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Israel anuncia reducción de tropas, pero mantiene su política genocida en Gaza

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El 1 de enero, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, anunció el retiro de dos brigadas de la Franja de Gaza. Cada brigada cuenta con alrededor de 4.000 soldados. Alegó que los costos de la guerra contra los palestinos se habían convertido un peso para la economía israelí. Anunció además que tres brigadas más deben retirarse para recibir entrenamiento. Pero afirmó que el criminal genocidio continuará por varios meses.

Por Fabio Bosco. LIT-CI

De hecho, la economía israelí se contrajo alrededor de 2% solo en el último trimestre de 2023 debido a los altos costos militares y también al impacto de la convocatoria de los reservistas que dejaron vacíos sus lugares de trabajo. Pero el ministro no mencionó las otras dos razones más importantes: la presión internacional para un alto el fuego, que obligó al gobierno de Estados Unidos a presionar a Israel para que cambiara su estrategia militar en Gaza; y la resistencia palestina que impuso 170 bajas israelíes en Gaza y destruyó una gran cantidad de tanques y material militar.

El cambio de estrategia militar deseado por Estados Unidos consiste en sustituir la llamada doctrina Dahiya, de ataques indiscriminados sobre toda la población palestina y de destrucción generalizada con el objetivo de enfrentar a los palestinos con Hamás. Esta doctrina fue aplicada por los sionistas en Dahiya, un barrio de Beirut, durante la invasión del Líbano en 2006. El presidente estadounidense, Joe Biden, concuerda con mantener, por ahora, la ocupación violenta de Gaza, pero desea ataques centrados sobre Hamás y sus líderes para desinflar la presión internacional y para caracterizar una “victoria” israelí sobre la resistencia palestina.

Otro punto de desacuerdo es sobre la expulsión de los palestinos de Gaza. Los sionistas quieren implementar la “solución final”, es decir, la expulsión de toda o casi toda la población palestina para el Sinaí o incluso para diversos países. Con este fin, busca hacer imposible la supervivencia humana en Gaza. Estados Unidos concuerda con expulsar a una pequeña parte de los 2,4 millones de palestinos de Gaza a través de la concesión de visados ​​para varios países, pero entiende que es políticamente inviable expulsar a toda la población, particularmente para el Sinaí, debilitando el régimen egipcio.

El último desacuerdo público tiene que ver con el futuro de Gaza. Los sionistas quieren una Gaza sin palestinos y no aceptan la propuesta estadounidense de que la Autoridad Nacional Palestina, encabezada por Mahmoud Abbas, gobierne Gaza, en la práctica allanando el camino para un mini Estado palestino en Gaza y Cisjordania.

Sin embargo, el Estado de Israel es un enclave imperialista en Medio Oriente y depende de la ayuda económica, militar y diplomática de Estados Unidos para sobrevivir. Por eso, en vísperas de la llegada a Tel Aviv del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, se hizo un discreto anuncio de reducción de tropas en Gaza, sin que ello suponga un reconocimiento de concesión a las presiones estadounidenses.

Suprema Corte anula reforma judicial

El mismo día, la Suprema Corte israelí decidió por 8 votos contra 7 anular la reforma judicial aprobada por el Knesset (parlamento israelí) que vaciaba sus poderes para condenar eventuales decisiones tomadas por el gobierno sionista.

La Suprema Corte tomó esta decisión ahora, aprovechando la impopularidad del gobierno liderado por Netanyahu y también el inminente fin del mandato de dos miembros del Tribunal Supremo, lo que podría cambiar el resultado de la ajustada votación.

Esta reforma judicial dividió al Estado sionista, a la población sionista e incluso al movimiento sionista fuera de la Palestina ocupada. Esta reforma fue aprobada el año pasado[1] por una mayoría parlamentaria que unió la banca de los colonos nazi-sionistas liderada por los partidos Sionismo Religioso del ministro de Finanzas Bezalel Smotrich y el Poder Judaico del ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir, con la banca de los partidos ultrarreligiosos ( Shas y Judaísmo de la Torá Unido) y del derechista Likud de Benjamin Netanyahu.

Esos colonos quieren total libertad para expulsar a los palestinos y colonizar toda Jerusalén, Cisjordania y Gaza. Los ultrarreligiosos quieren mantener los subsidios financieros estatales para que sus integrantes se dediquen exclusivamente a los estudios religiosos y evadir el servicio militar. Además, quieren retirar de la Suprema Corte el derecho a bloquear el nombramiento de ministros condenados por corrupción, como ocurrió con el líder del Shas, Aryeh Deri. Netanyahu, por su parte, quiere archivar tres procesos judiciales por corrupción.

Por otro lado, la reforma encuentra una amplia oposición de varios sectores de la propia burocracia estatal (incluidos sectores de las fuerzas armadas y del servicio secreto) y de la clase media sionista preocupados por los efectos del discurso abiertamente racista y antiárabe del actual gobierno sobre la imagen internacional del Estado de Israel, así como sectores burgueses preocupados por las pérdidas causadas por la campaña de boicot (BDS) sobre sus negocios. Ellos ven la independencia del poder judicial como un contrapeso a un gobierno abiertamente racista y fundamentalista[2]. Todavía, existía una amplia oposición a la reforma judicial entre la comunidad judía más grande del mundo, localizada en Estados Unidos[3].

Movilizaciones por la renuncia del gobierno y por la convocatoria de nuevas elecciones

El primer ministro sionista Benjamin Netanyahu atraviesa su peor momento. Además de la probable condena por corrupción, Netanyahu enfrenta movilizaciones callejeras por la caída de su gobierno. Las encuestas a la opinión pública indican que su banca perdería alrededor de un tercio de sus integrantes en nuevas elecciones, y la oposición liderada por Benny Gantz y Yair Lapid, ambos criminales de guerra sionistas, tendría condiciones de formar un nuevo gobierno. En verdad, la contraofensiva de resistencia palestina encabezada por Hamás el 7 de octubre prácticamente arrojó una palada de cal en el futuro político de Netanyahu. La población sionista israelí entiende que Netanyahu menospreció las varias alertas sobre el ataque de Hamás del 7 de octubre y dejó desprotegida a la población israelí. Además, las familias de los israelíes presos en Gaza quieren que Netanyahu acepte las condiciones de la resistencia palestina para el intercambio por presos políticos palestinos, condición sobre la que Netanyahu hará todo lo posible por no aceptar.

El futuro de Gaza

La resistencia palestina liderada por Hamás consiguió volver a poner la cuestión palestina en la agenda mundial, paralizó la normalización de las relaciones diplomáticas entre los países árabes y el Estado de Israel (sólo tres Estados árabes no estaban en proceso de normalización: Kuwait, Argelia y Túnez), y también selló el futuro de Netanyahu.

Estas conquistas son muy importantes, pero insuficientes. Es necesario lograr el fin de la agresión a Gaza y a Cisjordania, la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, el fin del cerco a Gaza y su reconstrucción. Estas conquistas son pasos hacia la derrota política y militar del Estado de Israel, y hacia la liberación de Palestina, del río al mar.

Sin embargo, hay muchos enemigos. Además del Estado de Israel, ya sea en su forma abiertamente racista que predica la expulsión de los palestinos, o en su forma “moderada”, de expulsar a los palestinos hablando de paz y dos Estados, cuenta con el apoyo del imperialismo estadounidense y europeo, que financia la limpieza étnica y el apartheid israelí.

Rusia y China se limitan a votar por un alto el fuego en el Consejo de Seguridad. Putin siempre ha apoyado al Estado de Israel y tiene un acuerdo con él que permite a las fuerzas israelíes bombardear el territorio sirio sin que los rusos accionen sus baterías antiaéreas instaladas en Siria.

Los países árabes e Irán también se limitan a hacer declaraciones diplomáticas contra el genocidio en Gaza, ya sean aliados directos del imperialismo estadounidense, como Arabia Saudita o Egipto, o los países del llamado eje de la resistencia, liderado por el régimen iraní. De hecho, sólo los hutíes de Yemen han asumido un papel activo al impedir el tránsito de navíos hacia los puertos israelíes en el estrecho de Bab al-Mandeb. Las milicias iraquíes chiitas también han promovido algunos ataques contra las tropas estadounidenses en el país. El Hezbolá libanés, que todos esperaban abriera un nuevo frente de guerra en el norte de la Palestina ocupada, se limita a intercambiar balas y misiles con el ejército israelí en una pequeña franja fronteriza, a pesar de los esfuerzos de los sionistas por generalizar los combates, como demuestra el asesinato de Saleh Al-Arouri, un importante líder de Hamás, en Beirut, el 2 de enero de 2024.

Los verdaderos aliados del pueblo palestino no son los regímenes árabes, sino los trabajadores y la juventud árabe e internacional. Estas son las fuerzas que, a través de una Intifada palestina y una nueva ola de revoluciones en el mundo árabe, fortalecidas por la solidaridad internacional, tendrán las condiciones para derrotar a las fuerzas militares y poner fin al Estado de Israel, y conquistar una Palestina laica y democrático. Palestina, del río al mar.

Traducción: Natalia Estrada.

La lucha de los obreros agrícolas de Barrio Chino y las lecciones que deja

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El premier Otárola, mandamás del actual gobierno, ha protestado estos días por la liberación de tres detenidos en las protestas ocurridas en Barrio Chino y exigió a la Fiscalía una suerte de mano dura, al estilo de la paz que impone el régimen de la que forma parte, para “mantener el orden público”.

El hecho, en sí mismo, no llama la atención de nadie tratándose de un gobierno represor y asesino que no conoce nada de DDHH ni de democracia ni de autonomía de instituciones, salvo cuando se tata de liberar al dictador Fujimori. Llama la atención, en tanto al realizar su “denuncia”, el señor Otárola pone de relieve lo que sucede en la zona agroexportadora de Ica, que también salió a protestar en el marco de la convocatoria nacional por el primer año del gobierno de Boluarte.

La protesta nacional del 07 de diciembre convocada desde diversos sectores y que coincidió con la liberación del dictador Fujimori, se expresó en diversas movilizaciones que recorrieron las principales ciudades del país, especialmente Lima, Cusco, Arequipa y Juliaca, en las que miles de trabajadores, organizaciones populares y colectivos salieron a manifestar su repudio al gobierno, al podrido régimen que lo sostiene, contra el indulto a Fujimori y para recordar a los cayeron en las duras refriegas de diciembre-febrero.

La más significativa de las manifestaciones quizá fue la que se llevó a cabo en el mismo Juliaca, centro de las luchas que se desencadenaron en el sur y donde se produjo la mayor masacre. Ahí el pueblo aymara volvió a salir en forma masiva para mostrar que su indignación y lucha siguen vivas, y que no hay ni habrá olvido ni perdón mientras el régimen Boluarte siga en pie.

La jornada hubiera acabado el mismo 07 como una muestra de que la lucha continuará hasta que en algún momento sea retomada con todo, en tanto aun pesa el cansancio que aflige a su vanguardia y el freno que imponen las direcciones nacionales que se contentan con hacer marchas para las fotos mientras con la otra mano sostienen al régimen. Hubiera quedado ahí sin más, sin el nuevo brote de estallido que se produjo en el Barrio Chino.

Un brote de estallido

En realidad, en la zona no hubo un acto plegado a la convocatoria nacional, más bien se trató de un plan de lucha propio que empezó a gestarse desde antes y que se dio inicio el 03 de diciembre. El Barrio Chino, Expansión Urbana y El Álamo son grandes asentamientos humanos ubicados a lo largo de la Panamericana Sur a la altura del kilómetro 280, en Ica, y son habitados por miles de obreros que trabajan en las grandes agroexportadoras de la región; en su mayoría provenientes de Ayacucho. Una asamblea de obreros y pobladores había decidido iniciar la lucha el 03 de diciembre, lo hicieron tomando la carretera, no solo en protesta contra el gobierno Boluarte, sino también por demandas específicas como la exigencia de seguridad ciudadana, recursos hídricos para los pequeños agricultores, contra el alza del costo de vida y por mejores condiciones de trabajo, por indemnización y justicia para los presos, perseguidos y asesinados en las luchas del 2019, 2020 y 2023, entre otras.

La historia se repite

Así, se daba inicio a una nueva lucha que podría quebrar la paz impuesta por el régimen. Pero al mismo tiempo, ante ella, se pusieron en movimiento todos los actores conocidos con sus mediocres discursos. Con el mismo librero oficial con el que se acusó a las grandes manifestaciones del sur como instigados por los “ponchos rojos” de Bolivia, esta vez el ministro del interior de turno, Víctor Torres, salió a decir que se trataba de unos cuantos que también eran instigados por gente que venía “de otro lado”, intentando deslegitimar la lucha y sus reclamos y justificar la represión.

Lo cierto es que el domingo 03 la carretera amaneció bloqueada por más de 2 mil pobladores, como lo reconocieron los mismos medios, y se produjeron intensos enfrentamientos con la PNP que duró todo el día. En ellos resultaron numerosos heridos en ambos lados. La represión actuó con eficacia mostrando mejor preparación y fue cruenta: se desplazó calle por calle y casi casa por casa y detuvo a más de 30 manifestantes sin mediar orden ni autorización de allanamientos; pocas horas después el gobierno reforzó la represión enviando a 1,500 efectivos más a la zona. Al mismo tiempo, los grandes medios agitaban nuevamente el delito que significan los bloqueos de carreteras y cómo afectan a la población, el problema de los empresarios agrarios que se ven afectados nada menos que en plena campaña agrícola. Mientras las direcciones nacionales, como siempre, guardaban silencio cómplice. Así, se volvió a correr una cortina de humo sobre la naturaleza social del conflicto para no resolverla, y para reprimirla con facilidad.

La lucha continuó hasta el sábado 10 de diciembre, pero con fuerzas cada vez más mermadas. De este modo, sobre la voluntad de lucha de la vanguardia obrera se fue imponiendo la debilidad de los sectores no obreros, que desgastados por la crisis y sabiéndose ante una lucha dura, presionan por continuar con sus actividades; un fenómeno que también se observa en las mismas regiones de Puno y Cusco con economías languidecientes. La lucha se mantuvo así hasta que se distendió y suspendió, precisamente con la liberación de los detenidos a los que se refirió el dictadorcito Otárola.

El proletariado del campo

Lo acontecido, en realidad, muestra a las zonas de agroexportación convertidos en un barril de pólvora. El sector estalló a fines del 2019 en dos jornadas históricas que condujeron a la derogatoria de la ley 27360, ley que por espacio de dos décadas mantuvo un régimen sin derechos laborales en el sector agrario en beneficio de la gran burguesía agroexportadora. La lucha fue una inmensa experiencia que permitió construir organizaciones y forjar una vanguardia, pero al costo de la detención de innumerables activistas, la lesión de otros tantos y el luto de familias obreras por la muerte de dos luchadores, hechos que hasta la fecha ni se investigan ni se castigan a los responsables, pese a que algunos están plenamente identificados.

En la rebelión de diciembre-febrero esos mismos obreros del campo se volvieron a colocar a la vanguardia de la lucha contra el régimen de Boluarte, y dada su ubicación estratégica fueron también duramente reprimidos, dejando otra secuela de heridos y detenidos. 7 de los detenidos, bajo acusaciones como “terrorismo”, recién han sido puestos en libertad condicional.

Luego de la frustración de la rebelión de inicios de año, la bronca en el sector no solo amainó sino creció, como en todas partes, bajo el acicate de los problemas que a diario se suceden y que afectan a la población más pobre. En el sector, además, la situación de sobreexplotación de los trabajadores que apenas fue atenuada con la nueva ley agraria, los empresarios siguen haciendo campaña buscando derogarla para volver a la anterior, pretextando la necesidad de “reactivar la economía”. Su plan de siempre es generar más ganancias a expensas de los obreros en lugar de mejorar su productividad y tecnologías. A este hecho se suman las graves heridas que dejó la cruenta represión con decenas de procesados, fallecidos, heridos y huérfanos. Así, en todo este sector se ha venido alimentando un auténtico volcán.

Las lecciones

En estas condiciones se desencadenaron los recientes hechos. Por eso hay que ver el repliegue de estos días como transitorio, pues todo volverá a estallar en algún momento. Ante esto es preciso seguir los acontecimientos y prestar mucha atención a su situación, pues de alguna forma ahí es donde en estos tiempos se concentra la principal conflictividad obrera en el país. Estos trabajadores son por ahora la vanguardia del proletariado, que a sus reivindicaciones de clase suman la lucha política contra el Estado y el Gobierno –que es la tarea central en la actualidad–, mientras construyen formidables organismos territoriales de clase y de combate, constituyendo un verdadero ejemplo para toda la clase obrera.

Algunos sindicatos del proletariado industrial limeño, bajo la conducción de la CGTP y abogados que fungen de combativos, siguen enfocados en combates aislados y por demandas económicas, los que en lugar de lograr conquistas producen retrocesos mayores. Esto ocurre porque no es posible que unos cuantos puedan avanzar en la conquista de derechos cuando enfrentamos a un régimen que se ha instaurado como un escudo protector del régimen de sobreexplotación patronal, planteando la necesidad de derrotarlo primero.

Y es peor cuando esas luchas, en lugar de ser un punto de inflexión para fortalecer las organizaciones sindicales para la lucha nacional que es la decisiva, se la hace a expensas de desgastar a la base y reducir las afiliaciones, haciéndolas más vulnerables ante los ataques patronales que vienen en aumento. Hay que forjar la unidad de la clase obrera desde cada empresa y en el campo, y hacerlo a nivel nacional en torno al eje fundamental que es la lucha por el derrocamiento del régimen.

Factores económicos y sociales de la rebelión del sur

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A un año del estallido social del sur profundo, las causas políticas, económicas y sociales no solo no se han extinguido sino más bien se han agudizado. El hecho empezó como una reacción radical de protesta frente a la interrupción del gobierno del expresidente Pedro Castillo, por parte de una población para la que el intento de golpe de Estado de Castillo, que finalmente no se consumó y no tenía manera de consumarse, no era más grave que la constante hostilización y boicot de las fuerzas reaccionarias atrincheradas en el Congreso en su propósito de usurpar la elección popular. Sin embargo, las causas de la rebelión son más profundas que una simple manifestación de solidaridad o de simpatía política; en esta nota nos referiremos a algunas de las causas que en parte explican las luchas de la sierra sur.

BS N° 142

Entre las causas del estallido hay deudas no saldadas desde la colonia donde la población indígena fue sometida a las peores prácticas de opresión, explotación y hasta exterminio, y en 200 años de vida republicana no hubo más que soluciones parciales, en gran medida arrancadas solo después de memorables luchas campesinas. Eso sería solo historia del pasado, si no fuera que la opresión clasista y racista sigue siendo uno de los principales instrumentos de las clases dominantes, tal como se ha visto en treinta años de plan neoliberal que profundizó la desigualdad, así como en la pandemia que develó la pobreza nacional y en la propaganda del “terruqueo” predominante en las últimas elecciones generales de 2021 y durante el gobierno Castillo.

El rechazo a la estafa neoliberal

El plan neoliberal impuesto por la dictadura fujimorista, y continuada por los sucesivos gobiernos “democráticos”, permitió una exorbitante creación de riqueza, pero esta fue dirigida a las grandes corporaciones y transnacionales por diferentes medios: entrega en condiciones de regalo de empresas públicas y de ricos yacimientos de recursos naturales; regímenes laborales “promocionales” como el de exportaciones no tradicionales, la tercerización laboral –utilizadas masivamente en la minería–, y el derrotado régimen de promoción del agro, que son regímenes de sobre explotación que mantienen a los trabajadores, los verdaderos creadores de la riqueza, en el borde de la pobreza.

El plan neoliberal, además, empezó con despidos masivos en los sectores público y privado y el desmantelamiento del Estado, especialmente de la salud y la educación públicas.

La “bonanza” neoliberal nunca significó una mejora significativa de la economía de las masas populares. Peor todavía, en ningún momento implicó trabajo para toda la población ni mucho menos; ese auge coexistió con una economía informal e ilegal de la que depende una enorme masa laboral, principalmente en la minería informal o ilegal, el comercio, el transporte, que sirven de refugio, pero en condiciones laborales más deplorables.

El reducido empleo formal y los bajos salarios desnudan no solo los altos niveles de sobre explotación sino también el ínfimo nivel de industrialización que caracteriza a la economía nacional, y este es el resultado del papel que el imperialismo impone al país de productor de materias primas, cerrado a cualquier posibilidad de desarrollo de la economía nacional. En otras palabras, la burguesía no tiene nada que ofrecer que no sea un sistema de expoliación de la riqueza y un modelo basado en la producción de materias primas y alimentos envasados.

El resultado, una desigualdad social en niveles extremos, donde la peor parte la llevan los pueblos del interior en general, y de la sierra sur en particular ya que ellos son los que padecen los más altos niveles de pobreza, desempleo y subempleo.

Esa realidad explicó que una candidatura casi desconocida consiguiera escalar el 2021 con el lema “no más pobres en un país rico”, que, aunque solo fue declarativo, tuvo a la vez que un mensaje de denuncia, uno de promesa que los pueblos del interior hicieron suyo.

La vena clasista y racista de la burguesía en la campaña electoral 2021

La relación del movimiento de masas con el plan neoliberal fue de resistencia y confrontación tal como muestra la larga lista de conflictos sociales de las últimas dos décadas, aunque atomizados y dispersos. El descontento fue capitalizado por diferentes partidos burgueses o reformistas que captaron los votos con falsas promesas de cambio para traicionarlas a los pocos días una vez llegados al gobierno, no sin ir profundizando la crisis del régimen de falsa democracia.

En el 2021, Castillo logró sacar la mayor votación con solo de 13% y pasó a la segunda vuelta con Keiko Fujimori, no solo la candidata de los ricos, heredera de la dictadura corrupta y criminal de su padre en los noventa, y ella misma procesada por lavado de activos y sus vínculos con la mafia judicial.

La segunda vuelta fue altamente polarizada. De un lado Pedro Castillo ofrecía la estatización o nacionalización de los principales yacimientos mineros y gasíferos, una nueva constitución política y la consigna “¡no más pobres en un país rico!”; mientras los defensores de la intocabilidad del modelo económico y la actual constitución, los principales grupos de poder económico y sus partidos se unieron en una campaña demoledora contra Castillo asociándolo mañosamente al terrorismo y al senderismo.

Esa fue una campaña contra el candidato, pero con una propaganda que desnudó toda la vena clasista y racista de la patronal, provocando un mayor repudio popular especialmente de los pueblos del interior, y que se hizo más descarada después del resultado electoral y durante el gobierno de Castillo.

Las luchas del sur no fueron un rayo en cielo sereno

La población del interior tiene un ya largo historial de luchas y estallidos en defensa del campo y su medioambiente como fuente de supervivencia, enfrentando proyectos mineros y petroleros y gobiernos que privilegian a las empresas por encima de los intereses de la población campesina, a pesar de que de estos sectores depende la seguridad alimentaria de la población nacional. Más de cien conflictos sociales con hechos de violencia se producen cada mes desde hace años como respuesta a la prepotencia de empresas mineras en impacto ambiental, acaparamiento de vías y del recurso escaso del agua, o la imposición de proyectos contra de la voluntad popular.

La situación empeoró aún más con la pandemia, el campo se convirtió en actividad de refugio para sectores de la población urbana que migraron por pérdida del empleo o cierre de su actividad económica, y continuaron las protestas en temas como el reparto del recurso hídrico, disposición de créditos promocionales, obras de infraestructura o medidas frente a desastres climáticos o crisis como la de los fertilizantes.

El gobierno de Castillo no representó un cambio en el meollo de la política económica neoliberal. La opción tomada por Castillo, de ceder sucesivamente a las presiones de la oposición como principal medio para conseguir gobernabilidad, hizo que fuera dejando de lado los anuncios de campaña para terminar defendiendo sin mediaciones el plan económico. Eso, sin embargo, no lo libró de la hostilización y la amenaza de una vacancia y ganó cierto rechazo de sectores populares.

Los conflictos sociales no se diluyeron sino más bien crecieron y se hicieron más intensos; uno de los más saltantes fue el de los movimientos campesinos contra la falsa “segunda reforma agraria”, denunciando cómo se privilegiaba a los agroexportadores, y la inoperancia frente a la crisis de fertilizantes. También estallaron luchas populares contra los abusos de mineras como Las Bambas.

Pero la burguesía y sus partidos habían llevado la confrontación a otros terrenos con su discurso reaccionario, autoritario, clasista y racista.

El gobierno de Castillo llevó las demandas populares al terreno de las mesas de diálogo y reuniones descentralizadas de consejo de ministros con participación de organizaciones populares. Y mientras el gobierno trabajaba para evitar un mayor escalamiento de los conflictos, el Congreso seguía impulsando la vacancia. Entonces la confrontación de las luchas pasaba a ser contra el Congreso, más aún cuando, en una de las reuniones descentralizadas de consejos de ministros, el gobierno aprobó la demanda de asamblea constituyente.

Si bien no hubo soluciones, las organizaciones populares, aunque desigualmente, fortalecieron su organización en el debate de las principales demandas y vías de solución, y en ese proceso, la consigna de la campaña electoral por una asamblea constituyente se convirtió en una bandera de lucha de las propias organizaciones populares, junto con la de cierre del Congreso.

Contradictoriamente, este avance no resolvió el problema de la dispersión de las luchas y nunca llegó a estructurarse una respuesta nacional y en eso hay una responsabilidad fundamental de las organizaciones políticas, sindicales y gremiales del movimiento popular.

En ese contexto se dio un nuevo intento de vacancia y el fallido autogolpe de Castillo, que aceleró su destitución, y la reacción principalmente de la población del sur, que tomó la vanguardia en una lucha que en realidad es de los pueblos y de la clase trabajadora a nivel nacional. Las causas que afectan a todos, ahora se profundizan ante una recesión, inflación y los embates del Niño, una profunda crisis política en la que la patronal impone sus condiciones.

¿Por qué fue débil la participación de la clase obrera en la rebelión del sur?

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La actitud de los trabajadores tiene que ver con el problema de su dirección, es decir de la CGTP como de la “izquierda” parlamentaria, que hacen parte del régimen establecido y que la lucha popular cuestiona de raíz planteando su derrocamiento.

Escribe Manuel Fernández

La caída de Castillo destapó la rebelión de los sectores campesinos y populares del Sur identificados con él, ante la arremetida de la derecha y el Congreso corrupto que después de atacarlo con odio de clase se hicieron del poder para enterrar sus expectativas de cambio. La indignación fue mayor por la traición de Boluarte, que no solo se pasaría al otro bando sino peor aún ordenó la cruenta represión de la movilización campesina y popular etiquetándola de ser instigada por terroristas y violentistas.

El movimiento desplazó miles de manifestantes a la capital con la firme determinación de acabar con Boluarte y el Congreso ganando la simpatía de los sectores populares de Lima, de sectores de la juventud y de los trabajadores, que en buen número se sumaron a las jornadas de lucha convocadas en su apoyo. La lucha obligaría a la élite en el poder a discutir una salida a la crisis mediante el adelanto de elecciones, pero ésta no se resolvió, al final la lucha del sur se replegó y el régimen impuso su “paz”; la paz de los cementerios.

Para garantizar el triunfo se necesitaba el ingreso a la lucha del grueso la clase obrera, con sus organizaciones y su método de lucha, como el paro nacional. Pero esto no ocurrió.

La clase obrera y la lucha contra Boluarte

El ingreso de la clase obrera era decisivo no solo por su ubicación en el centro de la economía nacional donde se mueven los grandes negocios y que podían y debían ser paralizados. Lo era sobre todo por sus numerosas organizaciones, su disciplina, su experiencia y combatividad aprendidas en años de luchas y el activismo forjado en ellas, y por su centralidad de clase, todo lo cual debía ponerse al servicio de esta gran pelea para la derrota del régimen que también era de vena antiobrera.

Sin embargo, a un año del estallido popular, queda claro que la clase obrera organizada no se involucró en esa lucha ni abrazó su causa ni sus banderas, y que esto ocurrió principalmente por su dirección política conciliadora y reformista.

Antes del estallido social, la CGTP actuaba como furgón de cola del gobierno de Castillo desmovilizando a la clase obrera y renunciando a organizar su movilización independiente por sus reivindicaciones y el cumplimiento de las promesas electorales. El resultado de esa política fue dejarle a la derecha más cavernaria toda la iniciativa para apoderarse de las calles, ganar fuerzas y avanzar en su plan de darle el golpe al gobierno, hecho que consumaría el 07 de diciembre. Esa misma actitud conciliadora llevaría a su bancada de “izquierda” a votar junto con la derecha reaccionaria por la vacancia, en nombre de la “defensa de la democracia”.

No solo esto. Además, el ascenso de Boluarte fue legitimado casi de inmediato por la dirigencia de la CGTP que rauda concurrió a Palacio a saludarla, argumentando que había que sostener la institucionalidad y gobernabilidad del país, nada menos de un gobierno de inequívoco signo reaccionario y en momentos en que se iniciaba el estallido popular y ya caían las primeras víctimas.

Para justificar la represión y el uso de las armas contra los manifestantes, el gobierno, la burguesía y sus medios de comunicación atizaron una vil campaña de acusaciones contra la rebelión, señalándola como violenta y subversiva y azuzada por terroristas y desadaptados, mientras ellos se mostraban como defensores de la paz y en defensa de la democracia puestos en peligro.

Todos sabemos el poder que tienen los medios de comunicación para establecer creencias, despertar miedos y distorsionar realidades. Pero ante su poder corrosivo la central no dijo ni pio en defensa incondicional de la lucha, y la dejó correr prestándose a la confusión que generaba en vastos sectores obreros y de las clases medias acomodadas.

El rol de la CGTP

Así, la dirección de la central contribuiría a la confusión que mellaría la fuerza y acción de la clase obrera en la capital. De ahí que solo modestos sectores sindicales asistirían a las convocatorias oficiales, dejando las manos libres a Boluarte para ensañarse represivamente contra el estallido social que dejaría 69 muertos y cientos de heridos.

La dirigencia de la CGTP convocó a algunas jornadas nacionales en solidaridad con el conflicto. Pero estas ya estaban dosificadas y se hicieron solo con la única finalidad de aparecer al lado de los que luchaban.  

Como colofón de todo, la central disfrazó su política convocando a una “Huelga Nacional Indefinida” desde el 9 de febrero sin preparación alguna y destinada a fracasar. La “huelga” se redujo a una marcha cívica, incluso con resguardo policial, la que se dirigió al Congreso y terminaría ahí donde una comisión oficial recibió a los dirigentes. Todo esto generó bronca y desazón entre los miles de luchadores que vieron en esto una traición, y produjo más confusión y desmoralización en las bases obreras que veían a las acciones convocadas por la central como un pasacalle.

¿Qué hacemos ahora?

La pobre participación de la clase obrera en esta gran lucha se explica, entonces, por la política de su dirección que actúa como correa de trasmisión de los intereses de la patronal y del Estado en el seno de la clase obrera, manteniéndola despolitizada y alejada de las grandes luchas que se libran en el país. 

De aquí se entiende también que esta dirección la mantenga encasillada en la lucha de cada uno por sus pliegos de reclamos, con la falsa idea de que así lograrán mejorar sus condiciones de vida y trabajo cerrando los ojos ante los que manejan el gobierno.

Con este papel de la central anta la lucha del sur no solo se la dejó a su suerte y presa de la respuesta represiva del gobierno, sino también se perdió la oportunidad de infligirle una derrota al gobierno y al Congreso y gestar una salida política independiente en la vía de realizar el programa de cambios que tanto necesitamos.

El nefasto rol de la dirección de la central durante dichas jornadas históricas, no debe llevarnos a cuestionar la importancia de la CGTP y de los organismos sindicales para la organización de la pelea. Más bien debe llevarnos a dar la pelea por cambiar a dichos dirigentes. Una tarea que solo podremos llevar a cabo persistiendo en la lucha y construyendo una nueva dirección verdaderamente clasista y revolucionaria.

De “La Batalla por Puno” a la batalla de Puno

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El verdadero significado de una lucha histórica

Redacción PST

La Batalla por Puno es un clásico de las investigaciones históricas y antropológicas a las que se han referido muchos intelectuales recientemente, intentando entender la conflictividad desatada desde dicha región hacia todo el sur andino (José Luis Rénique, IEP, 1986).

La investigación detalla desde el altiplano, centro de las culturas milenarias aymara y quechua, su constitución, historia, valores e identidad, y la marginación, discriminación y expolio a la que son sometidas desde la época colonial hasta el presente, y que explican su rebelión y lucha histórica como la que protagonizan estos días.

Se intitula La Batalla por Puno porque, desde el punto de vista de la academia y las clases medias ilustradas, todo el problema del sur se resolvería superando las profundas desigualdades y fracturas con que nació la República, su inconclusa constitución como nación y su Estado fallido, cambiando las reglas de juego y haciendo que los puneños y todas las nacionalidades originarias del país se sientan verdaderamente representadas, reconocidas y respetas.

No obstante, este sueño, que en realidad nace con la misma República, solo ha demostrado en 200 años de azarosa historia con violencia y muertes como la que acabamos de presenciar, la imposibilidad de ser cumplida porque en realidad ella nació mal y no tiene arreglo.

Las demandas democráticas de Puno y de las nacionalidades oprimidas del Perú solo se van a realizar destruyendo el sistema actual basado en el capitalismo dependiente y semicolonial y construyendo otra república y otro estado, con un gobierno de trabajadores, campesinos e indígenas, que construya un Perú Socialista.

A la sazón, no se trata de una discusión académica con académicos ni con la izquierda reformista que con el mismo discurso se mantiene aferrado al semicadáver del sistema capitalista. Se trata del futuro de una lucha que tiene a Puno como su epicentro, pero que en realidad es la lucha de todo el pueblo trabajador y pobre que no puede dejar pasar esta oportunidad para avanzar hacia los cambios de fondo que necesitamos, aprendiendo de las lecciones que nos deja la lucha.

Breve historia

Los enfrentamientos de clase en el Perú están atravesados por otro más antiguo como son los étnicos y culturales que vienen desde la colonia cuando se impuso un sistema de saqueo y explotación destruyendo a otra originaria, lo que con la independencia –hecha por criollos—terminaría configurando dos mundos en un mismo espacio denominado Perú: el de Lima, principalmente, más desarrollada y habitada en su mayoría por blancos (y ahora más mestizos) y culturalmente más identificados con el exterior, y el sur andino, más atrasado, indígena y campesino, con una cultura y tradición que echan raíces en el antiguo Perú. Dos mundos impuestos desde la colonia donde el primero sojuzga, expropia y explota con un inmenso muro de segregación racial, social y económica a las poblaciones originarias, y que se ha preservado en 200 años de República porque han servido de base para alimentar un sistema capitalista parasitario dependiente y semicolonial.

Contra este sistema o forma de apartheid de la nueva República, solo en el último siglo se produjeron verdaderas epopeyas de luchas de esas mismas poblaciones, como las libradas en 1915 con el levantamiento de Teodomiro Gutiérrez (Rumi Maqui) y que también tuvo su centro en Puno, contra el gamonalismo, el trabajo servil y la confiscación de tierras comunales, y reivindicando la vuelta al Tahuantinsuyo, y que sería ahogada en sangre. Un nuevo movimiento con las mismas banderas tiene lugar entre los años 1921 y 1923, con epicentro en Sicuani y que se extiende a todo el altiplano, que también será brutalmente aplastado, como fue Huancho Lima, la proclamada capital del pueblo aymara, donde fueron ejecutados más de dos mil campesinos y sus líderes fusilados.

En el largo periodo de los años 40 al 60 se desataría otra larga ola de sublevaciones en todo el ande, por la tierra y por la abolición del trabajo servil, con sindicalización campesina, huelgas y toma de haciendas, que también costaría cientos de muertos, detenciones y persecuciones, hechas también con los mismos señalamientos despreciativos, y que tendría su hito en el levantamiento encabezado por Hugo Blanco y que, aunque derrotado, terminaría conquistando la reforma agraria dictada en los años 70.

Con esta reforma se resolvería el problema de la tierra, pero al mantenerse el sistema capitalista atrasado y semicolonial perduraría el atraso del campo, su explotación y el mismo sistema de segregación y marginación en favor de la élite gobernante desde Lima y la costa asociados al imperialismo.

En los años 80 y parte de los 90 el descontento pretendió ser canalizado por Sendero Luminoso, pero por su carácter mesiánico y sus métodos autoritarios fue resistida por la población andina, y finalmente sería contrarrestado con otra represión genocida desatada por el Estado que causó otra masiva masacre de campesinos e indígenas (69 mil), refrescando el mismo mensaje histórico: sus vidas no valen nada, ahora bajo la etiqueta de “terroristas”.

En la reciente época inaugurada con el neoliberalismo fujimorista el campo volvió a escena enfrentando un nuevo problema: la expansión de las actividades mineras y petroleras que trajeron nuevas ocupaciones de tierras y destrucción de sus recursos naturales (como el agua) sumiéndolos en más pobreza, solo para crear una boyante y rentable industria extractiva que se capitaliza en Lima y sobre todo en el exterior, con lo que se realimentó la histórica polaridad y un nuevo ciclo de conflictos. Estos conflictos fueron controlados por el Estado con renovados ataques represivas justificados con el discurso terruqueador, hasta que la corrupción melló la poca credibilidad en la que se sostenía y la feroz pandemia terminó por quebrar su frágil equilibrio despertando de nuevo al mundo andino.

Pedro Castillo

En un inicio, esa crisis se canalizaría por la vía electoral cuando el campo (con el apoyo de la clase obrera) vota de manera sólida por Pedro Castillo al que considera “suyo” y que a la sazón prometía cambios reales para sus vidas. Para los viejos grupos de poder el resultado será de pesadilla pues se instalará en Palacio un representante del mundo andino al que habían oprimido, explotado y marginado durante 200 años y que amenazaba con cambiar esta realidad. Era un triunfo histórico para aquellos y una derrota histórica para los otros; pero en el terreno electoral. Por eso ahora se trataba de sabotear y hundir al gobierno de Castillo poniendo en movimiento todo su poder, y recargando sus viejas armas de discriminación, insultos y terruqueo, hasta que 16 meses después lograron la vacancia. 

Como ya se sabe, Castillo en el gobierno no hizo nada en favor del campo y más bien fue responsable del agravamiento de su situación, y concilió con sus grandes enemigos manteniendo todos sus privilegios. Pero, como se sabe, los poderosos jamás perdonan a los que no son suyos y por eso desde su ala derecha no cesarían de atacarlo, ataques a los que el mismo Castillo contribuiría con su desastrosa gestión de gobierno y corrupción. Así, al mismo tiempo que la derecha ganaba las calles y las clases medias urbanas eran ganadas a favor de la vacancia, las direcciones de “izquierda” desmovilizaban a la clase obrera y dejaban aislado al gobierno; tan aislado que esa misma “izquierda” votaría a favor de la vacancia. Por esta razón el rechazo al desafuero viene desde el interior, donde Castillo pese a todo mantenía considerable apoyo.

La rebelión

La respuesta que se desarrolla desde el interior tiene dos momentos. El primero se inicia en protesta por la destitución de Castillo. El otro, cuando se produce la respuesta criminal con las masacres del 12 de diciembre en Andahuaylas (5 fallecidos) y días después en Huamanga (11 fallecidos), dando inicio a una verdadera rebelión histórica. Ella sería atizada con la masacre de Juliaca el 9 de enero (18 muertos), la militarización, detenciones y toda la represión que se desata sin parar en todo el país para sofocar la movilización; una respuesta violencia que venía desde la campaña pero que ahora se traducía en muertes y sangre, reviviendo las mismas heridas y llagas del pasado histórico. Así, una lucha de reivindicación de Castillo pasa a convertirse en una rebelión contra la misma represión y discriminación del gobierno y Estado, y por las banderas de igualdad ante las leyes, de reconocimiento cultural y de derechos, y las demandas de fuera Boluarte y el Congreso y de Asamblea Constituyente.

¿Refundar la República?

En todo lo dicho hay mucho acuerdo con los sectores intelectuales que reconocen el carácter profundamente democrático de la lucha en curso. En lo que no hay acuerdo, repetimos, es en la pretensión de reformar o refundar la República.

En realidad, no es posible. Es una aspiración que viene desde la fundación de la misma República cuando fue creada teniendo como maestra a la democracia europea, sueño que los intelectuales repiten cada que estalla una nueva crisis como un deseo de infancia, sin sacar lecciones de 200 años de luchas y rebeliones con ríos de sangre de por medio, en los que no se pudo dar ese paso porque existen problemas estructurales que son actuales.  

No hay posibilidades de reformar o refundar la República y alcanzar un estado moderno a imagen y semejanza de Europa porque el Perú ingresó a la “modernidad” capitalista en condiciones de semicolonia, es decir sometido al Imperialismo. Romper con esa dependencia significa romper las cadenas que nos atan al capitalismo mundial y enfrentarnos localmente a sus socios menores burgueses y a su la élite gobernante, es decir a enfrentarnos a los que debían construir la verdadera República. Por eso no es posible.

Por eso también las banderas del sur son extraordinariamente actuales y van a seguir motorizando la lucha popular por toda una etapa. Y esas banderas solo se pueden llevar a cabo como parte de una lucha nacional que una a todos los oprimidos y explotados, que al mismo tiempo haga suyo también la lucha contra el imperialismo, por la independencia, la nacionalización de los recursos naturales y por el establecimiento de un gobierno de trabajadores, campesinos e indígenas, que las lleve a cabo.

De aquí que la tarea no es que la República conquiste a Puno, como creen los intelectuales y demócratas de clase media. La tarea es que Puno y el Ande derrotando a la actual, construyan otra sobre nuevas bases sociales y económicas, en alianza con la clase obrera.

El lugar de la Constituyente

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Por Víctor Montes

Como hemos escrito anteriormente, la demanda de Asamblea Constituyente (AC) se ha transformado, en el país, en la expresión genuina del anhelo de cambio del pueblo pobre. Esto se vio con particular claridad en la lucha de principio de año, encabezada por las poblaciones del sur, convirtiéndose en una de las consignas centrales de la lucha.

Dos caras de una misma consigna

Con la demanda de AC, los pueblos han manifestado su deseo de echar abajo la democracia corrupta que vivimos. Esto es, una democracia donde no importa quien gane, una y otra vez, termina imponiéndose el interés del gran capital, que deja el paso libre al saqueo de nuestros recursos, y desprotege a los trabajadores y trabajadoras del país. Todo en nombre del libre mercado.

Por eso, además de cambiar las instituciones del Estado, la demanda de AC busca también cambiar las reglas del juego para pasar a recuperar los recursos naturales, y lograr un cambio en el rol económico del Estado, actualmente absolutamente entregado a los intereses transnacionales.

En ese mismo sentido, existen sectores de la clase trabajadora urbana, y del proletariado rural, que han entendido que la constitución de la dictadura fujimorista, impuesta en 1993 y aún vigente, es el candado que asegura las condiciones de explotación y miseria en la que viven. Esos sectores también abogan por una nueva constitución, nacida de una AC.

Sin embargo, existe otro sector que levanta la misma demanda en un sentido distinto: la izquierda reformista. Estas organizaciones y personajes (Nuevo Perú, el Partido Comunista, Patria Roja, Perú Libre, Sigrid Bazán, Isabel Cortez, el Bloque magisterial, etc.) , adictos a las elecciones, hacen campaña consciente para que el pueblo pobre piense que la AC es la solución de fondo a todos los males del país.

Es decir, para que pongan sus expectativas -nuevamente- en las elecciones, y no en su propia lucha y movilización.

Medias verdades…

Desde el marxismo, y nuestra postura, la demanda de Asamblea Constituyente juega un papel progresivo en tanto es expresión del hartazgo popular con la realidad que vivimos, propiciando su movilización contra el gobierno y el régimen democrático podrido y sometido al imperialismo que impera en el país. Por eso hace parte de nuestro programa de demandas.

La clave, para nosotros, es que dicha demanda está supeditada a la estrategia de poder que levantamos para el conjunto del país: la toma del poder por parte de las organizaciones obreras y populares. Es decir, la conquista de un gobierno obrero, campesinos y de las nacionalidades oprimidas (quechua, aymara, asháninka, shipiba, etc…) que decida en forma soberana, y sin la participación de las grandes empresas, el destino del país.

Por eso, cuando pensamos en AC, de inmediato agregamos: AC para nacionalizar las minas, el gas y el petróleo. AC para devolver las tierras y territorios, hoy en manos de mineras, petroleras y forestales, a las comunidades nativas y campesinas. AC, para garantizar el derecho libre de sindicalización y huelga. AC, para que todo cargo público gane lo mismo que un maestro o maestra de escuela pública. etc.

Es en esa discusión y permanente movilización por la conquista de la AC, que esperamos que la lucha se desarrolle hacia la toma del poder.

Sin embargo, no podemos dejar de decir que las expectativas que los sectores del interior y la propia clase obrera tienen en la AC expresan, como escribimos en otra oportunidad, “…la confianza que esos mismos sectores tienen en las instituciones de la democracia patronal, a la que nunca han accedido plenamente, y por tanto, mantienen la esperanza de llegar a solucionar sus más sentidos problemas por su concurso.”

Es esta expectativa la que alimentan los partidos y grupos que se hacen llamar “de izquierda” para desviar la movilización obrera y popular.

Entonces… ¿Qué papel tiene la AC hoy?

En tal sentido, reiteramos el lugar que esta consigna tiene para nosotros, que construimos un partido obrero, marxista y revolucionario en el país: justo anhelo del pueblo pobre y trabajador, e impulso de la movilización.

Y es por eso, retomando lo que ya hemos dicho, que “…resulta clave que el movimiento obrero, en tanto avanza en su politización y retoma el camino de la movilización… tome en sus manos esta bandera (la AC) de manera combativa y consecuente.

En la coyuntura que vivimos, la demanda de AC se transforma en una bisagra capaz de articular las reivindicaciones del campo y la ciudad unificándolas contra el gobierno asesino de Boluarte y el Congreso….”

Y añadimos. Esa bisagra debe ayudarnos a forjar lazos de lucha y confianza entre los sectores del campo y del interior, con la vanguardia obrera combativa. En la lucha, debemos desarrollar el debate profundo de la necesidad de poner esa AC al servicio de romper los lazos que atan al país al imperialismo, recuperando los recursos naturales y la tierra. Mejorar de manera real las condiciones de vida del pueblo pobre, y romper los privilegios de la costra podrida y corrupta que administra el Estado.

Y por lo mismo, explicar nuevamente que solo un gobierno del pueblo pobre y trabajador, de sus organizaciones de lucha, en alianza con las organizaciones combativas del campo y las nacionalidades oprimidas, sin patrones ni sus partidos, podrán defender y hacer realidad esas medidas y, por tanto, que es la única salida de fondo a los problemas que nos aquejan.

Las banderas del sur y el germen de la revolución

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Por Víctor Montes

Entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, los pueblos del interior, particularmente del sur del país, se levantaron exigiendo, con absoluta justicia, el respeto a su voluntad expresada en el voto por Castillo y, de fondo, la democratización de la sociedad peruana, expresada fundamentalmente en la exigencia de Asamblea Constituyente.

El detonante del levantamiento, fue la detención e inmediata vacancia de Pedro Castillo, tras su fallido intento de golpe de estado, y la conformación de un gobierno hipotecado a los sectores más reaccionarios, conservadores, racistas y antipopulares que dominan el Congreso (Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Alianza por el Progreso, Acción Popular…).

Un gobierno que fortaleció los elementos autoritarios del régimen democrático en crisis, disparando contra el pueblo y reeditando el acostumbrado desprecio contra los sectores populares, particularmente la población proveniente de la sierra, por medio del conocido “terruqueo”.

Un año después, los motivos tras el levantamiento siguen intactos: Boluarte sigue al frente del gobierno. La mayoría reaccionaria del Congreso avanza en su agenda antipopular. Y sobre todo, la miseria crece en el país y la discriminación, marginación y opresión contra el pueblo y las nacionalidades originarias se acentúan en este contexto.

Elementos de fondo

Tres elementos se combinan en la base del estallido y levantamiento de los pueblos del sur: la miseria a la que nos condena un desarrollo capitalista completamente sometido al dominio imperialista. Dos, la frustración continua del pueblo con una democracia hipotecada a los mandatos empresariales. Tres, la permanente discriminación y opresión a la que son sometidos los pueblos del interior y las nacionalidades originarias. Opresión que sirve al capital, tanto al dividir al pueblo como para extraer la mayor cantidad de plusvalía posible en su explotación.

Estos tres elementos escalaron durante el gobierno Castillo, tras años de descomposición y crisis de la democracia colonial que se expresaron en los continuos cambios de gobierno (5 presidentes en 7 años). Y finalmente estallaron, mostrando el fracaso de la República construida bajo los intereses de la corrupta oligarquía empresarial durante los últimos 30 años. Fracaso que evidencia la incapacidad de la clase burguesa de nuestro país a lo largo de 200 años de independencia, para crear condiciones de desarrollo y bienestar para toda la población.

Las banderas del estallido

Y es ese fracaso de la democracia criolla, capitalista y sometida al imperialismo, el que enfrentaron los pueblos del sur con su levantamiento, materializando esa justa rabia y anhelo de cambio en las consignas “¡Fuera Dina Bolurate! ¡Cierre del Congreso! ¡Elecciones inmediatas! ¡Asamblea Constituyente!”. Era la forma que encontró el movimiento de plantear que era necesario echar abajo todo.

la respuesta de la “democracia”

La respuesta de esa democracia falsa fue la represión sangrienta. No podía ser de otra forma. El Estado, como siempre hemos comprendido desde el marxismo, es fundamentalmente un aparato que organiza la violencia de la clase dominante contra las clases dominadas, oprimidas y explotadas.

La forma que adquiere en cada momento (república democrática, dictadura militar, monarquía parlamentaria…) es solo la envoltura con la que presenta esa dominación violenta.

En ese sentido, la “democracia” es la que mejor maquilla esta realidad, pues hace pensar que “todos” son responsables por lo que sucede ya que “tienen derecho a elegir”. Logra esta falsa idea por medio de elecciones, parlamentos y mesas de diálogo. Pero en la hora de la verdad, también la democracia descubre su rostro represor.

“Democracia” y nación

Y fue justamente la represión sanguinaria desatada por el gobierno, y su campaña de “terruqueo” llena de desprecio contra la población ayacuchana, andahuaylina y puneña, que ya había sido insultada y estigmatizada de forma impune por la burguesía y sus hinchas de las clases medias urbanas durante la campaña electoral, la que incorporó plenamente a la lucha las banderas de la identidad nacional de los pueblos quechua y aymara, discriminados y oprimidos consuetudinariamente por desde la colonia.

Con esto, la democracia criolla y sometida al imperialismo dejó ver su otro fracaso: además de su imposibilidad de generar bienestar para el pueblo, se mostró incapaz de constituir, no ya una “nación” peruana, sino un proyecto integrador, en el que las nacionalidades herederas de los pueblos que fueron subyugados por los españoles, hagan parte con igualdad y plenos derecho, para gozar de sus beneficios.

Una nueva traición

Todo lo anterior propició que el levantamiento del sur no tuviera, para terror de la oligarquía empresarial y sus agentes en el Estado, gente dispuesta a “negociar”. Esto es, a corromperse ante su poder y dinero.

Esto hizo que, mientras la lucha fue dirigida directamente por las organizaciones populares del sur, con el pueblo puneño y aymara a la vanguardia, en forma independiente de las viejas organizaciones reformistas que se dicen “de izquierda”, puso en vilo la continuidad del gobierno, e incluso abrió la posibilidad de imponer la convocatoria a una Asamblea Constituyente, como sucedió en Chile en 2019.

Si esto no sucedió, fue justamente porque las direcciones tradicionales del movimiento obrero y popular (el Partido Comunista, Patria Roja) y la izquierda parlamentaria (Nuevo Perú) jugaron a impedir que los trabajadores, trabajadoras y el pueblo pobre de las ciudades, se incorporen a la lucha en forma plena y combativa.

Todo lo contrario, lucharon por dividir la movilización para capitalizarse desde su actuación en el podrido Congreso. Es decir, lucharon por desviar la lucha a los cauces de la misma vieja y falsa democracia.

Como no podía ser de otra forma, todos sus intentos por conciliar y obtener los votos necesarios para “adelantar las elecciones” -que no es lo mismo que echar abajo al gobierno- terminaron en un punto muerto, sirviendo de base para el fortalecimiento de los sectores reaccionarios y del propio gobierno Boluarte.

La clase obrera y la lucha del sur: una sola perspectiva

Esta política de las direcciones llevó a que la clase obrera se viera imposibilitada de ingresar a la lucha y hacia dónde caía la balanza con su método (la huelga general).

La clase trabajadora, y particularmente la clase obrera de nuestro país, comparte el mismo origen étnico y cultural que los pueblos que se levantaron en el interior. Migrante, o descendiente de migrantes, las obreras y obreros del país son de raíces puneñas, ayacuchanas, huancaínas, loretanas, huancavelicanas, iqueñas, lambayecanas, cajamarquinas y un larguísimo etcétera. También tienen origen afro y chino.

En ese sentido, el movimiento del sur gozó la amplia simpatía de la clase trabajadora, que tomó sus banderas, pero no tuvo opción para salir a luchar.

Está claro que las masas pobres y trabajadoras de las ciudades tienen la misma necesidad de echar abajo esa “democracia” podrida y sometida al imperialismo, que es la garantía de los regímenes de super explotación y miseria en la que viven y con los que se llenan los bolsillos sus patrones.

En la experiencia de la explotación y la lucha contra ella, la clase obrera que tiene diversas procedencias, costumbres, sexo e identidad de género y opción sexual, se reconoce como una sola, se organiza y construye una perspectiva verdaderamente democrática e integradora.

Por eso, es imprescindible que la clase trabajadora, y dentro de ella la clase obrera organizada, haga suya las banderas que levantó el sur y las combine en su programa de lucha y acción contra el alza del costo de vida, por mejoras en el salario, la salud y la educación, etc. para hacerlo realidad mediante construcción de su propio poder, en alianza con las organizaciones del pueblo pobre y las nacionalidades originarias.

Esto es, la conquista de un gobierno obrero, campesino, popular, que a partir del reconocimiento del derecho a la autodeterminación de las naciones oprimidas, las invite a ser parte, de pleno derecho, de la construcción del país.

Porque la revolución peruana será en primer término, una lucha por la liberación del país del yugo imperialista y la ruptura con las relaciones sociales que se han combinado para sustentar dicha dominación: la explotación capitalista del trabajo y la tierra, y la opresión de las nacionalidades originarias, heredada de la colonia. Una revolución que haga por fin realidad las banderas de la democracia, burlada hasta el día de hoy por la República de la oligarquía empresarial.

Esto mismo es lo que comprendió Mariátegui a principios del siglo XX, cuando en 1928 definió en el programa del Partido Socialista que él fundó que “…Sólo la acción proletaria puede estimular primero y realizar después las tareas de la revolución democráticoburguesa que el régimen burgués es incompetente para desarrollar y cumplir…”.

Pero la clase obrera en el poder, aliada al pueblo pobre y oprimido, no se detendrá en la realización de las banderas que ha planteado el sur. Tal como propuso el revolucionario ruso León Trotsky, al tiempo que hace realidad ese programa, impondrá el control obrero sobre la producción, la expropiación de las grandes minas, pozos petroleros, fábricas y demás medios de producción hoy en manos de los capitalistas y el imperialismo. Esto es, colocará el conjunto de la economía al servicio de las necesidades de todo el pueblo pobre. Y en ese sentido, la lucha por las banderas democráticas debe fundirse en la lucha por la construcción de la sociedad socialista.

Una dirección que lucha por esta banderas

Como apuntamos hace unas líneas, mientras las direcciones del sur guiaron la lucha con independencia, la perspectiva de la victoria del movimiento estuvo planteada gracias a su consecuencia y combatividad. Así de determinante es la dirección, en el momento en que estalla la crisis.

Sin embargo, para cumplir con lo que hemos planteado en estas páginas, hace falta una dirección superior a la que ha tenido hasta ahora el movimiento. Una dirección que, además de consecuencia y combatividad, sea capaz de ligar la lucha y banderas de los pueblos del interior, particularmente los del sur, con la única estrategia que puede garantizar su realización: la toma del poder por parte de las organizaciones obreras, campesinas, populares y de las nacionalidades oprimidas.

Esta tarea, de primer orden, debe concretarse en la construcción del partido revolucionario, que bajo la guía de la teoría marxista, organice la lucha y la posterior construcción de la nueva sociedad, que tendrá que ser socialista.

¡ABAJO EL INDULTO AL DICTADOR FUJIMORI!

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¡FUERA DINA BOLUARTE Y EL CONGRESO CORRUPTOS Y ASESINOS!

La liberación del dictador y asesino Alberto Fujimori, impuesta por la correlación de fuerzas que domina el Congreso y el gobierno, constituye un ataque abierto a la victoria popular que significó su caída, y una clara provocación a un año del inicio de las protestas en el sur.

Los trabajadores y trabajadoras del campo y la ciudad, así como el pueblo pobre, no debemos olvidar que fue bajo su dictadura que se destrozaron los derechos laborales, se inició la reconcentración de las tierras en favor del nuevo latifundio capitalista, se inició también las concesiones mineras y despidió a cientos de miles de trabajadores y trabajadoras del Estado, además de propiciar el cierre de fábricas y despidos masivos en todas las ramas de la economía, sumiendo en la miseria al pueblo, al tiempo que utilizó el pretexto de la “lucha contra el terrorismo” para ejecutar una política sistemática de persecución, asesinato y desapariciones forzadas en el país y de estigmatización de quienes protestaban en su contra.

Fue con el estudiantado a la vanguardia, entre 1997 y el año 2000, que trabajadores y trabajadoras de todo el país se fueron sumando en un amplio frente que terminó echando abajo al régimen que habían construido las Fuerzas Armadas, a cuya cabeza estaba Nicolás de Bari Hermoza Ríos, Fujimori y Montesinos tras la combativa “Marcha de los Cuatro Suyos”, que hirió de muerte a la dictadura.

Sin embargo la caída de Fujimori, Montesinos y la cúpula de las Fuerzas Armadas no echó por tierra el entramado legal de esa dictadura, ni su modelo económico. A este cometido ayudaron tanto los partidos “democráticos” de la burguesía (el aprismo, el PPC, Acción Popular, Perú Posible…), como la “izquierda” (El Partido Comunista, Patria Roja, el PS de Javier Diez Canseco, etc.), que corrieron a pactar el «retorno a la democracia» bajo los términos de los empresarios.

La posterior captura de Fujimori en Chile, su enjuiciamiento y condena a 25 años de cárcel, por delitos de corrupción y violaciones a los derechos humanos, forman el corolario de esta lucha, y constituyen una victoria del movimiento de masas.

Por eso su liberación es un ataque contra el pueblo. Contra esa lucha democrática, por justicia y por recuperar los derechos económicos y políticos pisoteados. No debe extrañar, por tanto, que sea el gobierno asesino Boluarte el que corre a ejecutar la sentencia de una Tribunal Constitucional a todas luces digitado por las fuerzas fujimoristas y sus aliados desde el Congreso. Esos mismos aliados que la sostienen en el gobierno pese al flagrante asesinato de 49 personas durante las protestas de principios de año, y las heridas causadas a otros cientos de manifestantes. Es la cereza que corona una alianza reaccionaria, contra el pueblo pobre y trabajador y es imprescindible echarla abajo.

Se hace por eso urgente que las organizaciones estudiantiles, obreras y populares realicen asambleas y aprueben la más amplia movilización contra la liberación de Fujimori, por su internamiento inmediato a una cárcel común hasta que cumpla su condena. En ese sentido, son las direcciones del movimiento obrero y popular las primeras llamadas a convocar esa movilización y a encabezarla de manera combativa y consecuente.

Pero más. La lucha no puede detenerse en el nuevo encarcelamiento del dictador Fujimori. La lucha de principios de año ha sido la más viva expresión de la necesidad terminar de borrar la herencia de la dictadura fujimorista. Ha sido una lucha por echar abajo la Constitución de esa dictadura, y todo lo que esta implica: el autoritarismo, la corrupción, la entrega del país a las grandes mineras y petroleras… en suma, el dominio del país por un puñado de grandes empresas corruptas y el desprecio al pueblo pobre.

Esta es una lucha que no puede estar, por tanto, subordinada al cálculo electoral, y no tiene punto de negociación. Solo la lucha organizada del pueblo trabajador, en alianza con el campesinado pobre y las nacionales originarias del país podrá concretar, además del retorno a la cárcel del dictador Fujimori, las banderas que ya levantó el interior y el sur del país a principios de año (“Fuera Boluarte y el Congreso”, “Asamblea Constituyente”) en el camino de abrir paso a las soluciones de fondo a los problemas que nos aquejan, de la mano de un gobierno obrero, popular, campesino y de las nacionalidades oprimidas del país.

Lee aquí nuestra Historia

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¡El año 2024 cumplimos 50 años!

Nos acercamos a medio siglo de existencia. Y el partido lo celebrará con un programa de actividades que realizaremos a lo largo del año que viene.

Llegamos a la edad madura habiendo recorrido un camino largo e intenso donde hemos saboreado triunfos y derrotas y sentido alegrías y dolores, pero sobre todo acumulando de experiencias, en la gran tarea de construir un auténtico partido obrero y revolucionario en nuestro país.

En realidad nuestra historia se inicia muchos años atrás. Los fundadores del PST apenas retomaron el camino que otros camaradas iniciaron en 1948. Aquí lee la historia de nuestro partido, y el proceso que le dió origen.

Haz clic en el siguiente enlace: https://pst.pe/historia-pst-peruano/

Engels, las guerras y la violencia revolucionaria

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Por Alicia Sagra. Liga Internacional de los Trabajadores, LIT CI

Hoy, 28 de noviembre, se cumplen 203 años del nacimiento de Federico Engels, el gran compañero y amigo de Marx. El mal llamado, debido a su extraordinaria modestia, de “el segundo violín”.

Mal llamado porque, a pesar de los que dicen sus detractores (abiertos o vergonzantes), que lo acusan de deformar el pensamiento de Marx, ellos fueron un equipo.  Y, como dice Lenin, es en su abundante correspondencia donde más se evidencia esa elaboración en común.

Engels, al igual que Marx, fue, en primer lugar, un revolucionario preocupado no sólo con impulsar la lucha, sino también con que avance la organización sindical y política de la clase obrera en el partido. Las coincidencias con Marx era tantas que éste no dudaba en firmar artículos muchas veces redactados por Engels, en recomendar la lectura del Anti Düring[1] a los que le pedían explicaciones sobre su teoría y en dejarlo al frente de la Primera Internacional a partir de 1870, cuando se vio obligado, por problemas de salud, a reducir su actividad.

En su trabajo de elaboración hubo una división de tareas. Engels asumió centralmente los temas que tenían que ver con la filosofía, por lo que es quien más desarrolló los diferentes aspectos del materialismo dialéctico y, junto con eso, dio una especial atención al tema militar. No sólo tuvo experiencia directa en este aspecto con su destaca participación en la revolución alemana de 1848, sino que fue un especialista sobre el tema. Tanto que sus amigos, entre ellos la familia de Marx, le habían puesto el apodo de “el General”.

En momentos en que estamos viviendo dos guerras de liberación nacional, la de Ucrania contra la ocupación rusa, y la de Palestina contra el genocidio de Israel, y cuando se han puesto de moda entre la vanguardia, incluso en sectores que se reivindican marxistas, el “ni-ni”, el rechazo a todas las guerras y la idea de igualar la violencia del opresor con la violencia del oprimido, resulta interesante recordar las posiciones de Engels sobre la violencia y sobre las guerras.

La guerra y la revolución

Marx y Engels, en especial este último, estudiaron mucho sobre los conflictos armados contemporáneos. Estimaban que las guerras interestatales del presente podían contener importantes lecciones para las guerras revolucionarias del futuro y la destrucción del Estado capitalista. En ese camino, defendían, por ejemplo, el servicio militar universal porque daban gran importancia a que la mayor cantidad de obreros tuviera instrucción militar.

Desde la perspectiva de Engels, en la futura guerra mundial (que predijo con gran exactitud en 1889[2]), el proletariado en armas de los países que estarían arruinados apuntaría sus fusiles contra los enemigos de clase y el Estado, y sería con el triunfo de la revolución la única forma de evitar la guerra mundial. Concepto que fue tomado a fondo por Lenin en su llamado a convertir la guerra imperialista en revolución social.

Engels estudió y escribió mucho sobre las guerras y su papel en la historia, sobre las tácticas y estrategias militares.  Pero no se limitó a eso, sino a precisar su carácter y lo que éstas reflejaban. Por ejemplo, estudiando la Guerra Civil de EEUU, concluía:

“La actual batalla entre sur y norte (…) no es nada más que una batalla entre dos sistemas sociales, el sistema de la esclavitud y el sistema del trabajo libre. Consecuentemente estos dos sistemas no podrían vivir lado a lado por mucho tiempo. Ello solo puede terminar con la victoria de uno de estos sistemas”[3].

Tanto Marx como Engels, no se limitaron a acompañar el desarrollo bélico. A pesar de no tener ninguna expectativa en el gobierno de Lincoln, no asumieron una posición “ni-ni”, muy de moda en la actualidad, sino que apoyaron decididamente al Norte, en la lucha contra la esclavitud. Y desarrollaron un trabajo sobre la clase obrera mundial, llamándolos a no permanecer indiferentes ante un conflicto de este tipo.  Lejos de llamar a la paz, como harían muchos “marxistas” actuales, los llamaban a definirse por un lado.  

La burguesía británica también asumió un lado. La industria textil habría sufrido con la falta del algodón producido por los estados del sur de Norteamérica, y este sector de la burguesía presionaba por la intervención del gobierno británico a lado de la Confederación.

Marx y Engels hicieron parte del movimiento contra la intervención británica.  Y reivindicaron que, a pesar de los miles de trabajadores despedidos por la crisis de la industria textil, la clase trabajadora británica se solidarizó con la lucha de la Unión: “La clase trabajadora inglesa conquistó una honra histórica inmortal por sí misma, frustrando los repetidos intentos de las clases dominantes de intervenir en nombre de los propietarios de esclavos americanos con sus entusiasmadas reuniones de masa, a pesar de que la prolongación de la Guerra Civil Americana sujetó a un millón de trabajadores ingleses a los más terribles sufrimientos y privaciones.[4]

Sobre la violencia

Enfrentando   las posiciones reformistas que reniegan de todo tipo de violencia, Engels afirma:

Para Herr Dühring, la fuerza (violencia) es el mal absoluto; el primer acto de fuerza para el pecado original (…) Esa fuerza, (violencia), entretanto, desempeña también otro papel en la historia, un papel revolucionario…”[5]

Y, en un artículo, polemizando con los anarquistas y sus acusaciones de autoritarismo, relaciona el tema de la autoridad con la violencia revolucionaria:

¿No han visto nunca una revolución estos señores? Una revolución es, indudablemente, la cosa más autoritaria que existe; es el acto por medio del cual una parte de la población impone su voluntad a la otra parte por medio de fusiles, bayonetas y cañones, medios autoritarios si los hay; y el partido victorioso, si no quiere haber luchado en vano, tiene que mantener este dominio por medio del terror que sus armas inspiran a los reaccionarios. ¿La Comuna de París habría durado acaso un solo día, de no haber empleado esta autoridad de pueblo armado frente a los burgueses? ¿No podemos, por el contrario, reprocharle el no haberse servido lo bastante de ella?[6]

Y, en este tema de la violencia tiene una absoluta coincidencia con Marx, quien en El Capital plantea

 “La violencia es la partera de toda sociedad vieja que está embarazada de una sociedad nueva”

Acuerdo que se vuelve a manifestar cuando coinciden en la afirmación, de que uno de los mayores errores de la Comuna de París fue no haber sido todo lo violenta que la realidad exigía, por ejemplo, no haber ejecutado a los rehenes ante el ataque sanguinario de las fuerzas de la reacción.

La actualidad del pensamiento de Engels

Elegimos este tema, para homenajear a Engels a los 203 años de su nacimiento, porque reivindicamos su actualidad en vista a los conflictos armados que estamos viviendo.

Evidentemente, no tienen nada que ver con estas posiciones defendidas por el gran camarada y amigo de Marx, las de los “marxistas” que se rasgan las vestiduras por las muertes de los civiles israelíes, que igualan la violencia de los dos lados y que no se niegan a participar de homenajes a las víctimas de Israel.


[1] Anti During, libro de Engels, publicado en 1878 donde, en polémica con un profesor (Düring) que había ganado influencia dentro del partido socialdemócrata alemán, desarrolla los diferentes aspectos de la teoría desarrollada en común con Marx. Marx escribe un capítulo de ese libro, el dedicado a la Economía.

[2] “En cuanto a la guerra, para mí es la eventualidad más terrible. De lo contrario me mofaría no poco de las veleidades de la señora Francia. Pero una guerra en que habrá de 10 a 15 millones de combatientes, una devastación inaudita tan solo para alimentarlos, una supresión forzada y universal de nuestro movimiento, el recrudecimiento de los chovinismos en todos los países…” Carta a Paul Lafargue del 25 de marzo de 1889 (Engels, Paul et Laura Lafargue, Correspondance, t. 2, Éditions sociales, París, 1956, p. 22

[3] Guerra Civil en los Estados Unidos, Die Press, 07 de noviembre de 1861. Escritos sobre la Guerra Civil Americana, Aetia Editorial.

[4] Citado por NOVACK, George. Marx y Engels sobre la Guerra Civil de los Estados Unidos.

[5] Anti- Düring

[6] “De la Autoridad”, octubre 1872. Marxits Internet Archive