Por Alex Díaz
A fines de mayo el Congreso aprobó el Decreto Legislativo 1620, Ley de Acceso Universal al Agua Potable (LAU), que faculta a los gobiernos regionales y locales a promover la inversión privada en las fuentes naturales de agua superficial y subterránea mediante la modalidad de “Obras por Impuestos” (OxI) y de otros mecanismos de participación público y privada.
Este mismo decreto también faculta a la SUNASS a presentar un plan de aumento progresivo de la tarifa de consumo durante dos años, es decir al año 2026.
La nueva ley fue aplaudida por el gobierno Boluarte, cuya ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuellar, considera que “es una ley histórica y única”, pues sería “la primera vez que un gobierno se preocupa por los que no tienen agua” (sic); y para tal objetivo aplicarán “soluciones no convencionales”.
No es la primera vez que un gobierno promete resolver la necesidad de agua potable a los pobladores que viven en situación de vulnerabilidad y pobreza extrema. En el 2006 Alan García en su campaña presidencial lanzó el programa “Agua para todos”, con el que ofreció que el 95% de limeños tendría agua potable, pero no cumplió su promesa. Hoy nos venden humo y pretender hacernos creer que ahora sí se resolverá esta necesidad básica que afecta a más de tres millones de peruanos/as.
La privatización de las fuentes naturales de agua
La nueva ley plantea dos reformas estructurales. Primero, si en el pasado la brecha en infraestructura era financiada por el Estado, el D. Leg 1620 propone que la inversión será asumida por empresas privadas o las Asociaciones Público – Privadas (APP), con un contrato de concesión por más de 20 años. De este modo el Estado abandonaría su rol social para entregarlo al capital privado que tiene como fin el lucro. Les cede también la función de distribución y comercialización del agua potable.
Recordemos que en la década del 90, bajo la dictadura fujimorista, miles de millones de dólares se dilapidaron en los remates de las empresas públicas de energía, telefonía y demás empresas estatales, privatización que significó deterioro de servicios al público y alzas de tarifas. Y a partir del 2001 bajo los gobiernos “democráticos” de los últimos 24 años, se agravó la prestación de los servicios públicos, destruyéndolas y convirtiéndolas en botín de privados y fuente de corrupción de los partidos gobernantes y sus funcionarios.
Demás está decir que las consecuencias de este cambio perjudicarán a las comunidades campesinas e indígenas que tendrán que pagar el agua que utilizan para la irrigación de sus tierras, aumentando los costos y precios agropecuarios.
Incremento de tarifas de consumo
Segundo, afectará a los usuarios que ya tienen instalación domiciliaria de agua potable. El decreto propone financiar el costo de las obras con el aumento de la tarifa de consumo.
Dice la ministra: “Gran parte del financiamiento de estas soluciones no convencionales se darán a través de un subsidio cruzado, es decir, el costo del servicio será asumido por quienes ya tenemos el acceso a agua potable” y se aplicará a los que “más consumen” y tienen “mayores ingresos” (¿?) … y que “el incremento de la tarifa del servicio de agua –en términos monetarios– representa solo entre 0.50 céntimos y S/. 1.50 al mes… que es el costo de una botella de agua” (¿?).
Sigue: ese subsidio “representará hasta un 3% en el caso de los domicilios y hasta un 4% en el caso de los no domiciliarios, es decir, industrias, empresas, entre otros”. Y que irán al Fondo de Inversión de Agua Segura (FIAS). Con ese dinero “se podrá desarrollar en los próximos cuatro años, de manera progresiva y escalonada, que 3,15 millones de personas puedan acceder al agua”. Es decir, utilizarán un criterio parecido al Fondo de Compensación Social Eléctrica o (FOSE) o un Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) que se aplica en el servicio de energía eléctrica.
Para Luisa Eyzaguirre, dirigente del Sindicato de Sedapal, es otra mentira del gobierno Boluarte porque abiertamente promueve la privatización, bajo la modalidad de concesión, entregando a las empresas privadas los sistemas hídricos y cuencas de agua (manantiales, lagunas, ríos y aguas de lluvia o captadas de la niebla), y que al estilo chileno, afectará profundamente los pastizales, a los agricultores y a los consumidores de agua, en especial a los que tienen poco acceso a los servicios de agua y desagüe.
Eyzaguirre, denuncia que la ministra Pérez de Cuellar ha cometido un acto inmoral de incompatibilidad de funciones e intereses, pues mientras ejercía el cargo de ministra de Estado presidía la Cámara de Comercio e Industria Peruano Francesa, institución donde están las multinacionales francesas interesadas en adueñarse del agua peruana, como Vinci, Suez y Veolia.
La respuesta popular
Dos importantes movilizaciones denominadas Marcha Nacional Contra La Privatización del Agua, convocadas por el Frente de Defensa del Agua y la Vida, congregaron a más de 20 mil personas exigiendo la nulidad del decreto 1620 y censura de la ministra Hania Pérez de Cuellar.
Por todo lo dicho, bienvenida sean todas las movilizaciones en defensa del agua y la vida, pero no bastan para derrotar el decreto 1620. Esta dura pelea debe involucrar a todos los sindicatos del agua, a la clase obrera y las organizaciones vecinales y populares, esto es una lucha unitaria a escala nacional que debe ser asumida por todo el pueblo.
También significa luchar por reflotar las empresas públicas de agua y desagüe a escala nacional, exigiendo su desburocratización y modernización, y que estas pasen bajo control de los trabajadores y usuarios, representados por sus organizaciones sindicales, vecinales y comunidades campesinas e indígenas.
Empieza la lucha contra la privatización del agua
