Más de un año después, el gobierno de Boluarte, de la mano del Congreso mafioso y reaccionario, ha cubierto con un velo de impunidad y cinismo los 49 asesinatos con los que bañó en sangre las heroicas movilizaciones del sur.
Represión y reacción
Para el gobierno, el Congreso y la patronal, así como para su coro racista de la burguesía y una parte de la clase media de las ciudades, que conforman el bloque reaccionario que se ha impuesto a sangre y fuego, no basta el acostumbrado terruqueo, con el que “justifican” las masacres desatadas.
Levantando las banderas del fujimorismo, todos estos sectores embisten contra los organismos de derechos humanos del sistema interamericano y niegan la fiabilidad de sus reportes y peritajes. Niegan por ejemplo, que las personas asesinadas fueron víctimas de munición de guerra (fusiles Galil, AK y Fal), cuando no, del impacto directo de bombas lacrimógenas y perdigones disparados al cuerpo, tal como ha definido la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Hechos que constituyen ejecuciones extrajudiciales.
Tampoco se allanan al hecho de que las propias Naciones Unidas, vía sus oficinas de derechos humanos, hayan determinado que esas ejecuciones, y también las lesiones provocadas a la población que protestaba, fueron responsabilidad directa de la feroz represión de la Policía y las Fuerzas Armadas. Cabe acotar que de las más de 900 personas heridas, 42 sufrieron lesiones físicas permanentes.
Una justicia que sirve al poder y al dinero
Es por eso que, un año después, no hay sanción a los responsables directos (jefes policiales y de las Fuerzas Armadas), encargados de las operaciones en Ayacucho, Andahuaylas y Juliaca. ¡Ni un solo oficial preso! Ni siquiera se están desarrollando las investigaciones en forma transparente y diligente, lo que muestra el nulo interés del Estado por que hacer justicia.
Sin embargo esto no debe extrañarnos. La democracia de los patrones está hecha a su medida. Y la justicia burguesa, no es más que un sistema donde el dinero y el poder se imponen a la verdad y la razón sin ninguna vergüenza.
Así lo prueban los recurrentes escándalos de corrupción que envuelven a jueces y magistrados. Así como el hecho de que unos y otros aparecen ligados a los más diversos partidos políticos presentes en el congreso. Cada cual con sus propios intereses y delitos por cubrir, y favores por pagar.
Es tanta la hipocresía de este sector, que para recordarle a Boluarte sus favores, han propiciado que la fiscalía inicie una investigación contra Boluarte por sus relojes, que aparentemente valen más grande que las masacres en el sur.
El reformismo favorece la impunidad
Pero la población del sur no solo debe enfrentar al bloque reaccionario que apoya la impunidad de los responsables de las masacres, comenzando por Boluarte.
El sur también debe hacer frente a la política de las direcciones y organizaciones, todas autodenominadas ‘de izquierda’, que han otorgado a Boluarte una tregua de hecho, y entregando toda la lucha por justicia para las víctimas de la represión en manos de los staff de abogados de las ONG’s de derechos humanos.
Por supuesto, el concurso de abogados y abogadas comprometidas con la defensa de los derechos humanos es absolutamente necesario. El problema es convertir el tema legal, en la única estrategia para hacer justicia. Y peor aún, subordinar toda acción a esa estrategia legal.
Las luchas a lo largo de la historia han demostrado, por el contrario, que el único camino para la victoria de los trabajadores y pueblos, incluso en el terreno legal, es poner por delante la movilización y subordinar toda acción legal a la movilización del pueblo. Ha sido de esa forma que, una y otra vez, las masas trabajadoras hemos arrancado a nuestros luchadores y luchadoras de las cárceles de la reacción, e incluso hemos evitado que se les ejecute.
Pero eso es exactamente lo contrario que hacen hoy los mal llamados ‘partidos de izquierda’ y sus seguidores. En realidad, por medio de esta estrategia puramente legal, los partidos “de izquierda” y las dirigencias sindicales imponen una política de convivencia con el gobierno, esterilizando la lucha, limitándola a declaraciones y denuncias, cuando no a esporádicas convocatorias dispersas y poco trabajadas, incapaces de articular una pelea franca por justicia y reparación.
No es extraño, por eso, que los sectores reaccionarios continúen imponiendo su programa de impunidad y hoy pretendan cubrir con también a los asesinos de la dictadura, por medio de proyectos de leyes que buscan exculpar y volver inimputables a quienes cometieron delitos de lesa humanidad (contra la humanidad) antes de 2002… es decir, durante la dictadura fujimorista.
Esta nueva amenaza, que se suma a la falta de justicia para las víctimas de la represión del actual gobierno, debe llamar a la clase obrera a tomar en sus manos esta bandera que las dirigencias y la izquierda reformista ha abandonado estérilmente. Esto significa levantar la exigencia de juicio y castigo para los responsables de la represión, luchar para que ningún asesino del pueblo luchador sea exculpado por sus delitos, y, por supuesto, conquistar la caída del gobierno Boluarte y el Congreso, responsables absolutos de las masacres perpetradas por las FF.AA. y la Policía.
