Inicio Blog Página 3

¡Tenemos que continuar la lucha combativa contra el gobierno ilegítimo de Jerí y el congreso corrupto!

0

Por Partido Socialista de los Trabajadores

El miércoles 15 de Octubre, el pueblo peruano volvió a ocupar masivamente las calles, con una destacada participación de la juventud universitaria. Miles de jóvenes, estudiantes, trabajadores y pobladores de diversos distritos y regiones del país se movilizaron con una sola voz contra la delincuencia, el gobierno de José Jerí —cuya trayectoria está marcada por denuncias de violación sexual, corrupción y vínculos con leyes favorables al crimen y la impunidad— y contra un Congreso corrupto que continúa sirviendo abiertamente a los intereses de los grandes empresarios y las transnacionales.

Represión y victimización

Fue una jornada combativa que dejó decenas de heridos, detenidos y, lamentablemente, una víctima mortal, Mauricio Ruiz, reflejo de la brutal represión de un régimen podrido que solo sabe responder con balas y persecución. Pero también fue la muestra más clara de que el pueblo sigue de pie, decidido a no resignarse ante quienes pretenden perpetuar los problemas, el saqueo y la miseria del país.

El gobierno y el congreso, respaldado por los grandes medios de comunicación, siguen intentando justificar su accionar criminal victimizando a los policías y criminalizando la protesta popular. Condenamos enérgicamente esa campaña mediática de manipulación que busca dividir y ocultar la verdadera naturaleza autoritaria de todo este régimen ilegítimo.

El estado de emergencia: un instrumento de represión

El estado de emergencia en Lima y Callao, decretado ahora por José Jerí, no tiene nada que ver con la seguridad del pueblo. Su verdadero objetivo es sofocar la protesta obrera y popular y consolidar un régimen autoritario al servicio de los ricos y los corruptos. Bajo el falso discurso de “luchar contra el crimen organizado”, el gobierno busca militarizar las calles, restringir libertades y garantizar impunidad a las fuerzas represivas.

La represión del 15 de octubre dejó en claro que Jerí no combate al crimen, sino al pueblo que se organiza y lucha. Por eso, desde el Partido Socialista de los Trabajadores denunciamos que este decreto es un instrumento político al servicio de los corruptos y las grandes empresas, y no una verdadera política de seguridad.

En ese contexto, la movilización convocada por la juventud el pasada sábado 25, ha roto en los hechos las restricciones que el estado de emergencia pretende imponer. Ese es el camino a seguir.

Las rondas urbanas: poder popular frente al crimen y la corrupción

Frente a este panorama, y ante la expansión del crimen organizado amparado por un Estado cómplice e ineficaz, el pueblo tiene el deber de organizar su propia defensa. En ese sentido, las rondas urbanas se proponen como una forma legítima de organización obrera y popular, basada en la vigilancia comunitaria, la solidaridad y la acción colectiva, para proteger nuestros barrios y comunidades sin depender de las autoridades corruptas que hoy son parte del problema. Además, levantar esta propuesta significa dar un paso firme hacia la construcción de un verdadero poder popular, capaz de enfrentar la corrupción, la impunidad y la descomposición del régimen desde la organización consciente, democrática y combativa del pueblo trabajador. 

La necesidad de una política de cara a la base

Asimismo, aquella importante movilización del 15/10 dejó al descubierto las limitaciones que obstaculizan el desarrollo de la lucha obrera y popular: la falta de un trabajo sólido de base y la inexistencia de una comando y un plan de lucha unificados.

Ambos factores se manifestaron con claridad en las diversas convocatorias realizadas, especialmente en la de la CGTP, que optó por marchar de manera aislada y dar por concluida la jornada a las pocas horas, dejando a su suerte la combativa movilización de la juventud universitaria, que había salido con fuerza y decisión a las calles.

Esa política de la dirigencia de la CGTP, controlada por el Partido Comunista en Alianza con Patria Roja, se explica por la subordinación de sus acciones al proceso electoral, generando mucha desconfianza entre los sectores que luchan, pues recuerda su propia actuación ante la rebelión del sur, en la que primó su disposición a negociar con el gobierno de turno antes que fortalecer la unidad y la lucha consecuente del pueblo trabajador para derribar en su momento a Dina Boluarte.

Es así que la falta de una coordinación para luchar permitió que el gobierno maniobrara con mayor facilidad frente al descontento y la indignación generalizada, llegando a victimizar a la Policía Nacional del Perú para justificar la represión.

El camino sigue siendo la movilización

Se hace urgente y necesaria una profunda reflexión y discusión de toda esta coyuntura dentro de las organizaciones obreras y populares. La continuidad y dinámica de la lucha contra Jerí y el Congreso no puede depender de los acuerdos entre cúpulas, ni de la improvisación, por más combativa que esta sea. Es indispensable construir un gran paro nacional, con un método verdaderamente democrático que involucre a las bases de los sindicatos, federaciones, gremios, organizaciones barriales y estudiantiles.

Solo con la participación consciente, el debate colectivo y la toma de decisiones desde las bases podremos garantizar la unidad y la fuerza necesarias para enfrentar al régimen y preparar una nueva ofensiva de masas. Urge, por eso, hacer asambleas amplias de base y construir coordinaciones para unificar las luchas, articulando un plan nacional de movilización que no se limite a la denuncia, sino que apunte a la caída del gobierno de José Jerí y del Congreso corrupto por medio de una huelga general combativa, como nos viene mostrando la lucha de los trabajadores y trabajadoras del transporte.

Serán las dirigencias nacionales (CGTP, CUT, FNTCC, FNTMMSP, SUTEP, etc…), las responsables de hacer realidad, en forma unitaria, esta necesidad. O, de consumar una nueva traición a las exigencias de la lucha actual contra el gobierno corrupto, patronal y asesino, subordinando nuevamente todo su accionar al infructífero calendario electoral, que parece ser su única ambición.

Pero no basta con cambiar rostros: necesitamos luchar por un gobierno verdaderamente obrero y popular, basado en las organizaciones de los trabajadores y del pueblo, que sea capaz de recuperar los recursos naturales, combatir la delincuencia (con políticas sociales y de reconstrucción de la seguridad desde la comunidad), garantizar los derechos sociales y asegurar las banderas levantadas por el sur en diciembre del 2022, hoy más vigentes que nunca.

No hay salida posible dentro de esta democracia patronal, corrupta y criminal, subordinada al dinero y a las empresas transnacionales. La verdadera democracia será aquella que nazca de la organización consciente del pueblo trabajador, de su capacidad para decidirlo todo y gobernar en función de las mayorías. Esa es la tarea histórica que tenemos por delante, y a la que debemos entregarnos con firmeza, unidad y convicción revolucionaria.

¡Justicia para Mauricio Ruiz y todas las víctimas de la represión!

¡Abajo el estado de emergencia al servicio de la impunidad y la corrupción! ¡Abajo todas las leyes pro crimen!

¡Por la construcción de rondas urbanas para combatir la delincuencia!

¡Abajo el gobierno de Jerí y el Congreso corrupto!

¡Asamblea constituyente para recuperar nuestros recursos naturales y nuestra soberanía nacional!

¡Por un gobierno de las organizaciones de los trabajadores y del pueblo!

¡Ninguna confianza en el «gobierno de transición»! ¡Fuera Jerí y el Congreso criminal! ¡Todos a la jornada del 15 de octubre!

0

Por Partido Socialista de los Trabajadores

¡Dina Boluarte ha caído! La responsable de la feroz represión del Sur y del asesinato directo de 49 personas en dichas jornadas de protesta, no es más la presidenta del país.

Y aunque formalmente ha sido vacada por el legislativo, su caída no es producto de la acción “opositora” de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Perú Libre y los demás partidos que forman parte de este Congreso, como quieren que creamos.

Boluarte cae como consecuencia de la lucha del pueblo pobre y trabajador contra su incapacidad para hacer frente a la criminalidad que asfixia la economía popular. Lucha que ha tenido un nuevo pico a partir del contundente paro de los trabajadores y trabajadoras del transporte, que con la paralización del pasado lunes 6 de octubre y que se combina con la marcha de sacrificio del pueblo de Pataz, que debe llegar a Lima este lunes 13 de octubre, para protestar por la inacción del gobierno y del Congreso frente a las acciones de la criminalidad en dicha provincia.

Es en este contexto de escalamiento del repudio y la movilización contra el gobierno que se iba a catalizar el próximo miércoles 15 de octubre, en el llamado “paro nacional” convocado por sectores juveniles y populares, a la que vienen adhiriendo diversos sectores obreros y populares, organizados o en forma individual, que los partidos que hasta ayer han sostenido a Boluarte, y aplaudido su represión, han decidido vacarla: no quieren cargar con los pasivos de un gobierno ampliamente repudiado y así afectar su perspectiva electoral en abril próximo, ni exacerbar la indignación obrera y popular, y exponerse a un estallido social que los deje sin soga ni cabra.

Estos partidos esperan que la salida de Boluarte, y la conformación de un “gobierno de transición”, encabezado por el acusado de enriquecimiento ilícito y abuso sexual, José Jerí, baje la dinámica de escalamiento en las luchas que está caracterizando el momento político en el país, mientras continúan su ofensiva contra las mínimas conquistas democráticas que el pueblo arrancó tras la caída de la dictadura fujimorista.

Por eso, desde el Partido Socialista de los Trabajadores denunciamos con toda claridad: ¡EL PACTO CORRUPTO Y CRIMINAL DE LA IMPUNIDAD NO SE HA ROTO CON LA CAÍDA DE BOLUARTE! ¡NO HAY NINGÚN MOTIVO PARA DEJAR DE MOVILIZARNOS! ¡NADA BUENO O PROVECHOSO HAY PARA EL PUEBLO TRABAJADOR EN EL GOBIERNO DE JERÍ!

En primer lugar, porque va a mantener intacto el modelo económico neoliberal que entrega los recursos del país a las transnacionales mineras y petroleras, pero también, a la economía ilegal y criminal. El mismo modelo que super explota a la clase obrera y trabajadora, y viene imponiendo ceses colectivos en distintas fábricas y centros de trabajo.

En segundo lugar, porque está compuesto por los mismos partidos corruptos y reaccionarios que han dominado el Congreso y ha sostenido a Boluarte, limpiándola de las denuncias por los asesinatos de 49 luchadores y luchadoras en la represión del Sur, y que representa a los más retrógrado, autoritario y patronal del país.

Y por último, porque el propio Jerí hace parte de esa mugre política: acusado de corrupción, cuando estaba al frente de la Comisión de presupuesto del Congreso, y de abuso sexual, Jerí es un fiel representante de un Congreso que ha legislado en favor de las bandas criminales para cubrir sus propias espaldas, además de haber votado a favor de la Ley de Amnistía que premia con impunidad a los militares y policías que durante las décadas de 1980 y 1990 masacraron a la población pobre e inocente de nuestro país bajo la excusa de la lucha contra el terrorismo.

Por eso no hay forma de confiar en el nuevo gobierno. Por el contrario, ¡es preciso continuar la movilización, hasta echar a Jerí y al Congreso! Emplazamos a la dirigencia de la CGTP a que abandone sus cálculos electorales y convoque de inmediato a un Paro Nacional combativo que ponga en movimiento a los trabajadores y trabajadoras de las minas, fábricas y comercios de todo el país, a riesgo de traicionar los intereses de la clase trabajadora y el pueblo peruano, levantando las banderas del Sur combativo, y exija el cierre del Congreso y la caída de Jerí. 

Y más, que llame a las organizaciones de lucha de todo el pueblo a ponerse al frente de los gobiernos del país. Porque SOLO UN GOBIERNO DE LAS ORGANIZACIONES DEMOCRÁTICAS Y DE LUCHA DE LOS TRABAJADORES Y EL PUEBLO puede hacer frente a la podredumbre en que se ha convertido esta democracia patronal, corrupta y asesina.

Solo ese gobierno podrá abrir camino a soluciones de fondo a los problemas que vive nuestro pueblo, y garantizará una ASAMBLEA CONSTITUYENTE que recupere nuestros recursos naturales de manos de las transnacionales mineras y petroleras, que entregue la tierra a los campesinos y campesinas, que prohíba los despidos, los ceses colectivos y la suspensión perfecta, garantice salud y educación de calidad y un largo etc.

¡Cárcel y sanción ejemplar para la asesina Dina Boluarte!

¡POR UN GOBIERNO DE LAS ORGANIZACIONES DE LOS TRABAJADORES, TRABAJADORAS Y EL PUEBLO PARA PONER FIN A ESTA DEMOCRACIA CORRUPTA, PATRONAL Y ASESINA!

¡Ninguna confianza en el “Gobierno de transición”!

0

¡Continuar la movilización hasta echar a Jerí y el Congreso criminal! ¡Todos a la jornada del 15 de Octubre!

¡Dina Boluarte ha caído! La responsable de la feroz represión del Sur y del asesinato directo de 49 personas en dichas jornadas de protesta, no es más la presidenta del país.

Y aunque formalmente ha sido vacada por el legislativo, su caída no es producto de la acción “opositora” de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Perú Libre y los demás partidos que forman parte de este Congreso, como quieren que creamos.

Boluarte cae como consecuencia de la lucha del pueblo pobre y trabajador contra su incapacidad para hacer frente a la criminalidad que asfixia la economía popular. Lucha que ha tenido un nuevo pico a partir del contundente paro de los trabajadores y trabajadoras del transporte, que con la paralización del pasado lunes 6 de octubre y que se combina con la marcha de sacrificio del pueblo de Pataz, que debe llegar a Lima este lunes 13 de octubre, para protestar por la inacción del gobierno y del Congreso frente a las acciones de la criminalidad en dicha provincia.

Es en este contexto de escalamiento del repudio y la movilización contra el gobierno que se iba a catalizar el próximo miércoles 15 de octubre, en el llamado “paro nacional” convocado por sectores juveniles y populares, a la que vienen adhiriendo diversos sectores obreros y populares, organizados o en forma individual, que los partidos que hasta ayer han sostenido a Boluarte, y aplaudido su represión, han decidido vacarla: no quieren cargar con los pasivos de un gobierno ampliamente repudiado y así afectar su perspectiva electoral en abril próximo, ni exacerbar la indignación obrera y popular, y exponerse a un estallido social que los deje sin soga ni cabra.

Estos partidos esperan que la salida de Boluarte, y la conformación de un “gobierno de transición”, encabezado por el acusado de enriquecimiento ilícito y abuso sexual, José Jerí, baje la dinámica de escalamiento en las luchas que está caracterizando el momento político en el país, mientras continúan su ofensiva contra las mínimas conquistas democráticas que el pueblo arrancó tras la caída de la dictadura fujimorista.

Por eso, desde el Partido Socialista de los Trabajadores denunciamos con toda claridad: ¡El pacto corrupto y criminal de la impunidad no se ha roto con la caída de Boluarte! ¡No hay ningún motivo para dejar de movilizarnos! ¡Nada bueno o provechoso hay para el pueblo trabajador en el gobierno de Jerí!

En primer lugar, porque va a mantener intacto el modelo económico neoliberal que entrega los recursos del país a las transnacionales mineras y petroleras, pero también, a la economía ilegal y criminal. El mismo modelo que super explota a la clase obrera y trabajadora, y viene imponiendo ceses colectivos en distintas fábricas y centros de trabajo.

En segundo lugar, porque está compuesto por los mismos partidos corruptos y reaccionarios que han dominado el Congreso y ha sostenido a Boluarte, limpiándola de las denuncias por los asesinatos de 49 luchadores y luchadoras en la represión del Sur, y que representa a los más retrógrado, autoritario y patronal del país.

Y por último, porque el propio Jerí hace parte de esa mugre política: acusado de corrupción, cuando estaba al frente de la Comisión de presupuesto del Congreso, y de abuso sexual, Jerí es un fiel representante de un Congreso que ha legislado en favor de las bandas criminales para cubrir sus propias espaldas, además de haber votado a favor de la Ley de Amnistía que premia con impunidad a los militares y policías que durante las décadas de 1980 y 1990 masacraron a la población pobre e inocente de nuestro país bajo la excusa de la lucha contra el terrorismo.

Por eso no hay forma de confiar en el nuevo gobierno. Por el contrario, ¡es preciso continuar la movilización, hasta echar a Jerí y al Congreso! Emplazamos a la dirigencia de la CGTP a que abandone sus cálculos electorales y convoque de inmediato a un Paro Nacional combativo que ponga en movimiento a los trabajadores y trabajadoras de las minas, fábricas y comercios de todo el país, a riesgo de traicionar los intereses de la clase trabajadora y el pueblo peruano, levantando las banderas del Sur combativo, y exija el cierre del Congreso y la caída de Jerí.

Y más, que llame a las organizaciones de lucha de todo el pueblo a ponerse al frente de los gobiernos del país. Porque SOLO UN GOBIERNO DE LAS ORGANIZACIONES DEMOCRÁTICAS Y DE LUCHA DE LOS TRABAJADORES Y EL PUEBLO puede hacer frente a la podredumbre en que se ha convertido esta democracia patronal, corrupta y asesina.

Solo ese gobierno podrá abrir camino a soluciones de fondo a los problemas que vive nuestro pueblo, y garantizará una ASAMBLEA CONSTITUYENTE que recupere nuestros recursos naturales de manos de las transnacionales mineras y petroleras, que entregue la tierra a los campesinos y campesinas, que prohíba los despidos, los ceses colectivos y la suspensión perfecta, garantice salud y educación de calidad y un largo etc.

¡Cárcel y sanción ejemplar para la asesina Dina Boluarte!

¡Por un gobierno de las organizaciones de los trabajadores, trabajadoras y el pueblo para poner fin a esta democracia corrupta, patronal y asesina!

¡Toda nuestra solidaridad y apoyo al paro de los trabajadores y trabajadoras del transporte!

0

¡Para acabar con las extorsiones y asesinatos, hay que acabar con el gobierno asesino de Dina Boluarte y el Congreso criminal!

Un nuevo paro de transportes se produce en Lima y callao este lunes 6 de octubre, como respuesta al asesinato del chofer Daniel Cedeños de la empresa de transportes Lipetsa, conocida como ‘los triángulos’, el pasado sábado 4.

El gremio de trabajadores de transporte es uno de los más afectados por la ola criminal. Choferes y cobradores son víctimas cotidianas de sicarios en motocicleta que los atacan en pleno recorrido, poniendo en riesgo, además, la vida de sus pasajeros

Solo en las últimas semanas, conductores de empresas como Vipusa y Huandoy, además de la ya mencionada Lipetsa, han sido víctimas de ataques a balazos y explosivos. Hechos que vienen a empeorar las ya terribles condiciones en las que laboran choferes y cobradores (sin salarios fijos, sin planilla, sin estabilidad, sin beneficios sociales…) obligados a realizar la mayor cantidad de «vueltas» en el horrible tránsito limeño para sacar el dinero del día.

El paro es una reacción justa de parte de los trabajadores y trabajadoras del transporte

El paro, que se realiza como respuesta inmediata al asesinato del chofer Daniel Cedeños, ha sido impuesto por los propios trabajadores de estas empresas, que no saben si cada vez que salen a la ruta, volverán vivos a casa, aunque haya sido anunciado por Martín Ojeda, Director de la ‘Cámara Internacional de Transportes’, gremio empresarial de transportistas que viene negociando con el mismo gobierno asesino y corrupto de Boluarte y el Congreso.

¿Por qué el gremio empresarial sale a dar la cara y anuncia la paralización? Lo hace para mantener el control de la respuesta que espontáneamente se comenzaba a producir en los terminales de las empresas de transporte por parte de choferes y cobradores. Por eso ha llamado a un paro ‘sin movilización’, ‘sin piquetes’, que solo se materializará como un ‘apagón de motores’. Los empresarios quieren limar el filo combativo a esta paralización, para mantener su asiento en la inservible «mesa de trabajo» del ministerio del interior.

Los trabajadores y trabajadoras del transporte muestran el camino

Por eso lo que los trabajadores y trabajadoras del transporte de Lima y Callao, y de todo el país, debemos hacer, es exactamente lo contrario a lo que pide Martín Ojeda: debemos salir a las calles a marchar y enfrentar al gobierno y a la represión policial que se muestra dura contra quienes protestas, como han mostrado en la represión contra las movilizaciones de la llamada «Generación Z», pero absolutamente incapaz de hacer frente a la criminalidad.

Solamente coordinando entre todos los sectores de la clase trabajadora, y avanzando a concretar un gran Paro Nacional combativo contra el gobierno asesino de Boluarte y el Congreso corrupto, también incapaces para hacer frente a la criminalidad, pero eficientes para aprobar medidas y leyes lesivas para los intereses nacionales, obreros y populares, como exonerar de impuestos a las grandes empresas o aprobar una reforma del sistema de pensiones hecho para garantizar el negocio de la AFPs y no el bienestar de los aportes, se abrirá el camino a la solución de nuestros más sentidos problemas, incluyendo la lucha contra el crimen organizaco, la extorsión y el sicariato.

Un paro que exija la caída inmediata del gobierno y el Congreso, y retome las banderas de la lucha del Sur, como la elección de representantes a una Asamblea Constituyente (AC) que defina un nuevo destino para el país, y que tome medidas inmediatas para acabar con la criminalidad, como la sustitución de la policía nacional, corrupta y criminal, por un cuerpo de rondas urbanas y rurales, donde todo el pueblo trabajador y pobre participe de manera organizada y democrática. Rondas que vayan armadas con los fusiles que hoy se encuentran en manos de la policía nacional.

Pero más. Para acabar con la criminalidad, y que la juventud pobre no se convierta en carne de cañón para los empresarios del crimen organizado, necesitamos que la AC recupere nuestros recursos naturales de manos de las grandes empresas mineras, petroleras, pesqueras, madereras y agroexportadoras, así como también de las mafias ilegales que saquean igualmente nuestros minerales, matan ríos y bosques, y lucran con la trata de personas.

Y finalmente, para garantizar el empleo, la AC debe prohibir los despidos, los ceses colectivos, derogar la suspensión perfecta de labores, y debe expropiar las empresas que cierran y/o despiden a sus trabajadores, para ponerlas bajo su control y que estos las hagan andar. Una AC que divida las horas de trabajo en jornadas que garanticen trabajo para todos.

Y para esto, SE REQUIERE UN GOBIERNO DE LAS ORGANIZACIONES DE LUCHA DE OBREROS/AS, CAMPESINOS/AS, ESTUDIANTES Y TODO EL PUEBLO POBRE, que resguarde esa Asamblea Constituyente de los intentos de los patrones, el imperialismo y el crimen organizado, de echarla abajo.

¡Por un Paro Nacional obrero, popular y combativo!

Pero para llegar a ese puerto, hay que dar el primer paso: impulsar y concretar un paro nacional unitario y combativo. Se hace urgente exigir a las dirigencias de la CGTP, CUT, CCP, que se pongan al servicio de esta lucha nacional, y no antepongan sus cálculos electorales ni sus negociaciones el gobierno. es esta política la que los lleva a realizar jornadas de lucha aisladas, como la del pasado 2 de octubre, que terminan sirviendo como «válvula de escape» para la indignación obrera, pero poco útiles para reforzar el camino de la lucha organizada de los trabajadores y trabajadoras del país.

Desde el Partido Socialista de los Trabajadores, llamamos a las bases obreras y de las organizaciones populares a realizar reuniones y asambleas, y a poner en discusión esta necesidad para avanzar de manera firme en el camino de la lucha directa contra la criminalidad, los asesinatos, y también, contra el saqueo de nuestros recursos, la explotación y la opresión de nuestro pueblo. Es el camino que la historia nos ha enseñado y que tenemos el deber urgente de retomar.

¡VIVA EL PARO DE LOS TRABAJADORES DEL TRANSPORTE DEL 6 DE OCTUBRE!
¡FUERA DINA ASESINA Y EL CONGRESO CORRUPTO Y CRIMINAL!
¡POR UN GOBIERNO DE LOS TRABAJADORES, TRABAJADORAS Y EL PUEBLO QUE PONGA FIN A LAS BANDAS CRIMINALES, EL SAQUEO DE NUESTROS RECURSOS Y LA EXPLOTACIÓN!

Declaración del Partido Socialista de los Trabajadores

Lima, 6 de octubre de 2025

.

Sobre la «disputa» entre Colombia y Perú por la Isla Santa Rosa

0

Pronunciamiento conjunto del Partido Socialista de los Trabajadores de Colombia y el Partido Socialista de los Trabajadores del Perú

A los pueblos de Perú y Colombia nos une la historia por varios hechos: la lucha de la independencia, la lucha contra el saqueo imperialista de nuestros recursos, la explotación laboral, la opresión contra nuestros pueblos originarios y la existencia de gobiernos lacayos, entre otros más.

El reciente “incidente” entre los gobiernos de Gustavo Petro y Dina Boluarte en torno a la soberanía sobre la isla Santa Rosa, en la triple frontera (Perú, Colombia y Brasil) del río Amazonas, se ha convertido en una controversia mediática que cada gobierno intenta capitalizar al servicio de su popularidad.

Como tantas veces en la historia, cuando los gobiernos afrontan dificultades, buscan distraer el descontento hacia conflictos (reales o ficticios) con otros estados para avivar el “sentimiento patriótico” reaccionario y llamar a la “unidad nacional” detrás de ellos mismos.

Sin embargo, la realidad de los pueblos pobres y trabajadores de Colombia y Perú, a uno y otro lado de la frontera, no es de conflicto, sino de común abandono y miseria.

Gustavo Petro, aprovechando la popularidad de su gobierno “progresista”, nos llama a la unidad latinoamericana, a propósito de las palabras de Donald Trump y de su injerencia en los asuntos internos de la justicia de Brasil o de Colombia, pero no habla de soberanía cuando le entrega la Isla de Gorgona en el Pacífico colombiano para que el gobierno norteamericano instale un radar, con el pretexto de combatir el narcotráfico, pero además no dice nada de las bases norteamericanas en suelo colombiano o de la permanencia de Colombia en la Otan. Petro también aprovecha este incidente para la campaña electoral del Pacto Histórico, el partido de gobierno.

Por su lado, Dina Boluarte, que además de haberse mantenido en el cargo sobre la sangre de los pueblos del sur del Perú, gobierna de la mano de los sectores más corruptos y reaccionarios y acaba de indultar a los militares implicados en violaciones de libertades democráticas durante el periodo de violencia política (1980 – 2000), mientras habla de “patriotismo”.

Ratificando su papel al servicio de los negocios imperialistas, entrega los recursos a las grandes transnacionales mineras, petroleras de la pesca y la agroindustria, que depredan los recursos naturales del país en desmedro de cualquier soberanía nacional, entregando al pueblo pobre y trabajador a la superexplotación de las multinacionales imperialistas.

Los Partidos Socialistas de los Trabajadores, de Perú y Colombia, reiteramos que es más lo que nos une a los pueblos de Colombia y Perú, que la farsa que nos muestran en la frontera los gobiernos de Petro y Boluarte. Tenemos muchos motivos para luchar juntos contra el saqueo de nuestros recursos, contra la explotación capitalista/imperialista y contra la única moneda de cambio que el plan económico neoliberal entrega a nuestros pueblos: la miseria. Por eso llamamos a nuestros pueblos y a los latinoamericanos, a luchar decididamente contra la injerencia imperialista y por la segunda independencia.

Los trabajadores y los pobres de América debemos unirnos en una lucha continental contra el saqueo imperialista y por la federación de repúblicas socialistas del continente, en esto estamos convencidos de que solo la clase obrera, en alianza con los campesinos pobres, los pueblos indígenas y los sectores populares, es la única que puede luchar por la verdadera unidad del continente sin las barreras artificiales que significan las fronteras nacionales. Esto pasa por el llamado a desconocer la fraudulenta deuda externa y el rompimiento de todos los tratados internacionales que nos atan a las potencias imperialistas.

Frente a este incidente fronterizo nos posicionamos contra cualquier intento de los gobiernos de Colombia y Perú por llevarnos a un enfrentamiento entre nuestros pueblos. Demandamos la libre movilidad para los habitantes de Tabatinga, Leticia y la Isla Santa Rosa por los tres países. Y reafirmamos que las fronteras de nuestros países son artificiales, al servicio de los intereses de los capitalistas y los pueblos debemos luchar por borrarlas con relaciones de fraternidad, solidaridad y hermandad, a cambio de dejarnos empujar a levantar banderas de patriotismo reaccionario.

En lugar de destinar recursos en una disputa internacional, los gobiernos de Colombia, Perú deben enforcarlos para garantizar el bienestar de la comunidad de la doble frontera e invertir recursos en planes para la protección de la selva y del río mar, como es conocido en la región. 

20 de agosto de 2025

El hambre como arma del Estado racista de Israel en el Holocausto palestino

0

Por Soraya Misleh (Partido Socialista de los Trabajadores Unificado – Brasil)

Las escenas que inundan las redes sociales día tras día evocan imágenes que muchos solo vieron en películas y documentales sobre el Holocausto perpetrado por el nazismo en el siglo pasado: auténticos esqueletos humanos en campos de concentración. En el siglo XXI, esto es lo que vemos en Gaza.

Los bebés están tan desnutridos que, cuando tienen acceso a la fórmula o a un poco de leche, les faltan fuerzas para amamantar. Alrededor de 100 niños palestinos han muerto por la hambruna impuesta por Israel desde marzo pasado, cuando Israel reanudó el genocidio directo y el bloqueo total y criminal de la Franja de Gaza, tras 42 días de un frágil alto el fuego con violaciones récord por parte del Estado sionista.

Durante este período, más de 80 palestinos adultos también fueron víctimas de la hambruna impuesta en el verdadero campo de concentración en que Israel transformó Gaza, confinando a sus más de 2 millones de habitantes.

Genocidio con exquisita crueldad

“ [La hambruna es] una de las formas más indignas y bárbaras de matar. (…) Su propósito es prolongarla y maximizar el sufrimiento ”, declaró el Dr. James Smith, dos veces voluntario de emergencias en Gaza, en una entrevista con “Al Jazeera” el 4 de agosto.

El mundo presencia, en vivo y en color, la exquisita crueldad de un verdadero Holocausto contra el pueblo palestino.
Además de las muertes por bombas y balas, el hambre, la sed y el colapso humanitario forman parte de las atrocidades israelíes en la Nakba palestina, una catástrofe que comenzó en 1948 con la creación del estado colonial racista en el 78% del territorio histórico de Palestina.

Como parte de la instrumentalización de la hambruna para matar a más palestinos y despojarlos de toda humanidad y dignidad, Israel ha destruido, en casi dos años de genocidio, las instalaciones para garantizar la ayuda humanitaria e incluso las condiciones de subsistencia, impidiendo a los palestinos pescar y también contaminando las tierras cultivables.

Según datos oficiales, más de 340 trabajadores del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (OOPS) ya han sido asesinados e Israel también ha bombardeado centros de distribución y almacenamiento de alimentos en Gaza, mientras mantiene el criminal bloqueo total, que impide la entrada de alimentos, medicinas, agua, fórmula infantil… ¡De todo!

En julio pasado, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) advirtió que todos los niños palestinos de Gaza menores de cinco años (320.000) corren el riesgo de morir de hambre y desnutrición aguda.

Bloqueo criminal de la ayuda humanitaria

Save the Children International informó en un reportaje de Al Jazeera el 4 de agosto que más de cuatro de cada diez mujeres embarazadas y lactantes (43%) que acudieron a sus clínicas en Gaza en julio sufrían desnutrición. Se ha alcanzado el umbral de la hambruna para toda la población.

“ La única manera de revertir esta catástrofe es inundar Gaza con una ayuda masiva ”, dijo Philippe Lazzarini, comisionado general de UNRWA, según la información publicada por la agencia el 1 de agosto.

Según él, solo la UNRWA tiene el equivalente a 6.000 camiones con alimentos y medicamentos listos para cruzar la frontera y entrar en Gaza. « Actualmente se encuentran en Jordania y Egipto y llevan casi cinco meses sin permiso de tránsito », describe el informe.

Según un artículo publicado por “Al Jazeera”, más de 22 mil camiones están esperando para poner fin a la campaña sistemática de “hambre, asedio y caos”.

Mentiras y trampas

Mientras tanto, como parte de la deshumanización del Holocausto perpetrada por el Estado genocida, Estados Unidos e Israel establecieron la llamada «Fundación Humanitaria Gaz», que en mayo pasado anunció el inicio de la distribución de ayuda. Una trampa mortal y una burla al término «humanitario».

Más de 1.400 palestinos fueron asesinados intentando conseguir migajas para alimentar a sus familias. Los sionistas encontraron una nueva forma de entretenerse: atacar los cuerpos esqueléticos de niños y adultos, muchos de los cuales cayeron muertos en la cola de la harina.

Israel utiliza otra táctica de propaganda falsa: anunció «pausas tácticas» (diez horas diarias) en la acción militar en las zonas de Al Mawasi, Deir al Balah y la ciudad de Gaza. «Hasta la fecha, no ha habido avances ni mejoras en la situación humanitaria en toda la Franja de Gaza», señala UNRWA en su informe.

Las escenas son espantosas. Al intentar beber agua, los niños intentan apretar una tubería que gotea y sacar una sola gota. Los palestinos hurgan en la basura para no morir de hambre.

Los hospitales destruidos no pueden salvar a quienes llegan con desnutrición severa, mientras cuerpos mutilados se amontonan junto a otros cubiertos de heridas y quemaduras inimaginables.

Según un informe publicado en junio pasado por Harvard Dataverse, escrito por el investigador israelí Yaakov Garb, más de 377.000 palestinos están desaparecidos en Gaza, la mitad de ellos niños. Es decir, el 16,5% de la población local.

¿Y en Cisjordania?

La Franja de Gaza, junto con Cisjordania y la Ciudad Vieja de Jerusalén, constituye el 22% del territorio histórico de Palestina ocupado militarmente por Israel en 1967.

Mientras Gaza ya se enfrentaba a un bloqueo criminal durante 18 años y a sucesivas masacres, Cisjordania experimentaba el avance de la colonización y la limpieza étnica. Toda la Palestina histórica, incluidas las zonas ocupadas en 1948, sigue sujeta a un régimen de apartheid institucionalizado.

En los últimos dos años, la situación ha empeorado aún más en Cisjordania, donde se teme que se convierta en la próxima Gaza. Ya se están llevando a cabo experimentos en el norte, en medio de una limpieza étnica acelerada y cada vez más profunda.

Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), las fuerzas de ocupación israelíes han destruido el 43 % del campo de refugiados de Yenín, el 35 % del campo de Nur Shams y el 14 % del campo de Tulkarem. Desde octubre de 2023, más de 40.000 palestinos han sido expulsados de sus tierras y hogares en estas zonas, y más de 1.000 han sido asesinados en toda Cisjordania.

El número de presos políticos, sometidos a torturas atroces, se ha disparado. Organizaciones han revelado que más de 17.000 han pasado por las mazmorras sionistas, y hoy en día, casi 11.000 permanecen encarcelados, entre ellos 50 mujeres y 450 niños.

La anexión de tierras y la expansión de los asentamientos avanzan, al igual que los pogromos (ataques violentos y sistemáticos contra un grupo étnico, en este caso, los palestinos) perpetrados por colonos sionistas. Como parte de los ataques, el 3 de agosto, el ministro israelí de Seguridad Nacional, Ben-Gvir, encabezó un grupo de casi 4.000 colonos que irrumpieron en el recinto de la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén, izando banderas sionistas.

La máscara de Israel ha caído

Ante tanto horror, algunos se sienten impotentes y se preguntan si todo está perdido. La respuesta es no. De hecho, el rostro explícito de Israel nunca ha sido tan evidente, exponiendo su naturaleza racista, colonial y genocida. La máscara se ha caído.

La solidaridad con el pueblo palestino en todo el mundo es inmensa, aunque no tan percibida por los palestinos, naturalmente, ya que el sentimiento de abandono es grande –y no nuevo–, y la histórica complicidad internacional se mantiene en general, pese al creciente aislamiento internacional.

La resistencia palestina ha vuelto a poner la causa en el centro del debate internacional y ha expuesto a todos sus enemigos: el imperialismo/sionismo, los regímenes árabes y la burguesía árabe-palestina, hoy representada sobre todo por una nueva clase capitalista vinculada al gestor de la ocupación, la Autoridad Palestina.

El sionismo intenta silenciar las críticas

Desde una perspectiva histórica, el daño al proyecto sionista parece irreversible y acelera su desaparición. En un intento por salvarlo, aliados históricos como Francia y el Reino Unido hablan ahora de reconocer al Estado palestino.

Mientras tanto, sionistas de «izquierda» como Michel Gherman denuncian a la extrema derecha sionista como la causa del genocidio, adoptando la retórica de que es un problema del gobierno, no de Israel como estado colonial y racista. La crisis interna sionista se profundiza, como lo demuestran las marchas en Tel Aviv.

Al mismo tiempo, la represión y la criminalización aumentan en un intento por silenciar las voces que defienden a Palestina. En São Paulo, por ejemplo, el gobierno municipal ha lanzado dos ofensivas en los últimos días.

La primera protesta fue contra los murales de la capital, ordenando repintar los que llevaban la inscripción «Palestina Libre», en respuesta a un ataque sionista de la concejala Cris Monteiro (Novo). La segunda protesta fue contra el 7.º Festival Literario Pirata de Editores Independientes (Flipei), con la cancelación ilegal del contrato por parte de la Fundación Municipal del Teatro (responsable de la Praça das Artes, donde se celebraría el evento), en vísperas de su inicio, el 6 de agosto.

Según los organizadores, la feria se celebrará ahora en lugares como el Almacén Elza Soares, gestionado por el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST). Se ha confirmado la presencia del historiador israelí antisionista Ilan Pappé la tarde del día 6.

La desesperación de los sionistas y sus aliados es reveladora. Israel se encamina hacia la derrota política, mientras el Holocausto, lamentablemente, continúa sin cesar. Pero los palestinos se niegan a ser borrados del mapa.

¿Qué significan las medidas anunciadas por Brasil?

Ante la presión de un aislamiento internacional de la solidaridad incondicional, el canciller Mauro Vieira anunció una serie de medidas durante la Conferencia de las Naciones Unidas del 29 de julio.

Entre ellas, la entrada de Brasil en el proceso contra Israel, por genocidio, interpuesto por Sudáfrica, y el bloqueo de las exportaciones de material de defensa al Estado sionista, además de «investigaciones» sobre las importaciones de productos originarios de los asentamientos.

También anunció su retiro de la llamada Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), a la que Brasil se unió durante el gobierno de Bolsonaro y que no es más que una estratagema sionista para criminalizar el antisionismo, equiparándolo falsamente con el antisemitismo.

Si bien las medidas son progresivas, aún son tímidas e insuficientes. El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Israel y el Mercosur, promulgado por Brasil en 2010, ya incluye restricciones a los productos procedentes de los asentamientos. Sería mucho más efectivo que Brasil se retirara del TLC y cumpliera con su suspensión definitiva, una exigencia del movimiento BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones) contra Israel.

Un informe de E-investidor (Estadão, 11 de octubre de 2023) revela que las exportaciones de armas brasileñas a Israel, a través de Taurus, aumentaron un 700 % en el primer semestre de 2023: de R$560.000 a R$4,9 millones. Sin embargo, esta cantidad representó menos del 1 % de los ingresos totales de la empresa en ese período. Su principal cliente fue Estados Unidos, responsable del 82,53 % de los R$800 millones recaudados entre enero y junio.

Las importaciones de tecnología militar israelí, según un reportaje de “Brasil de Fato” del 4 de agosto, batieron récords en los últimos años, pasando de un promedio de US$1 millón por año desde 1997; a US$9 millones en 2022; US$16,5 millones en 2023; y llegando a US$21,7 millones en 2024 (R$120,6 millones).

Pero hasta el momento, Brasil no ha anunciado sanciones a las importaciones, por lo tanto no hay un embargo militar total contra el estado genocida.

También excluyó de las sanciones la exportación de acero y petróleo que alimenta los tanques sionistas. Entre el 7 y el 10 de agosto, el BDS hizo un llamamiento a la acción para imponer un embargo energético a Israel.

Es hora de que Lula pase de las tímidas medidas simbólicas y las palabras a sanciones efectivas y concretas, hacia la ruptura de todas las relaciones con el Estado genocida de Israel.

El movimiento BDS se inspira en el decreto de 1985 (bajo la administración de Sarney) que impuso sanciones al apartheid sudafricano. Cuatro décadas después, exige que Brasil rompa definitivamente con su complicidad histórica con el apartheid sionista.

¡Abajo la ley de amnistía para genocidas y violadores de DDHH! ¡Fuera Dina asesina y su Congreso corrupto!

0

Partido Socialista de los Trabajadores

El gobierno de Dina Boluarte ha promulgado una Ley de Amnistía que beneficia a policías y militares acusados de violaciones a los Derechos Humanos durante el periodo de 1980 a 2000, en el marco de la llamada «lucha contra el terrorismo».

La promulgación se realizó en una ceremonia que contó con la presencia de las bancadas fujimorista, Renovación Popular, Avanza País y otras que impulsaron el proyecto, e incluso de exmiembros del Grupo Colina, un escuadrón irregular de las FFAA responsable de crímenes como los asesinatos de Barrios Altos (15 víctimas, entre ellas un niño de 8 años) y La Cantuta (un profesor y 9 estudiantes secuestrados, desaparecidos y luego encontrados muertos, con sus restos enterrados en fosas comunes).

Entre 1980 y 2000, 70 mil personas fueron asesinadas, y muchas más desaparecidas o torturadas. La mayoría de estos crímenes fueron cometidos por las FFAA, FFPP y grupos bajo su mando, en el genocidio más brutal que ha vivido el Perú desde su fundación. Por estos hechos, no solo cayó el dictador Alberto Fujimori —juzgado y condenado—, sino también decenas de militares y policías, como el recientemente condenado Daniel Urresti, y otros son procesados, como Ollanta Humala, identificado como el «capitán Carlos«.

Con esta amnistía, todos estos criminales y genocidas quedan impunes, se archivan investigaciones y se burla el derecho a justicia y reparación, mientras se glorifica como héroes de la “democracia” a verdaderos asesinos.

La ley se promulgó ignorando las demandas del Ministerio Público, organismos de DDHH e incluso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que exigían su suspensión en cumplimiento del derecho internacional.

Boluarte y las fuerzas reaccionarias del Congreso pretenden vender la imagen de unas FFAA y PNP perseguidas, que «solo cumplieron su deber». Así, revelan la hipocresía de un sistema democrático que de democrático no tiene nada, y que solo sirve de cubierta para explotar, despedir trabajadores, violentar los derechos de la población pobre y para justificar genocidio y violaciones elementales a los DDHH.

Esta ley busca borrar las ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones y violaciones sexuales cometidas contra los más pobres, crímenes inscritos con sangre en la historia de las FFAA y PNP, que aplicaron una política de «tierra arrasada». Bajo su doctrina, el asesinato de un supuesto «terrorista» justificaba masacres enteras.

Además, se cercena una de las pocas conquistas democráticas arrancadas por la insurgencia popular, que derrotó a la dictadura Fujimori-Montesinos en el 2000.

Las organizaciones que se dicen de izquierda, defensoras de los DDHH o democráticas han fallado al permanecer pasivas ante este ataque. Atrapadas en cálculos electorales —donde el fujimorismo era su principal enemigo-, capitularon en nombre de esa “democracia”, primero al gobierno de Toledo, luego al de Ollanta Humala, y finalmente, bajo el gobierno de Pedro Castillo, abandonaron todo atisbo de radicalidad para congraciarse con los empresarios, dejando intactas a las FFAA y PNP asesinas.

Los trabajadores, el pueblo pobre y los oprimidos del campo y la ciudad no tenemos por qué confiar en militares y policías. Son ellos los que nos reprimen cuando protestamos. Son ellos los responsables de asesinar a 40 luchadores durante el levantamiento del sur andino contra el golpe que llevó a Boluarte al poder, una marioneta del fujimorismo y la derecha que merece el odio del pueblo.

Por eso, desde el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), llamamos a todas las organizaciones obreras y populares a salir a las calles para derogar esta amnistía, decretada por el Congreso reaccionario y la asesina Dina Boluarte.

Será en las calles, como derrotamos la Ley Pulpín y la dictadura de Fujimori, que conquistaremos la derogación de esta ley, y el juicio y castigo para todos los militares y policías responsables de crímenes contra el pueblo.

Sin embargo, solo un Gobierno de los Trabajadores y el Pueblo nos permitirá alcanzar verdadera justicia, acabando con los explotadores y saqueadores del país y llevando a la cárcel a todos los corruptos, asesinos y sus cómplices como los congresistas, la presidenta y sus ministros.

14 de agosto de 2025

La “nueva muerte” de la “solución de los dos estados”

0

Por Alejandro Iturbe

La semana pasada, el parlamento israelí (Knesset) aprobó una resolución que propone la anexión definitiva al estado sionista de todos los asentamientos judíos en Cisjordania[1]. Se trata de una “nueva muerte” de lo que hemos definido como “la falsa solución de los dos estados” propuesta por algunas organizaciones palestinas y árabes, gobiernos imperialistas y parte de la izquierda mundial[2].

Antes de referirnos a las “diferentes muertes” que experimentó esta falsa solución, vamos a analizar las crisis internas del Estado de Israel y a la situación del gobierno de Benjamín Netanyahu que ya abordamos en un artículo reciente[3]. En él, señalamos que el régimen político israelí tiene un carácter nazi por su acción genocida contra los palestinos (la nakba permanente). Al mismo tiempo, para los ciudadanos israelíes, es una democracia burguesa parlamentaria con la Knesset (Asamblea de 120 legisladores) como organismo central.

El actual gobierno de Netanyahu se formó luego de las elecciones de 2022 basado en una coalición de 8 partidos con 67 diputados en total. Entre ellos, el Shas, un frente de dos partidos formados por los judíos ultra-ortodoxos que estaban eximidos de realizar el servicio militar obligatorio. Tiene once diputados. 

Este privilegio siempre ha sido duramente criticado por los partidos opositores que presentaron demandas contrarias ante la Corte Suprema israelí. El año pasado, la Corte determinó que los jóvenes judíos ultra-ortodoxos debían ser convocados para realizar el servició militar obligatorio y el gobierno de Netanyahu tenía que comenzar a aplicarlo obligatoriamente.

Una maniobra táctica

Ante esa situación, el Shas amenazó que saldría de la coalición parlamentaria y dejaría a Netanyahu en minoría. Bibi abrió negociaciones para encontrar una “solución” aceptada por este frente y que, al mismo tiempo, le permitiese no ir hacia un conflicto de poderes con la Corte Suprema. Sin embargo, a inicios de julio, el ejército comenzó a enviar las “convocatorias preliminares” a los jóvenes ultra-ortodoxos y el Shas abandonó la coalición parlamentaria.

Netanyahu pasó así a encabezar lo que en este sistema parlamentario se llama “gobierno en minoría” que puede permanecer en tanto no haya un “voto de desconfianza” mayoritario o una derrota en la votación de una ley propuesta por el primer ministro.

Entonces, esta votación es, en primer lugar, una maniobra táctica parlamentaria de «Bibi» para intentar recomponer una mayoría en la Knesset y, esencialmente, evitar una derrota parlamentaria. En este sentido lo logró: la propuesta del Likud obtuvo 71 votos a favor, 13 en contra y un alto número de abstenciones.

Es muy interesante ver cómo se llegó a este resultado. El Shas se dividió: uno de sus partidos (Judaísmo Unido de la Torá de los judíos ashkenazim de origen europeo) apoyó la resolución mientras que el otro (el de los judíos sefaradíes) se abstuvo. También la apoyaron los diputados de Yisrael Beitenu que no forma parte de la coalición de gobierno, cuya base son los inmigrantes de origen ruso, como los “colonos” que se apropian de casa y tierras en Jerusalén Este y Cisjordania.

Los dos principales partidos de la oposición Yesh Atid y Azul y Blanco se abstuvieron, mostrando claramente que, por ahora, esa oposición no tiene ninguna intención de exigir la renuncia de Netanyahu. En contra solo votaron los diputados de los partidos apoyados por la minoría palestina que tienen ciudadanía israelí: Ra’am y Hadash-Ta’al.

La crisis por la ocupación de Gaza

Palestinos y palestinas gazatíes buscando alimento en medio del genocidio desatado por el estado sionista de Israel.

Pero esta victoria parlamentaria de Netanyahu no puede ocultar las profundas contradicciones que genera en la sociedad israelí la ocupación de la Franja de Gaza y los métodos genocidas que utiliza el estado sionista desde hace dos años: el asesinato de niños o provocar situaciones de hambre extremo en la población palestina para que abandone su territorio, tal como hicieron los nazis con los judíos del gueto de Varsovia.

Esto ha generado dos crisis. La primera está expresada en el “éxodo silencioso” de decenas miles de miembros de las elites intelectuales para radicarse en Europa y EEUU porque “sienten que ya no pertenecen allí”[4]. Esta “crisis de pertenencia” es muy grave para un estado-enclave construido sobre la base ideológica que Israel es la “única patria de los judíos”.

Sin embargo, más grave aún son los síntomas crecientes de una crisis en la “moral militar” de los israelíes. Un problema agudísimo para un estado completamente militarizado que mantiene su unidad sobre la base de la necesidad de una guerra permanente contra el “enemigo que lo amenaza” (el pueblo palestino y los pueblos árabes-musulmanes en general). Esta crisis en la moral militar es el resultado de la repugnancia que genera en muchos israelíes los métodos utilizados en Gaza. Veamos algunos síntomas.

El primero es el de los miles de reservistas que se niegan a reincorporarse al ejército para no tener que ir nuevamente a participar de la ocupación en Gaza y sus métodos genocidas[5]. Algunos de ellos quedaron con traumas sicológicos tan graves por lo que debieron hacer que se suicidaron[6]. Este rechazo a participar de la ocupación en Gaza ya ha llegado también a un pequeño pero creciente número de jóvenes israelíes que se niegan a incorporarse al servicio militar (lo que en Israel es un delito penado con prisión)[7].

El sentimiento de repugnancia no es solo de los jóvenes y adultos en edad militar: es compartido por otras generaciones de israelíes y ha generado hechos que hubieran sido imposibles en el pasado. En Tel Aviv, “miles de judíos israelíes y palestinos residentes en Israel marcharon en silencio frente al Ministerio de Defensa israelí, sosteniendo fotografías de niños palestinos muertos por ataques aéreos en Gaza” y “pancartas que exigían el cese del uso del hambre como arma de guerra en Gaza”. La marcha fue dispersa por la policía que golpeó manifestantes y los obligó a retirarse[8].

También ha habido muchas expresiones en medios intelectuales y universitarios. Fania Oz-Salzberger, hija del famoso escritor israelí Amos Oz y profesora universitaria de Historia, publicó en su cuenta de X el siguiente llamado «Soldados, regulares y de reserva, padres de soldados, abuelos de soldados: no hay otra solución: rechacen servir en Gaza. Rechácenlo, rechácenlo, rechácenlo”[9].

Los rectores de las universidades expresaron en una carta pública que enviaron a Netanyahu: «Como nación víctima del terrible Holocausto en Europa, también tenemos el deber especial de actuar con todos los medios a nuestro alcance para prevenir y abstenernos de causar daños crueles e indiscriminados a hombres, mujeres y niños inocentes”[10]Finalmente, por primera vez en la historia del país, dos ONGs israelíes (B’Tselem y Physicians por Human Right Israel) acusaron el al gobierno de Netanyahu de “estar cometiendo un genocidio en Gaza”[11].

Es muy importante que existan estas contradicciones políticas en la sociedad israelí porque debilitan en el estado sionista. Pero estas contradicciones tienen un límite infranqueable: por su carácter de población ocupante y usurpadora, la absoluta mayoría de la sociedad israelí considera que “está muy bien que nos hayamos quedado con la tierra de los palestinos” porque es sobre ellas que construyeron sus casas, empresas, escuelas y universidades. También que “está bien” apropiarse de más tierra palestina. Por ejemplo, una reciente encuesta realizada por la Universidad Estatal de Pennsylvania entre los judíos israelíes (reproducida por el diario Haaretz) mostró que 82% apoya la expulsión de los palestinos de Gaza[12].

Colonos israelíes atacando a la población palestina en Cisjordania.

Una solución que nació muerta

La propuesta de los “dos estados” se basa en que deber haber un estado judío y otro palestino coexistiendo “pacíficamente” lado a lado en base a la división del territorio histórico del Mandato Británico sobre Palestina. Ella estuvo en la base de la resolución 181 de la ONU (noviembre de 1947) que “creaba” el Estado de Israel a partir del 14 de 1948. Esta resolución fue propuesta por las potencias imperialistas vencedoras en la II Guerra Mundial (EEUU, Inglaterra y Francia) y apoyada por la burocracia estalinista de la ex URSS.

En los hechos, esta resolución sancionaba y legalizaba la usurpación de una minoría judía (menos de 30% de la población total y, en su mayoría inmigrantes europeos recientes) a los que se les otorgó el 52% del territorio.

Al mismo tiempo, lejos de “traer paz”, la creación del Estado de Israel fue el inicio de un período en el que bandas armadas sionistas utilizaron métodos genocidas contra los palestinos (como el asesinato de la mayoría de los habitantes de una aldea) para expulsarlos de sus casas y tierras y apropiarse de ellas.

Con esos mismos métodos, se fueron apropiando de otras partes del territorio hasta llegar a 78%. Se estima que 750.000 palestinos fueron expulsados y obligados al exilio. Es lo que el pueblo palestino llama nakba catástrofe). El territorio que les quedaba a los palestinos quedó dividido en dos partes sin continuidad territorial (la Franja de Gaza al occidente y Cisjordania al occidente).

En ese marco, el estado sionista nunca renunció a su proyecto del Gran Israel: incorporar Gaza y Cisjordania definitivamente e incluso partes del sur de Líbano y Siria). En 1967, ocupó militarmente Gaza y Cisjordania. La heroica resistencia de los jóvenes y niños palestinos generó una fuerte crisis en la moral de los soldados israelíes, lo que obligó al estado sionista a dejar de lado la ocupación directa.

Por propuesta de EE.UU y, a partir de los Acuerdos de Oslo (1993-1994)[13]. Se instaló la Autoridad Nacional Palestina (ANP). En teoría, era un paso en la dirección de la creación de un pequeño estado palestino. Sin embargo, en la realidad, la ANP (controlada por la organización Al Fatah) es un agente colonial del dominio israelí.

Firma de los «Acuerdos de Oslo» bajo el auspicio del imperialismo estadounidense, sellando la renuncia de la dirigencia de la OLP a su consigna histórica de una sola Palestina laica, democrática y no racista.

Actualmente, Gaza sufre una ocupación genocida para obligar a la población palestina a abandonar el territorio. Cisjordania está rodeada de muros, con su frontera con su frontera con Jordania bajo dominio de Israel, dividida en regiones aisladas cruzadas por carreteras y puestos de control israelíes. Los colonos judíos de origen ruso se apropian de cada vez más casas y tierra. Como vimos, ahora se propone que estos territorios sean incorporados definitivamente a Israel.

Consideramos que la propuesta de “los dos estados” defendida por varias organizaciones palestinas, parte de la izquierda mundial y varios gobiernos europeos es una “camino sin salida”, una “zanahoria” destinada a lograr que el pueblo palestino abandone su aspiración de recuperar todo su histórico usurpado por el estado sionista, en un momento en se encuentra debilitado[14].

Este mini-estado palestino sería inviable geográfica, económica y militarmente. Sin embargo lo principal no eso; Israel ya ha dicho claramente que nunca aceptará la creación de ese estado. El año pasado, la Knesset rechazó de plano aceptarlo porque “significaría un peligro existencial para la seguridad de Israel”[15].

Ahora, ha votado la anexión de nuevas partes de Jerusalén Este-Cisjordania y toda la Franja de Gaza. En esa misma sesión, el diputado Amir Ohana (presidente de la Kesset) declaró “Esas tierras son parte inseparable de la patria histórica del pueblo judío y pertenecen a Israel”[16]. Ante esta realidad, seguir levantando la propuesta de los “dos estados” es una política nociva destinada a sembrar ilusiones en la joven vanguardia palestina que ya no cree en ella[17].

Para que el pueblo palestino logre sus aspiraciones de recuperar su territorio histórico (Palestina Libre del Río [Jordán] al mar [Meditarráneo]), es necesario derrotar militar y políticamente al estado sionista y destruirlo (tal como fue enecesario hacerlo con la Alemania nazi). La resistencia palestina debe ser la chispa que encienda la lucha revolucionaria y militar de todos los pueblos árabes y musulmanes contra Israel[18]. Esa lucha revolucionaria y la solidaridad internacional harán posible el triunfo del pueblo palestino.


[1] https://www.infobae.com/america/mundo/2025/07/23/el-parlamento-de-israel-aprobo-una-mocion-para-anexar-los-asentamientos-de-cisjordania/

[2] https://litci.org/es/palestina-sobre-la-falsa-solucion-de-los-dos-estados/?utm_source=copylink&utm_medium=browser

[3] https://litci.org/es/las-crisis-del-estado-de-israel/?utm_source=copylink&utm_medium=browser

[4] https://www.hispantv.com/noticias/economia/599729/iinflacion-subida-precios-exodo-israel 

[5] https://www.france24.com/es/medio-oriente/20250417-el-descontento-crece-en-el-ej%C3%A9rcito-israel%C3%AD-nunca-volver%C3%A9-a-servir-bajo-este-gobierno

[6] https://www.rfi.fr/es/oriente-medio/20250103-r%C3%A9cord-de-suicidios-en-el-ej%C3%A9rcito-israel%C3%AD-desde-el-7-de-octubre-de-2023

[7] https://www.youtube.com/watch?v=MFf5Mj-XLks

[8] https://www.instagram.com/reel/DKneeqJM1n-/ y https://www.facebook.com/teleSUR/posts/ciudadanos-israel%C3%ADes-marcharon-con-fotos-de-ni%C3%B1os-asesinados-y-pancartas-con-men/1232820865553614/

[9] https://www.pressenza.com/es/2025/07/fania-oz-salzberger-soldados-rehusen-servir-en-el-ejercito-israeli/

[10] https://www.pagina12.com.ar/845412-una-carta-para-benjamin-netanyahu-que-sacude-a-todo-israel

[11] https://bitlyanews.com/internacionales/ong-israelies-acusan-por-primera-vez-a-israel-de-cometer-un-genocidio-en-gaza/

[12] https://www.genocidewatch.com/single-post/poll-show-most-jewish-israelis-support-expelling-gazans

[13] Oslo, la paz de los cementerios para la continua Nakba – Liga Internacional de los Trabajadores (litci.org)

[14] Sobre este tema, ver el artículo “¿Cuáles deben ser los objetivos y los métodos de la lucha del pueblo palestino?” en  Marxismo Vivo 20 nuevo formato, octubre 2024

[15] https://www.infobae.com/america/mundo/2024/07/18/el-parlamento-de-israel-rechazo-la-creacion-de-un-estado-palestino-al-considerarlo-un-peligro-existencial-para-la-seguridad/

[16] https://www.larazon.cl/2025/07/24/el-parlamento-israeli-aprueba-la-anexion-de-cisjordania/

[17] https://mondiplo.com/la-juventud-palestina-no-se-da-por-vencida

[18] La “cuestión palestina”: punto central de la revolución árabe – Liga Internacional de los Trabajadores (litci.org)

El sueldo de la traición, la impunidad y el servilismo empresarial

0

Por Partido Socialista de los Trabajadores

En otra muestra de desprecio a la población y desafiando el repudio nacional, Dina Boluarte finalmente se aumentó el sueldo de S/ 15,600 a S/ 35,568, lo que es una afrenta a las víctimas de su pésima gestión, desde los familiares de los asesinados en las movilizaciones de 2022-2023, los transportistas y otros sectores de la población asediados por el sicariato y la extorsión, el desempleo y la pobreza. Ese aumento solo tiene el visto bueno del Congreso y del poder económico, aquellos grandes empresarios que más se benefician con el actual gobierno y que buscan mantener el actual estado de cosas.

Apenas el día anterior, la población arequipeña arrojó huevos y cáscaras a la comitiva del gobierno, como ha ocurrido numerosas veces en diferentes lugares del país, pero no hay sangre en la cara ni vergüenza en este gobierno, que no es solo impunidad, incompetencia y continuidad del plan neoliberal; también es, desde su origen, el pretexto para la permanencia del actual Congreso, controlado por organizaciones políticas que han sido caracterizadas por la Fiscalía como organizaciones criminales.

El intento de toma por asalto de la Fiscalía

La semana anterior, esos sectores políticos, utilizando a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y a la procesada exfiscal Patricia Benavides, pretendieron tomar por asalto el control el Ministerio Público, lo cual se truncó en el último minuto por una resolución judicial.

Esos hechos, que evidencian lo descompuesto que es el actual régimen político, ocurren estando ya a nueve meses de las elecciones generales, lo que ha intensificado la carrera por el control de las principales entidades del Estado, por parte de los partidos del Congreso.

El gobierno es cómplice de estas maniobras porque el Congreso le brinda impunidad y protección ante una posible vacancia que haga adelantar la rendición de cuentas de Boluarte por sus crímenes. Los partidos que hoy controlan el Congreso también saben que pueden recibir el castigo de los votantes, y sobre todo enfrentan, ya sea como organizaciones, o como individuos, procesos judiciales por los que pueden terminar en la cárcel. Esto sin contar que tienen intereses millonarios en negocios como la minería ilegal que dependen estrechamente del poder que ellos detentan en el Congreso.

Los sectores vinculados al fujimorismo y sus aliados apristas ya cuentan con influencia decisiva en entidades como el Tribunal Constitucional, la propia JNJ y la Defensoría del Pueblo. También tuvieron el control del Ministerio Público con Benavides, y lo perdieron por los destapes de la compra de congresistas.

Pero volverán a la carga porque estos sectores quieren asegurarse impunidad por los crímenes que se les imputa, y además ganar más votos en la principal entidad del sistema electoral que es el Jurado Nacional de Elecciones. Esa es la estrategia que viene siendo ejecutada por el fujimorismo, y respaldado subsidiariamente por el “acuñismo”, el “lunismo” y el “cerronismo”, principalmente.

Un gobierno y un Congreso que la patronal defiende

El poder económico no es ajeno a estas movidas. El empresariado circula la idea que la política y la economía van por cuerdas separadas, pero la verdad es que todo lo que ocurre en el plano político está convalidado por el poder económico que tiene mucha influencia en todos los ministerios. El precio de eso es evidente, el gobierno y el Congreso privilegian al empresariado impulsando leyes como la “Ley Clímper 2.0” que perenniza las magras condiciones laborales, así como las exoneraciones o reducciones tributarias.

Los organismos financieros internacionales, como el FMI, también sostienen el actual orden político aprobando el manejo económico del gobierno, que les favorece principalmente a ellos. Es un libreto que viene desde los noventa, por eso en lugar de partidos con proyectos al servicio de los intereses nacionales y populares -al menos en alguna medida-, lo que abundó y abunda son proyectos de derecha, de centro y hasta de izquierda que, llegado el momento, pusieron el gobierno en piloto automático orientado a los beneficios del gran capital, mientras promovían sus intereses particulares, en todos los casos vinculados con la corrupción desde el poder.

Una movilización nacional que no puede esperar al 2026

Como se ve, con el actual gobierno y Congreso, la amenaza contra los intereses y derechos democráticos populares es permanente, incluso en medio del proceso preelectoral, y plantean la necesidad de una movilización nacional que derrote el autoritarismo y abra la posibilidad de soluciones a las principales demandas sociales.

Lamentablemente, dentro de las candidaturas que se perfilan para las próximas elecciones generales, no hay ninguna que represente estrechamente con los sectores que han estado a la vanguardia de las movilizaciones. Los sectores de la izquierda oportunista y reformista que reclaman el espacio político de los movimientos sociales más bien arman sus candidaturas divorciadas de esas luchas. Por eso esos sectores tampoco proponen una plataforma y un plan de lucha para defender, hoy mismo y sin esperar el 2026, los intereses populares frente a los ataques y amenazas del gobierno, el Congreso y la patronal.

Por eso es correcto el camino que han tomado un significativo número de organizaciones obreras y populares, de movilizarse de manera independiente por la solución de sus demandas, un camino que requiere ser continuado con avances en la organización y coordinación y la construcción de una dirección política por un cambio real en el país.

Unir las luchas para echar a Boluarte, su Congreso corrupto y gestar una salida desde abajo

0

Por Partido Socialista de los Trabajadores

El agravamiento de la crisis nacional en todos sus aspectos no tiene fin, y cada día caemos más hondo como producto del régimen que encabeza Boluarte, sostenido por la corrupta mayoría congresal y el empresariado.

Las consecuencias de esta situación las sufren las mayorías: una economía semiparalizada que incrementa el desempleo y la pobreza, un Estado que abandona la educación y la salud públicas, así como la lucha contra la criminalidad, y un empresariado que, aprovechando este contexto, aplica despidos y precariza aún más el empleo.

Por otro lado, el repudio al gobierno y al Congreso es casi unánime entre las bases populares, donde diversos sectores se movilizan constantemente con distintas reivindicaciones. Estos días, por ejemplo, hay protestas contra el intento del oficialismo de tomar el control de la Fiscalía de la Nación, buscando colocar al frente de ella a una de sus operadoras, como Patricia Benavides, exfiscal destituida y procesada por corrupción.

Las demandas de las luchas actuales apuntan a una única solución de fondo: ¡Abajo Boluarte!, cierre del Congreso y elecciones para una Asamblea Constituyente libre y soberana. Una salida verdaderamente democrática a la crisis nacional, por la que se rebeló el sur andino entre 2022 y 2024 y que fue reprimida con sangre por el régimen.

Frente a esto, en los hechos existe un pacto entre toda la derecha, el centro democrático y la mayoría de la izquierda: encauzar la salida de la crisis mediante el calendario electoral de 2026. Es decir, dejar que Boluarte y el Congreso gobiernen hasta la sucesión «constitucional» del 28 de julio de 2026, mientras todos los sectores, incluida la «izquierda», se acomodan buscando posicionarse electoralmente para elegir o reelegir representantes en el nuevo Congreso que asumirá el próximo año.

De este modo, la mayoría de la izquierda se enfoca en concretar la llamada «unidad» para participar en las elecciones de 2026, su única opción para lograr una bancada después de su decepcionante desempeño durante y después del gobierno de Pedro Castillo.

En el colmo de la insensatez, esa «izquierda» llama a la «unidad» electoral para «derrotar a la dictadura fascista», cuando bajo el actual régimen —y mucho menos bajo una «dictadura fascista»— no existe posibilidad de elecciones libres y democráticas, como se evidencia en el intento de tomar la Fiscalía de la Nación para anular procesos contra candidatos corruptos y permitir su injerencia en el JNE.

La caída de Boluarte como resultado de la movilización popular cambiaría la correlación de fuerzas, empoderando al movimiento de masas y a la clase obrera frente a las fuerzas reaccionarias y la patronal, permitiéndoles arrancar las soluciones que exigen. En el sector privado, por ejemplo, un anhelo de las bases obreras es la derogación de la ley de ceses colectivos, pues mientras exista, seguirá siendo usada abusivamente por la patronal, como lo hace ahora, aplicando despidos para debilitar a las organizaciones sindicales.

Es este encaminamiento hacia la salida electoral lo que hace que las principales direcciones gremiales, como la CGTP y su apéndice, la ANP (Asamblea Nacional de los Pueblos), no hagan nada para unificar las luchas y menos para orientarlas hacia la caída de Boluarte y el cierre del Congreso. Estas aspiraciones no figuran en su agenda.

Ante esto, es posible y necesario buscar nuevas salidas. Por ejemplo, que los diferentes sectores en lucha, como transportistas y comerciantes —que ya han convocado paralizaciones en tres oportunidades—, converjan en una lucha unificada.

Desde las bases obreras y populares, es urgente discutir y preparar esta salida. La convicción es clara: si no lo hacemos, no habrá solución a los problemas nacionales, sectoriales y de las bases obreras, y la crisis seguirá profundizándose hasta límites insostenibles.