Editorial de Bandera Socialista 145 – septiembre/octubre 2024
El Perú, literalmente, se encuentra secuestrado por la criminalidad. De la grande y pequeña, de la que controla el dúo Gobierno-Congreso y la que controla las calles.
Más allá de las responsabilidades inmediatas y la ineficacia o no de las medidas que se dictan y ofrecen para cada caso, todo tiene que ver con el sistema de economía neoliberal que nadie, y sobre todo los de arriba, quieren poner en cuestión. Lo cierto es que detrás de la crisis actual está el fracaso de este modelo, que se impulsa en nombre de llevarnos al primer mundo, cuando en realidad nos lleva a la barbarie. Por supuesto, si los trabajadores no hacemos algo para evitarlo y salvarnos, porque no hay otra salida.
Los transportistas salieron a hacerle frente al crimen organizado masificado en su sector como en otras áreas de la economía popular, con un paro que paralizó la capital el jueves 26. En respuesta, el gobierno declaró en emergencia los distritos más pobres de la capital disponiendo su patrulla por el Ejército, exponiendo a la población civil a sus abusos, y anuncia otras medidas que, sin duda alguna, serán nuevos fracasos ante una criminalidad que se desboca y amenaza seguir creciendo.
Al mismo tiempo que arde la capital por los ataques del crimen organizado, gran parte del país, sobre todo la Amazonía, era y es devorada por gigantescos incendios forestales ante el que el Gobierno poco o nada hace, y que son alentados por mafias vinculadas al agronegocio. Sólo hace meses el mafioso Congreso hizo aprobar por insistencia una nueva Ley Forestal que incentiva la destrucción de la Amazonía. En este caso no solo estamos ante un crimen contra el medio ambiente, sino contra la propia población pobre y de comunidades indígenas que sufren muertes y destrucción de los hábitats donde viven.
Estos hechos, que ponen de relieve el peso que alcanza el crimen organizado en el país, en realidad apenas son la punta del iceberg de un mal mucho mayor. El crimen opera en la minería informal e ilegal. En el tráfico de drogas. En el sicariato y en el de las extorsiones. Esto es: comprende una significativa parte de la economía nacional que controla la burguesía, y afecta, sobre todo, a la población trabajadora y pobre.
Así, es normal que sus tentáculos alcancen al Estado –el Congreso, el Gobierno y otras instituciones, con múltiples investigaciones de organización criminal–, desde donde operan buscando protección e impunidad. Cuando se trata de estos criminales no estamos ante una delincuencia común, sino ante representaciones con proyectos políticos. El Fujimorismo tiene acusaciones de “organización criminal”, pero es una organización política que embandera y defiende el modelo neoliberal y autoritario que implantó su mentor recién fallecido. Lo mismo sucede con las otras variantes políticas, incluida sectores que se llaman de “izquierda”.
¿Y de qué trata el modelo que estos defienden sino de la liberalidad del capital en un país atrasado y sin soberanía, que nos ha convertido en un territorio primario exportador dominado por multinacionales y que ahora pretende más minería y más deforestación para el agronegocio?
¿De qué trata el modelo sino de un país convertido en “atractivo” para las inversiones por la mano de obra precarizada y barata que ofrece, y sobre todo con 80 % de informalidad donde prende con facilidad el negocio del crimen organizado?
¿Y de qué trata un modelo que desnacionaliza y termina por acabar con la poca industria existente, y que en la conflictividad EEUU-China nos posiciona en uno de los bandos opresores que desplaza al otro en el control de la infraestructura nacional (empresas eléctricas, ¿mega puerto de Chancay)?
Todo este sistema es la verdadera génesis y promotora de la criminalidad. Por ello se ha hecho funcional con el Estado y tiene influencia a través de diversos partidos.
También se ha hecho funcional para los aparatos sindicales, como la CGTP, que firma pronunciamientos conjuntos con la Sociedad Nacional de Industrias, dizque, para “combatir la criminalidad” –nada menos que con los que causan despidos y trabajo precario, que es otra forma de crimen–, mientras por otro lado deja que las luchas obreras se desgasten y sean derrotadas.
Ante la deriva del país, una vez llenado sus bolsillos, los capitalistas podrán huir si así lo necesitan. Los únicos que sufrimos hoy y sufriremos mañana somos los trabajadores y pobres. Salvar al Perú está en nuestras manos y depende de nosotros.
Así como los transportistas, en su mayoría trabajadores informales o cuentapropistas, salieron a luchar por soluciones efectivas y se enfrentan al crimen organizado y al Gobierno, debemos hacerlo todos. En el campo, las organizaciones indígenas están llamando a la lucha en defensa de sus territorios. En las zonas invadidas por la gran minería, las poblaciones resisten. En las fábricas los obreros se defienden de los despidos masivos. Necesitamos la lucha unida de todos para enfrentar los múltiples ataques. La unidad de la misma clase obrera para enfrentar la ola que está barriendo con sus derechos y organizaciones. Esta es salida y no esperar las elecciones del 2026, que colocará en Palacio y el Congreso a otros bandidos. La salida es luchar hasta la derrota del gobierno de Boluarte y su Congreso y arrancar las soluciones inmediatas que se reclaman. Y por esta vía, construir una solución de fondo, con un Gobierno de las organizaciones obreras y populares.
