A más de 106 días de la declaratoria de la Emergencia por el covid-19, queda claro que el gobierno no solo ha mostrado una gestión desastrosa para atender los problemas más elementales de la salud y vida de los trabajadores y los sectores populares, también ha generado una descomunal crisis económica que tiene la forma de despidos masivos y múltiples ataques, al mismo tiempo que nos utiliza como carne de cañón para reactivar los negocios.
Flexibilizan los protocolos
La última modificación de los “Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores”, de aplicación obligatoria en las empresas, señalados en la R.M. 448-2020 y modificado por Vizcarra, entre gallos y medianoche, deja claro que los centros laborales son ahora los principales centros de contagio. Se eliminó la obligatoriedad de la realización de pruebas covid-19 al personal que ingresa a laborar, y todo lo que pueda implicar gasto adicional, para tranquilidad de las empresas.
De esta forma, la “reactivación” viene con la política del “sálvense quien pueda” ante el covid-19, ya que si los trabajadores reclaman medidas de protección o se niegan a trabajar protegiendo su salud, aplicarían el despido, como el realizado a 22 trabajadores en tiendas Saga Falabella y a 2 dirigentes del SINATREL de Corporación Lindley.
Más suspensiones perfectas
Más de 30 mil empresas se acogieron a esta medida. Y a pesar que muchas salieron improcedentes, en los hechos ninguna empresa ha retrocedido en la política de echar a trabajadores señalando que acudirán hasta las últimas instancias del poder judicial, aun cuando esto solo signifique dilatar los reclamos.
Los negocios se han normalizado. Han sido beneficiados con millones del programa Reactiva Perú. Pero ahora presentan la ampliación de la suspensión perfecta hasta octubre.
Encima, imponen jornadas de 12 horas y aplican políticas discriminatorias para seleccionar trabajadores a su antojo. En las fábricas de Celima, Trebol, Vainsa, San Lorenzo, Topy Top, aplican esta modalidad como ensayo para establecer un nuevo régimen laboral más explotador y para generar nuevos despidos, principalmente de los que se organizan en sindicatos.
Ceses colectivos
También enfrentamos una avalancha de nuevos ceses colectivos, medida que avanza con los meses. En plena Emergencia Nacional la fábrica número uno en vidrios, Miyasato, anunció acogerse al cese colectivo que involucra a los afiliados al sindicato. Ahora Papelera Nacional – PANASA, principal fabricante de cuadernos, anunció también el cese colectivo de 86 trabajadores, de los cuales 63 pertenecen al sindicato, incluido los miembros de la junta directiva. La misma situación viven muchas empresas, incluido en el sector minero.
Vizcarra entregó a la Confiep la Suspensión Perfecta de Labores – SPL para que recuperen sus ganancias, ahora le permite la aplicación de nuevos ceses colectivos que apuntan a debilitar nuestras organizaciones sindicales que son nuestra herramienta de defensa.
El gobierno es nuestro principal enemigo
Aunque en el discurso parece que todos entendemos esto, la alta aprobación que goza Vizcarra muestra lo contrario. Es que, a cada balconazo, la llamada izquierda, que incluye a los principales dirigentes de las centrales, acaban saludándolo, y hasta cargándolo en hombros como sucedió cuando decidió disolver el Congreso. Y cuando convocan las llamadas “jornadas de lucha”, ni siquiera la garantizan, causando desmoralización en sus bases.
Para los trabajadores debe quedar claro que este gobierno es el autor de las diferentes normas antiobreras. La única solución posible para impedir que nosotros paguemos la crisis debe ser derrotar al gobierno y su plan. Mientras Vizcarra siga gobernando solo garantizará las ganancias empresariales a costa de nuestro pellejo, como lo demostró con la reciente “negociación” que benefició a las clínicas privadas.
Ellos tratan de salvar los negocios capitalistas, aún a costa de nuestras vidas
Desde los años 90, diversos gobiernos promovieron la mercantilización de la salud pública, con recortes presupuestales y la privatización. Y peor todavía: la inversión en salud ni siquiera llegó a representar la mitad de la que realizaron los países vecinos, que aplican el mismo modelo. Por esa causa, la pandemia encontró a los establecimientos de salud sin insumos ni para el lavado de manos y con mínima infraestructura (mil camas, 250 UCI, un déficit de 17 mil especialistas). La otra cara de esta realidad, o al servicio de este fin si se quiere, fue el surgimiento de un gigantesco sistema de salud privado, con enormes clínicas, monopolios farmacéuticos y cadenas de farmacias.
Vizcarra, que echa la culpa a los anteriores gobiernos, continuó esa misma política: no cumplió ni con su promesa, de construir uno sólo de los 80 hospitales que ofreció para el 2019. Así, la salud del pueblo, que ya entonces era una calamidad (50% de los niños sufren de anemia, alto porcentaje de TBC, hipertensión, diabetes, etc.), se tornó pasto fácil para la mortífera extensión del coronavirus, que vivimos estos días.
La pandemia es atendida con miserias…
Siendo inminente la catástrofe por el covid-19, se planteaba –y se plantea aún– la urgencia de una masiva inversión en salud pública, para salvar la vida de la población más pobre, la más vulnerable. Pero, el gobierno no lo hizo –y no lo hace– y, como un avaro, le destinó un monto ridículo: 1.5% del PBI. Peor aún, de esa miseria, al 11 de junio, sólo ha usado la quinta parte, es decir nada. Por eso, nunca hay camas suficientes, UCIs, oxígeno, medicinas, personal médico, equipos de protección y muchos mueren en sus casas por falta de una asistencia mínima. Pese a esta situación desesperante, aún hoy, el gobierno se niega a destinar recursos al sector, como lo muestra cuando se opone a promulgar el proyecto del Congreso para nombrar, de manera automática, a todo el personal médico y asistencial que atiende en la emergencia, arriesgando sus propias vidas.
… Con absoluta ineficiencia
La emergencia también exigía el confinamiento de la población, con alimentos y salarios. Pero, Vizcarra, establece una cuarentena desconociendo que la mayoría de pobres (72%) vive al día y no les garantiza ayuda, y no lo hace porque, tampoco, sabe quiénes son ni dónde están, y los fuerza a salir a la calle. También ignora: a) que 1.2 millones en Lima viven hacinados, y que entre 7 y 8 millones de peruanos no tienen agua ni servicios básicos; b) que en la mayoría de las familias las mujeres realizan las compras, lo hacen en mercados populares y casi a diario, porque no tienen frigider; c) que la mayoría se moviliza en transporte público, que opera abarrotado; d) que un gran sector de trabajadores provincianos fuga de la capital, incluso a pie, hacia sus lugares de origen, porque quedaron sin trabajo y no tienen “bono”. Al desconocer todo esto y más, Vizcarra no solo no logra su objetivo de contener los contagios, sino que contribuye a propagarlo. Asimismo, la emergencia exigía el diseño de un plan de pruebas masivas y de focalización y seguimiento al virus pero, pasados tres meses, aún no hace nada de esto. Apenas realiza pruebas aleatorias y mezcla los dos tipos de pruebas, con lo que ni si quiera llega a saber la cantidad real de infectados, ni menos conoce la curva de contagios, lo que muestra que, incluso, perdió hasta el control.
Población no aguanta más, y sale a ganarse el día en las calles
…Y con corrupción e indolencia
Como si todo esto no fuera suficiente, el Estado corrupto, del que forma parte el gobierno, hace su agosto con los enormes sufrimientos que padecen los pobres. Contraloría informa que investiga a mil funcionarios, por corrupción, durante la pandemia, los cuales van desde altos jefes de la Policía Nacional (que causó la caída del ministro Morán), hasta funcionarios de todo nivel del sector salud, como el director del Hospital Sergio Bernales (de Collique), que entregaba mascarillas sostenidas por grapas y equipos de bioseguridad reciclados. Se detectan, también, que 4.212 funcionarios del Estado recibieron la canasta de víveres. Además, montado en sus altos niveles de aprobación y con el apoyo velado de los aparatos de la “izquierda” incluidos, la que está en el Congreso, Vizcarra muestra un comportamiento soberbio, ciego y sordo. Al inicio de la pandemia la Sociedad de Neumología planteó inyectar dinero a las regiones más vulnerables, para la compra de insumos médicos, equipos de protección, balones de oxígeno y para contratar más personal. El gobierno no le hizo caso. En realidad no escuchó a nadie. Desde fines de abril Loreto gritaba por falta de oxígeno y, ahora, lo hace Ucayali, Piura y hasta los conos de Lima y deben pasar casi dos meses cuando, cada minuto significa vidas que se van, para que Vizcarra resuelva algunas medidas, para atender el abastecimiento de oxígeno a los hospitales. Si algo grafica mejor esta indolente vena gubernamental es el caso de Richard Swing, contratado para “animar” al personal del Ministerio de Cultura, en medio de la terrible pandemia, simplemente por ser compadre de Vizcarra.
Fuente: France 24
Su prioridad es proteger los grandes negocios
En el contexto de la emergencia saltó a luz, también, el gran negocio de las clínicas privadas, que cobran altos montos por realizar pruebas y que alzan sus tarifas, para atender pacientes con covid-19, el gran negocio de las cadenas de farmacias (Interbank) y de la venta de oxígeno (en mano de dos empresas). Pero, ante ellos, el gobierno no hizo ni hace absolutamente nada para intervenirlos y/o disponer de sus recursos, y permite que sigan lucrando a costa de la vida y el sufrimiento del pueblo pobre.
Fuente: La República
Vizcarra, en realidad, se enfoca en proteger los grandes negocios más que la vida de la gente. Se ufana de tener una amplia “espalda” financiera, pero la usa no para salvar vidas sino para salvar empresarios, y ni siquiera a los micros y pequeños a quienes condena a la ruina, sino a sus amigos de la Confiep y de la Sociedad de Minería y Petróleo: a) Subsidia las planillas empresariales, b) entrega 60 mil millones de soles de crédito con prioridad a grandes empresas, c) permite despidos masivos y decreta la “suspensión perfecta”, d) obliga a trabajar a los vulnerables, e) no fiscaliza a las empresas y permite que el contagio se propague entre los trabajadores llevando a muchos de ellos a morir, f) desde el Mintra deja que los patrones se ceben contra los obreros cometiendo todo tipo de abusos y aplicando sanciones y despidos contra los que reclaman. Por último, en esta misma línea patronal, ataca toda propuesta de establecer un impuesto a la riqueza como si fuera el fin del mundo, cuando es la única forma de tener recursos suficientes para financiar la emergencia. En un país donde solo 17 familias detentan casi toda la riqueza nacional y 9 millones son pobres, no hay otra manera de equilibrar en algo la balanza.
Ahora nos condena a la infección
El resultado del “plan” Vizcarra no solo ha sido un absoluto fracaso sino ahora nos lleva a morir por el covid-19. No tiene lógica pero es la realidad: la pandemia está en el pico y Vizcarra ordena la reapertura de las actividades, que ya comprende al 80%. Ahora él con todos sus acólitos se da la mano con los sectores más reaccionarios que cuestionaban la cuarentena, para gritar al unísono “reactivación”; pues ya no importa salvar vidas sino de sacrificarlas en nombre de la “economía”, que para ellos significa sus negocios. Para mayor claridad hasta se cambia de discurso oficial: del “quédate en casa” ahora se pasa al “Yo me cuido”, útil para señalarnos siempre a nosotros como los únicos responsables de la propagación del virus. El gobierno, por supuesto, nunca admitirá su responsabilidad, menos ahora que las consecuencias de sus decisiones nos conducen a una catástrofe humanitaria.
Ni recuperación, solo represión
Ni aun así empujándonos al contagio masivo no hay ni habrá “recuperación” como se pretende, al menos este año. El Banco Mundial estima que la economía de Perú se contraerá en 12%, lo que equivale a 3 millones de nuevos pobres. Solo en Lima ya un millón y medio perdió su empleo. La reactivación no obra por decreto sino de acuerdo a la demanda de los negocios. Y para darle “impulso” los voceros de la CONFIEP, ni cortos ni perezosos, ya claman para que se suelte toda la reforma laboral y para que se haga viable los proyectos mineros rechazados de Tía María y Conga, pedidos a los que Vizcarra estará presto a atender. En este cuadro, el suplicio del pueblo pobre no tiene ni siquiera paliativo porque el gobierno no es capaz de garantizarle un plato de comida a los millones que pasan hambre. Empujados por la necesidad millones se lanzan a las calles como ambulantes y lo único que hace Vizcarra y el alcalde Muñoz es mandarles la policía a perseguirlos y confiscar sus mercancías.
El “Estado de Emergencia” y la suspensión de derechos civiles no se ha usado con tanta efectividad para evitar la propagación del virus como para reprimir las protestas. Los médicos y enfermeras que protestaban por falta de implementos fueron sus primeras víctimas. Ahora el ministro de Defensa, Walter Martos, asegura que evalúan mantener a las FFAA en las calles luego del “Estado de Emergencia”, y el premier Zeballos anunció en el Congreso que “están preparadas para enfrentar cualquier desborde social”. Así, Vizcarra, no solo condena a miles de pobres a morir por el covid-19 o por hambre, sino también pretende ahogar nuestra lucha y protesta con más represión, para llevar hasta el fin lo que ha sido su consigna desde el primer día: salvar los negocios capitalistas antes que la vida de la clase trabajadora.
Ellos tratan de salvar los negocios capitalistas, aún a costa de nuestras vidas
Desde los años 90, diversos gobiernos promovieron la mercantilización de la salud pública, con recortes presupuestales y la privatización. Y peor todavía: la inversión en salud ni siquiera llegó a representar la mitad de la que realizaron los países vecinos, que aplican el mismo modelo. Por esa causa, la pandemia encontró a los establecimientos de salud sin insumos ni para el lavado de manos y con mínima infraestructura (mil camas, 250 UCI, un déficit de 17 mil especialistas). La otra cara de esta realidad, o al servicio de este fin si se quiere, fue el surgimiento de un gigantesco sistema de salud privado, con enormes clínicas, monopolios farmacéuticos y cadenas de farmacias.
Vizcarra, que echa la culpa a los anteriores gobiernos, continuó esa misma política: no cumplió ni con su promesa, de construir uno sólo de los 80 hospitales que ofreció para el 2019. Así, la salud del pueblo, que ya entonces era una calamidad (50% de los niños sufren de anemia, alto porcentaje de TBC, hipertensión, diabetes, etc.), se tornó pasto fácil para la mortífera extensión del coronavirus, que vivimos estos días.
La pandemia es atendida con miserias…
Siendo inminente la catástrofe por el covid-19, se planteaba –y se plantea aún– la urgencia de una masiva inversión en salud pública, para salvar la vida de la población más pobre, la más vulnerable. Pero, el gobierno no lo hizo –y no lo hace– y, como un avaro, le destinó un monto ridículo: 1.5% del PBI. Peor aún, de esa miseria, al 11 de junio, sólo ha usado la quinta parte, es decir nada. Por eso, nunca hay camas suficientes, UCIs, oxígeno, medicinas, personal médico, equipos de protección y muchos mueren en sus casas por falta de una asistencia mínima. Pese a esta situación desesperante, aún hoy, el gobierno se niega a destinar recursos al sector, como lo muestra cuando se opone a promulgar el proyecto del Congreso para nombrar, de manera automática, a todo el personal médico y asistencial que atiende en la emergencia, arriesgando sus propias vidas.
… Con absoluta ineficiencia
La emergencia también exigía el confinamiento de la población, con alimentos y salarios. Pero, Vizcarra, establece una cuarentena desconociendo que la mayoría de pobres (72%) vive al día y no les garantiza ayuda, y no lo hace porque, tampoco, sabe quiénes son ni dónde están, y los fuerza a salir a la calle. También ignora: a) que 1.2 millones en Lima viven hacinados, y que entre 7 y 8 millones de peruanos no tienen agua ni servicios básicos; b) que en la mayoría de las familias las mujeres realizan las compras, lo hacen en mercados populares y casi a diario, porque no tienen frigider; c) que la mayoría se moviliza en transporte público, que opera abarrotado; d) que un gran sector de trabajadores provincianos fuga de la capital, incluso a pie, hacia sus lugares de origen, porque quedaron sin trabajo y no tienen “bono”. Al desconocer todo esto y más, Vizcarra no solo no logra su objetivo de contener los contagios, sino que contribuye a propagarlo. Asimismo, la emergencia exigía el diseño de un plan de pruebas masivas y de focalización y seguimiento al virus pero, pasados tres meses, aún no hace nada de esto. Apenas realiza pruebas aleatorias y mezcla los dos tipos de pruebas, con lo que ni si quiera llega a saber la cantidad real de infectados, ni menos conoce la curva de contagios, lo que muestra que, incluso, perdió hasta el control.
Población no aguanta más, y sale a ganarse el día en las calles
…Y con corrupción e indolencia
Como si todo esto no fuera suficiente, el Estado corrupto, del que forma parte el gobierno, hace su agosto con los enormes sufrimientos que padecen los pobres. Contraloría informa que investiga a mil funcionarios, por corrupción, durante la pandemia, los cuales van desde altos jefes de la Policía Nacional (que causó la caída del ministro Morán), hasta funcionarios de todo nivel del sector salud, como el director del Hospital Sergio Bernales (de Collique), que entregaba mascarillas sostenidas por grapas y equipos de bioseguridad reciclados. Se detectan, también, que 4.212 funcionarios del Estado recibieron la canasta de víveres. Además, montado en sus altos niveles de aprobación y con el apoyo velado de los aparatos de la “izquierda” incluidos, la que está en el Congreso, Vizcarra muestra un comportamiento soberbio, ciego y sordo. Al inicio de la pandemia la Sociedad de Neumología planteó inyectar dinero a las regiones más vulnerables, para la compra de insumos médicos, equipos de protección, balones de oxígeno y para contratar más personal. El gobierno no le hizo caso. En realidad no escuchó a nadie. Desde fines de abril Loreto gritaba por falta de oxígeno y, ahora, lo hace Ucayali, Piura y hasta los conos de Lima y deben pasar casi dos meses cuando, cada minuto significa vidas que se van, para que Vizcarra resuelva algunas medidas, para atender el abastecimiento de oxígeno a los hospitales. Si algo grafica mejor esta indolente vena gubernamental es el caso de Richard Swing, contratado para “animar” al personal del Ministerio de Cultura, en medio de la terrible pandemia, simplemente por ser compadre de Vizcarra.
Fuente: France 24
Su prioridad es proteger los grandes negocios
En el contexto de la emergencia saltó a luz, también, el gran negocio de las clínicas privadas, que cobran altos montos por realizar pruebas y que alzan sus tarifas, para atender pacientes con covid-19, el gran negocio de las cadenas de farmacias (Interbank) y de la venta de oxígeno (en mano de dos empresas). Pero, ante ellos, el gobierno no hizo ni hace absolutamente nada para intervenirlos y/o disponer de sus recursos, y permite que sigan lucrando a costa de la vida y el sufrimiento del pueblo pobre.
Fuente: La República
Vizcarra, en realidad, se enfoca en proteger los grandes negocios más que la vida de la gente. Se ufana de tener una amplia “espalda” financiera, pero la usa no para salvar vidas sino para salvar empresarios, y ni siquiera a los micros y pequeños a quienes condena a la ruina, sino a sus amigos de la Confiep y de la Sociedad de Minería y Petróleo: a) Subsidia las planillas empresariales, b) entrega 60 mil millones de soles de crédito con prioridad a grandes empresas, c) permite despidos masivos y decreta la “suspensión perfecta”, d) obliga a trabajar a los vulnerables, e) no fiscaliza a las empresas y permite que el contagio se propague entre los trabajadores llevando a muchos de ellos a morir, f) desde el Mintra deja que los patrones se ceben contra los obreros cometiendo todo tipo de abusos y aplicando sanciones y despidos contra los que reclaman. Por último, en esta misma línea patronal, ataca toda propuesta de establecer un impuesto a la riqueza como si fuera el fin del mundo, cuando es la única forma de tener recursos suficientes para financiar la emergencia. En un país donde solo 17 familias detentan casi toda la riqueza nacional y 9 millones son pobres, no hay otra manera de equilibrar en algo la balanza.
Ahora nos condena a la infección
El resultado del “plan” Vizcarra no solo ha sido un absoluto fracaso sino ahora nos lleva a morir por el covid-19. No tiene lógica pero es la realidad: la pandemia está en el pico y Vizcarra ordena la reapertura de las actividades, que ya comprende al 80%. Ahora él con todos sus acólitos se da la mano con los sectores más reaccionarios que cuestionaban la cuarentena, para gritar al unísono “reactivación”; pues ya no importa salvar vidas sino de sacrificarlas en nombre de la “economía”, que para ellos significa sus negocios. Para mayor claridad hasta se cambia de discurso oficial: del “quédate en casa” ahora se pasa al “Yo me cuido”, útil para señalarnos siempre a nosotros como los únicos responsables de la propagación del virus. El gobierno, por supuesto, nunca admitirá su responsabilidad, menos ahora que las consecuencias de sus decisiones nos conducen a una catástrofe humanitaria.
Ni recuperación, solo represión
Ni aun así empujándonos al contagio masivo no hay ni habrá “recuperación” como se pretende, al menos este año. El Banco Mundial estima que la economía de Perú se contraerá en 12%, lo que equivale a 3 millones de nuevos pobres. Solo en Lima ya un millón y medio perdió su empleo. La reactivación no obra por decreto sino de acuerdo a la demanda de los negocios. Y para darle “impulso” los voceros de la CONFIEP, ni cortos ni perezosos, ya claman para que se suelte toda la reforma laboral y para que se haga viable los proyectos mineros rechazados de Tía María y Conga, pedidos a los que Vizcarra estará presto a atender. En este cuadro, el suplicio del pueblo pobre no tiene ni siquiera paliativo porque el gobierno no es capaz de garantizarle un plato de comida a los millones que pasan hambre. Empujados por la necesidad millones se lanzan a las calles como ambulantes y lo único que hace Vizcarra y el alcalde Muñoz es mandarles la policía a perseguirlos y confiscar sus mercancías.
El “Estado de Emergencia” y la suspensión de derechos civiles no se ha usado con tanta efectividad para evitar la propagación del virus como para reprimir las protestas. Los médicos y enfermeras que protestaban por falta de implementos fueron sus primeras víctimas. Ahora el ministro de Defensa, Walter Martos, asegura que evalúan mantener a las FFAA en las calles luego del “Estado de Emergencia”, y el premier Zeballos anunció en el Congreso que “están preparadas para enfrentar cualquier desborde social”. Así, Vizcarra, no solo condena a miles de pobres a morir por el covid-19 o por hambre, sino también pretende ahogar nuestra lucha y protesta con más represión, para llevar hasta el fin lo que ha sido su consigna desde el primer día: salvar los negocios capitalistas antes que la vida de la clase trabajadora.
En primera instancia, el Estado de Emergencia Sanitaria fue decretado desde el 11 de marzo hasta el 8 de junio 2020, entiéndase como el marco de las demás normas restrictivas y excepcionales adoptadas por el gobierno ante el brote del covid -19. Una de ellas fue la cuarentena y el aislamiento social obligatorio que impedía el funcionamiento de la industria y comercio y demás actividades económicas que no estuvieran relacionadas a los servicios y bienes esenciales.
Por esa razón Vizcarra, a través del D.U. 038-2020 facultó el uso de la letal Suspensión Perfecta de Labores (SPL) como salida patronal ante las medidas restrictivas hasta entonces de aplicación obligatoria para las empresas.
Como era de esperar, desde su publicación (15 de abril) más de 28 mil empresas sin importar su tamaño, se acogieron a este procedimiento que aproximadamente deja a 250 mil trabajadores sin percibir salario.
Al mismo tiempo, el gobierno dispuso implementar de forma gradual la reactivación económica de las actividades en 4 fases. En mayo inició la fase 1 y en junio la fase 2 que permite que el 80% de los sectores productivos suspendidos vuelvan a sus operaciones.
Trabajadoras de Chocolates Iberica protestan contra DU 038-2020
Claramente hemos denunciado el rol genocida de este gobierno que ha demostrado defender las ganancias empresariales antes que la vida de los trabajadores y el pueblo. Por lo que demandamos una cuarentena con salarios, alimentos y medicina para todos, nada que ver con el desastre que implementó Vizcarra dejando a los trabajadores y el pueblo pobre expuestos al contagio masivo y a la muerte.
Sin embargo, el reinicio de actividades ya es un hecho, y trae nuevamente los cuestionamientos a las normas dictadas por este gobierno, como la SPL presentada como necesaria “para mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y empleadores ante el covid-19” por las restricciones del Estado de Emergencia.
Por un lado, las restricciones que impedían el funcionamiento de las empresas ya no existen, pues con la fase 2 casi todos los sectores productivos del país vuelven a operar, vasta presentar al MINSA su plan para la vigilancia, prevención y control de covid-19 en el trabajo, y la autorización se aprueba automáticamente.
Entonces, ¿por qué se sigue permitiendo utilizar esta medida presentada para otra situación? Peor aún ¿por qué se ata su vigencia a la declaratoria de Estado de Emergencia Sanitaria, ampliado últimamente hasta el 9 de setiembre? Sin lugar a duda, el objetivo de esta medida se encuentra más allá de la emergencia.
Un nuevo régimen más explotador
Esto se combina con otra realidad. El reinicio de actividades productivas se viene haciendo de forma gradual y la convocatoria de trabajadores se viene haciendo a gusto de los cálculos del mercado de las empresas, que, como ya sabemos, se encuentra mal.
Así, fabricas como PIONER, convocan trabajadores y vuelven a enviarlos a SPL a voluntad, canjeando las consecuencias de la crisis económica con el puesto de trabajo de millones de trabajadores que se encuentran lidiando entre morir de hambre o morir por las consecuencias del covid-19.
Más plusvalía
Además de todo esto, la reincorporación de trabajadores a la producción trae los cambios que faculta las normas, cambio de horario y pago de horas dejadas de laborar por la cuarentena, es decir un régimen de 12 horas diarias como ensayo de un nuevo régimen que permita realizar la misma producción pero con menos trabajadores, recortando gastos logísticos, de movilidad y otros, como viene sucediendo ante el reinicio de actividades en Celima y en las fábricas textiles.
Si a esto agregamos que la mayoría de industrias de alimentos (como Alicorp, Molitalia y Cogorno), ya utilizan jornadas de 12 horas para reducir la rotación y movilidad de los trabajadores durante la emergencia, solo puede significar que los trabajadores excedentes, producto de esta nueva realidad, serán sometidos a nuevos procesos de suspensión perfecta y ceses colectivos.
En la Corporación Miyasato, líder en el mercado del vidrio, ya se dio el primer paso aplicando el Cese Colectivo, a pesar de haber recibido 10 millones de soles del plan Reactiva Perú, que se supone seria para “no romper la cadena de pagos”, que incluye el de sus trabajadores.
Más despidos y ataques antisindicales
Al mismo tiempo, durante la cuarentena las empresas han desatado una feroz ofensiva antisindical. En Arca Continental (Coca-Cola) se ha producido el despido de dos dirigentes del SINATREL bajo el pretexto de no laborar en estado de emergencia. En SAGA FALABELLA han despedido a 22 trabajadores por exigir medidas de seguridad. En MOLITALIA aplicaron sanciones abusivas contra trabajadores que exigían pruebas de descarte del covid-19. En TOPY TOP se denuncia decenas de despidos so pretexto de la falta de trabajo, mientras que a los demás trabajadores se les obliga a realizar horas extras. Las obreras de limpieza pública organizadas en el SITOBUR, enfrentan la amenaza de despidos masivos. De este modo lo que se busca es debilitar las organizaciones sindicales, que son nuestros instrumentos de defensa.
Así, ante la pérdida de ganancias y utilidades de las empresas producto de la emergencia, Vizcarra alcanzó en bandeja de plata el D.U. 038-2020 sobre SPL, que es convertido en arma para recuperar ganancias estableciendo un nuevo régimen laboral más explotador.
https://www.youtube.com/watch?v=niqbySAEomc
Fuente: Telesur – Protestas
La clase trabajadora responderá si o si
Entendemos la necesidad de responder a estos nuevos ataques. Ya se sienten los primeros estruendos en las calles. Los trabajadores estibadores del puerto del Callao se atrincheraron en las entradas del Puerto paralizando 5 días las operaciones, obligando a los empleadores a respetar las normas de seguridad y salud. Las compañeras del SITOBUR batallan todos los días en las calles exigiendo protección a su salud y respeto a su trabajo. Y las innumerables denuncias por redes sociales revelan la necesidad de lucha que sienten muchas organizaciones sindicales.
Con estos ejemplos nos organizamos para salir el 23 de junio ante la convocatoria de la CGTP. La vanguardia obrera debe garantizar la presencia de las bases combativa con vistas a poner en marcha un verdadero plan de lucha que nos lleve a conquistar nuestras demandas fundamentales.
Nueva dirección Hay que poner en pie una nueva dirección política con un programa obrero y popular orientado a salvar vidas y defender el empleo a costa de las ganancias empresariales. En ese camino, compañero, compañera, te invito a construir nuestro partido el PST, junto a luchadores reconocidos de la clase obrera, con el único objetivo de luchar para defender nuestros intereses como trabajadores.
En medio de la actual crisis sanitaria que se agudiza cada vez más en nuestro país, miles de estudiantes de San Marcos y de otras universidades públicas siguen necesitando ayuda urgente para la realización de sus clases virtuales. Asimismo, esta falta de acceso en el marco de esta pandemia, tal como lo expresan los residentes externos de San Marcos, no es el único problema que azota a muchos estudiantes, sino también la falta de sustento de las necesidades básicas como la alimentación, la vivienda e incluso el tema laboral.
Se prioriza lo económico y no lo académico
Además, las autoridades de San Marcos, ante la falta de solución para con el acceso a la educación virtual, la contratación docente, la matrícula, el horario de los cursos, entre otros procesos administrativos más, siguen mostrando a toda la comunidad universitaria otras prioridades (avaladas por la ley universitaria 30220) que no son de hecho académicas. Sino más bien preocupaciones económicas tal como el de mantener los números de la caja fiscal de la universidad en azul, lo cual vulnera directamente un fin y una función básica de toda universidad: la de priorizar el desarrollo profesional de los estudiantes. Que, a pesar de que se menciona inclusive en la ley universitaria, se pone por delante otros artículos que ponen de manifiesto el carácter privatista de esta así como el carácter autoritario de la misma, de ahí que han sido completamente legales todas las medidas arbitrarias que se han venido dando en distintas facultades y desde el rectorado. Un ejemplo claro de ello fueron los planes de adecuación para las clases no presenciales exigidos por la SUNEDU. Donde, en varias facultades, no hubo ni siquiera transparencia.
Situación crítica para miles de jóvenes y sus familias
Como se dijo líneas atrás, los problemas no solo se reducen al ámbito universitario. Hay otros ámbitos también que pueden vulnerar a más jóvenes de los que hoy existen. Pues, frente a un gobierno que tiene la gran orientación de volcar la crisis a los sectores más pobres del país, más estudiantes junto a sus familias podrían ser afectados. Solo basta ver la mínima inversión extra por parte del gobierno dado a la educación y a la salud en relación a la tremenda ayuda que ha desembolsado el gobierno a las grandes empresas del país. Donde aquellas, juntas, no llegan ni al 10% de todo el dinero que este gobierno ha soltado a estas últimas.1
Simultáneamente, cifras como el de la suspensión perfecta de labores, con más de 200,000 trabajadores afectados hasta inicios de mayo según el MTPE, como la de los cientos de trabajadores que tienen el perverso cese colectivo, como la de los infectados que sobrepasan los 200 mil, como el lucro con la salud por muchas clínicas o farmacéuticas del país, entre otros datos terribles para la población pobre, nos dan un panorama de lo que está sucediendo en nuestro país y de los posibles golpes que están recibiendo y que recibirán muchos más jóvenes universitarios y familiares suyos. Por tal razón, sin duda alguna, urge una ayuda inmediata integral para que no solo nadie trunque sus estudios ni sea excluido por no tener los medios económicos, sino también para que todos se mantengan vivos y sanos. Pues, es una realidad que muchos de ellos solventan sus propios estudios tal como lo hacen miles de estudiantes técnicos, y que ahora, debido a la actual crisis, se están quedando sin empleo. Así lo indicó, por ejemplo, Julio Cárdenas, presidente de la Asociación de Institutos y Escuelas de Educación Superior (ASISTE PERÚ), que, más de 65,000 estudiantes no se llegaron a matricular en este semestre y que además calcularon que, en los próximos meses, la cifra podría llegar hasta 170,000 estudiantes más. Una crisis en la educación.
Exigir más presupuesto para la educación y para los demás servicios básicos
Nada de lo que está pasando es casual. Todo es producto de las grandes desigualdades que este sistema y este modelo económico ha causado. Y precisamente uno de los sectores donde se está viendo eso, es la educación. Es por ello que hoy más que nunca tiene que haber un aumento presupuestal para la educación y un estudio socioeconómico integral orientado a identificar a los estudiantes más vulnerables y brindarles todo el apoyo necesario, estudio que no debe ser usado para otros fines. A su vez, para que haya éxito en estas demandas, tiene que haber una amplia unidad de los trabajadores y estudiantes para luchar juntos por una educación sin excluidos y por mejores condiciones de vida para todos. No podemos permitir que en medio de toda esta crisis sanitaria se abandone a cientos de estudiantes a su suerte, menos aún permitir que las autoridades universitarias y el gobierno nacional prioricen “problemas económicos” que las necesidades básicas de la juventud y de los trabajadores.
¡Educación sin exclusión!
¡Evaluación socioeconómica ya!
¡Ayuda integral para todos los estudiantes que lo necesiten!
¡Más presupuesto para la educación y para los demás servicios básicos!
¡Por la unidad de los estudiantes y los trabajadores!
Un balón de oxígeno de 10 m3 que costaba S/. 600, ha llegado a costar diez veces más. La azitromicina elevó su precio en 12 veces. Atenderse por covid en las clínicas cuesta entre 30 y 60 mil soles. Lo que era un problema sin la pandemia, ahora es un calvario para miles de familias, que ven como las empresas privadas monopolizan y lucran con los servicios de salud.
La economía de libre mercado muestra su verdadero rostro echando al traste todo lo que se dice de “responsabilidad social empresarial”. En un sistema económico donde solo importa el lucro y la explotación, no hay posibilidad de salvarse para los pobres. El cuadro más espeluznante lo vemos en los hospitales nacionales, que no tienen recursos ni para comprar o alquilar un balón de oxígeno, y donde un paciente debe esperar la muerte de otro con la esperanza de acceder a uno.
Fuente El Comercio – Pacientes al interperie en Hospital 2 de mayo
Mientras vivimos a diario esta realidad, el gobierno no está dispuesto a mover un dedo para cambiarla. Más bien elabora leyes para que las empresas sigan lucrando en plena emergencia. Para salvar la vida por el covid y no morir de hambre es una necesidad cambiar este modelo económico.
“Aire es lo que quiero, aire para vivir…”
Un viejo vals peruano titulado “fin de bohemio”, cuenta la historia de un paciente con tuberculosis que ha sido desahuciado por su médico. En su angustia por aferrarse a la vida, le ruega con voz vacilante al galeno lo siguiente: “Aire es lo que quiero, aire para vivir, […] no me lo niegues doctor, lo que hoy te pido, oxígeno a mi vida, oxígeno por Dios”. Con esas sencillas palabras podríamos retratar lo que pasa en la actualidad: una población infectada por el covid abandonada por un gobierno indolente que lo desahucia.
Hay soluciones. Podría fijar el precio y expropiar a las empresas que incumplan las disposiciones. Podría decretar la compra de todo el oxígeno producido por estas empresas y entregar gratuitamente los balones al pueblo que lo necesita. Podría decretar la reconversión de plantas, como en el caso de las mineras, para producción de oxígeno.
Fuente: France 24
En esa sentida súplica, también, escuchamos la voz de miles de peruanos que se han endeudado por comprar un balón de oxígeno para un ser querido. Se oye la voz quebrada de los que acuden desesperadamente a centros de recarga, entre 3 a 4 veces por semana, y hasta con 4 balones. El ruego de los que tienen que gastar entre S/. 15 a 200 soles por m3 de oxígeno y esperan horas y horas, incluso se amanecen haciendo largas colas por un escaso y costoso recurso. Se oye el llanto de quienes tienen que hacer colectas en el barrio o en la familia, porque el salario mínimo sigue siendo una miseria o, peor aún, ya no tienen trabajo…es un clamor por aire para vivir.
¿Quienes tienen el monopolio del oxigeno y a donde está orientada su producción?
La demanda de oxígeno aumentó en un 40% por covid (21,740 balones). Según el Premier esto excede la capacidad de producción de oxígeno en el país. Así también, la presidenta del Comando covid, dijo que el consumo actual es 216 toneladas de oxigeno por día y se proyecta que aumentara a 394. En ese escenario crítico, se ha hecho viral el dato de que hay dos empresas que tienen el monopolio del oxígeno en el país y que han elevado el precio, estas son: Linde Praxair con 82% de la producción de oxígeno a nivel nacional y Air Products con 18%.
¿Pero no se puede hacer nada contra estos criminales?
En el artículo 61 de la Constitución de Fujimori señala que los monopolios no están prohibidos explícitamente, a lo sumo lo que puede sancionarse o regularse es el abuso monopólico y nada más. El carácter neoliberal de esta constitución ha facilitado la formación de monopolios y oligopolios en distintos sectores que tras 25 años se han consolidado y muchos dominan más del 70% de sus respectivos mercados: Backus, Alicorp, Gloria, etc. En salud tenemos al Grupo Intercorp dueña del 83% de las farmacias, y al oligopolio formado por 8 grupos que son dueños de todos los eslabones de la cadena de servicios de salud, donde destacan los grupos ligados al BCP y al BBV Continental.
El 2008 Indecopi abrió un proceso administrativo a las empresas que monopolizan la producción de oxígeno bajo el cargo de haber realizado prácticas restrictivas de la competencia en la modalidad de reparto de mercado. Indecopi las halló culpables por repartirse el mercado de Essalud y las sanciono con 21 millones, y ellas apelaron al Poder Judicial donde hasta ahora hubo un fallo definitivo producto del escándalo de su abuso en tiempo de pandemia.
El drama por oxigeno en Iquitos
La legislación nacional no le brinda poder para evaluar fusiones y adquisiciones a ningún ente del Estado. Lo que se sanciona a las empresas el abuso de la posición de dominio que por lo general se traduce en la especulación, es decir, en el acto de poner en venta bienes por encima del precio regular, el cual es un delito sancionado administrativamente con multa, y según el Código Penal es un delito que se castiga con cárcel no mayor a tres años. Sin embargo, no se aplica, porque necesita primero de un organismo que elabore una lista de productos de primera necesidad y que fije los precios de los productos de la lista, lo que no existe. Por ello, no se puede meter preso a nadie, la economía es de libre mercado y el precio no se puede fijar porque lo regula la oferta y la demanda. Y, además, contra todo esto están la Confiep y los títeres políticos que defienden sus intereses. Por esta razón también, organismos como la Defensoría del Pueblo recurren a las sanciones administrativas que no se cumplen porque las empresas apelan a las cortes.
Desde el Congreso se han encarpetado varias propuestas para impedir la formación de monopolios vía fusiones, y también desde el Ejecutivo y el MEF, bajo el sonsonete de que aleja las inversiones.
En materia de regulación, lo que hay es el D.U. 013-2019, emitido por Vizcarra el año pasado, que es un engaña muchachos. Ahí se menciona que cualquier empresa que se quiera fusionar con otra pasara por el filtro de Indecopi. Hasta ahí suena interesante, y muchos sectores de la izquierda reformista hasta lo apoya. Pero a continuación se dice que la supuesta regulación no va afectar a los monopolios ya consolidados, es decir todo seguiría igual. Lo peor fue que en plena pandemia postergó su ley hasta el 2021.
Lo nuevo es la recién aprobada ley del Congreso que aún falta pasar por la promulgación u observación del Ejecutivo. En ella se sanciona la especulación de precios, la adulteración de productos y servicios con pena privativa de la libertad que van desde 1 hasta 8 años según el delito. Sin embargo, el abogado penalista Luis Castillo Berrocal menciona que la reincorporación del delito de abuso de poder al Código Penal plantea una reforma sobre las competencias de Indecopi, ente que sanciona administrativamente, de lo contrario atenta contra el principio de que una persona no puede ser juzgada dos veces por la misma causa, por lo que sería inaplicable.
Foto: Redacción PST
Así, cada vez más los capitales que monopolizan los mercados, y rompen con sus principios de libre competencia, se valen del Estado para elaborar leyes que los beneficien y que no comprometan ni sus bienes ni su libertad si es que se ven amenazados como ahora.
No hay posibilidad de dotar de oxígeno, medicinas y atención médica a nuestras familias que agonizan sin quitarles la propiedad y los recursos que concentran y los coloquemos a disposición de un plan nacional para enfrentar la pandemia.
¿Entonces, no hay salidas?
Es un crimen que las empresas limiten el acceso de la población a los servicios de salud condicionado a tener dinero. Y es mucho peor que sea el Estado que lo defienda.
Para lavarse la cara el gobierno ha decretado de forma temporal el uso del oxígeno medicinal con una concentración no menor al 93%, y ha soltado casi 90 millones para financiar las contrataciones que se realicen para la compra y el suministro de oxígeno medicinal a nivel nacional. También emitió el D.U. 066-2020 que declara que la producción de oxigeno medicinal es prioridad por encima del oxígeno industrial, pero como señala la misma Defensoría del Pueblo, no garantiza que se cumpla. Así, cuando el premier menciona que no hay suficiente oxígeno y que van a comprar al exterior, es porque en realidad no quieren tocar los intereses empresariales cuando ahora la prioridad es la salud de la población.
Es posible cambiar el panorama en tanto dejemos este modelo criminal y nos deshagamos de un gobierno inepto que a pesar de haber sido advertido de la carencia del oxígeno no hizo nada.
Existen salidas, de forma inmediata, como:
Adecuar las plantas de oxígeno industrial para la producción de oxígeno medicinal, como la que tiene la minera Southern en Ilo, que puede entregar 20 toneladas semanales de oxígeno. O la que existe en La Oroya.
Se debe entregar gratuitamente los balones de oxígeno a la población que lo necesita.
Se debe ampliar el servicio de atención médica utilizando los establecimientos de las clínicas privadas.
Se debe reconvertir fábricas para la producción de materiales de bioseguridad para todo el personal de salud y la población pobre.
Se debe incorporar a los trabajadores que se quedaron sin empleos a estas plantas.
A redoblar esfuerzos por imponer estas medidas que deben sumarse a las demás que vienen planteando los trabajadores contra el hambre y por su derecho a vivir.
En el marco de la crisis abierta por la epidemia de COVID19, se hace más urgente que los trabajadores y trabajadoras postulemos una salida para el país.
Somos nosotros quienes estamos poniendo los muertos, y somos quienes sufrimos despidos y rebajas salariales, bajo el amparo de las medidas dictadas por el gobierno.
Sin embargo los dirigentes de las Centrales sindicales, así como los parlamentarios y parlamentarias que dicen representarnos, están mirando a otro lado.
Para quienes militamos en el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) esto prueba que hay dos estrategias completamente opuestas de cara a la clase obrera: la del reformismo, donde están Patria Roja, el Partido Comunista, Nuevo Perú, el Frente Amplio y todos los grupos que tiene dentro, etc, que ante la situación que vivimos pretende “ganar fuerzas” de cara a las elecciones con medidas de “presión” al gobierno, mientras deja pasar la política de Vizcarra y compañía, responsable por los miles de muertos. Y la que proponemos nosotros, el PST: organizar de inmediato la respuesta de la clase obrera y el pueblo saliendo a luchar a las calles, con todos los cuidados necesarios, para derrotar al gobierno e imponer nuestras reivindicaciones.
De cuál estrategia se imponga, dependerá el destino inmediato de nuestra clase.
¿Quién es el responsable?
¿Por qué decimos esto? Desde el PST sostenemos que Vizcarra, agente de la Confiep, es el gran responsable de los contagios y las muertes que vivimos en el país, así como de las medidas que han permitido a las empresas imponer la suspensión perfecta (Trébol-Celima, Ibérica, Topy Top…) y hasta ceses colectivos (Corporación Miyasato).
Afirmamos que Vizcarra tomó la decisión consciente de permitir la extensión de la epidemia, intentando únicamente bajar el ritmo de contagio para evitar escenas como las de las calles de Guayaquil en abril, y con esto, minimizar la posibilidad de un estallido… pero sin evitar las muertes. Esto quiere decir que no se puede “presionar” al gobierno para que cambie de política: Vizcarra sabe bien lo que hace y no piensa cambiar de opinión. Y sólo derrotándolo, podemos cambiar la política que se viene aplicando.
Sin embargo las organizaciones reformistas sostienen otra cosa: que la responsable es la CONFIEP, o como mucho los ministros, eximiendo a Vizcarra de responsabilidad directa.
Por eso, una y otra vez, se han dedicado a aconsejar al gobierno, recomendándole que “cambie de política”, mientras participan del “diálogo social”, en el “Acuerdo Nacional” o el “Consejo Nacional del Trabajo”, donde todo ya está “cocinado” en función de las políticas del gobierno y los intereses del empresariado.
Elecciones o lucha directa
Y es que esas organizaciones, que hablan de “lucha”, en realidad sólo piensan en las elecciones. ¿Por qué, si tienen a disposición los medios de comunicación, no salieron a denunciar permanentemente la política mentirosa del gobierno que nos llevaba a la muerte, como hoy está demostrado? ¿Por qué no convocaron desde el principio a movilizarnos contra la política de hambre de Vizcarra y compañía?
Incluso ahora, que la dirigencia de la CGTP ha convocado a una Jornada Nacional de Lucha, lo hacen en función de un cálculo electoral: quieren capitalizar la caída en la popularidad de Vizcarra, e ir construyendo un perfil electoral con miras al 2021. Esto es evidente porque no hace parte de un plan de lucha sostenido que vaya incorporando a más sectores obreros y populares a la lucha.
Los trabajadores y trabajadoras necesitamos soluciones ahora, que nos enfrentamos a la muerte por covid o a la miseria provocada por los despidos y la suspensión perfecta. Debemos fortalecer nuestras organizaciones y disponernos a luchar en las calles, teniendo todos los cuidados necesarios para evitar los contagios, pero decididos a echar abajo la política de contagio y hambre del gobierno. No esperar a 2021 para tentar suerte con un nuevo “mal menor”.
Y es que a menos que se le declare la guerra a Vizcarra y compañía, en defensa de nuestra salud y trabajo, todo lo que griten, exijan o denuncien las organizaciones reformistas, con Gerónimo López, Marco Arana o Verónika Mendoza a la cabeza, serán frases vacías que lleven a la clase obrera y el pueblo pobre a un callejón sin salida, que en tiempos de covid, tiene forma de ataúd.
No aceptamos el Plan Vizcarra-Confiep que nos condena a morir por covid-19 o por hambre. Por eso, en nombre de la clase obrera, la única clase progresiva de esta nación que es conducida a la catástrofe por las clases adineradas en el poder, en nombre de la única clase que es la fuerza vital y productora de este país, planteamos un programa de 5 puntos para salvar la vida y la economía de las mayorías explotadas y oprimidas:
1. Todo para la emergencia sanitaria
¡Basta de mezquinar recursos y de la política de “sálvese quien pueda”!
Financiamiento efectivo del Estado e impuesto a los ricos para adquirir todo lo que se necesita. Hay camas e infraestructura suficiente en las clínicas privadas, medicinas en las farmacias, capacidad instalada para producir oxígeno y otros implementos y hay que echar mano de ellos, ya. Hay que contratar un pelotón de médicos, enfermeras y asistentes para atender a los enfermos en los hospitales y en sus casas y para establecer un cerco sobre el virus; y brindar protección a los que se encuentran en la primera línea de combate. Hay que utilizar todos los recursos del Estado y de los Privados para ganar esta guerra.
2. Comida y servicios garantizados para quedarse en casa
La inmensa industria de alimentos no puede seguir haciendo negocios mientras el pueblo muere de hambre: debe ser nacionalizada. Hay que orientar la inmensa industria de agroexportación para priorizar la alimentación del pueblo. Hay que pagarle precios justos a los pequeños productores agrarios para que pongan su cuota de esfuerzo. Hay que abastecer de agua, servicios y de productos esenciales a toda la población para que se quede en casa. Hay que expropiar las enormes edificaciones y terrenos para destugurizar, porque la pandemia crece por hacinamiento y falta de higiene. ¡No más hambre! ¡No más hacinamiento! ¡Confinamiento con comida, seguridad y servicios básicos!
Paralización de trabajadores mineros por equipos de bioseguridad
3. Preservar nuestros empleos y salarios
No aceptamos que nos priven de nuestro derecho al trabajo y de nuestros salarios solo para salvar los grandes negocios capitalistas. No aceptamos ser carne de cañón de las empresas que nos obligan a trabajar con el riesgo de enfermar y morir como viene sucediendo, solo para producirles ganancias. Ellos tienen suficientes recursos que han extraído de nuestro trabajo hasta por generaciones para cubrir dichos costos. No aceptamos tampoco que la inmensa ayuda estatal se dirija a salvar a los grandes negocios en lugar de orientarse en ayuda de los millones de micro y pequeños empresarios, artesanos y trabajadores independientes.
4. Fumigar al Estado y respetar las libertades
No aceptamos que funcionarios del Estado roben en plena emergencia con absoluta impunidad; los corruptos deben ser encarcelado y sus bienes confiscados, ya. No aceptamos que mientras se nos condena al hambre o al covid-9 los altos funcionarios del Estado, incluido el Congreso, sigan gozando de sueldos dorados y de numerosos privilegios como contar con clínicas privadas para atenderse: ningún funcionario debe ganar más que un profesor de escuela ni tener privilegios. Basta también de reprimir a los que luchan: libertad de reunión, prensa y organización. Derecho a organización de la mujer trabajadora y combate a la violencia contra ellas y a las minorías.
5. Autoorganización obrera y popular
Nada nos han regalado, todo lo que tenemos lo hemos ganado con luchas. Por eso, en la actual emergencia que vivimos, debemos tomar en nuestras manos nuestros propios destinos y pasar a la acción para luchar.
Hay que organizarnos en cada fábrica en torno a COMITÉS DE LUCHA que encaren la pelea por los derechos, la salud y la vida de los trabajadores.
Hay que organizar COMITÉS BARRIALES para asistir a los enfermos y a los que tienen hambre y también para pelear.
Y poner en pie una ASAMBLEA NACIONAL POPULAR para llevar adelante esta pelea de manera unificada.
La conquista de este Plan Obrero no es fácil. Pero tampoco hay otra salida: las alternativas que nos ofrece el resto de la “izquierda” es ser consejeros de Vizcarra y la CONFIEP. Al contrario. La lucha que este programa propone es que iniciar una lucha franca y abierta por derrotar al gobierno de Vizcarra y la CONFIEP como responsables del genocidio a la que nos conducen, y por poner en pie un nuevo gobierno: un Gobierno de los Trabajadores que garantice poner en práctica las medidas señaladas.
Llamamos a lo mejor de la vanguardia obrera, a los miembros más decididos de la juventud pobre y de la mujer trabajadora, a que juntos pongamos en pie un verdadero partido revolucionario capaz de luchar por esta salida.
El Perú es uno de los países con la cuarentena más prolongada del mundo frente a la pandemia, pero con la gestión del gobierno Vizcarra los resultados son catastróficos con un promedio diario de 6,000 contagios y 200 muertes según las cifras oficiales (las cifras reales son más altas) y un lugar fatalmente destacado en el comparativo mundial.
Las consecuencias de la desidia del gobierno
Todos los aspectos de una política de emergencia básica frente a la pandemia revelan una acción criminalmente insuficiente. Existe una larga lista de espera para hospitalización y cuidados intensivos frente a un número minúsculo de camas y salas UCI, y sabemos por el personal médico que las autoridades ordenan discriminar, entre muchos necesitados, quiénes reciben atención y quiénes simplemente son dejados morir en sus casas, mientras la carencia tan absurda de equipos de protección para el personal médico sigue extendiendo la lista de contagiados y fallecidos de quienes están en primera fila en la lucha contra el coronavirus.
Por otro lado, en las calles mucha gente se hace cargo por sus propios medios de la compra del oxígeno para sus parientes enfermos, enfrentando especulación y precios de rapiña de un negocio altamente monopólico, lo que evidencia una rotunda denuncia del abandono de la salud pública por parte del Estado. Y otra tragedia ocurre en torno a los fallecidos, con morgues colapsadas y graves limitaciones en el servicio de cremación e inhumación de cadáveres.
Mientras tanto, los contagios y enfermos siguen aumentando a causa de una cuarentena de hambre completamente insostenible con una alta población que ha sido privada de su fuente de ingresos o que vive en condiciones de hacinamiento o insalubridad, y hasta sin servicios básicos como el agua potable. El “bono universal” que el gobierno ofrece es prácticamente invisible para la gran mayoría.
Una elección que nunca debió darse: Morir de covid o morir de hambre
Eso explica el desborde social que tiene la forma de una imparable lucha por la supervivencia, incluso a costa de poner en riesgo la vida. A ello se sumará el reinicio de actividades económicas, sin que se haya alcanzado un nivel de control de la pandemia, sin haber cambiado las condiciones insalubres del sistema de transporte y sin haber asegurado protocolos de seguridad eficaces en los centros de trabajo. ¿Cómo hemos llegado a esta situación que amenaza la vida de decenas o centenas de miles de personas en el Perú? ¿Es que se trata de una fatalidad inevitable?
Pero no aplicó la misma política de guerra con los recursos de infraestructura y transporte en manos del empresariado, ni con las clínicas privadas ni con las plantas de producción de oxígeno que poseen empresas industriales y mineras.
Descontrolada expansión y letalidad del virus son evitables
El virus es altamente contagioso y letal, pero no es verdad que una descontrolada propagación o letalidad sean inevitables. Existen varios ejemplos de países europeos y asiáticos que así lo demuestran, pero incluso aquí en Latinoamérica, en Guayaquil, Ecuador, donde la pandemia llegó a extremos aterradores hasta alcanzar las ¡460 muertes diarias!, en poco más de un mes se logró bajar a ‘cero muertes’ gracias a que se volcaron los recursos que hicieron posible buscar a los enfermos casa por casa con pruebas covid, medicinas y alimentos, y tener suficientes centros de hospitalización y cuidados intensivos.
Sin embargo, en el Perú, Vizcarra optó deliberadamente por privar de los recursos necesarios a la lucha contra la pandemia, en una acción completamente opuesta a lo que ha venido diciendo en interminables conferencias adormecedoras, tan falsas como el anuncio de la “meseta” desde el mes de mayo.
Hace más de tres meses Vizcarra decretó la cuarentena y sacó a las fuerzas armadas y policiales para controlar el aislamiento social, como en una guerra. Pero no aplicó la misma política de guerra con los recursos de infraestructura y transporte en manos del empresariado, ni con las clínicas privadas ni con las plantas de producción de oxígeno que poseen empresas industriales y mineras.
Vizcarra tampoco tocó un pelo de las grandes fortunas acumuladas en las décadas de bonanza, beneficiadas con millonarias exoneraciones tributarias y otros privilegios que explican entre otras cosas por qué tenemos el peor sistema de salud pública del mundo.
Los escasos recursos económicos para financiar las ampliaciones del servicio médico, los extrajo del mismo presupuesto fiscal de un Estado minúsculo creado por décadas de neoliberalismo. Por ello es incapaz siquiera de atender a los enfermos graves que llegan a los hospitales, y con mayor razón es incapaz de buscar a los enfermos casa por casa llevando pruebas y medicinas como una medida indispensable y urgente para contener la expansión del virus y salvar vidas humanas frenando la letalidad.
Y es que la opción de Vizcarra es y sigue siendo impedir a toda costa que esta crisis la paguen los ricos. Antes que eso optó por darles todas las herramientas legales para protegerlos, como la “suspensión perfecta” de labores por la cual miles de trabajadores perdieron su fuente de ingresos en plena crisis.
Mientras tanto se destinan miles de millones de soles de la reserva fiscal y de nuevo endeudamiento público para el plan “Reactiva Perú” que no sirve para enfrentar esa otra terrible “pandemia” que es la recesión económica mundial. Los primeros 30 mil millones de soles en un 75% han sido recibidas por las medianas y grandes empresas, muchas de las cuales han echado trabajadores a las calles o han aplicado suspensión perfecta de labores.
A este desastre se suman los criminales casos de corrupción para lucrar a costa de la vida de las personas. Ni la reducción de los sueldos de altos funcionarios, que a estas alturas se evidencia más como el sello del fracaso que como un acto de desprendimiento, puede evitar el creciente descontento de la población.
A pesar de esto, el gobierno se beneficia de un consenso de los sectores políticos, incluyendo las bancadas de izquierda o izquierdosas, así como el empresariado en torno al meollo de la política oficial como si no hubiese otra alternativa. En ese marco se producen confrontaciones en torno a políticas de segundo orden en la actual coyuntura, que tienen que ver más con intereses particulares de sectores económicos o planes electorales del 2021.
Necesidad de un plan alternativo obrero y popular
En este contexto es crucial para los trabajadores impulsar una gran lucha organizada por las reivindicaciones, hoy más que nunca una lucha por la supervivencia. Tenemos que hilvanar las demandas dispersas por la reposición de despedidos, contra la suspensión perfecta y contra las reformas antilaborales en una plataforma que incluya la demanda por una verdadera política contra el coronavirus que provea con urgencia las condiciones médicas y sociales necesarias y suficientes, volcando hacia ello todos los recursos de la nación, principalmente aquellos que encuentran en manos privadas. El principal obstáculo para ello, ya sabemos, es el gobierno.
Esta lucha estará estrechamente vinculada a la acción de los trabajadores frente a la recesión que amenaza agravarse a extremos que no hemos visto en muchos años, y que el gobierno y los empresarios buscarán descargar sobre los hombros de los trabajadores.
La lucha unitaria y organizada de la clase trabajadora es indispensable para evitar la masacre que nos tiene preparada el gobierno y el empresariado frente al covid-19 y la recesión.
El número de infectados, hospitalizados y muertos por Covid-19 en el Perú sigue subiendo sin control a pesar de la cuarentena obligatoria. Y esto no se debe principalmente a la imprudencia de la gente que no respeta la cuarentena, tal como sostiene el gobierno.
Aquí lo que está fallando es la política del gobierno que hace agua por todos lados: faltan camas de hospitalización y salas de cuidados intensivos, falta oxígeno, falta personal médico, y cada vez son más las muertes evitables que se dan por falta de atención médica; se deja morir a la gente en sus casas o en hospitales por falta de equipos o médicos.
Y para colmo, falta incluso dónde poner a los muertos. Y nada indica que la cosa va para mejor.
Con hambre no hay cuarentena
La gran mayoría de la población entiende que la cuarentena es condición imprescindible para contener la expansión del virus, pero el gobierno dictó el encierro de millones de familias sin los medios necesarios de subsistencia. Son muchas las personas que no reciben el subsidio monetario ni la canasta de víveres, o que ni siquiera figuran en los padrones del gobierno, lo que hace que cada vez más gente no tenga otra opción que salir buscar la subsistencia del día en un desborde incontenible que hace inútil la cuarentena como medio de contención.
El colapso del sistema de salud y el desborde de la población por la subsistencia, muestran el fracaso del gobierno que no actúa a la altura de la «situación de emergencia nacional» que muchos equiparan a una situación de guerra. Una situación de «guerra al coronavirus» amerita todas las decisiones que aseguren ganar esa guerra, y eso incluye nacionalizar todos los recursos con los que cuenta la nación para la victoria. Bastaría con ver que el austero presupuesto del sector público no ha variado significativamente para comprobar lo lejos que está el gobierno de aquellas decisiones.
El gobierno aplica economía de guerra a los trabajadores y a los ricos no les toca un pelo
Solo hay economía de guerra para los trabajadores. Con la cuarentena obligatoria perdieron su fuente de ingresos más de 2 millones de trabajadores formales y más de 3 millones de trabajadores informales. Son aproximadamente 10 mil millones de soles la suma de los salarios no percibidos cada mes; esa es la «contribución de guerra» que se le exige a la clase trabajadora para vencer al coronavirus. ¿Cuál es la contribución de guerra que se ha exigido a las familias más ricas, de las cuales solo las primeras 10 o 12 poseen aproximadamente 100 mil millones de soles? Pues cero soles. ¡Nada! Por el contrario, sus empresas siguen lucrando en medio de la crisis tales como las empresas de alimentos, mineras, bancos, clínicas privadas, farmacias, telefonía, electricidad y gas.
El gobierno anunció que pidió facultades al Congreso para legislar sobre un «impuesto a la riqueza», pero luego aclaró que sería solo un impuesto a los sueldos altos y solo una meta de 300 millones de soles. Como referencia digamos que cada 10% de las primeras grandes fortunas del país equivale a 10 mil millones de soles, pero no se toca.
Protegiendo los intereses de los ricos no se lucha contra el coronavirus
Hay que decirlo con todas sus letras. En esta emergencia que amenaza la vida de toda la población nacional, el gobierno no asume como misión principal la lucha contra el coronavirus, sino la de servir de barrera de protección de los intereses de los grandes empresarios y transnacionales, los dueños de las grandes fortunas.
Las camas de hospitalización aumentan a cuentagotas porque se recicla el mismo presupuesto del año, solo ampliado marginalmente con nueva deuda pública. Hay carencias tan absurdas y a la vez criminales como la de equipos de protección para el personal médico.
Esa economía de austeridad explica también por qué la gran mayoría de trabajadores en cuarentena no acceden al subsidio monetario, y que muchos tengan que salir a buscar la subsistencia, o que otros muchos busquen regresar a sus regiones de origen caminando miles de kilómetros sin ninguna asistencia. Y todo esto no hace más que ayudar a expandir el virus.
Sumado a esto, el gobierno, en su papel de barrera de protección de los intereses empresariales, agrava la situación permitiendo la «suspensión perfecta» de labores, empujando a más trabajadores a una cuarentena de hambre, o a gastar sus propias reservas de CTS o AFP.
Más carne de cañón
El gobierno ya había relajado la restricción a actividades no indispensables como la minería, y permitido la falta de protección de los trabajadores en actividades indispensables, lo que dio como resultados muchos obreros contagiados y enfermos, y hasta los primeros muertos.
Y ahora también relaja el límite de obesidad de 30 a 40 para el reinicio de actividades, lo que en la práctica significa exponer las vidas de las personas con obesidad severa en nombre de la ganancia capitalista.
Urge una política centrada en salvar la vida al pueblo trabajador
Si el virus se expande a su actual velocidad, en un mes sobrepasaremos las cifras fatales de Italia, España o Francia. Y si el virus no discrimina, la política del gobierno y el sistema de explotación hacen que la mayor cantidad de víctimas sean los sectores más pobres del pueblo trabajador.
Por ello, dar carta blanca al gobierno o callar la denuncia en nombre de la unidad y la concertación, como lamentablemente hacen dirigentes de gremios y congresistas vinculados a las organizaciones sociales, es condenar al pueblo a la peor masacre de su historia. Se hace imprescindible que la clase trabajadora, con todos los medios que la situación permita, desempeñe un rol fundamental en la lucha por una política centrada en emprender una verdadera guerra al coronavirus, que ponga al centro medidas de contención con una cuarentena sin hambre por todo el tiempo que sea indispensable, y un vuelco de todos los recursos necesarios al sistema de salud y sanidad pública. Y para hacer posible ese plan, crear un impuesto no menor al 10% a las grandes fortunas, y medidas de control en la distribución de bienes y servicios de consumo masivo.
Las luchas por la reposición de despedidos, o por la anulación de la “suspensión perfecta” de labores, es parte indesligable de ese objetivo.
La crisis del Covid19 ha desnudado las condiciones de barbarie no solo de la salud pública, sino también de la educación pública, del carácter precario del empleo, del descomunal robo que representan las AFP y la expropiación de un sistema de jubilación digno, todo ello producto de muchos años de medidas a favor de multinacionales y grandes empresas y en contra de los intereses nacionales y populares. Por ello, el plan alternativo contra el Covid-19 no puede estar desligado de un plan nacional obrero y popular que dé una solución de fondo a estos problemas en la perspectiva de un Gobierno de los Trabajadores y el Pueblo.
