La covid-19, el desempleo y la violencia se nos presentan a diario, sobre todo nos golpea más fuerte si somos pobres, mujeres obreras y trabajadoras. La peor situación se vive en las fábricas; en el sector textil, donde se viene aplicando el cese colectivo a sus trabajadores (mayor porcentaje mujeres); en el rubro de alimentos como Molitallia que una semana antes del inicio de la pandemia había echado a la calle a más de 100 obreras; las de limpieza pública, donde las obreras ponen en peligro sus vidas, almorzando en los lugares donde recogen la basura, con gente tiradas en las calles y sin desinfectar, como Mesa Redonda o Paruro; sin que el alcalde les dé un lugar adecuado para el almuerzo, con baño incluido.
Más de un millón de puestos de trabajo perdidos, y hasta con la suspensión perfecta de labores sin pago alguno quieren que sobrevivamos. Somos el 75% de trabajadoras informales, y nuestros compañeros, esposos, hijos que en muchos casos son el sostén del hogar también están sin ingresos (70% de informales).
Trabajadoras de Chocolates Iberica protestan contra DU 038-2020
Violaciones en cuarentena Mientras pasan los días, y muchas estamos en casa, uno por el aislamiento social y dos porque nos quedamos sin trabajo; creemos que la casa es el refugio, el lugar donde podemos sentirnos seguras, la realidad nos muestra todo lo contario, en algunos casos estamos en la boca del lobo. Solo en el día 17 de cuarentena ya había 43 denuncias por violación, entre ellas 27 niñas, comparado con el 2019, esto es 39% más de violencia contra la mujer. Para el 28 de abril, según el MIMP, 21 mil llamadas a la línea 100, 162 violaciones, 32 feminicidios, 120 casos de tentativa de feminicidio.
El aislamiento social se convierte en una cárcel para muchas, pero con ningún refugio disponible.
Los planes para combatir esta problemática son mínimos y los presupuestos aún más. Por ejemplo, los hogares refugio a nivel nacional solo son 14, estos no representan ayuda ni para la mitad de las agredidas y respecto a las denuncias, los horarios de inmovilización social obligatoria no incluye a los casos excepcionales de violencia contra la mujer.
El aislamiento social se convierte en una cárcel para muchas, pero con ningún refugio disponible.
Cuando se le pregunta al gobierno de Vizcarra sobre el tema, este dice que ya se están implementando algunos mecanismos de defensa para estos sectores vulnerables, menciona a la línea 100, línea que la misma congresista Arlette Contreras ha dicho que son insuficientes. “Lamento decir que el Ministerio de la Mujer no está haciendo un buen trabajo, varias casos llegan a mi despacho quejándose de la pésima atención por parte de los Centros de Emergencia Mujer o de la Línea 100”.
La desigualdad continúa… Muchos preguntan cómo puede suceder esto, y la verdad son varios factores, aquí mencionaré algunos:
La desigualdad entre hombres y mujeres, por ejemplo en el sector servicios el 44% que han perdido su empleo son mujeres, mientras el 37% son hombres. Ambos son golpeados por los despidos, pero en mayor cantidad las mujeres, seguimos siendo el primer blanco de esos ataques. La suspensión perfecta de labores también nos deja sin ninguna reserva para enfrentar esta pandemia. En el sector comercio somos el 26%, mientras nuestros compañeros son el 13% suspendido.
Las ideas machistas que presenta a la mujer como ser inferior, sensible, débil y como las responsables únicas de las tareas domésticas, por ende se triplican las tareas del hogar, el cuidado de niños, ancianos y enfermos, sabiendo que esto no es remunerado. Dando como consecuencia la dependencia económica y emocional, agotamiento por la doble jornada, estrés y los trastornos alimenticios.
Las políticas del gobierno, como los decretos que atacan los derechos laborales, como el 038-2020 que avala la suspensión perfecta, o el 011-2020 que perfecciona esta norma; los ceses colectivos que vienen dejando en la calle a cientos de trabajadores, desde el 2018.
¿Cómo enfrentar esta situación? Tenemos diversos ejemplos, como lo son las obreras del Sitobur que exigen medidas de seguridad en el trabajo y estabilidad laboral con su pase a planilla. Como las obreras de Molitalia que se paran al frente de la fábrica, en un plantón y denuncian los despidos, como las enfermeras del Loayza, Vitarte, del Niño, que exigen con carteles en la puerta de los hospitales implementos básicos de seguridad, trabajo con contratos seguros y sus sueldos.
Necesitamos más albergues, trabajo seguro, normas y leyes que condenen los casos de violaciones, tentativas y feminicidios.
Sin luchas no hay victorias, por eso el plan alternativo contra la violencia a la mujer, los despidos de las patronales, el gobierno que no invierte y avala los despidos, no puede estar desligado de un plan nacional obrero y popular, las mujeres y hombres trabajadores debemos unirnos y exigir una solución de fondo a estos problemas en la perspectiva de un Gobierno de los Trabajadores y el Pueblo pobre.
El pasado 6 de mayo, el gobierno de Iván Duque expidió el Decreto 637 por medio del cual extiende el Estado de Emergencia hasta el 25 de mayo. El decreto le da facultades extraordinarias al Gobierno y anuncia más medidas para favorecer al sector financiero, beneficios tributarios para las empresas, además de la privatización de entidades estatales, la disminución de requisitos para la minería y la flexibilización laboral que afectará los ingresos de la clase trabajadora para asegurar las ganancias de la burguesía.
Por PST-Colombia
Para sustentar el Decreto, Iván Duque reconoce que las medidas tomadas hasta ahora –un paquetazo en el que ha beneficiado al sector financiero, a los fondos de pensiones, a las grandes empresas constructoras ya los terratenientes– no han servido para contener la crisis sanitaria, pero además admite que la situación es mucho más grave.
En el Decreto, admite Duque que “la realidad observada luego de dos meses de estar enfrentando esta situación con todas las herramientas constitucionales y legales -ordinarias y extraordinarias otorgadas en la primera declaratoria de emergencia- los efectos a la fecha han sido mucho más gravosos de lo que inicialmente se podía prever”.
Y a pesar de que la salud de la población es la motivación del Estado de Emergencia, todas las medidas tienden a salvar las ganancias de las empresas, para Duque “el aislamiento preventivo obligatorio y con ello la disminución significativa de la actividad económica ha generado un crecimiento preocupante en la tasa de desempleo”, por tanto, en el Decreto desaparece el discurso ‘optimista’ de aplanamiento de la curva que hace en sus programas de televisión.
Admite que sus medidas no han servido para ampliar la realización de pruebas y que no hay certeza en el número de contagiados, por ello concluye que “ante la evolución negativa que comporta esta crisis y en especial la gravedad de los nuevos efectos que observamos cada día, es imperativo contar con medidas de rango legal que le hagan frente a la nueva situación”.
Pero las medidas no consisten en una cuarentena con garantías, en la derogación de la Ley 100, en mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la salud y en un plan de emergencia que se financie con los recursos que cada año se destinan a pagar la Deuda Externa, sino en medidas para beneficiar nuevos sectores económicos en detrimento de las condiciones de la clase trabajadora.
Reforma tributaria y privatización
En el Decreto 637, el Gobierno anuncia “medidas extraordinarias referidas a condonar o aliviar las obligaciones de diferente naturaleza como tributarias, financieras, entre otras, que puedan verse afectadas en su cumplimiento de manera directa por efectos de la crisis”. Esta es una clara respuesta a las propuestas de los gremios que aprovechan la pandemia para exigir que se bajen más sus impuestos, en un país en el que las exenciones son tan altas que Luis Carlos Sarmiento se ahorrará en pago de impuestos el doble del valor de la ‘donación’ que hizo en medio de la pandemia.
También anuncia el Decreto que con el fin de generar recursos se debe “contemplar mecanismos para enajenar la propiedad accionaria estatal”, lo que en la práctica implica la continuidad de la privatización del patrimonio público. Es decir, la burguesía dice no tener cómo sostener sus empresas y pide recursos al Estado, pero estaría dispuesta a comprar las empresas estatales.
En este Decreto, Duque anuncia la entrada del sector minero-energético como parte de la reactivación de la cadena productiva, anunciando además “mecanismos de priorización, reducción, reestructuración y racionalización en trámites, procedimientos y procesos que permitan mitigar los impactos de la emergencia en relación con los servicios y proyectos asociados a dicho sector”. Es decir, de todas las licencias ambientales y consultas a comunidades que hasta el momento son las que han frenado la depredación del medio ambiente por parte de estas empresas.
La reforma laboral de Vargas Lleras
En consonancia con lo anunciado por Germán Vargas Lleras en su columna de opinión del diario El Tiempo, Duque de manera cínica plantea que “se debe permitir al Gobierno nacional la adopción de medidas en aras de mantener y proteger el empleo, entre otras, el establecimiento de nuevos tumos de trabajo, la adopción de medidas que permitan contribuir al Estado en el financiamiento y pago de parte de las obligaciones laborales a cargo de los empleadores”.
Las medidas que anuncia Duque tienen que ver con una llamada ‘reorganización empresarial’ que permite liquidar empresas y por ende la posibilidad de cambiar las condiciones contractuales de miles de trabajadores para hacerlas más precarias.
Más flexibilización de la Cuarentena
El confinamiento no ha sido eficaz, porque son pocos los sectores que han podido hacer la cuarentena y porque la informalidad laboral y el desempleo ha obligado a millones de personas a salir a la calle a buscar el sustento.
Los gobiernos locales – en particular los de Bogotá, Cartagena, Medellín, Cali y Barranquilla – han aceptado la entrada de sectores de la producción, incluso Claudia López, Jorge Iván Ospina y William Dau, que fungen como opositores, han brindado más garantías a los empresarios para reiniciar sus actividades que a millones de trabajadores y pobres que son los que han puesto los muertos en esta crisis sanitaria.
En este nuevo paquetazo, Duque expone la vida de miles de funcionarios públicos que deberán regresar a sus oficinas, mientras los congresistas se han negado a legislar desde el recinto parlamentario, para avalar todas las medidas presidenciales desde la comodidad de sus ordenadores, cobrando sus sueldos millonarios y manteniendo sus privilegios. De hecho, ya la Alcaldía de Bogotá anunció un plan de retorno de sus funcionarios a sus oficinas.
La corrupción tampoco tiene cuarentena
Por último, los decretos reiteran la flexibilidad de la contratación pública en medio del Estado de Emergencia, que se ha prestado para que desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, hasta las alcaldías de los municipios más pequeños, hagan negocios con los sobrecostos de los mercados, además de millonarias contrataciones para lavar la imagen de los mandatarios, con recursos que deberían hacer parte del plan de emergencia.
Los socialistas hemos propuesto que el Gobierno no pague la Deuda Externa y que con esos recursos se haga un verdadero plan de emergencia, algunos congresistas reformistas y las organizaciones sindicales han planteado la condonación, la respuesta de Duque ha sido un nuevo endeudamiento por 11 mil millones de dólares que eleva en casi un 20% la deuda pública.
Por ello, debemos advertir que en medio de estas medidas la burguesía hará todo para apropiarse de la mayor cantidad de recursos y que después de la pandemia preparan un plan de ajuste para que sea la clase trabajadora la que pague las consecuencias de la crisis. Le corresponde a las organizaciones de los trabajadores y el pueblo salir a enfrentar este paquetazo, a pesar del confinamiento, es necesario organizar un plan de lucha porque la clase trabajadora no puede quedarse confinada mientras la burguesía aprovecha la pandemia para arrasar con sus ingresos y sus derechos.
La situación de los presos políticos sigue siendo crítica en medio de una pandemia. Para lograr su libertad diversas organizaciones se suman a una campaña internacional y además hay entidades que se dedican a su defensa jurídica. Una de esas organizaciones es la Defensoría Popular, que tiene como coordinadora a María Rivera.
Por MIT-Chile
María, al igual que sus compañeros abogados de la DP, no cobran a las familias por la defensa de los presos políticos, como sabemos que los presos políticos son de familias de la clase trabajadora y de escasos recursos, estos abogados se sustentan principalmente a través de donaciones.
Y con la inmensidad de casos de presos políticos, ya casi no toman casos que le permitan el sustento, porque evidentemente es una necesidad priorizar la solidaridad y defensa de los luchadores. Es por eso, que estamos impulsando una campaña financiera de donaciones para la sustentación de María para que pueda seguir defendiendo a los presos de primera línea.
Pero además, es porque desde el inicio de la revolución, la compañera ha sido amenazada de muerte y perseguida, y creemos que esas amenazas hoy se tornan más peligrosas al estar en medio de una pandemia sin movilizaciones, ya que muchas veces en estos momentos de “calma” algunos grupos se aprovechan para continuar persiguiendo. Es más, desde El Líbero -medio de ultraderecha- sacaron nuevamente una nota atacando el rol de la Defensoría Popular y con ello a María, dirigente del MIT¹, con un claro objetivo de seguir infundiendo odio y buscar chivos expiatorios de una revolución que hemos hecho cientos de miles de trabajadoras y trabajadores. Es en ese sentido, que la campaña financiera también la realizamos para garantizar los mecanismos de seguridad para nuestra compañera que sigue amenazada.
Es por eso, que les invitamos a todas y todos los que puedan aportar con esta campaña, a depositar o contactarse a:
La política de Piñera y otros gobiernos es una política asesina focalizada contra los luchadores y contra la revolución abierta el año pasado. Si mantienen encarcelados a nuestros compañeros presos políticos entregándolos a la muerte por coronavirus, será un triunfo de la contrarrevolución y un duro golpe a nuestra revolución con la cual quieren acabar.
Por MIT-Chile
Ese escándalo queda demostrado al ver que en Chile antes del 18 de Octubre los presos políticos sumaban unos 45 entre mapuche y no mapuche, y luego del 18 de Octubre esa cifra aumentó a más de 2500 jóvenes y trabajadores. Por eso decimos que es una política consciente del gobierno y parlamentarios para querer acabar con las luchas que amenazan a este sistema de hambre y muerte, en particular para querer acabar con la revolución. Son presos políticos porque son encarcelados por sus ideas y por ser parte de una lucha que sería una amenaza para este sistema capitalista de muerte y hambre.
La situación de los presos políticos en medio de la pandemia no deja de ser una crisis, la misma Fiscal de la Corte Suprema dijo que las cárceles eran una bomba de tiempo frente al coronavirus porque con el hacinamiento y las condiciones carcelarias es imposible garantizar protocolos mínimos para detener la propagación del virus. Los internos han sacado múltiples videos pidiendo condiciones mínimas para evitar morir, pero las autoridades han hecho bien poco o nada, teniendo una política genocida, por eso ya hay presos políticos que están asumiendo la derrota de quizás morir encarcelados. Esto, mientras el gobierno de Piñera libera a violadores de DDHH y discute proyectos en la materia que en ningún caso beneficia a los presos políticos.
Por esta situación, los presos políticos mapuche recluidos en las cárceles de Angol y Temuco le comunicaron a Gendarmería que iniciaban una huelga de hambre con carácter de indefinida hasta que se cambien sus condiciones al interior de los penales y se les otorgue el beneficio de cumplir sus condenas al interior de sus territorios.
Es que a nivel mundial se ha evidenciado que las prisiones presentan mayores riesgos de contagio y tasa de incidencia de enfermedades infecciosas tales como influenza, tuberculosis, VIH, hepatitis B y C, entre otras (OMS, 2014). En Sudamérica el hacinamiento registra en algunos casos un 700% de sobrepoblación, lo que genera un ambiente propenso a riñas y motines que se saldan con varios muertos y heridos.
En nuestro país, la realidad carcelaria nacional genera óptimas condiciones para la expansión interna del coronavirus. Contamos con excesivas tasas de sobrepoblación como el CDP Limache, que excede casi el doble de su capacidad (189%). Asimismo, hay cárceles con instalaciones eléctricas deficientes, sin baños limpios, y una generalizada falta de atención médica especializada, o incluso enfermería. En la actualidad, solo un recinto penitenciario cuenta con hospital ( LEASUR, 2018). Además, el Tercer Estudio de las Condiciones Carcelarias en Chile del INDH de 2019, estableció que en 24 de las 40 unidades penales se aprecia algún nivel de privación de acceso al agua durante las 24 horas del día, o de insuficiencia en acceso a servicios higiénicos de forma permanente.
Por último, de acuerdo a un estudio realizado en cárceles chilenas en 2012, un 45% de la población penal presenta a lo menos una patología diagnosticada formalmente, siendo la segunda patología más común las que afectan el sistema respiratorio, predominando el asma (Osses-Paredes y Riquelme-Pereira., 2013), una enfermedad que ya ubica a la persona con factor de riesgo frente al coronavirus.
Es por eso, que además de los intentos de motines y de videos de internos pidiendo medidas básicas sanitarias, diversas organizaciones extienden una campaña internacional por la libertad de los presos políticos. Unas 70 organizaciones de derechos humanos y sitios de memoria enviaron una carta Piñera; al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín; al Ministro de Salud, Jaime Mañalich; entre otras autoridades; solicitando que se deje en libertad a todas las personas que fueron detenidas en el contexto de la protesta social, ante el peligro, para sus vidas, del COVID19 y “teniendo en cuenta que la mayoría de ellos no cuenta con antecedentes penales y todos/as gozan del principio de inocencia”.
Propuestas del Gobierno en la materia
Piñera promulgó el indulto a la población de riesgo (mayores de edad, embarazadas, madres de bebés de no más de dos años, etc) que estén condenados (es decir excluye a la prisión preventiva) por delitos no violentos, excarcelando y dejando así con arresto domiciliario a unas 1300 personas, algo totalmente insuficiente si consideramos que la población carcelaria chilena es de unas 42 mil personas.
Por otra parte, está en discusión y se le puso urgencia a la Ley Humanitaria, que dejaría en libertad a los condenados por violaciones a DDHH durante la dictadura de Pinochet. Y ya han dejado a más de 17 violadores de DDHH liberados.
Por su parte, varios Juzgados de Garantía han decretado el cambio de cautelar a algunos presos políticos, ordenando el “Arresto Domiciliario Total” que también es una forma de privación de libertad, pero las diversas Cortes de Apelaciones, revocan muchas veces esas resoluciones continuando la prisión preventiva.
Como una medida mínima, en algunas cárceles se están haciendo test de detección temprana e impulsando algunos protocolos pero que poco o nada de efectividad tienen. Ya vimos que la restricción de las visitas no sirve de nada si tampoco hay control ni cuidado sobre los funcionarios de las cárceles que son posibles vectores de contagio.
Así, nada real que garantice justicia para los presos políticos que en su gran mayoría no están condenados siquiera porque se carece de pruebas, ni tampoco hay medidas básicas sanitarias para la población carcelaria en general.
No está demás recordar que Sebastián Piñera puede tener a tantos luchadores en prisión preventiva debido a que durante el gobierno de la hoy “Alta Comisionada de DDHH de Naciones Unidas” Michelle Bachelet, en el año 2015 reformó la Ley ordenando cumplimiento efectivo para el caso de las “bombas molotov, entre otras leyes represivas y en contra del pueblo.
¿Por qué se produce esto?
Podríamos decir que este es un problema particular del odiado Presidente Piñera, pero si bien en Chile la situación es más crítica, no deja de ser menos alarmante en distintos países, ya sea con la persecución a través de presos políticos o con la crisis carcelaria. Según reportó France 24, el sistema penitenciario brasileño tiene un déficit de 350.000 camas, lo que ha ido haciendo más crítica la situación de hacinamiento, y la atención sanitaria es precaria, según coinciden varios organismos de DD.HH. No solo en Chile los prisioneros políticos están siendo dejados en la cárcel, en Nicaragua el Gobierno de Daniel Ortega excarceló el 8 de abril a 1.700 presos comunes del Sistema Penitenciario (SPN), sin embargo “no incluyó a unas 70 personas que permanecen detenidas por protestar contra el Gobierno de Daniel Ortega”, como reportó DW en castellano.
Esto es así porque las cárceles son una institución más para mantener en funcionamiento el régimen de un Estado capitalista, así como lo son las fuerzas armadas, el parlamento, los gobiernos, etc. La clase dominante, los empresarios o burguesía, utilizan el conjunto de sus instituciones para contener la revuelta social, principalmente a través de la coerción y de la represión. Es una cárcel que como el conjunto de las instituciones, se enfoca en garantizar el principal derecho que defiende la burguesía: la propiedad privada, pero no centralmente la propiedad individual de los trabajadores que conocemos como una casa, un televisor, etc, sino la propiedad privada de las fábricas, minas, etc, con el fin de defender el negocio de los ricos. Por eso hay cárcel para los pobres pero los ricos tienen clases de éticas cuando sus robos son infinitamente mayores. Así, para garantizar esa propiedad inculcan una cultura de la necesidad de “seguridad contra el delito” cuando los principales delincuentes son los empresarios con sus colusiones y robos, cuando la delincuencia común en los barrios es fruto de una sociedad capitalista putrefacta, con esa necesidad de “seguridad” justifican su aparato represivo y dentro de ello nos inculcan que todo se resuelve con castigo mediante cárceles: Las leyes nacionales e internacionales, burguesas, dicen que las cárceles deberían servir para recuperar y no para castigar, cuando la verdad es que el real objetivo es sí castigar y punir a personas que son consecuencias de una sociedad capitalista descompuesta, hay casi nula posibilidad de re-inserción bajo este sistema, por ejemplo según el informe “Sistema carcelario en Chile: propuestas para avanzar hacia una mayor efectividad y reinserción” del Centro de Políticas Públicas de la UC, indica que el 91% del presupuesto de Gendarmería se invierte en vigilancia y custodia, y sólo el 9% restante se invierte en (re) inserción social.
Con todo lo anterior no queremos eludir el debate de qué hacer con la delincuencia común en los barrios, por ejemplo reivindicamos y creemos que es necesario que hoy algunas asambleas territoriales u organizaciones vecinales estén avanzando en autoorganización para una defensa necesaria para la delincuencia común o los llamados “domésticos” que atacan a su propia clase, ya que el aparato represor burgués obviamente para eso no ha respondido bien. Sin embargo, debemos tener claro que es necesario acabar con el capitalismo para sentar bases sociales de una sociedad que garantice salud, alimento, vivienda, educación, etc y así evitar delitos comunes, sabemos que de todas formas habrá, pero debiera ser la justicia de la clase trabajadora, con democracia obrera quien defina los rumbos a seguir, y no una justicia burguesa corrupta hasta la médula. Necesitamos dar esos debates porque hoy toda estas instituciones empresariales (como Tribunales de Justicia, las cortes, el parlamento, etc) que fueron tan cuestionadas en Chile desde el 18 de octubre y “salvada por la campana” mientras dure la pandemia, aplica toda su rabia de clase a quienes se alzaron contra ella manteniendo a miles de obreros, estudiantes, artistas, trabajadores, profesionales, cesantes, hombres y mujeres que además de vivir el peor castigo por luchar, hoy se encuentran en grave riesgo de contagio y no cuentan con mínimas medidas de salubridad para enfrentar la pandemia.
Medidas de emergencia y generales
Claramente frente a esta emergencia sanitaria se necesitan medidas extraordinarias para evitar que hayan muertes masivas, sabemos que algunos piensan que los presos por haber cometido algún delito merecen morir, sin embargo creemos que no es así, primero porque como se vio muchos presos están a consecuencia de un sistema de hambre y miseria que es injusto -otros no-, pero luego, incluso si se infecta un preso, no solo será él el afectado, pues con la pandemia puede contagiar a funcionarios de las cárceles y ellos a otras personas y así sucesivamente. En este tipo de crisis que afectan a toda la humanidad, las salidas individualistas son las que menos sirven, por eso urge un plan general.
Como medidas extraordinarias debemos exigir:
Libertad inmediata a los presos políticos. Como medida mínima un cambio de cautelar a arresto domiciliario para no morir.
Deben ser revocadas todas las prisiones preventivas de todos los presos acusados de crímenes no violentos. Estos presos deben aguardar sus juicios en libertad y bajo medidas de vigilancia extra carcelarias.
El indulto de Piñera que liberó a 1300 personas en factor de riesgo y condenados a delitos no violentos es insuficiente para evitar las muertes, en Latinoamérica también han muerto jóvenes, la edad no es el único elemento para ser factor de riesgo. Por eso, también deben ser puestos en libertad provisoria, libertad vigilada o prisión domiciliaria todos los condenados por crímenes no violentos con penas pequeñas, lo que significaría defraudadores, pequeños asaltantes (hurtos), y pequeños traficantes. La mayoría de ellos pobres, negros, inmigrantes y habitantes de la periferia. Un ejemplo de este tipo de medidas se vio en Irán, en donde en marzo, dejó en libertad a 54.000 prisioneros para intentar frenar la expansión de la epidemia en las cárceles del país, la medida, fue una liberación temporal que no consideró a los reos condenados a más de cinco años de cárcel o a los que están en recintos de alta seguridad, sin embargo la decisión en este país se produjo debido a la rápida propagación del virus con más de 1.685 muertos ¿Cuántos muertos en Chile quieren tener para tomar medidas por la vida?
Todo lo anterior excluye a los fueron condenados por crímenes donde se utilizó la violencia, como robo seguido de muerte, secuestros y asesinatos; y violencia contra la mujer, así como los asesinos militares, profesionales o agentes del Estado, torturadores, o que cometieron crímenes de lesa humanidad.
Test de detección masivos en las cárceles y a los funcionarios de ellas sistemáticamente.
Reposición inmediata de servicios básicos como agua, para combatir la propagación del virus.
Implementos de higiene para los funcionarios e internos, ya sea mascarilla, jabón, etc.
Mantener sistema de vacunas a personas privadas de libertad, funcionarios(as) y sus familias. A su vez, en caso de sospecha o contagio, aplicar protocolos de aislamiento, resguardando un trato digno a las personas. Esto debiese ser aplicado también a funcionarios(as) de la cárcel.
Por un plan de contención de la epidemia en el sistema carcelario, supervisado por las organizaciones estatales y las organizaciones de derechos humanos y de familiares de los presos.
Desde el Movimiento Internacional de Trabajadores, ante esta situación hacemos un urgente llamado a todas las personalidades y organizaciones sociales y políticas, a todos los Defensores de los presos políticos, a las familias y organismos creados por esta situación a unir fuerzas y levantar una sola voz: Porque la pandemia mata: ¡Libertad inmediata a los presos, medidas sanitarias en todas las cárceles!
Sabemos que todo ésto lo debemos hacer desde ya a través de una presión gigantesca a las autoridades ya sea mediante cartas, vídeos u otros como estamos haciendo desde la LIT-CI, pero la garantía más fuerte es la movilización organizada, que el pueblo trabajador chileno retome la revolución y que ésta como una de sus tareas principales luche por recuperar a sus soldados de primera línea encerrados tras la lucha.
Desde hace ya más de cuarenta días, los trabajadores del Frigorífico Penta, vienen enfrentando al empresario Bruzzese. El dueño del frigorífico, en medio de la crisis económica y la cuarentena por el coronavirus, dejó en la calle y sin cobrar casi 2 meses a 240 trabajadores, siendo la carne un elemento esencial. Parece una locura.
Bruzzese cuenta con impunidad política. Hasta el momento, el gobierno de Alberto Fernández no ha planteado ninguna salida. Demostrando que, a pesar de haber decretado la prohibición de despidos y suspensiones por 60 días y la conciliación obligatoria, las patronales son las que mandan. De este modo el Gobierno está priorizando la ganancia de los patrones antes que los puestos de trabajo y la vida de los trabajadores
Se vienen desarrollando importantes jornadas de cortes y ollas populares en las puertas del frigorífico. Además de la movilización hacia el puente Pueyrredón que rompió la cuarentena y el cerco mediático. Entendemos que desde ese día, comenzaron a marcar el rumbo de otras luchas, poniendo en evidencia que sin el pan para la familia no hay cuarentena.
Otro hecho importante en la lucha fue el acto del 1ro de mayo, con olla popular en las puertas del frigorífico, organizada por los trabajadores, de la que participaron también organizaciones sindicales, sociales y políticas, siendo un ejemplo para el conjunto de la clase obrera.
Este jueves hay una nueva audiencia “virtual”, con representantes del Ministerio de Trabajo de la Provincia, que se logró producto de la fuerza y la lucha que se está dando. No se puede aflojar, hay que profundizarla para torcerle el brazo a la patronal.
Fortalecer la lucha con acciones
La dirección del sindicato deposita confianza en estas audiencias, sin llamar a ninguna medida de fuerza. Nosotros entendemos que esto es equivocado. Que en esas reuniones no darán ninguna respuesta si no estamos en las calles. Las negociaciones tenemos que acompañarlas con la lucha. Si esperamos sentados no lograremos nada.
El PSTU viene acompañando y apoyando desde el primer día a los compañeros del Penta, y creemos que la Federación no puede esperar más, le tiene que poner fecha ya a un Paro Nacional del Gremio de la Carne y un plan de lucha que tenga como primer eje la reincorporación de los despedidos y el pago de los salarios adeudados. Como primera acción debería convocar a una movilización a Plaza de Mayo para que Alberto Fernández tome cartas en el asunto y haga cumplir a la patronal lo que debe. Y si Bruzzese no lo hace, que se declare de Interés Público al frigorífico, se lo expropie y ponga la producción al servicio de combatir el hambre.
Para todo esto se hace necesario fortalecer la lucha y la unidad, construir un Grupo de Apoyo de obreros del Penta, que sirva para extender la solidaridad y que participe de las negociaciones con el gobierno y la patronal para mostrar la verdadera fuerza que hay, además de concretar el fondo de lucha para que impida que los compañeros sean golpeados por hambre y que puedan seguir participando de las acciones.
LAS DOS PELEAS DEL PENTA
La ofensiva de la patronal del Penta es muy fuerte y para derrotarla es necesaria la más amplia unidad. Para eso es muy importante lograr buenas asambleas, donde los compañeros puedan decidir cómo continuar todos juntos. Y así evitar que nadie se “corte solo”, dividiendo.
Pero esta lucha está demostrando que los dirigentes del Sindicato y la Federación, en vez de organizar e impulsar la lucha, buscando golpear a la patronal dónde le duele (bloqueo en su otro frigorífico La Huella, por ejemplo) está más preocupada en largas y estériles negociaciones y en su pelea con Fantini que le disputa la representación.
No podemos negar que por detrás de esto, las patronales se juegan a quitar derechos con la complicidad de los gobiernos de turno y por eso hay que alertar y denunciar esas maniobras. Pero esto no puede confundir a los trabajadores: es la Federación quien está desorganizando y desgastando esta lucha.
Hoy los trabajadores del Penta están enfrentando a la patronal con una dirección sindical que no quiere derrotar a Bruzesse. Los activistas deben organizarse para conformar una dirección de alternativa tomando en sus manos las tareas y exigiendo participar de las negociaciones.
Por eso no compartimos las opiniones de los compañeros de la Lista Roja de la carne (Opinión Socialista) y la Corriente Sindical 18 de diciembre (Nvo. MAS) que si bien denuncian las maniobras patronales y de Fantini no dicen nada del papel nefasto de la actual conducción y no dicen ni una palabra de la necesidad de organización independiente de los trabajadores para fortalecer y ganar el conflicto.
Desde hace ya más de cuarenta días, los trabajadores del Frigorífico Penta, vienen enfrentando al empresario Bruzzese. El dueño del frigorífico, en medio de la crisis económica y la cuarentena por el coronavirus, dejó en la calle y sin cobrar casi 2 meses a 240 trabajadores, siendo la carne un elemento esencial. Parece una locura.
Bruzzese cuenta con impunidad política. Hasta el momento, el gobierno de Alberto Fernández no ha planteado ninguna salida. Demostrando que, a pesar de haber decretado la prohibición de despidos y suspensiones por 60 días y la conciliación obligatoria, las patronales son las que mandan. De este modo el Gobierno está priorizando la ganancia de los patrones antes que los puestos de trabajo y la vida de los trabajadores
Se vienen desarrollando importantes jornadas de cortes y ollas populares en las puertas del frigorífico. Además de la movilización hacia el puente Pueyrredón que rompió la cuarentena y el cerco mediático. Entendemos que desde ese día, comenzaron a marcar el rumbo de otras luchas, poniendo en evidencia que sin el pan para la familia no hay cuarentena.
Otro hecho importante en la lucha fue el acto del 1ro de mayo, con olla popular en las puertas del frigorífico, organizada por los trabajadores, de la que participaron también organizaciones sindicales, sociales y políticas, siendo un ejemplo para el conjunto de la clase obrera.
Este jueves hay una nueva audiencia “virtual”, con representantes del Ministerio de Trabajo de la Provincia, que se logró producto de la fuerza y la lucha que se está dando. No se puede aflojar, hay que profundizarla para torcerle el brazo a la patronal.
Fortalecer la lucha con acciones
La dirección del sindicato deposita confianza en estas audiencias, sin llamar a ninguna medida de fuerza. Nosotros entendemos que esto es equivocado. Que en esas reuniones no darán ninguna respuesta si no estamos en las calles. Las negociaciones tenemos que acompañarlas con la lucha. Si esperamos sentados no lograremos nada.
El PSTU viene acompañando y apoyando desde el primer día a los compañeros del Penta, y creemos que la Federación no puede esperar más, le tiene que poner fecha ya a un Paro Nacional del Gremio de la Carne y un plan de lucha que tenga como primer eje la reincorporación de los despedidos y el pago de los salarios adeudados. Como primera acción debería convocar a una movilización a Plaza de Mayo para que Alberto Fernández tome cartas en el asunto y haga cumplir a la patronal lo que debe. Y si Bruzzese no lo hace, que se declare de Interés Público al frigorífico, se lo expropie y ponga la producción al servicio de combatir el hambre.
Para todo esto se hace necesario fortalecer la lucha y la unidad, construir un Grupo de Apoyo de obreros del Penta, que sirva para extender la solidaridad y que participe de las negociaciones con el gobierno y la patronal para mostrar la verdadera fuerza que hay, además de concretar el fondo de lucha para que impida que los compañeros sean golpeados por hambre y que puedan seguir participando de las acciones.
LAS DOS PELEAS DEL PENTA
La ofensiva de la patronal del Penta es muy fuerte y para derrotarla es necesaria la más amplia unidad. Para eso es muy importante lograr buenas asambleas, donde los compañeros puedan decidir cómo continuar todos juntos. Y así evitar que nadie se “corte solo”, dividiendo.
Pero esta lucha está demostrando que los dirigentes del Sindicato y la Federación, en vez de organizar e impulsar la lucha, buscando golpear a la patronal dónde le duele (bloqueo en su otro frigorífico La Huella, por ejemplo) está más preocupada en largas y estériles negociaciones y en su pelea con Fantini que le disputa la representación.
No podemos negar que por detrás de esto, las patronales se juegan a quitar derechos con la complicidad de los gobiernos de turno y por eso hay que alertar y denunciar esas maniobras. Pero esto no puede confundir a los trabajadores: es la Federación quien está desorganizando y desgastando esta lucha.
Hoy los trabajadores del Penta están enfrentando a la patronal con una dirección sindical que no quiere derrotar a Bruzesse. Los activistas deben organizarse para conformar una dirección de alternativa tomando en sus manos las tareas y exigiendo participar de las negociaciones.
Por eso no compartimos las opiniones de los compañeros de la Lista Roja de la carne (Opinión Socialista) y la Corriente Sindical 18 de diciembre (Nvo. MAS) que si bien denuncian las maniobras patronales y de Fantini no dicen nada del papel nefasto de la actual conducción y no dicen ni una palabra de la necesidad de organización independiente de los trabajadores para fortalecer y ganar el conflicto.
La llegada del virus al Perú ha evidenciado rápidamente las nefastas consecuencias de 30 años de privatización de la salud por parte de los gobiernos de turno, tales como la insuficiente contratación de personal, la falta de implementos de bioseguridad, de infraestructura, de camas, etc. Una breve radiografía del pésimo sistema de la sanidad nos permite darnos cuenta como las medidas de Vizcarra en relación a la contención y mitigación de la pandemia han sido y son insuficientes, y sobre todo repasar el cómo llegamos a esta situación de la salud (privatización), ambas cuestiones nos plantea la necesidad de demandar un plan obrero popular para salvarnos.
I. Una breve radiografía del sistema de salud
I.1. Déficit en infraestructura:
El gobierno inyectó S/. 100 millones el 11 de marzo al Ministerio de Salud (Minsa) para atender la emergencia sanitaria[i], sin embargo muchos especialistas han manifestado que son insuficientes. El decano del Colegio Médico del Perú (CMP), Miguel Palacios, manifestó que el dinero no alcanzará para resolver las falencias en infraestructura y salubridad de los nosocomios públicos del país. Agregando que “a nivel nacional, el 80% de hospitales de los niveles II y III tienen déficit de infraestructura”[ii]. Lo que significa que los hospitales, en lugar de ser un espacio para curarse, pueden ser, si es que ya no lo son, focos infecciosos porque en su mayoría no cuentan con agua y jabón principalmente.
Foto: La República
I.2. ¿Y los test… pa cuándo?:
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó adoptar estrategias de prevención, contención y mitigación para controlar la pandemia. Una importante medida de mitigación para evitar la propagación del virus ha sido la inmovilidad social, ya que nos encontrábamos en fase 3[iii]. Aun cuando fue una medida tardía, sin duda le ha significado elevar su aprobación al gobierno y que también muchas personas perciban que, a diferencia de otros países latinoamericanos, el gobierno de Vizcarra sea uno que “piensa en la salud de las personas antes que la economía”; pero nada más lejos que la realidad, pues la otra medida trascendental orientada a extinguir la pandemia es hacer pruebas para diagnosticar, aislar y tratar a las personas infectadas, esta medida según la OMS es la columna vertebral de la respuesta frente al covid-19[iv].
Desde el 6 de marzo hasta el 7 de abril el gobierno aplicó 21,555 pruebas moleculares[v], lo que en promedio serian mil testeos diarios; una cifra ridícula al compararla con estrategias exitosas como la de Corea del Sur o la de Alemania con casi 20 mil y 70 mil testeos por día respectivamente[vi]. Sin embargo el promedio de testeos diarios aumento a 10 mil desde la llegada de un lote de 150 mil pruebas serológicas (rápidas) y por tanto la falsa idea que había pocos contagiados se desplomo . El ministro Zamora en una reciente entrevista confiesa que a pesar de tener los equipos para realizar 5 mil testeos moleculares diarios, esto no se hace porque no hay insumos suficientes y garantiza que durante los próximos 2 meses tendrá la entrega de 350 mil test[vii]. Con esta declaración lo que queda claro es que el gobierno esta aplicando testeos rápidos, y aunque son importantes en esta situación, tienen un 30% de error en el diagnóstico por lo que son complementarias, no pueden ni deben sustituir a las pruebas moleculares (las que realmente dan un diagnóstico).
El escenario se agrava por el insuficiente stock de pruebas moleculares y porque se acaban los reactivos para los análisis, a ello se suma el retraso con que se han hecho las compras[viii], el retraso con el que llegan los test[ix].
Mientras ocurre esto, Vizcarra y sus ministros culpan a Trump y a las leyes del mercado (al capitalismo que defienden) por el exceso de demanda y por el retraso de los envíos[x], al mismo tiempo que condena a la población que tiene hambre y que sale a buscarse un ingreso de no acatar el aislamiento, así cuando el sistema de salud colapse y busquen culpables apuntaran al comportamiento de la población y no a su ineptitud.
I.3. ¡No hay cama pa tanta gente!
El ex presidente del Instituto Nacional de Salud (INS) Omar Trujillo y Maguiña, vicedecano del CMP, consideraban que la cifra de infectados oscilaría entre 10 a 30 mil[xi]. En función de esas predicciones y teniendo en cuenta que cerca del 20% de los infectados requieren hospitalización y que el 6% de esa cantidad necesita respirador mecánico, se necesitarían 2000 camas y 120 camas UCI con respiradores como mínimo respectivamente.
Pero ¿cuál es la capacidad hospitalaria en el Perú? un artículo de la BBC donde señala la capacidad hospitalaria de América Latina muestra que el Perú por cada 10 mil habitantes tiene 16 camas[xii]. Una cifra que se acerca los datos del MINSA (2015), donde apunta que en total hay 49,482 camas (15,9 por 10 mil habitantes)[xiii], y en relación a camas UCI, tenemos solo 2 por cada 100 mil habitantes. Cuando la recomendación de la OMS es de 80 camas por 10 mil habitantes, y 10 camas UCI por 100 mil habitantes.
Por otro lado el presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva (Sopemi), Jesús Valverde, sostiene que tienen 820 camas UCI, y que el 90% están ocupadas, solo disponen de 82 camaspara tratar casos graves de covid-19[xiv]. Pero Vizcarra nos habla que a nivel nacional hay 504 camas UCI de 100 que había disponibles al inicio de la emergencia, y dice que llegara a mil para finales de abril. Sin embargo 3 personas murieron en el Loayza[xv] sin recibir la atención necesaria y otros pugnan por acceder a una cama, a un respirador, y a ser trasladados al famoso Hospital de Ate que se declaró saturado el 1 de abril[xvi], mientras Vizcarra anunciaba frente a cámaras que solo 19 personas estaban haciendo uso de las 40 camas UCI disponibles en Ate, la realidad desmiente a Vizcarra.
I.4. ¿Y los ventiladores mecánicos?
Otro factor importante que permite establecer si se podrá atender o no la pandemia es la cantidad de ventiladores o respiradores mecánicos. Del punto anterior estimábamos que se necesitarían 120 respiradores como mínimo. Según la consultora Global Health Intelligence, a través en una encuesta que hizo a la capacidad hospitalaria tanto del sector público como privado de 12 países de América Latina en el 2019, encontraba que en promedio solo el 20% del total de respiradores que disponen los países son útiles para enfrentar al covid-19. En ese sentido indican que en teoría Perú tendría 329 equipos disponibles de un total de 1648, y una tasa de 5,1 por cada 100 mil habitantes, ocupando el penúltimo lugar[xvii].
Asimismo, el gerente central de operaciones del Seguro Social de Salud (EsSalud), el médico Óscar Ugarte, señaló el 25/03/20 que EsSalud cuenta con 657 ventiladores mecánicos, de los cuales 584 estarían en servicio, por lo que solo 113 estarían disponibles[xviii], y Jesús Valverde menciona que hay 900 ventiladores a nivel nacional y solo 10% pueden usarse.
Foto: Redacción Ojo
Al pretender corroborar con fuentes oficiales, resulta complicado por el hermetismo sobre esta información. Lo único oficial es que hay 788 personas hospitalizadas y 142 respiradores mecánicos. A estas alturas, tampoco se tiene información de cuantos respiradores tiene el sector privado, y mucho menos si están a disposición de la emergencia nacional, o si solo esta para un sector pudiente de la población. Lo que sí se sabe es que la Confiep compro en China 200 respiradores que llegaran en mayo, ¿será que la clase burguesa asegura para ellos y sus clínicas estos equipos?[xix]
La saturación de este vital equipo tiene un efecto mortal en los no puedan acceder a él, por lo que se debe utilizar todos los equipos disponibles a nivel nacional, incluso del sector privado, no hacerlo y dejar que se emplee en función de tu capacidad adquisitiva sería un crimen del gobierno.
I.5. El abandono a los trabajadores de la salud:
Decenas de médicos de distintas regiones del país se vienen quejando por falta de implementos en los hospitales. El doctor Miguel Palacios ya lo venía denunciando días atrás, que no se le estaba dando los implementos necesarios al sector salud, como gafas, mascarillas, guantes, batas especiales y todas las condiciones necesarias para trabajar. De ahí que ha habido protestas justas como la del día domingo 22/03/20 por parte de médicos y enfermeras quienes al final vergonzosamente fueron detenidos por la policía.
Uno de los casos más perturbadores ha sido el del hospital de María Auxiliadora del distrito de San Juan de Miraflores. Donde la mitad del personal, o sea más de mil trabajadores, fueron enviados a guardar reposo en sus domicilios. Según el director del hospital, Jorge Coello Vásquez, fue debido a la falta de pruebas para detectar la covid-19, ya que solo habían dispuesto de 20. Estas condiciones laborales a la que están sometidos, y que el actual gobierno es responsable, ha provocado que 50 médicos estén infectados con la covid-19.
https://www.youtube.com/watch?v=iPIYiQQygi0
Fuente: Canal N -Médicos de Cayetano Heredia protestan durante emergencia sanitaria
Pero si eso no fuera suficiente Jesús Valverde menciona que no hay el equipo humano suficiente para que operen los equipos que el gobierno implementa, y que ese es el recurso más importante en estos momentos, porque se necesitan 700 médicos intensivistas y 2 mil enfermeras, de que sirve 50 camas UCI con respiradores si no existen intensivistas preparados para manejar los casos[xx]. También hay que decir que el 50% de médicos que trabajan en el Estado tiene un contrato precario tipo CAS o de locación de servicio y sin seguro de vida, vacaciones, cts, etc.[xxi]
II. La privatización como causante del abandono de la salud pública
Esta breve radiografía no es más que la consecuencia de políticas para privatizar la salud. Esta medida, así como la privatización del agua, de la educación, o las permanentes políticas para flexibilizar el trabajo son las patas de un mismo plan perverso que hemos enfrentado a diario, ya sea en tiempos de la dictadura fujimorista o de “democracia”. Distintos regímenes, distintos gobiernos; el mismo plan aplicado fielmente durante 30 años. Ese es el famoso plan neoliberal.
Para entender como se ha dado la privatización de la salud, hay que saber que esto ha sido progresivo, y que es un conjunto de medidas las que han configurado el desastre que evidenciamos hoy.
Fuente: Iñaki y Frenchy
II.1. Asfixia Presupuestal:
Una de esas medidas, que es fundamental, es en relación al financiamiento del Estado peruano a la salud (2,2% PBI para el 2020)[xxii], el cual es de los más bajos en la región y es la mitad de lo que recomienda la OMS (6%). Esta decisión política de desfinanciar la salud pública y que aplicaron todos los gobiernos de los últimos 30 años han tenido dos consecuencias nefastas: primero, un terrible impacto en las condiciones de los hospitales, en la infraestructura y en la adquisición de equipos tecnológicos para análisis y tratamiento, en reducción del personal médico, etc. Para ejemplificar las consecuencias de ello bastaría con que cada uno recuerde su traumática experiencia con el seguro social (SIS o Essalud), sea porque nos dan cita para meses después, no hay disponibilidad de cuartos para operar, se malogro un equipo de evaluación, no hay medicinas, o por un mal diagnóstico, etc.
II.2. La intervención de capitales privados en la salud:
La segunda consecuencia está relacionada a la primera, el no tener condiciones óptimas de atención por la asfixia presupuestal planteo la necesidad de tomar medidas para “aliviar al saturado seguro social”, con esta excusa, usada hasta el día de hoy, crearon el marco legal para que grupos económicos puedan intervenir en la salud:
1. La primera norma que legaliza el lucro con la salud se da en el año 1997 cuando Fujimori promulga la ley de Modernización de Seguridad Social, con la que crearon las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) con el pretexto de descongestionar los hospitales del Seguro Social, y en menos de un año las aseguradoras del grupo financiero Credicorp y Breca formaron Pacifico EPS y Rímac EPS respectivamente. Con el pasar de los años otros grupos crearon más EPS pero las mencionadas han llegado a tener el 77% de un total de casi 2 millones de afiliados. El negocio resulto muy lucrativo y nunca cumplió el “objetivo” con el que se creó.
Fuente: Ojo público
2. Luego vino la segunda norma promulgada por Alan García en el 2009, la ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud, con esta ley el SIS podía alquilar servicios de clínicas privadas para los asegurados pues la capacidad de atención de los hospitales estaban saturadas. Este déficit del sistema de salud fue aprovechado por 8 grupos económicos, que con fortísimas inversiones se apropiaron de todos los eslabones de la cadena de salud desde aseguradoras, clínicas, farmacias convirtiéndose así en oligopolios[xxiii]. Y tal como ocurre en otros sectores productivos, donde hay oligopolios, se puede fijar y alzar los precios, por eso cobran lo que quieren[xxiv].
3. Otra medida son las famosas Asociaciones Público Privadas (APP), aunque no aplica únicamente para el sector salud. Creada otra vez por Fujimori en el año 96, una ley que permitía la entrega en concesión al sector privado de obras y servicios públicos. En el 2008 Alan García le da una Ley Marco para agilizar su funcionabilidad y en el 2014 Humala crea el Reglamento para que entre en funcionamiento la ley de García. Desde entonces tenemos que esta forma de tercerizar los servicios de la salud tanto en Essalud como en el Minsa generan un gran interés en el sector privado por los lucrativos contratos con el Estado. Las modalidades de APP en las salud son 3: bata blanca, gris y verde, e implica que el Estado no sea quien contrate al personal sino que lo coloque la empresa licitada, lo que generado el rechazo de los gremios sindicales de la salud por la afectación a sus derechos laborales. Pero veamos algunos ejemplos para horrorizarnos:
La tercerización de los servicios del Instituto Nacional de Salud del Niño en el 2014 a manos del Consorcio Gestora Peruana de Hospitales haciéndose cargo de la operación y mantenimiento de más de 16 mil equipos, de los servicios de limpieza, alimentación y seguridad, del equipamiento clínico y del mantenimiento de la infraestructura con la cual han sacado una jugosa ganancia.
Otro ejemplo de esto es que el MINSA decidió que el sector privado mantenga y opere siete hospitales y cinco instituciones especializadas, con más de 50 años, bajo el esquema de “bata gris” (lavandería, vigilancia, mantenimiento de infraestructura y de equipamiento) el cual no incluye el servicio médico y administrativo[xxv]. Entre los hospitales figuran, Loayza, Dos de Mayo, Casimiro Ulloa y otros. Para Juan Herrera Chejo. La meta del Minsa es que dentro de 4 años el 70% de hospitales que administra en Lima sean operados bajo esas modalidades.
III. Necesitamos fortalecer la organización obrera y popular para garantizar nuestra salud y dignidad
Fuente: Iñaki y Frenchy
“Somos carne de cañón, se nos está obligando ir a la guerra sin armas”, expreso un médico.
Los trabajadores de la salud, de las fábricas, de la limpieza pública, etc. Obreras y obreros de todo el mundo están en la primera línea enfrentando esta pandemia, poniendo en peligro sus vidas a diario. Mientras los causantes de la degradación del sistema de salud se enriquecieron durante estos años y aseguraron sus vidas y sus negocios; y mientras Vizcarra militariza más las calles para controlar posibles disturbios y aplica medidas ineficaces para la mitigación de la pandemia. No podemos resignarnos a esperar que pase lo peor, necesitamos un plan para salvar a los trabajadores y el pueblo, pero tenemos que saber que no vendrá de las manos de Vizcarra ni de los empresarios.
Necesitamos la continuidad de la cuarentena y medidas de aislamiento social efectivo. Paralización sin excepción las actividades industriales y mineras, como de toda empresa no vinculada a los bienes y servicios esenciales, decretando sanciones drásticas y hasta la expropiación sin pago de empresas que infrinjan la prohibición.
Necesitamos un gran aumento presupuestal para el sector salud, que se refleje en la consecución de materiales de bioseguridad, en respiradores mecánicos, en camas UCI, en los test moleculares y serológicas para aplicarlos a los que están expuestos al contagio. No necesitamos que se reasigne presupuesto de otras carteras ministeriales para la cartera de Salud, un engaña muchacho del populismo de Vizcarra.
Necesitamos reconvertir empresas para la producción masiva de mascarillas, respiradores mecánicos, equipos de bioseguridad.
Necesitamos contratar a todo el personal de salud necesario, médico, técnico médico, enfermería y servicios generales (personal de limpieza, comedor, etc) con capacitación, equipamiento y protección adecuados para un servicio de salud óptimo frente a la crisis. Necesitamos que estén bien remunerados y con estabilidad laboral. No necesitamos regímenes de contratación como CAS, o las modalidades de bata gris, verde y blanca que recortan derechos laborales.
Para financiar este plan debemos cobrar un impuesto de emergencia a las grandes empresas y expropiar las clínicas privadas y la fortuna de los que vilmente se enriquecieron con la salud en estos 30 años para ponerlas al servicio de la atención de la emergencia No necesitamos que el gobierno destine recursos del Estado al bolsillo de los empresarios.
Foto: Salud con lupa
Necesitamos la respuesta organizada de los trabajadores de la salud, como la de las enfermeras del Hospital Hipólito Unanue que se pararon en la puerta con carteles, exigiendo que les brinden los implementos biomédicos necesarios (7/04/20) o las diversas denuncias del Colegio de Médicos sobre la infraestructura, instrumentos en los hospitales y centros de salud.
Necesitamos un Seguro Único de Salud, gratuito público y de calidad para todos los peruanos y extranjeros que residen en el país. No necesitamos EPS que lucran con nuestra salud.
Para garantizar una cuarentena total en todos los sectores no esenciales, sin pérdida de empleos ni rebajas de los salarios; un ingreso mínimo digno para los trabajadores informales y autónomos; atención médica universal y de calidad para los enfermos; etc., es necesario, entre otras medidas urgentes, confiscar y socializar la industria de la tecnología médica y farmacéutica; tomar el control y socializar el sistema financiero global; confiscar y socializar las grandes redes de hoteles, inmuebles abandonados y espacios de ocio para atender a los enfermos y abrigar a los indigentes…Y todo bajo control obrero y popular democráticamente autoorganizado. Con estas medidas existirán recursos de sobra para, entre otras cosas, construir nuevos hospitales o para una inversión pesada, libre del control del mercado capitalista, en la investigación científica. En pocas palabras, el momento plantea la urgencia de organizarse alrededor de un programa revolucionario.
Esto significa luchar para tomar el poder político y económico de la sociedad, que está en manos de la burguesía mundial, y disponer los ingentes recursos materiales al servicio de atender las necesidades de la mayoría de la población. Y esto solo será posible por medio de una planificación económica socialista, que acabará con la anarquía asesina del modo de producción capitalista.
El más reciente ataque a nuestros derechos y condiciones de vida es la autorización de la “suspensión perfecta de labores”, lo que en la práctica da inicio a un proceso de despidos masivos.
Gobierno expone a la clase trabajadora a los embates del Covid-19 para seguir beneficiando a las empresas enriquecidas con la bonanza económica y la corrupción.
Con más de 10 mil casos positivos hasta el momento y más de 200 muertos, el Covid-19 ha acelerado su propagación alcanzando el más alto nivel de riesgo de contagio generalizado, ante un gobierno que en lugar de acelerar las medidas para enfrentar las graves e inaceptables carencias del sistema de salud, de medios de protección y de lugares de cremación e inhumación de fallecidos, está más ocupado en obedecer los dictados de la Confiep, el gremio de los empresarios que se han enriquecido en décadas con políticas pro patronales y corrupción.
Vizcarra nos expone a la muerte con la “suspensión perfecta de labores”
El más reciente ataque a nuestros derechos y condiciones de vida es la autorización de la “suspensión perfecta de labores”, lo que en la práctica da inicio a un proceso de despidos masivos. ¿Qué es la “suspensión perfecta de labores”? El derecho de los empresarios a cerrar las fábricas, talleres y demás centros laborales, y mandarnos a nuestra casa sin percibir salario alguno, hasta por 90 días. Lo que objetivamente nos pone con los dos pies en la calle, a la espera que, terminada la cuarentena tengamos la “suerte” de que nos reincorporen al trabajo.
Con esto Vizcarra hace uso de las armas que le pedía la Confiep, golpeando la capacidad de resistencia de la clase trabajadora frente al Covid-19, justo cuando el mismo gobierno reconoce que ya no tiene la capacidad de rastrear los contagios (lo que se conoce como fase 4), exponiéndonos a la muerte.
Mientras tanto, Vizcarra y compañía ponen 30 mil millones de soles en los bolsillos de las empresas, y se disponen a pagar el 35% de la planilla de los trabajadores y trabajadoras que ganen hasta S/. 1500, como salvavidas a las empresas sin distinción alguna.
Queda claro de qué lado se encuentra el gobierno en esta emergencia: del de los patrones.
El gobierno no pone todos los recursos al servicio de enfrentar la epidemia
El gobierno reconoce que las próximas semanas serán de alto riesgo y contagio generalizado. Es decir, habrá más enfermos y más pacientes de UCI, con lo que la capacidad hospitalaria quedará rebasada. La lógica consecuencia es que también se incrementarán las muertes.
Frente a esa situación corresponde, además de fortalecer las medidas de aislamiento social o cuarentena, poner al servicio de la lucha contra el covid-19 todos los recursos posibles.
¿Pero qué hace el gobierno? ¿Por qué pretende incrementar solo 500 camas de UCI? ¿Por qué no se produce la contratación de todos los médicos y personal que se requiere por la gravedad de la crisis? ¿Por qué sigue habiendo denuncias de los médicos y personal de salud sobre carencias de equipos y materiales de protección adecuados? ¿Qué medidas están tomando para aumentar el número y capacidad de las morgues, crematorios y centros de inhumación de fallecidos por Covid-19? No hay respuesta.
El capitalismo neoliberal es responsable
Esta epidemia ha desnudado lo que los últimos 30 años de neoliberalismo han hecho en el sistema de salud. Años en los que los gobiernos, de la mano con la Confiep, entregaron al país, sus recursos, su educación y salud, a la voracidad de las empresas privadas y a la corrupción campante de la cual son también protagonistas.
Las largas listas de espera, la falta de medicamentos de distribución gratuita y de reactivos… esa es la “salud” que recibimos los trabajadores “en tiempos normales”.
No contentos con esto, el gobierno y las empresas se han convertido en los principales responsables de la ruptura de la cuarentena, al permitir que mineras, embotelladoras de licores y productoras de golosinas, etc., sigan funcionando exponiendo a sus trabajadores.
Por eso resaltamos: a diferencia de lo que dice el gobierno, los imprudentes e irresponsables no son los principales causantes de romper el aislamiento social. La inmensa mayoría de la población acata las medidas de aislamiento social obligatorio porque entiende que su vida está en peligro.
Necesitamos mantenernos organizados, rechazar los ataques del gobierno y los empresarios, y levantar una alternativa de la clase trabajadora frente a la emergencia
Las familias de los empresarios de la Confiep “sufren” durante la cuarentena porque sus empleadas se fueron a atender a sus familias, o porque no saben qué vino fino escoger para el banquete del día. Les “estresa” recorrer los cientos de metros cuadrados de los jardines de sus residencias. Pero los trabajadores y los pobres sufrimos la cuarentena de una forma diametralmente distinta: racionamos la comida debilitando nuestro sistema inmunológico y haciéndonos más propensos a la enfermedad; vivimos hacinados en viviendas pequeñas, con familias muchas veces numerosas, incrementando el riesgo de contagio. Quienes tienen la “suerte” de acceder a ingresos “extras” como la CTS y la AFP están consumiendo sus reservas para el retiro.
Por eso la autorización de la “suspensión perfecta de labores” (o la licencia sin goce de haber) es un ataque mortal a la economía de los trabajadores. Esa medida pone más en claro que no estamos ante una lucha de Todos contra el Covid-19, sino en una lucha para salvar a unos cuantos, los de siempre, los empresarios y sus ganancias, a costa de la salud y la vida de los trabajadores y el pueblo. Los trabajadores y trabajadoras de todo el país tenemos que responder. Urge centralizar todas las expresiones del más amplio repudio y rechazo a estas medidas, y fortalecer la organización de la clase trabajadora para enfrentar este y otros ataques de la patronal y el gobierno. Debemos crear las condiciones para pasar a la acción apenas sepamos que se comiencen a aplicar la “suspensión perfecta de labores” en algún lugar. Debemos mantener organizados nuestros barrios, para velar por nuestras condiciones de vida y demandar condiciones de vida digna en medio de la emergencia desatada por la enfermedad. ¡Hoy más que nunca libramos dos batallas: contra la epidemia y contra los patrones y su gobierno!
¡NO AL INCREMENTO DE EFECTIVOS Y PRERROGATIVAS DE LAS FUERZAS REPRESIVAS!
Pasados 18 días desde el inicio de las medidas de aislamiento social decretadas por el gobierno de Vizcarra, el saldo de la epidemia de COVID 19 en el país es de 1,414 personas infectadas detectadas y 55 muertos. Pero más: el pueblo trabajador, encerrado en su casa, sin trabajo, y millones, sin salario, comienza a sentir que lo que está en cuestión, sea por la enfermedad o por la miseria, es su subsistencia. La cuarentena ha comenzado a mostrar sus problemas.
EL GOBIERNO NO VA HASTA EL FINAL
Vizcarra intenta convencer a la población de que todo está bajo control… pero la realidad es más compleja que lo que dice Vizcarra.
El gobierno ha anunciado medidas sanitarias y médicas, como la compra de más de un millón de pruebas para la detección de la enfermedad. Pasadas dos semanas del anuncio, apenas llegaron 150 mil “pruebas rápidas”, y que las más efectivas “pruebas moleculares” ni siquiera se habían comprado, haciendo imposible detectar eficazmente a las personas infectadas. Para que tengamos una idea, los países que mejor controlan los efectos de la enfermedad, como Corea o Alemania realizan entre 20 mil y 50 mil pruebas moleculares diarias.
No hablemos de los implementos que requieren los trabajadores y trabajadoras de salud. Sin la protección adecuada este sector abre otra brecha para la expansión del virus, como ya viene ocurriendo con el grave caso del hospital María Auxiliadora en San Juan de Miraflores.
En todo el país, los hospitales carecen de camas y equipos que permitan mantener vivas a las personas que desarrollan la enfermedad.
Esto tiene una explicación de fondo: hasta ahora, para enfrentar la crisis, Vizcarra solo ha reasignado dinero del mismo presupuesto 2020. Es decir, a pesar de la emergencia, sigue primando la austeridad fiscal.
EL “APOYO SOCIAL” ES INSUFICIENTE, TARDÍO Y CAÓTICO
Mientras las familias ricas del país pasan sus días en una cómoda cuarentena, en nuestros barrios obreros y populares vivimos en medio de múltiples carencias.
En ese sentido, las medidas de “apoyo social” del gobierno no solucionan esta problemática. El bono de S/380, aparte de insuficiente, se entrega con retraso y en forma caótica, y no llegan a miles de familias que viven en situación de pobreza extrema pero no están mapeadas por las entidades públicas.
La liberación de un porcentaje de la CTS, así como la supresión del aporte de abril, y posiblemente mayo a las AFP ponen algo de dinero al sector de la población que cuenta con esas reservas, quienes desde ya se ven empujados a consumir esas reservas que debieran servir para tiempos de retiro o de jubilación. Además, deja en el aire a los trabajadores informales o independientes, que no tiene ni CTS ni fondos de pensiones.
Por eso, cada vez que se anuncia el reparto de víveres en algún punto del país, como pasó la semana pasada en el Rímac, y hoy en Villa El Salvador, la gente se aglomera desesperadamente rompiendo las medidas de aislamiento social, para intentar conseguir algo más para comer.
No exageramos: ninguna de las medidas del gobierno otorga salida a la desesperación que comienza a recorrer los barrios obreros y populares. Por eso hay dirigentes obreros que afirman que si no nos mata el COVID 19, nos matará el hambre.
OTROS ATAQUES…
A este cuadro se suman otros ataques y amenazas a los sectores populares: Millones de trabajadores han quedado en la calle. Los afiliados a las AFP observan cómo sus fondos de pensiones se pulverizan por efecto de la crisis económica y la caída de las bolsas, agravada pero no generada por el coronavirus. Los comerciantes especulan con el precio de los alimentos, y otros productos esenciales, como el agua, a la que millones de personas no tienen acceso en sus casas.
…Y REPRESIÓN
Previendo un posible estallido, el gobierno intenta un endurecimiento de la presencia represiva de la policía y las fuerzas armadas en el control del orden interno.
No solo ha llamado al servicio activo a los licenciados de las promociones 2018, 2019 y 2020 del ejército para “resguardar el orden interno” durante la cuarentena. También ha reforzado la impunidad para la policía y las fuerzas armadas que disparen contra la población.
Si bien los gobiernos de García y Humala ya habían blindado a las fuerzas policiales facilitando el uso de armas letales en acciones de represión social (D.L. 1095 y D.L. 1186), la nueva ley 31012 (“Ley de Protección Policial”), aprobada por el anterior Congreso y promulgada hace unos por el nuevo Congreso, incorpora a las fuerzas armadas al “beneficio” de ser librados de responsabilidad penal, detención preliminar y prisión preventiva, si en uso de sus armas u otros medios causan lesiones o muerte… Esto no es otra cosa que tener “licencia para matar”.
Es cierto que Vizcarra no promulgó esta ley en su momento, pero tampoco la observó y dio pie a que el Congreso la promulgara, y por tanto es también responsable de que esa ley sea utilizada para matar impunemente a personas en el contexto de la actual crisis del Covid-19.
NECESITAMOS FORTALECER LA ORGANIZACIÓN OBRERA Y POPULAR PARA GARANTIZAR NUESTRA SALUD Y DIGNIDAD
El problema del COVID-19 es demasiado importante para toda la clase trabajadora y el pueblo como para confiar en un gobierno burgués proempresarial como el gobierno Vizcarra.
No solo los riesgos de ataques económicos y represivos son muy grandes en el marco de la emergencia. Los patrones ya están exigiendo que se flexibilicen las medidas de aislamiento social para que sus fábricas y empresas vuelvan a producirles ganancias, sin importantes nuestra salud y la de nuestras familias.
La única forma de garantizar nuestra salud y la de nuestras familias es comunicarnos y organizarnos, incluso estando cuarentena y aislamiento social, y demandar que se solucionen los problemas que ha puesto al descubierto esta emergencia:
Continuidad de la cuarentena y medidas de aislamiento social efectivo. Paralización sin excepción las actividades industriales y mineras, como de toda empresa no vinculada a los bienes y servicios esenciales, decretando sanciones drásticas y hasta la expropiación sin pago de empresas que infrinjan la prohibición.
Licencia por cuarentena con goce de haber no compensable, ni con horas extras ni vacaciones, ni ningún otro medio.
Subsidio monetario igual a un salario para todos los trabajadores independientes e informales que no recibirán ingresos durante el aislamiento.
Aumento general de salarios para enfrentar los costos de la crisis para las familias.
Control del abastecimiento y de los precios, sanciones ejemplares a los especuladores.
Impuesto de emergencia a las grandes empresas para financiar la emergencia sanitaria.
Contratación de todo el personal necesario, médico, técnico médico, enfermería y servicios generales con capacitación, equipamiento y protección adecuados para un servicio de salud óptimo frente a la crisis.
Compra inmediata de equipos médicos de cuidados intensivos para los hospitales del país. Expropiación de clínicas privadas para ponerlas al servicio de la atención de la emergencia.
Plan urgente de vivienda social y acceso universal al agua y saneamiento. Suspensión del pago de alquileres, deudas bancarias por hipotecas de vivienda.
Reemplazo integral del sistema privado de pensiones por un sistema público solidario de pensiones que asegure una jubilación digna para todas las personas.
Los trabajadores y trabajadoras no queremos morir de COVID 19, pero tampoco estamos dispuestos a morir de hambre.
CON MÁS DE 195 MIL CASOS y 7,800 fallecimientos en el mundo, nadie puede poner en duda que el COVID19 es una amenaza real para la población de todo el mundo, pero en particular para la enorme mayoría trabajadora y pobre del mundo, que además de vemos expuestos/as en el trabajo, en los buses y trenes donde viajamos hacinados, tenemos que hacer frente a la pandemia sin los recursos mínimos (dinero, agua, desagüe, medicinas) y con sistemas de salud públicos colapsados, sin oxígeno ni camas para atender la emergencia, por años de desfinanciamiento a causa del modelo económico neoliberal.
El crecimiento de los afectados en el mundo está en fase de aceleración, a ritmo de 15,000 promedio por día en los últimos días. En muchos países la expansión del virus ha escapado del control, principalmente ante la ausencia de medidas de contención.
Por esa razón, sin desmedro de exigir solución a los otros males que nos aquejan (dengue, contaminación de poblaciones enteras por los efectos de la explotación minera, reconstrucción del sur y el norte, y un largo etc.), la contención y mitigación del COVID19 es una necesidad prioritaria y exige medidas de Estado radicales donde la salud pública esté por encima de cualquier otro interés.
La medida de cuarentena o aislamiento social es una medida responde a esta necesidad. Sin embargo, también en esto el gobierno de Vizcarra muestra su hipocresía y carácter patronal.
UNA CUARENTENA HIPÓCRITA
EN NUESTRO PAÍS, HEMOS INGRESADO A LA «FASE 3» DE PROPAGACIÓN DEL VIRUS, o “contagio comunitario”, lo que significa que se ha perdido el seguimiento de los infectados, y en ese sentido si bien son 145 los casos oficiales confirmados a la fecha, el número real debe ser mucho mayor.
Siendo esta la realidad, queda en evidencia que la cuarentena ha demorado más de lo debido. ¿Cuál es la razón de la demora? como ha ocurrido en otros países, Vizcarra ha puesto por encima de la salud de la población, los intereses de las empresas, que no están dispuestas a que las y los trabajadores dejemos de asistir al trabajo y seguir pagando nuestros salarios.
El estado de emergencia impone en el papel una suspensión total de actividades productivas que no son consideradas esenciales; se autoriza solo la continuidad de la producción de alimentos de primera necesidad, medicinas, y el funcionamiento de mercados, bancos, farmacias, establecimientos de salud, transportes y servicios conexos esenciales. En consecuencia, todas las empresas industriales y mineras debieran estar obligadas a suspender sus actividades. La realidad, a tres días de iniciada la cuarentena, es otra: En primer lugar, luego de indicar que los 15 días de “aislamiento social” era días de licencia con goce de haber, el gobierno ha definido que estos días deberán ser “recuperados”. Es decir, trabajados, con lo que terminamos siendo los propios trabajadores y trabajadoras quienes pagaremos los días de cuarentena. Como siempre, los patrones no pierden.
Pero más aún. Mientras de un lado, se ha impuesto prácticamente la ley marcial en las calles, miles de empresas le están sacando la vuelta a la ley de varias maneras.
Las mineras se han resistido a paralizar sus actividades. El gobierno ha cedido a sus presiones y de la Confiep, y ha autorizado sus actividades, rompiendo el aislamiento social, concretando un grave atentado contra los trabajadores y la salud pública.
Otras empresas están buscando despedir a sus trabajadores aprovechando el pánico; este ha sido el caso de Cineplanet. gracias a las denuncias los trabajadores han sido repuestos.
Y también están las empresas que han dado vacaciones forzadas desnaturalizando la finalidad de la cuarentena y en este caso alentados por la Ministra de Trabajo.
Si a esto sumamos que en medio de la emergencia los especuladores pescan a río revuelto encareciendo los productos de primera necesidad y materiales necesarios para controlar la epidemia como mascarillas y alcohol en gel, una vez más queda claro que somos los trabajadores y trabajadoras los más afectados y expuestos.
30 AÑOS DE PLAN NEOLIBERAL
A PESAR DE LA EMERGENCIA, el gobierno de Vizcarra sigue fiel a la política de austeridad del plan neoliberal que en treinta años ha llevado al colapso del sistema de salud convirtiéndolo en incapaz de enfrentar una crisis como la del COVID19.
El presupuesto extraordinario a las justas alcanzó para dotar de papel higiénico y jabón los baños de los principales hospitales, pero muchos de ellos en el interior del país permanecen en estado de ruindad, con baños insalubres, sin agua y sin servicios higiénicos, verdaderos focos infecciosos.
Es decir, no se enfrenta el problema de la infraestructura de salud construyendo nuevos hospitales, salas de cuidados intensivos y respiradores artificiales y otros equipos que según los especialistas son esenciales para esta crisis.
Tampoco contrata el personal médico, técnico médico, enfermería y servicios para atender la crisis. Se conoce la necesidad, pero este gobierno renunció a tocar las ganancias empresariales para financiar un verdadero plan de emergencia médica nacional.
Además, en momentos como este es cuando resalta la tragedia de los millones de trabajadores informales (65% de la población empleada) que no recibirán remuneraciones durante la cuarentena; el subsidio de 380 para tres millones de familias es inferior a la mitad del salario mínimo y no llegará a todos los necesitados.
También resalta el drama de millones de personas que no tienen acceso al agua potable, o que no cuentan con una vivienda mínimamente salubre, tanto en la Capital como en el interior del país, y a causa de esto miles mueren por consumir agua contaminada desde mucho antes de la llegada del coronavirus. Y no existe de parte del gobierno un plan de emergencia para dotarlos de agua potable y vivienda digna. Es otra gran perforación del aislamiento social.
A LAS Y LOS TRABAJADORES DEBE QUEDARNOS CLARO: EL GOBIERNO NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA PARA CONTENER, NI MITIRGAR, LA EXPANSIÓN DE LA EPIDEMIA DE COVID 19, PORQUE ESTÁ SUBORDINADO AL PLAN ECONÓMICO NEOLIBERAL Y AL INTERÉS DE LAS GRANDES EMPRESAS Y TRANSNACIONALES.
URGE UN VERDADERO PLAN DE EMERGENCIA NACIONAL
RESULTA INCONGRUENTE, DE PARTE DE LA DIRIGENCIA DE LA CGTP, denunciar el estado de emergencia como una maniobra del gobierno para impedir las movilizaciones, y al mismo tiempo suspender la jornada del 19 de marzo sin brindar ninguna orientación de organización para esta situación. Por otro lado, la política de las organizaciones de la izquierda reformista, en particular la representación en el congreso lleva su apoyo al gobierno al extremo de subordinarse a un plan de emergencia que subordinado a los intereses empresariales y que no garantiza la contención del COVID-19.
Está en las manos de la clase trabajadora, esa misma que hoy está en primera línea en esta batalla para salvaguardar la vida de toda la sociedad, tomar acción para asegurar un verdadero Plan de Emergencia Nacional que contenga y elimine la epidemia. Para ese fin se requiere fortalecer las organizaciones obreras y populares, y discutir y aprobar una plataforma de medidas como las siguientes:
ASEGURAR CON URGENCIA EL AISLAMIENTO SOCIAL EFECTIVO, paralizando sin excepción las actividades industriales y mineras y toda empresa no vinculada a los bienes y servicios esenciales (como alimentos básicos, medicinas, transportes y telecomunicaciones), decretando sanciones drásticas y hasta la expropiación sin pago de empresas que infrinjan la prohibición.
Contratación de todo el personal necesario, médico, técnico médico, enfermería y servicios generales con capacitación, equipamiento y protección adecuados para un servicio de salud óptimo frente a la crisis.
Plan de infraestructura y equipos médicos de cuidados intensivos. Requisa de clínicas privadas y grandes hoteles, lo mismo que los productos de los laboratorios bajo control del sistema de salud ante un agravamiento de la crisis.
Dotar gratuitamente de materiales y equipos de esterilización y de higiene, como papel, mascarillas y alcohol, así como acciones de fumigación y desinfección en todos los puntos de tránsito de las personas.
En todos los centros de trabajo incluidos en la prohibición, licencia por cuarentena con goce de haber, no compensable ni con horas extras ni vacaciones ni ningún otro medio. Las empresas no deben lucrar con la necesidad social.
Plan de urgencia económica para los trabajadores informales. Plan de trabajo social con salarios dignos.
Plan urgente de vivienda social y acceso universal al agua y saneamiento.
Suspensión del pago de alquileres, deudas bancarias por hipotecas de vivienda.
Un servicio de transporte en máximas condiciones de higiene y seguridad.
Control del abastecimiento y de los precios, sanciones ejemplares a los especuladores.
Aumento general de salarios para enfrentar los costos de la crisis.
Por esa razón, si bien las medidas de aislamiento social impiden la realización de movilizaciones masivas y otras medidas de lucha popular, y es necesario acatar el aislamiento social, los trabajadores necesitamos ahora más que nunca fortalecer nuestra organización y nuestra independencia sin ninguna confianza en el gobierno, para imponer e incluso liderar un verdadero Plan Nacional de Emergencia.
Como parte de esto necesitamos continuar la defensa de nuestros derechos contra los ceses colectivos y despidos, con medidas de vigilancia y denuncia, y medidas de contención de los abusos empresariales.
