El gobierno de Vizcarra es el responsable de los fatales resultados que está dejando la pandemia en el país, a la fecha los más desastrosos del mundo si nos atenemos a las cifras reales, y la causa no es otra que su política que sirve a la rapiña de los mercaderes de la salud y a los corruptos (clínicas, laboratorios, empresas de oxígeno), mientras muchas personas siguen muriendo sin atención médica o sin oxígeno ante el colapso de los hospitales. Y hoy, cuando la pandemia está todavía en avance, el gobierno levanta la cuarentena sin otra motivación que el dictado de las grandes empresas que ponen por delante, no la economía del pueblo sino la reactivación de la ganancia capitalista, y ahora buscan profundizar la explotación aprovechando vilmente la desesperación popular a causa del abandono y el hambre.
Las voces especializadas dicen que un reinicio de actividades con la pandemia en ascenso expone a la población a una gran ola de contagios y a un escalamiento de las muertes ante las condiciones caóticas del transporte masivo y el alto índice de informalidad, pero el gobierno una vez más demuestra hasta dónde llega su servilismo a los intereses empresariales.
Si la política del gobierno frente al coronavirus no frenó su letalidad, su política económica (el otro lado de la tenaza con la que se quiere exprimir a las masas trabajadoras), no está destinada a frenar la ola de despidos y el cierre masivo de pequeñas empresas y desfinanciamiento de pequeños agricultores, le basta con que las grandes empresas y transnacionales conserven sus negocios y sigan enriqueciéndose, esa es su mediocre y cobarde misión en este momento dramático de la historia nacional.
Medidas de salud evadidas
La política del gobierno frente al coronavirus evadió las medidas indispensables frente a la pandemia cuya eficacia ha sido comprobada en otros países:
a) Búsqueda de enfermos casa por casa con personal médico, pruebas covid, medicinas y apoyo en alimentos para un aislamiento efectivo que evite los contagios, lo que además hubiera permitido disminuir significativamente el número de enfermos con necesidad de hospitalización.
b) Una cuarentena eficaz con medidas de apoyo social y no una falsa cuarentena que empuja a la gente a buscarse la subsistencia; hemos tenido una de las cuarentenas más extensas a nivel mundial, pero estalló desde un comienzo por la falta de apoyo económico a la población; el gobierno incluso agravó esta situación permitiendo la suspensión perfecta de labores y los despidos que privaron de salarios a un sector importante de la clase trabajadora; y si no ha sido peor es porque los trabajadores con acceso han tenido que consumir su CTS y fondos de jubilación.
c) Ampliación de la capacidad de hospitalización para evitar el colapso del sistema de salud y disminuir el pase a cuidados intensivos; muchos anuncios en ese sentido no se comprueban en la realidad aun cuando han transcurrido cuatro meses de la crisis; y
d) Medidas de protección del personal médico, de los trabajadores en actividades indispensables y de la población en general, así como medidas sanitarias indispensables en el transporte público y mercados, que hasta ahora brillan por su ausencia.
Cuatro meses de conferencias de Vizcarra y sus anuncios resultaron vacíos tal como comprobamos hoy en día. No carecen de razón quienes dicen que el gobierno hizo todo lo necesario para crear grandes negociados en beneficio de empresarios y corruptos: el colapso de la salud pública hizo que mucha gente muriera sin atención, pero otros fueron empujados a las clínicas privadas y hoy enfrentan facturaciones astronómicas por hospitalización, medicinas, pruebas covid; y a muchos otros los empujó a buscar oxígeno al “libre mercado” creando desabastecimiento y una monstruosa especulación y encarecimiento.
La política económica del gobierno nos lleva a otro desastre
Los trabajadores debemos tener bien en claro que la política “reactivadora” del gobierno no busca restaurar la economía popular con empleos y salarios dignos y derechos sociales, ni apoyo a las pequeñas y microempresas o a la gran masa de pequeños agricultores que tienen el importante papel de abastecer de alimentos a la población nacional. El gobierno se está limitando a servir las medidas que la Confiep dicta para que sea el “libre mercado” quien resuelva, a su manera, que no es otra que proteger al capital en contra del salario.
La política del gobierno también ha traído como consecuencia la destrucción de la economía popular tanto de asalariados como de miles pequeñas empresas y pequeños agricultores, lo que ha fortalecido la ventaja de las medianas y grandes empresas que son las que imponen sus abusivas condiciones, y además son las que acaparan las condiciones privilegiadas de financiamiento con aval de Estado; no es difícil asumir que los 30,000 millones de soles en créditos de Reactiva Perú no serán pagados por muchas empresas beneficiarias y será un saqueo de las arcas del Estado. Encima de eso, las empresas han obtenido medidas laborales más draconianas contra los trabajadores (suspensión perfecta, ceses colectivos, despidos); y la habilitación de proyectos mineros con oposición de la población (Tía María y otros).
Si esta situación ya es dramática después de tres meses de suspensión de muchas actividades económicas no indispensables para la crisis sanitaria, las medidas patronales ante el impacto de la ola recesiva mundial apuntan a más ataques contra la clase trabajadora. Y la política económica del gobierno de Vizcarra, tenemos que remarcarlo, está alineada a ese objetivo.
Urge una alternativa de los trabajadores y el pueblo
Está claro que no podemos esperar un cambio del actual gobierno en lo más elemental que es la defensa de la vida frente al coronavirus o frente a la hambruna de la recesión. La clase trabajadora necesita forjar su unidad y su organización como única esperanza que tienen los sectores populares para impulsar una política alternativa.
Las medidas están sobre la mesa, son aquellas que el gobierno evade por servilismo a los empresarios, para:
a) hacer uso público de todos los recursos nacionales disponibles y necesarios contra la pandemia, sean de infraestructura, personal médicos, medicinas, insumos indispensables como el oxígeno, etc.;
b) priorizar la producción, distribución y abastecimiento universal de los bienes indispensables de subsistencia de la población nacional mientras dure la crisis sanitaria, y
c) organizar, sin arriesgar las metas de la lucha contra la pandemia, la reconstrucción de la economía popular con empleos y salarios dignos y derechos sociales.
