Factores económicos y sociales de la rebelión del sur

A un año del estallido social del sur profundo, las causas políticas, económicas y sociales no solo no se han extinguido sino más bien se han agudizado. El hecho empezó como una reacción radical de protesta frente a la interrupción del gobierno del expresidente Pedro Castillo, por parte de una población para la que el intento de golpe de Estado de Castillo, que finalmente no se consumó y no tenía manera de consumarse, no era más grave que la constante hostilización y boicot de las fuerzas reaccionarias atrincheradas en el Congreso en su propósito de usurpar la elección popular. Sin embargo, las causas de la rebelión son más profundas que una simple manifestación de solidaridad o de simpatía política; en esta nota nos referiremos a algunas de las causas que en parte explican las luchas de la sierra sur.

BS N° 142

Entre las causas del estallido hay deudas no saldadas desde la colonia donde la población indígena fue sometida a las peores prácticas de opresión, explotación y hasta exterminio, y en 200 años de vida republicana no hubo más que soluciones parciales, en gran medida arrancadas solo después de memorables luchas campesinas. Eso sería solo historia del pasado, si no fuera que la opresión clasista y racista sigue siendo uno de los principales instrumentos de las clases dominantes, tal como se ha visto en treinta años de plan neoliberal que profundizó la desigualdad, así como en la pandemia que develó la pobreza nacional y en la propaganda del “terruqueo” predominante en las últimas elecciones generales de 2021 y durante el gobierno Castillo.

El rechazo a la estafa neoliberal

El plan neoliberal impuesto por la dictadura fujimorista, y continuada por los sucesivos gobiernos “democráticos”, permitió una exorbitante creación de riqueza, pero esta fue dirigida a las grandes corporaciones y transnacionales por diferentes medios: entrega en condiciones de regalo de empresas públicas y de ricos yacimientos de recursos naturales; regímenes laborales “promocionales” como el de exportaciones no tradicionales, la tercerización laboral –utilizadas masivamente en la minería–, y el derrotado régimen de promoción del agro, que son regímenes de sobre explotación que mantienen a los trabajadores, los verdaderos creadores de la riqueza, en el borde de la pobreza.

El plan neoliberal, además, empezó con despidos masivos en los sectores público y privado y el desmantelamiento del Estado, especialmente de la salud y la educación públicas.

La “bonanza” neoliberal nunca significó una mejora significativa de la economía de las masas populares. Peor todavía, en ningún momento implicó trabajo para toda la población ni mucho menos; ese auge coexistió con una economía informal e ilegal de la que depende una enorme masa laboral, principalmente en la minería informal o ilegal, el comercio, el transporte, que sirven de refugio, pero en condiciones laborales más deplorables.

El reducido empleo formal y los bajos salarios desnudan no solo los altos niveles de sobre explotación sino también el ínfimo nivel de industrialización que caracteriza a la economía nacional, y este es el resultado del papel que el imperialismo impone al país de productor de materias primas, cerrado a cualquier posibilidad de desarrollo de la economía nacional. En otras palabras, la burguesía no tiene nada que ofrecer que no sea un sistema de expoliación de la riqueza y un modelo basado en la producción de materias primas y alimentos envasados.

El resultado, una desigualdad social en niveles extremos, donde la peor parte la llevan los pueblos del interior en general, y de la sierra sur en particular ya que ellos son los que padecen los más altos niveles de pobreza, desempleo y subempleo.

Esa realidad explicó que una candidatura casi desconocida consiguiera escalar el 2021 con el lema “no más pobres en un país rico”, que, aunque solo fue declarativo, tuvo a la vez que un mensaje de denuncia, uno de promesa que los pueblos del interior hicieron suyo.

La vena clasista y racista de la burguesía en la campaña electoral 2021

La relación del movimiento de masas con el plan neoliberal fue de resistencia y confrontación tal como muestra la larga lista de conflictos sociales de las últimas dos décadas, aunque atomizados y dispersos. El descontento fue capitalizado por diferentes partidos burgueses o reformistas que captaron los votos con falsas promesas de cambio para traicionarlas a los pocos días una vez llegados al gobierno, no sin ir profundizando la crisis del régimen de falsa democracia.

En el 2021, Castillo logró sacar la mayor votación con solo de 13% y pasó a la segunda vuelta con Keiko Fujimori, no solo la candidata de los ricos, heredera de la dictadura corrupta y criminal de su padre en los noventa, y ella misma procesada por lavado de activos y sus vínculos con la mafia judicial.

La segunda vuelta fue altamente polarizada. De un lado Pedro Castillo ofrecía la estatización o nacionalización de los principales yacimientos mineros y gasíferos, una nueva constitución política y la consigna “¡no más pobres en un país rico!”; mientras los defensores de la intocabilidad del modelo económico y la actual constitución, los principales grupos de poder económico y sus partidos se unieron en una campaña demoledora contra Castillo asociándolo mañosamente al terrorismo y al senderismo.

Esa fue una campaña contra el candidato, pero con una propaganda que desnudó toda la vena clasista y racista de la patronal, provocando un mayor repudio popular especialmente de los pueblos del interior, y que se hizo más descarada después del resultado electoral y durante el gobierno de Castillo.

Las luchas del sur no fueron un rayo en cielo sereno

La población del interior tiene un ya largo historial de luchas y estallidos en defensa del campo y su medioambiente como fuente de supervivencia, enfrentando proyectos mineros y petroleros y gobiernos que privilegian a las empresas por encima de los intereses de la población campesina, a pesar de que de estos sectores depende la seguridad alimentaria de la población nacional. Más de cien conflictos sociales con hechos de violencia se producen cada mes desde hace años como respuesta a la prepotencia de empresas mineras en impacto ambiental, acaparamiento de vías y del recurso escaso del agua, o la imposición de proyectos contra de la voluntad popular.

La situación empeoró aún más con la pandemia, el campo se convirtió en actividad de refugio para sectores de la población urbana que migraron por pérdida del empleo o cierre de su actividad económica, y continuaron las protestas en temas como el reparto del recurso hídrico, disposición de créditos promocionales, obras de infraestructura o medidas frente a desastres climáticos o crisis como la de los fertilizantes.

El gobierno de Castillo no representó un cambio en el meollo de la política económica neoliberal. La opción tomada por Castillo, de ceder sucesivamente a las presiones de la oposición como principal medio para conseguir gobernabilidad, hizo que fuera dejando de lado los anuncios de campaña para terminar defendiendo sin mediaciones el plan económico. Eso, sin embargo, no lo libró de la hostilización y la amenaza de una vacancia y ganó cierto rechazo de sectores populares.

Los conflictos sociales no se diluyeron sino más bien crecieron y se hicieron más intensos; uno de los más saltantes fue el de los movimientos campesinos contra la falsa “segunda reforma agraria”, denunciando cómo se privilegiaba a los agroexportadores, y la inoperancia frente a la crisis de fertilizantes. También estallaron luchas populares contra los abusos de mineras como Las Bambas.

Pero la burguesía y sus partidos habían llevado la confrontación a otros terrenos con su discurso reaccionario, autoritario, clasista y racista.

El gobierno de Castillo llevó las demandas populares al terreno de las mesas de diálogo y reuniones descentralizadas de consejo de ministros con participación de organizaciones populares. Y mientras el gobierno trabajaba para evitar un mayor escalamiento de los conflictos, el Congreso seguía impulsando la vacancia. Entonces la confrontación de las luchas pasaba a ser contra el Congreso, más aún cuando, en una de las reuniones descentralizadas de consejos de ministros, el gobierno aprobó la demanda de asamblea constituyente.

Si bien no hubo soluciones, las organizaciones populares, aunque desigualmente, fortalecieron su organización en el debate de las principales demandas y vías de solución, y en ese proceso, la consigna de la campaña electoral por una asamblea constituyente se convirtió en una bandera de lucha de las propias organizaciones populares, junto con la de cierre del Congreso.

Contradictoriamente, este avance no resolvió el problema de la dispersión de las luchas y nunca llegó a estructurarse una respuesta nacional y en eso hay una responsabilidad fundamental de las organizaciones políticas, sindicales y gremiales del movimiento popular.

En ese contexto se dio un nuevo intento de vacancia y el fallido autogolpe de Castillo, que aceleró su destitución, y la reacción principalmente de la población del sur, que tomó la vanguardia en una lucha que en realidad es de los pueblos y de la clase trabajadora a nivel nacional. Las causas que afectan a todos, ahora se profundizan ante una recesión, inflación y los embates del Niño, una profunda crisis política en la que la patronal impone sus condiciones.

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