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El lugar de la Constituyente

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Por Víctor Montes

Como hemos escrito anteriormente, la demanda de Asamblea Constituyente (AC) se ha transformado, en el país, en la expresión genuina del anhelo de cambio del pueblo pobre. Esto se vio con particular claridad en la lucha de principio de año, encabezada por las poblaciones del sur, convirtiéndose en una de las consignas centrales de la lucha.

Dos caras de una misma consigna

Con la demanda de AC, los pueblos han manifestado su deseo de echar abajo la democracia corrupta que vivimos. Esto es, una democracia donde no importa quien gane, una y otra vez, termina imponiéndose el interés del gran capital, que deja el paso libre al saqueo de nuestros recursos, y desprotege a los trabajadores y trabajadoras del país. Todo en nombre del libre mercado.

Por eso, además de cambiar las instituciones del Estado, la demanda de AC busca también cambiar las reglas del juego para pasar a recuperar los recursos naturales, y lograr un cambio en el rol económico del Estado, actualmente absolutamente entregado a los intereses transnacionales.

En ese mismo sentido, existen sectores de la clase trabajadora urbana, y del proletariado rural, que han entendido que la constitución de la dictadura fujimorista, impuesta en 1993 y aún vigente, es el candado que asegura las condiciones de explotación y miseria en la que viven. Esos sectores también abogan por una nueva constitución, nacida de una AC.

Sin embargo, existe otro sector que levanta la misma demanda en un sentido distinto: la izquierda reformista. Estas organizaciones y personajes (Nuevo Perú, el Partido Comunista, Patria Roja, Perú Libre, Sigrid Bazán, Isabel Cortez, el Bloque magisterial, etc.) , adictos a las elecciones, hacen campaña consciente para que el pueblo pobre piense que la AC es la solución de fondo a todos los males del país.

Es decir, para que pongan sus expectativas -nuevamente- en las elecciones, y no en su propia lucha y movilización.

Medias verdades…

Desde el marxismo, y nuestra postura, la demanda de Asamblea Constituyente juega un papel progresivo en tanto es expresión del hartazgo popular con la realidad que vivimos, propiciando su movilización contra el gobierno y el régimen democrático podrido y sometido al imperialismo que impera en el país. Por eso hace parte de nuestro programa de demandas.

La clave, para nosotros, es que dicha demanda está supeditada a la estrategia de poder que levantamos para el conjunto del país: la toma del poder por parte de las organizaciones obreras y populares. Es decir, la conquista de un gobierno obrero, campesinos y de las nacionalidades oprimidas (quechua, aymara, asháninka, shipiba, etc…) que decida en forma soberana, y sin la participación de las grandes empresas, el destino del país.

Por eso, cuando pensamos en AC, de inmediato agregamos: AC para nacionalizar las minas, el gas y el petróleo. AC para devolver las tierras y territorios, hoy en manos de mineras, petroleras y forestales, a las comunidades nativas y campesinas. AC, para garantizar el derecho libre de sindicalización y huelga. AC, para que todo cargo público gane lo mismo que un maestro o maestra de escuela pública. etc.

Es en esa discusión y permanente movilización por la conquista de la AC, que esperamos que la lucha se desarrolle hacia la toma del poder.

Sin embargo, no podemos dejar de decir que las expectativas que los sectores del interior y la propia clase obrera tienen en la AC expresan, como escribimos en otra oportunidad, “…la confianza que esos mismos sectores tienen en las instituciones de la democracia patronal, a la que nunca han accedido plenamente, y por tanto, mantienen la esperanza de llegar a solucionar sus más sentidos problemas por su concurso.”

Es esta expectativa la que alimentan los partidos y grupos que se hacen llamar “de izquierda” para desviar la movilización obrera y popular.

Entonces… ¿Qué papel tiene la AC hoy?

En tal sentido, reiteramos el lugar que esta consigna tiene para nosotros, que construimos un partido obrero, marxista y revolucionario en el país: justo anhelo del pueblo pobre y trabajador, e impulso de la movilización.

Y es por eso, retomando lo que ya hemos dicho, que “…resulta clave que el movimiento obrero, en tanto avanza en su politización y retoma el camino de la movilización… tome en sus manos esta bandera (la AC) de manera combativa y consecuente.

En la coyuntura que vivimos, la demanda de AC se transforma en una bisagra capaz de articular las reivindicaciones del campo y la ciudad unificándolas contra el gobierno asesino de Boluarte y el Congreso….”

Y añadimos. Esa bisagra debe ayudarnos a forjar lazos de lucha y confianza entre los sectores del campo y del interior, con la vanguardia obrera combativa. En la lucha, debemos desarrollar el debate profundo de la necesidad de poner esa AC al servicio de romper los lazos que atan al país al imperialismo, recuperando los recursos naturales y la tierra. Mejorar de manera real las condiciones de vida del pueblo pobre, y romper los privilegios de la costra podrida y corrupta que administra el Estado.

Y por lo mismo, explicar nuevamente que solo un gobierno del pueblo pobre y trabajador, de sus organizaciones de lucha, en alianza con las organizaciones combativas del campo y las nacionalidades oprimidas, sin patrones ni sus partidos, podrán defender y hacer realidad esas medidas y, por tanto, que es la única salida de fondo a los problemas que nos aquejan.

Las banderas del sur y el germen de la revolución

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Por Víctor Montes

Entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, los pueblos del interior, particularmente del sur del país, se levantaron exigiendo, con absoluta justicia, el respeto a su voluntad expresada en el voto por Castillo y, de fondo, la democratización de la sociedad peruana, expresada fundamentalmente en la exigencia de Asamblea Constituyente.

El detonante del levantamiento, fue la detención e inmediata vacancia de Pedro Castillo, tras su fallido intento de golpe de estado, y la conformación de un gobierno hipotecado a los sectores más reaccionarios, conservadores, racistas y antipopulares que dominan el Congreso (Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Alianza por el Progreso, Acción Popular…).

Un gobierno que fortaleció los elementos autoritarios del régimen democrático en crisis, disparando contra el pueblo y reeditando el acostumbrado desprecio contra los sectores populares, particularmente la población proveniente de la sierra, por medio del conocido “terruqueo”.

Un año después, los motivos tras el levantamiento siguen intactos: Boluarte sigue al frente del gobierno. La mayoría reaccionaria del Congreso avanza en su agenda antipopular. Y sobre todo, la miseria crece en el país y la discriminación, marginación y opresión contra el pueblo y las nacionalidades originarias se acentúan en este contexto.

Elementos de fondo

Tres elementos se combinan en la base del estallido y levantamiento de los pueblos del sur: la miseria a la que nos condena un desarrollo capitalista completamente sometido al dominio imperialista. Dos, la frustración continua del pueblo con una democracia hipotecada a los mandatos empresariales. Tres, la permanente discriminación y opresión a la que son sometidos los pueblos del interior y las nacionalidades originarias. Opresión que sirve al capital, tanto al dividir al pueblo como para extraer la mayor cantidad de plusvalía posible en su explotación.

Estos tres elementos escalaron durante el gobierno Castillo, tras años de descomposición y crisis de la democracia colonial que se expresaron en los continuos cambios de gobierno (5 presidentes en 7 años). Y finalmente estallaron, mostrando el fracaso de la República construida bajo los intereses de la corrupta oligarquía empresarial durante los últimos 30 años. Fracaso que evidencia la incapacidad de la clase burguesa de nuestro país a lo largo de 200 años de independencia, para crear condiciones de desarrollo y bienestar para toda la población.

Las banderas del estallido

Y es ese fracaso de la democracia criolla, capitalista y sometida al imperialismo, el que enfrentaron los pueblos del sur con su levantamiento, materializando esa justa rabia y anhelo de cambio en las consignas “¡Fuera Dina Bolurate! ¡Cierre del Congreso! ¡Elecciones inmediatas! ¡Asamblea Constituyente!”. Era la forma que encontró el movimiento de plantear que era necesario echar abajo todo.

la respuesta de la “democracia”

La respuesta de esa democracia falsa fue la represión sangrienta. No podía ser de otra forma. El Estado, como siempre hemos comprendido desde el marxismo, es fundamentalmente un aparato que organiza la violencia de la clase dominante contra las clases dominadas, oprimidas y explotadas.

La forma que adquiere en cada momento (república democrática, dictadura militar, monarquía parlamentaria…) es solo la envoltura con la que presenta esa dominación violenta.

En ese sentido, la “democracia” es la que mejor maquilla esta realidad, pues hace pensar que “todos” son responsables por lo que sucede ya que “tienen derecho a elegir”. Logra esta falsa idea por medio de elecciones, parlamentos y mesas de diálogo. Pero en la hora de la verdad, también la democracia descubre su rostro represor.

“Democracia” y nación

Y fue justamente la represión sanguinaria desatada por el gobierno, y su campaña de “terruqueo” llena de desprecio contra la población ayacuchana, andahuaylina y puneña, que ya había sido insultada y estigmatizada de forma impune por la burguesía y sus hinchas de las clases medias urbanas durante la campaña electoral, la que incorporó plenamente a la lucha las banderas de la identidad nacional de los pueblos quechua y aymara, discriminados y oprimidos consuetudinariamente por desde la colonia.

Con esto, la democracia criolla y sometida al imperialismo dejó ver su otro fracaso: además de su imposibilidad de generar bienestar para el pueblo, se mostró incapaz de constituir, no ya una “nación” peruana, sino un proyecto integrador, en el que las nacionalidades herederas de los pueblos que fueron subyugados por los españoles, hagan parte con igualdad y plenos derecho, para gozar de sus beneficios.

Una nueva traición

Todo lo anterior propició que el levantamiento del sur no tuviera, para terror de la oligarquía empresarial y sus agentes en el Estado, gente dispuesta a “negociar”. Esto es, a corromperse ante su poder y dinero.

Esto hizo que, mientras la lucha fue dirigida directamente por las organizaciones populares del sur, con el pueblo puneño y aymara a la vanguardia, en forma independiente de las viejas organizaciones reformistas que se dicen “de izquierda”, puso en vilo la continuidad del gobierno, e incluso abrió la posibilidad de imponer la convocatoria a una Asamblea Constituyente, como sucedió en Chile en 2019.

Si esto no sucedió, fue justamente porque las direcciones tradicionales del movimiento obrero y popular (el Partido Comunista, Patria Roja) y la izquierda parlamentaria (Nuevo Perú) jugaron a impedir que los trabajadores, trabajadoras y el pueblo pobre de las ciudades, se incorporen a la lucha en forma plena y combativa.

Todo lo contrario, lucharon por dividir la movilización para capitalizarse desde su actuación en el podrido Congreso. Es decir, lucharon por desviar la lucha a los cauces de la misma vieja y falsa democracia.

Como no podía ser de otra forma, todos sus intentos por conciliar y obtener los votos necesarios para “adelantar las elecciones” -que no es lo mismo que echar abajo al gobierno- terminaron en un punto muerto, sirviendo de base para el fortalecimiento de los sectores reaccionarios y del propio gobierno Boluarte.

La clase obrera y la lucha del sur: una sola perspectiva

Esta política de las direcciones llevó a que la clase obrera se viera imposibilitada de ingresar a la lucha y hacia dónde caía la balanza con su método (la huelga general).

La clase trabajadora, y particularmente la clase obrera de nuestro país, comparte el mismo origen étnico y cultural que los pueblos que se levantaron en el interior. Migrante, o descendiente de migrantes, las obreras y obreros del país son de raíces puneñas, ayacuchanas, huancaínas, loretanas, huancavelicanas, iqueñas, lambayecanas, cajamarquinas y un larguísimo etcétera. También tienen origen afro y chino.

En ese sentido, el movimiento del sur gozó la amplia simpatía de la clase trabajadora, que tomó sus banderas, pero no tuvo opción para salir a luchar.

Está claro que las masas pobres y trabajadoras de las ciudades tienen la misma necesidad de echar abajo esa “democracia” podrida y sometida al imperialismo, que es la garantía de los regímenes de super explotación y miseria en la que viven y con los que se llenan los bolsillos sus patrones.

En la experiencia de la explotación y la lucha contra ella, la clase obrera que tiene diversas procedencias, costumbres, sexo e identidad de género y opción sexual, se reconoce como una sola, se organiza y construye una perspectiva verdaderamente democrática e integradora.

Por eso, es imprescindible que la clase trabajadora, y dentro de ella la clase obrera organizada, haga suya las banderas que levantó el sur y las combine en su programa de lucha y acción contra el alza del costo de vida, por mejoras en el salario, la salud y la educación, etc. para hacerlo realidad mediante construcción de su propio poder, en alianza con las organizaciones del pueblo pobre y las nacionalidades originarias.

Esto es, la conquista de un gobierno obrero, campesino, popular, que a partir del reconocimiento del derecho a la autodeterminación de las naciones oprimidas, las invite a ser parte, de pleno derecho, de la construcción del país.

Porque la revolución peruana será en primer término, una lucha por la liberación del país del yugo imperialista y la ruptura con las relaciones sociales que se han combinado para sustentar dicha dominación: la explotación capitalista del trabajo y la tierra, y la opresión de las nacionalidades originarias, heredada de la colonia. Una revolución que haga por fin realidad las banderas de la democracia, burlada hasta el día de hoy por la República de la oligarquía empresarial.

Esto mismo es lo que comprendió Mariátegui a principios del siglo XX, cuando en 1928 definió en el programa del Partido Socialista que él fundó que “…Sólo la acción proletaria puede estimular primero y realizar después las tareas de la revolución democráticoburguesa que el régimen burgués es incompetente para desarrollar y cumplir…”.

Pero la clase obrera en el poder, aliada al pueblo pobre y oprimido, no se detendrá en la realización de las banderas que ha planteado el sur. Tal como propuso el revolucionario ruso León Trotsky, al tiempo que hace realidad ese programa, impondrá el control obrero sobre la producción, la expropiación de las grandes minas, pozos petroleros, fábricas y demás medios de producción hoy en manos de los capitalistas y el imperialismo. Esto es, colocará el conjunto de la economía al servicio de las necesidades de todo el pueblo pobre. Y en ese sentido, la lucha por las banderas democráticas debe fundirse en la lucha por la construcción de la sociedad socialista.

Una dirección que lucha por esta banderas

Como apuntamos hace unas líneas, mientras las direcciones del sur guiaron la lucha con independencia, la perspectiva de la victoria del movimiento estuvo planteada gracias a su consecuencia y combatividad. Así de determinante es la dirección, en el momento en que estalla la crisis.

Sin embargo, para cumplir con lo que hemos planteado en estas páginas, hace falta una dirección superior a la que ha tenido hasta ahora el movimiento. Una dirección que, además de consecuencia y combatividad, sea capaz de ligar la lucha y banderas de los pueblos del interior, particularmente los del sur, con la única estrategia que puede garantizar su realización: la toma del poder por parte de las organizaciones obreras, campesinas, populares y de las nacionalidades oprimidas.

Esta tarea, de primer orden, debe concretarse en la construcción del partido revolucionario, que bajo la guía de la teoría marxista, organice la lucha y la posterior construcción de la nueva sociedad, que tendrá que ser socialista.

¡ABAJO EL INDULTO AL DICTADOR FUJIMORI!

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¡FUERA DINA BOLUARTE Y EL CONGRESO CORRUPTOS Y ASESINOS!

La liberación del dictador y asesino Alberto Fujimori, impuesta por la correlación de fuerzas que domina el Congreso y el gobierno, constituye un ataque abierto a la victoria popular que significó su caída, y una clara provocación a un año del inicio de las protestas en el sur.

Los trabajadores y trabajadoras del campo y la ciudad, así como el pueblo pobre, no debemos olvidar que fue bajo su dictadura que se destrozaron los derechos laborales, se inició la reconcentración de las tierras en favor del nuevo latifundio capitalista, se inició también las concesiones mineras y despidió a cientos de miles de trabajadores y trabajadoras del Estado, además de propiciar el cierre de fábricas y despidos masivos en todas las ramas de la economía, sumiendo en la miseria al pueblo, al tiempo que utilizó el pretexto de la “lucha contra el terrorismo” para ejecutar una política sistemática de persecución, asesinato y desapariciones forzadas en el país y de estigmatización de quienes protestaban en su contra.

Fue con el estudiantado a la vanguardia, entre 1997 y el año 2000, que trabajadores y trabajadoras de todo el país se fueron sumando en un amplio frente que terminó echando abajo al régimen que habían construido las Fuerzas Armadas, a cuya cabeza estaba Nicolás de Bari Hermoza Ríos, Fujimori y Montesinos tras la combativa “Marcha de los Cuatro Suyos”, que hirió de muerte a la dictadura.

Sin embargo la caída de Fujimori, Montesinos y la cúpula de las Fuerzas Armadas no echó por tierra el entramado legal de esa dictadura, ni su modelo económico. A este cometido ayudaron tanto los partidos “democráticos” de la burguesía (el aprismo, el PPC, Acción Popular, Perú Posible…), como la “izquierda” (El Partido Comunista, Patria Roja, el PS de Javier Diez Canseco, etc.), que corrieron a pactar el «retorno a la democracia» bajo los términos de los empresarios.

La posterior captura de Fujimori en Chile, su enjuiciamiento y condena a 25 años de cárcel, por delitos de corrupción y violaciones a los derechos humanos, forman el corolario de esta lucha, y constituyen una victoria del movimiento de masas.

Por eso su liberación es un ataque contra el pueblo. Contra esa lucha democrática, por justicia y por recuperar los derechos económicos y políticos pisoteados. No debe extrañar, por tanto, que sea el gobierno asesino Boluarte el que corre a ejecutar la sentencia de una Tribunal Constitucional a todas luces digitado por las fuerzas fujimoristas y sus aliados desde el Congreso. Esos mismos aliados que la sostienen en el gobierno pese al flagrante asesinato de 49 personas durante las protestas de principios de año, y las heridas causadas a otros cientos de manifestantes. Es la cereza que corona una alianza reaccionaria, contra el pueblo pobre y trabajador y es imprescindible echarla abajo.

Se hace por eso urgente que las organizaciones estudiantiles, obreras y populares realicen asambleas y aprueben la más amplia movilización contra la liberación de Fujimori, por su internamiento inmediato a una cárcel común hasta que cumpla su condena. En ese sentido, son las direcciones del movimiento obrero y popular las primeras llamadas a convocar esa movilización y a encabezarla de manera combativa y consecuente.

Pero más. La lucha no puede detenerse en el nuevo encarcelamiento del dictador Fujimori. La lucha de principios de año ha sido la más viva expresión de la necesidad terminar de borrar la herencia de la dictadura fujimorista. Ha sido una lucha por echar abajo la Constitución de esa dictadura, y todo lo que esta implica: el autoritarismo, la corrupción, la entrega del país a las grandes mineras y petroleras… en suma, el dominio del país por un puñado de grandes empresas corruptas y el desprecio al pueblo pobre.

Esta es una lucha que no puede estar, por tanto, subordinada al cálculo electoral, y no tiene punto de negociación. Solo la lucha organizada del pueblo trabajador, en alianza con el campesinado pobre y las nacionales originarias del país podrá concretar, además del retorno a la cárcel del dictador Fujimori, las banderas que ya levantó el interior y el sur del país a principios de año (“Fuera Boluarte y el Congreso”, “Asamblea Constituyente”) en el camino de abrir paso a las soluciones de fondo a los problemas que nos aquejan, de la mano de un gobierno obrero, popular, campesino y de las nacionalidades oprimidas del país.

Lee aquí nuestra Historia

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¡El año 2024 cumplimos 50 años!

Nos acercamos a medio siglo de existencia. Y el partido lo celebrará con un programa de actividades que realizaremos a lo largo del año que viene.

Llegamos a la edad madura habiendo recorrido un camino largo e intenso donde hemos saboreado triunfos y derrotas y sentido alegrías y dolores, pero sobre todo acumulando de experiencias, en la gran tarea de construir un auténtico partido obrero y revolucionario en nuestro país.

En realidad nuestra historia se inicia muchos años atrás. Los fundadores del PST apenas retomaron el camino que otros camaradas iniciaron en 1948. Aquí lee la historia de nuestro partido, y el proceso que le dió origen.

Haz clic en el siguiente enlace: https://pst.pe/historia-pst-peruano/

Engels, las guerras y la violencia revolucionaria

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Por Alicia Sagra. Liga Internacional de los Trabajadores, LIT CI

Hoy, 28 de noviembre, se cumplen 203 años del nacimiento de Federico Engels, el gran compañero y amigo de Marx. El mal llamado, debido a su extraordinaria modestia, de “el segundo violín”.

Mal llamado porque, a pesar de los que dicen sus detractores (abiertos o vergonzantes), que lo acusan de deformar el pensamiento de Marx, ellos fueron un equipo.  Y, como dice Lenin, es en su abundante correspondencia donde más se evidencia esa elaboración en común.

Engels, al igual que Marx, fue, en primer lugar, un revolucionario preocupado no sólo con impulsar la lucha, sino también con que avance la organización sindical y política de la clase obrera en el partido. Las coincidencias con Marx era tantas que éste no dudaba en firmar artículos muchas veces redactados por Engels, en recomendar la lectura del Anti Düring[1] a los que le pedían explicaciones sobre su teoría y en dejarlo al frente de la Primera Internacional a partir de 1870, cuando se vio obligado, por problemas de salud, a reducir su actividad.

En su trabajo de elaboración hubo una división de tareas. Engels asumió centralmente los temas que tenían que ver con la filosofía, por lo que es quien más desarrolló los diferentes aspectos del materialismo dialéctico y, junto con eso, dio una especial atención al tema militar. No sólo tuvo experiencia directa en este aspecto con su destaca participación en la revolución alemana de 1848, sino que fue un especialista sobre el tema. Tanto que sus amigos, entre ellos la familia de Marx, le habían puesto el apodo de “el General”.

En momentos en que estamos viviendo dos guerras de liberación nacional, la de Ucrania contra la ocupación rusa, y la de Palestina contra el genocidio de Israel, y cuando se han puesto de moda entre la vanguardia, incluso en sectores que se reivindican marxistas, el “ni-ni”, el rechazo a todas las guerras y la idea de igualar la violencia del opresor con la violencia del oprimido, resulta interesante recordar las posiciones de Engels sobre la violencia y sobre las guerras.

La guerra y la revolución

Marx y Engels, en especial este último, estudiaron mucho sobre los conflictos armados contemporáneos. Estimaban que las guerras interestatales del presente podían contener importantes lecciones para las guerras revolucionarias del futuro y la destrucción del Estado capitalista. En ese camino, defendían, por ejemplo, el servicio militar universal porque daban gran importancia a que la mayor cantidad de obreros tuviera instrucción militar.

Desde la perspectiva de Engels, en la futura guerra mundial (que predijo con gran exactitud en 1889[2]), el proletariado en armas de los países que estarían arruinados apuntaría sus fusiles contra los enemigos de clase y el Estado, y sería con el triunfo de la revolución la única forma de evitar la guerra mundial. Concepto que fue tomado a fondo por Lenin en su llamado a convertir la guerra imperialista en revolución social.

Engels estudió y escribió mucho sobre las guerras y su papel en la historia, sobre las tácticas y estrategias militares.  Pero no se limitó a eso, sino a precisar su carácter y lo que éstas reflejaban. Por ejemplo, estudiando la Guerra Civil de EEUU, concluía:

“La actual batalla entre sur y norte (…) no es nada más que una batalla entre dos sistemas sociales, el sistema de la esclavitud y el sistema del trabajo libre. Consecuentemente estos dos sistemas no podrían vivir lado a lado por mucho tiempo. Ello solo puede terminar con la victoria de uno de estos sistemas”[3].

Tanto Marx como Engels, no se limitaron a acompañar el desarrollo bélico. A pesar de no tener ninguna expectativa en el gobierno de Lincoln, no asumieron una posición “ni-ni”, muy de moda en la actualidad, sino que apoyaron decididamente al Norte, en la lucha contra la esclavitud. Y desarrollaron un trabajo sobre la clase obrera mundial, llamándolos a no permanecer indiferentes ante un conflicto de este tipo.  Lejos de llamar a la paz, como harían muchos “marxistas” actuales, los llamaban a definirse por un lado.  

La burguesía británica también asumió un lado. La industria textil habría sufrido con la falta del algodón producido por los estados del sur de Norteamérica, y este sector de la burguesía presionaba por la intervención del gobierno británico a lado de la Confederación.

Marx y Engels hicieron parte del movimiento contra la intervención británica.  Y reivindicaron que, a pesar de los miles de trabajadores despedidos por la crisis de la industria textil, la clase trabajadora británica se solidarizó con la lucha de la Unión: “La clase trabajadora inglesa conquistó una honra histórica inmortal por sí misma, frustrando los repetidos intentos de las clases dominantes de intervenir en nombre de los propietarios de esclavos americanos con sus entusiasmadas reuniones de masa, a pesar de que la prolongación de la Guerra Civil Americana sujetó a un millón de trabajadores ingleses a los más terribles sufrimientos y privaciones.[4]

Sobre la violencia

Enfrentando   las posiciones reformistas que reniegan de todo tipo de violencia, Engels afirma:

Para Herr Dühring, la fuerza (violencia) es el mal absoluto; el primer acto de fuerza para el pecado original (…) Esa fuerza, (violencia), entretanto, desempeña también otro papel en la historia, un papel revolucionario…”[5]

Y, en un artículo, polemizando con los anarquistas y sus acusaciones de autoritarismo, relaciona el tema de la autoridad con la violencia revolucionaria:

¿No han visto nunca una revolución estos señores? Una revolución es, indudablemente, la cosa más autoritaria que existe; es el acto por medio del cual una parte de la población impone su voluntad a la otra parte por medio de fusiles, bayonetas y cañones, medios autoritarios si los hay; y el partido victorioso, si no quiere haber luchado en vano, tiene que mantener este dominio por medio del terror que sus armas inspiran a los reaccionarios. ¿La Comuna de París habría durado acaso un solo día, de no haber empleado esta autoridad de pueblo armado frente a los burgueses? ¿No podemos, por el contrario, reprocharle el no haberse servido lo bastante de ella?[6]

Y, en este tema de la violencia tiene una absoluta coincidencia con Marx, quien en El Capital plantea

 “La violencia es la partera de toda sociedad vieja que está embarazada de una sociedad nueva”

Acuerdo que se vuelve a manifestar cuando coinciden en la afirmación, de que uno de los mayores errores de la Comuna de París fue no haber sido todo lo violenta que la realidad exigía, por ejemplo, no haber ejecutado a los rehenes ante el ataque sanguinario de las fuerzas de la reacción.

La actualidad del pensamiento de Engels

Elegimos este tema, para homenajear a Engels a los 203 años de su nacimiento, porque reivindicamos su actualidad en vista a los conflictos armados que estamos viviendo.

Evidentemente, no tienen nada que ver con estas posiciones defendidas por el gran camarada y amigo de Marx, las de los “marxistas” que se rasgan las vestiduras por las muertes de los civiles israelíes, que igualan la violencia de los dos lados y que no se niegan a participar de homenajes a las víctimas de Israel.


[1] Anti During, libro de Engels, publicado en 1878 donde, en polémica con un profesor (Düring) que había ganado influencia dentro del partido socialdemócrata alemán, desarrolla los diferentes aspectos de la teoría desarrollada en común con Marx. Marx escribe un capítulo de ese libro, el dedicado a la Economía.

[2] “En cuanto a la guerra, para mí es la eventualidad más terrible. De lo contrario me mofaría no poco de las veleidades de la señora Francia. Pero una guerra en que habrá de 10 a 15 millones de combatientes, una devastación inaudita tan solo para alimentarlos, una supresión forzada y universal de nuestro movimiento, el recrudecimiento de los chovinismos en todos los países…” Carta a Paul Lafargue del 25 de marzo de 1889 (Engels, Paul et Laura Lafargue, Correspondance, t. 2, Éditions sociales, París, 1956, p. 22

[3] Guerra Civil en los Estados Unidos, Die Press, 07 de noviembre de 1861. Escritos sobre la Guerra Civil Americana, Aetia Editorial.

[4] Citado por NOVACK, George. Marx y Engels sobre la Guerra Civil de los Estados Unidos.

[5] Anti- Düring

[6] “De la Autoridad”, octubre 1872. Marxits Internet Archive

Se exije ruptura de relaciones con Israel

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Plantón por Palestina

El viernes 10 de noviembre sedesarrolló un platón de protesta en el frontis del Ministerio de Relaciones
 Exteriores del Perú, en el centro de Lima, exigiendo ruptura de relaciones con
el Estado sionista de Israel.

La concentración que se realizó toda la tarde, congregó a un grupo de simpatizantes de la causa palestina y en la
que se hizo presente el PST. Entre los presentes destacaban miembros de la comunidad
de Palestina en el país, y el ex candidato presidencial y ex premier del gobierno de Alan
García, Yehude Simón Munaro, entre otras personalidades.

El comité organizador hizo entrega de una carta con una serie de firmas a la Cancillería, solicitando al gobierno peruano decidir
la ruptura de todo tipo de relaciones con Israel, ya, siguiendo el ejemplo delgobierno de Bolivia, que dió ese pasó  “en repudio y condena a la agresiva y desproporcionada ofensiva de Israel en la franja de Gaza”. 

 

Los principales hechos de la rebelión

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Desde la vacancia de Castillo y su encarcelamiento realizado el mismo día, se desarrolló en el sur del país un proceso insurreccional con banderas, que a los ojos de la mayoría de ciudadanos, podían aparecer insólitas, pero que eran legítimas. Fue un hecho semejante a la revolución agraria de los años 50 y 60 del siglo pasado, cuando los menos favorecidos se convirtieron en protagonistas de un hecho histórico.

El sistema político vive una larga crisis que se expresó de manera distorsionada en la segunda vuelta de las últimas elecciones del 2021. Castillo apareció como la esperanza de los sectores que desean un cambio radical del plan económico que los había marginado aún más con la pandemia y cuyas consecuencias sufrían aún entonces. Al ser ese candidato acorralado una y otra vez por la ultraderecha, vacado del gobierno y por último encarcelado, vieron en todo este proceso un atentado contra su voto y sus esperanzas de cambio, en especial a través de una Constituyente.

Al inicio, gran parte del país vio este proceso como una simple sublevación de los seguidores de Castillo. Pero la ultraderecha en el gobierno lo trató como la continuidad de su intento de autogolpe de Estado y, en esa línea, dispuso contra ella una cruenta represión para lo cual empezaron por terruquearla.

La primera etapa del proceso

El radicalismo con que se inició la protesta en el sur evidenciaba a todas luces la disposición de los manifestantes a enfrentarse a las grandes empresas privadas – como la fábrica Gloria que fue atacada– y a toda entidad pública, con la toma de aeropuertos, ataques a comisarías y fiscalías, enfrentamiento al ejército; es decir, contra todo lo que simbolizaba al podrido régimen político y económico del país. Todo esto bajo las consignas democráticas de cierre del Congreso, caída de Dina Boluarte, liberación de Pedro Castillo y la convocatoria a una Constituyente; demandas que ponían en jaque al orden constitucional y “democrático”, orden con la que se identifican sobre todo los sectores de clase media acomodada.

Con el pasar de los días este escenario de protestas se fue radicalizando debido a la respuesta criminal del gobierno. A partir del 12 de diciembre dictó estado de emergencia en las regiones de Apurímac, Ica y Arequipa; posteriormente a nivel nacional a partir del 15 del mismo mes. De acuerdo con las cifras de la Defensoría del Pueblo, del 7 de diciembre de 2022 al 20 de febrero de 2023, se contabilizaron más de 1300 acciones de protesta, entre movilizaciones, plantones y vigilias. Asimismo, 145 puntos del país fueron bloqueados, sobre todo en las regiones del Norte y Sur del país, en las que además se interrumpieron los servicios de los aeropuertos en las ciudades de Huamanga, Arequipa, Cusco, Puno y Andahuaylas, por su toma o la tentativa de hacerlo por parte de miles manifestantes.

La nueva etapa y carácter de la lucha

El 9 de enero del 2023 fue el día más mortífero de la rebelión, cuando 18 civiles fallecieron en medio de la represión en la ciudad de Juliaca, Puno. Este trágico día fue el punto de inflexión en la protesta convirtiéndola en una lucha contra la represión y por justicia para los asesinados. Sin embargo, sectores como el estudiantado universitario y los obreros de las zonas urbanas, aún se mantendrían al margen. Es así que las delegaciones de distintas regiones se movilizaron a la capital con la expectativa de ganar apoyo.

Muchos pobladores de las distintas regiones rodearon de solidaridad a los que se ponían al frente para venir a la capital a hacerse oír y buscar el apoyo de otros sectores, utilizando para ello sus pequeños ahorros, vendiendo sus ganados y realizando colectas. Pues todos sentían el maltrato por el centralismo del país y el racismo de las autoridades, como cuando Dina Boluarte encaró diciendo que “Puno no era el Perú”.

Las diferentes delegaciones en Lima hicieron una serie de movilizaciones buscando el respaldo de la capital. Hubo una importante solidaridad de varios sectores populares de los conos norte, sur y este. Pero la respuesta no tuvo el arrastre que se esperaba, pues el principal sector, la clase obrera, que debió meterse en la lucha no se incorporó a ella con todo, como lo hacían gran parte de los pobladores puneños, parando la producción, bloqueando carreteras, organizando piquetes, movilizándose.

El llamado a la “solidaridad” de la CGTP sin mostrar firmeza en ir con todo por las demandas organizando un verdadero paro nacional, fue una gran decepción para los luchadores del sur. De la misma forma que la acción de los diferentes partidos como Nuevo Perú, Frente Amplio, Patria Roja, Partido Comunista Peruano.

La percepción de los luchadores fue de decepción, en especial por ver a la principal central de trabajadores, la CGTP, no hacer el esfuerzo por meterse en esta lucha, al punto que la llamaron “traidora” en plena movilización después que su dirección dejara simplemente un documento en el Congreso para que, supuestamente, sea “atendido”. En plena represión y con un gobierno dictatorial, entregar papelitos a dicha institución desprestigiada y odiada parecía absurdo. De ahí que el camino que trazaron las regiones, en especial Puno, fue continuar la lucha hasta lograr el fin del régimen y del gobierno, y aspirar a administrar el poder con sus propias manos. No es una utopía, ya ocurrió en los años 60 con las tomas de tierras bajo la dirección de Hugo Blanco.

Este es un fragmento de lo que Hugo dijo en una entrevista: “En Chaupimayo nos convertimos en dueños de la tierra. Los cultivos y las casas del hacendado pasaron a hacer propiedad colectiva del sindicato. Se inició el reparto de la tierra. Estas medidas se extendieron total o parcialmente a otros sindicatos. Nombramos jueces que sustituyeran a las autoridades burguesas. La policía iba muy rara vez y comunicaba al sindicato sus operativos. Las escuelas las hacíamos nosotros, pagábamos a los maestros (puestos por nosotros y ratificados por el Ministerio de Educación). Las obras públicas estaban en manos del sindicato, quien determinaba su prioridad. Todo esto, por supuesto, respaldado por una embrionaria fuerza armada, la milicia campesina en desarrollo. Se estaba desarrollando un proceso de poder dual y que era nuestra obligación hacer que las masas tomaran conciencia de ello. Así no nos cansábamos de explicar que las asambleas eran nuestro Parlamento, contrapuesto al Estado Burgués.”

En ese sentido, el trabajo desde las bases era urgente e indispensable. Este trabajo en Lima se llegó a hacer por parte de algunas organizaciones como la nuestra, el Partido Socialista de los Trabajadores, PST, que buscó siempre organizar asambleas y establecer vínculos con las delegaciones que llegaron a la capital. Fueron dos bases de egresados de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la que participamos como partido para impulsar la organización de la lucha y la solidaridad. En esta actividad conocimos a grandes luchadores juveniles de Juliaca, Huancané y Putina que hoy nos apoyan a difundir estas ideas para su discusión y debate, con miras a impulsar la organización y la movilización de la clase obrera y del pueblo.

Derecho a la protesta y a la autodefensa

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El gobierno acaba de dictar el DL 1589, con las facultades legislativas que le dio el Congreso, en el que establece una pena de 15 años de cárel para los que bloqueen carreteras.

El escenario principal donde el Estado asesinó fue en inmediaciones de los aeropuertos. No debería generar mucha polémica que los manifestantes intenten tomar un aeropuerto u otra instalación mediante el cual generar presión sobre el ente contra el cual protestan; no obstante, aquí se nos vendió que eso está mal y que no tendrían por qué los manifestantes ir al aeropuerto (dando luz verde a la represión). Cuando no solo en la historia, sino, por los mismos días en Francia los manifestantes ingresaban a los aeropuertos e incluso incendiaban edificios públicos para obtener la atención del gobierno. Mientras que en Perú se asesinaba a mansalva en Francia la situación era diferente. Tenemos derecho a la protesta. En la fábrica el obrero va a la huelga, así genera presión sobre la patronal. ¿cómo generarían presión los pueblos o sectores populares que luchan? Tomando carreteras, aeropuertos, instalaciones o infraestructura pública e incluso privada. Es legítimo el mecanismo que las masas aprueben para hacer presión contra el gobierno y obtener atención a sus pedidos o demandas. La toma de infraestructuras y el enfrentamiento con la policía es de lo más normal en una protesta, desde que existen las protestas; por lo que los manifestantes deben saber no solo protegerse sino repeler la agresión estatal.

La autodefensa es necesaria porque la policía mete infiltrados o provocadores para justificar la represión y la muerte incluso. Cuando un sector social decide protestar contra el gobierno o la patronal, los medios de comunicación y el aparato represivo estatal construyen un escenario justificativo de la represión en ciernes. Buscan desacreditar la causa, los métodos y a los actores, para que cuando se desate la represión, no haya resistencia. Al fragor de la lucha nace de forma orgánica y objetiva la necesidad de autodefensa; eso es inevitable en el proceso. Por ende, no deberíamos esperar a que “nazca orgánicamente” esa necesidad, debemos prepararnos previamente para responder seriamente a la represión. Quien proponga a las masas ir a las protestas sin implementos de autodefensa los está llevando al matadero, así le hacen el juego al gobierno que debilita la lucha a través de la represión, heridos y asesinados. La autodefensa en las protestas no solo significa repeler los ataques de las FF.AA de forma directa, sino, también los ataques realizados por los provocadores; por eso, la organización de escuadrones de disciplina interna que neutralicen a los provocadores será importante. Los ataques que vimos contra las brigadas de primeros auxilios en Juliaca (mataron a un médico voluntario) y otras partes del país no son una mera casualidad o fallo en la operación de las FF.AA, así funcionan los organismos represivos; lo mismo pasó en Chile durante el estallido social del 2019, Israel hace igual en la Franja de Gaza y así sucede en todas partes donde el pueblo sale a luchar contra la clase social dominante.

Negar el derecho de las masas a la autodefensa es perder objetividad y desconocer la historia, el funcionar del Estado y sus órganos de represión. Es querer hacer creer al pueblo y a los que se movilizan que la policía y las FF.AA están para protegernos, para cuidarnos y que su presencia en las movilizaciones es inocua mientras nosotros estemos “tranquilos”. La naturaleza del Estado y sus FF.AA es la violencia sistemática y organizada contra un sector social sometido, por ende, no podemos esperar que nos traten con guantes de seda, ellos vendrán a golpear, a reprimir y si las circunstancias lo demandan (como hace un año) vendrán a matar y cometer todo acto que permita la derrota o el aplastamiento de la protesta o intento de cuestionar el orden. Por eso, la autodefensa es un derecho al que no podemos renunciar y urge ejercerlo. Así como la exigencia de derogatoria del DL 1589 y de todas las normas que criminalizan el derecho a la protesta.

A tomar las calles contra la alianza de gobierno, uniendo las banderas de lucha obreras y populares

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Editorial Bandera Socialista N° 142

Se cumplió un año de la usurpación ilegítima del poder por parte de Dina Boluarte quien, en complicidad con el Congreso, emprendieron una represión criminal de las protestas democráticas con 60 muertos y cientos de heridos graves, y burlaron el clamor nacional por un adelanto de elecciones (el tema es tratado en forma especial en esta edición). Y, cuando nuevas jornadas contra la impunidad del actual régimen ya se habían anunciado, estalló un nuevo escándalo que develó el funcionamiento delincuencial de la actual alianza de gobierno, donde sus integrantes se blindan entre sí como organizaciones criminales, y buscaban eliminar toda posible amenaza pretendiendo un control absoluto del poder.

En el caso particular de la principal protagonista del destape, la fiscal de la nación Patricia Benavides, ella preside una organización criminal que compró votos de congresistas (a cambio de archivar investigaciones en su contra) para destituir a la anterior Fiscal de la Nación, elegir tramposamente al nuevo Defensor del Pueblo que es un puesto clave para la elección de miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ); y, vinculado a lo anterior, promover la destitución de los actuales magistrados de la JNJ para remplazarlos por otros más dóciles a la alianza mafiosa.

Este destape tiene un significado similar a la filtración del primer “vladivideo” en setiembre 2000, que fue el elemento que precipitó la caída de una dictadura fujimorista ya muy golpeada por la movilización nacional (la memorable marcha de los cuatro suyos). La indignación nacional hoy es muy grande y ha motivado el inicio de un proceso de movilizaciones con la bandera “que se vayan todos”.

Tan insostenible como la impunidad de la fiscal de la nación, es la impunidad de Dina Boluarte. La propia Patricia Benavides, hasta hace poco estrecha amiga de la presidenta tuvo que soltar la denuncia constitucional de esta y sus ministros de homicidio calificado por los muertos y heridos de las protestas. Ese acto de la fiscal causó indignación en los deudos y pueblos afectados, por instrumentalización y fallas de la denuncia, pero el contenido de la acusación es incuestionable y está ampliamente documentado.

Estos hechos se desarrollan, además, en un contexto de total incapacidad e inoperancia del gobierno frente a la recesión económica, la inflación, los embates climáticos y una inédita escalada de la delincuencia, que está empujando a grandes sectores de la población a la pobreza, a poco tiempo de haberse producido los peores embates de la pandemia por coronavirus.

La situación no da para más, pero el gobierno y el Congreso se mantienen contumaces atornillados al poder, con la misma política de criminalización de las luchas. Y no se quedan solo por sus propios medios; es evidente y condenable la política de las bancadas de la izquierda reformista en el Congreso y las direcciones de las principales centrales sindicales que han priorizado en los hechos la conciliación con el actual régimen.

Sin embargo, nuevas luchas vienen confluyendo en el país con diversas banderas: contra la impunidad del gobierno por los asesinatos en protestas, contra la fiscal Benavides y las mafias en el poder, que se vayan todos; así como también luchas reivindicativas y por demandas urgentes ante la inflación, la recesión, el fenómeno El Niño, y la creciente ola delincuencial.

Asimismo, la participación obrera en las luchas se está fortaleciendo impulsada por la defensa del empleo, el poder adquisitivo de los salarios y los derechos laborales y sindicales amenazados por la patronal y el gobierno.

Tomar las calles es una necesidad imperiosa para poner fin a esta situación y sacar del poder a las mafias enquistadas, y eso requiere la más amplia unidad de las organizaciones obreras y populares. El objetivo no se reduce a “purificar” las instituciones que en los últimos 30 años legalizaron la implantación de un plan económico a favor del enriquecimiento de grandes corporaciones y transnacionales, y lo siguen haciendo ahora, cuando están profundamente corrompidas; el objetivo es hacer posible las demandas y soluciones concretas a los problemas urgentes que atropellan la dignidad popular y que empobrecen a las masas.

En ese sentido, las demandas democráticas que hace un año remecieron al sur y a la capital, como Fuera Dina y el Congreso (y ahora la Fiscal Benavides), prisión a los asesinos, por elecciones inmediatas y asamblea constituyente, cobran más vigencia que antes, y deben abrir el camino a una fórmula de gobierno y de poder obrero y popular.

Rosa Luxemburgo y España

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El desarrollo mismo del comercio internacional en el período capitalista trae consigo la inevitable, aunque a veces lenta, ruina de todas las sociedades más primitivas, destruye sus medios históricamente existentes de «autodeterminación» y los hace dependientes de la rueda aplastante de los capitalistas. Es la política mundial del desarrollo. Solo la ceguera formalista completa podría llevar a uno a sostener que, por ejemplo, la nación china (ya sea que consideremos a la gente de ese estado como una o varias naciones) hoy en día realmente se está «determinando a sí misma». La acción destructiva del comercio mundial es seguida, directamente, por la partición o por la dependencia política de los países coloniales en varios grados y formas. Y si la socialdemocracia lucha con todas sus fuerzas contra la política colonial en todas sus manifestaciones, tratando de obstaculizar su progreso, al mismo tiempo se dará cuenta de que este desarrollo, así como las raíces de la política colonial, yacen en los cimientos mismos de producción capitalista, que el colonialismo acompañará inevitablemente el progreso futuro del capitalismo, y que solo los inocentes apóstoles burgueses de la «paz» pueden creer en la posibilidad de que los estados de hoy eviten ese camino. La lucha por permanecer en el mercado mundial, jugar a la política internacional y tener territorios en el extranjero es tanto una necesidad como una condición de desarrollo para las potencias mundiales capitalistas. La forma que mejor sirve a los intereses de la explotación en el mundo contemporáneo no es el Estado «nacional», como piensa Kautsky, sino un Estado empeñado en la conquista. Cuando comparamos los diferentes estados desde el punto de vista del grado en que se acercan a este ideal, vemos que no es el Estado francés el que mejor se ajusta al modelo, al menos no en su parte europea, que es homogéneo con respecto a la nacionalidad. Aún menos el Estado español se ajusta al modelo; desde que perdió sus colonias, ha perdido su carácter imperialista y su composición es puramente «nacional»

Rosa Luxemburgo, El derecho de las naciones a la autodeterminación, 1909.

Esta cita está extraída del primero de los cinco libros que componen el conjunto de textos que publicó en 1909 acerca de esta temática, convirtiéndola, junto a Lenin y Stalin, en la máxima autoridad marxista en la materia, sino incluso a un nivel superior al de aquellos dos revolucionarios bolcheviques orientales. Junto a El derecho de las naciones a la autodeterminación, Luxemburgo escribió El Estado-nación y el proletariado, Federación, centralización y particularismo, Centralización y autonomía y La cuestión nacional y la autonomía. Los cinco fueron compilados, ese mismo año, en el volumen genérico La cuestión nacional, que no fue traducido al español hasta el año 1998, cuando El Viejo Topo lo editó con traducción María José Aubet. Las ideas de Luxemburgo acerca de la nación, el Estado, la autodeterminación y su aplicación a España fueron motivo de mi participación en el I Congreso Internacional sobre El pensamiento de Rosa Luxemburgo, celebrado en Sevilla por la Universidad Pablo de Olavide, el pasado 12 de abril de 2019, en el Paraninfo de la Universidad. Ahí compartí mesa con Arturo Fernández Le Gal, Ismael Villa Hervás, Josep Miquel Puertas y Rafael Rodríguez Prieto. En aquella mesa también leí la cita con la que empieza este capítulo, cuya importancia para entender la aplicación de las ideas de Rosa Luxemburgo a la cuestión nacional española desde el materialismo histórico es fundamental.

En mi libro, El marxismo y la cuestión nacional española (El Viejo Topo, 2017), partiendo de la discusión entre Luxemburgo y Lenin acerca de la aplicación del derecho de autodeterminación a Polonia, entonces colonia del Imperio Ruso, ofrecí la distinción, basándome en la discusión entre ambos, y en los textos sobre el mismo asunto de Stalin, entre bolchevismo oriental y bolchevismo occidental. Tanto Lenin como Stalin serían representantes del primero, aplicable a Imperios multiétnicos y multirreligiosos que no habían realizado su revolución burguesa en el periodo clásico de las mismas en Europa occidental, entre 1789 (Revolución Francesa) y 1871 (unificación de Alemania), y que corresponderían a los Imperios Ruso, Austro-Húngaro y Otomano. El bolchevismo occidental, por su parte, correspondería a las naciones políticas que sí habrían realizado dicho proceso revolucionario burgués en ese periodo histórico, consignado por el propio Lenin en Sobre el derecho de las naciones a la autodeterminación (1914), partiendo de monarquías absolutas anteriores y estas, a su vez, de monarquías autoritarias. En el libro se afirma que Luxemburgo es la madre del bolchevismo occidental, no ya solo a nivel teórico, sino también a nivel de praxis política. En este capítulo argumentaremos por qué y qué importancia tiene eso en el caso de la nación política española, que ella trató en la cita que hemos puesto al inicio.

La transformación social, política y, sobre todo, económica, acaecida a partir del siglo XV en Europa occidental, que Marx denominó acumulación originaria, es lo que permitió la evolución de las sociedades políticas típicamente feudales de entonces a las monarquías autoritarias que, a finales de aquel siglo, sentaron las bases de las monarquías absolutas posteriores. La alianza entre aristocracia y burguesía en Inglaterra, en el Sacro Imperio y, más tarde, en las Provincias Unidas de los Países Bajos, una vez separadas de la Monarquía Hispánica, permitió la expropiación de tierras de los productores directos de las tierras comunales campesinas europeas, bajo protección de la Iglesia Católica. La Reforma Protestante posterior permitió, además, afianzar esta alianza mediante la construcción de un poder político cada vez más centralizado, en el cual la fe y la política estaban completamente unidas. No obstante, esta alianza no estuvo exenta de convulsiones internas, como prueban salvo la Guerra Civil Inglesa (1642-1651), que dio lugar a la Mancomunidad de Inglaterra entre 1649 y 1660, república gobernada por Oliver Cromwell y su hijo Richard después, o a las Provincias Unidas de los Países Bajos en 1588, hegemonizadas por Holanda en una confederación en la que la burguesía controlaba a la aristocracia. En los Estados católicos, la acumulación originaria no se realizó plenamente prácticamente hasta el inicio de las revoluciones burguesas, como la Francesa en 1789, o la unificación de Italia en 1861. En Castilla, la lucha entre facciones de la aristocracia por el control de determinadas tierras, envuelta en luchas por la instauración de la hegemonía de nuevos privilegios señoriales frente a otros anteriores, se plasmó en conflictos como la Revuelta Irmandiña en Galicia (1467-1469), o la Guerra de los Comuneros, ya con España unificada, entre 1520 y 1522. La acumulación originaria permitió a las monarquías feudales de Europa occidental, fuesen protestantes o católicas, centralizar el poder político, unificar territorios, acabar con aduanas internas y potencias a las ciudades frente al campo, dando lugar a monarquías autoritarias. Portugal, España, el Sacro Imperio Romano Germánico, los Estados Pontificios, Inglaterra, Francia, Suecia y Polonia consiguieron generar Estados con un poder político y administrativo mayor que el de las monarquías feudales de los siglos anteriores, muy lejos del absolutismo monárquico y del Estado-nación posteriores, pero sentando las bases de aquellos a nivel político y económico.

Sin embargo, existe una diferencia muy grande, decisiva, en la construcción de la monarquía autoritaria española y las demás. La unificación de Castilla y Aragón por el matrimonio de los Reyes Católicos en 1479 supone el inicio del Estado español moderno, con una vocación imperial ya presente desde los reyes asturianos durante la Reconquista, que tenía que completarse con la conquista del Reino Nazarí de Granada en 1492. La nación histórica española existía previamente a su unificación como concepto, pero no como realidad política. A partir de los Reyes Católicos, esta nación histórica se va construyendo, en los siglos posteriores, pero muy repentinamente gracias al Descubrimiento de América en 1492, y a la circunnavegación de la Tierra (1519-1522), en un Imperio Universal, con territorios en todos los continentes, donde las formas de organización social típicas de la Reconquista se entremezclaron con el esclavismo, con formas autóctonas de organización social previas a su conquista (sobre todo en América) y, más tarde, con formas capitalistas muy elementales. De ahí la importancias de lo que Rosa Luxemburgo señala en su cita. España se convirtió en potencia mundial mediante la conquista universal de territorios, pero siguiendo parámetros sociales, culturales, políticos, económicos y religiosos que eran precapitalistas y, durante mucho tiempo, anticapitalistas. También de ahí, según nuestra interpretación, de las comillas que Luxemburgo pone al carácter “nacional” español tras perder sus colonias americanas en 1898. Porque España se constituyó como nación política antes de 1898, en los periodos revolucionarios burgueses que comienzan con la Guerra de Independencia en 1808 y acaban con el Sexenio Revolucionario en 1874, tal y como explicamos en El marxismo y la cuestión nacional española. Es decir, el poder Imperial español fue precapitalista, mercantilista, de transición entre los modos de producción feudal y capitalista entre finales del siglo XV y finales del siglo XVIII, perdiendo su Imperio americano, a grandes rasgos, en el primer tercio del siglo XIX, aun cuando su última colonia, el Sáhara Occidental, la perdió, de facto, en 1976.

Y esto, a escala histórica, desde un punto de vista marxista, es fundamental, porque permite entender la Historia de España y su gran particularidad en su evolución de nación histórica a nación política, partiendo de una organización monárquica autoritaria, a otra absolutista, y después a Estado nación. Porque durante ese periodo histórico se construye como Imperio universal generador, no depredador, no capitalista.

Por ello, la clave diferencial de la Historia de España respecto de las otras grandes naciones de Europa occidental es que fuimos Imperio Universal antes que nación política. Esto no es incompatible con el hecho de la existencia de España como nación histórica, como unidad política y cultural previa a la nación política, gracias las formas de Estado propias del Antiguo Régimen (monarquía autoritaria y monarquía absoluta). Pero esta estructura administrativa sirvió de base para que la metrópoli ibérica de la Monarquía Católica Universal Hispánica se consolidara como Imperio Universal Generador que atrasó, todo lo que pudo, la acumulación originaria capitalista, aunque ayudara a su expansión a escala global, sin saberlo.

Luxemburgo escribe sus textos sobre la cuestión nacional en plena época del imperialismo clásico que Lenin trató en su texto sobre este fenómeno de 1916, El imperialismo, fase superior del capitalismo. Lo que Gustavo Bueno llamó imperialismo depredador asociado al colonialismo en España frente a Europa (1999), tiene los siguientes cinco rasgos según Lenin:

  1. La concentración de la producción y del capital ha alcanzado un punto tan elevado de desarrollo, que ha creado los monopolios, decisivos en la vida económica.
  2. Se produce la fusión del capital bancario con el industrial y la formación, sobre la base de este capital financiero, de la oligarquía financiera.
  3. La exportación de capital, a diferencia de la exportación de mercancías, adquiere una importancia excepcional.
  4. La formación de asociaciones capitalistas monopolistas internacionales que se reparten el mundo.
  5. La culminación del reparto territorial del mundo entre las grandes potencias capitalistas.

Para cuando España ha culminado su construcción nacional política, los territorios de ultramar que le quedan, que fueron poco a poco, durante la segunda mitad del siglo XVIII adaptando una forma de relación con la España ibérica más colonial, no la otorgan el peso suficiente como para poder posicionarse como Estado conquistador fundamental para la universalización del modo de producción capitalista. De hecho, cuando España empieza a adoptar modalidades de Imperio colonial, ya es tarde para que pueda competir con Inglaterra y Estados Unidos. Antes, tres siglos de proteccionismo, mercantilismo, esclavismo (sobre todo en las Antillas españolas, Cuba, La Española y Puerto Rico), arbitrismo y escolástica aseguraron una hegemonía mundial incontestable en el comercio en dos océanos, Atlántico y Pácifico (que llegó a llamarse el “Lago Español”), sin embargo, no establecieron en sus dominios el modo de producción capitalista. De ello hablamos en Breve Historia de la Economía (Nowtilus, 2019: 194-210), cuando definimos al Imperio Español como “sociedad política transicional, ni feudal ni capitalista”. Remitimos, por tanto, a esa parte para entender el funcionamiento económico, administrativo y político de la también llamada Monarquía Católica Universal. Un universalismo católico incompatible con el modo de producción capitalista que, iniciado en la Baja Edad Media en las ciudades-Estado italianas y de lo que fue luego Suíza, llegaron al centro de Europa y a Inglaterra, impulsándose mediante la acumulación originaria, la cual se universalizó cuando Holanda e Inglaterra, que seguían ya estos modelos económicos y sociales, aprovecharon las rutas abiertas por España y Portugal para sustituir, mediante la violencia y el coloniaje, las formas de vida precapitalistas de las zonas de la Tierra que lograron conquistar por las capitalistas. Así pues, es imposible separar el desarrollo de los modos de producción que analizó Marx desde su materialismo histórico, de la dialéctica de Imperios que Bueno analiza en su materialismo filosófico, partiendo precisamente de Marx.

A partir del bolchevismo occidental que Rosa Luxemburgo ayudó a construir, tanto a nivel teórico como práctico, que está en la misma línea de Lenin y Stalin, y por supuesto de Marx y Engels, tal y como argumentamos en El marxismo y la cuestión nacional española, es posible entender la Historia contemporánea de España y, también, la caída del Imperio Español, que tanto determinó nuestra Historia contemporánea. Este capítulo nos ofrece poco espacio para tratar una cuestión que requeriría un Tratado o un Ensayo. Lo que sí podemos decir es que el mantenimiento de la esclavitud en el Imperio, hasta más allá de 1830 (fue abolida del todo en 1880, y de facto, en 1886; la esclavitud, junto al proteccionismo interno peninsular para solo comprar productos textiles catalanes, fue lo que permitió el auge, tras la Guerra de Sucesión Española terminada en 1715, y la instauración de los Decretos de Nueva Planta por parte del rey borbónico Felipe V, de la burguesía de Barcelona frente a la aristocracia madrileña-castellana como clase hegemónica-dominante en la España peninsular), el régimen polisinodial de órganos o Consejos de competencias establecido en todos los Virreinatos, los Juicios de Residencia que evaluaba a los funcionarios del Imperio partiendo de testimonios también de indios (que eran súbditos de la Corona desde la Controversia de Valladolid en 1550-1551, que actualizó las Leyes de Indias), el requerimiento (texto leído a los indios para requerir su sometimiento a la Corona) y la encomienda (retribución en trabajo o en especie a cambio de un bien o prestación), la organización de los caminos como rutas comerciales terrestres que convergían en las Plazas de Armas de las ciudades, la promoción del mestizaje sexual, el otorgamiento de tierras comunales a indios y peninsulares, los más de 150.000 licenciados que salieron de las más de veinte Universidades generadas por el Imperio en América, el establecimiento del Real de a Ocho como moneda-mercancía de cambio universal, e incluso las reducciones jesuíticas de corte socialista, la desaparición de la mita o la prohibición del trabajo infantil y femenino, por ejemplo, en las minas, da cuenta de la organización no solo no capitalistas, sino también anticapitalista, que se instauró en el Imperio frente al avance colonial inglés y, en menor medida, neerlandés. El control de precios del trigo y el maíz, para evitar la especulación ya reinante en Europa central y noroccidental, fueron otro elemento a destacar en esta forma de sociedad política transicional mercantilista que fue el Imperio Español.

La construcción de la nación política española durante los periodos revolucionarios liberales y burgueses del siglo XIX es proporcional a su pérdida de capacidad de luchar “por permanecer en el mercado mundial” y “jugar a la política internacional”, teniendo “territorios en el extranjero”, en tanto que “necesidad” y “condición de desarrollo para las potencias mundiales capitalistas”. Ya en el siglo XVIII, como ha demostrado la historiadora económica Regina Grafe, el Imperio Español, aunque mejoró la capacidad tributaria del Imperio con respecto al periodo de los Austrias en tanto que llegaba más dinero a la España ibérica, sigue siendo una sociedad política policéntrica en la que existían más de un centenar de distritos tributarios, en los que se pedían préstamos de divisas y de dinero público para la inversión en infraestructuras, con apenas gasto militar, y una clara hegemonía de las ciudades portuarias sobre las terrestres, como Buenos Aires, Lima, La Habana, Guayaquil, Caracas (no técnicamente portuaria porque está en un valle, pero muy cerca de la costa), algo fundamental en el siglo XIX de cara a las guerras civiles que permitieron la independencia de los virreinatos, reales audiencias y capitanías generales que pudieron convertirse en naciones políticas soberanas en lo formal (jurídico), al tiempo que en lo material (económico, comercial) se transformaban en aquello que durante los tres siglos de Imperio Español no fueron: receptores de manufacturas tecnológicas por parte del extranjero, primero del Imperio Británico y luego de los Estados Unidos sobre todo, a cambio de la importación de materias primas extractadas mediante economías basadas en el monocultivo de las mismas. La sumisión periférica a un centro capitalista mundial no existía en América hasta la independencia decimonónica de las partes formales del Imperio Español, en el que, según Grafe, no había extractivismo ni relación centro-periferia. La conclusión a la que llegamos es clara: ni en la época Imperial, ni en la época nacional política, España pudo convertirse en un Estado competidor a escala universal de otros dentro del modo de producción capitalista, siempre desde el razonamiento de Rosa Luxemburgo. Tampoco ocurrió con ninguna nación política producto de la descomposición del Imperio Español. El proyecto de la Monarquía Católica Universal era el de un Imperio Universal generador, no depredador, y no capitalista. El de las naciones políticas desgajadas del Imperio ha sido cambiante a lo largo del tiempo, oscilando desde la inserción ejemplarista en la dialéctica de Estados capitalista, a la construcción de regímenes socialistas contrarios a dicha inserción en diversos grados (Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua), o el desarrollismo industrial con capacidad para resistir ciertas sumisiones políticas capitalistas sin renunciar a cierta construcción de un cierto Estado de bienestar (Venezuela con Marcos Pérez Jiménez, Argentina durante los dos gobiernos de Juan Domingo Perón, España con la presidencia de Antonio Maura y las dictaduras de Miguel Primo de Rivera y de Francisco Franco, lo que Bueno llamó, polémicamente, derecha socialista, como contradistinta del keynesianismo socialdemócrata). Por tanto, la aplicación histórica de la idea de Luxemburgo sobre qué es el Estado, qué es la nación y qué implica la autodeterminación a España ha de tener en cuenta esto: que nuestra construcción nacional burguesa en los cuatro primeros periodos revolucionarios decimonónicos se hizo en sentido contrario al que permitió el auge de los Imperios coloniales, extractivistas y depredadores de Europa occidental, a saber, Bélgica, Alemania, Italia, Francia y, sobre todo, el Imperio Británico.

El modo de producción capitalista trajo la ruina de las formas de vida del Antiguo Régimen de toda Europa occidental, barriendo con sus formas sociales de vida hasta destruir buena parte de ellas, transformar otras y mantener solo las que eran funcionales a su reproducción. Este mismo proceso se reprodujo, durante el siglo XIX y mediante el colonialismo y, por tanto, a una escala aún más violenta, en América, Asia, África y Oceanía. Durante todo el siglo XX, esta situación se mantuvo a pesar de los procesos de descolonización masiva que empezaron a producirse tras la Segunda Guerra Mundial, la última gran guerra por el coloniaje internacional, fracasando Alemania por última vez (por ahora) en su intento de dominar las metrópolis coloniales de Europa occidental y por establecer un protectorado agrario y de fuerza de trabajo semiesclava en Europa oriental. En esos procesos, las naciones políticas independizadas del Imperio Español, incluida la propia España, también tuvieron que adaptarse a la nueva división internacional del trabajo y a la ideología del libre comercio, con proteccionismo del centro económico colonial, que el modo de producción capitalista entendido a la anglosajona consiguió imponer casi a escala universal. Solo con el fin del proceso descolonizador y, más aún, con la caída del Imperio Soviético entre 1989 y 1991, España y, también, muchas naciones hispánicas postimperiales (Argentina, Chile, Costa Rica, México, Uruguay, etc.), consiguieron insertarse en la nueva estructura internacional de Estados interconectados a través de las cadenas globales de valor, y por tanto, a ser naciones políticas capitalistas prácticamente plenas, unas con mayor desarrollo económico que otras, y con grados distintos también de desarrollo de un modelo político democrática liberal burgués avanzado. Es en este contexto geopolítico y geoeconómico español, partiendo de la historia aquí relatada, en el que tratar de aplicar el bolchevismo occidental que teorizó, y trató de poner en práctica, la camarada Rosa Luxemburgo.

Con el práctico cierre del proceso descolonizador del siglo XX, pues hoy día solo diecisiete territorios son reconocidos como colonias por la Organización de las Naciones Unidas (del Reino Unido: Anguila, Bermudas, Gibraltar, Islas Caimán, Islas Malvinas, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Montserrat, Pitcairn, Santa Helena; de Estados Unidos: Guam, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Samoa Americana, Puerto Rico; de Francia: Nueva Caledonia; de Marruecos de facto, de iure de España: Sáhara Occidental; de Nueva Zelanda: Tokelau), afirmábamos en El marxismo y la cuestión nacional española que son las teorías del bolchevismo occidental, iniciadas por Rosa Luxemburgo, pero coherentes por lo dicho por Marx, Engels, Lenin y Stalin, las que tendrán que aplicarse a las más de 193 Estados-nación que integran la ONU y que, por tanto, son políticamente soberanos (dueños de un territorio demarcado, de unos recursos naturales definidos a pesar de la dialéctica de clases y de Estados que implica la penetración de empresas transnacionales en todos los Estados, teniendo estas sede en otros Estados-nación; dueños a su vez de un patrimonio histórico determinado), económicamente independientes (en gran medida, en tanto que tienen bancos centrales públicos, que supervisan la acción de prestación de dinero de otros bancos públicos y privados a empresas nacionales e internacionales, y tienen moneda nacional; aunque existen procesos de integración, como el de la Unión Europea, en el que la moneda se hace nacional a la fuerza desde el Tratado de Mastrique en 1992) y reconocidos por terceros, mediante la diplomacia y la federación entre ellos, de cara a integraciones diversas, tanto materiales (comercio internacional) como formales (la ya mencionada Unión Europea). Caídos los tres Imperios de Europa oriental a los que Lenin y Stalin querían aplicar la idea de autodeterminación que defendieron en las dos primeras décadas del siglo XX, a saber, el Imperio Ruso, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano, y caídos los cuatro Estados-nación en los que el derecho de autodeterminación era incluido en el ordenamiento constitucional (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Yugoslavia, Checoslovaquia y Etiopía por la secesión de Eritrea), no cabe ya aplicar ya las ideas sobre la nación, el Estado y la autodeterminación del bolchevismo oriental, sino la orientación nacional-política que le imprimió Rosa Luxemburgo dando lugar al bolchevismo occidental. Dicho bolchevismo occidental, hoy, en el año 2019, debería ser llamado, simplemente, bolchevismo, o en todo caso, marxismo-leninismo del siglo XXI, y España es un lugar privilegiado, por la naturaleza de las tensiones políticas que vivimos, para su desarrollo y aplicación.

Ahora bien, el reto es doble. En primer lugar, porque se trata de aplicar dicho marxismo-leninismo del siglo XXI a una nación política consolidada que, no obstante, vive fuertes tensiones separatistas, y que ha cedido soberanía a la Unión Europea. Y en segundo lugar, y no menos importante, porque se trata de aplicar las revolucionarias ideas de Rosa Luxemburgo a un mundo que avanza, a trompicones, a la construcción de diversas esferas geopolíticas y geoeconómicas que, quizás, puedan construirse en los próximos cien años como nuevas formas de sociedad política post-estatal. Aquí radica el gran reto que asumimos en el aquí y ahora, pues el comunismo del siglo XXI ha de ser un comunismo aplicado en sentido inverso al del siglo XX y al del XIX. En este, se aplicaba a naciones políticas constructoras de Imperios coloniales, y luego a sociedades políticas en proceso de descolonización. En aquel, se ha de aplicar a naciones políticas consolidadas en proceso de construcción post-estatal. España, y las naciones derivadas del Imperio Español, deben elegir qué camino post-estatal tomar. Y las ideas de Rosa son, a nuestro juicio, las adecuadas para orientarse, junto a las de otros grandes teóricos materialistas. Y no es posible homenaje mejor a esta gran mujer, gran política, gran teórica marxista y gran revolucionaria y patriota. Su lucha es la nuestra, y nuestra lucha es la suya. De esta manera, haremos a Rosa un poco española. Y España será una nación política que honrará su figura histórica.

Bibliografía:

Armesilla, S. (2017). El marxismo y la cuestión nacional española. Barcelona: El Viejo Topo.

Luxemburgo, R. (2997). Obras escogidas. Madrid: Ayuso.

Luxemburgo, R. (1998). La cuestión nacional. Barcelona: El Viejo Topo.