La lucha de los obreros agrícolas de Barrio Chino y las lecciones que deja

El premier Otárola, mandamás del actual gobierno, ha protestado estos días por la liberación de tres detenidos en las protestas ocurridas en Barrio Chino y exigió a la Fiscalía una suerte de mano dura, al estilo de la paz que impone el régimen de la que forma parte, para “mantener el orden público”.

El hecho, en sí mismo, no llama la atención de nadie tratándose de un gobierno represor y asesino que no conoce nada de DDHH ni de democracia ni de autonomía de instituciones, salvo cuando se tata de liberar al dictador Fujimori. Llama la atención, en tanto al realizar su “denuncia”, el señor Otárola pone de relieve lo que sucede en la zona agroexportadora de Ica, que también salió a protestar en el marco de la convocatoria nacional por el primer año del gobierno de Boluarte.

La protesta nacional del 07 de diciembre convocada desde diversos sectores y que coincidió con la liberación del dictador Fujimori, se expresó en diversas movilizaciones que recorrieron las principales ciudades del país, especialmente Lima, Cusco, Arequipa y Juliaca, en las que miles de trabajadores, organizaciones populares y colectivos salieron a manifestar su repudio al gobierno, al podrido régimen que lo sostiene, contra el indulto a Fujimori y para recordar a los cayeron en las duras refriegas de diciembre-febrero.

La más significativa de las manifestaciones quizá fue la que se llevó a cabo en el mismo Juliaca, centro de las luchas que se desencadenaron en el sur y donde se produjo la mayor masacre. Ahí el pueblo aymara volvió a salir en forma masiva para mostrar que su indignación y lucha siguen vivas, y que no hay ni habrá olvido ni perdón mientras el régimen Boluarte siga en pie.

La jornada hubiera acabado el mismo 07 como una muestra de que la lucha continuará hasta que en algún momento sea retomada con todo, en tanto aun pesa el cansancio que aflige a su vanguardia y el freno que imponen las direcciones nacionales que se contentan con hacer marchas para las fotos mientras con la otra mano sostienen al régimen. Hubiera quedado ahí sin más, sin el nuevo brote de estallido que se produjo en el Barrio Chino.

Un brote de estallido

En realidad, en la zona no hubo un acto plegado a la convocatoria nacional, más bien se trató de un plan de lucha propio que empezó a gestarse desde antes y que se dio inicio el 03 de diciembre. El Barrio Chino, Expansión Urbana y El Álamo son grandes asentamientos humanos ubicados a lo largo de la Panamericana Sur a la altura del kilómetro 280, en Ica, y son habitados por miles de obreros que trabajan en las grandes agroexportadoras de la región; en su mayoría provenientes de Ayacucho. Una asamblea de obreros y pobladores había decidido iniciar la lucha el 03 de diciembre, lo hicieron tomando la carretera, no solo en protesta contra el gobierno Boluarte, sino también por demandas específicas como la exigencia de seguridad ciudadana, recursos hídricos para los pequeños agricultores, contra el alza del costo de vida y por mejores condiciones de trabajo, por indemnización y justicia para los presos, perseguidos y asesinados en las luchas del 2019, 2020 y 2023, entre otras.

La historia se repite

Así, se daba inicio a una nueva lucha que podría quebrar la paz impuesta por el régimen. Pero al mismo tiempo, ante ella, se pusieron en movimiento todos los actores conocidos con sus mediocres discursos. Con el mismo librero oficial con el que se acusó a las grandes manifestaciones del sur como instigados por los “ponchos rojos” de Bolivia, esta vez el ministro del interior de turno, Víctor Torres, salió a decir que se trataba de unos cuantos que también eran instigados por gente que venía “de otro lado”, intentando deslegitimar la lucha y sus reclamos y justificar la represión.

Lo cierto es que el domingo 03 la carretera amaneció bloqueada por más de 2 mil pobladores, como lo reconocieron los mismos medios, y se produjeron intensos enfrentamientos con la PNP que duró todo el día. En ellos resultaron numerosos heridos en ambos lados. La represión actuó con eficacia mostrando mejor preparación y fue cruenta: se desplazó calle por calle y casi casa por casa y detuvo a más de 30 manifestantes sin mediar orden ni autorización de allanamientos; pocas horas después el gobierno reforzó la represión enviando a 1,500 efectivos más a la zona. Al mismo tiempo, los grandes medios agitaban nuevamente el delito que significan los bloqueos de carreteras y cómo afectan a la población, el problema de los empresarios agrarios que se ven afectados nada menos que en plena campaña agrícola. Mientras las direcciones nacionales, como siempre, guardaban silencio cómplice. Así, se volvió a correr una cortina de humo sobre la naturaleza social del conflicto para no resolverla, y para reprimirla con facilidad.

La lucha continuó hasta el sábado 10 de diciembre, pero con fuerzas cada vez más mermadas. De este modo, sobre la voluntad de lucha de la vanguardia obrera se fue imponiendo la debilidad de los sectores no obreros, que desgastados por la crisis y sabiéndose ante una lucha dura, presionan por continuar con sus actividades; un fenómeno que también se observa en las mismas regiones de Puno y Cusco con economías languidecientes. La lucha se mantuvo así hasta que se distendió y suspendió, precisamente con la liberación de los detenidos a los que se refirió el dictadorcito Otárola.

El proletariado del campo

Lo acontecido, en realidad, muestra a las zonas de agroexportación convertidos en un barril de pólvora. El sector estalló a fines del 2019 en dos jornadas históricas que condujeron a la derogatoria de la ley 27360, ley que por espacio de dos décadas mantuvo un régimen sin derechos laborales en el sector agrario en beneficio de la gran burguesía agroexportadora. La lucha fue una inmensa experiencia que permitió construir organizaciones y forjar una vanguardia, pero al costo de la detención de innumerables activistas, la lesión de otros tantos y el luto de familias obreras por la muerte de dos luchadores, hechos que hasta la fecha ni se investigan ni se castigan a los responsables, pese a que algunos están plenamente identificados.

En la rebelión de diciembre-febrero esos mismos obreros del campo se volvieron a colocar a la vanguardia de la lucha contra el régimen de Boluarte, y dada su ubicación estratégica fueron también duramente reprimidos, dejando otra secuela de heridos y detenidos. 7 de los detenidos, bajo acusaciones como “terrorismo”, recién han sido puestos en libertad condicional.

Luego de la frustración de la rebelión de inicios de año, la bronca en el sector no solo amainó sino creció, como en todas partes, bajo el acicate de los problemas que a diario se suceden y que afectan a la población más pobre. En el sector, además, la situación de sobreexplotación de los trabajadores que apenas fue atenuada con la nueva ley agraria, los empresarios siguen haciendo campaña buscando derogarla para volver a la anterior, pretextando la necesidad de “reactivar la economía”. Su plan de siempre es generar más ganancias a expensas de los obreros en lugar de mejorar su productividad y tecnologías. A este hecho se suman las graves heridas que dejó la cruenta represión con decenas de procesados, fallecidos, heridos y huérfanos. Así, en todo este sector se ha venido alimentando un auténtico volcán.

Las lecciones

En estas condiciones se desencadenaron los recientes hechos. Por eso hay que ver el repliegue de estos días como transitorio, pues todo volverá a estallar en algún momento. Ante esto es preciso seguir los acontecimientos y prestar mucha atención a su situación, pues de alguna forma ahí es donde en estos tiempos se concentra la principal conflictividad obrera en el país. Estos trabajadores son por ahora la vanguardia del proletariado, que a sus reivindicaciones de clase suman la lucha política contra el Estado y el Gobierno –que es la tarea central en la actualidad–, mientras construyen formidables organismos territoriales de clase y de combate, constituyendo un verdadero ejemplo para toda la clase obrera.

Algunos sindicatos del proletariado industrial limeño, bajo la conducción de la CGTP y abogados que fungen de combativos, siguen enfocados en combates aislados y por demandas económicas, los que en lugar de lograr conquistas producen retrocesos mayores. Esto ocurre porque no es posible que unos cuantos puedan avanzar en la conquista de derechos cuando enfrentamos a un régimen que se ha instaurado como un escudo protector del régimen de sobreexplotación patronal, planteando la necesidad de derrotarlo primero.

Y es peor cuando esas luchas, en lugar de ser un punto de inflexión para fortalecer las organizaciones sindicales para la lucha nacional que es la decisiva, se la hace a expensas de desgastar a la base y reducir las afiliaciones, haciéndolas más vulnerables ante los ataques patronales que vienen en aumento. Hay que forjar la unidad de la clase obrera desde cada empresa y en el campo, y hacerlo a nivel nacional en torno al eje fundamental que es la lucha por el derrocamiento del régimen.

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