Trabajadores y empresas de transporte realizaron un paro de 24 horas el pasado 26 de septiembre contra la incapacidad del gobierno para poner fin a la escalada de extorsiones y atentados contra sus unidades de transporte y contra sus vidas.
Lima amaneció sin unidades de transporte. El paro contundente, obligó a que Boluarte y su consejo de ministros tomaran rápidamente medidas, anunciando en horas de la tarde la declaratoria de 17 distritos de Lima ‘estado de emergencia’.
Con esto, se suspendió el segundo día de paro, a la espera, sin embargo, de que el gobierno haga algo efectivo frente a la inseguridad.
La respuesta del crimen organizado
Paso un día, sin embargo, para que las bandas de extorsionadores realicen un nuevo atentado contra unidades de transporte público en el distrito de independencia (uno de los distritos declarados «en emergencia»): una veintena de autobuses fueron quemados en una cochera tras el estallido de una granada.
Con esto dejaron en claro que las medidas adoptadas por el gobierno hoy, son tan estériles como los «estados de emergencia» impuestos el año pasado en muchos de los distritos afectados hoy por la medida.
La situación y la respuesta
El crimen organizado, verdaderas empresas delincuenciales, ha crecido exponencialmente en el último periodo. Y dentro de las actividades que realiza, la extorsión se ha extendido rápidamente por la coudad. No solamente transportistas: comedores populares, tiendas y negocios de los barrios, cada día son obligados a pagar cupos para para garantizar su seguridad.
En el caso del transporte han resultado impactantes los atentados contra las unidades incluso en ruta. Choferes y cobradores han pagado con su vida el resistirse a pagar a las bandas criminales.
Un paro justo
El sistema de transporte en el Perú, y particularmente en Lima, caracterizado por la informalidad, es producto del plan neoliberal impuesto por la dictadura fujimorista, que destruyó a la empresa nacional de transporte urbano, para abrir el camino a las combis, cousters y demás servicios de transporte público, como una magra salida a la falta de trabajo.
Muchos de sus trabajadores no tienen salario ni horario fijo, seguro o sistema de pensiones. Y encima, lidian con la criminalidad. Han sido estos trabajadores los que han puesto el pecho durante el paro, movilizándose y enfrentándose a las pocas unidades que intentaron romper la medida de fuerza.
De esta forma han encabezado un paro justo, que a pesar de haber afectado a millones de trabajadores y trabajadoras que debían dirigirse a sus centros de labores, ha ganado su solidaridad pues manifiestó al mismo tiempo el hartazgo de esa población trabajadora con la ola criminal.
¿De dónde viene la actual ola de inseguridad?
El boom de las exportaciones que se produjo entre 2004 y 2013, incrementó las ganancias patronales. Mientras los gobiernos hablaban de ‘milagro peruano’, y prometían la llegada del Perú al ‘primer mundo’, la economía informal e ilegal crecía en paralelo al crecimiento económico general, aprovechando la miseria de nuestra sociedad.
Desde entonces las bandas criminales no han cesado de crecer, actuar y de «diversificar» sus ‘negocios’, ni de incrementar su violencia.
En ese contexto, las bandas han terminado sirviendo de refugio y medio de sobrevivencia para los sectores más miserables y empobrecidos de la población, que no tienen camino en la economía ni formal ni informal.
Un gobierno incapaz
Boluarte, que reprimió a sangre y fuego el levantamiento del sur para mantenerse en el poder, se muestra incapaz de hacer frente a la criminalidad, debido, por una parte, a que no puede romper el modelo económico, para garantice trabajo para todos y todas.
Para esto, el gobierno tendría que tomar control de las empresas que despiden, disminuir la jornada laboral a 4 horas diarias para garantizar que todos tengamos acceso a un puesto de trabajo, e incrementar el salario y las pensiones para garantizar una vida digna. Nada de eso es posible bajo la lógica del capitalismo neoliberal.
Pero por otro lado, el Estado está comprometido hasta la médula con el crimen organizado por medio de la corrupción que lo infecta por completo, y particularmente a las fuerzas policiales y militares, a las que justamente les entregan más poder cuando decretan el Estado de emergencia. Muchos de esos efectivos forman parte de las propias bandas criminales.
El propio gobierno, congreso y poder judicial, están infestados y formados por bandas criminales, como prueban los casos ‘Waykis en las sombras’, ‘Chibolín’, ‘Cuellos blancos’, y un largo etc. Por eso no es extraño que hayan sacado el delito de «extorsión» de la ley que establece los delitos del crimen organizado.
Frente a esto la alternativa sería la conformación de rondas urbanas, que actúen armadas por el propio Estado para hacer frente a la criminalidad. Rondas dónde en lugar de rangos, se elijan los mandos y se les revoque en cualquier momento. Pero otra vez, la sola posibilidad de que el pueblo organizado y armado pueda defender sus propios intereses y sus vidas, aterra a los patrones.
Del mismo modo, se hace urgente que sean tribunales de las organizaciones populares y de trabajadores los que tomen en sus manos los juicios contra los criminales, para evitar que sean comprados por el dinero de los criminales y de la patronal.
Organizar la lucha contra el crimen sin confiar en el gobierno ni el Estado
Por eso hoy requerimos escalar, del paro de transporte, con el que nos solidarizamos plenamente, a una acción unificada nacional, convocada por las centrales sindicales, cómo la CGTP, CUT, etc. y demás organizaciones populares, contra este gobierno y la criminalidad, por trabajo, salario y seguridad. Así como por justicia y sanción a los responsables de la represión que asesinó directamente a 49 luchadores a principios de 2023, durante la rebelión del sur.
Solo unificando las diversas banderas del pueblo pobre y trabajador, enfrentando al gobierno asesino y corrupto y al Congreso reaccionario, abriremos camino a la solución de nuestras demandas, que solo podremos realizar plenamente rompiendo con el capitalismo neoliberal, de la mano de un gobierno de las organizaciones de los trabajadores, trabajadoras y el pueblo pobre y oprimido.
Una nueva oleada de ceses colectivos se cierne sobre la clase obrera, como producto del plan patronal para salir de su crisis y recuperar sus ganancias. A la larga lista de fábricas y centros laborales que en los últimos años aplicaron despidos masivos, ahora se suma CELIMA, que el 5 de agosto impuso un procedimiento de cese colectivo contra 216 trabajadores argumentando “motivos estructurales”.
La lucha legal
Muchas luchas contra los despidos masivos han dejado marcado ejemplos de heroísmo y combatividad. Pero la mayoría de ellas –por no decir todas– fueron encasilladas a un enfoque legalista; esto es, a lo que dice la ley y disponen las autoridades. Esto desnaturaliza el sentido de la lucha de la clase obrera.
Las leyes están hechas para regular y limitar los derechos de los trabajado- res, y las instituciones (MT y el PJ) están para aplicarlas. Lo hacen pretendiendo ser “justos” pero, en esencia, defienden los intereses empresariales.
En casos de crisis económica, restructuración y cierres de fábrica, las normas no garantizan el derecho al trabajo, y sí permiten a las patronales imponer despidos masivos: Papelera Atlas, Papelera Nacional, Cogorno, Panasonic, BSH, Faber Castell, Telefónica, Kola Real, San Lorenzo y ahora CELIMA.
Del mismo modo, en nombre de las normas, las empresas recortan nuestro derecho de huelga, retacea los aumentos salariales y cometen distintos abusos.
En el caso del proceso que seguimos contra el cese colectivo en CELIMA, la autoridad no se pronunciado contra el cese colectivo sino contra el procedimiento que ha seguido la empresa en su solicitud; es decir, objeta la forma y no el contenido. Después, cuando “regularice” su solicitud, le pedirá que demuestre las causas “objetivas” que alude la empresa. Si lo hace, la autoridad puede aprobar el cese colectivo. Por lo menos, a eso apunta la defensa legal de la empresa.
Por este motivo el “legalismo” de las direcciones es un error. Lleva a depositar confianza en las normas y en las instituciones, cuando muchas veces sus fallos son negativos.
Este “legalismo”, además, tiene otra limitación: lleva a no luchar por nuevas conquistas. Por ejemplo, cuando no existía la jornada de 8 horas luchar por ella era ilegal, y podías ser condenado hasta a morir en la ahorca como sucedió con los héroes de Chicago. Pero fue una lucha legítima.
Otro ejemplo, ¿qué hacemos cuando cierra una fábrica? La ley lo permite, es decir permite que los trabajadores queden en la calle. Pero los trabajadores argentinos dieron un ejemplo cuando, ante el cierre masivo de fábricas, recuperaron bajo su administración 400 de ellas, logrando así preservar sus trabajos. Se enfrentaron a las normas establecidas y conquistaron nuevos derechos que después se hicieron ley.
Desde este enfoque, decimos: sin dejar de mantener una efectiva lucha dentro de la legalidad, lo fundamental es denunciar y luchar contra la misma norma de ceses colectivos y de suspensión perfecta, que es el verdadero problema que nos afecta y afecta a toda la clase trabajadora. Así apuntaremos al verdadero problema, y pondremos nuestra pelea al servicio de concientizar y movilizar a todos los trabajadores para ponerles fin. Es la única forma de preservar de verdad nuestro derecho al trabajo.
La falsa confianza en las instituciones del Estado y sus normas
Este derrotero de inyectar confianza en el Estado y sus instituciones es política de los partidos reformistas y de la dirección de la CGTP.
Basta ver el reciente comunicado que firman la Sociedad Nacional de Industrias (gremio empresarial del que CELIMA es socio) y la CGTP denominado “Los peruanos tenemos derecho a la seguridad y al empleo digno”, publicado el 05.09.24. Ahí se dice:
“Se requiere reactivar la inversión pública y privada, otorgando confianza y estabilidad a los inversionistas, con normas claras y predictibles que alienten la generación de empleo digno en nuestro país, disminuyendo la enorme informalidad existente…”.
Es decir, borrando las diferencias de clase que nos separa y que nos opone a los empresarios, la central se junta a ellos para exigir “normas claras y empleo digno”, cuando utilizando las normas vigentes ellos echan a miles de trabajadores a la calle. Y cuando, detrás de su llamado “empleo digno”, lo que en realidad imponen es trabajo más precario y explotado. Peor aún, invocan al gobierno de Boluarte, que nos atienda “con imparcialidad y justicia” (¿?).
De aquí que, la dirigencia de la central trate la problemática laboral no como un problema con la patronal y con el Estado y sus normas, sino como un tema solo de “algunos” empresarios inescrupulosos, o incluso de algunos funcionarios o instituciones, que no cumplirían la ley. De aquí que toda su “política” se reduzca a conciliar con los empresarios y a depositar confianza en las instituciones y en las normas vigentes. De aquí también que toda su aspiración sea buscar más representantes en el Congreso y en los ministerios, diciendo que así “nos irá mejor”.
Todo esto es mentira. Independientemente de quién se encuentre al frente del Estado y sus instituciones, estos, en última instancia, responden a las normas establecidas y estos favorecen a los empresarios, a su modelo económico neoliberal, la protección de la propiedad empresarial y la “libertad” que estos tienen de hacer negocios explotando a los trabajadores.
La lucha y movilización
Para los trabajadores se trata de colocar el problema en su verdadero lugar, como un problema no solo contra la patronal sino contra sus normas y las instituciones que los protegen: el MT, el PJ, el Gobierno y el Congreso. Por eso lo enfrentamos en el terreno de la lucha, y llamamos a la unidad de los trabajadores para la derogatoria de los ceses colectivos y de la suspensión perfecta.
Ante la crisis capitalista que ellos paguen la crisis, y no los trabajadores. Por ejemplo, con la reducción de horas de trabajo sin reducción de salarios, con licencias pagadas ante las paralizaciones de la producción, hasta la administración y control obrero de las fábricas que despiden trabajadores o se declaran en quiebra.
Esta lucha no es fácil, pero tampoco imposible. Significa que debemos recuperar la confianza en nuestras propias fuerzas y en nuestra lucha, y no en las instituciones y sus normas. Significa que debemos luchar y movilizarnos, y no cifrar expectativas que las soluciones vendrán solo por gestiones legales y conciliando con la patronal, como hacen las direcciones.
Y significa, sobre todo, lograr la verdadera unidad de la clase obrera para desencadenar una verdadera lucha, con un gran paro combativo obrero y popular, que imponga las soluciones de fondo que demandamos.
La muerte del dictador Fujimori -libre e impune- trajo consigo un coro de elogios y agradecimientos, de parte de la patronal, sus partidos y representantes, con el gobierno asesino de Boluarte a la cabeza, por los servicios prestados a sus intereses.
Por Víctor Montes
Nada de esto sorprende. Sin embargo, que la izquierda se haya dedicado a denunciar los crímenes de la dictadura, dejando prácticamente intacto el modelo económico neoliberal impuesto bajo sus botas, y consagrado en la Constitución, sí es para llamar la atención.
La denuncia democrática quedó en palabras
Correctamente, la “izquierda” y los sectores llamados “democráticos”, incluidas diversas ONG’s, han denunciado la impunidad con la que murió el dictador Fujimori, a diferencia de la muerte del también genocida y dictador Rafael Videla, muerto en la cárcel de Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires, en 2013.
Liberado por el Tribunal Constitucional al amparo del gobierno asesino de Boluarte, sin pagar un Sol de la reparación civil impuesta por la justicia burguesa, sin rendir cuentas por tantos otros crímenes cometidos durante la dictadura… su muerte en libertad es una ofensa para las familias afectadas por los asesinatos perpetrados bajo sus órdenes por el Destacamento Colina. También para las mujeres esterilizadas sin su consentimiento, entre otras muchas víctimas de la dictadura.
Dina Boluarte en el velatorio del dictador Fujimori.
En todo esto, así como en la denuncia de la concentración del poder en manos de Fujimori y las Fuerzas Armadas, que permitió la persecución de sus opositores políticos, así como de las organizaciones sindicales, con campañas dirigidas desde las oficinas del Servicio Nacional de Inteligencia (SIN) de Montesinos, la denuncia es correcta. Por eso, la vanguardia conciente de la clase obrera sabe que esas banderas son también sus banderas, y que están inscritas en su propia lucha por justicia, incluso ahora que el dictador Fujimori está muerto.
El problema es que la izquierda, y las organizaciones “democráticas”, se limitaron a declarar en medios y por redes sociales, solo para renunciar a encabezar movilización que, sea para festejar o para protestar por su impunidad, tomara las calles, tal como sucedió en Chile tras la muerte del dictador y genocida Pinochet, mientras el gobierno, de manera escandalosa, declaraba ”duelo nacional”.
Al modelo, con el pétalo de una rosa
Pero llama mucho más la atención aquello sobre lo que calla -o de lo que habla bajito- la “izquierda”: el modelo neoliberal.
Desde el “fujishock” en adelante, la dictadura impuso una feroz contrarrevolución económica, que inició con la violenta devaluación de la moneda, empujando a millones a la pobreza. Luego vinieron las privatizaciones y la “liberalización del mercado”, que provocó la quiebra de la industria nacional, y por tanto, la desnacionalización de la economía, que además de profundizar su carácter primario exportador, se hizo completamente adicta al capital extranjero.
Por su parte, el campesinado y las naciones originarias presenciaron la entrega de los recursos naturales que se encontraban en sus territorios ancestrales a la voracidad de las transnacionales mineras y petroleras, mientras el narcotráfico, que en los hechos era la única fuente sostenida de dólares para el mercado nacional durante los primeros años de la dictadura, se usaba como excusa para profundizar la represión.
Pero nada de esto está en el centro de las declaraciones de esa “izquierda”. Consultados por el legado del modelo económico impuesto por la dictadura, Pedro Francke, ex ministro de economía, y José de Echave, ex viceministro de gestión ambiental en el MINAM del gobierno de Pedro Castillo, declararon al diario La República (13.9.24) que el problema de dicho modelo es que “…las empresas transnacionales no pagan impuestos justos y obtienen sobreganancias…”. O que los beneficios tributarios creados por los “contratos de estabilidad jurídica” estipulados en la Constitución de la dictadura, “a comienzos de los 90 podrían tener fundamento”, pero no es correcto que se sigan utilizando más allá de esos primeros años.
Resulta aceptable, entonces, para estos supuestos izquierdistas, que esa inversión extranjera, principalmente española, inglesa y estadounidense, tomara control de las viejas empresas estatales, primero, y luego se hiciera con el gran negocio de los minerales y los recursos petroleros.
No debe extrañar, pues, que esos mismos representantes de la “izquierda” tiraran por la ventana -junto a su presidente- la consigna de “nacionalización de las mineras” que levantaba Castillo durante su campaña.
La responsabilidad de esa izquierda reformista
En realidad, lo que la izquierda reformista no dice -y no puede decir- tiene una explicación de fondo: que fue ella misma la que pactó con los partidos patronales el “retorno a la democracia” sin derribar la Constitución de 1993, capitulando ante el modelo económico neoliberal, que apenas han querido maquillar, con políticas públicas que lo hagan “más democrático” y “humano”.
Son esas mismas organizaciones y personajes “de izquierda” los que nos trajeron hasta el momento actual, abandonando una y otra vez, incluso sus limitadas promesas de campaña, para terminar arrodillados ante la democracia pactada con la dictadura, bajo la égida de su Constitución.
Echar abajo todo el “legado” del dictador Fujimori
Para nosotros, en cambio, hablar del legado de Fujimori es justamente hablar de la miseria, la entrega de la economía del país, de nuestros recursos, y el sometimiento de la clase obrera al despotismo de la patronal, sobre la base de un inmenso desempleo escondido bajo la máscara del emprendedurismo, con una tasa de informalidad laboral que bordea al 80% de la clase trabajadora, objetivamente imposibilitada de imponer ninguna condición de negociación a la patronal.
Echar abajo ese tinglado construido por el modelo económico neoliberal de la dictadura, mantenido por todos los gobiernos “democráticos” que le siguieron, de 2001 hasta la actualidad, implica llevar adelante una implacable lucha revolucionaria, tomando las calles, paralizando la producción y enfrentando la represión con nuestra autodefensa, para detener los despidos, recuperar nuestros recursos nacionalizando las minas, el gas y los pozos petroleros, y garantizando, tanto en el campo como en la ciudad, educación y salud gratuitas y de calidad, trabajo estable para todos y salarios que permitan vivir con tranquilidad.
Y será esa misma lucha la que conquiste justicia para las víctimas de la represión de la dictadura, y de los gobiernos de belaúnde y García, así como a quienes cayeron por las balas de Toledo, otra vez García, Humala, PPK, Vizcarra, Sagasti, Castillo y Boluarte. Todo esto, por supuesto, no será obra de una elección, sino una conquista de la lucha directa del pueblo trabajador. Y es eso, lo que esa izquierda, no está dispuesta a admitir.
Murió el ex dictador Alberto Fujimori y el Perú oficial le rinde homenaje, mientras la mayoría obrera y popular solo puede sentir regocijo o cualquier cosa, menos pena.
Fujimori muere a los 86 años producto de un largo cáncer, pero lo hace en olor a héroe nacional construido por ese Perú oficial de Boluarte y su Congreso corrupto.
El ex dictador fue investigado y sentenciado a 25 años de cárcel el año 2009, por delitos de lesa humanidad y corrupción. Pero por chantajes de sus sectores afines se intentó su indulto en el gobierno de PPK, indulto que recientemente validó el Tribunal Constitucional, con miembros puestos a dedo por la alianza espuria que controla el Congreso y sostiene al gobierno de Boluarte. Y lo hizo, sin hacerle pagar al Estado los 57 millones de Soles que le impuso la justicia por concepto de reparación civil, y aun sin una mínima señal de arrepentimiento ante las víctimas de La Cantuta, Barrios Altos, las 314 mil 605 mujeres esterilizadas y las miles de víctimas de su ex régimen genocida.
Para mayor afrenta a la memoria y dignidad nacional, incluso su partido anunció hace poco que Alberto Fujimori sería su candidato a la presidencia en las elecciones del 2026.
En estas circunstancias no es casual que el gobierno, el Congreso y los políticos oficiales salgan a lamentar su muerte y a reivindicar su herencia, y que en esa línea se dispongan a rendirle honores como ex jefe de Estado, lo que solo provoca mayor indignación de los sectores obreros y populares.
No hay duda alguna que esos sectores que nos gobiernan están de duelo, y que aprovechan la circunstancia de su eventual y precario ejercicio del poder no solo para lavarle la cara al ex dictador, deificarlo y hasta legitimarse bajo su figura.
Reivindican, dicen, al que pacificó al país de la subversión de Sendero, con guerra sucia y crímenes de lesa humanidad que aquí y en el mundo se han condenado. Reivindican al que saqueó al país junto a una gavilla de pillos y que luego huyó al Japón donde fue reconocido como ciudadano por dicho país.
Imágenes de algunos de los 9 estudiantes detenidos el 18 de julio de 1992, posteriormente asesinados y enterrados en una fosa común a las afueras de Lima por el Destacamento especial «Colina», como parte de la «Guerra sucia» bajo la dictadura fujimorista.
Pero sobre todas las cosas, reivindican al que luego de aplicar un shock económico peor del que ejecuta ahora Milei en la Argentina, impuso la transformación neoliberal del país con la que entregó la economía nacional a la voracidad imperialista privatizando todo, destruyó la educación y salud públicas, así como la industria nacional, echando a la calle a millones de trabajadores y trabajadoras que fueron a parar a los brazos de la informalidad y la precariedad laboral solo para favorecer a un puñado de multinacionales y capitalistas.
El Perú de hoy es producto de esta transformación neoliberal que durante una época se nos presentó como el camino seguro al progreso y que ahora se revela como un fiasco. El neoliberalismo, que solo profundizó el atraso y la dependencia nacional, luego de una década de estancamiento económico ha devenido en recesión, creando más pobreza, desocupación y atraso nacional.
Un modelo que cuando llegó la feroz pandemia del Covid 19 nos reveló de manera brutal que la inmensa brecha que creó entre ricos y pobres era una diferencia entre los que podían vivir y los que éramos condenados a morir. Un modelo además construido sobre la base de la corrupción de las élites políticas, como reveló la mega corrupción de Lavajato en la que están involucrados todos los partidos de derecha e izquierda que gobernaron, pero como parte de una corrupción más extendida en todo el Estado y cuya mayor expresión hoy es el actual gobierno de Boluarte y el Congreso, y de las instituciones en la que se asientan.
Para con la expectativa de cambiar este sistema, en las elecciones del 2022 la mayoría obrera y popular eligió a Pedro Castillo. Pero el fujimorismo y toda la reacción de derecha hicierin todo por violentar la voluntad popular hasta hacer inviable su gobierno y producir su vacancia.
Frente a esto se produjo la sublevación del sur andino entre fines del 2022 y principios del 2023, con la bandera de convocatoria a una Asamblea Constituyente, que enterrara la Constitución fujimorista, para cambiar el régimen político y económico. Por eso tampoco es casual que todas las clases pudientes se unieran en torno al gobierno de Boluarte para ahogar en sangre y derrotar esta rebelión, para imponer el actual “orden” autoritario, corrupto y criminal; a imagen y semejanza de lo que Fujimori hizo en los años 90.
Soldados en la Plaza Bolívar, frente al Congreso de la República, 5 de abril de 1992.
Este es el Perú oficial, el de los corruptos, ladrones, asesinos y entregadores del país, legítimos herederos de Alberto Fujimori, que nos gobierna y llora la muerte de su líder.
Por ello el pueblo pobre y trabajador no tiene nada que lamentar, sino recordar lo nefasto de su legado encarnado en el actual régimen. Recordar que su glorificación por los que hoy nos gobiernan, solo muestra que el país no está ni va a estar pacificado, y que su continuidad en el poder, solo nos anuncian nuevos y mayores confrontaciones.
Están abiertas las heridas de los 49 asesinados, las decenas de heridos de gravedad y los presos en las luchas del 2022-2023. Está abierta el cuestionamiento a un modelo económico que solo trae más pobreza con fábricas que cierran y despiden obreros y un país que se sigue entregando a las multinacionales mineras y a los agroexportadores, mientras la corrupción gobierna al mismo tiempo le que abre camino al crecimiento de economía ilegal y al crimen organizado.
El Perú que heredamos de Fujimori y que no pudimos enterrar el año 2000 cuando cayó su gobierno por la complicidad de todos los partidos burgueses y de “izquierda” que preservaron la continuidad de su modelo y del régimen establecido por la Constitución fujimorista, es un Perú que hoy vive estancado, retrocede y se descompone en todo ámbito.
Si la muerte del ex dictador sirve de algo es para recordarnos que la tarea por acabar con su herencia política es más vigente que nunca.
Manifestante durante las jornadas de diciembre de 2022 y enero-marzo de 2023, que enfrentaron al gobierno de Boluarte.
El camino para lograrlo ya fue señalado con la sublevación liderada por el sur andino heroico y digno. Y para llevar a cabo esta tarea hasta el final no es suficiente la disposición de lucha de masas, sino que necesitamos poner en pie una verdadera dirección revolucionaria, porque las actuales que predominan en la llamada izquierda, son traidoras y su agenda solo es electoral.
Murió Fujimori, pero falta enterrar su Constitución enterrando al fujimorismo, a toda la reacción de derecha y a sus herederos políticos, construyendo una salida desde la clase obrera y popular.
El crimen organizado se masifica y se desboca en atentados contra la población más pobre y necesitada de los distritos populares, que ahora protesta con un paro que paraliza Lima y Callao.
El paro del transporte anunciado para los días 10, 11 y 12 de octubre, paralizó Lima en su primer día, haciendo que la ciudad viva un verdadero caos en los distritos más populares: ausencia casi total de movilidad, cierre de mercados y pequeños negocios, marchas y fuerte presencia policial y militar.
Muchos no fueron a trabajar y no hubo clases presenciales, y las zonas de densidad comercial, como el emporio de Gamarra, en el distrito de La Victoria, o “Mesa Redonda”, en el centro histórico de la ciudad, hasta la zona residencial y empresarial del distrito de San Isidro, lucieron casi vacías. Un hecho inusual para una ciudad de 11,5 millones de habitantes.
Esto suele ocurrir en los paros nacionales verdaderos (no como la finta que ahora convoca la Confederación General de Trabajadores del Perú – CGTP). Solo que ahora los que realizan el paro no son los sindicatos, sino la masa de trabajadores precarizados e informales que habitan los distritos populares que rodean el centro de la ciudad.
Por esto mismo, esta paralización resultó más fuerte y combativa que la organizada por las grandes empresas de transporte, el pasado 3 de octubre. Empresas que esta vez se echaron atrás, en acuerdo con el gobierno o ante las amenazas de las bandas criminales. Los que protestan ahora, dicen: “Prefiero perder mi día de sustento, en defensa de mi vida”.
El paro anterior no logró resultado alguno. Al contrario, el crimen se vengó contraatacando. El gobierno y el Congreso, ensimismados y con prepotencia, no derogaron la Ley 32108 (“Ley del crimen organizado”), hija de los peores corruptos del régimen, que al limitar la aplicación de sanciones al crimen organizado, en realidad lo incentiva.
En su lugar, a clásico estilo gorila, declararon el estado de emergencia en 14 distritos de Lima y el Callao, colocaron al ejército en las calles y lanzaron una propuesta de Ley de “terrorismo urbano”, que buscaba impunidad policial y mayor represión… Es decir, solo han recortado derechos y libertades que afectan a todos dejándonos vulnerables ante las mismas fuerzas llamadas a traer seguridad.
Ante esta pantomima, el crimen organizado contraatacó para mostrar que son ellos los que mandan y no las autoridades. Buses quemados, nuevos muertos y más amenazas.
Por ello la nueva protesta esta vez viene de más abajo: de los microbuseros y mototaxistas, de los vendedores ambulantes, de todos los que a diario salen a buscarse el sustento diario. Y salieron con más indignación por las respuestas del gobierno y del Congreso, a los que también ven con odio. Son esos sectores los que se movilizaron en forma masiva desde los conos hacia el centro, donde se encuentra la sede el Congreso solo para encontrar a la policía.
La represión, que es inepta para combatir al crimen, aquí mostró una vez su eficacia para reprimir la protesta. En lugar de hacer frente a los criminales, reprimen a los que luchan contra ellos. Y peor, ante las demandas de fondo, el gobierno y el Congreso mantienen el mismo discurso prepotente; lo que enciende más la bronca.
Desde donde se lo mire, esta lucha es justa. Como en la rebelión del 2022-2023, los que hoy se rebelan contra el régimen son los más pobres, esta vez de Lima. Son pobres por culpa del régimen corrupto y su política económica que solo favorece a los ricos y corruptos. Y que ahora, como parte de esa misma política o de su propia ineptitud y desinterés, no solo permiten sino alientan el crecimiento de la criminalidad, de la común y profesional, dejando a su suerte a la población más necesitada.
Si no hay solución inmediata y efectiva la gente no va a bajar los brazos. La criminalidad tampoco, provocando más hechos de sangre. Y nuevas protestas.
Ante esto, la tarea es apoyar esta lucha y hacer nuestras sus banderas, no solo para la solución de las demandas sino para que se vayan el Gobierno y el Congreso, responsables de esta situación de y muchos males que afectan al pueblo todo, como los despidos masivos y ceses colectivos en la industria.
Es una lucha justa que la clase trabajadora debe apoyar y hacer suya. No es casual que ante ella la CGTP y las organizaciones de “izquierda” electorera no digan nada. En lugar de sumarse a la protesta y construir una sola con las urgentes demandas obreras, se hacen la vista gorda cuidando su plan de canalizar todo hacia la salida de las elecciones del 2026.
La central ha convocado a una jornada el jueves 17, por aumento del salario mínimo y otras demandas. Es una oportunidad para hacerse presentes en ella con todas las bases, con las banderas más combativas de la clase obrera y de los sectores populares en lucha.
El 29 de agosto pasado se estrenó, en el cine Gaumont de la ciudad de Buenos Aires, el documental “Tiempo largo y jodido. ¿Qué querés que te diga?” hecho por el cineasta Hugo Lescano sobre la base de dos largas entrevistas realizadas por el periodista Carlos Rodríguez, en 2019 y 2021, al militante y dirigente revolucionario peruano-argentino Ricardo Napurí. El documental fue realizado con el apoyo financiero y técnico del INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina)[1]. El INCAA es una institución oficial. Los gobiernos peronistas/kirchneristas le dieron mucho impulso y ahora está siendo atacado (casi desmantelado) por el gobierno de Javier Milei.
Con 99 años, Napurí se mantiene plenamente lúcido y con la capacidad de referirse claramente a los hechos históricos en los que participó o de los que fue testigo, cómo estos fueron incidiendo en su pensamiento político y sobre figuras destacadas de esos acontecimientos con las que tuvo contacto personal en Perú, Argentina y otros países latinoamericanos. Entre ellos, el peruano Luis de la Puente Uceda, el argentino Silvio Frondizi, el Che Guevara y Fidel Castro, el chileno Salvador Allende, el venezolano Hugo Chávez.
De esa forma, va hilvanando de modo muy ameno, sus más de setenta años de acción política, iniciada en 1948 cuando era un joven teniente de aviación militar en el Perú y se negó a bombardear un barco lleno de civiles que participaban de un levantamiento contra el gobierno peruano. Fue castigado por ello y obligado a exiliarse en Argentina. La entrevista se inicia con ese recuerdo y llega hasta el momento actual. En ese marco, reivindica la revolución cubana como el gran proceso revolucionario de la segunda mitad del siglo XX y también a Fidel Castro, el Che Guevara, y al movimiento que encabezaban.
Aunque no utiliza estos términos en el documental, Napurí se presenta a sí mismo como un “trotskista crítico” en el campo de la “revolución permanente” formulada por Trotsky. Es decir que, en su valoración de procesos y dirigentes, no se guía por el “dogmatismo” sino por los hechos y acciones concretas.
En este sentido, el documental transmite la idea de que el proceso esencial del siglo actual ha sido el chavismo venezolano y su propuesta de Socialismo del Siglo XXI. Incluso Napurí refiere el encuentro en el que Chávez se dijo “trotskista” frente a Putin, a quien caracterizó como “estalinista”, señalando que esa era la diferencia entre ellos. El documental muestra las imágenes de la visita que realizó a Venezuela para ver y apoyar a Chávez, y su participación en el programa televisivo “Aló presidente”. Es con esta visión que analiza brevemente lo que pasaba en aquel país al momento de las entrevistas.
Napurí es parte de numerosos dirigentes y organizaciones provenientes del trotskismo que siguieron este camino de apoyo al chavismo (e incluso la integración a este movimiento). En numerosos escritos hemos debatido con estas caracterizaciones y posiciones que consideramos profundamente equivocadas[2]. Mucho más equivocado es seguir reivindicando al chavismo en este documental que se estrena en el momento en que el régimen político que ahora encabeza Nicolás Maduro muestra su más feo rostro: una dictadura capitalista al servicio de la “burguesía bolivariana” contra los trabajadores y el pueblo venezolano[3].
Hasta aquí estamos en el terreno de la evolución del pensamiento político de Napurí, de las conclusiones que ha sacado de los hechos de la realidad, y de las propuestas que se derivan de ello. Aunque no las compartamos, podemos entender ese proceso.
No obstante, la cuestión central es que el documental tiene grandes omisiones sobre el trotskismo internacional, latinoamericano, peruano, y especialmente argentino, que marcaron muchos años de su vida militante (y de los dirigentes que incidieron en él).
Napurí parte de reivindicar al argentino Silvio Frondizi como el que lo gana para el trotskismo y lo forma en esa concepción, a finales de la década de 1950 e inicios de los ’60, cuando Napurí ingresa al grupo Praxis que dirigía el propio Frondizi. Con justicia, se reivindica su discípulo.
Ahí, aparece la primera omisión. En 1964, Praxis se divide en dos sectores. Una de ellas, encabezada por Silvio Frondizi se aproxima a la propuesta castro-guevarista de formar una organización guerrillera en Argentina, impulsada por Roberto Santucho. Mantiene esta propuesta hasta el momento en que es asesinado en 1974 por la Triple A (hecho que es mostrado en el documental).
El otro sector, encabezado por Jorge Altamira, fundaría la organización Política Obrera, reivindicándose “trotskista ortodoxa”. Poco después, este sector ingresa al CORCI (Comité de Organización por la Reconstrucción de la Cuarta Internacional), organización internacional dirigida por el trotskista francés Pierre Lambert (corriente conocida como lambertismo).
Napurí adhiere a esta posición y, como militante del lambertismo, vuelve al Perú y participa en la fundación del Partido Obrero Marxista-Revolucionario (POM-R), en 1970. Como dirigente de este partido luego forma parte del FOCEP (Frente Obrero Campesino Estudiantil Peruano), en 1977, y es electo senador. Es interesante destacar que, desde la década de 1950, ya existía una organización trotskista en el Perú (el POR), impulsada desde Argentina por Nahuel Moreno. Luego del ingreso del gran dirigente campesino Hugo Blanco tomaría el nombre de FIR.
Esa experiencia de Napurí como militante y dirigente del lambertismo es completamente omitida en el documental. También es completamente omitida su ruptura con el lambertismo y su participación como fundador de la LIT, en 1982 junto con la Fracción Bolchevique (organización internacional dirigida por Nahuel Moreno)[4].
A partir de ese momento, siempre defendió públicamente que, en el Perú, “su partido” era el PST (sección peruana de la LIT). Lo más importante es que, poco después, se radica de modo definitivo en Argentina y es electo miembro del CEI (Comité Ejecutivo Internacional), la máxima dirección de la LIT. Incluso es uno de los oradores del acto público realizado luego de la muerte de Nahuel Moreno (enero de 1987) al que despide con muchísimo afecto y respeto, considerándolo como referente. Continuó como dirigente de la LIT varios años más. El documental ni siquiera se refiere a este período de militancia de Napurí, cuando la LIT-CI llegó a ser la organización trotskista más fuerte del mundo y el MAS el partido de izquierda más grande de Argentina.
Fue en esos años, cuando tuve la posibilidad de conocerlo personalmente y tener varias charlas con él ya que, como redactor de la página internacional de Solidaridad Socialista, (periódico semanal del MAS), consultaba mis artículos con él para que, como miembro del CEI de la LIT, me diera sus opiniones e hiciera sus observaciones. Napurí era muy respetuoso y amable en el trato con los cuadros más jóvenes del morenismo. En este sentido, guardo un muy buen recuerdo de él como dirigente y como ser humano.
Posteriormente, en el marco de la crisis vivida por la LIT-CI en la década de 1990 y su división, Napurí (al igual que otros dirigentes) se alejó de la LIT-CI y del morenismo e inició una deriva que concluye con sus visiones y posiciones actuales. No es el objetivo de este artículo hacer el debate con esas posiciones.
Pero no podemos dejar de criticar este documental por omitir esas experiencias políticas que signaron muchos años de su vida militante de Napurí. Tal vez, eso fue el resultado de una “tijera” utilizada por el director, que podó esas partes de las entrevistas. En un libro publicado hace algunos años con su biografía, Napurí llega a conclusiones políticas parecidas a las que expone en el documental, pero incluye capítulos dedicados a esas experiencias que el documental omite[5].
En todo caso, Napurí avaló en los hechos el resultado final: antes del documental, se reprodujo en la sala del Gaumont un mensaje grabado por él en el que se lamentaba no poder asistir por su edad, pero no hace allí ninguna crítica o referencia a estas omisiones.
Aquí cabe hacer un comentario de otro documental realizado con financiamiento del INCAA sobre la figura de Nahuel Moreno y la corriente fundada por él. Nos referimos a “El trotskismo bárbaro”, del director Marcel Gonnet, estrenado en 2015, también en el Gaumont[6]. El director reunió entrevistas realizadas a varios dirigentes que militaron en diversas épocas en la corriente y organizaciones dirigidas por Moreno en Argentina y en Perú, pero que en algún momento se alejaron, rompieron con él, y le hacían duras críticas. En ese documental, Moreno que, además de la LIT, fundó y orientó organizaciones trotskistas en muchos países, es presentado como un burócrata autoritario que cerraba todo debate interno y “liquidaba” a quienes lo criticaban. Una verdadera falsificación de cómo actuaba en la realidad como dirigente.
En este documental, Napurí no realiza ninguna crítica a Moreno, la LIT-CI y el morenismo. Pero (a diferencia de lo que expone en su libro) no dice una palabra de su integración, en 1982, a la LIT-CI, su papel dirigente en ella por más de una década y la gran influencia que tuvo Moreno sobre él en esa época. En otras palabras, Moreno, la LIT-CI y el morenismo son completamente ignorados, como si no hubieran existido en la vida de Napurí ni en la vida política del trotskismo en el siglo XX.
Respetamos su figura porque mantiene, con casi 100 años y más de 70 de actividad política, su llamado a la lucha revolucionaria de las masas y a la militancia por la revolución socialista. Él tiene todo el derecho de haber cambiado sus visiones y posiciones sobre cómo lograr esta revolución e incluso de reivindicar a Hugo Chávez, como una expresión de esta lucha (aunque consideremos que se equivoca en esa posición).
Lo que lamentamos es que haya prestado su figura y su voz para avalar un documental en el que, de modo intencional, se “borra” completamente el papel de Moreno y la LIT-CI en la historia política del trotskismo latinoamericano y, en particular, del argentino.
[1] “Muchas generaciones han luchado por un mundo mejor” | ANCCOM (uba.ar)
[2] Los debates sobre Venezuela – Liga Internacional de los Trabajadores (litci.org)
El miércoles 7 de agosto los trabajadores de la fábrica Celima fueron sorprendidos cuando la empresa les notificó que 216 de ellos eran despedidos como parte de un plan de reestructuración. Un mes después, su organización sindical anuncia una nueva marcha, esta vez a las oficinas de la empresa, reiterando su determinación de luchar hasta ser repuestos, aun cuando esta se perfila larga y difícil.
Ese día miércoles 7 que quedó indeleble en sus memorias, se inició con una invitación de la empresa a una reunión con toda la Junta Directiva de la organización sindical. No era para conversar con ellos sobre el pliego de reclamos que hace un año espera solución, sino era para comunicarles que estaban despedidos. Le siguieron otras reuniones casi en simultáneo en las tres plantas que tiene la empresa, a las que fueron convocadas los 216 trabajadores para comunicarles lo mismo, entregarles una carta justificatoria e invitarlos a acogerse a una renuncia “voluntaria”.
Además de la dirección del sindicato en pleno, la lista incluía a un centenar de sindicalizados, entre ellos a reconocidos activistas del movimiento obrero peruano con más de 20 años de trayectoria de lucha, y a trabajadores con lesiones de trabajo que se encontraban con descanso médico, todos con ubicaciones especializadas y permanentes en distintas áreas de la fábrica. “Nos han escogido –dice Jack Reyes, uno de la lista y referente clasistas del sindicato–, como parte de un plan de ajuste patronal que busca defender sus ganancias”.
Como el verdugo que debe seguir protocolos antes de ejecutar a su víctima, estas reuniones en realidad solo eran parte de un procedimiento formal e hipócrita como es todo el sistema jurídico burgués que “resguarda” los derechos, para proceder al despido crudo y simple.
La calle en el Perú
Fue brutal. En cualquier parte del mundo un obrero y su familia dependen de su trabajo para vivir aun con penurias. Pero en Perú, con 80% de informalidad o subempleo, desocupación en ascenso e inseguridad y criminalidad desbordadas, la calle equivale a estar condenado al sálvense quien pueda o la muerte lenta; más tratándose de trabajadores que promedian los 45-50 años, con 20 o más en la empresa y con hijos en la adolescencia y en la Universidad; es decir con una vida ya hecha que el despido ahora desmorona.
Fue brutal también porque los tomó de sorpresa. Celima es una conocida corporación empresarial que se ha expandido y lidera el mercado desde hace varias décadas, donde sus trabajadores sentían alguna seguridad y futuro. Ahora, muchos de ellos en la calle no tendrán dinero ni para pagar el recibo de luz.
El grupo Celima-Trébol
Celima es parte de una corporación dedicada a la fabricación y comercialización de revestimientos cerámicos o acabados de construcción. Cuenta con tres grandes plantas de producción, una red de megatiendas y otras fábricas de insumos y de sanitarios, con los que lidera el mercado nacional y exporta a diversos mercados. Fue fundada hace más de 40 años por Augusto Belmont Cassinelli que, junto a su clan familiar, comparte la propiedad del grupo. Y es gestionada por Enfoca, una financista especializada en comprar empresas en quiebra para revenderlas luego de reflotarlas, y que en su página web se presenta como especializada en “mejorar los negocios”, eslogan que los obreros de la corporación pueden dar fe de lo que esto significa en sus propios pellejos.
Su despegue se produjo en los últimos 20 años junto al despegue económico del país motorizado por un modelo liberal que promueve la ganancia capitalista sobre los intereses nacionales y la propia fuerza de trabajo. Creció hasta llegar a construir una moderna mega planta en las afueras de Lima que afirmó su posicionamiento. En el mismo periodo apareció una nueva fábrica de cerámicos de capitales mexicanos, Cerámica San Lorenzo, que apenas llegó a hacerle sombra captando el 18% del mercado. No obstante, la rentabilidad de Celima se ha sustentada no en su cualificación tecnológica ni organizativa sino en políticas de despotismo y precariedad laboral que permiten las leyes y protegen los gobiernos nacionales, en la misma línea de cómo sucedía hace un siglo, cuando los empresarios mineros usaban arrieros para transportar mineral porque resultaban más baratos que traerlo por vía férrea.
En la última década la economía nacional se resintió cayendo a niveles mínimos, y el último año incluso ingreso a su primera recesión en 30 años, lo que trajo cierre de empresas, reestructuraciones de otras y una ola de despidos que alcanzó a Celima. Pero el impacto más importante que ha sentido la empresa ha sido la reciente aparición en el mercado nacional de una nueva competencia. ¡Y qué competencias! Se instalaron en el país dos megafábricas chinas que han empezado a desplazarla, y hasta amenazan con dejarla fuera de juego en algún momento.
Las multinacionales chinas
Como si desesperadamente faltaran cerámicos en el Perú el último año se instaron dos megafábricas de cerámicos de origen chino: Portalatino, a 100 km de Lima, y Tengda, en Ica, a 300 km de Lima; cada una de ellas con inversiones que promedian los 70 millones de dólares, ocupando áreas superiores a las 30 ha. y con capacidades de producción que fácilmente alcanzan al de Celima. Por ejemplo, solo Portalatino muestra una capacidad de producción de 36 millones de m2 por año frente a Celima cuya capacidad llega en la actualidad a 43 millones. Estamos hablando de empresas que recién se instalan, que crean y desarrollan tecnología y que vienen no solo a copar el mercado nacional sino desde aquí buscan cubrir el mercado de esta parte del mundo. El plan de China es instalar fábricas en esta región para aprovechar el megapuerto de Chancay para cubrir el mercado latinoamericano, por ejemplo, fabricando autos eléctricos.
La guerra recién se ha iniciado este año y sus consecuencias ya se dejan sentir. Portalatino, operando con mil obreros ya atiende el mercado nacional y de países vecinos con precios más baratos que los de Celima, en tanto Tengda, que había anunciado su inicio de operaciones en noviembre del año pasado, aún no lo hace porque se ha enredado en varias denuncias, una de ellas por haber realizado su construcción sin los permisos de ley y otra por corrupción, vínculados con Nicanor Boluarte, hermano de la presidente, que es procesado por vender favores a particulares. Pero el solo inicio de Portalatino ya produjo la paralización casi completa de Cerámica San Lorenzo, cuya mayoría de trabajadores fueron sometidos a suspensión perfecta de labores, y en Celima, donde algo más de un 10% de ellos ha sido colocados en cese colectivo.
¿Qué va a pasar después?
Nadie lo puede saber, lo cierto es que en cualquier caso se vive una nueva realidad, que estará marcada por la creciente presencia de los nuevos cerámicos de las fábricas chinas que irán desplazando a los de Celima y San Lorenzo. Por ahora lo que estas alegan es la aplicación de “reajustes”, pero tratándose de empresas con capitales y tecnologías más rezagadas su horizonte será de ajustes permanente buscando nivelarse con la capacidad productiva de las empresas chinas. No olvidemos que la finalidad del capital es obtener la ganancia media a más, y que esta la logran los que lideran en tecnología –en la que aventajan los chinos– y en el costo de la mano de obra –en el que también aventajan porque emplean mano de obra más barata que Celima y San Lorenzo donde los trabajadores acumularon algunos derechos en años de luchas.
Esta guerra de blancos recién se ha iniciado, pero como Jalisco, ellos nunca pierden sino solamente los trabajadores. En últimas, la opción de los capitalistas siempre es llevar su capital a otras áreas de inversión. La ventaja de Celima no solo es su posicionamiento de marca sino también su control de una red de distribución y de megatiendas a nivel nacional, ventaja que la coloca como candidata a pasar de principal productor a principal distribuidor de cerámicos; papel a la que el modelo de libre mercado tiende a relegar a los burgueses nacionales.
Los trabajadores
Esta es la magnitud de la problemática que enfrentan los trabajadores de Celima y San Lorenzo; en realidad, no es solo un problema de ellos sino de toda la clase trabajadora y que ahora incluye a los obreros de las nuevas fábricas chinas mencionadas. Los trabajadores enfrentan ataques brutales en el marco de las facultades que les da la ley a las empresas para enfrentar casos de crisis y reestructuración. Son procesos largos en los que deben sustentar sus pedidos, pero donde por lo general las decisiones de la autoridad se definen por criterios políticos. Las empresas saben de esta cuestión, pero lo hace y va a seguir cada una de las etapas de dichos procesos sabiendo que al final tienen incluso la vía judicial, dentro de una estrategia dirigida a alargar el proceso para cansar a los trabajadores que, sin recursos económicos, son tentados a vender sus renuncias. Así, por lo general, lo que sucede es que al final los trabajadores pueden ganar pero solo regresará la minoría que pudo resistir; esto es, puede haber un triunfo legal pero una derrota en el terreno de la imposición de los objetivos de la empresa, situación que viene configurando la ofensiva patronal que en los últimos años se viene cebando con los derechos de los trabajadores. Es posible revertir esta situación, por supuesto que sí. De eso se trata la batalla de los compañeros de Celima que han iniciado una dura lucha, una de cuyas manifestaciones se llevará a cabo el jueves 5 de octubre en la oficina de la empresa, al cumplirse el primer mes de los ceses. Una batalla que también representa un llamado a la lucha a toda la clase trabajadora peruana para frenar los despidos y derrotar al gobierno reaccionario de Boluarte.
El reciente proceso de cese colectivo en Celima hace parte de una larga lista de cierres, ceses e imposiciones de “suspensiones perfectas de labores”, que desde hace 5 años se ciernen sobre la clase obrera, particularmente la industrial, en el país.
Por Víctor Montes
Siendo, la derrota de los ceses colectivos, una lucha vital para el conjunto de la clase obrera, nos encontramos en un momento dominado por la confusión y falta de movilización, como consecuencia de la política que las organizaciones reformistas, como el Partido Comunista – Unidad, Patria Roja o sus acólitos del ML-19, entre otro, han venido impulsando.
Resulta crucial, entonces, poner en cuestión dicha política y abrir una discusión con el conjunto de la vanguardia obrera sobre el camino a seguir para derrotar los ceses, pero más, para imponer soluciones a la crisis económica y política que asfixia al país.
¿Qué está en cuestión con los ceses?
En primer lugar, el proceso de ceses colectivos, despidos y cierres que se viene desarrollando en el país, hace parte de la profundización de la desindustrialización y desnacionalización de la economía peruana.
Si ya desde la década de 1990 se impuso, bajo las botas de la dictadura fujimorista, un modelo de acumulación en el que el país volvía a exportador materias primas, particularmente minerales, llevando a la quiebra y desaparición a una importante porción de la limitada industria nacional que existía desde la década de 1950, hoy nos encontramos en una nueva “vuelta de tuerca” en favor de ese mismo modelo.
Sin embargo, para los patrones esto no es problema en tanto puedan mantener sus negocios contratando obreros en peores condiciones laborales y salariales, acceder a ser socios menores o ejecutivos de las empresas que vienen a reemplazar sus viejos negocios. O, incluso, si logran pasar al rubro comercial.
En cambio, para los obreros y obreras el cierre de la fábrica es una tragedia. No porque sientan “amor” a la fábrica. Los obreros y obreras odian la explotación. Y en ese sentido, aunque no sean del todo conscientes, buscan mil y una formas de sacarle la vuelta al trabajo. Pero otra cosa es quedarse sin sustento, para ellos, ellas y sus familias.
El cierre de la fábrica, o el cese colectivo, es un salto a la nada, que los lanza a la informalidad y a un mayor grado de explotación y miseria.
Por eso, la lucha contra los despidos, ceses colectivos y cierres de fábrica, hace parte de la lucha de toda la clase obrera y el pueblo pobre contra la dominación imperialista y capitalista, que privilegia sus ganancias por sobre la vida de las personas y el desarrollo del país.
¿Qué papel juega el reformismo en la lucha contra los ceses?
Como todos los reformistas a lo largo de la historia, el Partido Comunista, Patria Roja y un largo etcétera, falsean la realidad y los conceptos con los que se comprende la misma, para así desarmar a la clase obrera en su lucha y mantenerla atada a sus propios intereses electorales.
Así, hablan de “unidad”, pero dividen las luchas de los sindicatos, llevando por separado sus casos al terreno legal, para no hablar de la separación que imponen con la lucha popular en el interior del país, por la que ni siquiera se pronuncian.
Exigen la “caída del ministro de trabajo”, para callar sobre la necesidad de echar abajo al gobierno de Boluarte y al Congreso, que son los actuales garantes de la explotación capitalista e imperialista en el país. Garantes que, ya lo han demostrado, se han impuesto a sangre y fuego y restringido los espacios democráticos en el país.
Llaman “amigos” y “aliados” a congresistas y organizaciones que están completamente adaptadas a la legalidad patronal, que nunca se han manifestado siquiera por el fin de la explotación, pero que para los reformistas son claves pues les abren la posibilidad de pactar alianzas electorales.
Pero fundamentalmente, llaman “lucha” a las demandas judiciales, que es su única estrategia real de acción frente a los despidos. Con esta orientación, sacan a la clase de las calles y las acciones directas de lucha. Con esto, facilitan el debilitamiento de la lucha, que se prolonga en el tiempo y demanda gastos. Dos factores que la empresa tiene y no los trabajadores.
Justamente por eso, para quienes tenemos una comprensión marxista y de clase, está claro que la justicia de los patrones, donde todo se compra y se vende, no es el terreno en el que se desarrolla la lucha obrera en forma natural.
La legalidad burguesa, patronal, si bien ha tenido que reconocer a lo largo de la historia las conquistas que la clase trabajadora ha arrancado a su dominación en base a sus luchas, parte del reconocimiento de los derechos de los patrones por sobre cualquier otro, comenzando por su derecho a la propiedad privada, capitalistas, sobre los medios de producción (fábricas, minas, etc.) y por eso mismo, a la explotación.
Imponiendo esta ilusión en la legalidad burguesa, mantienen la acción de la clase obrera bajo control, atrapada en el mito de que el problema de los ceses se resolverá con una “buena defensa legal”, mientras la vida arrastra a los obreros a buscar nuevos trabajos y a abandonar la lucha directa, en las calles, facilitando así la materialización de los despidos y, la continuidad del gobierno que lo que menos quiere, es que se abra un frente de conflictos en la clase obrera industrial.
¿Cuál es el camino para acabar con los ceses colectivos?
La lucha contra los despidos tiene, por tanto, un conjunto de aristas que la convierten en un aglutinador de la indignación obrera y popular.
Por un lado, enfrenta la desesperación de la patronal por garantizar sus ganancias a costa de la vida de los obreros, obreras y sus familias.
De fondo, se enfrenta al avance en la subordinación de la economía nacional a las grandes transnacionales imperialistas que desindustrializan el país para ganar más.
Como pieza en el juego de la correlación de fuerzas entre la clase obrera y los patrones, abre la posibilidad de revertir las condiciones desfavorables que el gobierno de Dina Boluarte, de la mano con el Congreso, ha creado a partir de la feroz represión con la que se impusieron y la defección de los autodenominados sectores “democráticos” a continuar luchando.
Y en el de la organización obrera, plantea la necesidad de superar a la dirigencia reformista, encabezada por el PC, que ha adormecido a los trabajadores y trabajadoras y desmoralizado a los luchadores del sur y a la propia clase obrera.
Pero para que la lucha contra los ceses logre convertirse en un factor central de la lucha de clases, que haga frente de manera efectiva todos estos aspectos de la situación del país, es imprescindible “tejer fino”.
En primer lugar, es clave llamar a la más amplia unidad de acción contra los ceses y despidos, impulsando reuniones, asambleas y la coordinación de los sectores afectados, estén o no sindicalizados, y llamando a las organizaciones del pueblo a ser parte de la misma lucha.
En esto, las dirigencias tienen su propia responsabilidad. Aunque suene contradictorio, es imprescindible exigir a la CGTP, la CUT, la FETRIMAP y demás federaciones del ámbito sindical, que son las responsables concretas de las organizaciones obreras a nivel nacional, que se pongan al frente y concreten una acción de lucha unitaria, que debería ser un gran paro combativo, que junto a la exigencia de la caída de los ceses, y la reposición de los despedidos y despedidas, sume a sus banderas las necesidades del pueblo pobre.
Ahí donde se pueda, y lo exija la realidad, los obreros y obreras organizadas tendrían que tomar las fábricas para impedir su cierre y los despidos, poniendo a funcionar las máquinas bajo su propio control, tal como vienen funcionando más de 400 empresas en Argentina desde la crisis de 2001.
Y por último, hay que reivindicar, como salida de fondo, la nacionalización de las empresas que despidan a sus trabajadores, o que cierren sus plantas. Solo así, se puede garantizar que todos los obreros y obreras mantengan sus trabajos. La fábrica entonces debe pasar a funcionar bajo control de sus trabajadores, del comité de fábrica, que debe organizar la continuidad de la producción, mientras el Estado garantiza la compra de materias primas, el pago de la energía, etc.
Necesitamos una dirección para esta lucha
Será solo en ese terreno, el de la lucha directa, el de la acción masiva del pueblo trabajador en las calles, en el que se podrá definir el destino de los ceses.
Esto exige organizar de forma independiente y políticamente a los sectores más combativos, para construir una dirección que de forma consecuente, combativa y clasista, se ponga a la cabeza de la pelea por la reposición inmediata de todos los despedidos y despedidas, la prohibición de los ceses, de la “suspensión perfecta de labores”, y demás mecanismos con que la patronal ataca el derecho elemental al trabajo.
Solo así, pondremos coto a la ola de ceses y despidos. Y abriremos, al mismo tiempo, el camino a la lucha por el poder y el socialismo.
Esta es la tarea a la que se aboca el Partido Socialista de los Trabajadores, que sin ninguna confianza en la legalidad patronal, levanta las banderas de la lucha directa de la clase obrera por sus derechos y más sentidas necesidades.
Los obreros de Celima, organizados en su combativo sindicato, han vuelto a dar muestra de lucha y dignidad obrera, haciendo frente al anuncio de despidos masivos por parte de la empresa, con plantones, marchas y llamados a la unidad de toda la clase obrera para enfrentar la norma que legaliza los Ceses Colectivos.
Por Víctor Montes
Este 28 de agosto el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ratificó la improcedencia de la solicitud de inicio del procedimiento de Colectivo (despidos masivos) iniciado al caballazo por Cerámica Lima S.A., contra 216 obreros que laboran en las tres plantas que la empresa tiene en Lima. Más de la mitad pertenecen al Sindicato de Trabajadores de Celima S.A. y Conexos, incluye a toda su Junta Directiva y a los representantes de los trabajadores ante el Comité de Salud y Seguridad en el Trabajo. El anuncio fue recibido con alegría y arengas de lucha por los obreros de Celima que, recibieron la notificación con una importante movilización y plantón frente a la Autoridad de Trabajo, exigiendo inmediata reposición y el pago de sus haberes, mientras preparan una nueva Asamblea para implementar las nuevas acciones porque entienden que la lucha recién ha comenzado. No cabe duda que la decisión del MTPE, en primera y ahora en segunda instancia, es un triunfo político de la lucha que iniciaron los obreros organizados en el Sindicato, apenas la empresa anunció el cese, el 6 de agosto último. Fecha desde la cual la empresa les ha impedido el ingreso a las plantas y aplicado la “suspensión perfecta de labores”, otro mecanismo legal pernicioso que permite a los patrones enviar a casa a los obreros sin percibir salario y atención médica.
¿De dónde viene este proceso?
Como escribió el activista obrero del Sindicato Celima, y militante del Partido Socialista de los Trabajadores, Manuel Fernández, desde principios de año la empresa había comenzado a dar muestras de la intención de despedir a un grupo importante de trabajadores. Al no poder hacerlo desde un inicio, impulsó una política de “renuncias voluntarias”, que hizo carne en un sector del Sindicato: “…arrancamos el año con el aviso que los almacenes de productos terminados se encontraban en sobrestock, pese a las paradas de planta que se habían sucedido el año anterior. No demoró mucho para que la patronal decidiera paralizar algunas líneas de producción en la sede de San Martín de Porres (populoso distrito del norte de la ciudad de Lima) y luego convocar a los trabajadores de esas líneas para comunicarles que “ya no hay trabajo”, chantajeándolos para que acepten un acuerdo de “retiro voluntario” bajo la amenaza de ser despedidos.” (Fernández, M. Bandera Socialista 144) La respuesta se organizó desde la base con un grupo de vanguardia del Sindicato, quienes rápidamente realizaron reuniones puerta de fábrica para discutir la problemática y proponiendo acciones de lucha para frenar las amenazas de despidos. Si no se avanzó más entonces, fue porque la dirección sindical optó por la negociación subestimando el ataque patronal que al final se descargaría en forma definitiva a inicios de agosto.
El cese no es un “rayo en cielo sereno”
La situación que viven los trabajadores de Celima no es, sin embargo, singular. Desde el 2023 la economía peruana se encuentra en recesión (cerró el año con una contracción de 0.55% del PIB). Y a pesar que los números que hablan de una recuperación de la economía, los principales gremios patronales, como la Sociedad Nacional de Industrias, muestran que la industria vive una muy débil recuperación de 1,5% en el primer semestre del año, los desagregados muestran que se explica por el crecimiento del sector fabril primario (8.3%) en contraste con el sector fabril no primario, lo que propiamente es la industria, que cerró el primer semestre con una caída del 0,4%. Por su parte, la inversión privada disminuyó en el país en 1,8% el primer trimestre del año y 0,4% el segundo. Este es el marco económico de los ceses colectivos, una norma a la medida de los intereses patronales que pone las ganancias por encima del derecho humano al trabajo. Lo cierto es que la patronal envalentonada viene aprovechando el marco económico para golpear a las camadas de obreros y obreras que, en los últimos 20 años, reconstruyeron sus sindicatos y ganaron, con lucha, incrementos en sus salarios y el respeto a sus derechos laborales. Por eso a principios de año, la fábrica Bosch, que en nuestro país se dedicaba a fabricar cocinas y congeladoras, cerró operaciones en el país y echó a la totalidad de los obreros (más de 400), 80 de ellos sindicalizados. Ya antes, en noviembre de 2023, Embotelladora Graco S.A.C. –subsidiaria del Grupo Económico AJE, también había echado, por medio de un cese colectivo a 208 trabajadores, incluyendo varios sindicalizados. Otras empresas con procesos de cese colectivo son Cifarma y Ollas Record, entre otros.
El aval del gobierno
Además de los elementos que componen la coyuntura económica, y su impacto en el país, la patronal se siente fortalecida por el aval que le otorga el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso dominado por el fujimorismo y sus acólitos. La imposición del gobierno, sobre el asesinato directo, a manos de la policía y el Ejército, de 49 luchadores, le ha dado a la patronal confianza en que su ofensiva será resguardada a sangre y fuego por un gobierno advenedizo que depende enteramente de su apoyo, expresado en la complicidad de un Congreso impresentable, lleno de corruptos, personajes ligados a los crímenes contra los derechos humanos en la dictadura fujimorista, y otros tantos ligados a la minería ilegal, entre otras.
La política de las direcciones conciliadoras
Sin embargo, no ha sido solo la represión la que ha creado un momento que la patronal considera adecuado para su ofensiva. Al mismo tiempo que el gobierno asesinaba en el sur, las dirigencias de las organizaciones del movimiento obrero, sobre todo la dirigencia de la CGTP, dividieron la lucha que provenía del sur e impuso una dinámica de conciliación con el gobierno asesino, sembrando desmoralización en el conjunto de los luchadores y luchadoras. De ahí que la clase obrera y el pueblo se encuentren, en los hechos, desarmados ante los diversos ataques que la patronal asesta, tanto en las fábricas y minas del país, como desde el Congreso, aprobando leyes draconianas.
Los obreros de Celima enfrentan los ceses en las calles
Los obreros y obreras del Sindicato Celima han tomado las calles desde el mismo día del anuncio del cese colectivo, dando ejemplo de cómo defender sus derechos más elementales. Ya el 7 de agosto, se realizaron combativos plantones frente a la puerta de las plantas ubicadas en San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho (distrito del este de Lima). Desde entonces, se han producido varias Asambleas Generales y 3 movilizaciones al MTPE, así como el llamado a las dirigencias de la Federación de Trabajadores de la Industria Peruana (FETRIMAP) y de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), a realizar un paro que unifique la lucha obrera contra los ceses colectivos y los despidos en general. En ese mismo marco, el Sindicato ha recibido la solidaridad internacional de organizaciones sindicales y activistas de Colombia, Argentina, Ecuador y Costa Rica, quienes rápidamente han respondido al llamado realizado por el Comité de Lucha creado desde la base del sindicato a pronunciarse contra los ceses. En la actualidad, la necesidad de concretar un plan de lucha unitario, que movilice a los más amplios sectores de la clase obrera contra los ceses, resulta clave para derrotarlos. Lo decimos fuerte y claro: ¡No hay solución a los ceses colectivos en el terreno de la vía judicial! ¡El único camino cierto para los trabajadores y trabajadoras del país que enfrentan los despidos es el de la movilización combativa y unitaria a lo largo y ancho del país! Ese es el camino declarado de los obreros de Celima, que en los hechos se ponen al frente de toda la clase obrera peruana en esta lucha contra el abuso patronal y la explotación. Por eso urge también rodearlos de solidaridad activa, a ellos y a sus familias, que en total suman no menos de 1000 personas, cuya subsistencia se encuentra en el aire, por la acción de Celima S.A.
Fue en las Fiestas Patrias (28 y 29 de julio) del año 1974, que un grupo de jóvenes militantes fundaron nuestro partido, el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) en el Perú. Ahora queremos recordarlo haciendo un recorrido de nuestra historia y un breve balance de cara al objetivo que nos propusimos, poniendo por delante las tareas del presente. Lo hacemos como un mensaje abierto a la vanguardia de la clase trabajadora y a los hombres y mujeres que hoy luchan y sueñan por conquistar un mundo nuevo con el socialismo.
El PST se fundó con un programa para hacer la revolución socialista en el Perú, como parte de la lucha por la revolución mundial, mediante la conquista de un gobierno de los trabajadores. Cinco décadas después, aun cuando seguimos siendo un grupo, la profunda degradación social que viven los trabajadores y pobres mientras la burguesía se enriquece como jamás lo hizo, muestran que esa necesidad no solo sigue vigente sino que se ha hecho urgente para salvarnos y salvar a las mayorías de la barbarie capitalista.
En 50 años, hemos cometido infinidad de errores y hemos tenido –y tenemos– otras tantas debilidades que explican el hecho de que hoy, seamos un pequeño grupo militante. No es una justificación, pero basta recordar que llevamos sobre nuestras espaldas una tarea histórica, a la que sólo ha logrado responder correrctamente y con éxito el Partido Bolchevique dirigido por Lenin y Trotsky.
En este sentido podemos decir que, en una era donde lamentablemente se han perdido y pierden generaciones enteras para la revolución, y con poca gloria y mucho honor, hemos preservado para la clase obrera peruana la lucha por poner en pie un verdadero partido revolucionario. Por eso hoy el PST hoy es una realidad presente y uns herramienta de lucha por el poder para las nuevas generaciones de obreros, obreras y el pueblo pobre de nuestro país.
Nuestros orígenes
El PST se fundó en 1974 pero su historia y sus raíces se plantaron profunda y sólidamente mucho tiempo antes. Como muchos saben hacemos parte de la corriente histórica que continúa el legado del Partido Bolchevique que hizo la Revolución Rusa de 1917 y fundó la III Internacional y que fueron degeneradas por el stalinismo, de la corriente de la Cuarta Internacional fundada por León Trotsky que aún hoy sigue siendo la única promesa revolucionaria que tiene la humanidad.
La lucha de Trotsky contra el stalinismo se inició en 1925 y culminó con su vil asesinato por sicarios de Stalin en 1940, apenas fundada la Cuarta Internacional. Ubicado en las antípodas de la lucha de clases mundial, el marxismo aparece en Perú con José Carlos Mariátegui, a fines de los años 20 del siglo pasado, y los primeros peruanos que abrazan al trotskismo serán intelectuales que por aquellos años viajaban a Europa. Mariátegui muere en forma prematura en 1930 y el Partido Socialista que funda es también degenerado por el stalinismo y convertido (contra la postura que había sostenido expresamente el propio Mariátegui) en el Partido Comunista Peruano. Así, en aquellos años, la sola mención de Trotsky y del trotskismo era señalado como contrarrevolucionario y pasible de ser asesinado.
Es en este contexto que el año 1944, un grupo de obreros textiles, militantes de ese Partido Comunista, que dirigían una huelga del gremio textil, rompen con ese partido porque les había ordenado traicionar la huelga para apoyar al gobierno burgués y oligárquico de Manuel Prado, a quien, a la sazón, calificaba como el “Stalin peruano”, por su postura en la Segunda guerra mundial. Luego de su ruptura estos militantes formarían el Grupo Obrero Revolucionario (GOR), que con el tiempo abrazarían al trotskismo y a la Cuarta Internacional, dando inicio en el Perú a la batalla por la continuidad del auténtico marxismo revolucionario.
En 1948, el GOR se transformaría en Partido Obrero Revolucionario (POR) y hará parte de la formación del Secretariado Latinoamericano del Trotskismo Ortodoxo (SLATO), el primer esbozo de dirección revolucionaria continental donde destaca el dirigente argentino Nahuel Moreno, que con el tiempo se convertiría en la más importante figura del trotskismo Latinoamericano.
A inicios de los años 60 y bajo la dirección del SLATO, siendo aún un grupo el POR formará el Frente de Izquierda Revolucionario (FIR) sumando otras pequeñas agrupaciones. Lo hará con un plan audaz y decidido: llevar a cabo larevolución agrariaen el Perú, como parte de su estrategia hacia la revolución socialista. El continente era sacudido por el triunfo de la Revolución Cubana y muchos buscaban seguir su ejemplo. Perú era entonces una sociedad predominantemente agraria con la propiedad de la tierra concentrada en un puñado de hacendados que explotaban a millones de campesinos con formas de trabajo servil. El FIR, con Hugo Blanco a la cabeza, hará realidad su plan desatando en el campo un proceso de sindicalización masiva con tomas de tierras, huelgas y enfrentamientos con hacendados y policías, incluso con autodefensa armada, que será aplacada por una cruenta represión que terminaría con el mismo Blanco, los líderes campesinos y casi toda la militancia del FIR en la cárcel.
Hicieron una auténtica revolución, que llenó de gloria y encumbró a nuestra corriente y a la figura del mismo Hugo Blanco en la escena internacional; su triunfo se consagrará el año 1969, cuando el gobierno militar de Velasco Alvarado de corte nacionalista, promulgó la Ley de reforma agraria que puso fin a las haciendas y entregó la tierra a los campesinos. Pero el partido quedaría destruido, no solo por la represión sino también por la cooptación de numerosos militantes por ese gobierno burgués.
La fundación del PST y los años 70 y 80
Los que años después fundan el PST serán un puñado de cuadros y militantes que vienen de aquel proceso; en su mayoría eran jóvenes, pero sus raíces ya eran grandes y profundas. La misma situación ya era otra.
El país vivía una nueva realidad marcada por el fracaso del modelo desarrollista y de sustitución de importaciones del gobierno militar de Velasco, y que daría inicio a otro proceso revolucionario, el más largo, intenso y con protagonismo obrero de la historia nacional. Contra los ajustes y la represión se suceden huelgas, paros y enfrentamientos, que tendrán su cúspide el 19 de Julio de 1977, con la realización de una huelga general con características semi insurreccionales, que logra poner fin a la dictadura militar obligándola a convocar a elecciones a una Asamblea Constituyente.
Fue en este periodo y ya nutrido de una nueva fuerza militante que el PST logra uno de sus mejores aciertos: junto a otras organizaciones (entre ellas el Partido Obrero Marxista Revolucionario – POMR de Ricardo Napurí que era organización más fuerte y adhería a otra corriente internacional), forma el Frente Obrero, Campesino, Estudiantil y Popular (FOCEP), como una opción independiente y de clase para participar en las elecciones a la Constituyente convocadas para mediados de 1978. En dicha elección el FOCEP obtendría cerca al 30% de la votación nacional, gana 12 bancadas en la Asamblea Constituyente y Hugo Blanco será el tercero más votado: fue un triunfo espectacular, considerando que veníamos de la nada comparado con los enormes aparatos de la izquierda stalinista, maoísta y centrista, que quedaron relegados.
Este éxito, sin embargo, durará poco. Pagaremos muy caro el costo de ser organizaciones pequeñas bajo una montaña de votos, en medio de la crisis de dirección de la Cuarta Internacional que nos privó de la posibilidad de aprovechar esta extraordinaria oportunidad para poner en pie un auténtico partido revolucionario que encaminara el proceso hacia la revolución. Como consecuencia de ella, Hugo Blanco rompe con el PST y el FOCEP, e inicia una deriva hacia el centrismo. El “retorno a la democracia”, que corrompió al conjunto de la izquierda estalinista y reformista, presionó a nuestra organización que, como respuesta, construyó el Frente electoral “Trabajadores al Poder” junto al POMR y al propio Hugo Blanco, pero ya en una dinámica de retroceso.
El espacio que deja el FOCEP será llenado por el stalinismo y el centrismo que unidos a sectores de la burguesía y con el respaldo de un inmenso aparato, formarán Izquierda Unida(IU), un típico “frente popular”. Así IU ocupará el espacio electoral de izquierda por una década, convirtiéndose en un fenómeno de masas, empujando al PST a la marginalidad, a pesar de la fusión con el sector del POMR que dirigía Ricardo Napurí, expulsado por la corriente internacional a la que ellos adherían tras una profunda crisis.
Este fenómeno, en particular el surgimiento del frente popular ocupando el inmenso espacio de la izquierda en una situación revolucionaria, tendría un impacto profundo sobre la lucha de clases. IU frenará el impulso revolucionario de masas para encasillarlo dentro del parlamentarismo burgués y recreando ilusiones en el régimen democrático recién reestablecido, con la agenda de ocupar cargos en el Estado y asumir el gobierno del país; en tanto, los sectores más radicalizados de la vanguardia, sobre todo provenientes del estudiantado, son atraídos por la “lucha armadfa” que iniciaba Sendero Luminoso (SL), al margen de las organizaciones de masas y en contra de ellas, aceptando una jefatura mesiánica de corte maoísta. Así, bajo la tenaza del inmenso aparato de IU que concilia con la burguesía y la subversión de SL con coches bomba, el ascenso se desgastará y en medio de una enorme confusión donde no se ve salidas, amplios sectores de masas elegirán a Alberto Fujimori en 1990.
Así se cerrará esta larga etapa revolucionaria. Ella tenía como única salida positiva el triunfo de la revolución socialista en el país, sentimiento manifestado claramente en la masiva votación por Hugo Blanco y las organizaciones trotskistas que encarnábamos dicho programa. La pérdida de la inmensa oportunidad que significó el FOCEP por la crisis de dirección de la Cuarta Internacional, representará también la pérdida de dicha posibilidad, dejando el camino abierto para una nueva traición histórica de los aparatos stalinistas y centristas, y de su aborto que significó SL.
Una nueva etapa
Fujimori abrirá una etapa de signo opuesto, dictatorial y neoliberal, que trajo una derrota histórica de la vanguardia del proletariado nacida al calor de la lucha contra la dictadura militar, y de las organizaciones revolucionarias y que se extendería por una década.
Fruto de una insurgencia democrática, el nuevo siglo se abrirá con la caída de la dictadura de Fujimori responsable de múltiples genocidios, corrupción y entrega del país y se volverá a restituir el sistema democrático parlamentario. El nuevo régimen configurado por la Constitución de 1993 será de democracia neocolonial y neoliberal, esto es un país cuya economía permanece atada al dominio imperialista y bajo un régimen autoritario; un régimen donde el Estado mantiene los rezagos racistas de la república aristocrática y colonial combinado con la nueva ideología neoliberal de la clase dominante.
Será bajo este régimen, con gobiernos de derecha (Alan García, PPK) e izquierda (Pedro Castillo) que se mantendrá por más de dos décadas la continuidad del modelo, protegido por un sistema represivo que se ceba contra toda resistencia y lucha, en especial de aquellas que se dirigen contra las corporaciones mineras devenidas en los nuevos dueños del Perú. Dicho régimen mostrará toda su esencia y carácter reaccionarios en múltiples ocasiones: en la pandemia, cuando empujó a la muerte a medio millón de trabajadores y pobres sin la mínima protección y seguridad médicas; en la generalizada corrupción que muestran la burguesía, sus partidos y el Estado; en la reacción que desataron contra la elección y el gobierno con apoyo indígena y popular de Pedro Castillo, y, sobre todo, en la represión genocida que desató contra la rebelión del sur andino, causando más medio centenar de víctimas por impactos de balas y cientos de heridos de gravedad. Todo, para preservar un régimen que se muestra más corrupto, más inepto y que cada día hunde más en la pobreza a las mayorías, mientras las corporaciones no paran de ganar.
En dos décadas de esta “democracia burguesa” las luchas han sido numerosas y radicales, como esta última que explotó abiertamente contra el régimen que no acepta un atisbo de reforma. Pero no lograron triunfar por una sola razón: la traición sistemática de todos los aparatos de izquierda y de la central sindical que controlan. Y esto porque, más que capitular al régimen esa “izquierda” en todas sus variantes se incorporó a él pretendiendo humanizarlo desde dentro ocupando cargos en el Estado y aspirando a hacer gobierno. Por eso su agenda no han sido las luchas sino ha sido y sigue siendo electoral.
Nuestro Partido y la clase obrera
En todo este periodo nuestro pequeño partido dio un combate por poner en pie una dirección alternativa; pero con los espacios más cerrados y con una fuerza mucho menor que en el pasado, tuvo serias dificultades para lograrlo.
Una de las características del nuevo modelo neoliberal es que produjo también la emergencia de un nuevo y numeroso proletariado, pero en su enorme mayoría informal, muy precario y extraordinariamente fragmentado, y por tanto con inmensas trabas para forjar su unidad y desarrollar sus organizaciones de clase y que solo se manifiestan en situaciones de explosión social. El sector obrero que apareció más concentrado en las nuevas actividades industriales y mineras, sí puso de manifiesto una actividad dinámica entre los años 2005 y 2020, y desató una ola de sindicalización y luchas fragmentarias muchas veces heroicas, que arrancaron pequeñas conquistas, asentaron pequeños sindicatos combativos y dio lugar a una vanguardia de luchadores.
Varios de esos luchadores antiburocráticos se acercaron a nosotros y realizamos experiencias extraordinarias construyendo espacios independientes que desempeñaron roles de dirección en luchas decisivas como la que logró derrotar la Ley Pulpín (que pretendía precarizar más las condiciones de trabajo) y la lucha contra los ceses colectivos. Pero esos luchadores no avanzaron a integrarse a nuestro partido, por lo que no pudimos dar el salto a construirnos como un polo de dirección alternativo que garantizara su avance. Al final, dicho proceso fue derrotado entre los golpes infligidos por la patronal y la propia burocracia, y con ella la clase obrera y nuestro partido sufrieron retroceso.
Tan claro fue este avance hacia la posibilidad de poner en pie una dirección alternativa que la burocracia de la CGTP emitió una resolución en una Asamblea Nacional el año 2015, donde declara al PST como “enemigo”, con el voto y complicidad de la mayoría de los agrupamientos autodenominados de izquierda. En su defensa, el PST se quedaría solo con el apoyo de los luchadores obreros, pero sin posibilidad de poder desafiar a la burocracia y sus amenazas.
La derrota de la rebelión del sur andino a inicios del año 2023, se consuma en particular por su aislamiento de la clase obrera urbana ahora bajo el control férreo de la burocracia y sin ninguna referencia importante que le pueda dar pelea desde su interior. Así se entretejió el nuevo manto reaccionario que estos días cubre al país.
La nueva situación
De este modo, la continuidad de crisis de dirección revolucionaria ha parido una situación inédita en el país. Mientras se profundiza la crisis social en la que crecen de todos los índices de pobreza y se inflige golpes a la clase trabajadora, soportamos al régimen más odiado de nuestra historia y se pasean libres con aires de fiesta los asesinos de ayer y sus voceros más reaccionarios, sin que se vuelva a producir un nuevo alzamiento. Esas mismas direcciones traidoras se las ingenian ahora para canalizar este gigantesco descontento hacia la salida electoral del 2026, apuntalando sus propias candidaturas, pero haciéndole el juego a los planes de la reacción que se preparan para imponerse en ellas para extender su fiesta.
Lo claro y definitivo para nosotros y los sectores más conscientes es que no habrá salida para los trabajadores y mayorías pobres por esta vía: solo queda luchar retomando el camino que inició la sublevación del sur andino. Aun en medio de la estela gris que nos envuelve las luchas no han desaparecido ni por un minuto. Se sale a la lucha, por ejemplo, contra la ofensiva de la patronal minera que quiere poner en marcha proyectos que rechaza la población, como el de Tía María. Son luchas con un signo defensivo, en un contexto donde aún domina el cansancio, la angustia económica y la desconfianza en las direcciones, y sobre la cual ahora los traidores de siempre vuelven a sembrar las ilusiones electorales de siempre.
Aun pasando por la vía electoral, las luchas van a volver con más fuerza porque no hubo ni habrá solución con el régimen democrático burgués y el sistema capitalista, que deben ser derrotados con una revolución. Para que esto se produzca y sobre todo triunfe no basta la lucha decidida y con coraje sino se necesita una nueva dirección, una dirección revolucionaria como la que construye el PST, ligada y arrastrando a los sectores combativos de la clase obrera industrial. Por eso, toda nuestra energía seguirá siendo dedicada a construirnos en esos segmentos de la clase obrera, y en cada una de esas luchas que se producen, esforzándonos por convencer y ganar a los mejores activistas que emergen en ellas a sumarse a nuestras filas. Una nueva dirección para la revolución.
De cara al futuro
50 años después, el PST sigue firme y más que nunca haciendo la misma tarea. Es propio de revolucionarios retroceder y caernos, pero siempre nos levantamos para continuar nuestro camino. Nadie la tuvo fácil, ni Marx, ni Lenin, ni Rosa Luxemburgo ni Trotsky, que son nuestro ejemplo en todo sentido. Por eso somos y forjamos cuadros comprometidos con esta tarea revolucionaria a la que dedicamos nuestras vidas.
Desde un ángulo más crítico podemos decir que cometimos errores que han impedido o frenado nuestro desarrollo. Seguramente: nuestro largo camino está sembrado de errores de diverso tipo y no nos avergüenza aceptarlos, porque también en eso somos revolucionarios. Pero esencialmente reconocemos que acusamos mucha debilidad para la inmensa tarea que nos colocamos sobre los hombros.
No obstante, si algo debemos destacar para explicar nuestra perseverancia y fe en nuestro proyecto revolucionario, han sido dos razones fundamentales: nuestra ubicación en la clase obrera y nuestra lucha por la Internacional. Nuestro programa es para que la clase obrera la lleve a cabo y por eso jamás nos desligamos de ella, ni el PST ni nuestros predecesores. Hemos estado con ella pese a todas sus limitaciones y a nuestras propias limitaciones, en las buenas y en las malas, y eso nos dio coherencia y estabilidad, aunque hizo y hace más largo el camino.
De otro lado, nacimos y nos formamos como militantes internacionalistas, y también en eso perseveramos siempre. Por encima nuestro siempre estuvo y estará la construcción de la Internacional, concentrando nuestros principales esfuerzos y recursos, porque ante todo la lucha de clases es mundial y no hay forma de hacer la revolución socialista en un país sin esa dirección y organización internacional. Por ello, 50 años después, celebramos ser parte de la Liga Internacional de los Trabajadores, LIT-CI, la corriente revolucionaria que en Latinoamérica hereda la batalla que iniciáramos con el SLATO.
La LIT-CI hoy agrupa a partidos y militantes de varios países del mundo, y a militantes y cuadros de una trayectoria revolucionaria ejemplar que la ubica como una auténtica alternativa de dirección revolucionaria internacional.
Sin embargo, también hay que reconocerlo, nada de lo dicho nos hizo invulnerables y los problemas de la construcción de nuestro partido y de nuestra propia Internacional han sido permanentes. Estos problemas nos trajeron crisis, rupturas y alejamiento de muchos camaradas; aun hoy. Se trata siempre de discusiones en torno a los análisis y respuestas que damos a la realidad, de actualizar nuestras políticas, teorías y programa antes los cambios en la lucha de clases. Estos cambios han sido considerables en los últimos 40 años, luego de la caída de la ex URSS y el llamado campo socialista, y eso trajo discusiones permanentes en nuestro interior. Por eso para el PST, para entender y orientarnos correctamente para nuestro propósito de construirnos como alternativa de dirección revolucionaria, debemos continuar haciendo parte de todas estas discusiones y batallas, aportando nuestro propio grano de arena.
¿Qué aportamos o podemos aportar en todo esto? En la ruptura que afectó a nuestra internacional y a nuestro partido en 1992, defendimos al partido y a la internacional de todo ataque fraccionalista y de su preservación como organizaciones revolucionarias democráticas y centralizadas. Por esa batalla principista seguimos vigentes, mientras los fraccionalistas casi han desaparecido.
Asimismo, en la época neoliberal del “vale todo” que normalizó la degeneración moral de cuadros y dirigentes, el PST respondió esforzándose por ser leal a la mejor tradición revolucionaria castigando severamente las faltas morales de nuestros militantes y sobre todo de dirigentes, aun a costa de sus alejamientos; porque somos convencidos de que no hay forma de burlar o engañar a nuestro programa y principios sin pagar su alto precio. Por eso, seguimos aquí.
Luego de 50 años podemos decir entonces, con mucho honor, que en medio de grandes cambios mundiales, cuando grandes sectores de la izquierda se han adaptado y adaptan al orden capitalista ejerciendo inmensas presiones de diferente tipo sobre nuestras filas, hemos preservado nuestra organización haciendo parte de las luchas, principalmente de la clase obrera, para construirnos como dirección alternativa, al mismo tiempo que hemos dado y damos batalla por la construcción de nuestra Internacional, la LIT-CI, como alternativa de dirección revolucionaria mundial, preservando lo esencial de nuestra trayectoria revolucionaria y el ejemplo de nuestros maestros, de quienes nos sentimos profundamente orgullosos.
In memoriam
Por esto, al celebrar los 50 años de nuestra existencia, no podemos dejar de recordar a los camaradas que forjaron nuestras raíces. Especialmente a Nahuel Moreno, que tuvo presencia activa y directa en la construcción de nuestro partido e inspiró el plan para la revolución peruana, y que sigue siendo el referente fundamental de nuestro combate. A Hugo Blanco Galdós, que vivió su época más gloriosa como dirigente revolucionario, en las filas de nuestra corriente y en la de nuestro partido. A Félix “Mocho” Zevallos, el dirigente textil que fundó el trotskismo obrero en el Perú y fue miembro del SLATO. Y a Francisco Montes Paredes, fundador de nuestro partido.
En esta hora, también rendimos homenaje a los camaradas que dejaron su vida militando en nuestras filas: al dirigente minero Santos Dávila Bravo, dirigente obrero de nuestro partido; a Lucio La Torre militante obrero de toda la vida, a Carmen Bardales, militante obrera de D’onofrio; al líder de la lucha de los pueblos amazónicos José Sicchar Valdéz. Y especialmente a nuestra camarada Noemí Benito Di Lorenzo, argentina ejemplo de militante internacionalista, fallecida recientemente.
Y queremos agradecer y extender un abrazo cariñoso, a ex camaradas y ahora amigos que se encuentran retirados por razones de edad como Ricardo Napurí, una enorme personalidad que aportó y dio mucho brillo a nuestro partido durante una época y que fue clave para la continuidad del PST; y a la figura de Magda Benavides, ejemplar dirigente sindical bancaria, luchadora por los derechos de la mujer y ex figura de nuestro partido.
Con esta inmensa herencia de hombres y mujeres que dedicaron su esfuerzos y vidas construyendo nuestro partido, y de cara a la nueva etapa que nos toca vivir, la militancia y los cuadros del PST, al cumplir 50 años de combate indesmayable, reafirmamos ante la clase obrera y los luchadores y luchadoras con los puños alzados y bien en alto, nuestro compromiso de continuar la batalla por la construcción del partido, estrechamente ligado a nuestra Internacional, para hacer posible el triunfo de la revolución socialista en nuestro país.
