Por Manuel Fernández, dirigente obrero del PST
La llegada de Keiko Fujimori al gobierno representa el eslabón más reciente en la cadena de regímenes que declaran su absoluta sumisión a los intereses del imperialismo estadounidense y de las grandes corporaciones transnacionales. Mientras saquean nuestros recursos mineros, energéticos y agrarios mediante los TLC, actúan como capataces encargados de abaratar la mano de obra para garantizar las ganancias empresariales.
Siguiendo esa ruta, este gobierno opera en función de una agenda redactada por la CONFIEP y la SNI, cuyo objetivo es asegurar el modelo económico al servicio de la patronal, profundizando los niveles de explotación. Por ello, mientras el Ejecutivo busca ganar tiempo para estabilizarse, tarde o temprano aplicará recortes a nuestros derechos laborales.
El gobierno ha revelado su intento de borrar los derechos laborales en un borrador de proyecto de ley difundido por la prensa, donde pide facultades para legislar por decreto. A esto se suma la declaración del ministro Juan Sheput, quien anunció la necesidad de que la SUNAFIL no aplique más multas a las empresas para no cargarlas de costos. Si se le quita la capacidad disuasiva y la facultad de multar, ¿cómo se sancionará a las empresas infractoras?
La euforia empresarial ante el gobierno fujimorista se traduce en una embestida contra la libertad sindical, el congelamiento salarial y los atropellos en los puestos de trabajo. No es para menos: la patronal siente que este es su gobierno y que es hora de imponer su voluntad. Los pliegos sin resolver por pura desidia empresarial (Sindicato Ripley, Sindicato Clorox y Grupo Forte, entre otros) se han vuelto el pan de cada día. Otros gremios son empujados a la huelga indefinida, como los sindicatos de Ingredion Perú y Europlas. Y los intentos de despido masivo utilizando la figura del cese colectivo se multiplicarán, al igual que el reciente cierre de planta ejecutado por Celima, que deja en la absoluta incertidumbre a cientos de familias obreras.
Organicemos la resistencia obrera y popular
Mientras en el papel y en las mesas institucionales se diluyen los reclamos de un salario digno, en las calles el conflicto ya explotó. Frente a la amenaza patronal, la respuesta obrera ha comenzado a hacerse sentir. La jornada de protesta del pasado 13 de agosto, convocada por la CGTP, demostró la enorme fuerza y la disposición a combatir de nuestra clase. Centenares de obreros de las principales fábricas salieron a las calles para golpear como un solo puño contra las políticas de este gobierno. Sin embargo, sabemos muy bien que con una sola jornada no se frena a una patronal, y por eso debemos seguir la movilización.
Esta es la tarea principal que recae en las actuales dirigencias, como la CGTP y la FETRIMAP: organizar la convocatoria inmediata a un Encuentro Nacional de Delegados de Base y Organizaciones Populares con mandato directo de los trabajadores, que prepare un plan unificado hacia un verdadero PARO NACIONAL CÍVICO POPULAR para derrotar el plan antiobrero del gobierno.
No podemos esperar de brazos cruzados mientras las direcciones sindicales apuntan al terreno del diálogo estéril. ¡Necesitamos poner en pie nuestras asambleas de base! En cada fábrica, obra y centro de trabajo debemos organizar comités de lucha para discutir el alcance de estos ataques sistemáticos y estructurar la resistencia desde abajo. La reciente experiencia de las luchas regionales de Ucayali e Iquitos demuestra que, cuando la clase trabajadora paraliza la producción y sale con decisión a las calles, el gobierno se ve forzado a replegarse. Pero estas acciones aisladas deben unificarse.
Es momento de superar la dispersión, unificar las huelgas y preparar en las calles las acciones de lucha para frenar las intenciones de la patronal, derrotar al gobierno fujimorista y poner en pie una dirección clasista a la altura de los desafíos actuales.
