Al cierre de la edición, el 10 de abril, un nuevo y poderoso paro de choferes se impuso en respuesta a los asesinatos que vienen sufriendo en plena ruta. Más de 400 líneas de transporte se plegaron, ante el hartazgo de los trabajadores del transporte, víctimas cotidianas de los sicarios que lo matan como represalia a las empresas que no pagan las cuotas extorsivas. Una vez más, es la reacción del pueblo trabajador la única que hace frente a la ola de criminalidad.
Por Víctor Montes
El asesinato del cantante del grupo de cumbia “Armonía 10”, Paul Flores, “el russo”, el domingo 16 de marzo, se convirtió en el catalizador del profundo descontento que siente el pueblo pobre y trabajador frente a la violencia de las bandas de extorsionadores y la incapacidad del gobierno para hacerles frente.
De ahí que, solo 5 días después, miles de personas salieran en movilización, pese al “Estado de emergencia”, obligando al Congreso reaccionario, dominado por el fujimorismo, a censurar al exministro del interior, Juan José Santibañez, fiel escudero de Dina Boluarte, quien antes de acceder al gobierno fuera abogado de policías corruptos y asesinos.
Con su acción, las masas populares, que tomaron la convocatoria realizada por las orquestas de cumbia del país, sin la participación de las grandes organizaciones obreras, como la CGTP, asestaron la primera verdadera derrota política de la alianza entre el gobierno y el Congreso, que se han blindado mutuamente en la perspectiva de llegar a 2026 aprobando medidas reaccionarias al amparo de la represión.
Sin embargo, el problema no ha terminado: tanto la violencia criminal, como el gobierno incapaz y el Congreso reaccionario, siguen ahí.
Nosotros ponemos los muertos
La madrugada del 2 de abril, Paul López Estarbridis, padre de familia de 51 años, y chofer con más de 10 años de experiencia, fue asesinado a balazos cuando iniciaba su ruta. El chofer trabajaba para la empresa de transportes Aquarius, conocida como la ‘S’, a la que las bandas de extorsionadores exigían el pago de S/. 20 soles diarios por unidad (unos S/. 2000 diarios en total).
Con dolor, sus compañeros declararon su temor por salir a trabajar. Ante la consulta de los medios de comunicación, sobre si pensaban cambiar de trabajo debido a los extorsionadores, sus compañeros respondieron “somos choferes. Es lo que sabemos hacer y es lo que queremos hacer: trabajar tranquilos y saber que vamos a volver a casa”.
No resulta extraño que, cuando el 5 de abril, Loymer Noé Benigno, chofer de la empresa “el chino”, fue asesinado mientras realizaba su ruta, los 200 choferes que laboran en la empresa definieran parar sus labores en forma intempestiva y no salir hasta tener garantías para sus vidas. Loymer es el tercer chofer de esta empresa, asesinado desde que iniciaron las extorsiones.
17 choferes han sido asesinados en total en lo que va del año. Y es que en medio de la “ola de criminalidad”, los que ponemos los muertos somos los trabajadores y nuestras familias. Según el Sistema Nacional de Defunciones (SINADEF), cada 4 horas se asesina a alguien en el país.
Junto a choferes, trabajadores de barberías, bodegas y escuelas de barrio, vendedores ambulantes o farmacias, son víctimas cotidianas de las bandas de extorsionadores.
Así como en 2020, en plena pandemia, Vizcarra entregó al pueblo pobre a un genocidio en el que los que tenían dinero sobrevivían y los que no, moríamos en las puertas de los hospitales o en nuestras casas, carentes de oxígeno, hoy Boluarte y el Congreso nos entregan como ganado a las bandas criminales.
Otra vez… ¿Qué es el crimen organizado?
Como hemos explicado antes el crimen organizado no tiene nada que ver con el carterista o “fumón1” que roba en los barrios. Las organizaciones criminales que extorsionan y asesinan, son verdaderas empresas capitalistas que realizan sus negocios por fuera de la Ley.
Empresas donde hay “dueños”, “gerentes”, “capitanes” y “soldados”. Y donde para garantizar sus ganancias, deben “apropiarse” de territorios e imponer su orden, su “ley”, por la fuerza de las armas y del dinero, con el que compran autoridades (comisarios, oficiales, jueces, supervisores municipales…) que “miran para otro lado”, mientras extorsionan, trafican y matan. Como dicen las propias bandas de extorsionadores, de nada vale denunciar, porque “la policía está con las bandas”.
El Estado patronal no puede enfrentar al crimen
Pero el poder económico de las bandas criminales es tal, que incluso acceden a instancias de poder nacional (Congreso, Poder Judicial y Gobierno), y desde ahí, como cualquier otro sector patronal, defienden sus intereses.
No es casual que el actual presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, ligado a la minería ilegal, se haya constituido en una de las cabezas de las medidas que debilitaron el sistema de investigación fiscal y las leyes de crimen organizado.
El modelo económico aviva las llamas de la criminalidad
Pero el caldo de cultivo para el desarrollo de las bandas criminales, es el modelo económico neoliberal, que saquea nuestros recursos, super explota a la clase trabajadora, y arroja a la población a condiciones de miseria (cabe recordar que entre 9 y 10 millones de peruanos y peruanas nos encontramos bajo la línea de la pobreza monetaria y otros 9 a 10 millones, son vulnerables a caer bajo esa misma línea en cualquier momento).
Así, el capitalismo neoliberal produce potencial carne de cañón para el crimen organizado. Por eso, el Estado patronal y la criminalidad resultan inseparables: porque en el fondo, ambos defienden los intereses del capital.
El gobierno no hace nada
Pero además, nos encontramos ante un gobierno particularmente incapaz ante el problema de la criminalidad. Tan incapaz, que en los hechos, es el principal obstáculo para hacerle frente.
De ahí que los transportistas que paralizan sus labores, y las marchas que se han impuesto en las calles, denuncian la responsabilidad del gobierno y del Congreso, y demandan medidas efectivas para terminar con las bandas criminales, capturar a sus cabecillas, y devolver la tranquilidad a los barrios de la ciudad.
Es esta respuesta colectiva la única que puede abrir paso a una lucha real contra el crimen organizado, con medidas de inteligencia que apunten a la captura y al desmembramiento de las bandas criminales, incluidas las que obran desde los centros del poder.
Un programa revolucionario contra las bandas criminales
Desde un punto de vista de clase, debemos ser claros: el Estado patronal no puede terminar con la criminalidad, pues defiende los intereses del capital, que necesita de nuestra miseria para hacer ganancias, propiciando el desempleo, la precariedad y la lumpenización de sectores de la clase obrera y el pueblo.
Somos los trabajadores y trabajadoras del país, junto al pueblo pobre del campo y la ciudad, quienes tenemos la ardua tarea de acabar con el crimen organizado, como parte de nuestra lucha por acabar con el poder del capital, a partir de nuestra acción combativa y autoorganización.
Por eso proponemos:
a. Poner en discusión de nuestras organizaciones (sindicatos, asambleas barriales, frentes de defensa, etc.) la organización de rondas y comités de autodefensa urbanas que, junto a las rondas campesinas, combatan la acción de las bandas criminales.
b. Exigir que el Estado proporcione armamento para dichas rondas y comités, y que éstas reemplacen en todas partes a la policía en el resguardo de la seguridad ciudadana y el combate al crimen.
c. Contra la «justicia» patronal y corrupta, conformar tribunales populares que sumariamente juzguen y sentencien a los criminales, incluidos los de «cuello y corbata», desde un policía hasta un presidente.
d. Y para cortar de raíz el caldo de cultivo de donde la criminalidad arranca a un sector de la juventud pobre para convertirla en sicaria, garantizar trabajo para todos y todas, prohibir los despidos, reponer a todos los despedidos y despedidas, dividir la jornada laboral entre todas las personas con necesidad de trabajar, garantizando salarios iguales al costo de la canasta básica de consumo.
Esta es la ardua tarea que tenemos entre manos, para dejar de morir a manos del crimen, pero también, del hambre y la pobreza, y de la represión que, hasta ahora, solo sirve para mantener al gobierno de Boluarte y al Congreso reaccionario en el poder.
Los datos
- 2057 personas fueron asesinadas en 2024 por bandas criminales a nivel nacional.
- 554 homicidios han sido registrados hasta el 4 de abril.
- En los 10 meses de gestión de Juan José Santibáñez al frente del MINITER fueron asesinadas 1840 personas.
¿Y el estado de emergencia?
La realidad ha demostrado lo que ya hemos dicho: el Estado de emergencia es una medida impotente frente a la criminalidad que solo da beneficios al gobierno, a los partidos del Congreso y a los empresarios, que quieren, por la fuerza, mantener al pueblo pobre y trabajador con la cabeza abajo.
Solo en 24 horas tras el anuncio de la medida, 7 personas fueron asesinadas en Lima y Callao por las bandas criminales. 15, durante la primera semana.
