Cumplidos los primeros 30 días de gobierno de Keyko Fujimori las expectativas iniciales de ciertos sectores de la población se van diluyendo, puesto que esta gestión se va pareciendo más y más a la de Dina Boluarte. Los homicidios han aumentado en lugar de disminuir, alcanzando los 134 homicidios solo en las primeras tres semanas de gobierno, sin que a la fecha se conozcan medidas especiales más allá de la habitual declaración de estado de emergencia y movilización de tropa para reforzar la vigilancia policial.
Una muestra de la incapacidad del gobierno frente al avance de la criminalidad es la salida que dio para evitar la huelga de los transportistas y dejar de lado sus demandas de frenar las extorsiones y los asesinatos. Simplemente transó con los empresarios del transporte una reducción de las multas acumuladas a un diez por ciento de su importe, una medida que expresa la renuncia a combatir el crimen y que parece estar pensada en reducir los ataques de extorsionadores financiando el pago de cupos.
¿Privatización de las acciones contra el Niño?
La misma actitud de esquivar los problemas se observa frente a las víctimas de sismos y lluvias; es más, la esencia de la gestión fujimorista afloró espontáneamente en las palabras del ministro de Economía, quien declaró: “Tampoco exageremos por un poco de agua en las rodillas”.
El gobierno permanece indiferente ante el drama de las familias que lo pierden todo con solo tener “el agua en las rodillas”, y que por ese motivo enfrentan la expansión acelerada de epidemias como el dengue. En realidad, el gobierno se resiste a concebir cualquier solución que represente un gran gasto público, pues eso demandaría tomar medidas de recaudación tributaria que puedan afectar a los empresarios, su principal soporte.
Por eso la Confiep, siempre buscando el lucro privado, “exigió” al Gobierno emitir un decreto de urgencia para implementar el mecanismo de Servicios por Impuestos frente al Niño. Es decir, no será el Estado sino los empresarios quienes determinarán qué localidades afectades, qué poblaciones y qué obras se priorizarán, además de qué tipos de obras y a qué costos.
El papel de la presidenta se reduce a declaraciones de una falsa empatía y videos de TikTok, o a atender a los operadores de oscuros intereses en la privacidad de un spa, una acción que supera las operaciones de Dina, aunque sin la misma repercusión en los medios masivos.
Primeras reacciones sociales rompen la “tregua”
De manera similar, el gobierno pretendía que la población absorba sin protestar la escasez y alza de los combustibles, pero el conflicto estalló en Ucayali, uno de sus bastiones electorales, golpeó fuerte y se extendió a Loreto, Arequipa y Tacna, y solo así el gobierno aflojó un plan de subsidios –una palabra normalmente prohibida entre neoliberales–, pero que no termina de convencer a los transportistas.
Prioridades: el imperio y los intereses empresariales
En lo que hace a su propia iniciativa, las primeras acciones el gobierno han evidenciado como jerarquías el invalidar las medidas que el propio fujimorismo tuvo que aprobar en el Congreso anterior por presión de las luchas, particularmente aquellas leyes que otorgaron algún beneficio laboral o social, como el aumento de las pensiones de los jubilados. En cambio el gobierno mantiene intacta la ley pro patronal Chlimper 2.0.
Por otro lado, favorece al poder económico y los planes de Estados Unidos. Ha colocado al Perú dentro del llamado “Escudo de las Américas” de Donald Trump, el tirano yanqui odiado por su propio pueblo, que persigue y expulsa latinos asentados en Estados Unidos, e impone a su capricho ataques económicos y militares a países latinoamericanos como Venezuela a la que mantiene atrapada como una colonia.
Ahora el Perú está amarrado con un gobierno que ha provocado las más sangrientas ofensivas en Medio Oriente y colocado al mundo al borde del abismo. La economía nacional sufre el impacto de los precios de los combustibles, y su raquítico presupuesto fue duramente golpeado con el pago de 3,500 millones de dólares por unos aviones de guerra, ante la insistente matonería del fujimorista Fernando Rospigliosi y el embajador norteamericano.
Profundización del modelo en las facultades para legislar
El reciente 28 de agosto el gobierno remitió al Congreso el Proyecto de Ley que delega al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias para legislar en materia de seguridad ciudadana, fortalecimiento de micro y pequeñas empresas, promoción del empleo, desarrollo productivo, régimen tributario, simplificación administrativa y otras materias.
No es la primera vez que un gobierno solicita facultades para legislar; sin embargo, lo que revelaron las primeras declaraciones es que el fujimorismo pretende profundizar el modelo neoliberal en contra de los intereses nacionales, populares y de los trabajadores.
En la materia de “promoción del empleo” asoman las peores amenazas con nombres de “flexibilización”; “empleabilidad” juvenil; “formación para el trabajo”; fortalecer la Sunafil “sin desnaturalizar la potestad fiscalizadora del Estado”; “bonos de desempeño sin carácter remunerativo para el sector privado”, etc.
Asimismo, al estilo del primer fujimorismo, un nuevo plan de “estímulo” para las renuncias “voluntarias” de empleados públicos.
En simplificación administrativa está la pretendida “eliminación de barreras burocráticas”, donde muchas de esas “barreras” son medidas de control sobre la rapacidad capitalista de los empresarios.
La hora de la “oposición” en el Congreso
Esos propósitos, sin embargo, no tienen de antemano el camino libre para implementarse. Por eso el fujimorismo se debate entre apretar el acelerador de su carácter autoritario y el de reforzar su maquinaria “negociadora”, aquella que le valió sus principales conquistas en el anterior Congreso, la aprobación de leyes estratégicas para su plan, con el apoyo de Perú Libre, los acuñistas y los lunistas, entre otros.
Esa maquinaria sigue activa y tuvo un nuevo éxito con la elección de la mesa directiva del Senado. Para el fujimorismo vale todo para conseguir sus objetivos estratégicos, comprar tránsfugas, transar con bancadas enteras a cambio de favores menores, etcétera, como debe saberlo Vladimir Cerrón, el socio más destacado del fujimorismo.
En setiembre la Cámara de Diputados debatirá y someterá a votación las facultades. El fujimorismo no tiene control directo sobre esta cámara, pero en la oposición e incluso en las bancadas “de izquierda” no existe rechazo al neoliberalismo, ni siquiera convicción en un sistema democrático de separación de poderes. Por ejemplo, algunos diputados propusieron rechazar de plano el pedido de facultades pero no han tenido consenso ni siquiera en las bancadas de la izquierda.
Queda ver lo que aprobará la Cámara de Diputados, qué materias aceptará y qué restricciones pondrá. El fujimorismo hará su trabajo, otros operadores del poder económico harán lo propio. Pero lo que sí es seguro es que existe una amenaza contra los intereses nacionales y populares, y la oposición no es ninguna garantía de bloqueo.
Como tampoco hay control parlamentario para las medidas que el gobierno ya viene implementando sin necesidad de facultades extraordinarias para legislar. Ni siquiera los pedidos de interpelación de ministros cuentan con el consenso mínimo.
El movimiento obrero y popular tiene una tarea de primera prioridad de enfrentar urgentemente esta política en defensa de los derechos laborales y populares así como de los intereses nacionales, imponiendo con la lucha social un plan alternativo.
