Pretendiendo “priorizar la economía”, el gobierno ha soltado su responsabilidad en el combate al covid, trayendo como consecuencia la multiplicación de los contagios y las muertes. Pero, “reactivar” la economía, no es como abrir un caño luego que fue cerrado, pues en 106 días de cuarentena ya quebraron decenas de miles de micro y pequeñas empresas y otras están en ese camino, al mismo tiempo que las grandes, al perder rentabilidad, ya despidieron a muchos miles de trabajadores y/o recortaron salarios, con todo lo cual se empujó a la pobreza y extrema pobreza a un gran sector de la población.
Junto a este hecho se presenta otro, igual de grave, que es la recesión de las principales economías del mundo, lo que repercute sobre la nuestra, con una fuerte caída en el volumen y los precios de los principales productos de exportación.
La combinación de ambos factores ha producido el derrumbe de la economía nacional, que solo este año, según el FMI, caería en -14%. Además, ésta demoraría al menos dos años para recuperar el nivel que tenía antes de iniciarse la actual crisis.
Esto nos obliga a ver que las medidas como los despidos, suspensiones perfectas y ceses colectivos facilitadas con las normas emitidas por Vizcarra, en el periodo de emergencia, no terminarán con éste. Las empresas están ajustando sus planes de producción a la nueva situación y se preparan no solo para reducir más personal sino, sobre todo, para incrementar los niveles de explotación que les permita obtener una mejor ganancia. Más explotación significa menos derechos y salarios e intensificación de la jornada de trabajo.
Por la crisis, el gobierno les ha colocado plata en los bolsillos a los empresarios. Pero estamos viendo cómo ellos usan ese dinero no para proteger puestos de trabajos y beneficios laborales, sino para pagar indemnizaciones y liquidar personal, porque esa es la libertad que les ha dado el mismo gobierno.
Así, debemos leer los actuales ataques como el inicio de una escalada que apunta hacia un plan de ajuste más profundo. Con el débil gobierno de Vizcarra, la patronal avanza lo que puede en el área de cada empresa, pero su mirada apunta a golpes mayores, como barrer con los activistas y las organizaciones sindicales existentes (que son la principal resistencia que enfrentan), y con derechos como la estabilidad laboral.
El mismo Estado, que ha gastado sus fondos de reserva y se ve afectado por la caída de la recaudación, genera alto déficit y nuevo endeudamiento como hace 20 años, más tarde o temprano pretenderá que también lo paguemos con recortes en los presupuestos sociales y hasta con despidos masivos en el sector Público.
Comprender esta situación en su conjunto es ver el tamaño del desafío que enfrentamos. La resistencia obrera, que ya da sus primeros pasos no puede circunscribirse a la emergencia sino debe mirarse como una tarea de largo aliento como largo será el plan de ataque que aplicarán el empresariado y sus agentes políticos.
Pero también es importante, para comprender que la situación que enfrentamos, va más allá de la normalidad de la defensa de un derecho o de un pliego de reclamos, para cuyas tareas muchas veces es suficiente la lucha sindical. Asistimos a la crisis histórica del capitalismo, y siempre en estas crisis, su política ha sido que la paguemos los trabajadores, como sucedió en los años 90. Defender nuestros empleos y salarios en esta situación es hacer que la crisis la paguen los capitalistas, y esta es una lucha política por cambios de fondo en la economía, la sociedad y el Estado, para lo que necesitamos construir una nueva dirección política obrera y revolucionaria.
