo de delitos, como el que se le imputa a Dina Boluarte. Además, por la gran corrupción en todo el sistema judicial, que ahora está a punto de archivar la denuncia contra Keiko y también la prisión preventiva contra Cerrón.

Las demandas del sur siguen vigentes

La gran lucha del sur que fue aplastada por la represión del gobierno corrupto de Dina levantó banderas que están más que vigentes. El cambio del actual régimen político podrido por medio de una Asamblea Constituyente que recupere los recursos naturales del país y saque a las actuales autoridades de sus cargos fue una de sus demandas más importantes, puesto que expresaba el sentimiento general de rechazo que aún se mantiene tanto al Congreso como al Gobierno, instituciones a los que solamente les preocupa sus propios intereses y la economía de los medianos y grandes empresarios, formales e informales. De ahí que dicha situación la estén aprovechando muy bien empresarios como Belmont para atacar y despedir obreros del sindicato Celima.

Aquella rebelión tenía dicho trasfondo y no simplemente una simpatía hacia Castillo que, a pesar de que no había hecho casi nada para cumplir las promesas con las que salió ganador en las elecciones del 2021, tenía cierto respaldo y simbolizaba la esperanza por un cambio para los millones de pobres, especialmente de las zonas altoandinas. Es por eso que necesitamos recuperar nuevamente la confianza y la organización para pelear contra un Gobierno que defiende los intereses empresariales y a corruptos, y que es sostenido por un Congreso de la misma calaña. Unir esa lucha con los que hoy luchan en las calles por la reposición de sus empleos, la solución a sus pliegos de reclamo y una mejor calidad de vida es una tarea impostergable.

Por Víctor Montes

¿Qué hay tras la ola de violencia criminal que ya deja 106 asesinatos en los primeros 20 días de este 2025, y 50 ataques con explosivos en ese mismo periodo? ¿Qué podemos hacer los trabajadores y el pueblo, ante la evidente incapacidad del gobierno para hacer frente a esta problemática?

El llamado “crimen organizado” no es otra cosa que un conjunto de grandes negocios, que han venido creciendo con el pasar de los años.

Esos negocios, ilegales y sumamente rentables, requieren del control de extensiones del territorio nacional para explotar, extraer y exportar su mercancía o, en el caso de la extorsión, imponer su voluntad.

De ahí que desarrollen sus propias fuerzas armadas, contratando sicarios y realizando atentados, cuando no, disputando bala a bala el control del territorio a otras bandas o al Estado.

Un Estado en plena fusión

Pero para que esta guerra por el control del país se desarrolle, también una parte de las autoridades deben adaptarse al poder el crimen. Por un lado, oficiales de la policía y las FF.AA. deben “mirar a otro lado” o directamente entrar al negocio, protegiendo las zonas de producción o transporte.

Por otro, comisarios, jueces, fiscales, regidores, alcaldes, congresistas, ministros y presidentes… todos se encuentran al alcance del dinero que estas bandas criminales manejan para proteger sus intereses. No debe sorprendernos, por eso, que un representante directo de la minería ilegal, como Eduardo Salhuana, sea presidente del Congreso de la República. O que diversas bancadas en el Congreso hayan contribuido a debilitar la ya ineficaz legislación que existe sobre este tema, reformando la Ley de crimen organizado en beneficio de las bandas criminales.

De ahí que el Estado se muestre completamente incapaz de encarar esta problemática.

Nadando en el lodo

En este marco, mientras la gran patronal convive con los negocios ilegales, en tanto estos no se metan con sus negocios, los sectores más pobres de la población, esos que el modelo económico neoliberal mantiene al margen, sin trabajo fijo, y condenado a la mera supervivencia, toma el camino de convertirse en agente a sueldo del crimen organizado y así encontrar una fuente de ingresos, a veces por encima del promedio, al costo de poner en riesgo su vida, o acabar con la de otros.

Es la combinación de enormes negocios ilegales, protegidos en los hechos por un Estado corrupto y al servicio de las ganancias capitalistas, lo que empuja a la población más pobre a esta salida desesperada. Y por eso el Estado se muestra absolutamente incapaz de hacer frente a este flagelo, no importa cuántos “estados de emergencia” declare.

¿Cuál es la salida?

La respuesta que un sector de trabajadores informales, ligados al transporte y al comercio, comenzó a dar en 2024, al convocar a acciones de lucha, movilizaciones y paros, es una experiencia que abre una perspectiva a la lucha contra el crimen. Sin embargo, ante la falta de un programa claro, esa misma movilización corre el riesgo de caer en manos de aventureros autoritarios que intenten ganar el gobierno levantando propuestas como la “pena de muerte” o “deportación” de criminales.

Medidas que buscan fortalecer al aparato represivo del Estado, que solo ha demostrado ser capaz de asesinar a quienes protestan, mientras el fracasan una y otra vez con la declaratoria de estado de emergencia.

La salida se encuentra en el terreno de la organización y movilización del pueblo pobre y trabajador, contra la entrega del país a los grandes empresarios, “legales” o “ilegales”, para garantizar trabajo y salarios dignos para todas las personas, y por otro lado, contra el accionar del crimen organizado, conformando rondas urbanas o comités de autodefensa en barrios y centros de trabajo, que tomen en sus manos la labor de la policía, que se ha demostrado absolutamente incapaz frente al ascenso de la criminalidad.

Esas rondas o comités, deberán utilizar las armas de la policía y las FF.AA. para, en forma colectiva, tomar en sus manos la defensa de la vida del pueblo pobre y trabajador.

Para esto, la clase trabajadora no tiene otro camino que su movilización unificada. El paro anunciado por un sector de transportistas muestra un camino que solo podrá ser aprovechado y es la clase obrera, con sus organizaciones de combate, la que se pone al frente, levantando una salida para este flagelo.

Ante este problema, como en todo lo demás, los trabajadores y trabajadoras, así como el pueblo pobre del campo y la ciudad, no podemos confiar más que en nuestras fuerzas y movilización.

La clase obrera tiene en la lucha de los obreros de Celima que enfrentan un brutal cese colectivo un ejemplo del camino a seguir para enfrentar y derrotar los ataques patronales: luchar unidos, firmes y con las banderas justas.

Hace seis meses se aplicó el cese colectivo en Celima y el sindicato no ha dejado de luchar ni un minuto. Contra la orientación de los asesores y las propias dirigencias de la FETRIMAP y CGTP que dicen “vayan a buscarse un trabajo” mientras “resolvemos el problema” con escritos y gestiones, con una dirección combativa el sindicato ha priorizado la lucha en la calle.

No es nada fácil porque no hay salarios y se debe sostener familias mientras se lucha, y se debe mover a la misma base que continúa trabajando bajo temor y presión de la empresa, realizando asambleas y puerta de fábrica para mantener unidos a los trabajadores. Y, para peor, se lucha en las peores condiciones: el aislamiento nacional por el repliegue de las luchas y el crecimiento de los ataques patronales, ambos alentados por la modorra burocrática de las direcciones.

Así, han realizado numerosos plantones y movilizaciones, dos de ellas en el centro financiero de San Isidro y una en las mismas fiestas de navidad con un acto que contó con la participación solidaria de diversas organizaciones. Su mismo llamado a enviar solidaridad económica ha sido acogido por múltiples organizaciones, personalidades y activistas que han aportado y aportan recursos que han permitido hasta ahora sostener la lucha.

Estas acciones no solo son acompañadas de canticos combativos, sino en ellas también se comparte mucha solidaridad en torno a modestas meriendas; se cuenta con la compañía de hijos, esposas y familiares llevando carteles, y son animados por un compañero disfrazado de Tigre que realiza parodias y alegra a los participantes. 

Su lucha trasciende en el exterior desde donde siguen llegando múltiples pronunciamientos de solidaridad, y hasta se realizan actos y plantones en diversas embajadas peruanas.

Con la inspiración de esta lucha no es casual que se libren huelgas heroicas en varias bases, y que se cree un ambiente que obliga a la FETRIMAP y CGTP a realizar al menos algunas movilizaciones centralizadas de solidaridad con su lucha.  

Todo esto es así por una sola razón: por su dirección, constituida por una vanguardia de dirigentes curtidos en la lucha con una trayectoria de más de 20 años, y que tienen una comprensión de clase: saben que esto no se resuelve en el Ministerio sino en las calles, y saben que los derechos se defienden luchando cueste lo que cueste de manera unida y organizada. Y lo hacen dándose una política justa para que la lucha gane: llamando a la unidad de la clase obrera para derrotar los ataques patronales y los ceses colectivos.

Los compañeros luchan para ganar. Pero al mismo tiempo saben que, por la coyuntura favorable a la patronal, el resultado depende de que se desencadene la acción unida de la clase trabajadora y por ello insisten en este llamado y en la exigencia a la FETRIMAP y CGTP para que unifiquen la lucha con un plan de lucha y un paro nacional.

De este modo, su acción tiene un efecto educador sobre el activismo obrero. Y al esforzarse para superar las acciones dispersas y aisladas y dirigir las fuerzas unidas de los trabajadores contra la patronal y el gobierno con un programa que recoja los verdaderos problemas obreros (como la derogatoria de las normas de cese colectivo y de suspensión perfecta), ofrece un camino que no solo garantice el triunfo de su lucha y el de las bases en conflicto, sino que contribuya a un cambio de la misma coyuntura para hacerla favorable a los que pelean.

De aquí la necesidad de apoyar su pelea y de hacer más grande la solidaridad con su lucha. Su victoria no solo será un triunfo de toda la clase obrera peruana señalándole claramente que el camino es el de la lucha, decidida y unida, y fortalecerá a su núcleo de vanguardia con nuevos miembros y referentes para avanzar en la construcción de la nueva dirección revolucionaria que necesitamos para ir por más.

Por Víctor Montes

Pocas veces se puede ver con tanta claridad que el Congreso es una cueva de delincuentes. Ya no bastan los “mocha sueldos”, “come pollos”, etcétera. Ahora sabemos que incluso montan redes de prostitución al interior del parlamento para asegurar votos a cambio de favores sexuales. Y para que nadie se entere, asesinan a las personas implicadas, al igual que las bandas de extorsionadores que pululan por el país.

No es extraño, entonces, que el 88% de la población, según un reciente estudio de Ipsos, manifieste su rechazo.

¿A qué se debe esta situación? ¿Cómo nos afecta a los trabajadores, trabajadoras y al pueblo pobre? ¿Existe alguna posible salida?

Una “democracia colonial”

A diferencia de lo que dicen los medios de comunicación patronales, y también muchos de los medios “alternativos” que se precian de “democráticos” y “progresistas”, el basurero en el que se ha convertido el Congreso no tiene que ver, fundamentalmente, con las cualidades o el grado de instrucción de las personas que postulan al Congreso. Sino esencialmente, con el carácter prácticamente colonial de la economía del país controlada por el capital extranjero, bajo la continuidad del modelo económico neoliberal.

Un modelo y una “democracia” que actúan contra los grandes intereses populares e incluso, verdaderamente nacionales, entendiendo a la nación como la inmensa mayoría del pueblo pobre y trabajador.

Por eso, esa “democracia”, elección tras elección, solo ha podido burlar las expectativas de cambio de las clases populares, y ha perpetuado la entrega de las riquezas del país. Ha reforzado la impunidad patronal para explotar a la clase trabajadora. Ha reprimido y asesinado a quienes protestan. Y por supuesto, ha blindado a los asesinos del pueblo, tanto policías como militares y políticos.

Todo se compra y se vende

Pero los servicios prestados por esa “democracia” no son gratuitos. El Estado es un enorme botín, con recursos y acceso a dinero para quienes lo administran. Para tener una idea, sumando todos los ingresos que por ley se les asigna, el sueldo parlamentario ha ascendido, en 2024, a 26 mil 17 soles por mes… ¡23 veces el actual (y miserable) sueldo mínimo! No es extraño que el mayor anhelo de los congresistas sea la reelección.

Y junto al sueldo oficial, se encuentra la corrupción, que no es otra cosa que la venta del poder a las grandes empresas, como Odebrecht o las mineras. Pero también a los grandes negocios informales e ilegales (la minería, tala o pesca ilegal, o al narcotráfico), así como a los mercaderes de la educación superior, como los Acuña, los Luna y etc.

Desde Perú Libre, hasta Renovación Popular. Desde Alianza Para el Progreso, hasta el “Bloque magisterial”. Desde Acción Popular, hasta Podemos Perú y Avanza País… con Fuerza Popular, por supuesto, a la cabeza. En total, son 13 las bancadas en las que está dividido el actual Congreso, cada una buscando asegurar sus intereses, y cada cual más servil que la otra a los diversos sectores empresariales que succionan la riqueza del país y pagan sus servicios.

De ahí que la degeneración y descomposición parlamentaria, que tiene su correlato en la podredumbre del gobierno y su Consejo de ministros, y en el avance del autoritarismo, sea el producto legítimo y natural del dominio capitalista del país.

¿Es posible salvar la “democracia”?

Entendida así, desde una perspectiva obrera, la democracia colonial y patronal, que fortalece su cara autoritaria para asesinar impunemente a los que luchan, ni merece, ni puede ser salvada.

Y sin embargo, a eso se reduce toda la preocupación de las organizaciones que se dicen “de izquierda” en el país. Desde Nuevo Perú, hasta el Partido Comunista y Patria Roja, pasando por los más diversos grupos estudiantiles y ONG´s, así como por sus representantes más conocidas, Sigrid Bazán, Indira Huilca, etc. Todos proponen “recuperar la democracia”… lo que para esos grupos significa ganar las elecciones.

Lo que no reconocen esos mismos partidos, organizaciones y personalidades, es que fueron ellos los responsables de la desilusión de las masas con esa “democracia”.

¿Por qué afirmamos esto? Primero, porque esas organizaciones y partidos renunciaron a hacer realidad, en 2001, la caída completa de la constitución de 1993. Aceptaron su continuidad y con ella, la del modelo económico neoliberal que nos ha convertido en un país miserable, como puso en evidencia la pandemia, y dominado casi colonialmente por el capital extranjero.

En segundo lugar, porque una y otra vez han levantado expectativas falsas en diversos candidatos y candidatas que, cuando ganaron, terminaron abandonando sus ofrecimientos de campaña para pasarse a la defensa del modelo económico neoliberal, y a la extensión de las redes de corrupción dentro del Estado.

Y tercero, porque ellos mismos han actuado igual a los partidos patronales tradicionales: robaron y se corrompieron. Dando herramientas a los partidos patronales reaccionarios a golpear a los sectores que votaron por ellos.

La salida está en la lucha por el poder obrero y popular

Si en algo tienen razón, esas organizaciones que se dicen “de izquierda”, es que tras la desazón con la democracia, se levanta el peligro del advenimiento de un régimen autoritario, tal como sucedió en los 90 con Fujimori.

Y sí, el fracaso de la democracia y de sus auspiciadores “de izquierda” desmoraliza a las masas, comenzando por las “clases medias”, los profesionales y pequeños empresarios que comienzan a exigir, tras su frustración, “mano dura”. Con mayor razón si el país se sumergido en una espiral de violencia criminal.

Por eso resulta urgente que se levante una alternativa obrera y popular. ¡No hay posibilidad de “salvar” o “recuperar” esta democracia colonial, asesina, corrupta y patronal!

Es, por el contrario, preciso echarla abajo, como plantearon los compañeros del sur durante su levantamiento, entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, para construir un nuevo Estado y una democracia obrera, campesina y popular que realmente represente los intereses del pueblo peruano. Esta aspiración, que se manifestó en la consigna de Asamblea Constituyente, es completamente justa y necesaria, y sigue representando hoy, ese anhelo de cambio profundo y radical.

Sin embargo, esa lucha que fue ahogada en sangre, y traicionada por las dirigencias nacionales “de izquierda”, requiere que el poder pase a manos de las organizaciones de lucha de los trabajadores y el pueblo para que sus más sentidas demandas, incluida la Asamblea Constituyente, se hagan realidad, delineando un Estado bajo el control del pueblo, donde todo representante sea elegido y revocado en forma directa, y donde ninguno perciba un sueldo mayor al de un maestro o maestra de escuela, entre otras medidas que garanticen el verdadero control de los trabajadores, trabajadoras y el pueblo pobre, sobre el Estado y el país.

El 11 de enero el diario El Peruano publicó la Ley 32242, que establece la destitución automática de directores, profesores, auxiliares y personal administrativo de los centros educativos, tantos públicos como privados. Y tal destitución de oficio será “…sin proceso administrativo y con impedimento de ingreso o reingreso a la Carrera Pública Magisterial…” (ítem 49.6)

Esta ley, que modifica el Art. 49 de la Ley de Reforma Magisterio, fue aprobada por el Congreso el pasado 2 de diciembre de 2024 y enviada al Ejecutivo para su revisión. Sin embargo, no realizó ninguna observación, lo cual no sorprende, ya que no es la primera vez que este Ejecutivo permite la promulgación de leyes impulsadas desde el Congreso.

Cabe recordar que la figura de destitución (Art. 49) ya existía en la Ley de Reforma Magisterial desde 2015, durante el gobierno de Humala. 

Lo novedoso es la modificación del Artículo 49 (ítem 49.6), que establece la destitución automática sin que medie una investigación previa, un proceso administrativo o la posibilidad de ejercer el derecho a la defensa por parte del acusado.

Causales igualadas

En la lógica del abuso de poder, la norma iguala o coloca en una misma jerarquía las figuras de, por ejemplo, el “no presentarse a la evaluación de desempeño docente sin justificación” (a) con el “condenado por delito doloso” (b), o el “condenado por delito contra la libertad sexual…” con el “delito de apología del terrorismo, o delito de terrorismo” (c), o “concurrir al centro de trabajo en estado de ebriedad o bajo los efectos de alguna droga” (g). O peor aún, señalar faltas como “Inducir a los alumnos a participar en marchas de carácter político” (h-ítem 49.2) para destituir. No son lo mismo. Es un absurdo equiparar a todas en un mismo plano.

Solo basta mencionar que en el 2015 los jóvenes de todas las edades (escolares, universitarios y trabajadores) se movilizaron para derrotar la ley pulpín. En el 2020 la presencia de la juventud en las calles fue determinante para lograr la renuncia de Manuel Merino a la presidencia del Perú. En ambos casos ningún maestro tuvo que “inducir” a los jóvenes para que luchen por sus derechos.

Por cierto, hoy existen distintas formas de organización independiente de adolescentes y jóvenes por fuera de los colegios. La norma punitiva insiste en culpar a los maestros por la manifestación de los jóvenes en las calles. Por ello lo tipifica como causal de despido inmediato, lo cual también es una aberración.

Quién califica la inocencia o culpabilidad

Ahora, basta con ser señalado por un funcionario, un padre de familia o incluso un denunciante anónimo para ser destituido de inmediato, sin que se requieran pruebas ni se permita ejercer el derecho a la defensa para demostrar la inocencia. 

Es más, la destitución será ejecutada por el funcionario de la UGEL, la DRE y/o el Minedu, según corresponda (ítem 49.5).

Destruir la organización sindical y eliminar a su vanguardia

Con esta ley reaccionaria, el gobierno y su aliado, el Congreso —ampliamente cuestionado por corrupción—, dan un paso más en su ofensiva contra los trabajadores. Esta vez, descargan su ira sobre el magisterio, buscando destruir su organización sindical y deshacerse de su vanguardia combativa, expulsándolos del sistema educativo de manera definitiva y sin posibilidad de reingreso.

Qué hacer

Se percibe un creciente malestar en las bases y un lento pero progresivo debate en contra de esta ley reaccionaria. 

Es necesario fortalecer este proceso, impulsando la discusión en cada colegio sobre los alcances y peligros de esta norma. Asimismo, se debe preparar una respuesta organizada, basada en la movilización unitaria del magisterio, con el objetivo de derrotar la ley 32242 y lograr su derogación, antes de que se dé a conocer su reglamento.

Corresponde a las direcciones del SUTEP y la FENATE estar a la altura de las circunstancias y responder a las necesidades de las bases, liderando esta lucha con firmeza y unidad.