Gobierno y el empresariado impulsan un plan de genocidio

22 agosto, 2020

Urge un Plan de lucha para detenerlo

Con el reinicio de actividades desde julio decretado por el gobierno y el abandono de la lucha contra el coronavirus, la pandemia avanzó región tras región en una ola creciente de contagios, una secuela de miles de enfermos y muchos de estos que clamaron sin éxito por una atención médica primaria o por oxígeno y se agravaron abandonados a su suerte hasta sufrir una horrible muerte. El gobierno quiso meter bajo la alfombra a la mayoría de estos muertos publicando oficialmente cifras de 20,000 cuando los muertos ya sobrepasaban los 47,000.

Este ocultamiento de la realidad no fue casual, fue para esconder el previsible impacto de un reinicio de actividades económicas antes de tiempo, es decir cuando la pandemia seguía en fase de ascenso, y así justificar esta medida que solo sirve a los apetitos de ganancias de los empresarios de la Confiep. El gobierno impuso como prioridad la reanudación de los negocios por encima de la vida de las personas, especialmente los grandes proyectos mineros que fueron los defendidos por el ex premier Cateriano en su fallida presentación ante el Congreso, quedando al descubierto su plan de llevarnos a un contagio general y por esa vía a un verdadero genocidio.

Con nuevo gabinete la política es la misma

El gobierno sufrió una derrota con la caída de su anterior gabinete ministerial cuando el repunte de la pandemia elevó el número de contagios y muertes a niveles de alarma nacional colocando al Perú como el país con más muertos por millón de habitantes en el mundo.

Sin embargo, con su nuevo gabinete Martos, que fue aprobado por el Congreso, la política del gobierno sigue siendo esencialmente la misma medida.

Desastres nacionales son producto de la política del gobierno

En la actualidad la población nacional es víctima de dos grandes calamidades: la pandemia y el empobrecimiento popular, y en ambos casos el causante es el gobierno. Frente a la pandemia el gobierno decretó una cuarentena completamente desligada de una estrategia de contención que tendría que haber incluido detección masiva de contagios y aislamiento con atención médica oportuna y condiciones sanitarias de mercados, transporte y centros de trabajo; ni siquiera se garantizaron las condiciones hospitalarias ni los equipos de protección a médicos y enfermeras que se enferman y mueren en la primera línea de esta batalla.

Por otro lado, Vizcarra decretó cuarentena sin brindar los medios de subsistencia para millones de trabajadores que fueron privados de sus fuentes de ingresos por más de cuatro meses sin compensación o apoyo económico, situación inútilmente compensada con unos bonos que muy pocos conocen y víveres otorgados al comienzo solo para la fotografía.

Es en esas condiciones que la cuarentena de 115 días fue un fracaso total, y si no hubo un mayor desastre fue por el aislamiento voluntario de muchas familias, aunque en condiciones poco o nada sostenibles. Una pandemia altamente contagiosa y letal como el coronavirus hace imprescindible una cuarentena, pero no en los términos planteados por el gobierno de una cuarentena de hambre y complemente ineficaz.

En la actualidad con un injustificado reinicio de actividades la política de Vizcarra nos está enrumbando directamente hacia un verdadero genocidio y a una profundización de la pobreza donde no será posible diferenciar entre muertes por covid y muertes por hambre o desnutrición. El gobierno ha decretado el aislamiento social los días domingo, una medida totalmente ineficaz para detener la ola de contagios que se produce durante toda la semana; ¡los mil mineros de Marsa con covid no se contagiaron los domingos, sino durante el trabajo y en el sistema de “camas calientes” en que efectúan sus descansos! Vizcarra prefiere ver más muertos antes que cortar la acumulación de ganancias de los empresarios.

Plan de Vizcarra se centra en el rescate empresarial a cualquier costo

Priorizar las medidas de rescate de las empresas con la caja fiscal y con 30,000 millones de soles de créditos con aval del Estado, y defender una reactivación de la economía de los explotadores, no soluciona la economía popular y solo agrava la pandemia. Si en épocas de bonanza las grandes inversiones capitalistas apenas solo gotearon algunos ingresos para el país, en esta época de pandemia y recesión mundial y con una flexibilización de las obligaciones de las empresas, tendrán un impacto económico insignificante; en cambio el daño en trabajadores contagiados, enfermos y muertos será muy grande.

En este momento urge una verdadera política de lucha contra la pandemia y contra la pobreza en la que se hunde el pueblo, y la política del gobierno va exactamente en sentido contrario. En sentido contrario incluso de sus anuncios en las primeras semanas de la pandemia, cuando hablaba de una guerra contra el coronavirus y la aplicación de impuestos a la riqueza.

Incluso el Estado de Emergencia decretado para combatir el coronavirus, ahora solo sirve de instrumento de represión de las luchas populares. Ya no se persigue la aglomeración de gente en previsión de contagios, sino la lucha popular reivindicativa que crece y se difunde a nivel nacional como una reacción de supervivencia.

Por un verdadero plan para detener el genocidio

Las medidas aisladas de la población pueden justificarse por la desesperación ante el abandono del Estado, pero la verdadera solución, aquella que es indispensable y en la que debemos centrar todas nuestras fuerzas, tiene que ver con medidas de Estado indispensables para defender la vida de la población:

• Detener la expansión de los contagios con medidas de aislamiento y cuarentena;

• Ubicar a los contagiados mediante la aplicación masiva de pruebas moleculares y no pruebas rápidas que dan falsos negativos.

• Brindar atención médica primaria oportuna, con medicinas para todos los enfermos a nivel nacional sin excepciones;

• Brindar atención hospitalaria a todos los enfermos avanzados y cuidados intensivos para todos los agravados, y no dejar que ningún ser humano muera por falta de oxígeno;

• Asegurar las condiciones de sobrevivencia de los aislados con un salario universal;

• Asegurar las condiciones sanitarias de los servicios públicos como centros médicos, mercados y el transporte masivo, junto con los equipos de protección personal adecuados, y

• No dejar de lado una solución de vivienda para toda la población que vive en condiciones de hacinamiento y expuesta a contagios en masa.

El conjunto de acciones arriba mencionadas no estaría completo sin impuestos a la riqueza en las proporciones que se requiera para enfrentar la crisis, y expropiación o control públicos de la provisión de bienes y servicios indispensables dentro del plan como medicinas, servicios de salud, equipos de protección, servicios esenciales y servicios financieros.

Empujar una supuesta reactivación de la economía, sobre todo en las condiciones de precariedad sanitaria que el gobierno ha impuesto para satisfacer a las empresas, solo ha provocado un terrible rebrote de las cifras de contagios, enfermos y muertos covid, y no reactiva la economía. Por eso las medidas en este terreno, además de la cuarentena para todas las actividades económicas no esenciales, tienen que incluir la reposición de despedidos con remuneración y todos sus derechos incluyendo el seguro médico y beneficios sociales, la eliminación de la suspensión perfecta de labores, y un salario universal a todos los trabajadores del sector informal, esta última incluso es una medida sugerida por organismos internacionales como la Cepal.

Una salida de los trabajadores y el pueblo

Sí, es posible detener el coronavirus, frenar matanza y evitar que millones de personas se hundan en la pobreza, pero ello no vendrá del gobierno ni de los partidos de oposición. Estos protagonizarán incluso grandes peleas y discusiones para la tribuna de cara a las elecciones, pero finalmente acordarán seguir el actual plan del gobierno. Entonces, los trabajadores solo podemos confiar en nuestras propias fuerzas organizando una lucha nacional para imponer la solución al actual desastre nacional, en el plazo más urgente y no para las elecciones.

Esto nos lleva a plantearnos la necesidad de disputar la dirección de los destinos de la nación como una manera indispensable para asegurar un futuro sin genocidio, con un gobierno de los trabajadores y el pueblo.

El apoyo político de Vizcarra
Por ahora, el gobierno todavía se beneficia del impacto popular que tuvieron sus primeras iniciativas al comienzo de la pandemia, y en parte también por la desesperación y búsqueda de salidas individuales o aisladas de la población. Los bonos y paquetes de alimentos que llegan tarde, mal y nunca, y sobre todo los adelantos de CTS y AFP fueron asumidos como una “solución” cuando se creía que la cuarentena podía durar dos o cuatro semanas, pero han pasado cinco meses y el coronavirus no ha retrocedido sino todo lo contrario.
Pero lo que más beneficia al gobierno es la actitud cómplice de direcciones políticas burguesas, proempresariales y hasta reformistas de izquierda.
Todos ellos exhiben una total bancarrota política y programática frente al actual drama nacional que teñirá de luto el Bicentenario de la Independencia con la mortandad más grande de toda su historia, pues no plantean un rumbo diferente al genocidio que impulsa el gobierno. Y, sin embargo, con una frivolidad sin límites, centran sus acciones y cálculos en la perspectiva de las próximas elecciones.
Bancarrota de los partidos electoreros o sepultureros
Para los capitalistas y políticos burgueses, e inclusive para políticos de izquierda “realistas” todo esto es imposible, pero no porque no se pueda realizar sino únicamente porque para financiar un plan de ese tipo se debe extraer fondos de los que más tienen, de aquellos que se beneficiaron de la bonanza económica, aquella que es la causante de otros grandes males como el achicamiento del Estado y la calamidad del sistema de salud, de la educación, del transporte público, del sistema de jubilación, etc.
Lo consideran imposible porque no quieren ir en contra del actual estado de cosas impuesto con el plan neoliberal, donde es legal que se lucre con la desesperación del pueblo, donde capitalistas como aves de rapiña pueden enriquecerse legalmente provocando carestías y encareciendo medicinas, oxígeno, atención médica privada, servicios básicos como el de telefonía y electricidad, y los más grandes buitres del sistema financiero.

Nuestras vidas antes que sus ganancias

22 agosto, 2020

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EDITORIAL

Las prioridades del gobierno es combatir la pandemia, reiteró el nuevo Primer ministro Walter Martos en su presentación ante el Congreso, y recibió el aplauso y el voto casi unánime de las diferentes bancadas. Pero al mismo tiempo, el gobierno se enfoca en acelerar las actividades económicas, que es la que está empujando la masificación de los contagios y las muertes en estos días.

Es evidente que nunca como ahora la palabra se desvalorizó tanto y el cinismo fue elevado a lengua oficial. Mientras todos desde arriba nos dicen lo mismo, y hasta se conmueven, en la práctica promueven políticas que invariablemente provocan la actual catástrofe que vive el país. Vizcarra viaja a Arequipa llevando algunas camas y se luce ante la prensa como quien lidia contra la pandemia, pero la región, al igual que el resto del país, sigue igual con enfermos amontonados en carpas y gente gritando por oxígeno.

La Sociedad Nacional de Industrias impulsa el programa Respira Perú y lleva oxígeno a algunas regiones rodeado de prensa y TV; pero al mismo tiempo sus honorables socios dejan sin salarios a 270 mil trabajadores (con la figura de suspensión perfecta), arrojan a la calle a muchos más y “reactivan” sus negocios al caballazo, vulnerando la situación de millones de trabajadores. En los lugares de trabajo se habla todo el tiempo de evitar los contagios, pero la realidad es que ellos se masifican y causan muertes, incluso en las modernas y poderosas mineras como Marsa.

El grupo Inkafarma dona una planta de oxígeno al Hospital Cayetano Heredia, mientras usa su condición de oligopolio para acaparar y multiplicar los precios de medicamentos para tratar el Covid 19, lucrando como rapiña sobre las urgencias de gente desesperada.

Todos estos señores, que dicen trabajar contra la pandemia, en realidad se enfocan en reactivar los negocios, nos arrean al contagio desde la comodidad de sus casas. El señor Vega Alvear, empresario y presidente del Comité Multisectorial de Reactivación, que enojado reclama a cada rato por la lentitud de la reapertura y por las tibias restricciones que establece el Estado, habla desde su residencia sin siquiera sacarse las pantuflas. Los Benavides de la Quintana, Rodríguez Pastor, Belmont…, también desde sus residencias y por vía remota dan directivas para acelerar las actividades de sus minas y fábricas, sin por ello dejar de hablar de su lucha contra la pandemia y hasta se dan tiempo para colocar un donativo por aquí y otro por allá. Sus operadores: ministros, congresistas, funcionarios públicos, capataces de planta y secretarias ejecutivas, lucen condiciones privilegiadas para protegerse, y en caso de contagio disponen de clínicas privadas y hasta de un seguro de vida.

Pero, en cambio, los millones de trabajadores solo tenemos asegurado el pasaporte al contagio, a la muerte y con ellos el desamparo de nuestras familias.

Salvar la vida y la salud de los millones de trabajadores significa que así como el señor Belmont está seguro en su casa, los obreros de la Corporación Trébol-Celima también deberían estar seguros en sus casas. Y que al 75% de peruanos “independientes” se les asegure un salario básico para que también puedan hacerlo. Las Naciones Unidas (ONU), que es la máxima institución de todos los gobiernos del mundo y que nadie puede señalar ni por asomo como de “izquierda”, recomienda la entrega de ese salario básico para cada habitante. Pero no lo hacen, mostrando que hasta en eso hay mezquindad, la misma que muestran los empresarios cuando negocian centavos en los pliegos de reclamos.

Todos estos señores arguyen: son indispensables atender tanto la salud y la economía, diciendo que la economía brinda los recursos para combatir la pandemia. Repiten lo mismo los más versados periodistas críticos de Vizcarra. Pero la ONU, en el mismo informe, dice que no hay disyuntiva entre economía o salud porque la salud es primero, y recuerda las experiencias de China y Europa que primero controlaron la pandemia y después abrieron de manera gradual sus economías. Y aquí se hace exactamente lo contrario.

Algunos expertos vienen destapando la verdad. Waldo Mendoza, economista de la PUCP, dice que fue un grave error levantar la cuarentena porque hemos retrocedido al nivel que teníamos hace cuatro meses, con contagios y muertes multiplicándose a un promedio explosivo, y que las principales víctimas son los trabajadores que retornaron. Y advierte: “tal como lo estamos haciendo ahora, no hay futuro”.

¿Por qué para todos los de arriba la “economía” es más importante? Porque son propietarios de las fábricas, minas y comercios. Todo esto es “su” capital. La razón de ser del capital es producir ganancia, su parálisis significa pérdidas. El nuestro, se quiera ver o no, es un sistema organizado sobre bases capitalistas. Por eso, para los empresarios, y sus periodistas que viven de la mano que les da de comer, primero es la producción y después la vida de los trabajadores. Por eso mismo el gobierno, que también es suyo, lo asiste con toneladas de dinero mientras entrega migajas para enfrentar la pandemia. Tan prioritaria es la producción de ganancia que, incluso, rebajan al mínimo las restricciones sanitarias e imponen infernales jornadas de trabajo con la finalidad de producir al máximo, con los resultados que estamos viendo.

Si las grandes empresas no esenciales dejarán de producir por algunas semanas mientras se contiene la pandemia, asegurando salarios y derechos, muchas vidas se salvarían, y podrían volver a operar después, a cuenta de los gigantescos recursos que poseen. Pero el capital no se guía por deberes morales sino por la simple ley de la ganancia que no duerme ni descansa un minuto.

Pocas veces en el pasado hemos estado confrontados a la enorme contradicción que nos fuerza a entregar nuestra vida y salud para garantizar la ganancia del patrón, como ocurría en la época de la esclavitud. Pero ésta es la condición obrera bajo el capitalismo y ahora podemos vivirla en toda su brutalidad motivado por la grave crisis del Covid 19.

Por ello, diga lo que diga el gobierno, los partidos de la burguesía, la llamada izquierda del régimen y hasta los curas desde sus púlpitos, todos, mientras sigan hablando de “reactivación” estarán priorizando los negocios capitalistas sobre la vida, por más que hagan algo contra la pandemia, donaciones y congojas incluidas.

Por eso el PST y la LIT-CI nos posicionamos de manera clara y transparente ante el terrible drama que vive nuestro pueblo y los pueblos del mundo: estamos por defender la vida primero, y estamos en contra de priorizar sobre ella la ganancia capitalista, aplicando todas las medidas que sean necesarias, entre ellas dejar de mover las actividades que no son esenciales, y usar todos los recursos que están disponibles en las enormes riquezas que concentran un puñado de capitalistas.

¡No queremos sus dádivas mientras nos meten a una moledora de carne humana! ¡Rechazamos sus discursos hipócritas, sus ofrecimientos miserables y sus golpes de pecho, mientras se enfocan en salvar los negocios capitalistas y nos arrean al contagio y a la muerte!

Para ellos, se trata de la vida de obreros y de gente pobre que consideran descartables. Para nosotros, contra los parásitos capitalistas, se trata no solo de la vida de seres humanos, sino de la verdadera fuerza productora y progresista de la nación y de su futuro.

Necesitamos desde la universidad los máximos recursos para enfrentar esta pandemia

6 agosto, 2020

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Corriente Estudiantil Obrera (CEO)

Desde que comenzó el anuncio de la emergencia sanitaria, las autoridades de San marcos, así como en muchas otras universidades públicas, no han hecho mas que priorizar, sin ningún escrúpulo, asuntos ajenos a la problemática que aquejan no solo a muchos estudiantes y trabajadores de la universidad, sino también a toda la población en general quienes hoy más que nunca necesitan recibir el aporte que puede dar San Marcos como las demás universidades en torno a la lucha contra la pandemia y sus nefastas consecuencias.

La verdadera prioridad de las autoridades

Desde el gobierno universitario y el decanato de las distintas facultades, no se ha mostrado una verdadera preocupación ni por el combate a la desigualdad en la educación superior ni por el aporte social a través de los recursos logísticos, económicos y humanos que tanta falta hace para encarar esta pandemia, y así mostrar y cumplir el gran rol social que tiene nuestra casa de estudio. Toda esa deficiencia se puede ver en la incesante lucha de los residentes externos por una ayuda en el tema de la alimentación, salud y vivienda, en la lucha de los trabajadores de San Marcos y de otras universidades por sus demandas aplazadas y, en la poca participación de las universidades en los problemas sociales agudizados por la pandemia. Y ni que hablar de la tardía e insuficiente ayuda a los estudiantes con la entrega de los modems y chips para el acceso a internet y por ende a las clases virtuales que ya comenzaron hace un mes aproximadamente, en donde muchos ya tuvieron que reservar o anular su matrícula.

No obstante, donde si ha habido un real interés por parte de las autoridades ha sido en la afectación de los Recursos Directamente Recaudados (Recursos de la privatización, causante de las disputas y corrupción dentro de las universidades) que, sin duda alguna, se ha visto afectada tal como lo expresó hace semanas una autoridad de la misma universidad. Asimismo, otra de las preocupaciones, ha sido el mantenimiento de los mandatos y la ejecución de un Reglamento disciplinario que indudablemente necesitan para consumar la criminalización de la protesta, puesto que la ley universitaria 30220 ya la sanciona. Solo basta ver su artículo 10 en la cual se condena “los actos de violencia física o moral” y “la inviolabilidad” de los locales de la universidad.

Las limitaciones de muchas direcciones gremiales

Lo que está pasando dentro de la universidad no debe ser razón para obviar lo que está sucediendo fuera de esta. Sin embargo, este es un error que cometen muchos dirigentes honestos y luchadores. Tan es así que se puede evidenciar en sus exigencias y pronunciamientos de cara a la comunidad universitaria. Estamos viviendo tiempo de crisis en todos los ámbitos sociales. Nuestras demandas no pueden reducirse solo a la solución de los problemas internos de la universidad. Tienen que volcarse y vincularse también a las demandas externas. O sea exigir, por ejemplo, desde la universidad y desde sus posibilidades, un verdadero plan integral de cara a volcar la máxima ayuda frente a los problemas que está atravesando el país, así como poner al servicio los recursos humanos para atender a los pacientes que tienen el covid-19 y también las demás enfermedades que, en muchas ocasiones, están siendo desatendidas; habilitar y ampliar las instalaciones de la universidad para que sea un centro de atención más; volcar más recursos a la investigación; etc.

Pues, como ya se ha evidenciado, el gobierno de Vizcarra tiene la orientación de volcar la crisis hacia las masas populares, es decir, hacia las familias de miles de estudiantes. Quienes seguramente en el transcurso de toda esta pandemia acumularán una serie de problemas que podría afectarse aún más de lo que ya han sido afectadas hoy en día. Hace falta promover esa discusión y levantar una plataforma más acorde al terrible contexto que estamos viviendo. No será nada fácil resistir los golpes de esta pandemia conforme vayan pasando los días, ni lo será después de esta. De ahí, la necesidad, por parte de las autoridades, de imponer un Reglamento de Procesos Disciplinario en la universidad y, a nivel nacional, de imponer un patrullaje policial constante para reprimir aún más las luchas que surgirán más adelante. Ellos saben muy bien que más adelante no habrá una mejor situación. Vendrán luchas como la de Espinar. Y nosotros tendremos que enfrentarlo con nuestras organizaciones.

Organización desde la virtualidad

Por eso afirmamos que el camino continúa siendo el de la organización para solucionar las demandas más concretas de los estudiantes y también los problemas sociales del país que se han agudizado más. Es en ese sentido que tenemos que promover espacios de articulación (hoy virtuales) desde las bases para hacer sentir que cada estudiante forma parte de cada medida que se impulsa. Un ejemplo de una buena muestra de esto ha sido la acción de compañeros de la base 20 de la Facultad de ciencias sociales, quienes han recopilado información de estudiantes de su base y, a su vez, han organizado un video mostrando la nula ayuda a ese sector del estudiantado. Una gran iniciativa a imitar para todos los dirigentes de base.

Así como estos compañeros, tenemos que utilizar al máximo todas las herramientas tecnológicas para difundir la situación de la educación superior y del país, a fin de concientizar sobre la necesidad de prepararnos para enfrentar los problemas no solo de la universidad sino también del país. Pues, no podemos obviar lo que está pasando fuera de la universidad. Estamos siendo testigo de una de las mayores crisis de la historia de la humanidad y tenemos que actuar como tal. No podemos permitir más abandono a los sectores más vulnerables. Tenemos que promover la organización y la unidad de los trabajadores y estudiantes por un mayor presupuesto para los servicios básicos y por ende mejores condiciones para el estudio, el trabajo y el aislamiento social y así evitar la expansión del covid-19.

¡Por un plan integral al servicio de la sociedad!

¡Por alimentación, salud y vivienda para todos los estudiantes vulnerables!

¡Por una organización desde las bases!

¡Por la unidad de los trabajadores y estudiantes!

Es hora de rechazar al gobierno en las calles

4 agosto, 2020

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Lima, 4 de agosto de 2020

El Congreso ha negado la confianza al gabinete Cateriano. ¿Quiere decir que el Congreso ha comprendido el sufrimiento provocado por los más de 40 mil muertos por COVID-19, responsabilidad de la política económica y sanitaria del gobierno?

No hay duda que los partidos del Congreso son conscientes del fracaso de las medidas implementadas por Vizcarra frente a la pandemia. No se pueden tapar 40 mil muertes con un dedo. Tampoco la incapacidad frente a tema tan sensibles como el abastecimiento de oxígeno, la capitulación frente a la clínicas y farmacias, etc.

Pero sobre todo esos partidos son conscientes que nos encontramos a 8 meses de las elecciones. Y no están dispuestos a hacerse responsables por un gabinete que nacía con un importante rechazo de parte de la población.

HAY UN GENOCIDIO EN CURSO

Ahora Vizcarra debe conformar un nuevo gabinete. Sin embargo los trabajadores y el pueblo no tenemos ningún motivo para albergar alguna expectativa: Aunque cambien los nombres al frente de las distintas carteras, Vizcarra no va a cambiar de política.

Después de prácticamente 5 meses, queda claro que el gobierno tomó la decisión consciente de que nos íbamos a enfermar, al implementar una cuarentena sin garantizar salarios, atención médica y comida para la población, que solo podía aplazar el desastre, en un sistema de salud desabastecido y desfinanciado desde antes del inicio de la pandemia.

No solo eso: abrió las puertas a la “suspensión perfecta” para salvar los bolsillos empresariales, mientras “vendía humo” ofreciendo bonos insuficientes que no llegaron a la población necesitada, u obligando a que nos “comamos” la CTS y el dinero que nuestros fondos de pensiones.

Y finalmente, es el principal responsable del repunte exponencial de contagios y muertes, al imponer una “reactivación” de las actividades económicas (esto es, de la explotación d la clase trabajadora), con protocolos flexibilizados, ad hoc a los requerimientos de la CONFIEP. Una reactivación que genera muertos en las fábricas y centros de trabajo. Y que ha convertido al transporte público en un foco de infección.

Por eso Vizcarra mantiene el Estado de emergencia: para reprimir cualquier levantamiento que se produzca ante las condiciones de hambre y muerte a las que nos ha condenado.

Es ante esta realidad que desde el Partido Socialista de los Trabajadores volvemos a denunciar fuerte y claro: Vizcarra es el principal responsable del genocidio que se cierne contra los trabajadores y el pueblo.

Fuente: HBANOTICIAS – Médicos protestan contra Vizcarra en Arequipa

Solo para tener una referencia, la Comisión de la Verdad llegó a la conclusión que durante el periodo de violencia política (1980-2000), en el país se produjeron alrededor de 69 mil asesinatos. Este genocidio, a manos de los agentes del Estado, Sendero Luminoso y el MRTA, demoró 20 años. ¿Qué nombre puede tener el que en 4 meses el gobierno haya dejado morir a más 40 mil personas, sino genocidio?

NUESTRO DERECHO AL TRABAJO BAJO ATAQUE

Y junto al genocidio, el gobierno permite que las empresas descarguen sobre los hombros de la clase trabajadora la crisis económica que se venía incubando antes de la pandemia.

El cierre de la planta de Unique y el cese colectivo en Faber Castell, el nuevo intento del alcalde Muñoz por tercerizar la limpieza pública, entre otros muchos casos, están dejando en la calle a miles de personas. 2 millones 400 mil trabajos, más de la mitad de ellos formales, se perdieron solo en Lima durante estos meses.

Junta a la pandemia de covid, crece por tanto, la epidemia de pobreza y desempleo.

LA “IZQUIERDA” HA RENUNCIADO A LUCHAR

En ese contexto, la “izquierda” (la dirigencia de la CGTP copada por el Partido Comunista y Patria Roja, el Frente Amplio -FA-, Nuevo Perú) ha definido no enfrentar al gobierno.

Las dos “Jornadas Nacionales” mal organizadas por los dirigentes de la CGTP, ponen en evidencia que esa “izquierda” no impulsa la lucha directa de los trabajadores y trabajadoras en defensa de nuestra salud y nuestro trabajo.

Por el contrario, se dedica a buscar espacio de negociación (“diálogo social, le dicen”) con el mismo gobierno que avala despidos y nos expone a la muerte.

Esta es la misma actitud del Frente Amplio. Aunque haya votado contra Cateriano, el FA ha dejado pasar concientemente la oportunidad de señalar claramente a Vizcarra como responsable del genocidio al que nos enfrentamos desde la tribuna del parlamento. No solo eso: ha renunciado a utilizar el privilegio de tener a disposición los medios masivos de comunicación para llamar a la clase trabajadora a organizarse y salir inmediatamente a las calles a luchar. Por supuesto, resuena con más fuerzas para esos “izquierdistas” el llamado a elecciones para el 2021, que la lucha urgente e inmediata que debemos librar

Desde el PST volvemos gritar: ¡Con Vizcarra y compañía no hay nada que negociar! ¡Nada sacaremos los trabajadores y trabajadoras de las elecciones del próximo año si estamos muriendo hoy! ¡El único camino que tenemos los trabajadores y el pueblo, es luchar!

¡HAY QUE DERROTAR A VIZCARRA PARA DEFENDER NUESTRAS VIDAS Y TRABAJOS!

Desde el PST levantamos la necesidad urgente de salir a luchar contra el gobierno, su estado de emergencia y sus medidas que nos exponen al covid, la muerte y a los despidos.

Desde las bases de los sindicatos, los barrios, las universidades y escuelas de todo el país. Los trabajadores y trabajadoras, las y los estudiantes, los campesinos pobres, solo podemos confiar en nuestra lucha, cómo viene haciendo el pueblo de Espinar y las obreras de SITOBUR, para echar abajo a este gobierno asesino y abrir el camino a una alternativa obrera y popular frente a la profunda crisis que vivimos.

Una alternativa que no tiemble ante la necesidad de poner impuestos a la riqueza y ganancias empresariales. Que no dude ante la tarea de expropiar las clínicas y farmacias para ponerlas al servicio del pueblo. Que prohíba los despidos y ordene una cuarentena completa garantizando un salario digno a todos los trabajadores y trabajadoras del país. Y un largo etc.

Esto solo vendrá de la mano de la victoria de la clase obrera y el pueblo pobre sobre Vizcarra y la CONFIEP. De la mano de un gobierno de las organizaciones obreras y populares. Un gobierno que nazca de la lucha directa y que imponga un nuevo horizonte para el país.

Gobierno es obstáculo en política contra el coronavirus y por la reconstrucción de la economía popular

27 julio, 2020

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El gobierno de Vizcarra es el responsable de los fatales resultados que está dejando la pandemia en el país, a la fecha los más desastrosos del mundo si nos atenemos a las cifras reales, y la causa no es otra que su política que sirve a la rapiña de los mercaderes de la salud y a los corruptos (clínicas, laboratorios, empresas de oxígeno), mientras muchas personas siguen muriendo sin atención médica o sin oxígeno ante el colapso de los hospitales. Y hoy, cuando la pandemia está todavía en avance, el gobierno levanta la cuarentena sin otra motivación que el dictado de las grandes empresas que ponen por delante, no la economía del pueblo sino la reactivación de la ganancia capitalista, y ahora buscan profundizar la explotación aprovechando vilmente la desesperación popular a causa del abandono y el hambre.

Las voces especializadas dicen que un reinicio de actividades con la pandemia en ascenso expone a la población a una gran ola de contagios y a un escalamiento de las muertes ante las condiciones caóticas del transporte masivo y el alto índice de informalidad, pero el gobierno una vez más demuestra hasta dónde llega su servilismo a los intereses empresariales.

Si la política del gobierno frente al coronavirus no frenó su letalidad, su política económica (el otro lado de la tenaza con la que se quiere exprimir a las masas trabajadoras), no está destinada a frenar la ola de despidos y el cierre masivo de pequeñas empresas y desfinanciamiento de pequeños agricultores, le basta con que las grandes empresas y transnacionales conserven sus negocios y sigan enriqueciéndose, esa es su mediocre y cobarde misión en este momento dramático de la historia nacional.

Medidas de salud evadidas

La política del gobierno frente al coronavirus evadió las medidas indispensables frente a la pandemia cuya eficacia ha sido comprobada en otros países:

a) Búsqueda de enfermos casa por casa con personal médico, pruebas covid, medicinas y apoyo en alimentos para un aislamiento efectivo que evite los contagios, lo que además hubiera permitido disminuir significativamente el número de enfermos con necesidad de hospitalización.

b) Una cuarentena eficaz con medidas de apoyo social y no una falsa cuarentena que empuja a la gente a buscarse la subsistencia; hemos tenido una de las cuarentenas más extensas a nivel mundial, pero estalló desde un comienzo por la falta de apoyo económico a la población; el gobierno incluso agravó esta situación permitiendo la suspensión perfecta de labores y los despidos que privaron de salarios a un sector importante de la clase trabajadora; y si no ha sido peor es porque los trabajadores con acceso han tenido que consumir su CTS y fondos de jubilación.

c) Ampliación de la capacidad de hospitalización para evitar el colapso del sistema de salud y disminuir el pase a cuidados intensivos; muchos anuncios en ese sentido no se comprueban en la realidad aun cuando han transcurrido cuatro meses de la crisis; y

d) Medidas de protección del personal médico, de los trabajadores en actividades indispensables y de la población en general, así como medidas sanitarias indispensables en el transporte público y mercados, que hasta ahora brillan por su ausencia.

Cuatro meses de conferencias de Vizcarra y sus anuncios resultaron vacíos tal como comprobamos hoy en día. No carecen de razón quienes dicen que el gobierno hizo todo lo necesario para crear grandes negociados en beneficio de empresarios y corruptos: el colapso de la salud pública hizo que mucha gente muriera sin atención, pero otros fueron empujados a las clínicas privadas y hoy enfrentan facturaciones astronómicas por hospitalización, medicinas, pruebas covid; y a muchos otros los empujó a buscar oxígeno al “libre mercado” creando desabastecimiento y una monstruosa especulación y encarecimiento.

La política económica del gobierno nos lleva a otro desastre

Los trabajadores debemos tener bien en claro que la política “reactivadora” del gobierno no busca restaurar la economía popular con empleos y salarios dignos y derechos sociales, ni apoyo a las pequeñas y microempresas o a la gran masa de pequeños agricultores que tienen el importante papel de abastecer de alimentos a la población nacional. El gobierno se está limitando a servir las medidas que la Confiep dicta para que sea el “libre mercado” quien resuelva, a su manera, que no es otra que proteger al capital en contra del salario.

La política del gobierno también ha traído como consecuencia la destrucción de la economía popular tanto de asalariados como de miles pequeñas empresas y pequeños agricultores, lo que ha fortalecido la ventaja de las medianas y grandes empresas que son las que imponen sus abusivas condiciones, y además son las que acaparan las condiciones privilegiadas de financiamiento con aval de Estado; no es difícil asumir que los 30,000 millones de soles en créditos de Reactiva Perú no serán pagados por muchas empresas beneficiarias y será un saqueo de las arcas del Estado. Encima de eso, las empresas han obtenido medidas laborales más draconianas contra los trabajadores (suspensión perfecta, ceses colectivos, despidos); y la habilitación de proyectos mineros con oposición de la población (Tía María y otros).

Si esta situación ya es dramática después de tres meses de suspensión de muchas actividades económicas no indispensables para la crisis sanitaria, las medidas patronales ante el impacto de la ola recesiva mundial apuntan a más ataques contra la clase trabajadora. Y la política económica del gobierno de Vizcarra, tenemos que remarcarlo, está alineada a ese objetivo.

Urge una alternativa de los trabajadores y el pueblo

Está claro que no podemos esperar un cambio del actual gobierno en lo más elemental que es la defensa de la vida frente al coronavirus o frente a la hambruna de la recesión. La clase trabajadora necesita forjar su unidad y su organización como única esperanza que tienen los sectores populares para impulsar una política alternativa.
Las medidas están sobre la mesa, son aquellas que el gobierno evade por servilismo a los empresarios, para:

a) hacer uso público de todos los recursos nacionales disponibles y necesarios contra la pandemia, sean de infraestructura, personal médicos, medicinas, insumos indispensables como el oxígeno, etc.;

b) priorizar la producción, distribución y abastecimiento universal de los bienes indispensables de subsistencia de la población nacional mientras dure la crisis sanitaria, y

c) organizar, sin arriesgar las metas de la lucha contra la pandemia, la reconstrucción de la economía popular con empleos y salarios dignos y derechos sociales.

Por nuestras vidas y derechos, antes que sus ganancias

26 julio, 2020

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Vizcarra aplica “plan de emergencia” para los empresarios y lo que necesitamos es un plan de emergencia obrero y popular

El jueves 3 de julio, mientras esperaba ser atendido un hombre murió en la puerta de una clínica de San Borja. En la puerta del hospital de Vitarte y casi a la misma hora, fallecía también un taxista. Ambos hechos sucedieron apenas horas después que el gobierno decidiera levantar la “cuarentena” y abrir toda la economía, mostrando que la medida nos lleva a una catástrofe mayor.

Los países que aplicaron cuarentenas solo la levantaron luego de controlar la propagación del virus. Esa también era la finalidad y el costo del confinamiento establecido por Vizcarra desde el 15 de marzo. Pero pasados 106 días y luego de fracasar completamente en ese plan, y más, cuando la pandemia se encuentra en la cima, decidió levantarla. Fue suficiente que el 8 de junio el Banco Mundial emitiera un informe advirtiendo que la economía nacional caería -12%, nota de la que los empresarios se hicieran eco de inmediato, para que decidiera acelerar la apertura, pero de la misma manera torpe y ciega como aplicó el confinamiento, confirmando que para el gobierno primero es la protección de los negocios capitalistas antes que la salud del pueblo.

A la pregunta de qué es lo que va a ocurrir con la apertura, el ministro Zamora tuvo que reconocer: “En el peor de los escenarios habrá un rebote de alta magnitud, y otro escenario esperable, como ha existido en otras partes del mundo, es que haya un rebote focalizado”. “¿Y cómo se han preparado?”, volvió a preguntarle el periodista: “Continuamos con el proceso de multiplicar los servicios sanitarios… no obstante, probablemente sea insuficiente”.

No solo sabe que será insuficiente. Sabe que será una catástrofe. La OMS y muchos expertos silenciados por la gran prensa han advertido sobre lo que se viene. Farik Matuk, asesor del gobierno en temas de salud, fue renunciado precisamente por expresar públicamente la misma advertencia.

Vizcarra, dice: “Desde hace dos semanas hemos visto indicadores, tendencias que nos dan aliento y esperanza en el futuro”, y repite lo mismo en cada presentación. Pero las noticias nos revelan y machacan que cada día estamos peor. Lima sigue en la cima de los contagios que ahora se expande en los conos.
De la crisis que sacudió a la Amazonía y sin que aún ceda en el Norte, ahora se desarrolla en Arequipa, donde vemos cientos de enfermos amontonados en la calle sin poder ser atendidos. La lógica elemental indica que si la mayoría de los que se mantuvieron en actividades llamadas “esenciales” se contagiaron y muchos murieron, con protocolos y demás exigencias incluidos, ¿qué esperamos ahora que millones se han puesto en movimiento con protocolos flexibilizados al extremo y, más, empujados como ganados por los empresarios que priorizan la producción sobre la salud y la vida?

En una semana el Perú ha saltado del séptimo lugar al quinto en el mundo como el país con más contagios. Los informes sobre contagios en las minas, fábricas y lugares de trabajo son de masificación.

Pero también en muertes las cifras aumentan a niveles espeluznantes. Al 30 de junio la cifra oficial de fallecidos era de 9,677. Pero la cifra real es que en abril hubo 115 muertos diarios, en mayo 466 diarios y en junio 540 diarios, totalizando más de 30 mil fallecidos por coronavirus, es decir tres veces más de lo que se dice. Con esta cifra el Perú también lidera las muertes por Covid 19 en el mundo. Y hora, estamos peor.

“Un empleado de la contratista San Martín –informa un medio–, que labora para la minera Shougang, en Ica, falleció de Covid 19 sin haber sido atendido… Sus compañeros de trabajo denunciaron que hace varios días que presentó síntomas pero no fue atendido, hasta que se puso grave y fue trasladado en bus envuelto en una frazada. Una hora después falleció.”

Las muertes aumentan porque el gobierno no ha sido capaz de resolver las más mínimas necesidades de la emergencia. Ya no hablemos de las miles de camas, UCIs, respiradores y personal médico que se necesita. ¡No ha resuelto el abastecimiento de oxígeno ni de medicinas básicas para la atención primaria de decenas de miles! Y eso que son recursos baratos y de fácil disponibilidad. ¡No ha sido capaz hasta hoy de accionar los llamados Equipos Médicos de Respuesta Rápida, que han dado buenos resultados en otros países, para asistir a los enfermos en sus casas! ¡No es capaz de implementar un sencillo sistema de pruebas y seguimiento al virus para focalizarlo y controlarlo! ¡No es capaz de proteger a su propio personal de primera línea donde el Perú también exhibe liderazgo mundial de médicos fallecidos (72)!

El gobierno no solo muestra su carácter de clase patronal en la gestión de la crisis, sino además una incompetencia absoluta que nos está llevando a enfermar y morir como si nuestras vidas no valieran nada.
Tanto, que lo único que exhibe como “logro” para obtener aplausos es la suscripción de un vergonzante contrato de servicio con unas cuantas clínicas privadas que en nada ayudarán a paliar la inmensidad de la emergencia que vivimos.

¿Qué nos queda?

Lo más sorprendente, sin embargo, es que el fin del confinamiento no fue denunciado ni resistido casi por nadie y, al contrario, ha sido celebrado por amplios sectores convencidos de que ya no servía y que solo traía perjuicios a la economía. Esta aparente unanimidad encubre la verdadera realidad de que el puñado de ricos empresarios desesperaba por mover sus máquinas y dinero para producir más riqueza. En cambio, el 72% de informales y trabajadores independientes desesperaban por volver a la calle donde generan sus ingresos, y los más de 200 mil colocados en suspensión perfecta deseaban volver al trabajo por la sombra de los despidos, y porque todos juntos estamos siendo empujados al hambre más atroz de nuestra historia.

Lo esencial entonces sigue siendo defender vidas, el trabajo y los derechos de la clase trabajadora. El gobierno ha soltado esta responsabilidad empujándonos al “que Dios nos ayude”, al mismo tiempo que nos ha dejado en el hambre cuando no a merced del abuso y la explotación de los miserables empresarios. Para colmo, algunos de estas sanguijuelas (Backus, Alicorp, entre otros), tienen la frescura de aprovechar la situación para entregar “donaciones” y lavar su imagen.

Tenemos derechos. Tenemos dignidad. Y sabemos que para defenderlos tenemos que luchar como siempre lo hemos hecho, autoorganizados desde cada base y construyendo una dirección que realmente nos represente, para enfrentar y derrotar al gobierno Vizcarra que aplica el plan de “emergencia” de los capitalistas y defendiendo un plan de emergencia obrero y popular. Este plan consiste en:

• Defender nuestras vidas con confinamiento, salarios y derechos garantizados para todos. Diseño de un nuevo plan sanitario con control de las organizaciones de los trabajadores, que garantice pruebas masivas y un sistema de seguimiento al virus, oxígeno, medicinas y nacionalización de todos los recursos necesarios para atender la emergencia.

• Volcar recursos para estas necesidades, y no como hace el gobierno que vuelca recursos a los bancos y grandes empresarios, premiándolos por lucrar con la emergencia y producir cientos de miles de despidos.

• Financiar la crisis con las inmensas fortunas que detentan los grandes empresarios y aplanando los sueldos de todos los funcionarios públicos al promedio de lo que gana un profesor.

El “Estado de emergencia” solo sirve a la represión

26 julio, 2020

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BS124_03 — Plantón de médicos del hospital Negreiros, son amedrentados por tanquetas del Ejército.

Plantón de médicos del hospital Negreiros, son amedrentados por tanquetas del Ejército.

¿Existe justificación para que Vizcarra mantenga el Estado de emergencia nacional hasta el 31 de julio, al mismo tiempo que se ha levantado la cuarentena y se reiniciaron las actividades económicas?

Desde el punto de vista de la pandemia y las medidas necesarias para hacerle frente, la respuesta es no, no hay ninguna. ¿Entonces por qué se prolonga?

El Estado de emergencia fue decretado para darle un marco legal al “toque de queda” y otras medidas de distanciamiento social ordenadas por el gobierno.

Sin embargo, tras el discurso de “guerra contra la pandemia”, el gobierno cubrió las espaldas, sacando a los militares a las calles para la verdadera guerra que temen Vizcarra y los empresarios: las protestas o estallidos sociales que se puedan producir por la situación de miseria a la que nos arrojaron desde el inicio de la emergencia.

Fue por eso que, el 26 de marzo, el gobierno llamó a 10 mil licenciados de las últimas tres promociones del Ejército a sumarse al servicio activo, incrementando su capacidad de acción represiva.

Contrabando autoritario

Pero el gobierno ya se acostumbró a “controlar la calle”, bajo las botas del Ejército. Y la tentación de extender indefinidamente ese poder es grande. No hace mucho el ministro del Interior, Gastón Rodríguez, declaró que su propuesta era mantener el “toque de queda” hasta diciembre, bajo el pretexto de que los “robos” se producen sobre todo de noche.

Más allá de lo absurdo del argumento, lo cierto es que, para que el “toque de queda” se extienda, debe extenderse también el Estado de emergencia, y con él, la suspensión de las llamadas “garantías”, “derechos” o “libertades” individuales.

Estado de emergencia contra el pueblo y los que luchan

Sin embargo, los luchadores y luchadoras de la clase obrera ya comienzan a ver el verdadero rostro del Estado de emergencia: las detenciones son pan de cada día en las marchas del Sitobur contra el cese colectivo que pretende imponer el alcalde Muñoz. Dirigentes del Sindicato Celima terminaron detenidos por participar en la jornada del 23 de junio convocada (a media caña) por la dirigencia de la CGTP. Y en esa misma jornada, los propios dirigentes de la Central, que lo que menos querían era “hacerle olas” al gobierno, denunciaron más de 60 detenidos a nivel nacional.

No podemos permitir que se dé carta de ciudadanía a la represión y el recorte de nuestros derechos más elementales. No podemos normalizar que nos puedan detener, que nos impidan marchar o realizar cualquier acción de protesta.

Vizcarra y la Confiep no quieren “cuidarnos” de los criminales. Quieren cuidar sus intereses y mantener a raya cualquier posibilidad de un estallido, plenamente justificado por el tamaño de la crisis sanitaria y económica.

A los trabajadores y trabajadoras conscientes nos interesa, por el contrario, defender todos los derechos y libertades que esta democracia tramposa y patronal nos otorga, con la finalidad de defender nuestra organización y acción contra el gobierno y los patrones. Para eso debemos echar abajo el mentiroso Estado de emergencia del gobierno
y los empresarios. Y solo lo lograremos con nuestra lucha.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (TC) RECONOCE DERECHO CONSTITUCIONAL A LA PROTESTA

El pasado 6 de julio el Tribunal Constitucional – TC reconoció, en la redacción de una sentencia, el derecho a la protesta como un derecho fundamental.

La sentencia resulta histórica. Desde la dictadura fujimorista, los gobiernos sucesivos han incorporado en el Código Penal artículos tendientes a tipificar la protesta, y sus diversas manifestaciones, como la toma de locales o el bloqueo de carreteras, como delito. Es justamente, revisando el artículo 200 del Código Penal, que tipifica el delito de “extorsión”, que el TC ha reconocido expresamente, como sustento de su sentencia, que “…resulta una exigencia del orden público constitucional el reconocimiento del derecho a la protesta como derecho fundamental, derecho que asiste a toda persona que mantiene una posición crítica frente al poder, sea este último público o privado…”.

Es imperativo que las organizaciones obreras y populares defendamos y ejerzamos este derecho, ahora reconocido expresamente, y lo convirtamos en una herramienta al servicio de la solución de nuestras legítimas demandas. Sabiendo, además, que nadie debe perseguirnos por luchar, pues la protesta social es un derecho, no un delito.

Costo de privatización de la salud lo pagan nuestras vidas

26 julio, 2020

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La “nueva normalidad” de Vizcarra se expresa en una “disputa” de nuevas regiones como epicentros del covid-19.

Por Mauricio Meca

Entramos a la temporada de invierno y la ciudad arequipeña registra una temperatura mínima de casi 6°C, y sus noches no solo han empezado a ser más frías sino también más tristes, pues Arequipa y el sur se han convertido en los nuevos epicentros del coronavirus.

Las escenas de dolor y angustia donde las personas arman sus propias carpas en los patios de los hospitales para luego fallecer por la deficiente atención o por falta de oxígeno, son las mismas que ya hemos visto en Loreto, en el norte del país, en Lima y en el Callao.

La Gerencia Regional de Salud de Arequipa (GERESA) registró 276 muertos por covid en el mes de junio. Por otra parte, el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) informó que la cifra total de fallecidos en ese mismo mes fue de 1152, casi el doble a la del año pasado (577). El exceso de muertos está vinculado al covid.

Covid + heladas

El drama recién empieza con la temporada de heladas. Las heladas duran aproximadamente cinco meses, donde junio y julio suelen ser los más fríos (en algunas zonas la temperatura desciende a -13° C).

Las heladas traen un aumento de gripes y neumonías debido a los bajos sistemas inmunológicos (vinculados a anemia y desnutrición) y el mal estado de los hogares (pisos de tierra, paredes de adobe, techos de paja o calamina por donde se filtra el frío en las amanecidas). El uso de leña dentro de las casas para cocinar y como calefacción, también causa grave daño a los pulmones. En el 2018, cuando no había covid, casi medio millón de personas fueron afectadas por las heladas y 700 muertos por neumonía (hasta mediados de julio).

En otras palabras, producto del hambre y la miseria en la que se vive en estas regiones, cientos de personas, en especial ancianos y niños, mueren todos los años como consecuencia de las heladas.

Plan neoliberal…la verdadera amenaza

Pero ni el covid ni las heladas, en sí mismos, son factores determinantes para que se agraven las cifras de decesos, sino la política neoliberal aplicada por todos los gobiernos hasta el actual, los que colocaron al país de rodillas al capital, sobre todo extranjero, convirtiéndola en una economía extractiva y exportadora de materias
primas, como el gas de Camisea.

Por cierto, el gas de Camisea se ha orientado principalmente a la exportación durante más de 16 años, enriqueciendo a trasnacionales y corruptos, mientras se priva al sur de este recurso como fuente de energía para no morir del frío y de neumonía.

Bajo este mismo plan, en más de una ocasión, han intentado imponer a sangre y fuego el proyecto Tía María de Southern, empresa que ahora se quiere lavar la cara instalando plantas de oxígeno en el sur, mostrando que sí es posible abastecerlo. Lo que falta es expropiar las plantas de oxígeno industrial de Southern.

Con ese plan también han privatizado la salud, impidiendo que haya más presupuesto para el sector y permitiendo la formación de monopolios y oligopolios como Seguros Pacífico, Inkafarma, Linde, que se expresan en sus cobros excesivos.

El plan instaurado hace 30 años es el que no permite tocarles ni un pelo por estos abusos mientras pagamos con nuestras vidas sus efectos.

La pandemia y la crisis económica están borrando el maquillaje de prosperidad e incrementando de golpe los índices de pobreza y extrema pobreza en el país.

Nacionalizar los monopolios de la salud

La falsa pose de “estatizar” las clínicas privadas de Vizcarra, que devino en un acuerdo favorable a ellas, no representa ninguna salida a la crisis pero reavivó el debate sobre su nacionalización y la necesidad de hacerlo sin indemnización, para colocar sus recursos al servicio de la emergencia, una bandera por la que debemos empezar la lucha para salvar nuestras vidas.

Por la misma razón, necesitamos sacar lecciones de las importantes luchas que se dieron en torno al gas de Camisea, y cómo la posición de la burocracia de la CGTP impidió esta conquista fundamental.
Necesitamos convencernos de que sí hay una salida, y planteamos desarrollar el debate y las coordinaciones en torno a estas propuestas.

Necesitamos poner en pie coordinaciones combativas y expresar en nuestras plataformas de lucha, junto a nuestras reivindicaciones, las demandas de la crisis sanitaria. Existe un temor legítimo que limita la participación masiva en las calles, pero tenemos motivos más que suficientes para expresar nuestra indignación por el abuso de los que usufructúan con la salud.

¡Un sistema de salud única, gratuita y de calidad!
¡Nacionalización de los monopolios de la salud!
¡Todos los recursos disponibles de la nación para la emergencia sanitaria!

La nueva “normalidad” y sus desafíos

16 julio, 2020

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Pretendiendo “priorizar la economía”, el gobierno ha soltado su responsabilidad en el combate al covid, trayendo como consecuencia la multiplicación de los contagios y las muertes. Pero, “reactivar” la economía, no es como abrir un caño luego que fue cerrado, pues en 106 días de cuarentena ya quebraron decenas de miles de micro y pequeñas empresas y otras están en ese camino, al mismo tiempo que las grandes, al perder rentabilidad, ya despidieron a muchos miles de trabajadores y/o recortaron salarios, con todo lo cual se empujó a la pobreza y extrema pobreza a un gran sector de la población.

Junto a este hecho se presenta otro, igual de grave, que es la recesión de las principales economías del mundo, lo que repercute sobre la nuestra, con una fuerte caída en el volumen y los precios de los principales productos de exportación.

La combinación de ambos factores ha producido el derrumbe de la economía nacional, que solo este año, según el FMI, caería en -14%. Además, ésta demoraría al menos dos años para recuperar el nivel que tenía antes de iniciarse la actual crisis.

Esto nos obliga a ver que las medidas como los despidos, suspensiones perfectas y ceses colectivos facilitadas con las normas emitidas por Vizcarra, en el periodo de emergencia, no terminarán con éste. Las empresas están ajustando sus planes de producción a la nueva situación y se preparan no solo para reducir más personal sino, sobre todo, para incrementar los niveles de explotación que les permita obtener una mejor ganancia. Más explotación significa menos derechos y salarios e intensificación de la jornada de trabajo.

Por la crisis, el gobierno les ha colocado plata en los bolsillos a los empresarios. Pero estamos viendo cómo ellos usan ese dinero no para proteger puestos de trabajos y beneficios laborales, sino para pagar indemnizaciones y liquidar personal, porque esa es la libertad que les ha dado el mismo gobierno.

Así, debemos leer los actuales ataques como el inicio de una escalada que apunta hacia un plan de ajuste más profundo. Con el débil gobierno de Vizcarra, la patronal avanza lo que puede en el área de cada empresa, pero su mirada apunta a golpes mayores, como barrer con los activistas y las organizaciones sindicales existentes (que son la principal resistencia que enfrentan), y con derechos como la estabilidad laboral.

El mismo Estado, que ha gastado sus fondos de reserva y se ve afectado por la caída de la recaudación, genera alto déficit y nuevo endeudamiento como hace 20 años, más tarde o temprano pretenderá que también lo paguemos con recortes en los presupuestos sociales y hasta con despidos masivos en el sector Público.

Comprender esta situación en su conjunto es ver el tamaño del desafío que enfrentamos. La resistencia obrera, que ya da sus primeros pasos no puede circunscribirse a la emergencia sino debe mirarse como una tarea de largo aliento como largo será el plan de ataque que aplicarán el empresariado y sus agentes políticos.

Pero también es importante, para comprender que la situación que enfrentamos, va más allá de la normalidad de la defensa de un derecho o de un pliego de reclamos, para cuyas tareas muchas veces es suficiente la lucha sindical. Asistimos a la crisis histórica del capitalismo, y siempre en estas crisis, su política ha sido que la paguemos los trabajadores, como sucedió en los años 90. Defender nuestros empleos y salarios en esta situación es hacer que la crisis la paguen los capitalistas, y esta es una lucha política por cambios de fondo en la economía, la sociedad y el Estado, para lo que necesitamos construir una nueva dirección política obrera y revolucionaria.