El Perú es uno de los países con la cuarentena más prolongada del mundo frente a la pandemia, pero con la gestión del gobierno Vizcarra los resultados son catastróficos con un promedio diario de 6,000 contagios y 200 muertes según las cifras oficiales (las cifras reales son más altas) y un lugar fatalmente destacado en el comparativo mundial.
Las consecuencias de la desidia del gobierno
Todos los aspectos de una política de emergencia básica frente a la pandemia revelan una acción criminalmente insuficiente. Existe una larga lista de espera para hospitalización y cuidados intensivos frente a un número minúsculo de camas y salas UCI, y sabemos por el personal médico que las autoridades ordenan discriminar, entre muchos necesitados, quiénes reciben atención y quiénes simplemente son dejados morir en sus casas, mientras la carencia tan absurda de equipos de protección para el personal médico sigue extendiendo la lista de contagiados y fallecidos de quienes están en primera fila en la lucha contra el coronavirus.
Por otro lado, en las calles mucha gente se hace cargo por sus propios medios de la compra del oxígeno para sus parientes enfermos, enfrentando especulación y precios de rapiña de un negocio altamente monopólico, lo que evidencia una rotunda denuncia del abandono de la salud pública por parte del Estado. Y otra tragedia ocurre en torno a los fallecidos, con morgues colapsadas y graves limitaciones en el servicio de cremación e inhumación de cadáveres.
Mientras tanto, los contagios y enfermos siguen aumentando a causa de una cuarentena de hambre completamente insostenible con una alta población que ha sido privada de su fuente de ingresos o que vive en condiciones de hacinamiento o insalubridad, y hasta sin servicios básicos como el agua potable. El “bono universal” que el gobierno ofrece es prácticamente invisible para la gran mayoría.
Una elección que nunca debió darse: Morir de covid o morir de hambre
Eso explica el desborde social que tiene la forma de una imparable lucha por la supervivencia, incluso a costa de poner en riesgo la vida. A ello se sumará el reinicio de actividades económicas, sin que se haya alcanzado un nivel de control de la pandemia, sin haber cambiado las condiciones insalubres del sistema de transporte y sin haber asegurado protocolos de seguridad eficaces en los centros de trabajo.
¿Cómo hemos llegado a esta situación que amenaza la vida de decenas o centenas de miles de personas en el Perú? ¿Es que se trata de una fatalidad inevitable?
Pero no aplicó la misma política de guerra con los recursos de infraestructura y transporte en manos del empresariado, ni con las clínicas privadas ni con las plantas de producción de oxígeno que poseen empresas industriales y mineras.
Descontrolada expansión y letalidad del virus son evitables
El virus es altamente contagioso y letal, pero no es verdad que una descontrolada propagación o letalidad sean inevitables. Existen varios ejemplos de países europeos y asiáticos que así lo demuestran, pero incluso aquí en Latinoamérica, en Guayaquil, Ecuador, donde la pandemia llegó a extremos aterradores hasta alcanzar las ¡460 muertes diarias!, en poco más de un mes se logró bajar a ‘cero muertes’ gracias a que se volcaron los recursos que hicieron posible buscar a los enfermos casa por casa con pruebas covid, medicinas y alimentos, y tener suficientes centros de hospitalización y cuidados intensivos.
Sin embargo, en el Perú, Vizcarra optó deliberadamente por privar de los recursos necesarios a la lucha contra la pandemia, en una acción completamente opuesta a lo que ha venido diciendo en interminables conferencias adormecedoras, tan falsas como el anuncio de la “meseta” desde el mes de mayo.
Hace más de tres meses Vizcarra decretó la cuarentena y sacó a las fuerzas armadas y policiales para controlar el aislamiento social, como en una guerra. Pero no aplicó la misma política de guerra con los recursos de infraestructura y transporte en manos del empresariado, ni con las clínicas privadas ni con las plantas de producción de oxígeno que poseen empresas industriales y mineras.
Vizcarra tampoco tocó un pelo de las grandes fortunas acumuladas en las décadas de bonanza, beneficiadas con millonarias exoneraciones tributarias y otros privilegios que explican entre otras cosas por qué tenemos el peor sistema de salud pública del mundo.
Los escasos recursos económicos para financiar las ampliaciones del servicio médico, los extrajo del mismo presupuesto fiscal de un Estado minúsculo creado por décadas de neoliberalismo. Por ello es incapaz siquiera de atender a los enfermos graves que llegan a los hospitales, y con mayor razón es incapaz de buscar a los enfermos casa por casa llevando pruebas y medicinas como una medida indispensable y urgente para contener la expansión del virus y salvar vidas humanas frenando la letalidad.
Y es que la opción de Vizcarra es y sigue siendo impedir a toda costa que esta crisis la paguen los ricos. Antes que eso optó por darles todas las herramientas legales para protegerlos, como la “suspensión perfecta” de labores por la cual miles de trabajadores perdieron su fuente de ingresos en plena crisis.
Mientras tanto se destinan miles de millones de soles de la reserva fiscal y de nuevo endeudamiento público para el plan “Reactiva Perú” que no sirve para enfrentar esa otra terrible “pandemia” que es la recesión económica mundial. Los primeros 30 mil millones de soles en un 75% han sido recibidas por las medianas y grandes empresas, muchas de las cuales han echado trabajadores a las calles o han aplicado suspensión perfecta de labores.
A este desastre se suman los criminales casos de corrupción para lucrar a costa de la vida de las personas. Ni la reducción de los sueldos de altos funcionarios, que a estas alturas se evidencia más como el sello del fracaso que como un acto de desprendimiento, puede evitar el creciente descontento de la población.
A pesar de esto, el gobierno se beneficia de un consenso de los sectores políticos, incluyendo las bancadas de izquierda o izquierdosas, así como el empresariado en torno al meollo de la política oficial como si no hubiese otra alternativa. En ese marco se producen confrontaciones en torno a políticas de segundo orden en la actual coyuntura, que tienen que ver más con intereses particulares de sectores económicos o planes electorales del 2021.
Necesidad de un plan alternativo obrero y popular
En este contexto es crucial para los trabajadores impulsar una gran lucha organizada por las reivindicaciones, hoy más que nunca una lucha por la supervivencia. Tenemos que hilvanar las demandas dispersas por la reposición de despedidos, contra la suspensión perfecta y contra las reformas antilaborales en una plataforma que incluya la demanda por una verdadera política contra el coronavirus que provea con urgencia las condiciones médicas y sociales necesarias y suficientes, volcando hacia ello todos los recursos de la nación, principalmente aquellos que encuentran en manos privadas. El principal obstáculo para ello, ya sabemos, es el gobierno.
Esta lucha estará estrechamente vinculada a la acción de los trabajadores frente a la recesión que amenaza agravarse a extremos que no hemos visto en muchos años, y que el gobierno y los empresarios buscarán descargar sobre los hombros de los trabajadores.
La lucha unitaria y organizada de la clase trabajadora es indispensable para evitar la masacre que nos tiene preparada el gobierno y el empresariado frente al covid-19 y la recesión.
