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Los ceses colectivos empiezan a extenderse

40 despedidos en Cogorno, 190 en Hialpesa, 71 en BSH… y amenaza extenderse más a pedido de la CONFIEP

El dirigente Máximo Gutiérrez de Hialpesa, de manera imprevista se cruzó en la calle con la gerente de la empresa y lo abordó con la pregunta que ronda en la cabeza de los trabajadores: “¿Por qué nos botan?” A la que ella respondió: “Qué quieren, la empresa ya no los necesita”. Para un trabajador, que dedica la vida a una empresa y con la que llega a identificarse pese a sus abusos, dicha respuesta representa un mazazo en la cabeza. Pero es la única verdad. Para el capitalista los obreros somos una mercancía más, que contrata cuando necesita explotarnos y, cuando no nos necesita nos echa, como dice la gerente. En los actuales ceses colectivos vemos el funcionamiento perverso del sistema capitalista.

Aunque es un problema que viene de atrás, los ceses colectivos en curso han encendido la alerta roja entre los trabajadores que, con preocupación, se preguntan si son casos aislados o son una amenaza real que está creciendo. Veamos.

Primera cuestión: ¿deben existir los ceses colectivos?

Empecemos por el principio. El primer problema que tenemos es la existencia de un marco legal (DS 003-97-TR o Texto Único Ordenado del DL 728) que facultan los ceses colectivos sustentados en las siguientes razones: a) causa fortuitas o de fuerza mayor (un terremoto, un incendio), b) motivos económicos, estructurales o cambios tecnológicos, c) quiebra de la empresa y d) reestructuración patrimonial.

Aquí se plantea un primer y grave problema: si, como dice el derecho universal y la propia Constitución vigente, el trabajo es un “derecho” y es “base del bienestar social y un medio de realización de la persona” (Art. 22), los ceses colectivos no deberían existir, o deberían prohibirse. Sin embargo existen. Dichos principios, sobre el derecho al trabajo, en realidad son letra muerta porque la ley misma los vulnera. En los ceses, los propios trabajadores son obligados a “negociar” los despidos, basados en el falso entendido de que deben garantizar la “rentabilidad” de la empresa. Cuando hay ganancias a los trabajadores nos mezquinan hasta las utilidades pero, cuando hay pérdidas, tenemos que pagar el costo, pese al enorme patrimonio que acumularon las empresas gracias a nuestro trabajo de años.

Del mismo modo debemos preguntarnos: ¿Por qué en lugar de cerrar plantas o secciones, o producir cambios tecnológicos desapareciendo puestos de trabajo, no se reduce la jornada laboral para dividirla entre todas las manos disponibles sin rebaja de salarios? ¿Por qué aceptar los cierres, como en el caso de las dos inmensas plantas de Cogorno, en las que se produce un alimento indispensable como fideos, en un país con 20% de pobreza extrema? En Argentina, producto de la crisis del año 2001 se cerraron más de cien empresas, pero los trabajadores las ocuparon para mantener sus empleos y producir bienes para la población, y el Estado tuvo que reconocerlos.

Los empresarios y autoridades jamás piensan en estas posibilidades porque, como decimos al inicio, su mentalidad es capitalista: lo que no le produce ganancia no sirve. Pero los trabajadores sí debemos plantearnos esas posibilidades, porque es la única forma de defender realmente el trabajo y el bienestar de nuestro propio pueblo.

Nada de lo dicho suena exagerado si lo vemos a la luz de lo que ocurre con la economía. Luego de un período de bonanza del 2004 al 2013 entramos a un período de estancamiento en la economía, cuyo crecimiento ronda el 3%. Este año estamos peor: en abril creció 0%, en mayo 0.63%. Además, dependemos de la economía mundial, que para muchos especialistas va hacia una nueva y grave crisis. Entonces, si hubiera una grave crisis, ya sabemos que cerrarán las fábricas y nos echarán masivamente a la calle, y para eso hay que estar preparados. Los empresarios ya se están preparando. María Isabel León, presidenta de la Confiep, visitó Palacio para solicitar que se flexibilicen más los ceses colectivos, y lo sustentó así: “Lo que no podemos hacer es mirar un enfriamiento de la economía y quedarnos en el balcón esperando que otro lo resuelva….”.

Los ceses en el actual momento

Desde el 2014, cuando se inició el llamado “enfriamiento de la economía”, todos vemos cómo las empresas, al ver reducir sus expectativas de obtener más ganancias, por el crecimiento de sus volúmenes de ventas, se enfocan en aumentar la rentabilidad reduciendo sus costos de producción. Y si las máquinas y materias primas mantienen sus precios, solo pueden reducir costos reduciendo el costo de la mano de obra, es decir los salarios. Hay dos formas de reducir los salarios: reemplazando los obreros más “costosos” por otros más baratos; esto intentan las empresas ahora despidiendo estables y tomando contratados o tercerizando. La otra es intensificando la
producción, cambiando los horarios, los lugares de trabajo, colocando cámaras, etc. Así buscan que lo que antes producían dos obreros ahora lo haga uno, con lo que la patronal se “ahorra” muchos salarios.

A esta finalidad también responden las medidas antilaborales que dicta el gobierno: el derecho de huelga es recortado con el decreto que autoriza a las empresas a declarar todo puesto de trabajo como “indispensable”; las vacaciones son pulverizadas; las inspecciones de trabajo se relajan… Y, como plato de fondo, plantean suprimir la estabilidad anulando la reposición ante el despido arbitrario (DS 345). Sin embargo, lo que en esencia buscan los empresarios es tener las manos libres para hacer lo que quieren en su interior. El obstáculo de esa libertad son los sindicatos combativos y los dirigentes que pelean y se defienden, en las calles y en los tribunales. Por eso los empresarios han encontrado en el marco legal de los ceses colectivos la herramienta perfecta para arrasar con los sindicatos y sus dirigentes. Esto es lo que viene ocurriendo.

De acuerdo con la información reunida por el dirigente Ronny Mendoza, en los últimos cuatro años se han presentado ceses colectivos en 25 empresas y se ha afectado a más de 3000 trabajadores, en su mayoría de pequeñas empresas. Todos los casos presentados a la fecha se sustentan en el punto b) de motivos económicos y estructurales, que es una definición tan genérica y laxa que sirve al propósito de las empresas para “justificar” los ceses y atacar a los sindicatos y sus dirigentes. Por ello en Hialpesa, que tiene 2300 trabajadores, la mayoría son contratados, el cese afecta casi solo a los sindicalizados y dirigentes. En Cogorno también: cesan a los sindicalizados y dirigentes, mientras en las otras plantas de la empresa se duplican y triplican funciones entre los trabajadores porque “falta de mano de obra”.

La “suspensión perfecta de labores”

Por esta razón, porque son fraudulentas, la mayoría de las solicitudes de ceses vienen siendo rechazadas total o parcialmente. ¿Por qué entonces las presentan? Como en todos los casos de atropello laboral, la empresa siempre ejerce el abuso y busca consumarlo con su poder y con la complicidad del Ministerio de Trabajo y, muchas veces, ganan por la debilidad de los trabajadores. Para hacer los juicios el trabajador debe vivir sin salario por mucho tiempo y dedicar energías y recursos para el proceso. Lo mismo ocurre en los ceses colectivos donde, además, deben soportar una presión brutal dirigida a quebrar la resistencia. En Cogorno, luego de haber fracasado el primer intento de cese, la empresa presentó una segunda solicitud involucrando a más trabajadores, y amenaza con presentar una tercera. Por ello, son pocos los que resisten y llegan al final del proceso.

A esta finalidad responde el tema de la “suspensión perfecta de labores”. Toda empresa, al mismo tiempo que solicita y tramita un cese colectivo, declara una “suspensión perfecta de labores”. Con esta “suspensión” el trabajador queda en el “aire”, no trabaja ni es “despedido”, por lo que no cobra ni salario ni puede buscar otro trabajo porque su situación es indefinida hasta que concluya el proceso.

Por este motivo, con independencia de anular el mismo concepto de cese colectivo, la FNTTP ha planteado una iniciativa de ley ante el Congreso de la República para que se suprima de la norma la parte que permite la “suspensión perfecta de labores”, de tal manera que el cese solo proceda desde el momento que resuelva la autoridad, no antes. Del mismo modo, se plantea también la derogatoria del DS 013-2014-TR, porque hace laxa la definición de causal económica.

Dos reivindicaciones precisas que desde ahora están inscritas en las banderas de la clase obrera, y que deben enriquecerse con otras propuestas para defender el trabajo, como la reducción de la jornada laboral para no reducir personal, y, ante los cierres de empresas, que las administre el Estado y controlen los trabajadores. La crisis la deben pagar los que la generan: los mismos capitalistas.

No a la represión de Vizcarra-MMG Las Bambas

El gobierno de Martín Vizcarra amenaza a los comuneros y comuneras de Fuerabamba (Apurímac) con desatar una represión de terribles consecuencias. ¿La razón? Defender los bolsillos de Minerals and Metals Group (MMG), empresa que explota “Las Bambas”, la segunda mina de cobre más importante del país.

El problema

LA COMUNIDAD DE FUERABAMBA (APURÍMAC) PROTESTA por el uso, por parte de MMG-Las Bambas, de una carretera que atraviesa el Fundo Yavi Yavi (Chumbivilcas – Cusco). Terreno, este último, entregado a la comunidad como compensación por la pérdida de territorio que significaba la concesión minera.

En consecuencia, la comunidad exige que se le repare en dinero el costo de un terreno que, habiendo sido dado para remediar el impacto de la mina en su comunidad, se ha hecho inservible para los fines que le habían deparado debido al paso de 300 camiones diarios cargados de mineral. Transporte que provoca contaminación ambiental.

Un gobierno al servicio de MMG – Las Bambas

Pero el problema no queda ahí. MMG – Las Bambas se rehúsa a pagar lo exigido por la comunidad, pretextando que la ruta es una “vía nacional”, es decir, parte de las carreteras del país y, por tanto, de uso público.

Sucede que el gobierno de Vizcarra declaró muy convenientemente, el año pasado, la carretera que atraviesa el Fundo Yavi Yavi como “vía nacional”.

Vizcarra anuncia represión

Bastaría esto para evidenciar que Vizcarra y sus ministros –los que se fueron y los que están hoy-, son  agentes del empresariado y, en particular, de los intereses mineros en el país.

Pero el tema no queda ahí. Tras 200 días de reiniciado el conflicto, y más de 50 de iniciado el bloqueo del paso de los camiones de MMG- Las Bambas por el Fundo Yavi Yavi, el gobierno ha trasladado policías y miembros del Ejército para “resguardar” el ingreso a la mina, hasta donde se había dirigido un piquete de comuneros y comuneras que participan de la protesta.

Como hemos visto tantas veces antes (Conga, Tía María, Espinar, Bagua…), dicho “resguardo” en realidad es la preparación de una acción represiva que busca liberar la carretera para que los camiones de MMG – Las bambas vuelvan a pasar.

Al mismo tiempo, con la intención de descabezar el movimiento y crear zozobra, han detenido a Gregorio Rojas, presidente de la comunidad de Fuerabamba, junto a Jorge y Franck Chávez, abogados de la comunidad, tras participar del “diálogo” establecido con el Ministerio de Energía y Minas en Lima. ¿De qué se les acusa? De ser una “organización criminal” que planificó el bloqueo de la carretera en Yavi Yavi como un medio para  “extorsionar” a MMG – Las Bambas.

Con esto, Vizcarra y compañía –que se escudan en la supuesta “independencia” del ministerio público- sientan precedente en la criminalización de la protesta social, al mismo estilo de Macri en Argentina.

Unir las luchas para derrotar la represión que Vizcarra se cierne sobre los comuneros y comuneras de Fuerabamba

Está claro que el único interés del gobierno, que en sus declaraciones se muestra partidario de “dialogar”, pero que detiene a los dirigentes de la protesta y llena de policías y efectivos del ejército la zona en conflicto, es defender los intereses de MMG – Las Bambas, contra los intereses del pueblo de Fuerabamba.

En esto, Vizcarra no es original: hace lo mismo cuando defiende los intereses del empresariado contra los de la clase obrera, al promulgar la “Política nacional de competitividad y productividad” (D.S. 345-2018-EF), base de la “reforma laboral” que pretende legalizar el despido arbitrario.

Por eso, la clase obrera sólo puede colocarse del lado de los pobladores de Fuerabamba en esta contienda que coloca al frente a los mismos enemigos que enfrentamos día a día: las empresas y al gobierno.

LO DECIMOS FUERTE Y CLARO: VIZCARRA ES EL RESPONSABLE SI, COMO TANTAS VECES, EL CONFLICTO EN YAVI YAVI SE CIERRE CON MUERTOS Y HERIDOS.

Urge que las dirigencias nacionales concreten la unidad en la lucha con la población de Fuerabamba contra la represión de Vizcarra, enemigo del pueblo pobre del campo y la ciudad. No se puede afirmar que el gobierno “actúa bien” frente a la corrupción, pero “hace mal” frente a los trabajadores y el pueblo de Fuerabamba: el gobierno es uno solo y Vizcarra es su cabeza. La jornada del 3 de abril debe ponerse al servicio de la necesidad de derrotar la política de Vizcarra para Fuerabamba, su política para la “reforma laboral” y su falsa política “anticorrupción” que solo golpea a un bando.

Desde el PST llamamos a la clase obrera, que viene sufriendo los ataques de la patronal mediante ceses colectivos abusivos, a solidarizarse y movilizarse en defensa del pueblo fuerabambino. Nadie más puede levantar las banderas de la solidaridad con la comunidad de Fuerabamba de forma más legítima que la clase obrera. Afirmamos que el derecho que asiste al pueblo fuerabambino de velar por sus intereses recurriendo a las medidas de lucha que considere conveniente, es el mismo que nos asiste como trabajadores y trabajadoras cuando vamos a la huelga y, de manera cínica, la patronal nos acusa de violentistas o “vagos”.

Respaldamos a la comunidad de Fuerabamba en sus demandas, de cese inmediato del estado de emergencia que impone el gobierno desde el año pasado, la liberación inmediata de su presidente Gregorio Rojas y sus asesores, hechos que no ha amilanado a los comuneros sino todo lo contrario, ha llevado el conflicto a un escalamiento desatando una crisis, que se extiende con la lucha de nuevos pueblos vecinos y pronunciamientos de solidaridad regionales.

Si el gobierno y la minera, y todo el aparato judicial y mediático que se ha montado para liquidar la lucha popular terminaran imponiéndose, aumentará su ambición al imponer una “reforma laboral” más explotadora. Por eso es indispensable derrotar la amenaza represiva que el gobierno cierne sobre la población del lugar; una victoria de la lucha del pueblo fuerabambino nos acercará más a la derrota del gobierno afirmando la lucha de la clase obrera contra la reforma laboral anunciada por Vizcarra.

¡NO A LA REPRESIÓN DE VIZCARRA-MMG LAS BAMBAS!

¡SOLUCIÓN INMEDIATA  LAS DEMANDAS DE LOS COMUNEROS Y COMUNERAS DE FUERABAMBA!

SITOBUR y el día internacional de las obreras

Por Laura Sánchez, en Bandera Socialista N° 116, marzo 2019

El 8 de marzo se realizaron movilizaciones en todo el mundo y, por supuesto, en Perú. En esta ocasión, además de la tradicional de feministas, colectivos y partidos que tuvo una gran concurrencia, ésta al llegar a la Plaza San Martín tuvo la presencia de las y los obreros del Sitobur de Lima Metropolitana y de Miraflores.

Despidos en Municipalidad de Miraflores

En esta ocasión, se realizó una marcha, decidida de manera independiente y autónoma, que tuvo que ver con la concurrencia de las obreras y obreros de limpieza de Miraflores y Lima Metropolitana, donde 250 fueron despedidas/os.

Al frente de esta gran movilización estaban las obreras y obreros de Sitobur del Municipio de Lima Metropolitana, en solidaridad y exigiendo la reposición de los despedidos de Miraflores.
Resulta que la municipalidad de Miraflores, decidió rescindir el contrato con la empresa Innova, una tercerizadora que abarca a varios municipios de la capital.

Hay que ver el cómo la empresa Innova se lava las manos, ya que en su comunicado del 10 de marzo publicado en Perú21, reconoce que “durante 10 años de servicios ininterrumpidos” en dicha municipalidad contó con un “equipo de colaboradores”, a los que “agradece”. Estos 250 obreras y obreros que “agradece”, simplemente quedaron en la calle, sin nada para sus hijos ante el inicio de clases.

¿De qué sirve este “lava manos” de Innova? Fundamentalmente para protestar, entre líneas, por la nueva empresa concesionada “única invitada, a las 12 horas de la convocatoria, con un sobreprecio del 84%…, con el lamentable detrimento de las arcas municipales…”. ¿Y el detrimento de las obreras y obreros que quedan en la calle, y sus familias? Y el reconocimiento de los vecinos de Miraflores del 90% no es para Innova, sino para las obreras y obreros que limpian las calles del distrito.

Con la presencia del Sitobur y otros sindicatos

En este contexto es que se realiza esta marcha de clase, en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. La marcha comenzó con la consigna “Aquí están, estas son, las obreras del 8 de marzo”, y otra como “Despidos de obreras también es violencia”, y muchas más, irrumpiendo el tránsito desde Larcomar hasta casi la Av. 28 de Julio, atravesando la Av. Arequipa, seguidas en el recorrido por infinidad de vecinos y vecinas de los distritos saludando la marcha, en especial de Miraflores, donde reconocieron el trabajo que realizan diariamente.

Ha sido una marcha de lucha, antecedida de muchos plantones. Una movilización de cientos de obreras y obreros, con la solidaridad presente de sindicatos como Cogorno, Celima y Molitalia conmovieron las calles de la ciudad, haciendo honor al Día Internacional de las Trabajadoras.

Solidaridad con las y los despedidos

Por su reposición y la exigencia del pase a planilla de las obreras y obreros de Lima Metropolitana del Sitobur no dejaron de vocear la corrupción de las municipalidades y los “arreglos” con tercerizadoras para la contrata de trabajadoras/os con salarios bajísimos y sin derechos laborales.

Y, asimismo, la lucha de las más 700 de obreras y obreros de Lima Metropolitana, cuya resolución suprema hasta ahora no fue cumplida ni por Castañeda ni por el actual Jorge Muñoz, que pasea al sindicato con reuniones sin solución, tomando en cuenta que el Poder Judicial emitió una conminación para que cumpla con el mandato judicial de pase a planilla.

A pesar del contingente de policías que intentaron reprimir y disipar la columna, violentando a las compañeras y agarrándolas y sacudiéndolas, no pudieron con la marcha. La gran lección de esta jornada, organizada, luchadora y decidida a llegar a la victoria, es que fortaleció a todos y señaló que las mujeres obreras están al frente de la lucha contra los ataques laborales y de género que no cesan de crecer. Y, además, que su lucha compromete a trabajadores de distintos sectores, lo cual imprime un carácter de unidad en la lucha contra los ataques antilaborales del gobierno de Vizcarra.

¡Solución ya a las demandas! 
¡Reposición de las y los despedidos de Miraflores!
¡Pase inmediato a planilla de las y los obreros

del Sitobur de Lima Metropolitana!