Por Víctor Montes
¿Qué hay tras la ola de violencia criminal que ya deja 106 asesinatos en los primeros 20 días de este 2025, y 50 ataques con explosivos en ese mismo periodo? ¿Qué podemos hacer los trabajadores y el pueblo, ante la evidente incapacidad del gobierno para hacer frente a esta problemática?
El llamado “crimen organizado” no es otra cosa que un conjunto de grandes negocios, que han venido creciendo con el pasar de los años.
Esos negocios, ilegales y sumamente rentables, requieren del control de extensiones del territorio nacional para explotar, extraer y exportar su mercancía o, en el caso de la extorsión, imponer su voluntad.
De ahí que desarrollen sus propias fuerzas armadas, contratando sicarios y realizando atentados, cuando no, disputando bala a bala el control del territorio a otras bandas o al Estado.
Un Estado en plena fusión
Pero para que esta guerra por el control del país se desarrolle, también una parte de las autoridades deben adaptarse al poder el crimen. Por un lado, oficiales de la policía y las FF.AA. deben “mirar a otro lado” o directamente entrar al negocio, protegiendo las zonas de producción o transporte.
Por otro, comisarios, jueces, fiscales, regidores, alcaldes, congresistas, ministros y presidentes… todos se encuentran al alcance del dinero que estas bandas criminales manejan para proteger sus intereses. No debe sorprendernos, por eso, que un representante directo de la minería ilegal, como Eduardo Salhuana, sea presidente del Congreso de la República. O que diversas bancadas en el Congreso hayan contribuido a debilitar la ya ineficaz legislación que existe sobre este tema, reformando la Ley de crimen organizado en beneficio de las bandas criminales.
De ahí que el Estado se muestre completamente incapaz de encarar esta problemática.
Nadando en el lodo
En este marco, mientras la gran patronal convive con los negocios ilegales, en tanto estos no se metan con sus negocios, los sectores más pobres de la población, esos que el modelo económico neoliberal mantiene al margen, sin trabajo fijo, y condenado a la mera supervivencia, toma el camino de convertirse en agente a sueldo del crimen organizado y así encontrar una fuente de ingresos, a veces por encima del promedio, al costo de poner en riesgo su vida, o acabar con la de otros.
Es la combinación de enormes negocios ilegales, protegidos en los hechos por un Estado corrupto y al servicio de las ganancias capitalistas, lo que empuja a la población más pobre a esta salida desesperada. Y por eso el Estado se muestra absolutamente incapaz de hacer frente a este flagelo, no importa cuántos “estados de emergencia” declare.
¿Cuál es la salida?
La respuesta que un sector de trabajadores informales, ligados al transporte y al comercio, comenzó a dar en 2024, al convocar a acciones de lucha, movilizaciones y paros, es una experiencia que abre una perspectiva a la lucha contra el crimen. Sin embargo, ante la falta de un programa claro, esa misma movilización corre el riesgo de caer en manos de aventureros autoritarios que intenten ganar el gobierno levantando propuestas como la “pena de muerte” o “deportación” de criminales.
Medidas que buscan fortalecer al aparato represivo del Estado, que solo ha demostrado ser capaz de asesinar a quienes protestan, mientras el fracasan una y otra vez con la declaratoria de estado de emergencia.
La salida se encuentra en el terreno de la organización y movilización del pueblo pobre y trabajador, contra la entrega del país a los grandes empresarios, “legales” o “ilegales”, para garantizar trabajo y salarios dignos para todas las personas, y por otro lado, contra el accionar del crimen organizado, conformando rondas urbanas o comités de autodefensa en barrios y centros de trabajo, que tomen en sus manos la labor de la policía, que se ha demostrado absolutamente incapaz frente al ascenso de la criminalidad.
Esas rondas o comités, deberán utilizar las armas de la policía y las FF.AA. para, en forma colectiva, tomar en sus manos la defensa de la vida del pueblo pobre y trabajador.
Para esto, la clase trabajadora no tiene otro camino que su movilización unificada. El paro anunciado por un sector de transportistas muestra un camino que solo podrá ser aprovechado y es la clase obrera, con sus organizaciones de combate, la que se pone al frente, levantando una salida para este flagelo.
Ante este problema, como en todo lo demás, los trabajadores y trabajadoras, así como el pueblo pobre del campo y la ciudad, no podemos confiar más que en nuestras fuerzas y movilización.