Entre el 10 y el 15 de agosto, una huelga general hizo arder Pucallpa, en la primera protesta que enfrentó al recién asumido gobierno de Keiko Fujimori, logrando arrancarle una victoria parcial pero importante que abre el camino para nuevas luchas y victorias de los trabajadores y el pueblo peruanos.
La huelga se realizó en rechazo al aumento del precio de los combustibles, uniendo a todos los gremios de transporte de la zona y a los pobladores, que son los que más sufren sus consecuencias. También incluyó otras demandas: culminación de la construcción del hospital de Campo Verde, paralizada desde hace varios años; renuncia del rector y los vicerrectores de la Universidad Nacional de Ucayali (UNU), denunciados por corrupción y responsables de la pérdida de clases que amenaza con provocar la pérdida del ciclo de estudios; no al alza del precio de los fertilizantes, que, junto a la crisis climática, agrava la crisis en el agro; mantenimiento de las carreteras; y plan de obras de alcantarillado y agua potable.
La huelga se desencadenó con fuertes movilizaciones y bloqueos, sobre todo de los centros poblados de la periferia de la ciudad, organizados alrededor de piquetes de huelga. La principal carretera, Federico Basadre, que une a la ciudad con Aguaytía, fue bloqueada, del mismo modo que los distritos de Campo Verde, Neshuya, Von Humboldt, Irazola y Aguaytía, a partir del kilómetro 6. En la capital, los mototaxistas (que son un promedio de 10 mil) organizaron inmensas caravanas y obligaron al cierre de los mercados, bodegas y distribuidoras de combustible, que atendían solo en determinadas horas.
La lucha no empezó el 10 de agosto, sino que se vino acumulando desde febrero hasta junio por el mismo problema del alza de los combustibles. Desde entonces los arroceros de Campo Verde también protestan. Los estudiantes universitarios, a través del Comité de Lucha Estudiantil, también estaban en lucha exigiendo la renuncia de las autoridades. La huelga fue impulsada por estos sectores.
La crisis de combustible en la región se agravaba aún más debido a que Petroperú solo puede almacenar 35 mil galones de combustible, lo que no abastece la demanda de la región.
El gobierno, que esperaba una luna de miel, sobre todo de los sectores que lo apoyaron, recibió con sorpresa el conflicto y lo primero que se le ocurrió fue pedir una tregua. De plano, fue rechazado. La población que votó por Fujimori lo hizo con la esperanza que atendiera sus demandas, y tuvo que ceder. El gobierno ofreció un subsidio de entre 15 % y 20 % al combustible diésel, solo por tres meses de carácter temporal, para transportistas de carga y transportistas interprovinciales, extensivo a los mototaxistas y operadores de transporte fluvial de toda la Amazonía, previo empadronamiento. Y para resolver el problema de abastecimiento, el gobierno acordó con la transnacional Aguaytía Energy el préstamo de un tanque de 20 mil galones para poder cubrir el déficit de la demanda local.
Direcciones gremiales inconsecuentes
La asamblea del FREDEU, en medio de una disputa burocrática entre dirigentes, primero había aprobado impulsar un paro de un día, que luego, bajo presión de los transportistas de carga pesada, se convirtió en una huelga indefinida. “Estamos cansados de medidas que no llaman la atención del gobierno…”, “queremos una huelga hasta lograr la atención de la presidenta Keiko”, eran el clamor de muchos asambleístas.
Fue precisamente la asociación de transportistas de carga pesada e interprovincial la que aceptó la mediación de la Cámara de Comercio local, el presidente de la Región y los congresistas de Fuerza Popular para negociar y acordar con el gobierno el tema del subsidio limitado, y fue la que decidió arbitrariamente levantar la huelga sin consultar a las demás bases.
De este modo, el levantamiento de la huelga motivó el descontento de las bases y exigían continuar. En Campo Verde, la reacción de los pobladores ocasionó la detención de 13 personas, entre ellos tres menores, que fueron liberados dos días después, mientras otros 6 quedaron en prisión preventiva de nueve meses.
Así se impuso una tregua de tres meses al gobierno, ordenada por Eler Romaina, presidente del FREDEU.
Conclusiones
- La lucha arrancó con un triunfo parcial, aunque se pudo ir por más si no fuera por la traición de los dirigentes del FREDEU. Debemos preparar la vuelta a la lucha por el congelamiento de precios y subsidios del combustible, toda vez que el conflicto en Medio Oriente continúa y no tiene visos de solución; y por las reivindicaciones de los estudiantes de la UNU, los arroceros de Campo Verde y por la inmediata libertad de todos los detenidos.
- Las mesas de negociación y diálogo, a espaldas de las bases y sus legítimas demandas, son trampas de las autoridades que los dirigentes usan para traicionar las aspiraciones de las bases.
- Ante la traición de las dirigencias, construir una nueva dirección de lucha con auténticos representantes elegidos en asambleas de cada base, y que sean revocables.
