El pedido del gobierno de tipificar el delito de “terrorismo urbano” resulta tan incapaz de detener las extorsiones como los “estados de emergencia” y todas las medidas que han fortalecido a la policía.
Por Víctor Montes
Los potentes paros de los transportistas, el 26 de septiembre primero, y el 10, 11 y 12 de octubre después, han abierto un nuevo momento de la lucha contra la criminalidad, el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso.
El punto de quiebre ha sido la absoluta incapacidad mostrada por el gobierno, y las instituciones de la democracia patronal y corrupta, para tomar decisiones y medidas efectivas contra el accionar de las organizaciones criminales que asesinan, amenazan y extorsionan a transportistas, tiendas, mercados y hasta comedores populares.
El año más violento
Los últimos informes periodísticos dan cuenta de que este 2024 ya se ha convertido en el año con más homicidios de los últimos 8 años. Al 10 de octubre, el Sistema de Información de Defunciones (SINADEF) ha registrado 1493 casos, superando el total de homicidios registrados en todo el 2023, cuando se contabilizaron 1431. Esto hace un promedio de entre 4 y 5 personas asesinadas cada día.
Otro tanto pasa con las denuncias de extorsiones. Si en 2023 se realizaron 4397 denuncias, en lo que va del 2024 este número se ha elevado en un 14%, llegando a las 5012 denuncias.
Si tomamos en cuenta que en la mayor parte de los casos, las víctimas deciden no denunciar pues la policía es absolutamente impotente frente a este delito, entonces podemos suponer que la realidad es mucho peor.
El gobierno repite el libreto
Ante la contundencia del primer paro, el gobierno volvió a declarar en “estado de emergencia” 14 distritos de Lima y Callao. Pero rápidamente se hizo evidente la impotencia de dicha medida, lo que provocó la convocatoria y posterior realización del paro de 72 horas de los días 10, 11 y 12 de octubre. Tan ineficaz resultó declarar estado de emergencia, que el propio premier Adrianzén, lamentó no tener la cantidad de policías que se necesitaba.
Golpeado y acorralado, el gobierno, esta vez de la mano del Congreso reaccionario y corrupto dominado por el fujimorismo, han buscado realizar nuevas modificatorias a la Ley de Crimen organizado con la finalidad de revertir parcialmente los cambios que ese mismo Congreso, lleno de agrupaciones investigadas como organizaciones criminales, había aprobado para sacarse de encima a la fiscalía. Las modificaciones no fueron más que una respuesta ruin, rehuyendo a las exigencias para derogar la citada ley.
Por último, desde el gobierno se ha tomado como caballito de batalla la tipificación del delito de “terrorismo urbano”, con penas más severas para quienes sean apresados por este motivo. Una medida que no asegura eficacia en la lucha contra los extorsionadores y sicarios, y que, por el contrario, atenta contra el derecho a la protesta pues coloca en el mismo saco a muchas acciones de protesta popular, al tiempo que extrae del ámbito del sistema judicial a los efectivos policiales o militares que hagan uso indiscriminado de armas de fuego causando la muerte o hiriendo injustificadamente a cualquier ciudadano. Todos los involucrados en los asesinatos del 2022-2023 hubieran estado protegidos por esa ley que se pretende aprobar.
En ese contexto, hablar simplemente de aumentar la cantidad de policías solo multiplicaría la ineficacia y los casos de abusos contra protestas sociales. Es decir, la represión contra quienes hoy valientemente se plantan ante los sicarios y extorsionadores movilizándose, y enfrentan la represión del gobierno.
Pero… ¿Sirven de algo las medidas planteadas?
La clase obrera, en términos de clase, no tiene ningún interés en que se endurezca el aparato represivo de un Estado. Un aparato que siempre está al servicio de los intereses patronales.
Ya ha quedado claro que, más allá la sensación que puede generar ver a los militares en la calle, su presencia es absolutamente incapaz de hacer frente a la criminalidad. Prueba inmediata es el conjunto de ataques que se han perpetrado a buses de transporte y comerciantes, además de los más de 20 asesinatos perpetrados bajo la reciente declaratoria de estado de emergencia.
Menos cuando son los propios mandos de las FF.AA. y policiales los que hacen negocios con esas mismas organizaciones criminales, y la tropa, expuesta a la violencia de las bandas y mal pagada, muchas veces prefiere vender su autoridad y mirar para otro lado, como muestra la reciente denuncia sobre el alquiler que algunos policías hacían de sus armas a extorsionadores y secuestradores.
La policía mata… solo a los que luchan
El derrotero autoritario de la patronal y sus gobiernos, que tuvo un momento cumbre bajo la dictadura de Fujimori, no ha dejado de existir bajo la democracia pactada tras la caída del dictador en el año 2000.
Entre 2002 y 2021, ya “en democracia”, la policía y las FF.AA. asesinaron a 162 personas reprimiendo acciones de protesta. Si les sumamos las 49 que mató el gobierno de Boluarte entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, los números desvelan la verdadera guerra que libran las fuerzas represivas del país: una guerra contra el pueblo pobre y trabajador.
Por eso las declaratorias de “estado de emergencia”, que nos quitan el derecho a la inviolabilidad del domicilio, al libre tránsito, a la libertad de reunión y que no se nos detenga sin una orden judicial, solo han sido “útiles” para el gobierno cuando se ha tratado de enfrentar a la población movilizada.
Visto así, la respuesta a la pregunta ¿A quién sirve realmente la incorporación del delito de terrorismo urbano? cae de madura: a las grandes empresas que saquean nuestro país y explotan a la clase trabajadora, y por supuesto al gobierno, que utilizarán la ley para reprimir, mientras se siguen mostrando absolutamente incapaces de hacer frente al crimen organizado, que es la expresión de un sector de la burguesía que se dedica a negocios ilegales, y defienda balazos sus cotos de poder.
Los que luchan, sus direcciones y la salida
La potente movilización que ha acorralado al gobierno, es liderada por sectores de empresas del transporte, transportistas que son dueños de sus unidades, cobradores, comerciantes medianos y pequeños, y trabajadores que laboran al día, unidos por la necesidad de defender sus ingresos y sus vidas frente al crimen organizado.
Y justamente por eso, su programa de reivindicaciones expresa una variedad de intereses que no necesariamente enfrentan la problemática del crimen desde la raíz, y claramente, no tiene una mirada clasista.
Por el contrario, sus demandas albergan el anhelo de una mayor represión, y coquetea con la recurrente tentación autoritaria que tanto caracteriza a la política nacional desde el nacimiento del Perú como país independiente.
Por eso se hace urgente abrir un debate, desde la base obrera, sobre cuál es el camino para hacer frente al crimen organizado.
Un tema es reivindicar el método de lucha. Los transportistas, comerciantes y demás sectores del “pueblo”, que hoy se han convertido en la punta de lanza del enfrentamiento al gobierno de Boluarte y el Congreso reaccionario, han vuelto a poner en la agenda la movilización y la paralización como el método más efectivo para imponer las demandas más sentidas de la población. Por eso debemos exigir la realización de un verdadero Paro Nacional unitario y de combate, que condense la acción de todos los sectores y sus justas demandas.
Es una exigencia que debe nacer de las bases obreras y populares, de la realización de asambleas que acuerden la realización del paro. Contra la campaña patronal que dice que “el Perú no puede parar”, los transportistas y el pueblo trabajador sabemos que es la única manera de vivir y mejorar nuestra situación.
Por eso urge que la clase trabajadora, que también enfrenta la ola de violencia y crímenes que se ha desatado, y que adicionalmente lucha contra los ceses colectivos, los bajos salarios y el alza del costo de vida, tome esta lucha desde una mirada clasista, denunciando que son justamente el gobierno, al servicio de las grandes empresas, la policía y las FF.AA., los principales responsables del actual incremento del crimen organizado, que germina a lo largo y ancho del país de la mano de un modelo económico saqueador y de la corrupción que trae consigo. Y será uniendo la lucha obrera con la del pueblo, que pondremos finalmente en la mesa las verdaderas demandas obreras y populares.
