Los trabajadores de Celima han recibido un duro golpe. Después de 200 días de lucha incansable contra el proceso de cese colectivo iniciado por la empresa, y a pesar de los numerosos y contundentes argumentos que les daban esperanza en una resolución favorable, la autoridad resolvió a favor de la empresa. La decisión se tomó dos días antes de que se venciera el plazo, justo cuando los trabajadores estaban desarrollando su plan de lucha, como si se quisiera enviar un mensaje claro: “hacemos lo que queremos”.
La resolución cayó como una bomba sobre la clase trabajadora y sus dirigentes, quienes habían depositado sus expectativas en la justa lucha de los compañeros de Celima. Lo mismo ocurrió con los dirigentes de la Fetrimap y la CGTP, quienes durante todo este tiempo han fomentado la confianza en el Ministerio de Trabajo y han confiado ciegamente en sus “abogados”. Gilmer Ibáñez, dirigente de la Fetrimap y abogado del sindicato, intentó restarle importancia al hecho afirmando que “la resolución es culpa de una funcionaria nueva”. Como si un empleado recién llegado pudiera tomar decisiones sin la aprobación de sus superiores.
La única explicación plausible es que estamos ante una decisión política del ministerio. El problema de Celima no es un caso aislado. En estos mismos días, se ha iniciado otro cese colectivo en Owens Illinois, otra base de la Fetrimap, lo que ha llevado a Gilmer Ibáñez a hablar de “una ola de ceses colectivos”, ahora que estos superan el centenar. Varios sindicatos no encuentran solución a sus pliegos, incluso después de más de cien días de huelga. Para colmo, el propio Ibáñez ha informado que el ministerio está preparando un nuevo paquete de medidas antilaborales.
No cabe duda: todo esto forma parte de una política empresarial concertada que, con el apoyo del gobierno de Boluarte, busca debilitar a las organizaciones de trabajadores e imponer medidas de sobreexplotación. No es culpa de una funcionaria ni del ministro Daniel Maurate, quienes simplemente son empleados de un gobierno al servicio de los intereses empresariales.
El problema se hace aún más evidente al analizar el caso de Celima. La empresa justifica el cese colectivo alegando “exceso de personal” y la necesidad de “recuperar eficiencia”, basándose en un peritaje que ella misma pagó (o, mejor dicho, compró). Frente a esto, los trabajadores han demostrado que estas justificaciones son falacias destinadas a encubrir el verdadero objetivo: destruir su sindicato. Han presentado pruebas contundentes que demuestran, entre otras cosas, que:
- No hay “exceso de personal”, sino todo lo contrario. La falta de mano de obra es tal que muchos trabajadores se ven obligados a extender sus jornadas para completar las tareas. Incluso, algunos trabajadores en “cese” siguen laborando debido a la escasez de personal. Además, en 2023 la empresa ya despidió a cerca de 300 trabajadores mediante la compra de renuncias.
- La empresa está clasificando como “excedentes” a trabajadores sindicalizados, dirigentes, aquellos con entre 25 y 35 años de servicio y quienes tienen restricciones de salud. Esto constituye una discriminación flagrante que viola derechos fundamentales.
- Los balances de la empresa muestran ganancias, no pérdidas. En 2022 y 2023, la empresa obtuvo ganancias exorbitantes (con un crecimiento del 60%), y en el último año solo ha experimentado una disminución en sus márgenes de utilidad.
La empresa no ha respondido a ninguno de estos argumentos. En las tres reuniones de “conciliación” en el ministerio, la empresa envió a abogados que no dieron respuestas concretas, ya que ni siquiera conocían la ubicación de la fábrica. Su único argumento fue insistir en que los trabajadores aceptaran el retiro voluntario.
¿Y qué hizo el Ministerio de Trabajo? Nada. No investigó, no tomó nota de los descargos y denuncias de los trabajadores. Simplemente copió y pegó las razones de la empresa para emitir su resolución. Parece increíble, pero así fue.
La actitud patronal no es nueva. La empresa ya había incumplido una resolución anterior y ni siquiera pagó los salarios adeudados. ¿Y qué hizo el Ministerio de Trabajo? Nada.
Esta es la realidad que enfrentan los trabajadores de Celima: la prepotencia de su empleador, el Grupo Belmont Cassinelli, avalada por el Ministerio de Trabajo. Los trabajadores, confiados en que las autoridades actuarían con independencia y justicia, y en la pericia de sus abogados, no pueden creer lo que está sucediendo. Los dirigentes de la Fetrimap ahora alegan que hay una influencia nefasta de los estudios de abogados patronales sobre el ministerio, intentando desviar la protesta hacia ellos.
Pero, nuevamente, el problema no son los abogados. El verdadero responsable es el gobierno de Boluarte, un gobierno servil a la CONFIEP, que dicta la política del Ministerio de Trabajo. La gran patronal, que utilizó este gobierno para vacar a Pedro Castillo y reprimir las protestas en el sur andino, ahora lo usa para desarticular las organizaciones obreras y recortar los derechos laborales, incluso amenazando con un nuevo paquetazo antilaboral.
Es más: es de interés de los empresarios que el golpe a los compañeros de Celima se consuma, así sentirá más confiado para seguir actuando con impunidad contra los sectores que luchan y resisten.
Este es el contexto en el que luchan los compañeros de Celima. Si hasta ahora su lucha ha sido difícil, ahora lo será aún más, pues revertir una resolución adversa no es tarea sencilla.
Los compañeros se preparan para presentar apelaciones bien fundamentadas y para nuevas movilizaciones. Sin embargo, lo sucedido con la primera resolución deja claro hacia dónde sopla el viento.
Por ello, lo determinante será el apoyo que reciban de la clase trabajadora. Hasta ahora, los compañeros han luchado solos, como muchos sindicatos que enfrentan huelgas de más de 100 días sin encontrar solución a sus pliegos. Esto se debe a que la política de las direcciones de la Fetrimap y la CGTP ha sido que cada quien resuelva sus problemas por separado, mientras la CONFIEP y el Ministerio, con el respaldo del gobierno, actúan en conjunto.
Los compañeros de Celima entienden que su lucha es la de todos los trabajadores. Han señalado que la ley de ceses colectivos, cuya aplicación se expande como una mancha negra, debe derogarse mediante la lucha unida. Han llamado a la Fetrimap y CGTP a un plan de lucha y a un paro nacional. Sin embargo, hasta ahora solo han logrado arrancar de ellos una o dos movilizaciones modestas que no han tenido impacto.
El problema radica en las direcciones de la Fetrimap y la CGTP, que depositan su confianza en las autoridades y ocultan la responsabilidad central del gobierno. Sus marchas, convocadas de vez en cuando, solo sirven como un desahogo del descontento.
Estas direcciones son las principales responsables del retroceso y las derrotas que enfrentan diversos sectores de la clase trabajadora y los sectores populares, a pesar de sus luchas heroicas. Lo mismo ocurrió con el levantamiento del sur en 2022-2023, y ahora le está pasando al combativo sindicato de Celima.
No hay duda de que los compañeros de Celima seguirán luchando hasta el final. Son conscientes de la justeza de su causa, de las condiciones adversas que enfrentan y del papel de las direcciones, a quienes siempre han cuestionado. Su fortaleza radica en su convicción de clase: los derechos no se negocian ni se regalan, se defienden.
Desde los sectores más avanzados de la clase obrera y el pueblo, es urgente brindarles apoyo y construir la lucha unida que se necesita. Y a la CGTP y la Fetrimap, exigirles más que nunca que asuman su responsabilidad y convoquen y preparen ya un Paro Nacional Unitario y Combativo.
