La crema y nata del poder político y la corrupción en el Perú, que tiene cuentas pendientes por los asesinatos, leyes a favor de las organizaciones criminales empezando por las suyas propias, y hasta la red de prostitución que han montado para aprobar dichas leyes, asumen que la población puede pasar por alto todo eso pegándose a figuras igualmente despreciables como Javier Milei o Donald Trump.
La presidenta Boluarte y altos cargos en el gobierno y el Congreso, exhiben su admiración al reaccionario Donald Trump que inicio su segundo mandato. López Aliaga incluso se ausentó de Lima agravando su desastrosa gestión, para asistir a la toma de mando; él, junto a Javier Milei, el verdugo del pueblo argentino en uno de los más salvajes ajustes de la economía, aplaudieron los anuncios del presidente yanqui, incluyendo las masivas y denigrantes expulsiones de inmigrantes latinos.
El fanatismo de dichas autoridades es un acto de traición a los intereses de la comunidad latinoamericana y del Perú, para cuyos países Trump también anunció medidas de endurecimiento en las relaciones comerciales, amenaza de usurpación del Canal de Panamá, entre otros anuncios despóticos.
Neoliberalismo, vieja fábrica de sobre explotación y pobreza
Los partidos actualmente en el poder en el Perú, el fujimorismo, el acuñismo, el porkysmo y sus aliados ocasionales, amparados en la red de impunidad que han tejido en las principales instituciones del Estado, no hacen más que disputar un papel servil de las ambiciones imperialistas de la era Trump en la región, extendiendo un plan económico que en el Perú es un viejo conocido.
En este país prácticamente todo se liberalizó y privatizó, hasta la educación y la salud. La inversión extranjera tiene carta libre para explotar y lucrar con las riquezas nacionales, especialmente mineras, y la libertad de empresa y de enriquecimiento desmedido ha acelerado especialmente ante tragedias o situaciones como una pandemia.
Además, el rol del Estado se ha reducido tanto que es un Estado incapaz de responder ante cualquier emergencia nacional, climática o sanitaria, o incluso ante el actual crecimiento de la ola criminal de extorsiones y sicariato. En fin, a pesar de varias décadas de «bonanza» neoliberal, la mayoría de la población debe buscar una fuente de ingresos en la economía informal o ilegal en condiciones de mayor sobreexplotación, y muchas veces no alcanza ni eso, cayendo en la pobreza o padeciendo a su suerte las embestidas de desastres naturales o crisis sanitarias.
El repudio popular a las consecuencias de ese plan se expresó de múltiples maneras, lamentablemente siempre fueron desviadas detrás gobiernos que abandonaron sus promesas de campaña electoral. Las últimas grandes manifestaciones del rechazo popular se dieron en las elecciones de 2021 y en la rebelión del sur de 2022-2023, esta última salvajemente reprimida con decenas de asesinatos y muchos heridos graves por orden directa de Dina Boluarte y su gobierno, y con el blindaje del Congreso.
Neoliberalismo se adapta a todo
El tiempo ha puesto en claro el objetivo de Boluarte, el fujimorismo y la ultraderecha al atornillarse a cualquier costo en el poder. A los males conocidos se sumó una profunda descomposición graficada en leyes que favorecen al crimen organizado, especialmente a los partidos u organizaciones criminales que controlan el Congreso, y más “libertad” a la voracidad de las grandes empresas. Hicieron de todo para sostener ese modelo corrupto, incluso montar en el Congreso una red de prostitución, extorsiones y sicariato que ha quedado al descubierto.
Esa red no solo muestra al Congreso literalmente como un palacio-burdel con proxenetas y meretrices en planilla, sino que también saca a luz la ruptura de la legalidad en la forma como se toman las decisiones en el Legislativo, donde el servicio sexual es utilizado como un medio de cambio más para comprar votos de congresistas, equivalente a la compra en contante de la época de la dictadura fujimorista.
Leyes al gusto de diversos grupos de interés, fueron votadas sin debate y al caballazo. Por ejemplo, la ley que modifica la Ley Forestal a favor de grupos empresariales; las leyes que otorgan impunidad para los corruptos, o que hacen inviable la investigación de crímenes o casos de corrupción de altos funcionarios; favorecimiento a organizaciones criminales de la minería ilegal; mientras que para sectores de la clase trabajadora se dictan leyes draconianas, como la destitución automática de maestros pisoteando derechos reconocidos en la Constitución, y hasta atentan contra el uso del derecho a la huelga y la protesta.
Si la democracia imperara realmente en este mal llamado régimen democrático, el escandaloso destape habría motivado que dichas leyes se anulen ipso facto, previa destitución y encarcelamiento de los responsables.
Todo tiene un límite
Los grupos en el poder, así como la patronal que se enriquece con el plan neoliberal, son los responsables de la actual situación de descomposición, así como del avance impune y sin freno de las extorsiones y el sicariato; como también de tragedias ecológicas sin respuesta eficaz como el derrame de petróleo de Petroperú en Piura, a tres años del derrame de Repsol en La Pampilla, que sigue pendiente de resolución.
Agravando esta situación, las empresas que acumularon jugosas ganancias en las últimas décadas y hoy vuelcan sus ganancias a la adquisición de otros negocios en el país y en el extranjero, vienen aplicando despidos o ceses colectivos dejando en la calle a los trabajadores que crearon esa riqueza. En el marco del gobierno de los corruptos, la patronal actúa de manera abusiva y con impunidad.
Asimismo, el fujimorismo exhibe su influencia en el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, los cuales han puesto en bandeja uno de los puntos clave del plan fujimorista, que es el regreso a fojas cero del juicio por lavado de activos que se le sigue a Keyko Fujimori; mientras dicta la excarcelación de criminales de la época de la dictadura fujimorista como en el caso de Nicolás de Bari Hermoza.
La derrota del gobierno y el Congreso sigue siendo la prioridad
Frente a esta situación crece la indignación y las muestras de rechazo incorporando nuevos conflictos. Las paralizaciones de transportistas contra las extorsiones y el sicariato que siguen recrudeciendo apuntan a reactivarse; las protestas de pescadores y poblaciones afectadas por los derrames de petróleo en Piura, e incluso el ocurrido hace tres años en Ventanilla que sigue sin solución; además, diversos gremios magisteriales vienen protestando contra la ley inconstitucional que impone la destitución automática de profesores; y los pueblos del sur reactivan sus protestas contra el gobierno por la impunidad de los asesinatos manifestantes de hace dos años. A ello se suma la lucha de sindicatos obreros que exigen en las calles reposición y anulación de los abusivos ceses colectivos dictados arbitrariamente por la patronal.
En la medida que estas luchas puedan vencer su aislamiento y dispersión, la soberbia de los grupos en el poder podría tener sus días contados. El avance de la organización de los trabajadores y el pueblo, y la coordinación y centralización de las luchas dispersas, es una necesidad urgente pues la situación demanda soluciones que no pueden esperar. La dinámica de los actuales conflictos viene cuestionando seriamente la política conciliadora de la izquierda reformista y las centrales, reclamando una política de movilización. La incorporación de otros sectores en lucha plantea la posibilidad de retomar la gesta de la rebelión del sur, con nuevos actores en Lima y en varios lugares del país, sumando a las sentidas demandas sociales alternativas obreras y populares al plan neoliberal y a su podrida democracia, incluso defendiendo la demanda popular por una asamblea constituyente.