Por Víctor Montes
Trabajadores y empresas de transporte realizaron un paro de 24 horas el pasado 26 de septiembre contra la incapacidad del gobierno para poner fin a la escalada de extorsiones y atentados contra sus unidades de transporte y contra sus vidas.
Lima amaneció sin unidades de transporte. El paro contundente, obligó a que Boluarte y su consejo de ministros tomaran rápidamente medidas, anunciando en horas de la tarde la declaratoria de 17 distritos de Lima ‘estado de emergencia’.
Con esto, se suspendió el segundo día de paro, a la espera, sin embargo, de que el gobierno haga algo efectivo frente a la inseguridad.
La respuesta del crimen organizado
Paso un día, sin embargo, para que las bandas de extorsionadores realicen un nuevo atentado contra unidades de transporte público en el distrito de independencia (uno de los distritos declarados «en emergencia»): una veintena de autobuses fueron quemados en una cochera tras el estallido de una granada.
Con esto dejaron en claro que las medidas adoptadas por el gobierno hoy, son tan estériles como los «estados de emergencia» impuestos el año pasado en muchos de los distritos afectados hoy por la medida.
La situación y la respuesta
El crimen organizado, verdaderas empresas delincuenciales, ha crecido exponencialmente en el último periodo. Y dentro de las actividades que realiza, la extorsión se ha extendido rápidamente por la coudad. No solamente transportistas: comedores populares, tiendas y negocios de los barrios, cada día son obligados a pagar cupos para para garantizar su seguridad.
En el caso del transporte han resultado impactantes los atentados contra las unidades incluso en ruta. Choferes y cobradores han pagado con su vida el resistirse a pagar a las bandas criminales.
Un paro justo
El sistema de transporte en el Perú, y particularmente en Lima, caracterizado por la informalidad, es producto del plan neoliberal impuesto por la dictadura fujimorista, que destruyó a la empresa nacional de transporte urbano, para abrir el camino a las combis, cousters y demás servicios de transporte público, como una magra salida a la falta de trabajo.
Muchos de sus trabajadores no tienen salario ni horario fijo, seguro o sistema de pensiones. Y encima, lidian con la criminalidad. Han sido estos trabajadores los que han puesto el pecho durante el paro, movilizándose y enfrentándose a las pocas unidades que intentaron romper la medida de fuerza.
De esta forma han encabezado un paro justo, que a pesar de haber afectado a millones de trabajadores y trabajadoras que debían dirigirse a sus centros de labores, ha ganado su solidaridad pues manifiestó al mismo tiempo el hartazgo de esa población trabajadora con la ola criminal.
¿De dónde viene la actual ola de inseguridad?
El boom de las exportaciones que se produjo entre 2004 y 2013, incrementó las ganancias patronales. Mientras los gobiernos hablaban de ‘milagro peruano’, y prometían la llegada del Perú al ‘primer mundo’, la economía informal e ilegal crecía en paralelo al crecimiento económico general, aprovechando la miseria de nuestra sociedad.
Desde entonces las bandas criminales no han cesado de crecer, actuar y de «diversificar» sus ‘negocios’, ni de incrementar su violencia.
En ese contexto, las bandas han terminado sirviendo de refugio y medio de sobrevivencia para los sectores más miserables y empobrecidos de la población, que no tienen camino en la economía ni formal ni informal.
Un gobierno incapaz
Boluarte, que reprimió a sangre y fuego el levantamiento del sur para mantenerse en el poder, se muestra incapaz de hacer frente a la criminalidad, debido, por una parte, a que no puede romper el modelo económico, para garantice trabajo para todos y todas.
Para esto, el gobierno tendría que tomar control de las empresas que despiden, disminuir la jornada laboral a 4 horas diarias para garantizar que todos tengamos acceso a un puesto de trabajo, e incrementar el salario y las pensiones para garantizar una vida digna. Nada de eso es posible bajo la lógica del capitalismo neoliberal.
Pero por otro lado, el Estado está comprometido hasta la médula con el crimen organizado por medio de la corrupción que lo infecta por completo, y particularmente a las fuerzas policiales y militares, a las que justamente les entregan más poder cuando decretan el Estado de emergencia. Muchos de esos efectivos forman parte de las propias bandas criminales.
El propio gobierno, congreso y poder judicial, están infestados y formados por bandas criminales, como prueban los casos ‘Waykis en las sombras’, ‘Chibolín’, ‘Cuellos blancos’, y un largo etc. Por eso no es extraño que hayan sacado el delito de «extorsión» de la ley que establece los delitos del crimen organizado.
Frente a esto la alternativa sería la conformación de rondas urbanas, que actúen armadas por el propio Estado para hacer frente a la criminalidad. Rondas dónde en lugar de rangos, se elijan los mandos y se les revoque en cualquier momento. Pero otra vez, la sola posibilidad de que el pueblo organizado y armado pueda defender sus propios intereses y sus vidas, aterra a los patrones.
Del mismo modo, se hace urgente que sean tribunales de las organizaciones populares y de trabajadores los que tomen en sus manos los juicios contra los criminales, para evitar que sean comprados por el dinero de los criminales y de la patronal.
Organizar la lucha contra el crimen sin confiar en el gobierno ni el Estado
Por eso hoy requerimos escalar, del paro de transporte, con el que nos solidarizamos plenamente, a una acción unificada nacional, convocada por las centrales sindicales, cómo la CGTP, CUT, etc. y demás organizaciones populares, contra este gobierno y la criminalidad, por trabajo, salario y seguridad. Así como por justicia y sanción a los responsables de la represión que asesinó directamente a 49 luchadores a principios de 2023, durante la rebelión del sur.
Solo unificando las diversas banderas del pueblo pobre y trabajador, enfrentando al gobierno asesino y corrupto y al Congreso reaccionario, abriremos camino a la solución de nuestras demandas, que solo podremos realizar plenamente rompiendo con el capitalismo neoliberal, de la mano de un gobierno de las organizaciones de los trabajadores, trabajadoras y el pueblo pobre y oprimido.
