Según la Defensoría del Pueblo, de enero a mayo de este año, de las 4.434 mujeres reportadas como desaparecidas solo 2.431 fueron ubicadas, siendo el 55% de estas personas niñas y adolescentes. Estas alarmantes cifras siguen mostrando la cruda realidad cuya responsabilidad principal es del Estado y Gobierno, más preocupados en asegurar y agendar los intereses empresariales y los suyos que los de la población.
La Defensoría del Pueblo, en el reporte “Qué pasó con ellas”, correspondiente al mes de mayo de 2024, informa de la desaparición de un total de 2695mujeres, lo que representa un aumento del 10 % comparado al mismo periodo del año 2023 en el que se reportaron 2445 alertas.
Asimismo, durante el 2022, se reportaron 137 casos de feminicidio en el país, de los cuales 22 tuvieron como situación previa una desaparición, es decir, el 16 % de los casos. Para el 2023, estas cifras aumentaron a 150 feminicidios reportados, de los cuales el 21 % de los casos tuvieron denuncias previas de desaparición.
La falta de presupuesto y de acción
Si bien en los últimos años hubo ligeros aumentos de presupuesto para el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), esto no cubre toda la problemática de prevención y de acción frente a los casos de desaparición y de feminicidio que siguen en aumento. El presupuesto apenas asegura los programas sociales de prevención, la continuidad de los 433 Centros de Emergencias Mujer (CEM) y los precarios Hogares de Refugio Temporal.
Así inclusive lo expresó Julio Guzmán, procurador púbico, señalando que cada año iba incrementándose, por ejemplo, en el ámbito ambiental, el número de casos de minería ilegal en el país, pero no el número de fiscales ni el equipo que se necesitan para enfrentar esta problemática. Esta misma situación se repite en todos los sectores. De ahí que muchísimos casos duren meses y hasta años mientras los abusadores están libres y continuando la violencia hacia otras mujeres, así como el escandaloso caso de la violación de más de 500 niños y niñas awajún del Amazonas, por parte de sus docentes.
Impulsar la lucha contra la violencia y opresión
Esta grave problemática de la mujer es evidente que no es una prioridad para los principales “representantes” del país, como el Congreso, que se dedica a legislar y actuar a favor de la impunidad y la corrupción y a controlar el sistema judicial. Al igual que el gobierno, dedicado a mantener la sumisión del país a garantizar las ganancias de las multinacionales, evitar a la justicia y seguir pactando todo lo posible con el podrido Congreso para llegar a las elecciones 2026.
Por ello necesitamos impulsar nuevamente la lucha en las calles, como el movimiento “Ni una menos” a nivel nacional. Pero esta vez debemos impulsarlo con un carácter político y combativo para poder luchar de verdad contra todo este régimen corrupto e incapaz de solucionar demandas tan críticas que oprimen especialmente a las mujeres más pobres del país. Necesitamos discutir este problema en nuestros organismos de base de las fábricas, barrios, universidades, y crear y unificar las demandas específicas con las nacionales para poder vencer y, en ese proceso, construir una nueva dirección política.
Un Estado al margen de la situación crítica de la mujer
