Incendios que consumen la amazonia causando muerte y destrucción ante la pasividad del gobierno; bandas criminales que extienden sin freno sus territorios de influencia en la mismísima Capital; numerosas familias que ven pisoteado su derecho a la justicia ante el emblemático caso del genocida, violador de derechos humanos y corrupto de alta factura que fue Alberto Fujimori, quien primero fue ilegalmente indultado y al morir recibió honores del Estado con tres días de duelo nacional. Y numerosas atrocidades más a lo que se suma una nueva oleada de despidos y ceses colectivos por parte de una patronal.
Los peores vaticinios acerca de los costos de la permanencia de Dina Boluarte en el gobierno, fueron largamente superados en los hechos.
Este gobierno que se formó con los despojos del gobierno Castillo, archivando la propuesta electoral que obtuvo mayoría en 2021, aceptando la regencia del fujimorismo y la ultraderecha, y burlando la exigencia nacional de adelanto de elecciones generales, recibió el apoyo del Congreso con la misión de quedarse a cualquier costo.
Al imponerse por medio de una de las más sangrientas represiones a una rebelión popular en la historia reciente del país, con 60 muertos y miles de heridos, lo que se estaba gestando a vista de todos era un gobierno de componenda, o complicidad, entre el Ejecutivo y el Congreso, bautizado después como el «gobierno de los corruptos», donde ambos sectores se prestan entre si una precaria legalidad y el mayor peso lo detentan las fuerzas del Congreso.
Así, una inescrupulosa Dina Boluarte pudo continuar a pesar de su responsabilidad directa en los asesinatos de manifestantes, y a pesar de haber dado rienda suelta a sus mezquinas ambiciones: llenarse de relojes y joyas obtenidas por el uso corrupto de su poder, sin importarle cuánto tiempo le quede para exhibirlas antes de convertirse en la primera presidenta en prisión.
El “gobierno de los corruptos” manejado por la derecha y el empresariado
Y, con una presidenta así, dispuesta a todo con tal de durar hasta el 2026, las fuerzas del Congreso consiguieron el instrumento perfecto para ejercer un poder excepcional como legislativo y dar rienda suelta a ambiciones más siniestras todavía: copar el sistema judicial y buscar lo mismo en el sistema electoral, flexibilizar las leyes contra el crimen, favorecer sus negocios particulares como la educación privada y la minería ilegal.
Todo ello junto con ponerse al servicio de las grandes corporaciones y transnacionales bajando las regulaciones, ampliando la entrega de bosques, mares y áreas protegidas a la voracidad capitalista amenazando el hábitat de poblaciones nativas y la pesca de los pescadores artesanales.
Es en ese contexto que la patronal se siente empoderada para imponer despidos y ceses colectivos de trabajadores en un número creciente de empresas.
El proyecto político de la derecha y la patronal
Los mismos partidos que controlan el gobierno, investigados como organizaciones criminales enquistadas en el poder, y que han convertido al país en un territorio rapiñado, hoy se presentan como los abanderados en el país del movimiento “libertario” que impulsan los partidos ultraderechistas en diversos lugares del mundo, al estilo Milei o Trump, que se alimentan del fracaso de gobiernos burgueses reformistas, populistas e “izquierdistas”.
Esa política de saqueo del país ya la aplicó el fujimorismo en el Perú en los años noventas, el plan neoliberal, y es la causa principal de la actual situación de abismal desigualdad social donde hay nuevos dueños del país frente a una gran masa de trabajadores que viven al borde de la pobreza, cuando no están ya en ella por el desempleo o el subempleo. Sin embargo, ahora la derecha viene por más.
El proyecto político que se está impulsando para el 2026, hoy ya está en el poder y es con esa política que hemos llegado a la situación actual de rapiña generalizada. La muestra más reciente de esa ambición imparable es la ley impulsada por el fujimorismo, y promulgada por el gobierno, de reforma del sistema de pensiones, una ley hecha centralmente para defender y beneficiar los intereses de las corporaciones financieras y AFP que manejan los fondos de pensiones, cuyos abusos despiertan un repudio generalizado.
Situación insoportable y solución impostergable
La situación ha llegado a extremos que amenazan mortalmente a los sectores populares tal como se ha visto en los incendios forestales y el impacto de las extorsiones con atentados que vienen cobrando vidas.
Por eso el reciente paro de transportistas ha sido centralmente una lucha contra el gobierno, para exigir no solo solución al problema de las extorsiones sino también la defensa del derecho al trabajo en el servicio de colectivos y el cese de la brutal persecución del gobierno a través de la ATU.
En el paro de transportistas el gobierno ha conseguido una tregua, y como falsa muestra de voluntad ha optado por el efectismo fácil, comprobadamente inútil y hasta contraproducente que es la declaración de estado de emergencia en casi todo Lima, pero evidentemente eso no resolverá el problema, y hasta puede empeorarlo, son contar el hecho que ese estado de emergencia será utilizado por el gobierno contra las justas luchas.
Otros sectores obreros y populares también sienten necesidad de expresar su bronca y exigir soluciones a sus problemas, pero dependen de la convocatoria de los gremios y centrales sindicales, que hasta ahora vienen priorizando el diálogo y la conciliación con el gobierno. Está política fue aplicada en la coyuntura de la rebelión popular al comienzo del actual gobierno, y está claro que es en parte la causa de la permanencia de este gobierno y sus consecuencias.
Perspectiva obrera y popular
Si el paro de los transportistas hizo temblar al gobierno no es difícil prever lo que sería una lucha unitaria de los trabajadores y el pueblo, y las oportunidades que esto traería para la derrota del gobierno de los corruptos y abrir el camino a la solución de las demandas.
Y no solo eso, la experiencia de una lucha unitaria triunfante que asuma de manera consecuente las banderas de la defensa del medioambiente, la lucha contra el crimen organizado, la defensa de los derechos democráticos, la defensa del empleo y los derechos laborales contra la ofensiva patronal, será la mejor barrera contra las pretensiones ultra liberales de la derecha fujimorista, y no las “alternativas” que brotarán nuevamente en la etapa electoral.
Nos referimos a las diversas versiones del reformismo de izquierda, que están muy enfrascadas en su “pragmatismo” político haciendo el juego al gobierno de los corruptos, cuando no son parte misma de ese gobierno a cambio de prebendas particulares como es el caso de Perú Libre y la protección palaciega a su principal dirigente. La solución no es un gobierno más dentro del actual orden de cosas neoliberal, heredado de la dictadura fujimorista, sino derribar ese orden por un plan obrero y popular, un régimen de la más auténtica democracia de la base y un gobierno de los trabajadores y el pueblo.
Publicado en Bandera Socialista 145. Septiembre – octubre 2024
