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Tomar en nuestras manos la defensa de nuestra salud y condiciones de vida

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Vizcarra quiere que creamos que “hizo todo los posible” frente a la epidemia de COVID. Pero los trabajadores y trabajadoras del país sabemos que más allá de una “cuarentena” llena de “huecos” y hambre, el gobierno apenas ha movido un dedo para hacer frente a la emergencia.

No sólo los hospitales colapsados de Iquitos, Chiclayo y Piura lo evidencian. También los miles de trabajadores y trabajadoras que nos vemos obligados a salir de nuestras casas para buscar sustento, mientras a las empresas le dan miles de millones de soles y facultades para quitarnos derechos. Nosotros lo decimos fuerte y claro: ¡Vizcarra es el principal responsable de las muertes y los contagios en el país!

Toda la mal llamada “izquierda” (el Frente Amplio, Nuevo Perú, Patria Roja…) y la dirigencia de las centrales sindicales como la CGTP, que colaboran con el gobierno, también tienen responsabilidad por dejar a Vizcarra “jugar solo” en esta situación. ¡Nada debemos esperar de esas organizaciones traidoras!

La única salida que tenemos, quienes hacemos parte del pueblo pobre y trabajador, es tomar en nuestras manos la defensa de nuestra salud y condiciones de vida. Urge reactivar las organizaciones populares (Comités de vaso de leche, Comedores populares, Asociaciones vecinales…). Ahí donde han continuado funcionando, hay que fortalecerlas para que canalicen nuestros problemas y nos preparemos para luchar organizados.

En la medida en que el gobierno y los empresarios nos obligan a volver a las fábricas, hay que poner en pie nuestros sindicatos. Debemos realizar asambleas, discutir cuáles son nuestros problemas y votar acciones de lucha contra la política del gobierno que ha facilitado la imposición de la suspensión perfecta de labores, y pronto abrirá la puerta a los ceses colectivos. Si queremos superar el COVID y el hambre, tenemos que derrotar a Vizcarra – CONFIEP. Y para hacerlo, preservando nuestra salud, es requisito organizar la respuesta de forma unificada, levantando nuestras demandas más urgentes:

¡Salario, comida y trabajo para el pueblo pobre! ¡Salario de 2500 soles para cada persona que se quedó sin trabajo mientras dure la crisis sanitaria y económica!

¡Abajo la suspensión perfecta de labores (D.U. 038 y D.S.011)! ¡Prohibición de despidos! ¡Que las empresas que aduzcan “problemas económicos” pasen bajo control de los trabajadores!

¡Dinero para la salud, no para los bancos y empresas!

¡Medicinas, mascarillas y alcohol gratuito para el pueblo! ¡Retiro de las patentes de las medicinas necesarias para enfrentar la epidemia! ¡Desinfección sistemática de las calles de los barrios populares!

¡Impuesto al patrimonio de las grandes empresas para financiar la emergencia sanitaria y social!

¡Nacionalización de las empresas que no paguen sus deudas tributarias o se resistan a pagar el impuesto especial!

¡Confiscación de cuentas y bienes de las autoridades involucradas en actos de corrupción para ponerlos al servicio de la lucha contra la epidemia!

¡Por un gobierno de las organizaciones obreras y populares para garantizar la lucha contra el COVID!

Salud: Colapsada desde antes del Covid-19

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Por Mauricio Meca

Médicos con bolsas de plástico atendiendo durante la emergencia, hospitales sin balón de oxígeno, muertos en los pasillos de los nosocomios, personas que mueren en casa o en una cochera del hospital esperando ser atendidos y peor aun esperando se desocupe un respirador artificial, este es el escenario nacional que por medio de las redes sociales se denuncia a diario; pero para el ministro de salud, Zamora, no hay un colapso mientras puedan mover una cama.

En contraste a la realidad de los hospitales nacionales, el sector privado tiene pruebas moleculares y rápidas que están costando S/. 569 y 160 respectivamente y disponen de camas UCI muy bien implementadas para un internamiento, solo que para salvar la vida una persona asegurada tiene que desembolsar S/. 60 mil ($17,5 mil) en promedio.

En medio de la crisis sanitaria, los consorcios de la salud siguen lucrando, mientras continúen gobernando los ineptos y los defensores de los intereses privados, nos conducirán a la muerte y aun falso dilema, salvar la economía o la vida.

  1. ¿Por qué hace agua el plan contra el covid-19?

Déficit en infraestructura: de plano entramos a esta pandemia con un sistema de salud en crisis. Esto como consecuencia de 30 años de una política que gradualmente a privatizado la salud, la cual se ha expresado básicamente en dos aspectos; primero, la decisión política de desfinanciar la sanidad que ha impedido tener condiciones óptimas de atención; segundo, servida la mesa y con el viejo cuento de “aliviar al saturado seguro social”, crearon el marco legal para que grandes corporaciones empresariales (Credicorp, Breca, Intercorp, etc) puedan intervenir en la salud, adueñarse de todos los eslabones de la cadena de salud desde aseguradoras, clínicas, farmacias convirtiéndose así en oligopolios que fijan precios y los elevan a su antojo sin ningún control del Estado. De esta forma se han llenado los bolsillos con la salud del pueblo.

Cuarentena tardía e inefectiva: Este gobierno demoró 10 días desde la aparición del caso 1 para decretar la cuarentena y el cierre de las fronteras, para ese momento ya habían 71 casos (16/03). Al igual que otros presidentes de la región, para Vizcarra peso más la operatividad de los negocios capitalistas antes que la salud, la diferencia es que en tierra de ciegos el tuerto es rey, al lado de Bolsonaro y otros impresentables Vizcarra es un grandioso presidente. Pero a pesar de llevar la delantera en la región, las condiciones sociales de la población, la extrema pobreza, la informalidad laboral, la limitación de acceso al agua, el hacinamiento de las viviendas y de centros de abastos, entre otros factores han hecho que a la actualidad seamos el 3er país de la región con más infectados. Ni los ridículos bonos, ni las botas militares lograron contener la miseria estructural (económica y cultural) que acumula décadas.

Faltan de pruebas rápidas y moleculares: otra recomendación fundamental de la OMS para controlar la pandemia era la aplicación masiva de pruebas, principalmente las moleculares por la precisión en el diagnóstico. Sin esta medida no era posible diagnosticar, aislar y dar un tratamiento eficiente a la población. Si bien las leyes del capitalismo provocaron una serie de problemas como la elevación de los precios por ser un bien escaso y demandado por otras naciones, las confiscaciones en puertos y aeropuertos por parte otros gobiernos y retrasos en la llegada de las pruebas; la política de Vizcarra ha facilitado una vez más la intervención de las empresas que ven como un negocio la salud, ahí tenemos la inversión de Intercorp (dueños de del 90% de cadenas de farmacias) para crear pruebas moleculares a una escala insuficiente, y también ha dejado que el sector privado (135 empresas) importen pruebas de dudosa calidad y que cobren lo que se les de la gana. Si eso no fuera poco el gobierno adquirió 700 mil pruebas rápidas a Orient Gene Biotech, la cual no cuenta con certificado del gobierno chino, es decir tenemos pruebas que pueden dar falsos negativos con un sobrecosto por la corrupción. El gobierno ante la carencia nunca decretó la reconversión de empresas industriales para producir pruebas a gran escala.

Faltan camas UCI: cuando observamos que mueren las personas en las pasillos por que no acceden a una cama UCI (cama multipropósitos, monitor de funciones vitales, ventilador mecánico y un aspirador de secreciones) es evidente que hay un déficit.

Hace casi un mes el médico intensivista, Jesús Valverde, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva (SOPEMI), quien se encuentra en la primera línea en el Hospital Dos de Mayo, señalaba que a nivel nacional (Minsa, Essalud, FF.AA. y clínicas) existían 820 camas UCI y que el 80% estaban ocupadas por pacientes que no presentaban COVID-19 por lo que camas disponibles eran tan solo 164. Sobre las 504 camas UCI que se jactaba el gobierno de haber implementado para uso exclusivo de COVID, Valverde era incrédulo, pues mencionaba que los hospitales emblemáticos en Lima tenían 12 o 15 camas nuevas como máximo, y si a esta cifra esto se le sumaba las 164 camas disponibles desconfiaba en que llegarían a la cifra de 504.

El cuadro es similar al de los test, el precio de los ventiladores se disparó ($ 15 mil – 70 mil) y el lote de 500 ventiladores que compro el gobierno para llegar a la meta de 1000 camas UCI aún no llega, mientras tanto la población sigue muriendo.

Falta personal médico calificado: Zamora dice ahora que ya hay casi mil camas UCI, pero el problema más grave como señalaba Valverde, es la ausencia de personal calificado para atender una unidad de UCI. En cada unidad UCI con 6 pacientes, se necesita de un medico intensivista, tres enfermeras y dos técnicos en enfermería y solo hay 700 médicos intensivistas y debería haber 1400 como mínimo a nivel nacional. Reveló que la mayoría del personal de UCI trabajan en dos lugares para suplir la falta de recursos humanos que hay en el sistema de salud y que esto es un peligro pues no pueden controlar que, ante un posible personal UCI infectado, lleven el virus de un hospital a otro, a la vez señalaba que no les aplican pruebas rápidas para evitar el riesgo. De qué sirve tener 100 camas UCI en el Hospital de Ate si por falta de personal solo pueden están operativas 20.

Para remate, abundan las denuncias del personal médico por falta de equipos de bioseguridad y de las pésimas condiciones laborales como los contratos CAS, donde no tienen seguro de vida, ni vacaciones, CTS, etc.

Qué se espera para derogar esos precarios regímenes laborales, pero si es operativo para aplicar la suspensión perfecta de labores a favor del empresariado.

No se financia la emergencia: Estos enormes problemas tienen un problema de fondo, la plata. No es posible que el gobierno no destine cuantiosos recursos para financiar la emergencia sanitaria, no es posible que se engañe al pueblo haciendo creer que ya hizo bastante, cuando el gobierno reasigna presupuesto mientras endeuda al país para salvar a las empresas. La misma política de austeridad que se aplica hace 30 años y que nos ha llevado a esta situación de calamidad. Finalmente la factura la pagamos la clase trabajadora con nuestras vidas.

2. La crisis de la salud también es responsabilidad de Vizcarra

Como vemos, las medidas del gobierno de Vizcarra en materia de salud, al igual que una cañería rota, hace agua; sin embargo son éstas medidas, sumado a la demagogia del gobierno, el marketing político de los medios, y el respaldo de la izquierda reformista (nuevo Perú y Frente Amplio) lo que le ha permitido elevar su popularidad. Una red de engaños que ha colocado al gobierno como un gran general en la guerra contra el covid19 y que al mismo tiempo voltea la tortilla y señala como culpable a la “gente”, a su hambre, a su hacinamiento, a su miseria cultural como principal causa de la expansión del virus. Pero la demagogia tiene un límite, cuando la verdad ya no puede maquillarse el gobierno ya no dice esta boca es mía.

Recordemos que el Vizcarra tiene ya dos años en el puesto y por tanto ha decidido dos presupuestos públicos, el último representa el 2,2% del PBI cuando la recomendación de la OMS es destinar el 6%. Pero como dijimos antes la privatización de la salud, no solo es desfinanciarla, también es profundizar el marco legal para que los empresarios lucren con la salud, ahí tenemos que la gran meta del Ministerio de Salud de aquí a 4 años es que el 70% de los Hospitales que están bajo su cargo en Lima Metropolitana sean operados por el sector privado de acuerdo a la normativa de las Asociaciones Publico Privadas (APP) bajo las modalidades de bata blanca, verde y gris, a la que diversos gremios de salud se oponen por precarizar su empleo. Esta legalidad, las APP, así como la relacionada a las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), es intocable para el gobierno, actúa como un gendarme en defensa de los intereses patronales.

Esa actitud es más criminal en estos momentos porque los dueños de la salud en el país siguen lucrando durante la crisis, y porque en lugar de utilizar su infraestructura para atender a quienes lo necesitan, permite que solo se salven los que pueden costearse un tratamiento en las clínicas.

3. ¿Hay otra salida?

Sí hay salida, sí se puede salvar la economía y la salud de la población por eso la discusión en realidad es cuál de las clases pagará el costo de ello. La condición para ello es reconocer quienes son nuestros enemigos y los culpables de los miles de muertos que a diario pone la clase trabajadora, quitarle la careta a este gobierno genocida que salvaguarda la vida y los negocios de los capitalistas a costa de las nuestras y también luchar para imponer medidas anticapitalistas, es decir, socialistas. Por eso:

Necesitamos la continuidad de la cuarentena y medidas de aislamiento social efectivo. Paralización sin excepción las actividades industriales y mineras, como de toda empresa no vinculada a los bienes y servicios esenciales, decretando sanciones drásticas y hasta la expropiación sin pago de empresas que infrinjan la prohibición.

Necesitamos un gran aumento presupuestal para el sector salud, que se refleje en la consecución de materiales de bioseguridad, en respiradores mecánicos, en camas UCI, en los test moleculares y serológicas para aplicarlos a los que están expuestos al contagio. No necesitamos un gobierno que reasigne presupuesto de otras carteras ministeriales para la cartera de Salud, un engaña muchacho del populismo de Vizcarra.

Necesitamos reconvertir empresas para la producción masiva de mascarillas, respiradores mecánicos, equipos de bioseguridad.

Necesitamos contratar a todo el personal de salud necesario: médico, técnico médico, enfermería y servicios generales (personal de limpieza, comedor, etc) con capacitación, equipamiento y protección adecuados para un servicio de salud óptimo frente a la crisis. Necesitamos que estén bien remunerados y con estabilidad laboral. No necesitamos un gobierno que mantiene en pie regímenes de contratación como CAS, o las modalidades de bata gris, verde y blanca que recortan derechos laborales.

Para financiar este plan debemos cobrar un impuesto a las grandes empresas y expropiar las clínicas privadas y la fortuna de los que vilmente se enriquecieron con la salud en estos 30 años para ponerlas al servicio de la atención de la emergencia. No necesitamos un gobierno que destine recursos del Estado al bolsillo de los empresarios.

Necesitamos la respuesta organizada de los trabajadores de la salud, como la de las enfermeras del Hospital Hipólito Unanue.

Necesitamos un Seguro Único de Salud, gratuito público y de calidad para todos los peruanos y extranjeros que residen en el país. No necesitamos EPS que lucran con nuestra salud.

Esto significa luchar para tomar el poder político y económico de la sociedad, que está en manos de la burguesía mundial, y disponer los enormes recursos materiales al servicio de atender las necesidades de la mayoría de la población. Y esto solo será posible por medio de una planificación económica socialista, que acabará con la anarquía asesina del modo de producción capitalista. En pocas palabras, el momento plantea la urgencia de organizarse alrededor de un programa revolucionario.

Suspensión de salarios perfecta para la Confiep

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Por Manuel Fernandes

Dirigente obrero

A casi menos de un mes de publicado el DS 011-2020 TR sobre Suspensión Perfecta de Labores, ya se registran 20 mil solicitudes que deja a más de 200 mil trabajadores sin salario durante los próximos 90 días. Y esto recién empieza.

La letalidad de esta norma fue reglamentada por Vizcarra para su aplicación en este estado de emergencia, y supera de lejos lo establecido por el dictador Fujimori en el DS.003-97 TR sobre SPL publicado en 1997.

La norma reduce la figura de afectación económica de una empresa, a la disminución de ingresos por ventas obtenidas en marzo y abril, ambos meses con cuarentena obligatoria. Un procedimiento infalible para cualquier empresa que podrá mostrar que en abril no tuvo ingresos por ventas y con ello perjudicar al trabajador. Un procedimiento que deja de lado los ejercicios contables de trimestres pasados y años anteriores junto con el incremento patrimonial, que demuestran la real capacidad económica de cualquier empresa.

Así, sin importar que sean empresas Top en su rubro como Cine Planet, Casa Andina, Cerámica Lima, Trébol, Indeco, Graña y Montero y hasta de la gran minería, son favorecidas por la norma, pese a que fue presentada como medida excepcional luego de agotar la negociación de otras opciones con los trabajadores.

Sin embargo, como todo está suscrito dentro de las facilidades que la norma otorga a las empresas que se declaran afectadas económicamente, la negociación solo sirve para entregar derechos, como recortar los salarios y beneficios laborales, como se viene imponiendo en tiendas Ripley y Cerámica San Lorenzo, y que incluso amenazan con ser permanentes.

Y mientras la ministra de Trabajo públicamente alienta expectativas en la fiscalización posterior de la SUNAFIL, el propio director de los inspectores señaló que 700 inspectores que laboran de forma remota, no podrán revisar 20 mil solicitudes en medio de tantas denuncias laborales que viene ocurriendo en la emergencia. Y que para remate cuenta con el silencio admirativo positivo ante la demora del pronunciamiento de la autoridad dentro de los 30 días calendarios.

Vizcarra, que gobierna como un patrón más en la fábrica, acabó por empoderar a los empresarios con herramientas útiles para atacar los llamados “costos laborales”, esto es: despedir al personal “excedente”.

Muchos de estos problemas ya se vienen denunciando dentro del movimiento obrero. Sin embargo, el mayor reto que tenemos es comprender que este problema recién empieza y no acabara con la cuarentena, o la falsa película que proyecta el gobierno y que muchos dirigentes han creído, que regresaremos a la normalidad en un par de meses.

La misma norma aclara que de ser necesario se ampliaría el estado de emergencia sanitaria y con ello las posibilidades de seguir ampliando la medida de suspensión perfecta. Y no nos olvidemos que por las mismas causales se podrá aplicar el Cese Colectivo, el cual ya se venía utilizando y que ahora pueden hacer masivo.

Vizcarra, que gobierna como un patrón más en la fábrica, acabó por empoderar a los empresarios con herramientas útiles para atacar los llamados “costos laborales”, esto es: despedir al personal “excedente”, a los que conquistamos derechos, a los que tienen enfermedades crónicas y, por esa vía, acabar con los sindicatos para luego iniciar una nueva etapa de crecimiento sobre la base de una mayor explotación de los trabajadores, sin convenios y sin sindicatos.

Organicemos la respuesta
Antes de la pandemia, formamos parte de la heroica lucha de los trabajadores de Cogorno, Hialpesa, BSH y otros sindicatos que enfrentaron los ceses colectivos con plantones y huelgas, y la solidaridad de bases y activistas obreros que permitió, aunque con demora, algunos triunfos y la continuidad de su lucha.

La tarea sigue siendo la misma: necesitamos organizar la respuesta de los trabajadores ante tremendo ataque de Vizcarra y la CONFIEP. Pero no servirá de mucho si lo hacemos de forma aislada. Hoy que el ataque se ha generalizado y esto debe permitirnos unificar las acciones de lucha.

Se trata de organizar la respuesta de los trabajadores para que no seamos nosotros quienes paguemos las consecuencias de la crisis. Defender nuestra vida y la de los nuestros, también significa defender nuestro sustento económico que es la fuente de trabajo.

Se trata de derrotar una norma que protege a las empresas encubriendo su real capacidad económica. Si, en últimas, verdaderamente muestran pérdidas, pediremos que nos entreguen la administración de la empresa para mostrarles que podemos garantizar más empleo y mayor salario para todos.

Para ello necesitamos que la vanguardia obrera ocupe su lugar garantizando las próximas medidas a realizar, poniendo en pie de lucha a los sindicatos bases, defendiendo su independencia y auto organización como alternativa ante el rol colaborador de las cúpulas de las centrales sindicales.

En ese camino te invitamos a construir nuestro comando mayor, una nueva dirección política de los trabajadores que milite por poner en pie la respuesta obrera. Nuestro partido PST está en este camino, junto con luchadores reconocidos con el único compromiso de defender los intereses de la clase trabajadora. Te invitamos a formar parte de él.

La dirigencia de la CGTP es una traba

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por Víctor Montes

La dirigencia de la CGTP viene haciendo el ridículo ante la vanguardia obrera. ¿La razón? Mientras se queja que el gobierno “cede a la presiones de la Confiep”, se sienta tranquilamente en el foro del “Acuerdo Nacional”, en las carpetas del “Consejo Nacional del Trabajo” (CNT) y en la mesa del “Grupo de Trabajo Multisectorial” que debía evaluar el plan de “reinicio de las actividades económicas”, sólo para ser ninguneados una y otra vez.

¿Por qué la CGTP, que ha llegado a la conclusión de que el gobierno “…tiene una visión puramente formal del diálogo social…”, vuelve una y otra vez a sentarse en la mesa que le tiende Vizcarra? La única explicación consistente es que no es “por amor al chancho…”. La dirigencia de la CGTP recibe un conjunto de privilegios por participar del mentado “diálogo social” como “portavoces” de la clase trabajadora. Y para mantener esos privilegios, están dispuestos a hacer de verdugos de los trabajadores.

«La dirigencia de la CGTP recibe un conjunto de privilegios por participar del mentado “diálogo social” como “portavoces” de la clase trabajadora. Y para mantener esos privilegios, están dispuestos a hacer de verdugos de los trabajadores.»

La dirigencia de la CGTP se niega a denunciar la responsabilidad de Vizcarra en lo que está sucediendo. Tan es así que en sus dos últimos pronunciamientos titulados CGTP respalda lucha de trabajadores y pensionistas por inclusión en bono universal (7 de mayo) y Gobierno-CONFIEP ponen en riesgo la salud y la vida de los trabajadores (6 de mayo) ni siquiera se menciona el nombre del presidente. En ese marco, cualquier llamado a la “protesta” de parte de la dirigencia de la Central es un engaña muchachos.

La clase obrera y el pueblo pobre requieren organizarse y movilizarse a la brevedad posible contra el plan que Vizcarra y compañía vienen implementando para hacer frente a la epidemia y para “reactivar la economía”. Es decir, contra las carencias en la salud que el gobierno es incapaz de solucionar, y contra los despidos, rebajas de salarios y demás abusos que las empresas ya han comenzado a aplicar.

Y nada de esto se puede hacer sin comenzar por señalar claramente al responsable de esta situación: el gobierno de Vizcarra y su plan económico, que es continuidad del que se impuso con la dictadura de Fujimori. Y la dirigencia de la CGTP se empeña en hacer justamente lo contrario.

Por eso la dirigencia de la CGTP es una traba para que la clase obrera cumpla con esta tarea, que hoy es de vida o muerte. ¡Los trabajadores y trabajadoras no tenemos nada que hacer en el Acuerdo Nacional, el CNT, ni en el Grupo multisectorial! Los trabajadores y trabajadoras necesitamos organizarnos, con independencia, para impulsar la lucha abierta contra el gobierno y levantar una salida de la clase trabajadora ante la crisis que vivimos. De cómo resolvamos este problema, dependerá en buena cuenta nuestro destino.

¿Quién eligió a Pablo?
Tal como ha denunciado la dirigencia de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP) el pasado 4 de mayo, la elección de Pablo Checa como “representante de los trabajadores” en la mesa del “Grupo de Trabajo Multisectorial”, encargado del plan de “reinicio de las actividades económicas”, ha tomado a las organizaciones sindicales por sorpresa.
¿Quién lo eligió? La respuesta es clara: el gobierno.

La presencia de Checa, militante del Partido Comunista – Unidad (PC-U) de Mario Huamán, Gerónimo López y compañía, es justamente parte de los privilegios que obtiene la dirigencia de la CGTP a cambio de mantener desmovilizada a la clase trabajadora.

¿Tiene derecho a hablar en nombre de la clase trabajadora? ¡Claro que no! Sólo pone en evidencia la responsabilidad del PC-U, y sus agentes en la dirigencia de la CGTP, como colaboradores del gobierno. Serán ellos (el PC-U y compañía) responsables también por cada una de las definiciones que tomen en ese “Grupo de Trabajo…” y su impacto en la vida de las y los trabajadores.

Pandemia, despidos y violencia

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Foto: Nadia Tremoulet - Teatro Roes

Foto: Nadia Tremoulet – Teatro Roes

Por Profesora Clarita López

La covid-19, el desempleo y la violencia se nos presentan a diario, sobre todo nos golpea más fuerte si somos pobres, mujeres obreras y trabajadoras. La peor situación se vive en las fábricas; en el sector textil, donde se viene aplicando el cese colectivo a sus trabajadores (mayor porcentaje mujeres); en el rubro de alimentos como Molitallia que una semana antes del inicio de la pandemia había echado a la calle a más de 100 obreras; las de limpieza pública, donde las obreras ponen en peligro sus vidas, almorzando en los lugares donde recogen la basura, con gente tiradas en las calles y sin desinfectar, como Mesa Redonda o Paruro; sin que el alcalde les dé un lugar adecuado para el
almuerzo, con baño incluido.

Más de un millón de puestos de trabajo perdidos, y hasta con la suspensión perfecta de labores sin pago alguno quieren que sobrevivamos. Somos el 75% de trabajadoras informales, y nuestros compañeros, esposos, hijos que en muchos casos son el sostén del hogar también están sin ingresos (70% de informales).

Trabajadoras de Chocolates Iberica protestan contra DU 038-2020

Violaciones en cuarentena
Mientras pasan los días, y muchas estamos en casa, uno por el aislamiento social y dos porque nos quedamos sin trabajo; creemos que la casa es el refugio, el lugar donde podemos sentirnos seguras, la realidad nos muestra todo lo contario, en algunos casos estamos en la boca del lobo. Solo en el día 17 de cuarentena ya había 43 denuncias por violación, entre ellas 27 niñas, comparado con el 2019, esto es 39% más de violencia contra la mujer. Para el 28 de abril, según el MIMP, 21 mil llamadas a la línea 100, 162 violaciones, 32 feminicidios, 120 casos de tentativa de feminicidio.

El aislamiento social se convierte en una cárcel para muchas, pero con ningún refugio disponible.

Los planes para combatir esta problemática son mínimos y los presupuestos aún más. Por ejemplo, los hogares refugio a nivel nacional solo son 14, estos no representan ayuda ni para la mitad de las agredidas y respecto a las denuncias, los horarios de inmovilización social obligatoria no incluye a los casos excepcionales de violencia contra la mujer.

El aislamiento social se convierte en una cárcel para muchas, pero con ningún refugio disponible.

Cuando se le pregunta al gobierno de Vizcarra sobre el tema, este dice que ya se están implementando algunos mecanismos de defensa para estos sectores vulnerables, menciona a la línea 100, línea que la misma congresista Arlette Contreras ha dicho que son insuficientes. “Lamento decir que el Ministerio de la Mujer no está haciendo un buen trabajo, varias casos llegan a mi despacho quejándose de la pésima atención por parte de los Centros de Emergencia Mujer o de la Línea 100”.

La desigualdad continúa…
Muchos preguntan cómo puede suceder esto, y la verdad son varios factores, aquí mencionaré algunos:

  1. La desigualdad entre hombres y mujeres, por ejemplo en el sector servicios el 44% que han perdido su empleo son mujeres, mientras el 37% son hombres. Ambos son golpeados por los despidos, pero en mayor cantidad las mujeres, seguimos siendo el primer blanco de esos ataques. La suspensión perfecta de labores también nos deja sin ninguna reserva para enfrentar esta pandemia. En el sector comercio somos el 26%, mientras nuestros compañeros son el 13% suspendido.
  2. Las ideas machistas que presenta a la mujer como ser inferior, sensible, débil y como las responsables únicas de las tareas domésticas, por ende se triplican las tareas del hogar, el cuidado de niños, ancianos y enfermos, sabiendo que esto no es remunerado. Dando como consecuencia la dependencia económica y emocional, agotamiento por la doble jornada, estrés y los trastornos alimenticios.
  3. Las políticas del gobierno, como los decretos que atacan los derechos laborales, como el 038-2020 que avala la suspensión perfecta, o el 011-2020 que perfecciona esta norma; los ceses colectivos que vienen dejando en la calle a cientos de trabajadores, desde el 2018.

¿Cómo enfrentar esta situación?
Tenemos diversos ejemplos, como lo son las obreras del Sitobur que exigen medidas de seguridad en el trabajo y estabilidad laboral con su pase a planilla. Como las obreras de Molitalia que se paran al frente de la fábrica, en un plantón y denuncian los despidos, como las enfermeras del Loayza, Vitarte, del Niño, que exigen con carteles en la puerta de los hospitales implementos básicos de seguridad, trabajo con contratos seguros y sus sueldos.

Necesitamos más albergues, trabajo seguro, normas y leyes que condenen los casos de violaciones, tentativas y feminicidios.

Sin luchas no hay victorias, por eso el plan alternativo contra la violencia a la mujer, los despidos de las patronales, el gobierno que no invierte y avala los despidos, no puede estar desligado de un plan nacional obrero y popular, las mujeres y hombres trabajadores debemos unirnos y exigir una solución de fondo a estos problemas en la perspectiva de un Gobierno de los Trabajadores y el Pueblo pobre.

Pandemia, despidos y violencia

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Foto: Nadia Tremoulet - Teatro Roes

Foto: Nadia Tremoulet – Teatro Roes

Por Profesora Clarita López

La covid-19, el desempleo y la violencia se nos presentan a diario, sobre todo nos golpea más fuerte si somos pobres, mujeres obreras y trabajadoras. La peor situación se vive en las fábricas; en el sector textil, donde se viene aplicando el cese colectivo a sus trabajadores (mayor porcentaje mujeres); en el rubro de alimentos como Molitallia que una semana antes del inicio de la pandemia había echado a la calle a más de 100 obreras; las de limpieza pública, donde las obreras ponen en peligro sus vidas, almorzando en los lugares donde recogen la basura, con gente tiradas en las calles y sin desinfectar, como Mesa Redonda o Paruro; sin que el alcalde les dé un lugar adecuado para el
almuerzo, con baño incluido.

Más de un millón de puestos de trabajo perdidos, y hasta con la suspensión perfecta de labores sin pago alguno quieren que sobrevivamos. Somos el 75% de trabajadoras informales, y nuestros compañeros, esposos, hijos que en muchos casos son el sostén del hogar también están sin ingresos (70% de informales).

Trabajadoras de Chocolates Iberica protestan contra DU 038-2020

Violaciones en cuarentena
Mientras pasan los días, y muchas estamos en casa, uno por el aislamiento social y dos porque nos quedamos sin trabajo; creemos que la casa es el refugio, el lugar donde podemos sentirnos seguras, la realidad nos muestra todo lo contario, en algunos casos estamos en la boca del lobo. Solo en el día 17 de cuarentena ya había 43 denuncias por violación, entre ellas 27 niñas, comparado con el 2019, esto es 39% más de violencia contra la mujer. Para el 28 de abril, según el MIMP, 21 mil llamadas a la línea 100, 162 violaciones, 32 feminicidios, 120 casos de tentativa de feminicidio.

El aislamiento social se convierte en una cárcel para muchas, pero con ningún refugio disponible.

Los planes para combatir esta problemática son mínimos y los presupuestos aún más. Por ejemplo, los hogares refugio a nivel nacional solo son 14, estos no representan ayuda ni para la mitad de las agredidas y respecto a las denuncias, los horarios de inmovilización social obligatoria no incluye a los casos excepcionales de violencia contra la mujer.

El aislamiento social se convierte en una cárcel para muchas, pero con ningún refugio disponible.

Cuando se le pregunta al gobierno de Vizcarra sobre el tema, este dice que ya se están implementando algunos mecanismos de defensa para estos sectores vulnerables, menciona a la línea 100, línea que la misma congresista Arlette Contreras ha dicho que son insuficientes. “Lamento decir que el Ministerio de la Mujer no está haciendo un buen trabajo, varias casos llegan a mi despacho quejándose de la pésima atención por parte de los Centros de Emergencia Mujer o de la Línea 100”.

La desigualdad continúa…
Muchos preguntan cómo puede suceder esto, y la verdad son varios factores, aquí mencionaré algunos:

  1. La desigualdad entre hombres y mujeres, por ejemplo en el sector servicios el 44% que han perdido su empleo son mujeres, mientras el 37% son hombres. Ambos son golpeados por los despidos, pero en mayor cantidad las mujeres, seguimos siendo el primer blanco de esos ataques. La suspensión perfecta de labores también nos deja sin ninguna reserva para enfrentar esta pandemia. En el sector comercio somos el 26%, mientras nuestros compañeros son el 13% suspendido.
  2. Las ideas machistas que presenta a la mujer como ser inferior, sensible, débil y como las responsables únicas de las tareas domésticas, por ende se triplican las tareas del hogar, el cuidado de niños, ancianos y enfermos, sabiendo que esto no es remunerado. Dando como consecuencia la dependencia económica y emocional, agotamiento por la doble jornada, estrés y los trastornos alimenticios.
  3. Las políticas del gobierno, como los decretos que atacan los derechos laborales, como el 038-2020 que avala la suspensión perfecta, o el 011-2020 que perfecciona esta norma; los ceses colectivos que vienen dejando en la calle a cientos de trabajadores, desde el 2018.

¿Cómo enfrentar esta situación?
Tenemos diversos ejemplos, como lo son las obreras del Sitobur que exigen medidas de seguridad en el trabajo y estabilidad laboral con su pase a planilla. Como las obreras de Molitalia que se paran al frente de la fábrica, en un plantón y denuncian los despidos, como las enfermeras del Loayza, Vitarte, del Niño, que exigen con carteles en la puerta de los hospitales implementos básicos de seguridad, trabajo con contratos seguros y sus sueldos.

Necesitamos más albergues, trabajo seguro, normas y leyes que condenen los casos de violaciones, tentativas y feminicidios.

Sin luchas no hay victorias, por eso el plan alternativo contra la violencia a la mujer, los despidos de las patronales, el gobierno que no invierte y avala los despidos, no puede estar desligado de un plan nacional obrero y popular, las mujeres y hombres trabajadores debemos unirnos y exigir una solución de fondo a estos problemas en la perspectiva de un Gobierno de los Trabajadores y el Pueblo pobre.

El nuevo paquetazo de Duque: se agrava la pandemia y se salvan las empresas

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El pasado 6 de mayo, el gobierno de Iván Duque expidió el Decreto 637 por medio del cual extiende el Estado de Emergencia hasta el 25 de mayo. El decreto le da facultades extraordinarias al Gobierno y anuncia más medidas para favorecer al sector financiero, beneficios tributarios para las empresas, además de la privatización de entidades estatales, la disminución de requisitos para la minería y la flexibilización laboral que afectará los ingresos de la clase trabajadora para asegurar las ganancias de la burguesía.

Por PST-Colombia

Para sustentar el Decreto, Iván Duque reconoce que las medidas tomadas hasta ahora –un paquetazo en el que ha beneficiado al sector financiero, a los fondos de pensiones, a las grandes empresas constructoras ya los terratenientes– no han servido para contener la crisis sanitaria, pero además admite que la situación es mucho más grave.

En el Decreto, admite Duque que “la realidad observada luego de dos meses de estar enfrentando esta situación con todas las herramientas constitucionales y legales -ordinarias y extraordinarias otorgadas en la primera declaratoria de emergencia- los efectos a la fecha han sido mucho más gravosos de lo que inicialmente se podía prever”.

Y a pesar de que la salud de la población es la motivación del Estado de Emergencia, todas las medidas tienden a salvar las ganancias de las empresas, para Duque “el aislamiento preventivo obligatorio y con ello la disminución significativa de la actividad económica ha generado un crecimiento preocupante en la tasa de desempleo”, por tanto, en el Decreto desaparece el discurso ‘optimista’ de aplanamiento de la curva que hace en sus programas de televisión.

Admite que sus medidas no han servido para ampliar la realización de pruebas y que no hay certeza en el número de contagiados, por ello concluye que “ante la evolución negativa que comporta esta crisis y en especial la gravedad de los nuevos efectos que observamos cada día, es imperativo contar con medidas de rango legal que le hagan frente a la nueva situación”.

Pero las medidas no consisten en una cuarentena con garantías, en la derogación de la Ley 100, en mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la salud y en un plan de emergencia que se financie con los recursos que cada año se destinan a pagar la Deuda Externa, sino en medidas para beneficiar nuevos sectores económicos en detrimento de las condiciones de la clase trabajadora.

Reforma tributaria y privatización

En el Decreto 637, el Gobierno anuncia “medidas extraordinarias referidas a condonar o aliviar las obligaciones de diferente naturaleza como tributarias, financieras, entre otras, que puedan verse afectadas en su cumplimiento de manera directa por efectos de la crisis”. Esta es una clara respuesta a las propuestas de los gremios que aprovechan la pandemia para exigir que se bajen más sus impuestos, en un país en el que las exenciones son tan altas que Luis Carlos Sarmiento se ahorrará en pago de impuestos el doble del valor de la ‘donación’ que hizo en medio de la pandemia.

También anuncia el Decreto que con el fin de generar recursos se debe “contemplar mecanismos para enajenar la propiedad accionaria estatal”, lo que en la práctica implica la continuidad de la privatización del patrimonio público. Es decir, la burguesía dice no tener cómo sostener sus empresas y pide recursos al Estado, pero estaría dispuesta a comprar las empresas estatales.

En este Decreto, Duque anuncia la entrada del sector minero-energético como parte de la reactivación de la cadena productiva, anunciando además “mecanismos de priorización, reducción, reestructuración y racionalización en trámites, procedimientos y procesos que permitan mitigar los impactos de la emergencia en relación con los servicios y proyectos asociados a dicho sector”. Es decir, de todas las licencias ambientales y consultas a comunidades que hasta el momento son las que han frenado la depredación del medio ambiente por parte de estas empresas.

La reforma laboral de Vargas Lleras

En consonancia con lo anunciado por Germán Vargas Lleras en su columna de opinión del diario El Tiempo, Duque de manera cínica plantea que “se debe permitir al Gobierno nacional la adopción de medidas en aras de mantener y proteger el empleo, entre otras, el establecimiento de nuevos tumos de trabajo, la adopción de medidas que permitan contribuir al Estado en el financiamiento y pago de parte de las obligaciones laborales a cargo de los empleadores”.

Las medidas que anuncia Duque tienen que ver con una llamada ‘reorganización empresarial’ que permite liquidar empresas y por ende la posibilidad de cambiar las condiciones contractuales de miles de trabajadores para hacerlas más precarias.

Más flexibilización de la Cuarentena

El confinamiento no ha sido eficaz, porque son pocos los sectores que han podido hacer la cuarentena y porque la informalidad laboral y el desempleo ha obligado a millones de personas a salir a la calle a buscar el sustento.

Los gobiernos locales – en particular los de Bogotá, Cartagena, Medellín, Cali y Barranquilla – han aceptado la entrada de sectores de la producción, incluso Claudia López, Jorge Iván Ospina y William Dau, que fungen como opositores, han brindado más garantías a los empresarios para reiniciar sus actividades que a millones de trabajadores y pobres que son los que han puesto los muertos en esta crisis sanitaria.

En este nuevo paquetazo, Duque expone la vida de miles de funcionarios públicos que deberán regresar a sus oficinas, mientras los congresistas se han negado a legislar desde el recinto parlamentario, para avalar todas las medidas presidenciales desde la comodidad de sus ordenadores, cobrando sus sueldos millonarios y manteniendo sus privilegios. De hecho, ya la Alcaldía de Bogotá anunció un plan de retorno de sus funcionarios a sus oficinas.

La corrupción tampoco tiene cuarentena

Por último, los decretos reiteran la flexibilidad de la contratación pública en medio del Estado de Emergencia, que se ha prestado para que desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, hasta las alcaldías de los municipios más pequeños, hagan negocios con los sobrecostos de los mercados, además de millonarias contrataciones para lavar la imagen de los mandatarios, con recursos que deberían hacer parte del plan de emergencia.

Los socialistas hemos propuesto que el Gobierno no pague la Deuda Externa y que con esos recursos se haga un verdadero plan de emergencia, algunos congresistas reformistas y las organizaciones sindicales han planteado la condonación, la respuesta de Duque ha sido un nuevo endeudamiento por 11 mil millones de dólares que eleva en casi un 20% la deuda pública.

Por ello, debemos advertir que en medio de estas medidas la burguesía hará todo para apropiarse de la mayor cantidad de recursos y que después de la pandemia preparan un plan de ajuste para que sea la clase trabajadora la que pague las consecuencias de la crisis. Le corresponde a las organizaciones de los trabajadores y el pueblo salir a enfrentar este paquetazo, a pesar del confinamiento, es necesario organizar un plan de lucha porque la clase trabajadora no puede quedarse confinada mientras la burguesía aprovecha la pandemia para arrasar con sus ingresos y sus derechos.

Campaña financiera por María Rivera Defensora de los Presos políticos

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La situación de los presos políticos sigue siendo crítica en medio de una pandemia. Para lograr su libertad diversas organizaciones se suman a una campaña internacional y además hay entidades que se dedican a su defensa jurídica. Una de esas organizaciones es la Defensoría Popular, que tiene como coordinadora a María Rivera.

Por MIT-Chile

María, al igual que sus compañeros abogados de la DP, no cobran a las familias por la defensa de los presos políticos, como sabemos que los presos políticos son de familias de la clase trabajadora y de escasos recursos, estos abogados se sustentan principalmente a través de donaciones.

Y con la inmensidad de casos de presos políticos, ya casi no toman casos que le permitan el sustento, porque evidentemente es una necesidad priorizar la solidaridad y defensa de los luchadores. Es por eso, que estamos impulsando una campaña financiera de donaciones para la sustentación de María para que pueda seguir defendiendo a los presos de primera línea.

Pero además, es porque desde el inicio de la revolución, la compañera ha sido amenazada de muerte y perseguida, y creemos que esas amenazas hoy se tornan más peligrosas al estar en medio de una pandemia sin movilizaciones, ya que muchas veces en estos momentos de “calma” algunos grupos se aprovechan para continuar persiguiendo. Es más, desde El Líbero -medio de ultraderecha- sacaron nuevamente una nota atacando el rol de la Defensoría Popular y con ello a María, dirigente del MIT¹, con un claro objetivo de seguir infundiendo odio y buscar chivos expiatorios de una revolución que hemos hecho cientos de miles de trabajadoras y trabajadores. Es en ese sentido, que la campaña financiera también la realizamos para garantizar los mecanismos de seguridad para nuestra compañera que sigue amenazada.

Es por eso, que les invitamos a todas y todos los que puedan aportar con esta campaña, a depositar o contactarse a:

[1] https://ellibero.cl/actualidad/el-vinculo-del-ex-mirista-que-disparo-a-sangre-fria-a-un-guardia-de-serviestado-con-el-estallido-del-18-o/

Porque la Pandemia mata: Libertad ya a los presos políticos, medidas sanitarias en todas las cárceles

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La política de Piñera y otros gobiernos es una política asesina focalizada contra los luchadores y contra la revolución abierta el año pasado. Si mantienen encarcelados a nuestros compañeros presos políticos entregándolos a la muerte por coronavirus, será un triunfo de la contrarrevolución y un duro golpe a nuestra revolución con la cual quieren acabar.

Por MIT-Chile

Ese escándalo queda demostrado al ver que en Chile antes del 18 de Octubre los presos políticos sumaban unos 45 entre mapuche y no mapuche, y luego del 18 de Octubre esa cifra aumentó a más de 2500 jóvenes y trabajadores. Por eso decimos que es una política consciente del gobierno y parlamentarios para querer acabar con las luchas que amenazan a este sistema de hambre y muerte, en particular para querer acabar con la revolución. Son presos políticos porque son encarcelados por sus ideas y por ser parte de una lucha que sería una amenaza para este sistema capitalista de muerte y hambre.

La situación de los presos políticos en medio de la pandemia no deja de ser una crisis, la misma Fiscal de la Corte Suprema dijo que las cárceles eran una bomba de tiempo frente al coronavirus porque con el hacinamiento y las condiciones carcelarias es imposible garantizar protocolos mínimos para detener la propagación del virus. Los internos han sacado múltiples videos pidiendo condiciones mínimas para evitar morir, pero las autoridades han hecho bien poco o nada, teniendo una política genocida, por eso ya hay presos políticos que están asumiendo la derrota de quizás morir encarcelados. Esto, mientras el gobierno de Piñera libera a violadores de DDHH y discute proyectos en la materia que en ningún caso beneficia a los presos políticos.

Por esta situación, los presos políticos mapuche recluidos en las cárceles de Angol y Temuco le comunicaron a Gendarmería que iniciaban una huelga de hambre con carácter de indefinida hasta que se cambien sus condiciones al interior de los penales y se les otorgue el beneficio de cumplir sus condenas al interior de sus territorios.

Es que a nivel mundial se ha evidenciado que las prisiones presentan mayores riesgos de contagio y tasa de incidencia de enfermedades infecciosas tales como influenza, tuberculosis, VIH, hepatitis B y C, entre otras (OMS, 2014). En Sudamérica el hacinamiento registra en algunos casos un 700% de sobrepoblación, lo que genera un ambiente propenso a riñas y motines que se saldan con varios muertos y heridos.

En nuestro país, la realidad carcelaria nacional genera óptimas condiciones para la expansión interna del coronavirus. Contamos con excesivas tasas de sobrepoblación como el CDP Limache, que excede casi el doble de su capacidad (189%). Asimismo, hay cárceles con instalaciones eléctricas deficientes, sin baños limpios, y una generalizada falta de atención médica especializada, o incluso enfermería. En la actualidad, solo un recinto penitenciario cuenta con hospital ( LEASUR, 2018). Además, el Tercer Estudio de las Condiciones Carcelarias en Chile del INDH de 2019, estableció que en 24 de las 40 unidades penales se aprecia algún nivel de privación de acceso al agua durante las 24 horas del día, o de insuficiencia en acceso a servicios higiénicos de forma permanente.

Por último, de acuerdo a un estudio realizado en cárceles chilenas en 2012, un 45% de la población penal presenta a lo menos una patología diagnosticada formalmente, siendo la segunda patología más común las que afectan el sistema respiratorio, predominando el asma (Osses-Paredes y Riquelme-Pereira., 2013), una enfermedad que ya ubica a la persona con factor de riesgo frente al coronavirus.

Es por eso, que además de los intentos de motines y de videos de internos pidiendo medidas básicas sanitarias, diversas organizaciones extienden una campaña internacional por la libertad de los presos políticos. Unas 70 organizaciones de derechos humanos y sitios de memoria enviaron una carta Piñera; al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín; al Ministro de Salud, Jaime Mañalich; entre otras autoridades; solicitando que se deje en libertad a todas las personas que fueron detenidas en el contexto de la protesta social, ante el peligro, para sus vidas, del COVID19 y “teniendo en cuenta que la mayoría de ellos no cuenta con antecedentes penales y todos/as gozan del principio de inocencia”.

Propuestas del Gobierno en la materia

Piñera promulgó el indulto a la población de riesgo (mayores de edad, embarazadas, madres de bebés de no más de dos años, etc) que estén condenados (es decir excluye a la prisión preventiva) por delitos no violentos, excarcelando y dejando así con arresto domiciliario a unas 1300 personas, algo totalmente insuficiente si consideramos que la población carcelaria chilena es de unas 42 mil personas.

Por otra parte, está en discusión y se le puso urgencia a la Ley Humanitaria, que dejaría en libertad a los condenados por violaciones a DDHH durante la dictadura de Pinochet. Y ya han dejado a más de 17 violadores de DDHH liberados.

Por su parte, varios Juzgados de Garantía han decretado el cambio de cautelar a algunos presos políticos, ordenando el “Arresto Domiciliario Total” que también es una forma de privación de libertad, pero las diversas Cortes de Apelaciones, revocan muchas veces esas resoluciones continuando la prisión preventiva.

Como una medida mínima, en algunas cárceles se están haciendo test de detección temprana e impulsando algunos protocolos pero que poco o nada de efectividad tienen. Ya vimos que la restricción de las visitas no sirve de nada si tampoco hay control ni cuidado sobre los funcionarios de las cárceles que son posibles vectores de contagio.

Así, nada real que garantice justicia para los presos políticos que en su gran mayoría no están condenados siquiera porque se carece de pruebas, ni tampoco hay medidas básicas sanitarias para la población carcelaria en general.

No está demás recordar que Sebastián Piñera puede tener a tantos luchadores en prisión preventiva debido a que durante el gobierno de la hoy “Alta Comisionada de DDHH de Naciones Unidas” Michelle Bachelet, en el año 2015 reformó la Ley ordenando cumplimiento efectivo para el caso de las “bombas molotov, entre otras leyes represivas y en contra del pueblo.

¿Por qué se produce esto?

Podríamos decir que este es un problema particular del odiado Presidente Piñera, pero si bien en Chile la situación es más crítica, no deja de ser menos alarmante en distintos países, ya sea con la persecución a través de presos políticos o con la crisis carcelaria. Según reportó France 24, el sistema penitenciario brasileño tiene un déficit de 350.000 camas, lo que ha ido haciendo más crítica la situación de hacinamiento, y la atención sanitaria es precaria, según coinciden varios organismos de DD.HH. No solo en Chile los prisioneros políticos están siendo dejados en la cárcel, en Nicaragua el Gobierno de Daniel Ortega excarceló el 8 de abril a 1.700 presos comunes del Sistema Penitenciario (SPN), sin embargo “no incluyó a unas 70 personas que permanecen detenidas por protestar contra el Gobierno de Daniel Ortega”, como reportó DW en castellano.

Esto es así porque las cárceles son una institución más para mantener en funcionamiento el régimen de un Estado capitalista, así como lo son las fuerzas armadas, el parlamento, los gobiernos, etc. La clase dominante, los empresarios o burguesía, utilizan el conjunto de sus instituciones para contener la revuelta social, principalmente a través de la coerción y de la represión. Es una cárcel que como el conjunto de las instituciones, se enfoca en garantizar el principal derecho que defiende la burguesía: la propiedad privada, pero no centralmente la propiedad individual de los trabajadores que conocemos como una casa, un televisor, etc, sino la propiedad privada de las fábricas, minas, etc, con el fin de defender el negocio de los ricos. Por eso hay cárcel para los pobres pero los ricos tienen clases de éticas cuando sus robos son infinitamente mayores. Así, para garantizar esa propiedad inculcan una cultura de la necesidad de “seguridad contra el delito” cuando los principales delincuentes son los empresarios con sus colusiones y robos, cuando la delincuencia común en los barrios es fruto de una sociedad capitalista putrefacta, con esa necesidad de “seguridad” justifican su aparato represivo y dentro de ello nos inculcan que todo se resuelve con castigo mediante cárceles: Las leyes nacionales e internacionales, burguesas, dicen que las cárceles deberían servir para recuperar y no para castigar, cuando la verdad es que el real objetivo es sí castigar y punir a personas que son consecuencias de una sociedad capitalista descompuesta, hay casi nula posibilidad de re-inserción bajo este sistema, por ejemplo según el informe “Sistema carcelario en Chile: propuestas para avanzar hacia una mayor efectividad y reinserción” del Centro de Políticas Públicas de la UC, indica que el 91% del presupuesto de Gendarmería se invierte en vigilancia y custodia, y sólo el 9% restante se invierte en (re) inserción social.

Con todo lo anterior no queremos eludir el debate de qué hacer con la delincuencia común en los barrios, por ejemplo reivindicamos y creemos que es necesario que hoy algunas asambleas territoriales u organizaciones vecinales estén avanzando en autoorganización para una defensa necesaria para la delincuencia común o los llamados “domésticos” que atacan a su propia clase, ya que el aparato represor burgués obviamente para eso no ha respondido bien. Sin embargo, debemos tener claro que es necesario acabar con el capitalismo para sentar bases sociales de una sociedad que garantice salud, alimento, vivienda, educación, etc y así evitar delitos comunes, sabemos que de todas formas habrá, pero debiera ser la justicia de la clase trabajadora, con democracia obrera quien defina los rumbos a seguir, y no una justicia burguesa corrupta hasta la médula. Necesitamos dar esos debates porque hoy toda estas instituciones empresariales (como Tribunales de Justicia, las cortes, el parlamento, etc) que fueron tan cuestionadas en Chile desde el 18 de octubre y “salvada por la campana” mientras dure la pandemia, aplica toda su rabia de clase a quienes se alzaron contra ella manteniendo a miles de obreros, estudiantes, artistas, trabajadores, profesionales, cesantes, hombres y mujeres que además de vivir el peor castigo por luchar, hoy se encuentran en grave riesgo de contagio y no cuentan con mínimas medidas de salubridad para enfrentar la pandemia.

Medidas de emergencia y generales

Claramente frente a esta emergencia sanitaria se necesitan medidas extraordinarias para evitar que hayan muertes masivas, sabemos que algunos piensan que los presos por haber cometido algún delito merecen morir, sin embargo creemos que no es así, primero porque como se vio muchos presos están a consecuencia de un sistema de hambre y miseria que es injusto -otros no-, pero luego, incluso si se infecta un preso, no solo será él el afectado, pues con la pandemia puede contagiar a funcionarios de las cárceles y ellos a otras personas y así sucesivamente. En este tipo de crisis que afectan a toda la humanidad, las salidas individualistas son las que menos sirven, por eso urge un plan general.

Como medidas extraordinarias debemos exigir:

  • Libertad inmediata a los presos políticos. Como medida mínima un cambio de cautelar a arresto domiciliario para no morir.
  • Deben ser revocadas todas las prisiones preventivas de todos los presos acusados de crímenes no violentos. Estos presos deben aguardar sus juicios en libertad y bajo medidas de vigilancia extra carcelarias.
  • El indulto de Piñera que liberó a 1300 personas en factor de riesgo y condenados a delitos no violentos es insuficiente para evitar las muertes, en Latinoamérica también han muerto jóvenes, la edad no es el único elemento para ser factor de riesgo. Por eso, también deben ser puestos en libertad provisoria, libertad vigilada o prisión domiciliaria todos los condenados por crímenes no violentos con penas pequeñas, lo que significaría defraudadores, pequeños asaltantes (hurtos), y pequeños traficantes. La mayoría de ellos pobres, negros, inmigrantes y habitantes de la periferia. Un ejemplo de este tipo de medidas se vio en Irán, en donde en marzo, dejó en libertad a 54.000 prisioneros para intentar frenar la expansión de la epidemia en las cárceles del país, la medida, fue una liberación temporal que no consideró a los reos condenados a más de cinco años de cárcel o a los que están en recintos de alta seguridad, sin embargo la decisión en este país se produjo debido a la rápida propagación del virus con más de 1.685 muertos ¿Cuántos muertos en Chile quieren tener para tomar medidas por la vida?
  • Todo lo anterior excluye a los fueron condenados por crímenes donde se utilizó la violencia, como robo seguido de muerte, secuestros y asesinatos; y violencia contra la mujer, así como los asesinos militares, profesionales o agentes del Estado, torturadores, o que cometieron crímenes de lesa humanidad.
  • Test de detección masivos en las cárceles y a los funcionarios de ellas sistemáticamente.
  • Reposición inmediata de servicios básicos como agua, para combatir la propagación del virus.
  • Implementos de higiene para los funcionarios e internos, ya sea mascarilla, jabón, etc.
  • Mantener sistema de vacunas a personas privadas de libertad, funcionarios(as) y sus familias. A su vez, en caso de sospecha o contagio, aplicar protocolos de aislamiento, resguardando un trato digno a las personas. Esto debiese ser aplicado también a funcionarios(as) de la cárcel.
  • Por un plan de contención de la epidemia en el sistema carcelario, supervisado por las organizaciones estatales y las organizaciones de derechos humanos y de familiares de los presos.

Desde el Movimiento Internacional de Trabajadores, ante esta situación hacemos un urgente llamado a todas las personalidades y organizaciones sociales y políticas, a todos los Defensores de los presos políticos, a las familias y organismos creados por esta situación a unir fuerzas y levantar una sola voz: Porque la pandemia mata: ¡Libertad inmediata a los presos, medidas sanitarias en todas las cárceles!

Sabemos que todo ésto lo debemos hacer desde ya a través de una presión gigantesca a las autoridades ya sea mediante cartas, vídeos u otros como estamos haciendo desde la LIT-CI, pero la garantía más fuerte es la movilización organizada, que el pueblo trabajador chileno retome la revolución y que ésta como una de sus tareas principales luche por recuperar a sus soldados de primera línea encerrados tras la lucha.

La lucha de los trabajadores de Penta sigue fuerte

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Por PSTU, Argentina

Desde hace ya más de cuarenta días, los trabajadores del Frigorífico Penta, vienen enfrentando al empresario Bruzzese. El dueño del frigorífico, en medio de la crisis económica y la cuarentena por el coronavirus, dejó en la calle y sin cobrar casi 2 meses a 240 trabajadores, siendo la carne un elemento esencial. Parece una locura.

Bruzzese cuenta con impunidad política. Hasta el momento, el gobierno de Alberto Fernández no ha planteado ninguna salida. Demostrando que, a pesar de haber decretado la prohibición de despidos y suspensiones por 60 días y la conciliación obligatoria, las patronales son las que mandan. De este modo el Gobierno está priorizando la ganancia de los patrones antes que los puestos de trabajo y la vida de los trabajadores

Se vienen desarrollando importantes jornadas de cortes y ollas populares en las puertas del frigorífico. Además de la movilización hacia el puente Pueyrredón que rompió la cuarentena y el cerco mediático. Entendemos que desde ese día, comenzaron a marcar el rumbo de otras luchas, poniendo en evidencia que sin el pan para la familia no hay cuarentena.

Otro hecho importante en la lucha fue el acto del 1ro de mayo, con olla popular en las puertas del frigorífico, organizada por los trabajadores, de la que participaron también organizaciones sindicales, sociales y políticas, siendo un ejemplo para el conjunto de la clase obrera.  

Este jueves hay una nueva audiencia “virtual”, con representantes del Ministerio de Trabajo de la Provincia, que se logró producto de la fuerza y la lucha que se está dando. No se puede aflojar, hay que profundizarla para torcerle el brazo a la patronal. 

Fortalecer la lucha con acciones

La dirección del sindicato deposita confianza en estas audiencias, sin llamar a ninguna medida de fuerza. Nosotros entendemos que esto es equivocado. Que en esas reuniones no darán ninguna respuesta si no estamos en las calles. Las negociaciones tenemos que acompañarlas con la lucha. Si esperamos sentados no lograremos nada. 

El PSTU viene acompañando y apoyando desde el primer día a los compañeros del Penta, y creemos que la Federación no puede esperar más, le tiene que poner fecha ya a un Paro Nacional del Gremio de la Carne y un plan de lucha que tenga como primer eje la reincorporación de los despedidos y el pago de los salarios adeudados. Como primera acción debería convocar a una movilización a Plaza de Mayo para que Alberto Fernández tome cartas en el asunto y haga cumplir a la patronal lo que debe. Y si Bruzzese no lo hace, que se declare de Interés Público al frigorífico, se lo expropie y ponga la producción al servicio de combatir el hambre. 

Para todo esto se hace necesario fortalecer la lucha y la unidad, construir un Grupo de Apoyo de obreros del Penta, que sirva para extender la solidaridad y que participe de las negociaciones con el gobierno y la patronal para mostrar la verdadera fuerza que hay, además de concretar el fondo de lucha para que impida que los compañeros sean golpeados por hambre y que puedan seguir participando de las acciones. 

LAS DOS PELEAS DEL PENTA

La ofensiva de la patronal del Penta es muy fuerte y para derrotarla es necesaria la más amplia unidad. Para eso es muy importante lograr buenas asambleas, donde los compañeros puedan decidir cómo continuar todos juntos. Y así evitar que nadie se “corte solo”, dividiendo. 

Pero esta lucha está demostrando que los dirigentes del Sindicato y la Federación, en vez de organizar e impulsar la lucha, buscando golpear a la patronal dónde le duele (bloqueo en su otro frigorífico La Huella, por ejemplo) está más preocupada en largas y estériles negociaciones y en su pelea con Fantini que le disputa la representación. 

No podemos negar que por detrás de esto, las patronales se juegan a quitar derechos con la complicidad de los gobiernos de turno y por eso hay que alertar y denunciar esas maniobras. Pero esto no puede confundir a los trabajadores: es la Federación quien está desorganizando y desgastando esta lucha. 

Hoy los trabajadores del Penta están enfrentando a la patronal con una dirección sindical que no quiere derrotar a Bruzesse. Los activistas deben organizarse para conformar una dirección de alternativa tomando en sus manos las tareas y exigiendo participar de las negociaciones.  

Por eso no compartimos las opiniones de los compañeros de la Lista Roja de la carne (Opinión Socialista) y la Corriente Sindical 18 de diciembre (Nvo. MAS) que si bien denuncian las maniobras patronales y de Fantini no dicen nada del papel nefasto de la actual conducción y no dicen ni una palabra de la necesidad de organización independiente de los trabajadores para fortalecer y ganar el conflicto. 

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