De la suspensión perfecta al nuevo (y peor) régimen laboral

Por Manuel Fernandes, dirigente obrero

En primera instancia, el Estado de Emergencia Sanitaria fue decretado desde el 11 de marzo hasta el 8 de junio 2020, entiéndase como el marco de las demás normas restrictivas y excepcionales adoptadas por el gobierno ante el brote del covid -19. Una de ellas fue la cuarentena y el aislamiento social obligatorio que impedía el funcionamiento de la industria y comercio y demás actividades económicas que no estuvieran relacionadas a los servicios y bienes esenciales.

Por esa razón Vizcarra, a través del D.U. 038-2020 facultó el uso de la letal Suspensión Perfecta de Labores (SPL) como salida patronal ante las medidas restrictivas hasta entonces de aplicación obligatoria para las empresas.

Como era de esperar, desde su publicación (15 de abril) más de 28 mil empresas sin importar su tamaño, se acogieron a este procedimiento que aproximadamente deja a 250 mil trabajadores sin percibir salario.

Al mismo tiempo, el gobierno dispuso implementar de forma gradual la reactivación económica de las actividades en 4 fases. En mayo inició la fase 1 y en junio la fase 2 que permite que el 80% de los sectores productivos suspendidos vuelvan a sus operaciones.

Claramente hemos denunciado el rol genocida de este gobierno que ha demostrado defender las ganancias empresariales antes que la vida de los trabajadores y el pueblo.
Por lo que demandamos una cuarentena con salarios, alimentos y medicina para todos, nada que ver con el desastre que implementó Vizcarra dejando a los trabajadores y el pueblo pobre expuestos al contagio masivo y a la muerte.

Sin embargo, el reinicio de actividades ya es un hecho, y trae nuevamente los cuestionamientos a las normas dictadas por este gobierno, como la SPL presentada como necesaria “para mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y empleadores ante el covid-19” por las restricciones del Estado de Emergencia.

Por un lado, las restricciones que impedían el funcionamiento de las empresas ya no existen, pues con la fase 2 casi todos los sectores productivos del país vuelven a operar, vasta presentar al MINSA su plan para la vigilancia, prevención y control de covid-19 en el trabajo, y la autorización se aprueba automáticamente.

Entonces, ¿por qué se sigue permitiendo utilizar esta medida presentada para otra situación? Peor aún ¿por qué se ata su vigencia a la declaratoria de Estado de Emergencia Sanitaria, ampliado últimamente hasta el 9 de setiembre? Sin lugar a duda, el objetivo de esta medida se encuentra más allá de la emergencia.

Un nuevo régimen más explotador

Esto se combina con otra realidad. El reinicio de actividades productivas se viene haciendo de forma gradual y la convocatoria de trabajadores se viene haciendo a gusto de los cálculos del mercado de las empresas, que, como ya sabemos, se encuentra mal.

Así, fabricas como PIONER, convocan trabajadores y vuelven a enviarlos a SPL a voluntad, canjeando las consecuencias de la crisis económica con el puesto de trabajo de millones de trabajadores que se encuentran lidiando entre morir de hambre o morir por las consecuencias del covid-19.

Más plusvalía

Además de todo esto, la reincorporación de trabajadores a la producción trae los cambios que faculta las normas, cambio de horario y pago de horas dejadas de laborar por la cuarentena, es decir un régimen de 12 horas diarias como ensayo de un nuevo régimen que permita realizar la misma producción pero con menos trabajadores, recortando gastos logísticos, de movilidad y otros, como viene sucediendo ante el reinicio de actividades en Celima y en las fábricas textiles.

En la Corporación Miyasato, líder en el mercado del vidrio, ya se dio el primer paso aplicando el Cese Colectivo, a pesar de haber recibido 10 millones de soles del plan Reactiva Perú, que se supone seria para “no romper la cadena de pagos”, que incluye el de sus trabajadores.

Más despidos y ataques antisindicales

Al mismo tiempo, durante la cuarentena las empresas han desatado una feroz ofensiva antisindical. En Arca Continental (Coca-Cola) se ha producido el despido de dos dirigentes del SINATREL bajo el pretexto de no laborar en estado de emergencia. En SAGA FALABELLA han despedido a 22 trabajadores por exigir medidas de seguridad. En MOLITALIA aplicaron sanciones abusivas contra trabajadores que exigían pruebas de descarte del covid-19. En TOPY TOP se denuncia decenas de despidos so pretexto de la falta de trabajo, mientras que a los demás trabajadores se les obliga a realizar horas extras. Las obreras de limpieza pública organizadas en el SITOBUR, enfrentan la amenaza de despidos masivos. De este modo lo que se busca es debilitar las organizaciones sindicales, que son nuestros instrumentos de defensa.

Así, ante la pérdida de ganancias y utilidades de las empresas producto de la emergencia, Vizcarra alcanzó en bandeja de plata el D.U. 038-2020 sobre SPL, que es convertido en arma para recuperar ganancias estableciendo un nuevo régimen laboral más explotador.

La clase trabajadora responderá si o si

Entendemos la necesidad de responder a estos nuevos ataques. Ya se sienten los primeros estruendos en las calles. Los trabajadores estibadores del puerto del Callao se atrincheraron en las entradas del Puerto paralizando 5 días las operaciones, obligando a los empleadores a respetar las normas de seguridad y salud. Las compañeras del SITOBUR batallan todos los días en las calles exigiendo protección a su salud y respeto a su trabajo. Y las innumerables denuncias por redes sociales revelan la necesidad de lucha que sienten muchas organizaciones sindicales.

Con estos ejemplos nos organizamos para salir el 23 de junio ante la convocatoria de la CGTP. La vanguardia obrera debe garantizar la presencia de las bases combativa con vistas a poner en marcha un verdadero plan de lucha que nos lleve a conquistar nuestras demandas fundamentales.