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Hay una alternativa al plan de Milei

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Por PSTU-Argentina

Javier Milei dice que no hay “Plan B”. ¿Se trata de una “locura” del presidente? ¿A qué se refiere? ¿Por qué los sectores más concentrados de la economía -mineras, petroleras, finanzas, agro- lo apoyan, pese a que saben del riesgo de que su “motosierra” provoque grandes luchas e inestabilidad?

En los años ‘80, los centros financieros internacionales y los países centrales -que se veían venir la crisis económica de principios de este siglo- se pusieron de acuerdo en un giro económico mundial, que se conoció como “neoliberalismo” y luego “globalización”.

Esos acuerdos, expresados más tarde en el Consenso de Washington (“fundamentalismo de mercado”), consistían en apertura total de los mercados, la colonización más completa, privatizaciones y desindustrialización de los países subdesarrollados y los ex Estados Obreros (China, Rusia, etc.), el control de todas las materias primas, la flexibilización laboral absoluta y demás. Una verdadera “motosierra” mundial.

Todos los gobiernos entreguistas de los países semicoloniales (entre ellos Argentina), se pusieron a cumplir con los deberes que les imponían esos centros internacionales, que presionaban mediante la tenaza de la Deuda Externa y otros mecanismos.

Algunos, como el Chile del régimen pinochetista o el Perú de Fujimori, con dictaduras, pudieron imponer prácticamente toda la agenda, transformando sus  países y sus pueblos en cotos de negocios al servicio de las multinacionales.

Otros, como Argentina, intentaron hacerlo en “democracia”. En nuestro país, fue la década menemista, con todas sus medidas y la Constitución de 1994, negociada con el radical Alfonsín, que abrió el país al saqueo de los recursos naturales por parte de las mineras y petroleras imperialistas.

Pero la resistencia de la clase obrera y el pueblo puso límites. Menem no logró completar, ni mucho menos, los dictados del Consenso de Washington. La lucha popular abrió el proceso que desembocó en el Gobierno de De La Rúa y su  caída. 

Los Kirchner siguieron aplicando ese plan. Pagando la Deuda, respetando la inmensa mayoría de las privatizaciones menemistas, favoreciendo la entrada de más mineras que saquean nuestros recursos y destruyen el medio ambiente. La ruta marcada por el Consenso de Washington no se detuvo ni un minuto. Sin embargo, por efecto del 2001, tuvieron que pausarlo. 

La gran crisis mundial del 2008-9, junto a la puja mundial imperialista (ahora con la entrada en escena de la potencia China), los obligó a acelerar el proceso. Pusieron la “motosierra” a máxima velocidad.

La encrucijada capitalista

Macri 2015 tenía como objetivo completar lo que Chile o Perú habían aplicado 20 años antes. Era la necesidad absoluta de la clase capitalista internacional y nacional para nuestro país.  Se propuso llevar adelante sus famosas “Reformas” (previsional, laboral, tributaria).

Avanzó bastante, pero quedó lejos de lograr su objetivo. Los paros generales y las gloriosas jornadas del 18 de diciembre del 2017 (por las cuales nuestro partido mereció cárcel de algunos de sus dirigentes y persecuciones hasta hoy) le dieron el “tiro de gracia” al intento. Macri reconoció públicamente que ese día “se quebró su Gobierno”.

El Gobierno peronista continuó (a su ritmo) las modificaciones, pero la gran tarea siguió pendiente. La envergadura de la crisis económica de nuestro país es producto de estas contradicciones. Eso sumado a la profundización de la crisis mundial, no dejó lugar a medias tintas. El capitalismo está pagando el precio de no haber logrado imponer toda la agenda neoliberal hace rato.

La ubicación que el sistema imperialista le da a la Argentina en la división internacional del trabajo es proveedora de materias primas, crecientemente desindustrializada y con niveles de vida cercanos a países como Perú o Chile (es decir, muy por debajo de nuestros niveles históricos). Deben lograrlo ya mismo.

Por eso, no hay Plan B. El Gobierno tuvo que recortar su paquete inicial, para que pase en el Congreso. Mantuvo los aspectos nodales centrales (Reforma Laboral, saqueo de los recursos naturales, recorte de libertades). Y volverá a la carga con el resto, como las facultades votadas para que haga lo que quiera.

Enfrentarlo con un proyecto opuesto

Tenemos que derrotar el proyecto de Milei. Es decir, derrotar al propio Gobierno, que no se moverá de su plan.

Pero no se trata de destruir la “motosierra”, para volver a la “tijera”. Por un lado, porque el peronismo ha seguido el mismo plan, a su propio paso. Así mismo, la encrucijada capitalista los obligaría a ellos, de ser Gobierno, a aplicar un ajuste similar al de Milei.

Para terminar con la decadencia de nuestro país y el retroceso constante del nivel de vida hace falta otra política: expropiar a todas las multinacionales y grandes capitalistas nacionales, dejar de pagar la Deuda fraudulenta, y poner todos  los recursos al servicio de un plan económico obrero y popular.

Eso se llama socialismo, la única salida de fondo para la crisis a favor de la clase obrera. Esa es la razón de la campaña de Milei contra el socialismo.

Todo el que defienda al capitalismo (como hacen desde Cristina y Massa hasta Grabois), defiende en esencia lo mismo que Milei.

Cayó la ley: Plan de lucha por el salario y contra la política de Milei, Macri y el FMI

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Por PSTU-Argentina

El proyecto de ley del gobierno fue retirado, y de acuerdo a declaraciones oficialistas, no volvería ser presentado. El DNU fue recortado por la Justicia.

No lograron votarlo, pese a la voluntad de la oposición rastrera, que votó la ley en general. Y pese a la actitud del peronismo y la CGT, que se opusieron pero no movilizaron en las calles para dar una derrota completa al gobierno.

Es un importante round ganado por la clase obrera y el pueblo, contra los proyectos de Milei, los capitalistas y el Fondo Monetario. Decimos round, porque no se ganó la pelea. Con seguridad, Milei volverá con la “motosierra” de otro modo, e intentará imponer todas sus medidas de cualquier forma.

Le declaró la guerra a los trabajadores y a la soberanía nacional, en un proyecto compartido por el conjunto de los empresarios nacionales e multinacionales. Hemos ganado una batalla, pero la guerra continúa hasta que lo derrotemos definitivamente.

¿Qué pasó?

El enorme paro y movilización provocaron una crisis que se “llevó puesto” un ministro, y complicó todas las negociaciones.

Las medidas de la CGT, pese a la desconfianza en los dirigentes, se transformaron en un punto de referencia para amplios sectores de la Cultura, de las asambleas populares, de la izquierda y muchos que se movilizaron de manera independiente. Se mostró la voluntad de lucha de la clase obrera.

Estaba planteada la posibilidad de una derrota contundente, y para eso era necesario continuar con nuevas medidas y un plan de lucha.

Pero la CGT “apretó el freno”,  permitiendo que el oficialismo se recompusiera, y volviera a la carga,  logrando la votación “en general” de la Ley el día viernes. Fue una nueva y verdadera traición de los dirigentes sindicales, que se borraron al día siguente de la manifestación. Grabois apareció un ratito, como paseando “para la TV”. Guillermo Moreno, muy bueno para hablar por tele, ni apareció, ni llamó a movilizarse. Y Cristina estuvo contra el paro y se calló la boca. No hicieron nada.

Esa votación “en general”, demostró que no podemos tener ninguna confianza en el Congreso, ni en la Justicia, ni en estos politiqueros peronistas, que solo piensan en las próximas elecciones. Solo podemos confiar en la fuerza de la movilización obrera y popular.

Sin embargo, la ley “cayó” en las votaciones particulares.

Era tanto el recorte impuesto por el FMI y la voracidad del gobierno y sus capitalistas amigos, que incluso los cobardes y sumisos diputados opositores, tuvieron que ir “podando” la ley. Fue una verdadera pelea entre patrones, una lucha entre buitres para repartirse lo que le sacan al pueblo con rebaja salarial, tarifazos, ajuste y hambre. Todos están de acuerdo cuando la “motosierra” apunta contra los trabajadores y la soberanía nacional, pero no tanto cuando los afecta a ellos.

Y en esa pelea, terminaron reduciendo tanto la ley, que Milei se rindió.

¿Y ahora, cómo sigue?

La peor conclusión sería confiar en que la próxima el Congreso volverá a frenar al gobierno. Al contrario, están ansiosos de poder apoyarlo, porque representan a una clase capitalista que necesita profundizar la explotación obrera y el saqueo de los recursos nacionales, a expensas del medio ambiente y las comunidades. Y para eso, coinciden en recortar los derechos democráticos populares, para atar de manos nuestra resistencia. Son una cueva de ladrones, capaces de entregar todo.

Volverán a negociar y, de un modo u otro, volverán a apoyar la política hambreadora, entreguista y represora de Milei. Si es por ellos, la guerra la ganan los empresarios, el Fondo  y este gobierno.

Tenemos que aprovechar este golpe que recibió el gobierno, para poner en pie un plan de lucha de toda la clase obrera.

La izquierda estuvo presente denunciando la ley, lo que fue correcto, pero no tiene la fuerza suficiente para frenar esto. Bullrich se dio el gusto, incluso, de reflotar su “protocolo represivo”, inútil ante las grandes movilizaciones obreras. Solo los trabajadores y trabajadoras, con sus organizaciones, a la cabeza del conjunto de los que seremos afectados por el proyecto que Milei no abandonará, unidos y organizados, podemos derrotar completamente al gobierno en esta guerra.

Es una guerra: ganan ellos, o ganamos nosotros. No hay empate posible.

Paro y plan de lucha inmediato

La gran movilización demostró la predisposición a luchar de nuestra clase.

Ante el aumento del  transporte, de los alimentos, de los artículos escolares, la salud, pone a todos los trabajadores, no importa a quién votaron, en la necesidad de luchar para recuperar lo perdido, hasta lograr un salario igual a la canasta familiar, ajustado mensualmente de acuerdo a la inflación.

Los estatales pelean contra los despidos. Los petroleros y pescadores de Chubut están en pie de guerra, enfrentando la represión y persecución de sus dirigentes.  Gremios numerosos como los metalúrgicos, tienen salarios mínimos debajo de la línea de pobreza. En todo el país los trabajadores se preparan enfrentar la ofensiva patronal y luchar por el salario.

Es momento de retomar la pelea para lograr un nuevo paro nacional y un plan de lucha hasta derrotar al gobierno.

Los dirigentes tienen que retomar la lucha. Tenemos que hacer asambleas en todas las fábricas y empresas, colegios y  reparticiones, para preparar este plan de lucha. O lo convoca la CGT, o lo haremos desde las bases, pasando por encima de ellos.

A través de la organización democrática, las asambleas, los plenarios con mandato, las comisiones y comités para recorrer otras fábricas, unirse a las barriadas, convencer a quienes aún tienen alguna espectativa en Milei, o a quienes por desconfianza en los dirigentes traidores tienen miedo de salir a luchar. Preparar fondos de huelga, para tener recursos para la lucha.

Organizándonos también para resistir, enfrentar y derrotar la represión del gobierno, con lo que haga falta. No podemos ingenuamente dejar que disuelvan nuestras movilizaciones con su “gas pimienta”, sus gases y balas de goma. Tenemos vehículos, sabemos manejar maquinarias, conocemos los recursos para paralizar sus motos. Es hora de organizarnos para derrotar su “protocolo” contra las luchas obreras

Por un proyecto obrero y popular

Mientras nos organizamos y reclamamos a los sindicatos la pelea unitaria, en las asambleas obreras, tenemos la oportunidad de debatir democráticamente las medidas y el plan que necesitan los trabajadores y el pueblo.

Las medidas para ajustar a quienes deben ser ajustados, los que no pagan impuestos,  los que viven de la explotación obrera. Tenemos que expropiar a los grandes capitalistas, terminar con la estafa de la deuda externa, nacionalizar la tierra y los recursos minerales, imponer un solo banco nacional y expropiar los demás, para que toda la economía funcione al servicio un proyecto de desarrollo económico nacional para beneficio a las mayorías.

Es decir, una verdadera revolución socialista, el único cambio en favor del pueblo, contra Milei y los empresarios que lo bancan.

Argentina | Lo que dejó el paro del 24

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Por PSTU-Argentina

Con una inmensa movilización a lo largo y a lo ancho del país, el Paro General del 24 de Enero demostró que los trabajadores tenemos la fuerza y la voluntad de hacerle frente al plan de Javier Milei. Los primeros efectos no tardaron en llegar: la Justicia suspendió el aumento de tarifas y varios artículos del DNU, los referentes a la Reforma Laboral, a la Ley de Tierras y a la desregulación de los aumentos en las prepagas, aunque por ahora éstas en casos individuales.

Un paro que pudo ser más

Aunque la movilización fue enorme tanto en Buenos Aires como en distintas ciudades del país, el acatamiento al paro fue desigual en muchos sectores. Esto se debe en primer lugar a que los dirigentes de la CGT y las CTAs no se jugaron del todo a parar. Algunos sectores con mucho peso en la economía como la Federación Petrolera, adhirieron al paro, pero no pararon. Tampoco ayudó el horario. El paro debía ser desde primera hora, garantizando con piquetes la medida. Cuando más de la mitad de los trabajadores del país están en la informalidad, resulta aún más indispensable garantizar las medidas.

Las direcciones sindicales tampoco se jugaron a hacer aún más masiva la convocatoria. Algunas llegaron al punto de cambiar su cita para la movilización de un día para el otro, provocando confusión. Mismo en la concentración, desde el palco se llamaba a “salir de la calle” para no hacerle el juego a la derecha. La calle continuó cortada igual, pese a todas las amenazas de Bullrich.

Una política para traicionar

Los dirigentes llamaron a este paro y movilización con una trampa: confiar en que al ajuste de Milei lo derrotaremos en el terreno de las instituciones, el Parlamento y la Justicia. Así por ejemplo convocaron con la consigna de “apoyar a los diputados para que no voten la Ley Ómnibus ni el DNU”, o presentando amparos judiciales contra las medidas del Gobierno.

Por medio de la movilización podemos empujar a la Justicia a fallar en favor de nuestras reivindicaciones, pero no podemos confiar en que sea el camino para derrotar a Milei y a su séquito. Sobre todo siendo que la misma Justicia es la que persigue a nuestros compañeros, como después de la movilización contra la Reforma Previsional de Macri.

Tampoco podemos tener expectativas en el Parlamento. Más cuando sabemos que los votos para la ley están. Al cierre de esta edición se sigue debatiendo la ley en la Cámara de Diputados y el circo de los dictámenes continúa: nadie sabe que está votando, mientras la Policía Federal y Gendarmería reprimen fuera del Congreso. Esto muestra al Parlamento como lo que es, una cueva de bandidos, de la que no puede salir nada bueno para el pueblo trabajador.

Prepararnos para una pelea larga e intensa

Aún así no pase la Ley Ómnibus ni el DNU, mientras no derrotemos al Gobierno, el plan seguirá adelante. Mientras tanto, los precios siguen aumentando y los salarios no dan para más, mientras continúan los ataques en forma de despidos, centralmente hacia los trabajadores estatales, y comenzando con los privados.

Debemos contestar de manera contundente: necesitamos preparar una lucha como la que dimos el 18 de diciembre de 2017, pero mejor preparada. Es la única manera de no solamente frenar el deterioro de nuestro salario y garantizar el pan, sino también de tirar abajo todos los ataques de este Gobierno ultra ajustador. Esto se vuelve aún más importante si la Ley se vota y el DNU queda vigente.

Hay que ir a buscar a las compañeras y compañeros que hoy están con dudas, convencerlos. Hacer asambleas en todos los lugares, y preparar una respuesta unificada. Hace falta un plan de lucha, con medidas contundentes que toquen las ganancias capitalistas. No podemos confiar ni en la Justicia ni en el Congreso, hay que derrotarlos en las calles.

Argentina necesita una Revolución

Pero nos engañamos si creemos que esto se resuelve solamente luchando. La crisis que vivimos es responsabilidad de todo este sistema capitalista.

Mientras los empresarios se llenan los bolsillos, los trabajadores cada vez somos más atacados. Aunque los diferentes gobiernos liberales, peronistas, radicales, varían la intensidad del ataque, todos siguen sosteniendo este sistema al final del día.

Es hora de cambiar las cosas. Tenemos que construir una alternativa revolucionaria, un gobierno de los trabajadores. Que expropie las principales empresas y los recursos naturales y los ponga al servicio del pueblo trabajador. 

Lo que necesitamos es una Revolución Obrera y Socialista. Es la única alternativa a los planes de miseria que nos siguen imponiendo.

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Internacionalismo el 24 de enero

El paro del 24E contó con el apoyo internacional de grandes movilizaciones en todo el mundo. Nuestro partido mundial, la LIT-CI, fue parte de esas movilizaciones y llamó a la solidaridad con el pueblo argentino.

En la movilización al Congreso, estuvo presente Altino Prazeres, dirigente del Metro de San Pablo, despedido por luchar contra las privatizaciones. Y también es militante del PSTU, en Brasil.

Esto demuestra, una vez más, que los trabajadores no tenemos fronteras, que nuestra lucha es internacional. Debemos redoblar esa solidaridad con los pueblos del mundo, de cara a las peleas que se vienen.

VIDEO: CON TRABAJADORES Y PUEBLO ARGENTINOS

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El Partido Socialista e los Trabajadores, PST, llama a la solidaridad urgente con lostrabajadores y el pueblo argentino en lucha contra el paquetazo del gobierno Milei y el FMI.

Solidaridad con los trabajadores y el pueblo argentino

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La clase trabajadora de la Argentina realizan una gesta histórica este miércoles 24 de enero con la realización de una huelga general con movilizaciones en todo el país, contra el gobierno de Milei y su paquetazo entreguista y antiobrero. Los trabajadores y trabajadoras peruanos estamos en el deber de expresar nuestra solidaridad con esta lucha, que es parte de la lucha que también libramos aquí contra la patronal y el imperialismo, tal como lo están haciendo centrales y sindicatos en todo el mundo.

La Argentina viene en crisis desde hace años, con una inflación que a diario esfuma los salarios y una deuda externa cada vez  más impagable, que han hundido en la desesperación a las grandes mayorías y que la patronal busca resolver con un shock, ajustando más a los trabajadores y pobres y entregando más al país, para darle un nuevo impulso a los negocios empresariales.

El gobierno de Milei, recién asumido el 10 de diciembre y surgido ante el fracaso estrepitoso del peronismo y por la ausencia de una verdadera salida independiente de los trabajadores, se inauguró aplicando un decreto (DNU) que arrasa con todo tipo de derechos y conquistas sociales y presentando un mega proyecto de ley que intenta recortar o derogar otras, como privatizar empresas estatales y desregular todo, para entregar la economía al libre albedrío de los monopolios y oligopolios.

La clase obrera argentina ha sufrido innumerables ataques en su historia, pero nunca un ataque tan descomunal como el que ahora se pretende y que ya significan más alzas de precios, despidos masivos, nuevos tarifazos y la liquidación de todos los bienes públicos, acompañado por nuevas medidas represivas como la que prohíbe las manifestaciones en las calles y los llamados cortes de rutas, ampliando la criminalización de la protesta con la que ya llevó a la cárcel a muchos luchadores, entre ellos a compañeros del PSTU, nuestro partido hermano en dicho país.

Ante esto se produce la convocatoria a la huelga del miércoles 24 realizada por todas las centrales, incluida la CGT, aun pese a su dirección burocrática y a su inclinación “negociadora”, pero obligadas por el inmenso empuje que viene de abajo y en la que juega un destacado rol la izquierda combativa y una numerosa vanguardia obrera organizada de manera autónoma e independiente.

Mientras la burocracia busca “negociar” las medidas de Milei la izquierda revolucionaria plantea la implementación de un plan de lucha hasta la derrota del gobierno y su plan, en la perspectiva de abrir una salida independiente y de los trabajadores en la Argentina, y de la que el paro del 24E debe inscribirse como el primer paso.

La causa de los trabajadores y trabajadoras argentinas es de toda la clase obrera mundial porque en todas partes enfrentamos los mismos ataques. Solo en Perú, los despidos y ceses colectivos son pan del día, no hay empleo, se encarece la vida y las penurias sociales van en aumento de la mano de un gobierno no solo corrupto sino sobre todo ilegítimo porque se impuso asesinando medio centenar de luchadores y por cuya causa no solo debe caer sino deben ir a la cárcel Boluarte, Otárola y Cía.

Este motivo es y sería suficiente para mostrar nuestro apoyo a la lucha del pueblo argentino, pero además nos une con ella una larga historia de solidaridad y unidad en la lucha antiimperialista como fue en la guerra de Las Malvinas, y la amplia solidaridad que desplegaron en la lucha contra el golpe reaccionario de Boluarte, lo que hace de nuestro apoyo un compromiso mayor de hermandad y de clase.

Llamamos a las organizaciones sindicales, populares y de la juventud, a los activistas y luchadores, a manifestarnos en la Embajada de Argentina (Calle Las Flores 326, San Isidro), llevando cada cual sus propias banderas. Nosotros, el PST lo haremos a las 5.00 pm.

¡Viva el Paro del 24E de la CGT y trabajadores argentinos!

¡Abajo el DNU y la ley ómnibus de Milei!

Israel anuncia reducción de tropas, pero mantiene su política genocida en Gaza

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El 1 de enero, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, anunció el retiro de dos brigadas de la Franja de Gaza. Cada brigada cuenta con alrededor de 4.000 soldados. Alegó que los costos de la guerra contra los palestinos se habían convertido un peso para la economía israelí. Anunció además que tres brigadas más deben retirarse para recibir entrenamiento. Pero afirmó que el criminal genocidio continuará por varios meses.

Por Fabio Bosco. LIT-CI

De hecho, la economía israelí se contrajo alrededor de 2% solo en el último trimestre de 2023 debido a los altos costos militares y también al impacto de la convocatoria de los reservistas que dejaron vacíos sus lugares de trabajo. Pero el ministro no mencionó las otras dos razones más importantes: la presión internacional para un alto el fuego, que obligó al gobierno de Estados Unidos a presionar a Israel para que cambiara su estrategia militar en Gaza; y la resistencia palestina que impuso 170 bajas israelíes en Gaza y destruyó una gran cantidad de tanques y material militar.

El cambio de estrategia militar deseado por Estados Unidos consiste en sustituir la llamada doctrina Dahiya, de ataques indiscriminados sobre toda la población palestina y de destrucción generalizada con el objetivo de enfrentar a los palestinos con Hamás. Esta doctrina fue aplicada por los sionistas en Dahiya, un barrio de Beirut, durante la invasión del Líbano en 2006. El presidente estadounidense, Joe Biden, concuerda con mantener, por ahora, la ocupación violenta de Gaza, pero desea ataques centrados sobre Hamás y sus líderes para desinflar la presión internacional y para caracterizar una “victoria” israelí sobre la resistencia palestina.

Otro punto de desacuerdo es sobre la expulsión de los palestinos de Gaza. Los sionistas quieren implementar la “solución final”, es decir, la expulsión de toda o casi toda la población palestina para el Sinaí o incluso para diversos países. Con este fin, busca hacer imposible la supervivencia humana en Gaza. Estados Unidos concuerda con expulsar a una pequeña parte de los 2,4 millones de palestinos de Gaza a través de la concesión de visados ​​para varios países, pero entiende que es políticamente inviable expulsar a toda la población, particularmente para el Sinaí, debilitando el régimen egipcio.

El último desacuerdo público tiene que ver con el futuro de Gaza. Los sionistas quieren una Gaza sin palestinos y no aceptan la propuesta estadounidense de que la Autoridad Nacional Palestina, encabezada por Mahmoud Abbas, gobierne Gaza, en la práctica allanando el camino para un mini Estado palestino en Gaza y Cisjordania.

Sin embargo, el Estado de Israel es un enclave imperialista en Medio Oriente y depende de la ayuda económica, militar y diplomática de Estados Unidos para sobrevivir. Por eso, en vísperas de la llegada a Tel Aviv del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, se hizo un discreto anuncio de reducción de tropas en Gaza, sin que ello suponga un reconocimiento de concesión a las presiones estadounidenses.

Suprema Corte anula reforma judicial

El mismo día, la Suprema Corte israelí decidió por 8 votos contra 7 anular la reforma judicial aprobada por el Knesset (parlamento israelí) que vaciaba sus poderes para condenar eventuales decisiones tomadas por el gobierno sionista.

La Suprema Corte tomó esta decisión ahora, aprovechando la impopularidad del gobierno liderado por Netanyahu y también el inminente fin del mandato de dos miembros del Tribunal Supremo, lo que podría cambiar el resultado de la ajustada votación.

Esta reforma judicial dividió al Estado sionista, a la población sionista e incluso al movimiento sionista fuera de la Palestina ocupada. Esta reforma fue aprobada el año pasado[1] por una mayoría parlamentaria que unió la banca de los colonos nazi-sionistas liderada por los partidos Sionismo Religioso del ministro de Finanzas Bezalel Smotrich y el Poder Judaico del ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir, con la banca de los partidos ultrarreligiosos ( Shas y Judaísmo de la Torá Unido) y del derechista Likud de Benjamin Netanyahu.

Esos colonos quieren total libertad para expulsar a los palestinos y colonizar toda Jerusalén, Cisjordania y Gaza. Los ultrarreligiosos quieren mantener los subsidios financieros estatales para que sus integrantes se dediquen exclusivamente a los estudios religiosos y evadir el servicio militar. Además, quieren retirar de la Suprema Corte el derecho a bloquear el nombramiento de ministros condenados por corrupción, como ocurrió con el líder del Shas, Aryeh Deri. Netanyahu, por su parte, quiere archivar tres procesos judiciales por corrupción.

Por otro lado, la reforma encuentra una amplia oposición de varios sectores de la propia burocracia estatal (incluidos sectores de las fuerzas armadas y del servicio secreto) y de la clase media sionista preocupados por los efectos del discurso abiertamente racista y antiárabe del actual gobierno sobre la imagen internacional del Estado de Israel, así como sectores burgueses preocupados por las pérdidas causadas por la campaña de boicot (BDS) sobre sus negocios. Ellos ven la independencia del poder judicial como un contrapeso a un gobierno abiertamente racista y fundamentalista[2]. Todavía, existía una amplia oposición a la reforma judicial entre la comunidad judía más grande del mundo, localizada en Estados Unidos[3].

Movilizaciones por la renuncia del gobierno y por la convocatoria de nuevas elecciones

El primer ministro sionista Benjamin Netanyahu atraviesa su peor momento. Además de la probable condena por corrupción, Netanyahu enfrenta movilizaciones callejeras por la caída de su gobierno. Las encuestas a la opinión pública indican que su banca perdería alrededor de un tercio de sus integrantes en nuevas elecciones, y la oposición liderada por Benny Gantz y Yair Lapid, ambos criminales de guerra sionistas, tendría condiciones de formar un nuevo gobierno. En verdad, la contraofensiva de resistencia palestina encabezada por Hamás el 7 de octubre prácticamente arrojó una palada de cal en el futuro político de Netanyahu. La población sionista israelí entiende que Netanyahu menospreció las varias alertas sobre el ataque de Hamás del 7 de octubre y dejó desprotegida a la población israelí. Además, las familias de los israelíes presos en Gaza quieren que Netanyahu acepte las condiciones de la resistencia palestina para el intercambio por presos políticos palestinos, condición sobre la que Netanyahu hará todo lo posible por no aceptar.

El futuro de Gaza

La resistencia palestina liderada por Hamás consiguió volver a poner la cuestión palestina en la agenda mundial, paralizó la normalización de las relaciones diplomáticas entre los países árabes y el Estado de Israel (sólo tres Estados árabes no estaban en proceso de normalización: Kuwait, Argelia y Túnez), y también selló el futuro de Netanyahu.

Estas conquistas son muy importantes, pero insuficientes. Es necesario lograr el fin de la agresión a Gaza y a Cisjordania, la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, el fin del cerco a Gaza y su reconstrucción. Estas conquistas son pasos hacia la derrota política y militar del Estado de Israel, y hacia la liberación de Palestina, del río al mar.

Sin embargo, hay muchos enemigos. Además del Estado de Israel, ya sea en su forma abiertamente racista que predica la expulsión de los palestinos, o en su forma “moderada”, de expulsar a los palestinos hablando de paz y dos Estados, cuenta con el apoyo del imperialismo estadounidense y europeo, que financia la limpieza étnica y el apartheid israelí.

Rusia y China se limitan a votar por un alto el fuego en el Consejo de Seguridad. Putin siempre ha apoyado al Estado de Israel y tiene un acuerdo con él que permite a las fuerzas israelíes bombardear el territorio sirio sin que los rusos accionen sus baterías antiaéreas instaladas en Siria.

Los países árabes e Irán también se limitan a hacer declaraciones diplomáticas contra el genocidio en Gaza, ya sean aliados directos del imperialismo estadounidense, como Arabia Saudita o Egipto, o los países del llamado eje de la resistencia, liderado por el régimen iraní. De hecho, sólo los hutíes de Yemen han asumido un papel activo al impedir el tránsito de navíos hacia los puertos israelíes en el estrecho de Bab al-Mandeb. Las milicias iraquíes chiitas también han promovido algunos ataques contra las tropas estadounidenses en el país. El Hezbolá libanés, que todos esperaban abriera un nuevo frente de guerra en el norte de la Palestina ocupada, se limita a intercambiar balas y misiles con el ejército israelí en una pequeña franja fronteriza, a pesar de los esfuerzos de los sionistas por generalizar los combates, como demuestra el asesinato de Saleh Al-Arouri, un importante líder de Hamás, en Beirut, el 2 de enero de 2024.

Los verdaderos aliados del pueblo palestino no son los regímenes árabes, sino los trabajadores y la juventud árabe e internacional. Estas son las fuerzas que, a través de una Intifada palestina y una nueva ola de revoluciones en el mundo árabe, fortalecidas por la solidaridad internacional, tendrán las condiciones para derrotar a las fuerzas militares y poner fin al Estado de Israel, y conquistar una Palestina laica y democrático. Palestina, del río al mar.

Traducción: Natalia Estrada.

La lucha de los obreros agrícolas de Barrio Chino y las lecciones que deja

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El premier Otárola, mandamás del actual gobierno, ha protestado estos días por la liberación de tres detenidos en las protestas ocurridas en Barrio Chino y exigió a la Fiscalía una suerte de mano dura, al estilo de la paz que impone el régimen de la que forma parte, para “mantener el orden público”.

El hecho, en sí mismo, no llama la atención de nadie tratándose de un gobierno represor y asesino que no conoce nada de DDHH ni de democracia ni de autonomía de instituciones, salvo cuando se tata de liberar al dictador Fujimori. Llama la atención, en tanto al realizar su “denuncia”, el señor Otárola pone de relieve lo que sucede en la zona agroexportadora de Ica, que también salió a protestar en el marco de la convocatoria nacional por el primer año del gobierno de Boluarte.

La protesta nacional del 07 de diciembre convocada desde diversos sectores y que coincidió con la liberación del dictador Fujimori, se expresó en diversas movilizaciones que recorrieron las principales ciudades del país, especialmente Lima, Cusco, Arequipa y Juliaca, en las que miles de trabajadores, organizaciones populares y colectivos salieron a manifestar su repudio al gobierno, al podrido régimen que lo sostiene, contra el indulto a Fujimori y para recordar a los cayeron en las duras refriegas de diciembre-febrero.

La más significativa de las manifestaciones quizá fue la que se llevó a cabo en el mismo Juliaca, centro de las luchas que se desencadenaron en el sur y donde se produjo la mayor masacre. Ahí el pueblo aymara volvió a salir en forma masiva para mostrar que su indignación y lucha siguen vivas, y que no hay ni habrá olvido ni perdón mientras el régimen Boluarte siga en pie.

La jornada hubiera acabado el mismo 07 como una muestra de que la lucha continuará hasta que en algún momento sea retomada con todo, en tanto aun pesa el cansancio que aflige a su vanguardia y el freno que imponen las direcciones nacionales que se contentan con hacer marchas para las fotos mientras con la otra mano sostienen al régimen. Hubiera quedado ahí sin más, sin el nuevo brote de estallido que se produjo en el Barrio Chino.

Un brote de estallido

En realidad, en la zona no hubo un acto plegado a la convocatoria nacional, más bien se trató de un plan de lucha propio que empezó a gestarse desde antes y que se dio inicio el 03 de diciembre. El Barrio Chino, Expansión Urbana y El Álamo son grandes asentamientos humanos ubicados a lo largo de la Panamericana Sur a la altura del kilómetro 280, en Ica, y son habitados por miles de obreros que trabajan en las grandes agroexportadoras de la región; en su mayoría provenientes de Ayacucho. Una asamblea de obreros y pobladores había decidido iniciar la lucha el 03 de diciembre, lo hicieron tomando la carretera, no solo en protesta contra el gobierno Boluarte, sino también por demandas específicas como la exigencia de seguridad ciudadana, recursos hídricos para los pequeños agricultores, contra el alza del costo de vida y por mejores condiciones de trabajo, por indemnización y justicia para los presos, perseguidos y asesinados en las luchas del 2019, 2020 y 2023, entre otras.

La historia se repite

Así, se daba inicio a una nueva lucha que podría quebrar la paz impuesta por el régimen. Pero al mismo tiempo, ante ella, se pusieron en movimiento todos los actores conocidos con sus mediocres discursos. Con el mismo librero oficial con el que se acusó a las grandes manifestaciones del sur como instigados por los “ponchos rojos” de Bolivia, esta vez el ministro del interior de turno, Víctor Torres, salió a decir que se trataba de unos cuantos que también eran instigados por gente que venía “de otro lado”, intentando deslegitimar la lucha y sus reclamos y justificar la represión.

Lo cierto es que el domingo 03 la carretera amaneció bloqueada por más de 2 mil pobladores, como lo reconocieron los mismos medios, y se produjeron intensos enfrentamientos con la PNP que duró todo el día. En ellos resultaron numerosos heridos en ambos lados. La represión actuó con eficacia mostrando mejor preparación y fue cruenta: se desplazó calle por calle y casi casa por casa y detuvo a más de 30 manifestantes sin mediar orden ni autorización de allanamientos; pocas horas después el gobierno reforzó la represión enviando a 1,500 efectivos más a la zona. Al mismo tiempo, los grandes medios agitaban nuevamente el delito que significan los bloqueos de carreteras y cómo afectan a la población, el problema de los empresarios agrarios que se ven afectados nada menos que en plena campaña agrícola. Mientras las direcciones nacionales, como siempre, guardaban silencio cómplice. Así, se volvió a correr una cortina de humo sobre la naturaleza social del conflicto para no resolverla, y para reprimirla con facilidad.

La lucha continuó hasta el sábado 10 de diciembre, pero con fuerzas cada vez más mermadas. De este modo, sobre la voluntad de lucha de la vanguardia obrera se fue imponiendo la debilidad de los sectores no obreros, que desgastados por la crisis y sabiéndose ante una lucha dura, presionan por continuar con sus actividades; un fenómeno que también se observa en las mismas regiones de Puno y Cusco con economías languidecientes. La lucha se mantuvo así hasta que se distendió y suspendió, precisamente con la liberación de los detenidos a los que se refirió el dictadorcito Otárola.

El proletariado del campo

Lo acontecido, en realidad, muestra a las zonas de agroexportación convertidos en un barril de pólvora. El sector estalló a fines del 2019 en dos jornadas históricas que condujeron a la derogatoria de la ley 27360, ley que por espacio de dos décadas mantuvo un régimen sin derechos laborales en el sector agrario en beneficio de la gran burguesía agroexportadora. La lucha fue una inmensa experiencia que permitió construir organizaciones y forjar una vanguardia, pero al costo de la detención de innumerables activistas, la lesión de otros tantos y el luto de familias obreras por la muerte de dos luchadores, hechos que hasta la fecha ni se investigan ni se castigan a los responsables, pese a que algunos están plenamente identificados.

En la rebelión de diciembre-febrero esos mismos obreros del campo se volvieron a colocar a la vanguardia de la lucha contra el régimen de Boluarte, y dada su ubicación estratégica fueron también duramente reprimidos, dejando otra secuela de heridos y detenidos. 7 de los detenidos, bajo acusaciones como “terrorismo”, recién han sido puestos en libertad condicional.

Luego de la frustración de la rebelión de inicios de año, la bronca en el sector no solo amainó sino creció, como en todas partes, bajo el acicate de los problemas que a diario se suceden y que afectan a la población más pobre. En el sector, además, la situación de sobreexplotación de los trabajadores que apenas fue atenuada con la nueva ley agraria, los empresarios siguen haciendo campaña buscando derogarla para volver a la anterior, pretextando la necesidad de “reactivar la economía”. Su plan de siempre es generar más ganancias a expensas de los obreros en lugar de mejorar su productividad y tecnologías. A este hecho se suman las graves heridas que dejó la cruenta represión con decenas de procesados, fallecidos, heridos y huérfanos. Así, en todo este sector se ha venido alimentando un auténtico volcán.

Las lecciones

En estas condiciones se desencadenaron los recientes hechos. Por eso hay que ver el repliegue de estos días como transitorio, pues todo volverá a estallar en algún momento. Ante esto es preciso seguir los acontecimientos y prestar mucha atención a su situación, pues de alguna forma ahí es donde en estos tiempos se concentra la principal conflictividad obrera en el país. Estos trabajadores son por ahora la vanguardia del proletariado, que a sus reivindicaciones de clase suman la lucha política contra el Estado y el Gobierno –que es la tarea central en la actualidad–, mientras construyen formidables organismos territoriales de clase y de combate, constituyendo un verdadero ejemplo para toda la clase obrera.

Algunos sindicatos del proletariado industrial limeño, bajo la conducción de la CGTP y abogados que fungen de combativos, siguen enfocados en combates aislados y por demandas económicas, los que en lugar de lograr conquistas producen retrocesos mayores. Esto ocurre porque no es posible que unos cuantos puedan avanzar en la conquista de derechos cuando enfrentamos a un régimen que se ha instaurado como un escudo protector del régimen de sobreexplotación patronal, planteando la necesidad de derrotarlo primero.

Y es peor cuando esas luchas, en lugar de ser un punto de inflexión para fortalecer las organizaciones sindicales para la lucha nacional que es la decisiva, se la hace a expensas de desgastar a la base y reducir las afiliaciones, haciéndolas más vulnerables ante los ataques patronales que vienen en aumento. Hay que forjar la unidad de la clase obrera desde cada empresa y en el campo, y hacerlo a nivel nacional en torno al eje fundamental que es la lucha por el derrocamiento del régimen.

Factores económicos y sociales de la rebelión del sur

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A un año del estallido social del sur profundo, las causas políticas, económicas y sociales no solo no se han extinguido sino más bien se han agudizado. El hecho empezó como una reacción radical de protesta frente a la interrupción del gobierno del expresidente Pedro Castillo, por parte de una población para la que el intento de golpe de Estado de Castillo, que finalmente no se consumó y no tenía manera de consumarse, no era más grave que la constante hostilización y boicot de las fuerzas reaccionarias atrincheradas en el Congreso en su propósito de usurpar la elección popular. Sin embargo, las causas de la rebelión son más profundas que una simple manifestación de solidaridad o de simpatía política; en esta nota nos referiremos a algunas de las causas que en parte explican las luchas de la sierra sur.

BS N° 142

Entre las causas del estallido hay deudas no saldadas desde la colonia donde la población indígena fue sometida a las peores prácticas de opresión, explotación y hasta exterminio, y en 200 años de vida republicana no hubo más que soluciones parciales, en gran medida arrancadas solo después de memorables luchas campesinas. Eso sería solo historia del pasado, si no fuera que la opresión clasista y racista sigue siendo uno de los principales instrumentos de las clases dominantes, tal como se ha visto en treinta años de plan neoliberal que profundizó la desigualdad, así como en la pandemia que develó la pobreza nacional y en la propaganda del “terruqueo” predominante en las últimas elecciones generales de 2021 y durante el gobierno Castillo.

El rechazo a la estafa neoliberal

El plan neoliberal impuesto por la dictadura fujimorista, y continuada por los sucesivos gobiernos “democráticos”, permitió una exorbitante creación de riqueza, pero esta fue dirigida a las grandes corporaciones y transnacionales por diferentes medios: entrega en condiciones de regalo de empresas públicas y de ricos yacimientos de recursos naturales; regímenes laborales “promocionales” como el de exportaciones no tradicionales, la tercerización laboral –utilizadas masivamente en la minería–, y el derrotado régimen de promoción del agro, que son regímenes de sobre explotación que mantienen a los trabajadores, los verdaderos creadores de la riqueza, en el borde de la pobreza.

El plan neoliberal, además, empezó con despidos masivos en los sectores público y privado y el desmantelamiento del Estado, especialmente de la salud y la educación públicas.

La “bonanza” neoliberal nunca significó una mejora significativa de la economía de las masas populares. Peor todavía, en ningún momento implicó trabajo para toda la población ni mucho menos; ese auge coexistió con una economía informal e ilegal de la que depende una enorme masa laboral, principalmente en la minería informal o ilegal, el comercio, el transporte, que sirven de refugio, pero en condiciones laborales más deplorables.

El reducido empleo formal y los bajos salarios desnudan no solo los altos niveles de sobre explotación sino también el ínfimo nivel de industrialización que caracteriza a la economía nacional, y este es el resultado del papel que el imperialismo impone al país de productor de materias primas, cerrado a cualquier posibilidad de desarrollo de la economía nacional. En otras palabras, la burguesía no tiene nada que ofrecer que no sea un sistema de expoliación de la riqueza y un modelo basado en la producción de materias primas y alimentos envasados.

El resultado, una desigualdad social en niveles extremos, donde la peor parte la llevan los pueblos del interior en general, y de la sierra sur en particular ya que ellos son los que padecen los más altos niveles de pobreza, desempleo y subempleo.

Esa realidad explicó que una candidatura casi desconocida consiguiera escalar el 2021 con el lema “no más pobres en un país rico”, que, aunque solo fue declarativo, tuvo a la vez que un mensaje de denuncia, uno de promesa que los pueblos del interior hicieron suyo.

La vena clasista y racista de la burguesía en la campaña electoral 2021

La relación del movimiento de masas con el plan neoliberal fue de resistencia y confrontación tal como muestra la larga lista de conflictos sociales de las últimas dos décadas, aunque atomizados y dispersos. El descontento fue capitalizado por diferentes partidos burgueses o reformistas que captaron los votos con falsas promesas de cambio para traicionarlas a los pocos días una vez llegados al gobierno, no sin ir profundizando la crisis del régimen de falsa democracia.

En el 2021, Castillo logró sacar la mayor votación con solo de 13% y pasó a la segunda vuelta con Keiko Fujimori, no solo la candidata de los ricos, heredera de la dictadura corrupta y criminal de su padre en los noventa, y ella misma procesada por lavado de activos y sus vínculos con la mafia judicial.

La segunda vuelta fue altamente polarizada. De un lado Pedro Castillo ofrecía la estatización o nacionalización de los principales yacimientos mineros y gasíferos, una nueva constitución política y la consigna “¡no más pobres en un país rico!”; mientras los defensores de la intocabilidad del modelo económico y la actual constitución, los principales grupos de poder económico y sus partidos se unieron en una campaña demoledora contra Castillo asociándolo mañosamente al terrorismo y al senderismo.

Esa fue una campaña contra el candidato, pero con una propaganda que desnudó toda la vena clasista y racista de la patronal, provocando un mayor repudio popular especialmente de los pueblos del interior, y que se hizo más descarada después del resultado electoral y durante el gobierno de Castillo.

Las luchas del sur no fueron un rayo en cielo sereno

La población del interior tiene un ya largo historial de luchas y estallidos en defensa del campo y su medioambiente como fuente de supervivencia, enfrentando proyectos mineros y petroleros y gobiernos que privilegian a las empresas por encima de los intereses de la población campesina, a pesar de que de estos sectores depende la seguridad alimentaria de la población nacional. Más de cien conflictos sociales con hechos de violencia se producen cada mes desde hace años como respuesta a la prepotencia de empresas mineras en impacto ambiental, acaparamiento de vías y del recurso escaso del agua, o la imposición de proyectos contra de la voluntad popular.

La situación empeoró aún más con la pandemia, el campo se convirtió en actividad de refugio para sectores de la población urbana que migraron por pérdida del empleo o cierre de su actividad económica, y continuaron las protestas en temas como el reparto del recurso hídrico, disposición de créditos promocionales, obras de infraestructura o medidas frente a desastres climáticos o crisis como la de los fertilizantes.

El gobierno de Castillo no representó un cambio en el meollo de la política económica neoliberal. La opción tomada por Castillo, de ceder sucesivamente a las presiones de la oposición como principal medio para conseguir gobernabilidad, hizo que fuera dejando de lado los anuncios de campaña para terminar defendiendo sin mediaciones el plan económico. Eso, sin embargo, no lo libró de la hostilización y la amenaza de una vacancia y ganó cierto rechazo de sectores populares.

Los conflictos sociales no se diluyeron sino más bien crecieron y se hicieron más intensos; uno de los más saltantes fue el de los movimientos campesinos contra la falsa “segunda reforma agraria”, denunciando cómo se privilegiaba a los agroexportadores, y la inoperancia frente a la crisis de fertilizantes. También estallaron luchas populares contra los abusos de mineras como Las Bambas.

Pero la burguesía y sus partidos habían llevado la confrontación a otros terrenos con su discurso reaccionario, autoritario, clasista y racista.

El gobierno de Castillo llevó las demandas populares al terreno de las mesas de diálogo y reuniones descentralizadas de consejo de ministros con participación de organizaciones populares. Y mientras el gobierno trabajaba para evitar un mayor escalamiento de los conflictos, el Congreso seguía impulsando la vacancia. Entonces la confrontación de las luchas pasaba a ser contra el Congreso, más aún cuando, en una de las reuniones descentralizadas de consejos de ministros, el gobierno aprobó la demanda de asamblea constituyente.

Si bien no hubo soluciones, las organizaciones populares, aunque desigualmente, fortalecieron su organización en el debate de las principales demandas y vías de solución, y en ese proceso, la consigna de la campaña electoral por una asamblea constituyente se convirtió en una bandera de lucha de las propias organizaciones populares, junto con la de cierre del Congreso.

Contradictoriamente, este avance no resolvió el problema de la dispersión de las luchas y nunca llegó a estructurarse una respuesta nacional y en eso hay una responsabilidad fundamental de las organizaciones políticas, sindicales y gremiales del movimiento popular.

En ese contexto se dio un nuevo intento de vacancia y el fallido autogolpe de Castillo, que aceleró su destitución, y la reacción principalmente de la población del sur, que tomó la vanguardia en una lucha que en realidad es de los pueblos y de la clase trabajadora a nivel nacional. Las causas que afectan a todos, ahora se profundizan ante una recesión, inflación y los embates del Niño, una profunda crisis política en la que la patronal impone sus condiciones.

¿Por qué fue débil la participación de la clase obrera en la rebelión del sur?

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La actitud de los trabajadores tiene que ver con el problema de su dirección, es decir de la CGTP como de la “izquierda” parlamentaria, que hacen parte del régimen establecido y que la lucha popular cuestiona de raíz planteando su derrocamiento.

Escribe Manuel Fernández

La caída de Castillo destapó la rebelión de los sectores campesinos y populares del Sur identificados con él, ante la arremetida de la derecha y el Congreso corrupto que después de atacarlo con odio de clase se hicieron del poder para enterrar sus expectativas de cambio. La indignación fue mayor por la traición de Boluarte, que no solo se pasaría al otro bando sino peor aún ordenó la cruenta represión de la movilización campesina y popular etiquetándola de ser instigada por terroristas y violentistas.

El movimiento desplazó miles de manifestantes a la capital con la firme determinación de acabar con Boluarte y el Congreso ganando la simpatía de los sectores populares de Lima, de sectores de la juventud y de los trabajadores, que en buen número se sumaron a las jornadas de lucha convocadas en su apoyo. La lucha obligaría a la élite en el poder a discutir una salida a la crisis mediante el adelanto de elecciones, pero ésta no se resolvió, al final la lucha del sur se replegó y el régimen impuso su “paz”; la paz de los cementerios.

Para garantizar el triunfo se necesitaba el ingreso a la lucha del grueso la clase obrera, con sus organizaciones y su método de lucha, como el paro nacional. Pero esto no ocurrió.

La clase obrera y la lucha contra Boluarte

El ingreso de la clase obrera era decisivo no solo por su ubicación en el centro de la economía nacional donde se mueven los grandes negocios y que podían y debían ser paralizados. Lo era sobre todo por sus numerosas organizaciones, su disciplina, su experiencia y combatividad aprendidas en años de luchas y el activismo forjado en ellas, y por su centralidad de clase, todo lo cual debía ponerse al servicio de esta gran pelea para la derrota del régimen que también era de vena antiobrera.

Sin embargo, a un año del estallido popular, queda claro que la clase obrera organizada no se involucró en esa lucha ni abrazó su causa ni sus banderas, y que esto ocurrió principalmente por su dirección política conciliadora y reformista.

Antes del estallido social, la CGTP actuaba como furgón de cola del gobierno de Castillo desmovilizando a la clase obrera y renunciando a organizar su movilización independiente por sus reivindicaciones y el cumplimiento de las promesas electorales. El resultado de esa política fue dejarle a la derecha más cavernaria toda la iniciativa para apoderarse de las calles, ganar fuerzas y avanzar en su plan de darle el golpe al gobierno, hecho que consumaría el 07 de diciembre. Esa misma actitud conciliadora llevaría a su bancada de “izquierda” a votar junto con la derecha reaccionaria por la vacancia, en nombre de la “defensa de la democracia”.

No solo esto. Además, el ascenso de Boluarte fue legitimado casi de inmediato por la dirigencia de la CGTP que rauda concurrió a Palacio a saludarla, argumentando que había que sostener la institucionalidad y gobernabilidad del país, nada menos de un gobierno de inequívoco signo reaccionario y en momentos en que se iniciaba el estallido popular y ya caían las primeras víctimas.

Para justificar la represión y el uso de las armas contra los manifestantes, el gobierno, la burguesía y sus medios de comunicación atizaron una vil campaña de acusaciones contra la rebelión, señalándola como violenta y subversiva y azuzada por terroristas y desadaptados, mientras ellos se mostraban como defensores de la paz y en defensa de la democracia puestos en peligro.

Todos sabemos el poder que tienen los medios de comunicación para establecer creencias, despertar miedos y distorsionar realidades. Pero ante su poder corrosivo la central no dijo ni pio en defensa incondicional de la lucha, y la dejó correr prestándose a la confusión que generaba en vastos sectores obreros y de las clases medias acomodadas.

El rol de la CGTP

Así, la dirección de la central contribuiría a la confusión que mellaría la fuerza y acción de la clase obrera en la capital. De ahí que solo modestos sectores sindicales asistirían a las convocatorias oficiales, dejando las manos libres a Boluarte para ensañarse represivamente contra el estallido social que dejaría 69 muertos y cientos de heridos.

La dirigencia de la CGTP convocó a algunas jornadas nacionales en solidaridad con el conflicto. Pero estas ya estaban dosificadas y se hicieron solo con la única finalidad de aparecer al lado de los que luchaban.  

Como colofón de todo, la central disfrazó su política convocando a una “Huelga Nacional Indefinida” desde el 9 de febrero sin preparación alguna y destinada a fracasar. La “huelga” se redujo a una marcha cívica, incluso con resguardo policial, la que se dirigió al Congreso y terminaría ahí donde una comisión oficial recibió a los dirigentes. Todo esto generó bronca y desazón entre los miles de luchadores que vieron en esto una traición, y produjo más confusión y desmoralización en las bases obreras que veían a las acciones convocadas por la central como un pasacalle.

¿Qué hacemos ahora?

La pobre participación de la clase obrera en esta gran lucha se explica, entonces, por la política de su dirección que actúa como correa de trasmisión de los intereses de la patronal y del Estado en el seno de la clase obrera, manteniéndola despolitizada y alejada de las grandes luchas que se libran en el país. 

De aquí se entiende también que esta dirección la mantenga encasillada en la lucha de cada uno por sus pliegos de reclamos, con la falsa idea de que así lograrán mejorar sus condiciones de vida y trabajo cerrando los ojos ante los que manejan el gobierno.

Con este papel de la central anta la lucha del sur no solo se la dejó a su suerte y presa de la respuesta represiva del gobierno, sino también se perdió la oportunidad de infligirle una derrota al gobierno y al Congreso y gestar una salida política independiente en la vía de realizar el programa de cambios que tanto necesitamos.

El nefasto rol de la dirección de la central durante dichas jornadas históricas, no debe llevarnos a cuestionar la importancia de la CGTP y de los organismos sindicales para la organización de la pelea. Más bien debe llevarnos a dar la pelea por cambiar a dichos dirigentes. Una tarea que solo podremos llevar a cabo persistiendo en la lucha y construyendo una nueva dirección verdaderamente clasista y revolucionaria.

De “La Batalla por Puno” a la batalla de Puno

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El verdadero significado de una lucha histórica

Redacción PST

La Batalla por Puno es un clásico de las investigaciones históricas y antropológicas a las que se han referido muchos intelectuales recientemente, intentando entender la conflictividad desatada desde dicha región hacia todo el sur andino (José Luis Rénique, IEP, 1986).

La investigación detalla desde el altiplano, centro de las culturas milenarias aymara y quechua, su constitución, historia, valores e identidad, y la marginación, discriminación y expolio a la que son sometidas desde la época colonial hasta el presente, y que explican su rebelión y lucha histórica como la que protagonizan estos días.

Se intitula La Batalla por Puno porque, desde el punto de vista de la academia y las clases medias ilustradas, todo el problema del sur se resolvería superando las profundas desigualdades y fracturas con que nació la República, su inconclusa constitución como nación y su Estado fallido, cambiando las reglas de juego y haciendo que los puneños y todas las nacionalidades originarias del país se sientan verdaderamente representadas, reconocidas y respetas.

No obstante, este sueño, que en realidad nace con la misma República, solo ha demostrado en 200 años de azarosa historia con violencia y muertes como la que acabamos de presenciar, la imposibilidad de ser cumplida porque en realidad ella nació mal y no tiene arreglo.

Las demandas democráticas de Puno y de las nacionalidades oprimidas del Perú solo se van a realizar destruyendo el sistema actual basado en el capitalismo dependiente y semicolonial y construyendo otra república y otro estado, con un gobierno de trabajadores, campesinos e indígenas, que construya un Perú Socialista.

A la sazón, no se trata de una discusión académica con académicos ni con la izquierda reformista que con el mismo discurso se mantiene aferrado al semicadáver del sistema capitalista. Se trata del futuro de una lucha que tiene a Puno como su epicentro, pero que en realidad es la lucha de todo el pueblo trabajador y pobre que no puede dejar pasar esta oportunidad para avanzar hacia los cambios de fondo que necesitamos, aprendiendo de las lecciones que nos deja la lucha.

Breve historia

Los enfrentamientos de clase en el Perú están atravesados por otro más antiguo como son los étnicos y culturales que vienen desde la colonia cuando se impuso un sistema de saqueo y explotación destruyendo a otra originaria, lo que con la independencia –hecha por criollos—terminaría configurando dos mundos en un mismo espacio denominado Perú: el de Lima, principalmente, más desarrollada y habitada en su mayoría por blancos (y ahora más mestizos) y culturalmente más identificados con el exterior, y el sur andino, más atrasado, indígena y campesino, con una cultura y tradición que echan raíces en el antiguo Perú. Dos mundos impuestos desde la colonia donde el primero sojuzga, expropia y explota con un inmenso muro de segregación racial, social y económica a las poblaciones originarias, y que se ha preservado en 200 años de República porque han servido de base para alimentar un sistema capitalista parasitario dependiente y semicolonial.

Contra este sistema o forma de apartheid de la nueva República, solo en el último siglo se produjeron verdaderas epopeyas de luchas de esas mismas poblaciones, como las libradas en 1915 con el levantamiento de Teodomiro Gutiérrez (Rumi Maqui) y que también tuvo su centro en Puno, contra el gamonalismo, el trabajo servil y la confiscación de tierras comunales, y reivindicando la vuelta al Tahuantinsuyo, y que sería ahogada en sangre. Un nuevo movimiento con las mismas banderas tiene lugar entre los años 1921 y 1923, con epicentro en Sicuani y que se extiende a todo el altiplano, que también será brutalmente aplastado, como fue Huancho Lima, la proclamada capital del pueblo aymara, donde fueron ejecutados más de dos mil campesinos y sus líderes fusilados.

En el largo periodo de los años 40 al 60 se desataría otra larga ola de sublevaciones en todo el ande, por la tierra y por la abolición del trabajo servil, con sindicalización campesina, huelgas y toma de haciendas, que también costaría cientos de muertos, detenciones y persecuciones, hechas también con los mismos señalamientos despreciativos, y que tendría su hito en el levantamiento encabezado por Hugo Blanco y que, aunque derrotado, terminaría conquistando la reforma agraria dictada en los años 70.

Con esta reforma se resolvería el problema de la tierra, pero al mantenerse el sistema capitalista atrasado y semicolonial perduraría el atraso del campo, su explotación y el mismo sistema de segregación y marginación en favor de la élite gobernante desde Lima y la costa asociados al imperialismo.

En los años 80 y parte de los 90 el descontento pretendió ser canalizado por Sendero Luminoso, pero por su carácter mesiánico y sus métodos autoritarios fue resistida por la población andina, y finalmente sería contrarrestado con otra represión genocida desatada por el Estado que causó otra masiva masacre de campesinos e indígenas (69 mil), refrescando el mismo mensaje histórico: sus vidas no valen nada, ahora bajo la etiqueta de “terroristas”.

En la reciente época inaugurada con el neoliberalismo fujimorista el campo volvió a escena enfrentando un nuevo problema: la expansión de las actividades mineras y petroleras que trajeron nuevas ocupaciones de tierras y destrucción de sus recursos naturales (como el agua) sumiéndolos en más pobreza, solo para crear una boyante y rentable industria extractiva que se capitaliza en Lima y sobre todo en el exterior, con lo que se realimentó la histórica polaridad y un nuevo ciclo de conflictos. Estos conflictos fueron controlados por el Estado con renovados ataques represivas justificados con el discurso terruqueador, hasta que la corrupción melló la poca credibilidad en la que se sostenía y la feroz pandemia terminó por quebrar su frágil equilibrio despertando de nuevo al mundo andino.

Pedro Castillo

En un inicio, esa crisis se canalizaría por la vía electoral cuando el campo (con el apoyo de la clase obrera) vota de manera sólida por Pedro Castillo al que considera “suyo” y que a la sazón prometía cambios reales para sus vidas. Para los viejos grupos de poder el resultado será de pesadilla pues se instalará en Palacio un representante del mundo andino al que habían oprimido, explotado y marginado durante 200 años y que amenazaba con cambiar esta realidad. Era un triunfo histórico para aquellos y una derrota histórica para los otros; pero en el terreno electoral. Por eso ahora se trataba de sabotear y hundir al gobierno de Castillo poniendo en movimiento todo su poder, y recargando sus viejas armas de discriminación, insultos y terruqueo, hasta que 16 meses después lograron la vacancia. 

Como ya se sabe, Castillo en el gobierno no hizo nada en favor del campo y más bien fue responsable del agravamiento de su situación, y concilió con sus grandes enemigos manteniendo todos sus privilegios. Pero, como se sabe, los poderosos jamás perdonan a los que no son suyos y por eso desde su ala derecha no cesarían de atacarlo, ataques a los que el mismo Castillo contribuiría con su desastrosa gestión de gobierno y corrupción. Así, al mismo tiempo que la derecha ganaba las calles y las clases medias urbanas eran ganadas a favor de la vacancia, las direcciones de “izquierda” desmovilizaban a la clase obrera y dejaban aislado al gobierno; tan aislado que esa misma “izquierda” votaría a favor de la vacancia. Por esta razón el rechazo al desafuero viene desde el interior, donde Castillo pese a todo mantenía considerable apoyo.

La rebelión

La respuesta que se desarrolla desde el interior tiene dos momentos. El primero se inicia en protesta por la destitución de Castillo. El otro, cuando se produce la respuesta criminal con las masacres del 12 de diciembre en Andahuaylas (5 fallecidos) y días después en Huamanga (11 fallecidos), dando inicio a una verdadera rebelión histórica. Ella sería atizada con la masacre de Juliaca el 9 de enero (18 muertos), la militarización, detenciones y toda la represión que se desata sin parar en todo el país para sofocar la movilización; una respuesta violencia que venía desde la campaña pero que ahora se traducía en muertes y sangre, reviviendo las mismas heridas y llagas del pasado histórico. Así, una lucha de reivindicación de Castillo pasa a convertirse en una rebelión contra la misma represión y discriminación del gobierno y Estado, y por las banderas de igualdad ante las leyes, de reconocimiento cultural y de derechos, y las demandas de fuera Boluarte y el Congreso y de Asamblea Constituyente.

¿Refundar la República?

En todo lo dicho hay mucho acuerdo con los sectores intelectuales que reconocen el carácter profundamente democrático de la lucha en curso. En lo que no hay acuerdo, repetimos, es en la pretensión de reformar o refundar la República.

En realidad, no es posible. Es una aspiración que viene desde la fundación de la misma República cuando fue creada teniendo como maestra a la democracia europea, sueño que los intelectuales repiten cada que estalla una nueva crisis como un deseo de infancia, sin sacar lecciones de 200 años de luchas y rebeliones con ríos de sangre de por medio, en los que no se pudo dar ese paso porque existen problemas estructurales que son actuales.  

No hay posibilidades de reformar o refundar la República y alcanzar un estado moderno a imagen y semejanza de Europa porque el Perú ingresó a la “modernidad” capitalista en condiciones de semicolonia, es decir sometido al Imperialismo. Romper con esa dependencia significa romper las cadenas que nos atan al capitalismo mundial y enfrentarnos localmente a sus socios menores burgueses y a su la élite gobernante, es decir a enfrentarnos a los que debían construir la verdadera República. Por eso no es posible.

Por eso también las banderas del sur son extraordinariamente actuales y van a seguir motorizando la lucha popular por toda una etapa. Y esas banderas solo se pueden llevar a cabo como parte de una lucha nacional que una a todos los oprimidos y explotados, que al mismo tiempo haga suyo también la lucha contra el imperialismo, por la independencia, la nacionalización de los recursos naturales y por el establecimiento de un gobierno de trabajadores, campesinos e indígenas, que las lleve a cabo.

De aquí que la tarea no es que la República conquiste a Puno, como creen los intelectuales y demócratas de clase media. La tarea es que Puno y el Ande derrotando a la actual, construyan otra sobre nuevas bases sociales y económicas, en alianza con la clase obrera.

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