Por Miguel Reyes
Se conmemoró el 2do aniversario de la masacre del gobierno de Dina en Juliaca y en toda la región sur, y con esto el recuerdo de la lucha histórica y política más importante de las últimas décadas. Una heroica batalla que necesita nuevamente ser discutida y evaluada para sacar las mejores lecciones y retomar la movilización por las justas banderas que levantó esa rebelión.
El recuerdo de las víctimas se mantiene
Al cumplirse dos años de los trágicos sucesos entre diciembre de 2022 y enero de 2023 que dejaron decenas de muertos, incluidos dos menores de edad, se celebraron en Puno y en otras regiones del sur. Durante estas jornadas, sobrevivientes, deudos, activistas y ciudadanos se unieron en emotivos plantones, misas, vigilias y marchas para exigir justicia y recordar a las víctimas.
El episodio trágico de los más de 60 asesinados por disparos con armas de fuego según los certificados de la necropsia, cumple dos años de impunidad, formando parte de las decenas de casos, como el de Inti y Bryan que aún esperan justicia, a causa de la durísima represión que los gobiernos de turno de las dos últimas décadas han aplicado con el apoyo de las leyes y del régimen “democrático” que tanto defiende el empresariado.
El Estado no garantiza justicia
Pasaron dos años y aún continúan lentamente las investigaciones por el delito de homicidio y lesiones en las protestas del sur. Y los altos mandos, incluyendo al gobierno, siguen, como era de esperarse, intentando lavarse las manos y acusándose mutuamente.
La declaración de hace algunos días del general del Ejército peruano es una prueba de ello: “Desde ahí nace la orden (de Dina Boluarte), y la orden tiene que ser bien emitida para que llegue hasta el último soldado, que es el nivel táctico, y se pueda cumplir la misión…” Así como la de Dina en una entrevista: “Los ministros ni la presidenta tenemos comando para decidir sobre los protocolos que las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional tienen”. No obstante, todos ellos son responsables, puesto que se sabe muy bien que, según la misma Constitución, quien dirige el sistema de defensa es el presidente, y quien aplica y monitorea directamente los conflictos internos son los altos mandos militares y policiales.
Hay aún mucha incertidumbre por parte de los familiares y amigos, que saben que dicha denuncia e investigación al final podría ser archivada o, en el mejor de los casos, tardar años para una sentencia paupérrima, sabiendo aún más que en las dos últimas décadas no se ha condenado a ningún presidente por ese tipo de delitos, como el que se le imputa a Dina Boluarte. Además, por la gran corrupción en todo el sistema judicial, que ahora está a punto de archivar la denuncia contra Keiko y también la prisión preventiva contra Cerrón.
Las demandas del sur siguen vigentes
La gran lucha del sur que fue aplastada por la represión del gobierno corrupto de Dina levantó banderas que están más que vigentes. El cambio del actual régimen político podrido por medio de una Asamblea Constituyente que recupere los recursos naturales del país y saque a las actuales autoridades de sus cargos fue una de sus demandas más importantes, puesto que expresaba el sentimiento general de rechazo que aún se mantiene tanto al Congreso como al Gobierno, instituciones a los que solamente les preocupa sus propios intereses y la economía de los medianos y grandes empresarios, formales e informales. De ahí que dicha situación la estén aprovechando muy bien empresarios como Belmont para atacar y despedir obreros del sindicato Celima.
Aquella rebelión tenía dicho trasfondo y no simplemente una simpatía hacia Castillo que, a pesar de que no había hecho casi nada para cumplir las promesas con las que salió ganador en las elecciones del 2021, tenía cierto respaldo y simbolizaba la esperanza por un cambio para los millones de pobres, especialmente de las zonas altoandinas. Es por eso que necesitamos recuperar nuevamente la confianza y la organización para pelear contra un Gobierno que defiende los intereses empresariales y a corruptos, y que es sostenido por un Congreso de la misma calaña. Unir esa lucha con los que hoy luchan en las calles por la reposición de sus empleos, la solución a sus pliegos de reclamo y una mejor calidad de vida es una tarea impostergable.