Al cierre de la presente edición de Bandera Socialista, son 20 regiones a nivel nacional afectados por los incendios forestales. El impacto es sido devastador: quince personas han muerto, 155 heridos y más de 1.800 ha. afectadas. Alrededor de 1.495,33 hectáreas de cultivo se han perdido. Otras 1.264,85 han quedado dañadas.
Mientras tanto, las autoridades intentan minimizar y ocultar –con la colaboración de los grandes medios de comunicación–, las verdaderas razones que estarían detrás de estos incendios: los grandes intereses agroindustriales en el país, el avance de las actividades económicas ilegales (tala, minería y narcotráfico) y el resultado del calentamiento global ocasionada por el modo de producción capitalista.
Los incendios forestales y la falta de acción de las autoridades
Han sido destruidas hasta el momento más de 2.257,96 hectáreas de cobertura natural. Con más de 4 mil animales heridos y damnificados, y sin saber cuántos de ellos han muerto. Según el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), durante el 2024 se registraron 233 incendios forestales. Las cifras del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, COEN, evidencian un incremento del 115,51% en los últimos cuatro años. El último informe del COEN de Amazonas señala que 9 incendios forestales permanecen activos en este departamento y que el reporte de daños indica que se han perdido 16 801 hectáreas, en su mayoría de cobertura natural.
Fanny Cornejo, directora de la Asociación Civil Yunkawasi, señala que se están “incendiando áreas que normalmente no se queman de forma natural”. Asimismo, señala cómo el incendio ocurrido en la Comunidad Campesina de Corosha, región Amazonas, ha terminado con uno de los hábitats más importantes para el oso andino u oso de anteojos, una zona que en algún momento la Comunidad solicitó que se declarara como área de conservación privada, pero no se concretó”, haciendo referencia al espacio de unas 1000 hectáreas con pajonales naturales que estaban en buen estado.
A pesar de estos datos alarmantes, el accionar del gobierno ha sido tardío y con ánimo de minimizar los daños. Similar a lo que hizo el mismo Pedro Castillo en el derrame de petróleo de la empresa Repsol en las playas de Chancay, y que afectó alrededor de 11 mil hectáreas, al no actuar y tomar medidas para mitigar y evitar que la tragedia se extienda.
Los grandes beneficiarios de esta tragedia
El gobierno y los grandes medios intentan convencer a la opinión pública de que la responsabilidad de los incendios es de los pequeños y medianos agricultores, debido a sus prácticas ancestrales. Si bien estas prácticas existen, en la realidad no explica el gran desastre y la rápida extensión de los incendios, al igual que en los en Brasil, Bolivia, Ecuador. Al contrario, aquella idea es un absurdo; de ser cierta ya nos habríamos quedado sin Amazonía hace mucho tiempo.
Todos estos hechos y discursos más bien son acciones dirigidas a proteger los grandes negocios agroindustriales detrás de ellos. Negocios que se benefician de la Ley Forestal recién dictada, que indica la suspensión de la obligatoriedad de la zonificación forestal como requisito para el otorgamiento de títulos habilitantes, y la legalización de las zonas sin masa boscosa donde se desarrolle actividad agropecuaria, sin importar si es legal o no, y que beneficia a empresas legales como ilegales (minería, tala, etc.) que continúan con la invasión de territorio forestal y la deforestación en la Amazonía.
Este beneficio, para las grandes empresas, está promoviendo cada vez más la ambición por expandir zonas para fines comerciales: la plantación de palma aceitera, cacao, café. Ya que las zonas destruidas por los incendios podrán ser consideradas ahora zonas para actividades agrarias, sin importar si son incluso parte de áreas de zonas protegidas, tal como sucedió con la devastación forestal de más de 25.000 hectáreas en el territorio ancestral de la comunidad indígena Santa Clara de Uchunya, en Ucayali.
El negocio sobre la Amazonía se sigue expandiendo con o sin ley. Y los luchadores y líderes indígenas que ponen su vida para defenderla, lo saben muy bien.
Una reciente investigación llevada a cabo por la Agencia de Investigación Ambiental (EIA) denuncia el crecimiento del negocio de la deforestación en el Perú, específicamente en las regiones de Loreto y Ucayali, como consecuencia de la expansión de la agroindustria, en zonas declaradas hace poco en estado de emergencia por los incendios forestales.
El estudio se enfocó en 10 empresas involucradas en la producción de estas materias primas, entre ellas Plantaciones de Lima y Cacao de la Amazonía, y Plantaciones de Pucallpa (hoy Ocho Sur P). Y descubrieron que siete de ellas adquirieron tierras en áreas donde más de 13 mil hectáreas habían sido deforestadas. De ellas, tres no contaban con los permisos necesarios para tal efecto.
La influencia del calentamiento global en los incendios forestales
El cambio climático, marcado por nuevas catástrofes producidas por fenómenos extremos, cada vez más intensos y cada vez más frecuentes como las sequías en la zona andina, es el resultado del calentamiento global causado por la quema de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón), que liberan toneladas de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a la atmósfera por culpa de la industria capitalista y su voraz consumo de petróleo.
La destrucción ambiental en el Perú y las emisiones de GEI están directamente relacionadas con el modelo económico actual, basado en la exportación de productos primarios, agrícolas o minerales. Además, la expansión territorial de este modelo de agricultura, no puede detenerse en el marco de este sistema. Esto se debe a que la reducción de los precios de producción del sector depende de la apertura permanente de nuevas tierras, incluso las menos fértiles, para obtener una tasa de la renta de la tierra cada vez mayor.
Defendamos la Amazonía
La tendencia de los grandes propietarios es controlar cada vez más las mejores tierras y adquirir mayores cantidades de ingresos. Además, buscan aprovechar el incremento de los precios de los aceites vegetales, como de la palma aceitera, que se ha visto en alza debido a la guerra entre Ucrania y Rusia. Pero también buscan presionar al Estado para tener más leyes a su favor, así como lo hicieron con la ley 31973 para ganar nuevas áreas en la producción.
Ante esto, los trabajadores y el pueblo necesitamos organizarnos y manifestarnos en las calles en primer lugar para exigir medidas urgentes y efectivas para frenar los incendios forestales cuanto antes, y por más presupuesto para combatir y prevenirlos, pues hay una carencia de material y equipo logístico.
Necesitamos también impulsar la lucha contra la deforestación, no solo contra los que lo hacen impunemente, sino también contra el aparato estatal manchado de sangre y corrupción que está dispuesto a sacrificar la Amazonía a favor de los grandes intereses empresariales. Este combate tiene que tener como objetivo cambiar todo e imponer nuestras demandas más urgentes en el tema medioambiental, sumando el alza del costo de vida, la recuperación de nuestros recursos naturales y la necesidad de tener una verdadera participación, a través de los organismos obreros y populares, en la toma de decisiones del país.
