Por Alex Díaz

A fines de mayo el Congreso aprobó el Decreto Legislativo 1620, Ley de Acceso Universal al Agua Potable (LAU), que faculta a los gobiernos regionales y locales a promover la inversión privada en las fuentes naturales de agua superficial y subterránea mediante la modalidad de “Obras por Impuestos” (OxI) y de otros mecanismos de participación público y privada.
Este mismo decreto también faculta a la SUNASS a presentar un plan de aumento progresivo de la tarifa de consumo durante dos años, es decir al año 2026.
La nueva ley fue aplaudida por el gobierno Boluarte, cuya ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuellar, considera que “es una ley histórica y única”, pues sería “la primera vez que un gobierno se preocupa por los que no tienen agua” (sic); y para tal objetivo aplicarán “soluciones no convencionales”.
No es la primera vez que un gobierno promete resolver la necesidad de agua potable a los pobladores que viven en situación de vulnerabilidad y pobreza extrema. En el 2006 Alan García en su campaña presidencial lanzó el programa “Agua para todos”, con el que ofreció que el 95% de limeños tendría agua potable, pero no cumplió su promesa. Hoy nos venden humo y pretender hacernos creer que ahora sí se resolverá esta necesidad básica que afecta a más de tres millones de peruanos/as.

La privatización de las fuentes naturales de agua
La nueva ley plantea dos reformas estructurales. Primero, si en el pasado la brecha en infraestructura era financiada por el Estado, el D. Leg 1620 propone que la inversión será asumida por empresas privadas o las Asociaciones Público – Privadas (APP), con un contrato de concesión por más de 20 años. De este modo el Estado abandonaría su rol social para entregarlo al capital privado que tiene como fin el lucro. Les cede también la función de distribución y comercialización del agua potable.
Recordemos que en la década del 90, bajo la dictadura fujimorista, miles de millones de dólares se dilapidaron en los remates de las empresas públicas de energía, telefonía y demás empresas estatales, privatización que significó deterioro de servicios al público y alzas de tarifas. Y a partir del 2001 bajo los gobiernos “democráticos” de los últimos 24 años, se agravó la prestación de los servicios públicos, destruyéndolas y convirtiéndolas en botín de privados y fuente de corrupción de los partidos gobernantes y sus funcionarios.
Demás está decir que las consecuencias de este cambio perjudicarán a las comunidades campesinas e indígenas que tendrán que pagar el agua que utilizan para la irrigación de sus tierras, aumentando los costos y precios agropecuarios.

Incremento de tarifas de consumo
Segundo, afectará a los usuarios que ya tienen instalación domiciliaria de agua potable. El decreto propone financiar el costo de las obras con el aumento de la tarifa de consumo.
Dice la ministra: “Gran parte del financiamiento de estas soluciones no convencionales se darán a través de un subsidio cruzado, es decir, el costo del servicio será asumido por quienes ya tenemos el acceso a agua potable” y se aplicará a los que “más consumen” y tienen “mayores ingresos” (¿?) … y que “el incremento de la tarifa del servicio de agua –en términos monetarios– representa solo entre 0.50 céntimos y S/. 1.50 al mes… que es el costo de una botella de agua” (¿?).
Sigue: ese subsidio “representará hasta un 3% en el caso de los domicilios y hasta un 4% en el caso de los no domiciliarios, es decir, industrias, empresas, entre otros”. Y que irán al Fondo de Inversión de Agua Segura (FIAS). Con ese dinero “se podrá desarrollar en los próximos cuatro años, de manera progresiva y escalonada, que 3,15 millones de personas puedan acceder al agua”. Es decir, utilizarán un criterio parecido al Fondo de Compensación Social Eléctrica o (FOSE) o un Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) que se aplica en el servicio de energía eléctrica.
Para Luisa Eyzaguirre, dirigente del Sindicato de Sedapal, es otra mentira del gobierno Boluarte porque abiertamente promueve la privatización, bajo la modalidad de concesión, entregando a las empresas privadas los sistemas hídricos y cuencas de agua (manantiales, lagunas, ríos y aguas de lluvia o captadas de la niebla), y que al estilo chileno, afectará profundamente los pastizales, a los agricultores y a los consumidores de agua, en especial a los que tienen poco acceso a los servicios de agua y desagüe.
Eyzaguirre, denuncia que la ministra Pérez de Cuellar ha cometido un acto inmoral de incompatibilidad de funciones e intereses, pues mientras ejercía el cargo de ministra de Estado presidía la Cámara de Comercio e Industria Peruano Francesa, institución donde están las multinacionales francesas interesadas en adueñarse del agua peruana, como Vinci, Suez y Veolia.

La respuesta popular
Dos importantes movilizaciones denominadas Marcha Nacional Contra La Privatización del Agua, convocadas por el Frente de Defensa del Agua y la Vida, congregaron a más de 20 mil personas exigiendo la nulidad del decreto 1620 y censura de la ministra Hania Pérez de Cuellar.
Por todo lo dicho, bienvenida sean todas las movilizaciones en defensa del agua y la vida, pero no bastan para derrotar el decreto 1620. Esta dura pelea debe involucrar a todos los sindicatos del agua, a la clase obrera y las organizaciones vecinales y populares, esto es una lucha unitaria a escala nacional que debe ser asumida por todo el pueblo.
También significa luchar por reflotar las empresas públicas de agua y desagüe a escala nacional, exigiendo su desburocratización y modernización, y que estas pasen bajo control de los trabajadores y usuarios, representados por sus organizaciones sindicales, vecinales y comunidades campesinas e indígenas.

Por Víctor Montes

La mayoría reaccionaria del Congreso, bajo el paraguas del gobierno de Dina Boluarte, aprobó en primera instancia, el pasado 7 de junio, una Ley que determina que los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra, pueden prescribir en nuestro país si se cometieron (convenientemente) antes de 2002.
Los autores del proyecto de Ley en cuestión, el congresista de Fuerza Popular Fernando Rospigliosi, ex ministro del interior del gobierno de Toledo y responsable por la represión durante el “arequipazo”, y el congresista de la bancada Honor y Democracia, Almirante en retiro de la Marina de Guerra, José Cueto, ex Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señalaron al diario Perú 21 que con esta Ley, “…las sentencias de los militares y policías calificadas como delitos de lesa humanidad antes del 1 de julio de 2002 quedarán sin efecto y tendrán que ser corregidas…”
Es decir, pretenden absolver por Ley a quienes fueron unos de los protagonistas del genocidio al que fue sometido el pueblo pobre del campo, particularmente el pueblo ayacuchano, durante los 20 años que duró el conflicto armado interno (1980 – 2000).

¿Quiénes quieren la impunidad?
Limpiar y liberar a los policías y militares responsables por el asesinato de decenas de miles de inocentes (como en Putis), bajo el pretexto de enfrentar al terrorismo, es un viejo objetivo de los sectores políticos más reaccionarios y conservadores del país, como el fujimorismo y Renovación Popular, y de los grandes empresarios que apoyaron a la dictadura y sus crímenes mientras esta les garantizó por la fuerza una mayor explotación y por tanto, el incremento de sus ganancias.
Igual bajo los “democráticos” Belaúnde y Alan García (1980-1990), que bajo la dictadura fujimorista, poco o nada importó a los patrones (y no les importa ahora) las 69 mil personas asesinadas durante aquellos años, o las 20 mil personas desaparecidas del conflicto armado interno.
No les importa que esté comprobado por la investigación de la CVR que el 36% de esos asesinatos y desapariciones tuvieran como responsables a miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales.
Según la CVR, los agentes del Estado fueron responsables por más de 7.300 ejecuciones extrajudiciales, así como por más de 6.400 casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
En realidad, lo que quiere el fujimorismo, RP y demás partidos reaccionarios, así como la patronal, es establecer un régimen en el que se reconozca su derecho a matar a quienes consideran “terrucos”. Esto es, a cualquiera que consideren que pone en cuestión o amenaza sus intereses.

Ni olvido ni perdón
La ley aprobada por el Congreso, es un paso hacia la concreción de ese régimen de impunidad contra el pueblo pobre y trabajador que quiere la patronal y los partidos reaccionarios. La misma impunidad que Boluarte espera recibir al término de su mandato, a pesar de los 49 asesinados por la represión.
La impunidad es justamente lo contrario a la justicia. Y Con esta Ley, los deudos de casos tan emblemáticos como Los Cabitos (1983), Putis (1984), Benito Baldeón (1984), Accomarca (1985), Cayara (1985), El Frontón (1986), Bustíos (1988), Barrios Altos (1991), Madre Mía (1992) y La Cantuta (1992) quedan exentos de justicia.
La clase obrera y sus organizaciones no podemos olvidarlo. Los trabajadores y trabajadoras debemos discutir en nuestros sindicatos, barrios y lugares de trabajo, la necesidad de estar en la primera línea de la lucha contra esta ley de impunidad, encabezando la movilización de todo el pueblo, por juicio y sanción ejemplar a todos los responsables de las masacres, torturas y desapariciones, tanto ejecutivos como políticos, de la violencia política y también de los asesinados “en democracia”.
No podemos ni debemos olvidar que la represión del Estado, como muestra la historia, se ceba principalmente contra quienes luchan y enfrentan la explotación y el abuso de los patrones y sus autoridades.
Así sucedió en la dictadura fujimorista, cuando la propia clase trabajadora, víctima del “terruqueo”, sufrió la represión la principal del gobierno con la finalidad de destruir sus organizaciones, despedir a sus dirigentes, e imponer nuevas y mayores tasas de explotación y miseria.
Por eso, y por la solidaridad con nuestros hermanos directamente asesinados por las Fuerzas Armadas y policiales que hoy defienden a este gobierno también asesino y hambreador, debemos echar abajo dicha norma con nuestra movilización. Y para esto, debemos superar a las actuales direcciones reformistas, cómo la CGTP, quienes han abandonado la lucha en las calles a la espera de las nuevas elecciones.

El Congreso aprueba nuevas leyes y proyectos que garantizan la impunidad a criminales y corruptos, benefician a grupos empresariales y asegura la continuidad en el poder de los sectores ultra reaccionarios.
A inicios del mes de junio el Ministerio Público emitió un comunicado llamando a la movilización ciudadana en defensa de la democracia, en rechazo las sucesivas leyes que viene aprobando el Congreso y que vulneran la institucionalidad, la independencia y el equilibrio de los poderes del Estado.
La bomba no estalló porque la movilización no se produjo, en parte, porque la legislatura concluía en esos días y recién se reabrirá en agosto, y en parte porque la población –hastiada de tanto estropicio–, tarda en notificarse de los alcances de las medidas que se vienen imponiendo desde arriba.
Aunque los proyectos son de diferentes signos, pero igualmente nefastos, el pronunciamiento fue motivado en especial por tres de ellos: el primer proyecto, declara en “reorganización” al Ministerio Público y a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), con el que el gobierno pretende tomar el control de dichos organismos, en especial de la Fiscalía de la Nación que viene investigando a Dina Boluarte y a varios mafiosos del Congreso.
El segundo, pretende reemplazar a la JNJ por una Escuela Nacional de la Magistratura, para que sea el Congreso (es decir los corruptos), quien designe a los nuevos jueces y fiscales. Y el tercer proyecto, con el que se modifica el Código Civil para que la Fiscalía deje a la Policía Nacional, un ente controlado por la corrupción, la investigación de ciertos delitos.
El pronunciamiento del Ministerio Público es potente porque es firmado por la unanimidad de los fiscales: supremos, superiores y las juntas de fiscales provinciales. No es el primer pronunciamiento, pero sí es el primero que hace un llamado abierto a la ciudadanía a protestar contra el régimen, hecho que motivó incluso la inmediata respuesta del mismo Congreso y agitó a la reacción, poniendo de relieve que la crisis del régimen parece haber llegado al límite.

Problemas de fondo
Hace un tiempo venimos presenciando una fuerte disputa al interior del Estado por el control del Ministerio Público que investiga las redes criminales, como los casos Los Cuellos Blancos del Puerto, Lava Jato y otros sobre lavados de activos, que directamente comprometen a ex presidentes, autoridades electas, líderes políticos de todas las tiendas y a grandes empresarios; todos con evidencias de corrupción y de organización criminal.
Por ello, hoy Alejandro Toledo se encuentra preso, igual que algunos ex funcionarios de Estado; y PPK, Ollanta Humala, Susana Villarán y Keiko Fujimori están con detención domiciliaria o comparecencia restringida a la espera de juicio, etc.
Pero de todos ellos, el de Keiko Fujimori es el que más roncha saca a la reacción. Su partido es el que sostiene el sistema político y es el que propició el golpe contra Castillo, puso a Boluarte en el gobierno y ahora la controla.
En el proceso que se le sigue a Keiko Fujimori el Fiscal pide su detención preliminar, y en el juicio oral que debe iniciarse el próximo mes de julio, pide una sentencia de 30 años de cárcel por organización criminal y lavado de activos.
El otro tema que agrava la crisis es la investigación que se sigue contra Dina Boluarte por el caso de los “Rolex” (relojes de alta gama que ella exhibe sin pudor ni justificación), y también por organización criminal, dado que, en asociación con su hermano Nicanor Boluarte, habría tejido una red de corrupción para enriquecerse y, al mismo tiempo, promover la formación de una organización política denominada “Ciudadanos por el Perú”, con la intención de mantenerse en el poder.
En este último caso, la Fiscalía intervino a combazos el domicilio del hermanón en busca de pruebas y ordenó su detención junto con varios de sus cómplices, y planteó contra la presidenta una denuncia constitucional bajo el cargo agravado de obstrucción a la justicia, denuncia que ya debería haberla llevado a la destitución si no tuviera la protección de mayoría corrupta que maneja el Congreso.
De este modo, luego de la destitución de la ex Fiscal de la Nación Patricia Benavides, también por organización criminal, y que fue pieza clave en la persecución y cerco del ex presidente Pedro Castillo, ahora todo ese sector reaccionario pretende recuperar su control de los organismos judiciales para garantizar su impunidad y el de sus cómplices.
En lo inmediato busca la destitución de la Fiscal Marita Barreto, que encabeza el EFICOOP (Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder) y como tal investiga a Dina Boluarte, y se pretende la desarticulación de la DIVIAC, la fuerza policial especial que le presta apoyo, cuyo jefe, el coronel Harvey Colchado ya ha sido apartado y se encuentra sometido a “investigación”.

Golpe tras golpe
Los estropicios del Congreso, sin embargo, van más lejos y responden a los diversos intereses que comprenden a la alianza de derecha con los grupos mafiosos que lo controlan.
Se pretende también una ley de pensiones que, ofreciendo una pensión mínima para aportantes y no aportantes, en realidad beneficia a las AFP que ya lucran con las pensiones de millones de peruanos, ahora con un gigantesco financiamiento del Estado. Se pretende investigar a las ONG que reciben financiamiento exterior y que intervienen en temas nacionales como derechos humanos, igualdad de género y medio ambiente, y que resultan incómodos para los reaccionarios que detentan el poder. Entre los afectados estarían Ideele Reporteros de Gustavo Gorriti, y Aidesep. Se pretende la captura de la ONPE y la Reniec, cuyos funcionarios no permitieron el fraude para evitar la elección de Pedro Castillo. Se pretende desaparecer a los movimientos políticos regionales para beneficiar a los partidos capitalinos.
Por último, el más graves de todos, se busca la amnistía para todos los sentenciados e investigados por “delitos de lesa humanidad”, cometidos antes del año 2000, lo que no solo es una afrenta a las víctimas y sus familiares que esperan justicia, sino deja la puerta abierta para también dejar impune a los responsables de la masacre de las luchas recientes. Un hecho que incluso ha obligado a sendos pronunciamientos de las Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hasta el mismo Senado de los EE.UU.
Todo esto, cuando ya venimos sufriendo una andanada de estropicios. El Congreso aprobó la ley que recorta facultades al Sunedu favoreciendo a los empresarios informales que lucran con la educación. Aprobó también otra norma que restablece el Senado de la República y permite la reelección de congresistas; ambas medidas rechazadas masivamente en un referéndum realizado el 2018 y que han cambiado un 60% de la Constitución vigente; mientras se acusó de subversión a los reclamos de la población en favor de un cambio constitucional para restablecer derechos sociales. Y, por último, dio luz verde al indulto al ex dictador Alberto Fujimori.
Estamos pues ante un descarado asalto del poder por los sectores reaccionarios y mafiosos que gobiernan desde el Congreso, y que cuentan con la complicidad de las diferentes bancadas que se llaman de “izquierda”, y que obligan hasta a sectores del propio Estado, a hacer llamados a defender la democracia.

Los ataques del gobierno y el Congreso que no tienen fin y agravan la crisis nacional y la penuria que sufren las mayorías obreras y populares, causan también el regreso de las luchas. Las mayores de ellas se anuncian para el mes de julio.
En medio de infinidad de despropósitos como la que pretende impunidad para todos los criminales y corruptos y entornillar en el poder a los sectores reaccionarios, el gobierno y el Congreso ya impusieron nefastas normas antipopulares, como el DL 1620 que favorece la privatización de los servicios de agua y el alza de sus precios, y la Ley 31973 que amenaza con una mayor deforestación de la amazonia en beneficio de las multinacionales extractivistas.
Como si esto fuera poco, ante la crisis de su modelo de economía neoliberal, sumiso al capital y a los mercados extranjeros y que solo está trayendo nuevos millones de pobres, cierres de fábricas y más desocupación, ahora intentan una corrida hacia adelante forzando la salida de proyectos mineros que tienen el masivo rechazo de la población, como son los de Tía María y Conga.
Todo esto, no obstante, ya es respondido por diversos sectores que salen a la lucha en todo el país, desde los comuneros de Apurímac y Cajamarca, los pobladores del valle del Tambo, la población que se moviliza en defensa del agua y las organizaciones obreras que enfrentan los despidos, incluso enfrentando la feroz represión de Boluarte.
Pero el descontento es mayor y se extiende a todos los estratos sociales, mostrando a un gobierno y Congreso absolutamente aislados, y que coloca nuevamente en agenda la salida de adelanto de elecciones.
Ante esto la dirigencia de la CGTP, después de haber traicionado la gran rebelión del sur y luego de haber convivido con el nefasto régimen de Boluarte, ahora se ve en la necesidad de convocar a un Paro Nacional para el 19 de julio, en realidad una jornada de lucha, porque la Central no quiere ni garantiza ninguna paralización efectiva de labores, buscando apuntalar esa salida política.
Esta política, en el mejor de los casos, podrá lograr ese objetivo parcial, pero no las demandas democráticas revolucionarias planteadas en las luchas del sur y que apuntan a la derrota del régimen en su conjunto y a la convocatoria a elecciones a una Asamblea Constituyente para que resuelva la nacionalización de la gran minería y los recursos naturales, la independencia nacional y las demandas de educación, salud y vivienda.
Ahora se suma la demanda de juicio y castigo para Dina Boluarte y todos los responsables de las masacres perpetradas en ese periodo. En el peor de los casos, solo alcanzará para negociar una salida ordenada del régimen con vistas a la convocatoria a elecciones del 2026, para la que se alistan todos, incluido los que hoy fungen de luchadores.
Desde otros sectores regionales y en especial del aguerrido sur peruano, se convoca una nueva marcha hacia Lima, para protagonizar nuevas jornadas de lucha los días 28 y 29 de julio.
Ante esto, los trabajadores estamos llamados a realizar asambleas y discutir esta problemática. Hay que disponernos a participar de manera organizada y con todas nuestras fuerzas en las jornadas convocadas para el 19, 28 y 29 de julio. Hacerlo con la conciencia de que necesitamos recuperar fuerzas, poner en pie a un nuevo activismo y recuperar la unidad obrera en la acción. Y, discutiendo la necesidad de una nueva rebelión, en la forma de una huelga general que lleve a la derrota definitiva del régimen y a conquistar las banderas democráticas revolucionarias del sur, en la vía de una verdadera salida de fondo para los problemas nacionales y los de la clase trabajadora.
Una gran tarea para la cual necesitaremos también poner en pie un nuevo instrumento político, una verdadera dirección revolucionaria con los mejores luchadores y luchadoras, que garantice llevar a cabo dichas tareas, y en la que el PST se coloca en la primera línea.

El reciente 12 de junio, la Junta de Fiscales Supremos se pronunció para rechazar el proyecto de Reforma que declara en reorganización a la Junta Nacional de Justicia y al Ministerio Público, y convocaron a la ciudadanía a sumarse a la “defensa de la democracia y el Estado de Derecho”. Varias ONG y partidos acogieron ese llamado, mientras organizaciones sindicales y populares anuncian movilizaciones contra el gobierno y el Congreso, lo que abre la perspectiva de una lucha que el PST hace suya. La situación exige de parte de las centrales un plan de lucha nacional que permita que esta voluntad popular se cumpla.

La línea autoritaria del gobierno y el Congreso comenzó con la impunidad de los asesinatos, la criminalización de la protesta social y el blindaje de Dina Boluarte y muchos congresistas. Muchos creyeron que podían soportar al gobierno hasta el 2026, pero los hemos confirman que los costos son inaceptables y amenazan libertades y derechos fundamentales; la bicameralidad y la reelección de congresistas fueron impuestos contradiciendo la voluntad popular expresada en referendo; y los movimientos políticos regionales fueron inhabilitados para reforzar el monopolio de los partidos corruptos en la representación política.
El indulto a Fujimori fue otra muestra de autoritarismo. Además, el Congreso está copando otras instituciones del Estado con la finalidad de asegurar por lo menos dos de sus principales y más urgentes prioridades: 1) Impunidad en los procesos penales que enfrentan los líderes de los partidos en el poder, especialmente Keyko Fujimori, y 2) Control del próximo proceso electoral para obtener ventaja y asegurar su permanencia en el poder.

El pacto de los corruptos avalado por la patronal

Los principales partidos del fujimorismo y los partidos más derechistas como principales aliados lograron alinear a otras bancadas significativas, incluidos Perú Libre y Bloque Magisterial, a cambio de concesiones menores. Es el llamado “pacto de los corruptos” que sostiene al gobierno para sostenerse a sí mismos, y cuentan con el apoyo de los sectores empresariales.
En efecto, el gobierno de los corruptos es la forma que ha tomado la política patronal por capturar completamente la conducción del Estado. Primero fueron los intentos aislados del fujimorismo de imponerse sobre el gobierno de PPK y luego sobre Vizcarra, quien más bien terminó cerrando el Congreso, aunque el nuevo Congreso logró vacarlo para imponer al gobierno usurpador de Merino que solo duró una semana, cayendo bajo una combativa movilización.
Esta correlación cambia durante el proceso electoral de 2021, cuando Pedro Castillo pasa a la segunda vuelta con un programa y un discurso que amenaza algunos cimientos del dominio neoliberal. La burguesía descarga en esa ocasión su primera ofensiva atacando la candidatura de Pedro Castillo y volcando todo su apoyo a la procesada Keyko Fujimori, y el resultado fue una derrota para ellos; la segunda ofensiva fue contra el gobierno de Castillo, primero desconociendo su victoria y luego hostilizándolo permanentemente con intentos de vacancia.
La tercera ofensiva es la que está en marcha, con la imposición a sangre y fuego del gobierno de Boluarte sin convocatoria a elecciones generales inmediatas.
Entonces, el objetivo de la ultraderecha y la patronal que la respalda es tomar el control del régimen “democrático” por la vía electoral, para imponer una situación que destrabe definitivamente los proyectos mineros y se implementen nuevas reformas neoliberales, y una represión más ofensiva, libreto que ya se experimentó en la coyuntura 2022-2023.

De vuelta a las calles

Pese a los pronunciamientos de varios partidos en defensa de la democracia no se ve hasta el momento un plan de acción concreto para hacer efectiva la caída del gobierno; el eje de su política es tocar las puertas de las instituciones internacionales y hacer llamados a la conciencia de los sectores patronales que apoyan el pacto de los corruptos, y siguen enfocados en su estrategia electoral que implica esperar al 2026.
Es clave recordar que esos sectores, reformismo de izquierda y centroderechistas, tuvieron el control político después de la caída de la dictadura fujimorista, y son los responsables de haber empantanado esa revolución y mantener la Constitución de 1993, lo que hizo posible la continuidad del plan neoliberal impuesto por la dictadura. La falsa creencia de que eso iba a abonar en favor de la modernización del Estado, de la institucionalidad democrática y de los derechos democráticos de la población, fue comprobado por experiencia propia por la gran mayoría de peruanos y es justamente la causa del descontento social y la crisis de fondo.
La crisis política que se vive desde el 2016, es en gran parte la expresión del fracaso de ese proceso. Y ahora, ante el debilitamiento de aquellos sectores políticos y la ausencia de una alternativa de clase, quienes se han fortalecido con la crisis son los sectores más derechistas.
En contraste con esa política, los sectores obreros y populares vienen impulsando la lucha en las calles y anuncian reeditar la marcha de los cuatro suyos del año 2000 hasta poner fin al gobierno y el congreso. Ante esa situación, las direcciones políticas y sindicales tienen responsabilidad en viabilizar un verdadero plan de lucha nacional que haga cumplir la voluntad popular.