Un «Golpe de Estado permanente»

El Congreso aprueba nuevas leyes y proyectos que garantizan la impunidad a criminales y corruptos, benefician a grupos empresariales y asegura la continuidad en el poder de los sectores ultra reaccionarios.
A inicios del mes de junio el Ministerio Público emitió un comunicado llamando a la movilización ciudadana en defensa de la democracia, en rechazo las sucesivas leyes que viene aprobando el Congreso y que vulneran la institucionalidad, la independencia y el equilibrio de los poderes del Estado.
La bomba no estalló porque la movilización no se produjo, en parte, porque la legislatura concluía en esos días y recién se reabrirá en agosto, y en parte porque la población –hastiada de tanto estropicio–, tarda en notificarse de los alcances de las medidas que se vienen imponiendo desde arriba.
Aunque los proyectos son de diferentes signos, pero igualmente nefastos, el pronunciamiento fue motivado en especial por tres de ellos: el primer proyecto, declara en “reorganización” al Ministerio Público y a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), con el que el gobierno pretende tomar el control de dichos organismos, en especial de la Fiscalía de la Nación que viene investigando a Dina Boluarte y a varios mafiosos del Congreso.
El segundo, pretende reemplazar a la JNJ por una Escuela Nacional de la Magistratura, para que sea el Congreso (es decir los corruptos), quien designe a los nuevos jueces y fiscales. Y el tercer proyecto, con el que se modifica el Código Civil para que la Fiscalía deje a la Policía Nacional, un ente controlado por la corrupción, la investigación de ciertos delitos.
El pronunciamiento del Ministerio Público es potente porque es firmado por la unanimidad de los fiscales: supremos, superiores y las juntas de fiscales provinciales. No es el primer pronunciamiento, pero sí es el primero que hace un llamado abierto a la ciudadanía a protestar contra el régimen, hecho que motivó incluso la inmediata respuesta del mismo Congreso y agitó a la reacción, poniendo de relieve que la crisis del régimen parece haber llegado al límite.

Problemas de fondo
Hace un tiempo venimos presenciando una fuerte disputa al interior del Estado por el control del Ministerio Público que investiga las redes criminales, como los casos Los Cuellos Blancos del Puerto, Lava Jato y otros sobre lavados de activos, que directamente comprometen a ex presidentes, autoridades electas, líderes políticos de todas las tiendas y a grandes empresarios; todos con evidencias de corrupción y de organización criminal.
Por ello, hoy Alejandro Toledo se encuentra preso, igual que algunos ex funcionarios de Estado; y PPK, Ollanta Humala, Susana Villarán y Keiko Fujimori están con detención domiciliaria o comparecencia restringida a la espera de juicio, etc.
Pero de todos ellos, el de Keiko Fujimori es el que más roncha saca a la reacción. Su partido es el que sostiene el sistema político y es el que propició el golpe contra Castillo, puso a Boluarte en el gobierno y ahora la controla.
En el proceso que se le sigue a Keiko Fujimori el Fiscal pide su detención preliminar, y en el juicio oral que debe iniciarse el próximo mes de julio, pide una sentencia de 30 años de cárcel por organización criminal y lavado de activos.
El otro tema que agrava la crisis es la investigación que se sigue contra Dina Boluarte por el caso de los “Rolex” (relojes de alta gama que ella exhibe sin pudor ni justificación), y también por organización criminal, dado que, en asociación con su hermano Nicanor Boluarte, habría tejido una red de corrupción para enriquecerse y, al mismo tiempo, promover la formación de una organización política denominada “Ciudadanos por el Perú”, con la intención de mantenerse en el poder.
En este último caso, la Fiscalía intervino a combazos el domicilio del hermanón en busca de pruebas y ordenó su detención junto con varios de sus cómplices, y planteó contra la presidenta una denuncia constitucional bajo el cargo agravado de obstrucción a la justicia, denuncia que ya debería haberla llevado a la destitución si no tuviera la protección de mayoría corrupta que maneja el Congreso.
De este modo, luego de la destitución de la ex Fiscal de la Nación Patricia Benavides, también por organización criminal, y que fue pieza clave en la persecución y cerco del ex presidente Pedro Castillo, ahora todo ese sector reaccionario pretende recuperar su control de los organismos judiciales para garantizar su impunidad y el de sus cómplices.
En lo inmediato busca la destitución de la Fiscal Marita Barreto, que encabeza el EFICOOP (Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder) y como tal investiga a Dina Boluarte, y se pretende la desarticulación de la DIVIAC, la fuerza policial especial que le presta apoyo, cuyo jefe, el coronel Harvey Colchado ya ha sido apartado y se encuentra sometido a “investigación”.

Golpe tras golpe
Los estropicios del Congreso, sin embargo, van más lejos y responden a los diversos intereses que comprenden a la alianza de derecha con los grupos mafiosos que lo controlan.
Se pretende también una ley de pensiones que, ofreciendo una pensión mínima para aportantes y no aportantes, en realidad beneficia a las AFP que ya lucran con las pensiones de millones de peruanos, ahora con un gigantesco financiamiento del Estado. Se pretende investigar a las ONG que reciben financiamiento exterior y que intervienen en temas nacionales como derechos humanos, igualdad de género y medio ambiente, y que resultan incómodos para los reaccionarios que detentan el poder. Entre los afectados estarían Ideele Reporteros de Gustavo Gorriti, y Aidesep. Se pretende la captura de la ONPE y la Reniec, cuyos funcionarios no permitieron el fraude para evitar la elección de Pedro Castillo. Se pretende desaparecer a los movimientos políticos regionales para beneficiar a los partidos capitalinos.
Por último, el más graves de todos, se busca la amnistía para todos los sentenciados e investigados por “delitos de lesa humanidad”, cometidos antes del año 2000, lo que no solo es una afrenta a las víctimas y sus familiares que esperan justicia, sino deja la puerta abierta para también dejar impune a los responsables de la masacre de las luchas recientes. Un hecho que incluso ha obligado a sendos pronunciamientos de las Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hasta el mismo Senado de los EE.UU.
Todo esto, cuando ya venimos sufriendo una andanada de estropicios. El Congreso aprobó la ley que recorta facultades al Sunedu favoreciendo a los empresarios informales que lucran con la educación. Aprobó también otra norma que restablece el Senado de la República y permite la reelección de congresistas; ambas medidas rechazadas masivamente en un referéndum realizado el 2018 y que han cambiado un 60% de la Constitución vigente; mientras se acusó de subversión a los reclamos de la población en favor de un cambio constitucional para restablecer derechos sociales. Y, por último, dio luz verde al indulto al ex dictador Alberto Fujimori.
Estamos pues ante un descarado asalto del poder por los sectores reaccionarios y mafiosos que gobiernan desde el Congreso, y que cuentan con la complicidad de las diferentes bancadas que se llaman de “izquierda”, y que obligan hasta a sectores del propio Estado, a hacer llamados a defender la democracia.