Por Mauricio Meca
Un balón de oxígeno de 10 m3 que costaba S/. 600, ha llegado a costar diez veces más. La azitromicina elevó su precio en 12 veces. Atenderse por covid en las clínicas cuesta entre 30 y 60 mil soles. Lo que era un problema sin la pandemia, ahora es un calvario para miles de familias, que ven como las empresas privadas monopolizan y lucran con los servicios de salud.
La economía de libre mercado muestra su verdadero rostro echando al traste todo lo que se dice de “responsabilidad social empresarial”. En un sistema económico donde solo importa el lucro y la explotación, no hay posibilidad de salvarse para los pobres. El cuadro más espeluznante lo vemos en los hospitales nacionales, que no tienen recursos ni para comprar o alquilar un balón de oxígeno, y donde un paciente debe esperar la muerte de otro con la esperanza de acceder a uno.
Mientras vivimos a diario esta realidad, el gobierno no está dispuesto a mover un dedo para cambiarla. Más bien elabora leyes para que las empresas sigan lucrando en plena emergencia. Para salvar la vida por el covid y no morir de hambre es una necesidad cambiar este modelo económico.
“Aire es lo que quiero, aire para vivir…”
Un viejo vals peruano titulado “fin de bohemio”, cuenta la historia de un paciente con tuberculosis que ha sido desahuciado por su médico. En su angustia por aferrarse a la vida, le ruega con voz vacilante al galeno lo siguiente: “Aire es lo que quiero, aire para vivir, […] no me lo niegues doctor, lo que hoy te pido, oxígeno a mi vida, oxígeno por Dios”. Con esas sencillas palabras podríamos retratar lo que pasa en la actualidad: una población infectada por el covid abandonada por un gobierno indolente que lo desahucia.
Hay soluciones. Podría fijar el precio y expropiar a las empresas que incumplan las disposiciones. Podría decretar la compra de todo el oxígeno producido por estas empresas y entregar gratuitamente los balones al pueblo que lo necesita. Podría decretar la reconversión de plantas, como en el caso de las mineras, para producción de oxígeno.
En esa sentida súplica, también, escuchamos la voz de miles de peruanos que se han endeudado por comprar un balón de oxígeno para un ser querido. Se oye la voz quebrada de los que acuden desesperadamente a centros de recarga, entre 3 a 4 veces por semana, y hasta con 4 balones. El ruego de los que tienen que gastar entre S/. 15 a 200 soles por m3 de oxígeno y esperan horas y horas, incluso se amanecen haciendo largas colas por un escaso y costoso recurso. Se oye el llanto de quienes tienen que hacer colectas en el barrio o en la familia, porque el salario mínimo sigue siendo una miseria o, peor aún, ya no tienen trabajo…es un clamor por aire para vivir.
¿Quienes tienen el monopolio del oxigeno y a donde está orientada su producción?
La demanda de oxígeno aumentó en un 40% por covid (21,740 balones). Según el Premier esto excede la capacidad de producción de oxígeno en el país. Así también, la presidenta del Comando covid, dijo que el consumo actual es 216 toneladas de oxigeno por día y se proyecta que aumentara a 394. En ese escenario crítico, se ha hecho viral el dato de que hay dos empresas que tienen el monopolio del oxígeno en el país y que han elevado el precio, estas son: Linde Praxair con 82% de la producción de oxígeno a nivel nacional y Air Products con 18%.
Por otro lado, la Defensoría del Pueblo dice que el oxígeno industrial que tiene el mismo origen que el medicinal, es producido por estas dos empresas, sin embargo, este último es más requerido por las actividades mineras y tiene más demanda que el medicinal, y advierte que en el nuevo escenario de reactivación, podrían dar prioridad a la industria y no a la salud.
¿Pero no se puede hacer nada contra estos criminales?
En el artículo 61 de la Constitución de Fujimori señala que los monopolios no están prohibidos explícitamente, a lo sumo lo que puede sancionarse o regularse es el abuso monopólico y nada más. El carácter neoliberal de esta constitución ha facilitado la formación de monopolios y oligopolios en distintos sectores que tras 25 años se han consolidado y muchos dominan más del 70% de sus respectivos mercados: Backus, Alicorp, Gloria, etc. En salud tenemos al Grupo Intercorp dueña del 83% de las farmacias, y al oligopolio formado por 8 grupos que son dueños de todos los eslabones de la cadena de servicios de salud, donde destacan los grupos ligados al BCP y al BBV Continental.
El 2008 Indecopi abrió un proceso administrativo a las empresas que monopolizan la producción de oxígeno bajo el cargo de haber realizado prácticas restrictivas de la competencia en la modalidad de reparto de mercado. Indecopi las halló culpables por repartirse el mercado de Essalud y las sanciono con 21 millones, y ellas apelaron al Poder Judicial donde hasta ahora hubo un fallo definitivo producto del escándalo de su abuso en tiempo de pandemia.
La legislación nacional no le brinda poder para evaluar fusiones y adquisiciones a ningún ente del Estado. Lo que se sanciona a las empresas el abuso de la posición de dominio que por lo general se traduce en la especulación, es decir, en el acto de poner en venta bienes por encima del precio regular, el cual es un delito sancionado administrativamente con multa, y según el Código Penal es un delito que se castiga con cárcel no mayor a tres años. Sin embargo, no se aplica, porque necesita primero de un organismo que elabore una lista de productos de primera necesidad y que fije los precios de los productos de la lista, lo que no existe. Por ello, no se puede meter preso a nadie, la economía es de libre mercado y el precio no se puede fijar porque lo regula la oferta y la demanda. Y, además, contra todo esto están la Confiep y los títeres políticos que defienden sus intereses. Por esta razón también, organismos como la Defensoría del Pueblo recurren a las sanciones administrativas que no se cumplen porque las empresas apelan a las cortes.
Desde el Congreso se han encarpetado varias propuestas para impedir la formación de monopolios vía fusiones, y también desde el Ejecutivo y el MEF, bajo el sonsonete de que aleja las inversiones.
En materia de regulación, lo que hay es el D.U. 013-2019, emitido por Vizcarra el año pasado, que es un engaña muchachos. Ahí se menciona que cualquier empresa que se quiera fusionar con otra pasara por el filtro de Indecopi. Hasta ahí suena interesante, y muchos sectores de la izquierda reformista hasta lo apoya. Pero a continuación se dice que la supuesta regulación no va afectar a los monopolios ya consolidados, es decir todo seguiría igual. Lo peor fue que en plena pandemia postergó su ley hasta el 2021.
Lo nuevo es la recién aprobada ley del Congreso que aún falta pasar por la promulgación u observación del Ejecutivo. En ella se sanciona la especulación de precios, la adulteración de productos y servicios con pena privativa de la libertad que van desde 1 hasta 8 años según el delito. Sin embargo, el abogado penalista Luis Castillo Berrocal menciona que la reincorporación del delito de abuso de poder al Código Penal plantea una reforma sobre las competencias de Indecopi, ente que sanciona administrativamente, de lo contrario atenta contra el principio de que una persona no puede ser juzgada dos veces por la misma causa, por lo que sería inaplicable.
Así, cada vez más los capitales que monopolizan los mercados, y rompen con sus principios de libre competencia, se valen del Estado para elaborar leyes que los beneficien y que no comprometan ni sus bienes ni su libertad si es que se ven amenazados como ahora.
No hay posibilidad de dotar de oxígeno, medicinas y atención médica a nuestras familias que agonizan sin quitarles la propiedad y los recursos que concentran y los coloquemos a disposición de un plan nacional para enfrentar la pandemia.
¿Entonces, no hay salidas?
Es un crimen que las empresas limiten el acceso de la población a los servicios de salud condicionado a tener dinero. Y es mucho peor que sea el Estado que lo defienda.
Para lavarse la cara el gobierno ha decretado de forma temporal el uso del oxígeno medicinal con una concentración no menor al 93%, y ha soltado casi 90 millones para financiar las contrataciones que se realicen para la compra y el suministro de oxígeno medicinal a nivel nacional. También emitió el D.U. 066-2020 que declara que la producción de oxigeno medicinal es prioridad por encima del oxígeno industrial, pero como señala la misma Defensoría del Pueblo, no garantiza que se cumpla. Así, cuando el premier menciona que no hay suficiente oxígeno y que van a comprar al exterior, es porque en realidad no quieren tocar los intereses empresariales cuando ahora la prioridad es la salud de la población.
Es posible cambiar el panorama en tanto dejemos este modelo criminal y nos deshagamos de un gobierno inepto que a pesar de haber sido advertido de la carencia del oxígeno no hizo nada.
Existen salidas, de forma inmediata, como:
- Adecuar las plantas de oxígeno industrial para la producción de oxígeno medicinal, como la que tiene la minera Southern en Ilo, que puede entregar 20 toneladas semanales de oxígeno. O la que existe en La Oroya.
- Se debe entregar gratuitamente los balones de oxígeno a la población que lo necesita.
- Se debe ampliar el servicio de atención médica utilizando los establecimientos de las clínicas privadas.
- Se debe reconvertir fábricas para la producción de materiales de bioseguridad para todo el personal de salud y la población pobre.
- Se debe incorporar a los trabajadores que se quedaron sin empleos a estas plantas.
A redoblar esfuerzos por imponer estas medidas que deben sumarse a las demás que vienen planteando los trabajadores contra el hambre y por su derecho a vivir.
