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¿Qué hacer frente a la pugna por el Ministerio Público?

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Por Víctor Montes

Cuando el pasado lunes 16 de junio, Patricia Benavides intentó tomar la oficina de la Fiscal de la Nación, acompañada de un puñado de efectivos “Terna”, iniciaba un episodio más de la prolongada descomposición de la democracia patronal, pactada tras la caída de la dictadura fujimorista.

Los sectores reaccionarios, compuestos por el fujimorismo (Fuerza Popular), Renovación Popular, Avanza País, Acción Popular y APP, rápidamente mostraron su apoyo a Benavides. Fernando Rospigliosi, actual presidente de la Comisión de Constitución, miembro de la bancada fujimorista, responsabilizó a la “mafia caviar” por no acatar la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que ordenó reponer en el puesto de Fiscal de la Nación a Patricia Benavides.

Por su parte, el presidente de la JNJ, Gino Ríos Patio, llegó a instar a la Policía Nacional a hacer uso de la fuerza contra la Junta de Fiscales Supremos, ente directriz del Ministerio Público.

Esto, porque el retorno de Benavides no es un hecho aislado: hace parte de la feroz pugna entre la alianza reaccionaria ya mencionada por tener control directo de un conjunto de instituciones del Estado (Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, Junta Nacional de Justicia, Ministerio público…), en desmedro de los sectores que lo tuvieron los pasados 24 años, a quienes el pacto reaccionario llama “caviares”, conformado por la “izquierda” y los partidos “democráticos”.

En forma más precisa, el retorno de Benavides tiene por finalidad cubrirse las espaldas frente a la posible investigación de los delitos en los que los distintos partidos se encuentran comprometidos y, al mismo tiempo, utilizar políticamente al Ministerio Público como herramienta de persecución contra los opositores de dicha alianza reaccionaria.

¿Qué postura debemos adoptar los trabajadores y trabajadoras?

Desde esta perspectiva, nada ganamos los trabajadores y trabajadoras, ni el pueblo pobre del país, con el retorno de Benavides a la fiscalía de la nación.

Por el contrario, junto a otras medidas que viene aprobando el Congreso para garantizar la impunidad de los sectores reaccionarios y corruptos (Ley de amnistía, prescripción de delitos de lesa humanidad, inmunidad parlamentaria para delitos comunes, etc.) el retorno de Benavides significaría un retroceso en una de las pocas y muy parciales conquistas democráticas que arrancó el pueblo cuando echó abajo a Fujimori, Montesino y la cúpula de las FF.AA., quienes también controlaban la Fiscalía como arma de persecución.

Por eso, la clase trabajadora tiene la necesidad de rechazar su retorno a la fiscalía de la nación, y exigir a las dirigencias nacionales, que dicen “defender la democracia”, e incluso tildan al gobierno de Boluarte de “fascista”, que convoquen de inmediato a una movilización nacional de repudio a la intentona reaccionaria en el Ministerio Público, y contra el gobierno asesino de Boluarte, que la avala.

Los trabajadores y trabajadoras sabemos bien que la pasividad frente a la ofensiva patronal solo puede llevar a la derrota.

Por eso recordamos que la movilización es la única garantía de victoria, como cuando en las calles se echó abajo la “Ley pulpín”, o cuando tras el “baguazo”, cayeron las “leyes de la selva” que entregaban la amazonía a la explotación petrolera y maderera. Y tenemos más fresca aún la experiencia de echar abajo al nefasto Juan José Santiváñez, ex ministro del interior de la asesina Dina Boluarte, con el paro de los transportistas.

La (vergonzosa) respuesta de los sectores “democráticos”

Sin embargo, de manera vergonzante, esas dirigencias y sus partidos, incluida la mal llamada “izquierda”, se contentan cobardemente con realizar impotentes vigilias y pronunciamientos institucionales, dentro del juego de la legalidad patronal.

Con esa orientación, que ignora la lucha directa en las calles, solo se allana el camino a la intentona reaccionaria, que ya alista denuncias constitucionales contra la actual Fiscal de la Nación, con lo que intentarán pasar nuevamente a la ofensiva en este asunto.

Ir más allá de la “defensa de la democracia”

¿Es posible detener al fujimorismo y compañía en su cruzada reaccionaria? La experiencia histórica de la lucha obrera dice que sí, siempre que se enfrente dicha ofensiva con la movilización.

Sin embargo, la experiencia también dice que, una y otra vez, la patronal y sus sectores más reaccionarios vuelven a la ofensiva después de un tiempo. Y peor aún, que esa misma patronal que hoy se declara “democrática”, mañana aplaudirá al dictador de turno, con tal de asegurar sus ganancias.

Por eso, en un sentido estratégico, la única forma de “defender la democracia” para la clase obrera, es ir más allá de la democracia de los patrones, para imponer una democracia obrera y popular, que garantice el poder de las organizaciones de lucha de los trabajadores y el pueblo. Esto es, su propio gobierno, donde todos los funcionarios y funcionarias sean electos y revocables en cualquier momento, ganen lo mismo que una maestra de escuela pública, etc.

¿Qué unidad necesitamos para enfrentar a la reacción?

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Por Víctor Montes

Desde distintos sectores políticos “de izquierda” vuelven a escucharse los llamados a la “unidad”. Por supuesto, cualquier trabajador y trabajadora consciente reconoce la necesidad urgente de la unidad como requisito para el triunfo de sus intereses. Visto así, todo llamado unitario es lógico y bien recibido.

Sin embargo, la unidad de la que habla esa “izquierda” no tiene el propósito de concretar acciones de lucha que conquisten, por ejemplo, la derogatoria de la Ley de ceses colectivos, la solución de los pliegos de reclamo, o echar abajo la contrarreforma laboral que el gobierno mantiene en ciernes. Mucho menos recuperar nuestros recursos naturales, la tierra, o la convocatoria a una Asamblea Constituyente, como hizo el Sur.

No. De lo que está hablando esa “izquierda” es de elecciones. O como claramente plantea el ideólogo de Nuevo Perú, Álvaro Campana, la “construcción de alianzas que nos permitan superar la fragmentación política, resistir al régimen autoritario y sentar las bases para una auténtica salida constituyente”.

Como contrapartida, la más importante victoria obrera desde la derogación de la “Ley Pulpín”, la derrota del cese colectivo en Celima, muestra un camino distinto, el de la lucha directa, y que la unidad que necesitamos hoy, es para luchar por la derrota de la ofensiva patronal contra los trabajadores y el pueblo, derrotando al gobierno asesino de Dina Boluarte, y a los partidos reaccionarios y corruptos que dominan el Congreso.

Dos estrategias

Esta diferencia hace a dos estrategias absolutamente opuestas entre esa “izquierda” que quiere llegar a ser gobierno por la vía electoral, y la estrategia revolucionaria que defendemos desde el Partido Socialista de los Trabajadores, que apuesta a un levantamiento general, unitario y nacional de los trabajadores y trabajadoras a la cabeza de la lucha de todo el pueblo, que ponga el poder de decidir los destinos del país en manos de sus organizaciones de lucha.

Esas dos estrategias se basan en dos comprensiones del mundo también completamente distintas: para esa “izquierda”, la pelea es por “defender o conquistar derechos”, pero sin romper con los marcos impuestos por la patronal y su “régimen democrático”.

Por eso nos pintan un marco en el que supuestamente nos encontramos “…ante una pugna decisiva frente a un bloque ultraderechista que ha capturado el aparato estatal y desmonta derechos a diario”.

Nadie puede dudar de la ofensiva reaccionaria y corrupta que ha puesto en marcha la patronal y sus partidos políticos, como muestra de la descomposición del régimen democrático pactado por ellos mismos a la caída de la dictadura fujimorista. Sin embargo, como decimos en otro texto, pretender hacer frente a dicha ofensiva mediante las alianzas electorales y el voto, no hace más que desorientar a las masas obreras y populares. Las embarca en un viaje estéril de expectativas en las leyes e instituciones, y las desarma frente al peligro de una escalada autoritaria al no educarlas en el método de la movilización, el único que le puede hacer ganar confianza en sus propias fuerzas.

Lo que necesitamos, incluso aceptando la necesidad de transitar por el terreno electoral, mientras exista en la clase trabajadora y el pueblo alguna expectativa con la democracia patronal, es potenciar la desconfianza en la misma democracia de los patrones, y como contrapartida, fortalecer la confianza en la organización y lucha directa de los trabajadores, trabajadoras y el pueblo. Y así, enfrentar la ofensiva reaccionaria y patronal luchando unitariamente en las calles.

Y para eso, la única postura correcta es la que nos han mostrado los obreros de Celima, que sin abandonar las tareas administrativas impuestas por los trámites del Ministerio de Trabajo, jamás abandonaron la movilización, hasta la derrota del cese colectivo.

En todo caso, si no ganaron antes, pues tuvieron que esperar casi 11 meses, y si no se avanzó más, echando abajo la Ley de ceses colectivos, ha sido por responsabilidad de esas mismas organizaciones que se dicen “de izquierda”, que estando al frente de sindicatos y centrales sindicales, no tomaron el camino que mostró el sindicato Celima y no convocó a alguna acción nacional que ponga por delante la derrota de los ceses colectivos.

Por eso necesitamos construir la unidad obrera y popular, pero en el terreno de la lucha, y subordinar cualquier acuerdo electoral o candidatura, al fortalecimiento de la organización y acción de lucha de los trabajadores, trabajadoras y el pueblo. Pero eso es exactamente lo contrario a lo que esa “izquierda” nos pide hacer.

¡Derrotamos los despidos masivos en Celima! ¡Un triunfo histórico de la clase obrera!

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Por Manuel Fernández

A lo largo de nuestra existencia como sindicato, hemos sido testigos de cómo el uso patronal de la norma sobre ceses colectivos y su apéndice, la suspensión perfecta de labores, ha sido un golpe letal para los trabajadores y sus organizaciones, que muchas veces terminan reducidas o simplemente desaparecen.

Hemos acompañado a los sindicatos de Papelera Atlas, Papelera Nacional, Cogorno, BSH, Hialpesa y muchas otras bases en sus luchas contra los ceses colectivos. Incluso formamos parte de coordinadoras sindicales para enfrentarlos. Sin embargo, la desidia de las principales direcciones no permitió romper el aislamiento de esas luchas ni derrotar esas normas, lo que normalizó su aplicación y las convirtió en un problema que solo se aborda en el terreno legal. Esto ha permitido que las patronales, desde sus poderosos estudios de abogados con influencia en el MINTRA, avancen en su aplicación, infligiendo golpes a la clase trabajadora.

En ese contexto, luego de un período de bonanza de más de 20 años en el sector cerámico, la empresa Celima decidió implementar un cese colectivo, alegando motivos económicos y estructurales. La medida buscaba eliminar de un solo golpe 220 puestos de trabajo y, con ello, debilitar o desaparecer al sindicato.

Primer cese colectivo: Celima saca el garrote

El 7 de agosto de 2024, la patronal Celima inició el procedimiento de cese colectivo ante el MINTRA, afectando a 220 trabajadores, en la que incluyó a toda la junta directiva del sindicato y a los principales activistas de las tres plantas. La base respondió rápidamente, pues ya veía venir esta medida. Se trataba de luchar, no de seguir la dinámica de dispersión o del «sálvese quien pueda» que otras bases hacían, dejando todo en manos de sus abogados. Por eso, el arranque fue crucial para establecer una perspectiva de lucha hasta derrotar los despidos.

Nace el Comité de Lucha

En respuesta, conformamos un Comité de Lucha, organismo vital para el desarrollo y el resultado final de esta pelea. Se integró con los compañeros más experimentados y dispuestos a liderar, aplicando lo que mejor sabemos hacer: luchar en las calles.

Organizamos asambleas y las primeras movilizaciones, algunas en los alrededores del centro financiero de San Isidro, donde se ubica la oficina administrativa de la empresa, acompañados de nuestras familias y sostenidos por ollas comunes. Así dejamos claro que la lucha recién comenzaba.

Después de tres meses de lucha, el MINTRA declaró nula la solicitud del cese colectivo por incumplimiento de requisitos y ordenó la reposición inmediata y el pago de los salarios no percibidos. Como era de esperarse, la patronal no cumplió la resolución y, en su lugar, preparó un nuevo procedimiento de cese colectivo.

El segundo cese colectivo: Celima va con todo

El 5 de noviembre de 2024, la empresa inició el segundo procedimiento de cese colectivo, con una lista de 119 trabajadores que resistieron el primer intento. Así la patronal dejaba al descubierto no solo su plan de eliminar nuestro derecho al trabajo, sino también su objetivo de liquidar a nuestra organización sindical.

Esta vez, el MINTRA aceptó y dio trámite al expediente, comprometiendo nuestra situación. El proceso podía extenderse por más de un año.

Ante esto, ajustamos nuestro plan. Afinamos actividades para autofinanciarnos, como la chocolatada navideña «Niño de los despedidos de Celima», realizada el 28 de diciembre frente a las oficinas de la empresa en San Isidro.

Iniciamos esta lucha solos, pero pronto un sector de la clase obrera empezó a acompañarnos. Ripley, SUTTP, San Lorenzo, Kola Real y otros vieron cómo implementábamos jornadas de lucha, exigiendo la derogatoria de la ley de ceses colectivos y llamando a la acción conjunta.

La Dirección Regional de Trabajo aprueba el cese colectivo en dos instancias

Ninguna lucha es fácil. El 24 de febrero de este año, la Dirección Regional del MINTRA emitió una resolución aprobando la solicitud de la empresa. Fue un balde de agua fría. Todo nuestro esfuerzo parecía en vano.

Entendimos que nuestra lucha no era solo contra la empresa, sino contra el gobierno, sus instituciones y el modelo económico de libre mercado, que busca liberalizar el mercado laboral, priorizando las ganancias sobre los trabajadores.

También criticamos el rol pasivo de direcciones como la CGTP y la FETRIMAP ante los ceses colectivos, que no hacían nada efectivo para frenarlos o derogar la norma.

Por eso, nuestra lucha también exigía a las direcciones nacionales responder con una Huelga General contra los ceses y otros atropellos, y así logramos empujar nuevas jornadas de lucha convocadas por la FETRIMAP y posicionarnos en las movilizaciones de la CGTP.

En la última fase, solo nos quedaba el recurso de revisión ante la DGT. Con la asesoría del Dr. Gutiérrez y su equipo, presentamos argumentos sólidos: Celima no estaba en crisis económica ni en riesgo de insostenibilidad. El MINTRA buscaba ampliar los despidos masivos, alineado con medidas como el RIA (Remuneración Integral Anual), que pretende suprimir conquistas laborales.

El problema no era técnico, sino político. Detrás de estos ardides legales estaban la CONFIEP y asesorías como el Estudio Muñiz, presionando al MINTRA para endurecer medidas antilaborales.

La fase final y decisiva: nuestro recurso de revisión en la DGT

No bajamos la guardia. Organizamos charlas en las puertas de la fábrica para concientizar sobre la unidad y la lucha. Las muestras de solidaridad crecieron, llegando a nivel nacional e internacional.

Llevábamos más de 300 días sin percibir salarios y luchando en las calles. Decidimos acampar frente al MINTRA, recuperando una acción clásica de la lucha obrera. Con carpas, una olla común y el sonido de chicharras y pirotécnicos, resistimos una semana bajo el frío limeño, ganando el apoyo de la clase trabajadora.

El MINTRA esperó hasta el último minuto para emitir su resolución. El 23 de mayo, finalmente, la DGT revocó las resoluciones anteriores, ordenando la reposición y el pago de los salarios no percibidos. Un triunfo en toda regla.

La lucha nos devolvió nuestra dignidad como trabajadores

Nunca perdimos la confianza. Sabíamos que la lucha era el único camino. Hoy retomamos nuestras labores, agradeciendo a cada organización y compañero y compañera que nos apoyó. Este triunfo es fruto de sudor, lágrimas y privaciones.

Sin embargo, la lucha continúa. La norma de ceses colectivos y la SPL siguen vigentes, cobrando más víctimas. En Celima, el plan de reestructuración no ha terminado y apunta a un nuevo cese en la Planta 2.

Nuestra lucha es una de las más importantes de la clase obrera en la historia reciente. Ha inspirado a otras organizaciones a defender sus derechos y demostrado que la única salida es organizarse y luchar unidos en las calles.

Ahora, desde las bases, debemos exigir la derogatoria de estas normas y otras que afectan a los trabajadores. Y esto solo lo lograremos con la unidad de la clase obrera y una Huelga General, una tarea pendiente en manos de la CGTP y la FETRIMAP.

Los trabajadores ante la grave crisis nacional

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En medio de la grave crisis nacional, la clase trabajadora es la única que tiene la posibilidad y el deber de encabezar la lucha por una salida.

Hace unos años, durante la pandemia del COVID-19, creímos vivir la peor pesadilla de nuestras vidas. Aquella crisis dejó más de medio millón de muertos, afectando principalmente a los más vulnerables y a quienes tenían menos recursos. Además, más de un millón de trabajadores fueron despedidos y la economía popular se hundió, disparando los niveles de pobreza.

Hoy, con la expansión del crimen organizado, vivimos una pesadilla igual o peor. Las extorsiones y los asesinatos se han vuelto pan cotidiano, haciendo imposible la vida de los trabajadores y los más pobres. Y lo más indignante es que, si antes enfrentábamos un virus desconocido contra el que no había vacuna, ahora estamos ante simples bandas criminales que actúan impunemente debido a la inoperancia y la crisis del Estado y del gobierno. Mientras tanto, los capitalistas ajustan más a los trabajadores e incluso en la crisis encuentran nuevas oportunidades de negocios, incrementando sus ganancias.

Peor aún, quienes hoy gestionan el Estado –la alianza Boluarte-Congreso– son tan ineptos, corruptos y delincuenciales como las mismas bandas que dicen combatir. No solo permiten su expansión, sino que, al parecer, hasta las incentivan.

No es casual, entonces, que el descontento nacional se dirija contra el gobierno y que en todo el país resuene el grito de «¡Fuera Dina!«. Incluso las clases medias que respaldaron al gobierno golpista entre 2022 y 2023, cuando el sur se alzó, ya no la toleran. Y aunque la presidenta apresuró la convocatoria a elecciones generales –buscando que más de 40 candidatos distraigan a la población–, y sus aliados en el Congreso la siguen sosteniendo pese a que se distancian de ella con censuras e interpelaciones, la continuidad de Boluarte se hace más difícil cada día.

Por eso, hoy más que nunca, debemos discutir la salida que realmente necesitamos. Desde los sectores obreros y populares, apostamos por la movilización: un Paro Nacional convocado por las centrales sindicales y organizaciones populares, que no solo exija la salida del gobierno, sino que también impulse las demandas urgentes de los trabajadores: No a Tía María, reactivación del Gasoducto Sur, fin de los despidos masivos… La solución no está en las elecciones, donde solo se nos ofrece el mismo menú de políticos corruptos al servicio de las multinacionales. La verdadera salida está en la lucha organizada.

Pero, ¿quién debe reemplazar a Boluarte? ¿Debemos confiar en que el Congreso elija otro gobierno? No.

Recordemos lo que pasó en las últimas elecciones. Tras la catástrofe del COVID-19, y como castigo a las políticas criminales del Estado y la burguesía que condenaron a morir a los trabajadores y los pobres, eligieron a Pedro Castillo con la esperanza de lograr cambios. Pero todos vimos lo que ocurrió después: lo acusaron de comunista y terrorista, lo sabotearon desde el primer día, y tras un año y medio de ataques, lo vacaron. Luego vino la represión sangrienta contra la rebelión popular, justificada con la misma campaña de miedo que logró alinear a las clases medias urbanas detrás de la reacción.

Todo esto lo hicieron el fujimorismo y los sectores más reaccionarios, en nombre de la «democracia», la «lucha contra la corrupción» y la «recuperación económica». Pero lo cierto es que establecieron un régimen tan autoritario y corrupto como el de Alberto Fujimori: el gobierno de Dina Boluarte, que cada día nos hunde más mientras beneficia a las multinacionales y los más ricos. Y ahora que su gobierno se desmorona, nos quieren vender la misma salida de siempre: elecciones.

No habrá solución en las urnas. La verdadera salida es la que planteó la rebelión del sur: una Asamblea Constituyente que no solo cambie las reglas del juego, sino que impulse los grandes cambios que el país necesita: nacionalización de las minas y los monopolios, para redistribuir la riqueza y garantizar educación, salud, vivienda y trabajo digno para todos.

Pero la lucha por la Constituyente está ligada a una pregunta clave: ¿Quién gobernará para aplicar estas medidas? Necesitamos un Gobierno de los Trabajadores y los Pobres, el único capaz de realizar los cambios profundos que se necesita.

Para lograrlo, debemos construir una dirección que de verdad organice las fuerzas de la clase obrera y unifique su lucha por esta salida, como la que planteamos desde el Partido Socialista de los Trabajadores.

La movilización del 1° de Mayo es una oportunidad para movilizarnos con fuerza, con nuestras banderas y organizaciones, y empezar a dar los pasos por encabezar desde la clase obrera la lucha por una salida real a la crisis del país.

Aumenta la lucha social contra el sicariato y el gobierno

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En marzo, el asesinato de un cantante popular por parte de sicarios provocó una reacción combativa de los artistas populares y fue el desencadenante de una movilización nacional que terminó enfrentando al gobierno y los partidos del Congreso que lo respaldan, tal como lo hicieron el año pasado los transportistas, comerciantes y pequeños productores. En abril, nuevos asesinatos de transportistas provocaron un estallido de mayores proporciones que volvieron a cuestionar la permanencia del gobierno con el cual la delincuencia, la común y la política, escala aceleradamente.

La multitudinaria movilización popular del 21 de marzo tuvo un resultado con sabor a victoria, que fue la caída del entonces inamovible ministro del Interior, brazo de un gobierno que podría ser calificado simplemente de inútil si no fuera por su responsabilidad directa en el crecimiento del crimen organizado, tanto el de las extorsiones como el crimen organizado en los linderos del Congreso y de Palacio de Gobierno.

Las bancadas que mantienen de hecho un pacto con el gobierno, Fuerza Popular que es heredera de la dictadura fujimorista; Alianza para el Progreso del impresentable César Acuña; Avanza País y Renovación Popular, los adalides de la ultraderecha criolla; Podemos de Luna Gálvez, implicado en el caso los “gánster de la política”; y Perú Libre y la mayoría de sus grupos desmembrados que enlodan el concepto de una izquierda política; todos trabajan conjuntamente para blindar al gobierno desde que fuera impuesto de manera ilegítima al costo de decenas de muertos.

Pero la multitudinaria movilización popular, que se sobrepuso al estado de emergencia decretado por el gobierno, y que fue seguida por otras movilizaciones de sindicatos obreros que vienen luchando contra los ceses colectivos y otros sindicatos en la lucha por sus demandas, obligó a posturas de cálculo electoral, especialmente de la bancada fujimorista, que terminó posibilitando la censura, y también a la aprobación de la interpelación al premier y dejando otras cuatro interpelaciones en camino.

Nueva escalada con el regreso de los transportistas

Como era previsible la situación no cambió y la criminalidad sigue avanzando, y el gobierno y los partidos del Congreso parecen más interesados en fomentar la inseguridad para explotar el miedo de la población con fines políticos; por ejemplo, pocos recuerdan siquiera cómo se llama el nuevo ministro del Interior.

A los pocos días, grupos de padres de familia protestaban por el recrudecimiento de las extorsiones que ya comenzaron a amenazar hasta a los alumnos y sus familias; y, muy poco después, más transportistas cayeron acribillados por sicarios, motivando esta vez un estallido social, o algo poco menos, que desembocó en un paro contundente del transporte el 10 de abril.

La inseguridad ciudadana, que desde hace unos años escaló en las encuestas de opinión a los primeros lugares de importancia, se ha transformado en clamor por la vida y, lo que es más destacable, en una bandera de lucha de masas en las calles.

Como si todo esto no fuese suficiente, el gobierno muestra más signos de su descomposición como la intoxicación masiva de escolares por causa de un esquema de corrupción vinculada a mafias proveedoras de alimentos contaminados a los programas sociales del Estado, primero Qali Warma y luego a Wasi Mikuna. También el relajamiento del control a los mercaderes de la salud, como el oligopolio Medifarma que comercializó suero fisiológico contaminado causando la muerte de por lo menos cuatro personas y muchos casos de gravedad.

“Mano dura” contra quiénes

Las luchas sociales contra la criminalidad, que enfilan contra el gobierno y el Congreso porque son visto como el principal obstáculo para una solución, por inacción o por funcionalidad con el crimen, solo pueden vislumbrar el comienzo de una solución poniendo fin a ese gobierno y ese Congreso. La lucha unitaria es el principal desafío en ese sentido ya que no faltan sectores que cifran esperanzas en mesas de trabajo como la convocada por el Congreso, o peor aún sectores que caen atrapados en el discurso demagógico de la “mano dura” que las autoridades enarbolan para no hacer nada.

Los sectores de extrema, que están comprometidos hasta el tuétano con el actual gobierno y su desastrosa política, son los más cínicos embaucadores que, para no hacer nada contra el crimen, hablan de “pena de muerte”, “estado de emergencia”, “retiro de la Corte Interamericana”, “cambiar de nombre al sicariato por terrorismo”; mientras tanto meten de contrabando leyes que protegen a la criminalidad, a sus propias organizaciones; incluso mientras blindan a Dina Boluarte y archivan acusaciones como la de los asesinatos y la del caso Rolex, y seguro seguirá el mismo camino el caso de las cirujías.

Aprovechan, eso sí, el pánico de la población que ellos mismos avivan, para aprobar y promulgar leyes como la reciente que autoriza a policías “usar armas de fuego en casos de flagrancia”. Con el antecedente de los asesinatos de 2022-2023, esta ley parece más destinada a reprimir las protestas sociales con armas de fuego.

Proceso electoral en contexto de luchas sociales

En medio de la crisis por el escalamiento del crimen, el gobierno en su desesperación adelantó la convocatoria a las elecciones generales 2026. Con ello busca que las más de 40 organizaciones políticas se lancen a la disputa electoral y así eludir las presiones sobre Palacio. Sin embargo, la situación para las masas trabajadoras sigue siendo un caldero que anuncia un proceso electoral con más luchas, no con menos.

Para los luchadores sindicales y populares consecuentes, la necesidad seguirá siendo la lucha por la derrota del actual gobierno y el pacto de la corrupción que la sostiene, y en ese sentido el fortalecimiento de sus organizaciones, el avance de las coordinaciones y el forjamiento de una nueva dirección de esas luchas no solo para medidas concretas que frenen al sicariato y las extorsiones, solución al impacto de las lluvias y huaicos, reposición de los trabajadores despedidos por ceses colectivos; sanción por los asesinatos del 2022-2023.

Alerta en los trabajadores por la guerra arancelaria de Trump

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En estas páginas, en la edición de febrero, resaltábamos cómo las principales autoridades y políticos del gobierno y Congreso peruanos, así como de la Alcaldía de Lima, habían expresado su admiración por Donald Trump y, en un acto que solo puede ser calificado de traición a los intereses de la comunidad latinoamericana y del Perú, habían aplaudido los anuncios del presidente yanqui de masivas y denigrantes expulsiones de latinos, imposición hostil de aranceles, amenaza de usurpación del Canal de Panamá, entre otros anuncios gorilescos.

Pues sucede que, desde el arranque de su gobierno, Trump pasó a la acción con una brutal persecución y expulsión de latinos y migrantes de otras regiones; llevó más lejos su matonería respecto de Panamá, Groenlandia, Ucrania y hasta la Franja de Gaza. Junto con eso, al principio de abril, desafió al resto del mundo entero imponiendo elevados aranceles a los países europeos, y más todavía a China y otros países asiáticos, aranceles que desde su arbitrario punto de vista considera “recíprocos”. Perú, junto con otros países latinoamericanos, fue castigado con 10% de aranceles a pesar de tener suscrito un Tratado de “Libre” Comercio, o TLC, que permite a las mercancías estadounidenses ingresar al mercado peruano con cero aranceles.

Esa medida, con la que el imperialismo yanqui lleva a otro nivel la guerra comercial que ya se vivía en el mundo, tuvo que ser suspendida por Trump por el espacio de 90 días (hasta julio), obligado por el impacto catastrófico en las bolsas de todo el mundo, en especial del Dow Jones; difícil no fijarse en la gran debilidad que muestra ese gobierno que pone en evidencia una dinámica decadente a pesar de que Estados Unidos sigue siendo la potencia hegemónica del imperialismo y militarmente la más poderosa.

No obstante, Trump mantuvo y hasta duplicó los aranceles sobre China llevándolos a 145%, recibiendo a cambio, por parte de China, una barrera arancelaría de 125%, que los chinos dicen que no van a seguir subiendo pues consideran que resultaría ridículo. Por este hecho, la suspensión de noventa días al resto del mundo no ha eliminado la incertidumbre en la perspectiva de la economía mundial y menos la desconfianza en el gobierno norteamericano; motivos para la incertidumbre hay de sobra, las potencias europeas no tardaron en preguntarse dónde irían a parar las mercancías chinas que dejarán de venderse en Estados Unidos.

Alerta en la clase trabajadora mundial

Quedó en evidencia que los aranceles de Trump no son un fin en sí mismo sino más bien una patada al tablero del orden mundial para imponer otras reglas de juego, que permitan conseguir, de manera acelerada, las ganancias que en las últimas dos décadas están en niveles muy bajos para la expectativa capitalista. Las confrontaciones por esas nuevas reglas tendrán la forma de disputas interimperialistas, pero su destino de fondo es una guerra económica contra la clase trabajadora en todo el mundo para lograr una mayor concentración de la riqueza.

No es lo más probable que las potencias económicas terminen con el modelo de la globalización, esa gallina de los huevos de oro que les ha generado enormes beneficios en las últimas tres décadas, que ha permitido un crecimiento espectacular de los negocios y las ganancias a las principales corporaciones norteamericanas y europeas, y que incluso han permitida el ascenso de China, que pasó de ser la fábrica del mundo proveedora de mano de obra barata a los negocios capitalistas de occidente, a ser una potencia económica mundial como la segunda mayor economía y propietaria de una tecnología que le permite colocar productos de mayor valor en el mundo, así como también ser el mercado para porciones importantes de la producción occidental.

Las medidas de Trump muestran más bien la impaciencia del gran capital y de la banca imperialista, exacerbada por una prolongada crisis de la ganancia, para hacer que esa globalización les brinde ganancias en mayor proporción, y eso finalmente solo lo conseguirán aumentando la explotación de los trabajadores de todos los países, incluidos los trabajadores estadounidenses.

En efecto, después del garrotazo de los aranceles, Trump se alistó para recibir a las delegaciones de las otras potencias y países (en sus palabras “todos ellos le besaban el trasero”), para negociar mejores términos para la potencia hegemónica.

Cualquier resultado de esas negociaciones tendrá como resultado final nuevos niveles de explotación de la clase trabajadora, así como la expulsión de nuevos contingentes de trabajadores del aparato productivo, bajo el paraguas de discursos de apoyo a las producciones nacionales.

Empezando por Estados Unidos. Es cierto que uno de los objetivos de Trump es proteger algunas industrias norteamericanas claves como la automotriz, pero está golpeando a la clase trabajadora con despidos masivos en el sector público, y recortes de los planes de salud y muchos programas sociales, encarecimiento de la vida que los nuevos aranceles lo agravarán. Además, Trump busca garantizar el pago de la deuda pública de 36 billones de dólares, con vencimientos de 9 billones dentro del año que irán a parar a las arcas de los grandes buitres de la banca imperialista, y la cifra crecerá aceleradamente cada año.

Entonces, es clave constatar que el aumento de los aranceles por parte del gobierno Trump, debe poner en alerta a toda la clase trabajadora tanto en el mundo como en el Perú y prepararnos ya mismo y avanzar aceleradamente en nuestra organización para estar en capacidad de defender nuestros intereses de clase, el empleo, el salario, junto con los intereses nacionales y populares frente a la embestida imperialista y capitalista.

Resistencia de las masas

Es una buena señal la resistencia que ya han comenzado a dar las masas trabajadoras y movimientos democráticos de Estados Unidos contra Trump. Hace dos meses se movilizaron los latinos en repudio a las expulsiones de migrantes, y el último 5 de abril millones de personas se movilizaron en los cincuenta estados del país y otras ciudades del mundo, con la bandera ¡Manos fuera! (Hands off!).

Estas movilizaciones podrían ser mucho más grandes próximamente cuando los nuevos aranceles se trasladen a los precios y provoquen un nuevo salto inflacionario.

La clase trabajadora debe cuidarse de dos grandes trampas: la indiferencia, es decir hacer como si no pasara nada; y, la otra, la trampa del falso nacionalismo capitalista para justificar más sacrificio y sobreexplotación so pretexto de la competitividad.

Ya hemos visto cómo con ese discurso se aplican ceses colectivos, se niegan derechos a la negociación colectiva, se pretende eliminar otros, y se empobrece más a la población mientras los ricos se hacen más ricos.

1° DE MAYO: A LAS CALLES POR ¡FUERA DINA! Y POR LAS REIVINDICACIONES OBRERAS Y POPULARES

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El 1° de Mayo saldremos a las calles a movilizarnos por ¡Fuera Dina, ya!, levantando nuestras demandas y las de todo el pueblo, y por una salida con un Gobierno Obrero y Popular que realice los cambios que necesitamos. Pero el 1° de Mayo también un día reflexión para la vanguardia obrera, reflexión sobre el estado de nuestra clase y los desafíos que enfrentamos. Aquí ofrecemos algunas ideas para dialogar con los luchadores y luchadoras que hoy se encentran en la primera línea.

Nos preparamos para salir una vez más a las calles este 1° de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, recordando a nuestros mártires y las luchas heroicas que ha librado la clase obrera para mejorar sus condiciones de vida. Nuestra mira está puesta en la conquista de un mundo justo y libre, con un Gobierno de los Trabajadores y los Pobres.

Hace 150 años, con inmenso sacrificio, la clase obrera se levantó y libró una batalla histórica que conquistó la jornada de 8 horas. Desde entonces, la lucha no ha cesado y se ha extendido por el mundo. Sin embargo, el capitalismo solo nos ha traído guerras, muerte, destrucción ambiental y hambre generalizada, junto con la degradación absoluta del trabajo. Hoy, la jornada de 8 horas existe solo en el papel. El «derecho al trabajo» que la burguesía presume es, en realidad, precario, inestable y escaso. Esto ocurre en un momento en que la humanidad ha alcanzado avances tecnológicos capaces de mejorar nuestras vidas, pero que, en manos privadas, solo enriquecen a la clase capitalista.

La condición obrera hoy

Celima S.A. es un claro ejemplo de la realidad actual de la clase trabajadora. Tras 20 años de aprovechar coyunturas económicas favorables y aplicar políticas de sobreexplotación y abusos, la empresa acumuló ganancias hasta convertirse en una corporación líder en el mercado nacional e internacional, enriqueciendo a la familia Belmont-Cassinelli, sus principales accionistas.

Pero ahora, Celima busca deshacerse de la mayoría de sus trabajadores—los mismos que hicieron posible su crecimiento—para liquidar al sindicato y los derechos que conquistó en largas luchas, reemplazándolos por “carne nueva” y sin derechos. Para ellos, las ganancias nunca son suficientes: siempre quieren más.

En los últimos dos años, la empresa ya había despedido a 250 trabajadores bajo diversos pretextos. Ahora pretende echar a otros 250 mediante un procedimiento de cese colectivo facultado por la ley, tramitado desde hace 8 meses en el Ministerio de Trabajo.

Esta situación no es exclusiva de Celima. Ocurre en cualquier empresa medianamente grande del país, donde la lógica capitalista exige maximizar ganancias a costa de los trabajadores. Desde 2018, los ceses colectivos se han aplicado en más de 100 empresas, dejando a miles de obreros en la calle y desapareciendo sindicatos combativos.

Sin embargo, hoy un gran sector de la clase trabajadora está tomando conciencia de esta realidad. La lucha ejemplar del Sindicato Celima, que se moviliza, denuncia y llama a la unidad obrera, ha abierto los ojos de muchos.

Más allá de los ceses colectivos: los ataques sistemáticos

Los ceses colectivos son solo la punta del iceberg. Las empresas niegan la negociación de pliegos de reclamos, incluso durante huelgas que superan los 100 días, forzando a los trabajadores a la derrota. El derecho a huelga es recortado cuando las empresas declaran «puestos indispensables» para impedir la paralización. El derecho a sindicalizarse es castigado: los afiliados, especialmente los dirigentes, son marginados, perseguidos y despedidos bajo falsos pretextos.

Y cuando los trabajadores esperan al menos recibir utilidades, estas les son robadas. En la práctica, los derechos laborales solo existen en el papel, y los empresarios actúan con impunidad, por lo general con el aval del Ministerio de Trabajo.

Como si fuera poco, ahora buscan eliminar la CTS y las gratificaciones bajo el pretexto de una «unificación salarial», derogar el Decreto Supremo 001-2022-TR que limita la aplicación de la tercerización laboral y aplicar otros ajustes dentro del paquete llamado “shock desregulatorio”, destinados a abaratar aún más el valor del trabajo y beneficiar las ganancias empresariales.

El trabajo precario e informal

Si en las empresas medianas y grandes la situación es grave, en el resto es aún peor. Los trabajadores de textiles, confecciones y agroexportación están sometidos a regímenes «especiales», con contratos mensuales que impiden su organización y la lucha por sus derechos. Los tercerizados, las empresas services y los CAS en el Estado son otras formas de precarización. Y una gran mayoría de la clase trabajadora sobrevive en la informalidad total, sin derechos, seguridad social y sin siquiera un salario mínimo.

En los últimos años, con el avance tecnológico, ha surgido una nueva clase trabajadora joven: repartidores de Uber, Driver, PedidosYa, etc. Trabajan a destajo o por comisiones y sin ningún tipo de derechos laborales, asumiendo sus propios costos (equipos, vehículos, servicios), mientras los propietarios de las plataformas los explotan con el cuento de que son «independientes».

Así, la burguesía no solo sobreexplota, sino que divide y fragmenta a la clase trabajadora, dificultando su organización y conciencia.

La FETRIMAP y la lucha aislada

Pese a todo, algunos sectores resisten: el Sindicato Celima, los trabajadores de tiendas Ripley, los obreros municipales de Lima, los huelguistas de Holcim–Agregados Calcáreos (más de 100 días en paro), los trabajadores de Telefónica en lucha contra su liquidación, los trabajadores de Medifarma en lucha contra el cierre de la empresa. Pero hay un problema: cada uno pelea por su lado, como si su conflicto no fuera parte de una ofensiva general del capital.

Cuando las empresas rechazan negociar pliegos, sabotean huelgas o aplican ceses colectivos masivos, no son casos aislados: es parte de una política de ajuste patronal.

Los empresarios actúan con total impunidad, respaldados por la CONFIEP y la Sociedad de Industrias, que impulsan leyes antiobreras. Financiaron a Keiko Fujimori, sabotearon a Pedro Castillo, apoyaron el gobierno de Boluarte y la masacre del sur, tachando a los protestantes de «terroristas». Ahora colocan a sus operadores en el Ministerio de Trabajo para imponer sus planes.

Frente a esto, las dirigencias de las centrales sindicales no unen las luchas y encasillan las protestas a la defensa legal. Los resultados están a la vista: en Celima y Holcim-Agregados Calcáreos hasta ahora son desfavorables y las resoluciones parecen redactadas por las propias empresas.

La CGTP: complicidad con el poder

La CGTP, controlada por el PCP desde hace 80 años, aplica una política de colaboración con los gobiernos patronales. Tras la vacancia de Castillo, cuando el estallido social del sur llegó a Lima, la central no se puso al frente, sino que convocó marchas paralelas y una huelga indefinida destinada al fracaso, aislando a la clase obrera de la lucha popular. Así, contribuyeron a estabilizar el gobierno de Boluarte, que luego desató la ola de ataques que hoy vivimos.

La trampa electoral

Otra trampa es el carrerismo electoral. Mientras la mayoría de las organizaciones de «izquierda» se enfocan en las elecciones –prometiendo que desde el Congreso aprobarán leyes favorables–, la realidad es otra. En 2021, la «izquierda» tuvo 40% del Congreso e incluso el gobierno con Castillo, pero no aprobó medidas a favor de los trabajadores, no derogó ni la ley de cese colectivos. Además, muchos de esos congresistas de “izquierda” votaron por la vacancia de Castillo y pasaron a hacer parte de la mafia que co-gobierna.

Hoy, figuras como la congresista Isabel Cortez Aguirre solo presentan proyectos para simular trabajo, engañando con la idea de que el cambio vendrá desde el Parlamento y no desde la movilización. Y como si fuera poco, en su afán por candidatear de nuevo, no tienen ni rubor al incorporarse a las filas de partidos patronales y mafiosos como Podemos.

Por una nueva dirección obrera

El gran desafío que enfrenta la clase obrera es construir una nueva dirección: independiente, clasista y combativa, que una las luchas en lugar de aislarlas, que fortalezca los organismos sindicales afiliando a la mayoría de trabajadores y democratizándolos (con asambleas generales y delegados permanentes), que priorice la acción directa, y que asuma como suyos las banderas de todos los explotados y oprimidos.

Esta dirección debe encaminar la lucha por una salida de fondo con una Asamblea Constituyente y un Gobierno de los Trabajadores y Pobres, que nacionalice las grandes riquezas bajo control obrero y popular.

Esta es la nueva dirección que con urgencia necesitamos poner en pie. Es un desafío grande. Pero la solución empieza por tener claro el problema.

La misma historia nos enseña que la construcción de una verdadera dirección de clase es la que necesitamos resolver para ganar la pelea. La Jornada de 8 horas la ganamos en 1919 con una huelga indefinida organizada y comandada por una dirección revolucionaria (los anarcosindicalistas). En julio de 1977 realizamos el más grande Paro Nacional de nuestra historia, paro que derrotó a una feroz dictadura y permitió la recuperación de las libertades, gracias a que en frente de él se colocó una amplia vanguardia clasista que la impuso y garantizó su realización combativa, rebasando el control burocrático de la central.

Los elementos para dar pasos en este camino surgen en cada lucha, con dirigentes independientes y combativos al frente de sus sindicatos base. Están en los dirigentes del Sindicato Celima, que no solo son independientes, sino se identifican y abrazan un proyecto claro en ese sentido, como parte de una corriente obrera que realiza el mismo esfuerzo y labor en otros países, mostrando que son lo más avanzado de la clase obrera peruana; por eso no es casual que encabecen una lucha verdaderamente ejemplar.

¡Todos a las calles este 1° de Mayo!

Es con este proyecto, con en el que también nos sentimos comprometidos desde el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), es que llamamos a conmemorar este 1° de Mayo en las calles, en forma masiva y combativa, con las siguientes banderas:

✅ Derogatoria de la ley de cese colectivo y reposición de todos los despedidos (como los compañeros de Celima).
✅ Solución a los pliegos de reclamos congelados.
✅ Defensa del empleo en Telefónica: ¡Renacionalización sin pago y bajo control obrero!
✅ Derogatoria de los regímenes laborales precarios (textiles, agro) y fin a la tercerización.
✅ Aumento general de salarios según el costo de la canasta familiar.
✅ ¡No a Tía María! ¡Gasoducto al Sur!
✅ Juicio y castigo a los responsables de los crímenes en las protestas del 2022-2023.
✅ Autoorganización y autodefensa popular contra la criminalidad.
✅ ¡Fuera Boluarte y su Congreso corrupto!

Y siempre, con la bandera de un Gobierno de los Trabajadores y Pobres, que garantice nuestra independencia nacional y ponga las riquezas en manos de las mayorías.

¿Es posible acabar con la criminalidad?

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Por Víctor Montes

El asesinato del cantante del grupo de cumbia “Armonía 10”, Paul Flores, “el russo”, el domingo 16 de marzo, se convirtió en el catalizador del profundo descontento que siente el pueblo pobre y trabajador frente a la violencia de las bandas de extorsionadores y la incapacidad del gobierno para hacerles frente.

De ahí que, solo 5 días después, miles de personas salieran en movilización, pese al “Estado de emergencia”, obligando al Congreso reaccionario, dominado por el fujimorismo, a censurar al exministro del interior, Juan José Santibañez, fiel escudero de Dina Boluarte, quien antes de acceder al gobierno fuera abogado de policías corruptos y asesinos.

Con su acción, las masas populares, que tomaron la convocatoria realizada por las orquestas de cumbia del país, sin la participación de las grandes organizaciones obreras, como la CGTP, asestaron la primera verdadera derrota política de la alianza entre el gobierno y el Congreso, que se han blindado mutuamente en la perspectiva de llegar a 2026 aprobando medidas reaccionarias al amparo de la represión.

Sin embargo, el problema no ha terminado: tanto la violencia criminal, como el gobierno incapaz y el Congreso reaccionario, siguen ahí.

Nosotros ponemos los muertos

La madrugada del 2 de abril, Paul López Estarbridis, padre de familia de 51 años, y chofer con más de 10 años de experiencia, fue asesinado a balazos cuando iniciaba su ruta. El chofer trabajaba para la empresa de transportes Aquarius, conocida como la ‘S’, a la que las bandas de extorsionadores exigían el pago de S/. 20 soles diarios por unidad (unos S/. 2000 diarios en total).

Con dolor, sus compañeros declararon su temor por salir a trabajar. Ante la consulta de los medios de comunicación, sobre si pensaban cambiar de trabajo debido a los extorsionadores, sus compañeros respondieron “somos choferes. Es lo que sabemos hacer y es lo que queremos hacer: trabajar tranquilos y saber que vamos a volver a casa”.

No resulta extraño que, cuando el 5 de abril, Loymer Noé Benigno, chofer de la empresa “el chino”, fue asesinado mientras realizaba su ruta, los 200 choferes que laboran en la empresa definieran parar sus labores en forma intempestiva y no salir hasta tener garantías para sus vidas. Loymer es el tercer chofer de esta empresa, asesinado desde que iniciaron las extorsiones.

15 choferes han sido asesinados en total en lo que va del año. Y es que en medio de la “ola de criminalidad”, los que ponemos los muertos somos los trabajadores y nuestras familias. Según el Sistema Nacional de Defunciones (SINADEF), cada 4 horas se asesina a alguien en el país.

Junto a choferes, trabajadores de barberías, bodegas y escuelas de barrio, vendedores ambulantes o farmacias, son víctimas cotidianas de las bandas de extorsionadores.

Así como en 2020, en plena pandemia, Vizcarra entregó al pueblo pobre a un genocidio en el que los que tenían dinero sobrevivían y los que no, moríamos en las puertas de los hospitales o en nuestras casas, carentes de oxígeno, hoy Boluarte y el Congreso nos entregan como ganado a las bandas criminales.

Otra vez… ¿Qué es el crimen organizado?

Como hemos explicado antes el crimen organizado no tiene nada que ver con el carterista o “fumón” que roba en los barrios. Las organizaciones criminales que extorsionan y asesinan, son verdaderas empresas capitalistas que realizan sus negocios por fuera de la Ley.

Empresas donde hay “dueños”, “gerentes”, “capitanes” y “soldados”. Y donde para garantizar sus ganancias, deben “apropiarse” de territorios e imponer su orden, su “ley”, por la fuerza de las armas y del dinero, con el que compran autoridades (comisarios, oficiales, jueces, supervisores municipales…) que “miran para otro lado”, mientras extorsionan, trafican y matan. Como dicen las propias bandas de extorsionadores, de nada vale denunciar, porque “la policía está con las bandas”.

El Estado patronal no puede enfrentar al crimen

Pero el poder económico de las bandas criminales es tal, que incluso acceden a instancias de poder nacional (Congreso, Poder Judicial y Gobierno), y desde ahí, como cualquier otro sector patronal, defienden sus intereses.

No es casual que el actual presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, ligado a la minería ilegal, se haya constituido en una de las cabezas de las medidas que debilitaron el sistema de investigación fiscal y las leyes de crimen organizado.

El modelo económico aviva las llamas de la criminalidad

Pero el caldo de cultivo para el desarrollo de las bandas criminales, es el modelo económico neoliberal, que saquea nuestros recursos, super explota a la clase trabajadora, y arroja a la población a condiciones de miseria (cabe recordar que entre 9 y 10 millones de peruanos y peruanas nos encontramos bajo la línea de la pobreza monetaria y otros 9 a 10 millones, son vulnerables a caer bajo esa misma línea en cualquier momento).

Así, el capitalismo neoliberal produce potencial carne de cañón para el crimen organizado. Por eso, el Estado patronal y la criminalidad resultan inseparables: porque en el fondo, ambos defienden los intereses del capital.

El gobierno no hace nada

Pero además, nos encontramos ante un gobierno particularmente incapaz ante el problema de la criminalidad. Tan incapaz, que en los hechos, es el principal obstáculo para hacerle frente.

De ahí que los transportistas que paralizan sus labores, y las marchas que se han impuesto en las calles, denuncian la responsabilidad del gobierno y del Congreso, y demandan medidas efectivas para terminar con las bandas criminales, capturar a sus cabecillas, y devolver la tranquilidad a los barrios de la ciudad.

Es esta respuesta colectiva la única que puede abrir paso a una lucha real contra el crimen organizado, con medidas de inteligencia que apunten a la captura y al desmembramiento de las bandas criminales, incluidas las que obran desde los centros del poder.

Un programa revolucionario contra las bandas criminales

Desde un punto de vista de clase, debemos ser claros: el Estado patronal no puede terminar con la criminalidad, pues defiende los intereses del capital, que necesita de nuestra miseria para hacer ganancias, propiciando el desempleo, la precariedad y la lumpenización de sectores de la clase obrera y el pueblo.

Somos los trabajadores y trabajadoras del país, junto al pueblo pobre del campo y la ciudad, quienes tenemos la ardua tarea de acabar con el crimen organizado, como parte de nuestra lucha por acabar con el poder del capital, a partir de nuestra acción combativa y autoorganización.

Por eso proponemos:

  1. Poner en discusión de nuestras organizaciones (sindicatos, asambleas barriales, frentes de defensa, etc.) la organización de rondas y comités de autodefensa urbanas que, junto a las rondas campesinas, combatan la acción de la criminalidad.
  2. Exigir que el Estado proporcione armamento para dichas rondas y comités, y que éstas reemplacen en todas partes a la policía en el resguardo de la seguridad ciudadana y el combate al crimen
  3. Contra la “justicia” patronal y corrupta, conformar tribunales populares, que sumariamente juzguen y sentencien a los criminales, incluídos los criminales del Estado (corruptos, asesinos y extorsionadores), desde un policía hasta un presidente.
  4. Y para cortar de raíz el caldo de cultivo de donde la criminalidad arranca a un sector de la juventud pobre para convertirla en sicaria, es imprescindible garantizar trabajo para todos y todas, prohibir los despidos, reponer a todos los despedidos y despedidas, dividir la jornada laboral entre todas las personas con necesidad de trabajar, garantizando salarios iguales al costo de la canasta básica de consumo.

Esta es la ardua tarea que tenemos entre manos, para dejar de morir a manos del crimen, pero también, del hambre y la pobreza, y de la represión que, hasta ahora, solo sirve para mantener al gobierno de Boluarte y al Congreso reaccionario en el poder.

Los datos

  • 2057 personas fueron asesinadas en 2024 por bandas criminales a nivel nacional.
  • 554 homicidios han sido registrados hasta el 4 de abril.
  • En los 10 meses de gestión de Juan José Santibáñez al frente del MINITER fueron asesinadas 1840 personas.

¿Y el estado de emergencia?

La realidad ha demostrado lo que ya hemos dicho: el Estado de emergencia es una medida impotente frente a la criminalidad que solo da beneficios al gobierno, a los partidos del Congreso y a los empresarios, que quieren, por la fuerza, mantener al pueblo pobre y trabajador con la cabeza abajo. Solo en 24 horas tras el anuncio de la medida, 7 personas fueron asesinadas en Lima y Callao por las bandas criminales. 15, durante la primera semana.

Triunfo de los estudiantes de la Universidad Nacional Agraria La Molina

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Por Miguel Reyes

Tras más de una semana de toma de la universidad, los estudiantes que lucharon por la exigencia de mejores condiciones educativas, lograron arrancar ciertos compromisos a las autoridades de turno como la evaluación de la infraestructura educativa, el reforzamiento de la seguridad y la gratuidad en el comedor.

La difusión de la lucha estudiantil

Desde el inicio de la medida, una serie de actos de solidaridad de estudiantes y federaciones de distintas casas de estudio como la PUCP, la UNI y San Marcos respaldaron la lucha emprendida, además de pronunciamientos de solidaridad y de algunos streamer que difundieron las problemáticas de la universidad en sus redes sociales.

Mientras los días de lucha pasaban, hubo algunos intentos de mesa de diálogo y una asamblea de estudiantes que eligió a ocho delegados para participar de ella. Sin embargo, los estudiantes pedían adicionalmente la transparencia de dicha reunión, la garantía de no represalias y un moderador imparcial.

Es así que el 10 de abril se realizó la esperada reunión en la se llegó a acuerdos en un acta, y que fue celebrada por los estudiantes.

A fortalecer los gremios para garantizar los compromisos

Si bien la lucha consiguió compromisos por parte de las autoridades, las promesas de mejora solo se podrán asegurar definitivamente si, por un lado, se fortalecen los espacios gremiales con métodos democráticos para hacer cumplir dichos acuerdos.

A nivel nacional, de otra parte, los estudiantes tenemos planteado la necesidad de organizar la lucha por un mayor presupuesto para la educación. Situaciones como la planteada por los estudiantes de La Agraria son comunes –y hasta peores– en todas las universidades nacionales. Además, ellos denunciaron también que, en los últimos años, hubo diversos compromisos, pero ningún tipo de avance.

¿Qué es realmente la “lucha política”?

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Por Víctor Montes

Con la convocatoria a elecciones generales por parte del gobierno asesino de Dina Boluarte, distintos personajes y organizaciones, algunas de las cuales se dicen del campo “popular” e incluso “de los trabajadores”, han iniciado una carrera frenética por construir “frentes electorales”, bajo el llamado a la ‘unidad’, y a pugnar por la conciencia y votos del pueblo.

Ahora llaman a las bases obreras a no limitar sus luchas al terreno económico, y a desarrollar una “lucha política”.

Sin embargo, para estas organizaciones, el término “lucha política” es solamente sinónimo de elecciones.Negando en los hechos lo que ha enseñado la historia del movimiento obrero: que no hay lucha política más importante que la acción directa, la movilización obrera y popular y, como máxima expresión de esa lucha, la huelga general.

Esto mismo demostró la lucha de los hermanos y hermanas del sur, que paralizaron sus ciudades y llegaron movilizados hasta Lima exigiendo la inmediata caída de Boluarte, el Congreso, y el llamado a elecciones inmediatas a una Asamblea Constituyente. Todas demandas políticas.

“Luchando” por un curul

Demostrar que para esas organizaciones (Partido Comunista – Unidad, Nuevo Perú, Ahora Nación, Partido de los Trabajadores y Emprendedores – PTE…) la lucha política solamente se entiende como participación en las elecciones, no resulta complicado, pues todo este tiempo no han impulsado la lucha por la caída inmediata del gobierno (una clara demanda política), y por el contrario, han convivido con él, a través de sus “mesas de trabajo” o “de diálogo”.

Por eso insistimos que su estrategia para desarrollar su “lucha política”, entiéndase, para llegar a tener el poder en sus manos, no está en el terreno de la movilización de las organizaciones obreras y populares (lo que llamamos, “acción directa”), ni de construir su poder alternativo.

Porque de haber puesto eje en la lucha sin cuartel contra el gobierno de Boluarte y el Congreso, desde el primer día, se hubiera concretado esa unidad de la que hablan, pero no para las elecciones, sino para derrotar y echarlos abajo.

Por el contrario, tras convivir dos años y meses con el gobierno asesino, ahora se lanzan a la carrera electoral, que es la forma en que conciben su victoria, sin las masas y su movilización.

Por eso, es ahora cuando comienzan a “hacer política”: llaman a reuniones, mesas de trabajo, eventos… hablan en los sindicatos, llaman a luchar “contra la dictadura”, etc.

Y claro está, buscan acuerdos hasta con el “diablo y su abuela” con tal de abrir una perspectiva para sus apetitos electorales. Por ejemplo, es sabido que los partidos antes mencionados (Nuevo Perú, Ahora Nación y el PTE), han llamado incluso al “Partido Morado” de Guzmán, un partido clara y abiertamente patronal, y a “Primero la gente” de Marisol Pérez Tello, ex congresista del corrupto PPK, para que sean parte de la alianza que pretenden conformar.

De ahí el enorme peligro de subordinar la acción directa de la clase obrera y el pueblo a la carrera electoral de estas organizaciones que negocian con las luchas un puesto en la lista congresal.

Adaptación y degeneración

Lamentablemente, la vida corrobora que esa lógica solo puede llevar a quienes la transitan a abandonar todo criterio de clase, para terminar en las garras del más despreciable oportunismo.

Basta mencionar a Edgar Tello, hasta hace unos años dirigente de innumerables huelgas del magisterio de San Juan de Miraflores, o la conocidísima Isabel Cortez, otrora consecuente luchadora del SITOBUR. Ambos, embarcados ahora en la bancada congresal de Podemos Perú, del corrupto José Luna, a la espera de un número en la lista parlamentaria de dicho partido en las próximas elecciones.

Y es que la llamada “democracia” de los patrones es una devoradora de conciencias y personas. El dinero del Estado corrompe a quienes no tienen una férrea convicción de clase y una organización consecuente, proletaria, que les controle y les recuerde día a día que nada bueno y perenne sacan los trabajadores, trabajadoras y el pueblo, de los Congresos y gobiernos, pues todo lo importante se ha conquistado luchando.

La acción directa en el timón de mando

De ahí que no sea correcto subordinar nuestras luchas a ninguna candidatura, lo que en los hechos significa convertirnos en furgón de cola de candidatos y candidatas oportunistas, que ofrecen el “oro y el moro” para ganar votos.

Por el contrario, una candidatura obrera revolucionaria, tendría el deber de utilizar los espacios electorales en la radio, televisión y redes sociales, para apoyar las luchas en curso, como la lucha contra los ceses colectivos, contra Tía María, o por el Gasoducto sur, haciendo un llamado permanente a incrementar y fortalecer la movilización contra el gobierno, por su caída inmediata, por cárcel y sanción para los responsables de los asesinatos por parte de la represión en el sur, y un largo etc.

¿Cómo luchar por el poder político?

Nuestra estrategia, es la de hacer política siempre, desde las luchas. Hacer política siempre y politizar a los trabajadores y trabajadoras, llamando a que discutan sus más sentidas demandas y las unifiquen en la lucha para enfrentar al gobierno de turno, para imponer un gobierno de las organizaciones obreras, campesinas y populares.

Esta tarea, que solo puede ser encarada por un partido obrero que junto a los pobres del campo y la ciudad levante un programa revolucionario, de lucha frontal contra los patrones, sus fuerzas represivas y contra su democracia podrida y corrupta, es la que nos definimos a tomar desde el Partido Socialista de los Trabajadores, por lo que iniciaremos, desde estas páginas, un debate abierto con esas organizaciones que se dicen “de izquierda” y que pretenden el voto obrero y popular, pero que defienden en los hechos (y ahora también en el discurso) la continuidad de la explotación patronal, y del saqueo de nuestros recursos a manos de las transnacionales de toda bandera y color.

Es contra esa concepción de “lucha política”, que revolucionarios como Marx, Engels, Rosa Luxemburgo, Lenin y el mismísimo Mariátegui se levantaron una y otra vez. Es esa la bandera que hoy levantamos nuevamente, desde el PST, de cara a los trabajadores y trabajadoras del país.

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